Democratización del ejército y milicias populares

A mi tutor Fabio Fernández, con cariño, de un historiador en potencia.

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A raíz de la publicación el pasado 19 de agosto en este medio del artículo El Ejército, la República y el Socialismo, el pedagogo Dayron Roque, miembro del Consejo Editorial de La Tizza, en un post en Facebook, pretendió dar lecciones de historia desde una supuesta moralización política. Es posible apreciar en sus argumentos numerosas inexactitudes y manipulación conceptual, que el presente texto se dirige a desmontar desde el rigor historiográfico.

En mi artículo destaco la importancia que tendría para Cuba la democratización del ejército, así como la implementación de milicias populares voluntarias en sustitución del servicio militar obligatorio, acorde con los preceptos del marxismo y las ideas republicanas socialistas, debido a la condición coercitiva del ejército al servicio de los estados, como demuestra el historiador Charles Tilly en su obra Coerción, capital y los Estados europeos 990-1990.

Lo que aborda Dayron Roque en sus «argumentos»

En su defensa del ejército regular, Roque se lanza al afirmar que la noción moderna del servicio obligatorio no tiene sus orígenes bajo el mando de Napoleón Bonaparte. En respaldo a ese razonamiento, argumenta los antecedentes históricos de conscripción.

Si bien es cierto que desde la antigüedad existieron diversas formas de reclutamiento durante las empresas de conquistas, colonización y enfrentamientos inter-civilizatorios, solo podían integrar los ejércitos permanentes una parte selecta de la población, de manera que estos se encontraban desprovistos de carácter masivo y universal. Así estaba concebido en muchas ciudades-estado helénicas, en los que tenían un reservado carácter clasista —como en Atenas y Esparta. La población militar de esta última, por ejemplo, se encontraba sometida a un riguroso proceso de clasificación para formar parte de la armada permanente, como demuestra el historiador marxista V. V. Struve, en su Historia de la Antigua Grecia.

Por otro lado, en la Roma antigua solo los patricios originalmente podían participar en el ejército, siendo después un reclamo de los plebeyos intervenir en las fuerzas armadas, como puede consultarse en los aportes del historiador soviético S. I. Kovaliov, en su Historia de Roma. Sin embargo, en el Oriente existían mecanismos de conscripción entre los campesinos pobres con fines de servicio en el ejército, aunque no eran preponderantes en todas las civilizaciones, cuyos llamados carecían de carácter universal a pesar de su masividad.

Durante la Edad Media, las levas feudales constituyeron prácticas sistemáticas de reclutamiento, a pesar de que, si se comparan con las dimensiones y el número de víctimas de las conflagraciones bélicas de la modernidad, las de ese período se caracterizaron por ser empresas generalmente de menor intensidad.

Dayron Roque afirma de modo errado que: «la noción moderna del servicio militar llegó cuando un tal Robespierre mencionó por primera vez el célebre “Libertad, Igualdad y Fraternidad” en la Asamblea Nacional en diciembre de 1790 cuando propuso que todos los ciudadanos mayores de 18 años, y no solo los ricos, serían, de derecho, inscritos en la Guardia Nacional de su comuna y en el uniforme iría inscrito esa frase».

Sin embargo, confunde el carácter universal de la defensa con el servicio militar obligatorio. Mientras la primera constituía deber de todos, mediante su inscripción bajo un régimen representativo de los intereses populares —Guardia Nacional—, la noción moderna del servicio militar obligatorio —con carácter universal y nacional— se halla en Francia con la promulgación de la «Ley Jourdan-Delbrel», en 1798, que le permitió a Napoleón Bonaparte abastecerse de soldados durante su período de expansión imperial hasta 1815, tal como se afirma en El Ejército, la República y el Socialismo.

El pedagogo interpelador afirma que se hace una lectura incompleta cuando se exponen las ideas de Marx en torno a la supresión del ejército para sustituirlo por el pueblo armado. Al citar al filósofo alemán confunde el deber cívico-defensivo de la ciudadanía con la concepción —moderna, universal y nacional— del servicio militar obligatorio, en función de intereses distanciados a los del pueblo trabajador.

