Derechos LGBTIQ: entre el Estado y la pared

No me gusta hablar del pueblo, ni que me hablen (o escriban) de él o por él. Cada vez que sale el término mi mente se desvía. ¿Qué pueblo? ¿El enérgico y viril? ¿El disciplinado y sacrificado? ¿El hambriento y manipulable? ¿El de Regla, el de Morón, el de Moa, el de Mantua? ¿Qué coño es, por fin, “el pueblo”? Evito hablar del “pueblo” de Cuba, porque creo que, tal como andan las cosas, pocas personas pueden invocarle legítimamente, y en contadas circunstancias. Nuestros representantes estatales cuando están en la Asamblea General de la ONU, ¿tal vez?

Prefiero referirme a la nación –que es imaginaria y real–, porque la nación es el espacio político compartido por quienes pertenecen a un territorio. La nación es más que “la tierra que pisan nuestras plantas” –la nación es sus residentes y sus migrantes–, y ciertamente es más que sus pueblos –la nación es su idioma, su historia, sus artes, su cocina–. Dentro de la nación (mal) conviven sus habitantes, sus comunidades imaginarias, se desarrollan luchas de poder y se intenta entender qué somos como variedad específica de la humanidad: la cubanensis.

Antes de exponer mis argumentos quiero compartir tres certezas. Como las certidumbres absolutas son escasas en política y sociología, son extremadamente valiosas. Quiero celebrarlas.

Primera Certeza: Cuba es un Estado laico. Lo dice el artículo quince la Constitución. Explica la RAE –entidad por encima de toda sospecha de filiaciones comunistas– que el adjetivo “laico” viene del latín tardío “laĭcus”, y este del griego “λαϊκός” (laïkós); propiamente “del pueblo”. La segunda acepción del vocablo es la que aquí interesa “Independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Estado laico. Enseñanza laica.”

Segunda Certeza: La nación cubana nunca tuvo una sola religión. Digo nunca a propósito: antes de ser república, como colonia, ya había en Cuba diversidad de credos.

Tercera Certeza: La población cubana nunca se compuso solo de personas heterosexuales y cisgénero. Esto es redundante, pero me gusta recordarlo. Llegan tarde quienes quieren expulsarnos de la nación. La Inquisición trató, la comisión para cumplir los Acuerdos del Primer Congreso de Educación y Cultura de 1971 trató, los ministerios de Salud Pública, Fuerzas Armadas, Educación y Educación Superior trataron, el Instituto de Historia de Cuba trató. Aquí seguimos.

Las personas LGBTIQ+ cubanas somos parte de la nación por nacimiento y nuestra ciudadanía responde a los mismos criterios que el resto de Cuba (Título IV de la Constitución).

La argumentación que sigue parte de esas tres “Certezas” y reflexiona sobre la legitimidad del reclamo de algunas agrupaciones religiosas cubanas al Estado cubano. Su objetivo –manifiesto, explícito, confeso- es que sus visiones específicas sobre la sexualidad, la familia, la salud pública y la educación definan el marco legislativo nacional.

Empecemos porque Cuba es un Estado laico. Es diferente de “ateo”, y MUY diferente de “confesional”. Nuestra ley de leyes explica que “las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración” (art. 15). La laicidad del Estado implica, entonces, que la Iglesia Ortodoxa Griega sea atendida por las instituciones estatales con el mismo respeto que la Asociación Yoruba de Cuba, o el colectivo budista.

Hay algo más en el atributo laico. A partir de la incorporación del adjetivo, el Estado adquiere la obligación de legislar para normalizar los marcos de ejercicio de las diversas religiones o credos, de modo que se puedan ejercer con seguridad -que nadie les ataque o discrimine- y para que esas prácticas no violen otras leyes, la letra o espíritu de la Constitución y los Acuerdos o Declaraciones internacionales de las cuales el Estado es signatario. En breve: el ejercicio de un credo no es excusa para la violación de la ley o de los derechos de otras personas. Para eso serviría una “Ley de Cultos”, que nos urge -como muchas otras.

Hago énfasis en la obligación del Estado porque algunas personas entienden que el debate es entre dos visiones contrapuestas del mundo. Una que se autodenomina defensora del “verdadero” mensaje bíblico, del cual emana toda posibilidad de entendimiento de la familia, la sexualidad y el ordenamiento social que de ello se deriva.

Otra que afirma que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la obligación del Estado a garantizar una vida libre de discriminaciones para toda su ciudadanía, son los criterios para el entendimiento de la familia, la sexualidad y el ordenamiento social que de ello se deriva.

Creer que se trata de que ambas partes expongan sus posiciones y convenzan al público, a la nación, ignora por completo la responsabilidad del Estado como mediador de las demandas, y garante de derechos para TODA la ciudadanía. No hay que convencer a nadie: el Estado es laico, así que no puede ser definido por las reglas de ninguna religión, no importa cuán popular sea, ni cuánto tiempo lleve en el país -por cierto, las iglesias evangélicas cubanas no pueden reclamar primacía en ninguno de los dos criterios.

Al Estado corresponde regular cómo se define y reconoce a la familia en Cuba, cuánto control tienen las personas sobre su cuerpo, cómo se castigan la discriminación, la incitación a la violencia, y la colaboración con otras naciones para promover agendas políticas específicas. Le corresponde al Estado porque el acceso a los derechos garantizados en la Constitución no es algo sujeto a debate. El debate fue el referéndum constitucional.

