Derechos y tolerancia para la convivencia armoniosa

Me alegra que numerosos compatriotas se beneficien con las disposiciones aprobadas en el Código de las Familias. Saber que muchos tendrán libertad para hacer vidas más plenas, sin rechazos ni impugnaciones por determinadas razones de elección personal, y que se busca respaldar a los más desprotegidos (niños, madres solteras y ancianos), es un asunto que cualquier persona sensible y libre de prejuicios debe celebrar.

Sé que hubo una alta cifra de decisiones de rechazo al acto plebiscitario. De hecho, según datos ofrecidos, los que no votaron, anularon boletas o respondieron «No», representaron el 54% del total de electores. Sin embargo, no creo que los votos desfavorables fueran mayoritariamente en contra de los derechos que obtienen esas personas.

Ando por las calles y escucho lo que hablan mis conciudadanos. Aunque un número de religiosos y otras personas se opusieran al matrimonio entre individuos de un mismo sexo, y otros ciudadanos rechazaran la modificación del concepto patria potestad, no fueron esas las razones más generalizadas. En un alto por ciento, el referéndum se utilizó para expresar desacuerdo con las arduas y precarias circunstancias por las que atraviesa el país, así como con la ineficacia de quienes lo dirigen para solventarlas.

Además, se consideró desmedidamente politizado desde la postura oficial un asunto cívico de todos, lo que se evidenció en que no les fueron conferidas similares posibilidades de argumentación y difusión a los que se inclinaban por el «No», algo que no es justamente democrático.  

Resulta obvio que no debía emplearse el referendo del Código como expediente para expresar descontento con asuntos de nuestra existencia cotidiana, pues no era eso lo que se sometía a consulta. No obstante, colocándonos en la posición de los que así reaccionaron, es cierto que no se han abierto otras vías legales para impugnar civilizadamente decisiones o actos considerados inconvenientes. Lo sucedido el 11-J desanimó a muchos en buscar, de acuerdo con lo estipulado por la Constitución, otras formas pacíficas de protesta.

Asimismo se esperaba una actitud crítica de quienes promovían la aprobación del Código en asuntos que nunca debieron ocurrir, pues algunos tenían que ver con derechos humanos básicos. Se aspiraba a que, cuando menos, fuera hecha una autocrítica pública —sino una disculpa—, por los desatinos cometidos contra homosexuales y religiosos, entre otros. Hay que recordar que no fueron precisamente los contrarrevolucionarios los que idearon la parametración, las UMAP y la inhabilitación de religiosos y homosexuales para distintas oportunidades de realización personal.

La historia necesita del reconocimiento de los errores cometidos y su justa compensación para aligerar tensiones y apaciguar rencores, además de precaver su repetición. Esto hubiera proporcionado un mayor nivel de credibilidad a los proponentes del Código, pues no es fácil aceptar que los mismos que crearon aquellas limitaciones ahora estuvieran contra ellas.

Ahora bien, aprobado el Código, el mismo no deja de ser un elemento de contribución a una sociedad más inclusiva y diversa. Pero este, por sí solo, no garantiza la felicidad de las familias cubanas, hay otras condiciones imprescindibles.

Para crear, sostener y desarrollar una familia que viva con dignidad, se necesita que quienes la van a constituir puedan acceder más fácilmente a poseer una vivienda, que tengan un trabajo que les garantice la remuneración suficiente para cubrir sus necesidades vitales decorosamente; así como oportunidades de desarrollar otras aspiraciones humanas, como su vida espiritual, el empleo positivo de su ocio, digamos con vacaciones oportunas, o su posibilidad de creer y opinar de distintas maneras sin recibir rechazo; solo por mencionar algunas condiciones básicas.

Conseguir la funcionalidad y estabilidad de las familias es de primordial importancia en una sociedad con agudos problemas demográficos. De seguir con el muy elevado porciento de envejecimiento, la significativamente baja tasa de natalidad infantil anual y la cuantiosa emigración (sobre todo de jóvenes, la mayoría profesionales o con alta capacitación), en busca de mejores condiciones de vida, es difícil predecir cómo se va a desarrollar el país en un futuro inmediato y quiénes van a sostener aquellos que dependan de pensiones o asistencia social.

Se hace urgente un debate inclusivo para generar propuestas viables con el fin de mejorar el estado material y espiritual de las familias. Esto debe enfocarse en aspectos vitales para esa evolución hacia la existencia digna. Pienso que ello incluiría medidas para facilitar la construcción y mantenimiento de viviendas; fomentar el desarrollo de la agricultura con el fin de mejorar el acceso a una alimentación sana y asequible.

También sería necesario implementar acciones para equilibrar la relación entre niveles de ingresos y egresos de la población, principalmente, mediante el debido ajuste de precios con una cuantía de ganancia justa sobre los gastos de producción, así como el gradual paso a eliminar ventas en otras monedas y dar prioridad a la moneda nacional, lo cual también implicaría prevenciones firmes para detener y reducir la hiperinflación.

Por último, se hace necesario destrabar impedimentos que pretenden más el control estatal sobre la actividad productiva y las ganancias, que estimular una producción acorde con las necesidades ciudadanas. De ese modo se facilitarían emprendimientos provechosos por individuos o grupos de ciudadanos, que a la vez que ayudan a mejorar el nivel de vida, mediante justos impuestos beneficien la solvencia del Estado.

Por una vez estoy de acuerdo con ciertos juicios de Michel Torres. En su artículo «El Código sí (es político)», publicado en el diario Granma el 24 de septiembre pasado, expresa: «Y ese proyecto está integrado de manera indisoluble con el ideal socialista que debemos defender: la misoginia, la homofobia, la discriminación y la intolerancia son valores contrarrevolucionarios».

Me parece correcto. Pero discriminación e intolerancia no pueden solo defenderse en asuntos religiosos o sexuales, es necesario también que se tengan en cuenta para la diversidad del pensamiento político. Criminalizar el pensamiento diferente, como es habitual en el programa que él conduce, solo lacera el desarrollo de la inteligencia de la sociedad.

La confrontación y el debate de ideas, por muy diversas que ellas sean, propicia la concepción de mejores opiniones y la consecución de consensos beneficiosos para todos, así como acciones para hacerlos realidad con mayor comprensión y compromiso por los implicados, pues se asumen como decisiones de las que hemos participado y, por tanto, nos hacen responsables. Solo desde el diálogo más amplio, sin discriminación ni intolerancia de ningún tipo, lograremos crear las condiciones necesarias para que las familias cubanas surjan, vivan en Cuba y lo hagan dignamente.