Por ende, resulta elemental la necesidad de la clase históricamente oprimida de acometer estrategias de auto-defensas ante la agresión de los elementos contrarios a su carácter revolucionario. Si la Comuna de París (1871) fue aplastada, no se debió a su incapacidad de organizar una fuerza de carácter descolonizado, autónomo y carente de jerarquías, sino al poderío mayoritario y tecnológico-militar del gobierno de Versalles, con el respaldo de las tropas imperiales de Bismarck.

De igual modo, Roque comete una grave digresión historiográfica cuando afirma que dos años antes de la rebelión de París, la Asamblea de Guáimaro en Cuba (10 de abril de 1869), enunció en la Constitución derivada de la magna cita en su artículo 25 que: «Todos los ciudadanos de la República se consideran soldados del Ejército Libertador».

Al referenciar ese documento, establece una automática analogía entre los revolucionarios franceses y cubanos, asumiendo un supuesto carácter de obligatoriedad universal para los civiles de la República en Armas, que debían defender los anhelos independentistas contra los intereses coloniales de la metrópoli española, en caso que las autoridades políticas así lo considerasen.

Ese automatismo resulta enteramente falso, ya que en su reconocido «Manifiesto de la Junta Revolucionaria», Carlos Manuel de Céspedes abogó por una abolición gradual y con indemnización de la esclavitud, mientras que el 27 de diciembre de 1868, emitió en Bayamo un decreto en el que plantea en su acápite inicial: «Fuera del curso previsto, se seguirá obrando con los esclavos de los cubanos leales á la causa de los españoles y extranjeros neutrales de acuerdo con el principio de respeto a la propiedad proclamado por la revolución».

Lo anterior demuestra que no existió una voluntad emancipatoria en términos de universalidad e igualdad entre los antiguos hacendados y propietarios de esclavizados, como ha sido demostrado por los aportes del historiador marxista Raúl Cepero Bonilla en su obra Azúcar y Abolición. Apuntes para una historia crítica del abolicionismo (1960).

A su vez, Dayron Roque ignora que la Cámara de Representantes decretó el 5 de julio de 1869 un Reglamento de Libertos con el que se establecían las bases para el sostenimiento de los subalternos en condiciones de preterición, lo que generó obstáculos para el ascenso de la oficialidad afrodescendiente, desmitificando así la supuesta igualdad ciudadana al interior del mambisado revolucionario.

Ello ha sido abordado por múltiples historiadores como Ada Ferrer en Cuba Insurgente. Raza, nación y revolución 1868-1898; Aline Helg en Lo que nos corresponde. La lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba 1886-1912; José Abreu Cardet en Los resueltos a morir: relatos de la Guerra Grande (Cuba 1868-1878); Rebeca J. Scott en La emancipación de los esclavos en Cuba. La transición al trabajo libre 1860-1899, y Francisco Pérez Guzmán en Radiografía del Ejército Libertador 1895-1898. Todos han problematizado sobre las jerarquías militares y las estrategias de la «sacarocracia criolla» para agenciarse la hegemonía del conflicto en detrimento de los sectores populares.

Sobre este último punto, los aportes del historiador Antonio Álvarez Pitaluga en Revolución, hegemonía y poder. Cuba 1895-1898, lo colocan como uno de los principales analistas en el abordaje de las relaciones de poder en su simbiótica ilación con el concepto de «subalterno», aportadas por el teórico marxista Antonio Gramsci y aplicados a los desenlaces de las conflictuales relaciones establecidas entre los blancos/adinerados y los combatientes de extracción humilde.

Lo que omite y subsume su emplazamiento político

Dayron Roque afirma que se hace una lectura incompleta de la obra El Estado y la Revolución (1917) de Vladimir Ilich Lenin. En este libro, el líder ruso realiza un minucioso estudio desde la teoría marxista en torno a la abolición del ejército y el estado. Sin embargo, en rechazo a los enunciados que se expresan en dicha obra, Dayron Roque alude a El programa militar de la revolución proletaria (1916) para validar sus posturas.