Aunque en su momento los cambios en el texto constitucional, a partir de los debates públicos, reflejaron criterios irregulares sobre qué opiniones populares atender, es un hecho que la Constitución de 2019 moderniza profundamente la legalidad cubana.

Desde el 10 de abril de 2019 tenemos la garantía constitucional de que el ejercicio de los derechos es “imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente” (art. 41), y de que nadie puede ser objeto de discriminación “por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición… lesiva a la dignidad humana” (art. 42).

Frente a la claridad de la Ley de leyes, el intento de algunas denominaciones evangélicas por justificar su empeño en que el Estado no reconozca los derechos de las personas LGBTIQ+ y sus familias no solo es discriminatoria, es simplemente un ataque frontal a la nación cubana.

En esa línea, invocar la tradición nacional de machismo, homofobia y transfobia, las políticas estatales de persecución contra personas LGBTIQ+ en otros países autodenominados socialistas, o la importancia del credo evangélico entre amplios sectores de la población, solo evidencia que la intensión de estas agrupaciones religiosas no es garantizar las condiciones para la praxis de su culto, sino la intervención activa en el espacio público para imponer políticas públicas de carácter conservador y confesional.

No se trata de tener simpatía por las personas LGBTIQ+, se trata de comprender que ese grupo no tiene respeto por la soberanía nacional y acepta cualquier tipo de apoyo para impulsar sus ideas.

Hay tanto compromiso entre el liderazgo de estos grupos religiosos por la transformación legal y política de Cuba en un estado confesional evangélico, que no dudan en asociarse a proyectos cuyo único objetivo es destruir al Estado cubano. Es de público conocimiento que la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba (AIEC) recibe apoyo material de Evangelical Christian Humanitarian Outreach for Cuba (ECHO Cuba), dirigida por Teo Babún, que recibe recursos del Departmento de Estado y la Agency for International Development (USAID) para “promover la democracia en Cuba”.

En el caso específico de los dineros para la AIEC, el objetivo es dar una voz fuerte a la comunidad cristiana, de modo que alcance a todas las personas posibles: intervenir en las políticas públicas del país. De ahí que tuvieran la capacidad material para coordinar una campaña nacional contra el matrimonio igualitario a lo largo de 2018, que llevó al gobierno a posponer la definición del matrimonio a través de una nueva votación, supuestamente en 2021, sobre el nuevo Código de Familias, en gestación prolongada al menos desde 2009.

El puerto cubano de “Con mis hijos no te metas”

Llama la atención que, a pesar de la abundante información sobre las intenciones de intervención pública de estos grupos evangélicos conservadores, las intenciones explícitas de varios por hacer Cuba confesional (#MakeCubaGodlyAgain es una etiqueta popular en ese círculo) y el documentado vínculo monetario entre la AIEC y la USAID el gobierno cubano, tan rápido para señalar, perseguir y castigar a otras personas o entidades críticas de su desempaño, deje que estos grupos se expresen y actúen.

¿Qué pasa? ¿Dónde están la combatividad revolucionaria frente a la ocupación del espacio público de manera coordinada por entidades no estatales, algunas con documentado financiamiento de una potencia extranjera?

No es extraño que Teo Babún haga conversatorios en Facebook Live para explicar cómo los grupos religiosos que asesora y financia son “una fuerza social emergente” en Cuba.

Mientras todo esto ocurre, la ciudadanía de las personas LGBTIQ+ se desarrolla a contrapelo. No porque el Estado la reconozca, sino porque las personas encuentran caminos para reconocerse, dialogar, actuar. Desde que, en 2008, el CENESEX empezara a organizar cada mayo jornadas para celebrar el Día Mundial de Lucha Contra la Homofobia, hasta que la etiqueta #LaMarchaVa se hiciera viral en mayo de 2019, muchas cosas han cambiado, para bien y para mal.

#LaMarchaVa culminó en el “11M” la primera marcha política exitosa de la comunidad LGBTIQ+ cubana. Claro que la consciencia y el compromiso de lucha contra la discriminación no aparecieron en la primavera a inicios del siglo XXI. Hay una historia de presencia, persecución, resistencia, solidaridad y perseverancia, tan antigua como la de la nación.

Nuestra ciudadanía es real. No tenemos que pedir perdón a nadie por existir. En cambio, tenemos derecho a exigir la garantía de nuestros derechos. La libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, son valiosos elementos del nuevo contrato social de Cuba, firmado en 2019. No son, no pueden ser, amparo para el discurso de odio y la promoción de agendas políticas que nieguen el reconocimiento de derechos para una parte de la población o la pérdida de derechos ya conquistados.

Repito, esto no es asunto de convencer al público de quién tiene la razón. Quienes sienten orgullo de llamarse fundamentalistas tienen toda la libertad de serlo. Su fe no les da derecho a dictar cómo hacen sus familias, disfrutan sus cuerpos, o expresan su amor el resto de las personas de la nación.

No acepto sus reglas del juego.

Miro al Estado, mi garante.

Las personas LGBTIQ+ esperamos la respuesta legal del Estado y también espera, ¿por qué no decirlo esta vez?, el pueblo de Cuba.