Decencia contra razón de Estado

Ni siquiera los más sádicos asesinos se identifican a sí mismos como «malas personas». Su actitud tiene para ellos casi siempre una justificación. La historia está llena de las más variopintas explicaciones con las que se pretenden encubrir actos execrables.

Por ejemplo, el sacerdote cordobés Juan Ginés de Sepúlveda razonó que por ser «bárbaros, incultos e inhumanos» era correcto que los nativos americanos fueran sometidos por los españoles, «más prudentes, poderosos y perfectos que ellos»; según sus palabras, escritas en el Democrates alter.

Siglos después, los otomanos afirmaron que los armenios eran traidores y quintacolumnistas, para mandarlos a morir al desierto sirio; Hitler llamó gusanos a millones de judíos, a quienes gasearía sin remordimientos; y los hutus de Ruanda calificaron como cucarachas a los tutsi para excusar el etnocidio de más o menos un millón de sus compatriotas.

Es prácticamente intrínseco a todo acto de violencia —física o simbólica— que los perpetradores busquen cómo explicarla. El hombre necesita creer que obra con rectitud, que su conducta es decente, para dormir tranquilo. A esto, en asuntos de gobierno, Maquiavelo lo denominó: «razón de Estado».

Los cubanos hemos visto como se cometen actos terribles por «razón de Estado». «La Patria nuevamente está amenazada por la potencia económica y militar mundial. Está en curso una operación político-comunicacional para destruir la Revolución Cubana», asegura el articulista de un medio estatal para justificar las acciones de los últimos días.

Con esa explicación como recurso, se ha citado a interrogatorio a personas solo por reaccionar a publicaciones en redes sociales, o por compartir alguna crítica a la gestión gubernamental; se ha privado de la movilidad a otros —el caso de Carolina Barrero es uno de los más extremos— sin que mediaran determinaciones judiciales, han ocurrido expulsiones laborales, detenciones, y los asesinatos de reputación son el pan nuestro de cada día en un sistema de medios partidista que se empeña en mostrar que Cuba es una fiesta.

Si existen pruebas concretas y suficientes del mercenarismo de algunos opositores, ¿por qué sencillamente no se aplica la ley, en lugar de recurrir a campañas llenas de vilezas e ilegalidad? Es muy llamativo que un activista opositor que recibe miles de dólares del gobierno de Estados Unidos, viva en un poco atractivo edificio multifamiliar de La Lisa, con una cocina humilde y un camino lleno de huecos en lugar de calle; en tanto los líderes obreros y campesinos del socialismo residan en las mansiones de la burguesía republicana, reparadas y ampliadas en muchos casos.

Si se asegura que la oposición carece de base popular, ¿por qué se militarizan las ciudades y se detiene extrajudicialmente a sus activistas u otros ciudadanos, aunque no lo sean? Si «la razón es nuestro escudo», como expresa el eslogan oficial, entonces por qué defenderla con repugnantes actos de repudio. Tanta bravuconería solo demuestra una debilidad y un temor difíciles de esconder.

No es necesario comulgar con las ideas del otro para alzar la voz cuando se comenten semejantes abusos. Justificar lo que se ha hecho, y lo que posiblemente se haga, alegando que son «contrarrevolucionarios», o cualquier otro calificativo usual, es como decir que una mujer fue violada porque llevaba minifalda y blusa con escote.

No es digno quien se pone del lado del abusador, aun cuando las ideas del abusado le sean antipáticas; no es decoroso sentirse cómodo mientras se goza de todo el respaldo ideológico y logístico; no se defienden la Revolución y el socialismo con actos de repudio o con melosas campañas mediáticas que hablan de fiesta y dignidad en medio de tanta crisis y orfandad de valores.

Da igual si usa un pañuelo verde, una camisa amarilla o un calzoncillo azul; no importa si se dice comunista, católico, activista LGTBIQ+ o trumpista furibundo; es una mala persona quien defiende al victimario en lugar de a la víctima.

Tan antipatriótico es quien pide que se arrecien las sanciones contra Cuba, como el que calla ante la injusticia mientras disfruta de las prebendas que dan las influencias y compran los fondos públicos del estado cubano, que salen de los bolsillos de todos los ciudadanos.

Es cómplice el que enjuicia a un compañero de trabajo o a un vecino por «problemas ideológicos» —que es un eufemismo para catalogar al que piensa diferente al dogma oficial—, o por tener el valor de expresar en público lo que él mismo opina en privado y dice solo en susurros después de cerciorarse «setenta veces siete» de que nadie extraño puede escucharlo.

La «razón de Estado» es un mecanismo que busca el éxito a cualquier precio. Según Maquiavelo, que retoma una frase de Tito Livio en sus discursos, «la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida».

Sin embargo, en el caso actual, por el daño a la imagen, a las instituciones, a la ciudadanía y a las personas; la indignación que despierta la brutalidad desplegada ha logrado no más que una victoria pírrica, algo que es casi sinónimo de derrota. Defender cualquier proyecto con vulgaridad, represión e hipocresía, es darse un tiro en el pie.

El odio sin control que genera la polarización amenaza con destruirlo todo. Solo el civismo puede anteponerse a la brutalidad. Cuando obrar con rectitud y valentía sea la norma y no la excepción, entonces estaremos siendo los ciudadanos que Cuba necesita. Mientras tanto, como reza la lápida mambisa en una pared del museo de Guanabacoa: «Para las víctimas, ¡la gloria! Para los victimarios, ¡el perdón!». También la deshonra.