Al parecer, el pedagogo interpelador no hizo una lectura detenida de esta obra, pues en ella el líder ruso se manifiesta en favor de las milicias, cuando enuncia: «En lo que se refiere a la milicia, deberíamos decir: no somos partidarios de la milicia burguesa, sino únicamente de una milicia proletaria. Por eso, “ni un céntimo ni un hombre”, no sólo para el ejército regular, sino tampoco para la milicia burguesa […] Nosotros podemos exigir que los oficiales sean elegidos por el pueblo, que sea abolida toda justicia militar […]».

A pesar de estas consideraciones, Lenin y Trotsky desempeñaron un papel reaccionario en la represión a los marineros de Kronstadt en 1921 (Paul Avrich, 2006), así como en la solidificación de un cuerpo armado representativo de la burocracia explotadora. Una lectura detenida del programa político de los rebeldes, evidencia que eran partidarios de la autogestión obrera, así como de la máxima «¡todo el poder a los soviets!».

Sin embargo, fueron masacrados por los miembros del Ejército Rojo, cuya forma de gobierno, encabezada por el Partido bolchevique, condujo a la abolición de toda expresión democrática después de eliminada la Asamblea Constituyente en noviembre de 1917.

En su lugar, fueron suprimidas las libertades civiles, se consolidó el mando burocrático por la vanguardia política, se implantó el precepto de partido único, se proscribió el derecho a huelga y se consolidó un modelo oligárquico que se expandió hacia otros países europeos, como demuestra el estudio La nueva clase (1953), de Milovan Djilas, quien, siendo vice-presidente de Yugoslavia, fue encarcelado bajo el régimen de Josip Broz Tito.

Dayron Roque se muestra como ferviente defensor del status quo, en contraste a los preceptos de transformación social que dictamina la vocación revolucionaria y emancipatoria del marxismo. Su postura resulta funcional al sostenimiento de una maquinaria burocrático-gubernamental y se aferra a los dictados de una producción orgánica que adopta los fundamentos de una «ideología de estado» mistificadora del proceso revolucionario.

Su abordaje científico-social es un debate superado por la historiografía del pensamiento (des)enajenante, cuyas líneas se sostienen en función de lo que el historiador Rafael Rojas denomina «temporalidad ficticia», asumido también por otros referentes como Julio César Guanche, Ada Ferrer y Carmelo Mesa-Lago.

Dicho emplazamiento resulta incapaz de hallar relación alguna entre los hechos de corrupción del empresariado militar cubano y la impunidad de esa dirigencia. Es exiguo en rebatir la responsabilidad del Ejército Rojo en la masacre de numerosos civiles mediante la implantación del terror bajo Stalin, así como en el socavamiento de la soberanía nacional de Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968) contra el principio de libre determinación de los pueblos.

Su posicionamiento resulta esquivo ante los intentos de problematizar sobre los conflictos entre el campo arte-política, expresados por Rosa Luxemburgo. No es capaz de analizar la crisis sistémica/permanente de las economías sovietizadas a pesar de su abordaje por expertos como Inmanuel Wallerstein, Michael Lebowitz o Michael Löwy. Tampoco ofrece alternativas ante la importancia de la relación estado-sociedad civil, que adquiere en Gramsci una importancia medular en la articulación de un socialismo democrático, que en Cuba tuvo notables exponentes como el filósofo Jorge Luis Acanda.

Las gafas oscuras de cierta izquierda ratifican su vocación autoritaria en defensa acrítica del ejército regular, a pesar de las consecuencias civiles de su sostenimiento bajo el actual diseño, que beneficia intereses de clase muy específicos dentro de la cúpula gobernante. A su vez, opta por darle la espalda a la ciudadanía en sus reclamos para la democratización del ejército, así como en la instauración de milicias voluntarias de carácter popular, en sustitución del servicio militar obligatorio.

Sin embargo, es sabido que el estalinismo ha optado siempre por el trabajo de representante ideológico/instrumental al servicio de la élite capitalista de estado que ha implantado un mando oligárquico y militarista en el ejercicio del poder, apartado de los preceptos de emancipación popular que cercena toda alternativa para la instauración de un orden socialista democrático.