Las redes sociales se han convertido en espacios de activismos, en los que usuarios forman parte de comunidades virtuales y emiten comentarios para llamar la atención, contradecir o redefinir criterios y aspectos visibles en las agendas públicas. Una de las formas más controversiales de lucha política en ellas es la llamada cultura de la cancelación, y su forma más extrema, el boicot.

El presente texto debate sobre cómo se entienden estos conceptos, sus causas y consecuencias, reflexiona en torno a algunas manifestaciones de la cultura de la cancelación en el contexto cubano y analiza la última polémica a raíz de la cancelación de conciertos al dúo Buena Fe en España.

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El español Manuel Castells en su obra Redes de indignación y esperanza: movimientos sociales en la era de internet, indica que la política, la comunicación e internet se articulan en una nueva estructura del poder que se ha individualizado y democratizado en las audiencias, y en ocasiones resulta en la deslegitimidad de las organizaciones o instituciones políticas, surgiendo un contrapoder ciudadano emergente.

Al tener mayor conciencia de su realidad, los usuarios en redes sociales enfrentan los paradigmas del poder tradicional o hegemónico en las sociedades, visibilizando situaciones que no hallan suficiente difusión en los medios de comunicación tradicionales.

Sin embargo, el activismo en las redes sociales también puede practicar formas de extremismo, al fomentar comportamientos agresivos e incitadores al odio o la violencia, tanto en el espacio virtual como en el físico, actitudes que se convirten en su lado oscuro, con su expresión más genuina en la cultura de la cancelación.

Cultura de la cancelación. ¿Libertad o censura?

Como concepto acuñado a inicios del presente siglo, la cultura de la cancelación consiste en activar las redes sociales para retirar el apoyo a personas, grupos o instituciones por medio de ataques o descalificaciones, en respuesta a acciones entendidas como erradas por parte de algunos usuarios o comunidades políticas.

Al respecto, los académicos Edixela Burgos y Gustavo Hernández indican que, por norma general, la práctica de la cancelación ocurre guiada por las emociones y no por la razón, de ahí que, en buena parte de los casos, carente casi siempre de análisis complejos, busque destruir reputaciones y desaprobar a personas u organizaciones por expresiones y acciones puntuales o afinidades ideológicas.

En el campo de la creación artística aún sigue muy presente el debate de si resulta posible separar al autor de su obra, y si es válido, en consecuencia, limitar o eliminar determinada creación por las actitudes de su creador, sobre todo si se tiene en cuenta que quienes enjuician dichas actitudes no son autoridades competentes, sino un grupo de usuarios en redes sociales o los medios de comunicación.

Entre los principales argumentos para defender la cancelación sobresalen los siguientes:

• Se asume como un arma de los grupos oprimidos ante el poder hegemónico;
• constituye una forma viable de combatir las injusticias cuando el sistema judicial no tiene vías para contrarrestarlas o se hace su cómplice;
• pone en agenda pública problemáticas invisibilizadas por los medios de comunicación o los partidos políticos;
• les hace saber a los agresores que no quedarán impunes, aun cuando su estatus socioeconómico les permita corromper al sistema de justicia.

En contraste, las principales críticas pueden resumirse en:

• Son los tribunales, y no las redes sociales o los medios de comunicación los que deben juzgar a los sujetos y organizaciones que dañan a la sociedad.
• Las prácticas de cancelación corren el riesgo de tornarse extremistas y vulnerar derechos humanos, cayendo en el amarillismo, el escándalo y la incitación al odio;
• pueden ser manipuladas por actores u organizaciones políticas para perjudicar arbitrariamente a sus adversarios;
• limitan la libertad de expresión y creación al cancelar a artistas por su forma de pensar o expresarse.

Boicot, la expresión máxima de la cancelación

La expresión más extrema de la cultura de la cancelación es el llamado boicot. Este se dirige a personas, gobiernos, economías o patrones culturales, con el propósito de ejercer control social y suscitar indignación en las personas, generando acciones colectivas que obstaculicen el desarrollo de actividades de cualquier índole.

Como activismo político, el boicot emplea estrategias de propaganda y movilización para aislar al boicoteado, cuya conducta reprueban los boicoteadores. Dicha forma de cancelación se evidencia comúnmente en asuntos que provocan polarización en la sociedad, en los cuales una determinada comunidad política toma partido.

Las formas del boicot pueden ir desde la solicitud por vías legales para cancelar eventos o proyectos, la organización cívica en lo físico o lo virtual para expresar inconformidad con los boicoteados, o demostraciones más violentas como la agresión física o la destrucción de productos o instalaciones.

Varios autores[i] desde las ciencias jurídicas han analizado los riesgos de que campañas de boicot iniciadas en redes sociales o medios de comunicación evolucionen hacia actos de terrorismo y vandalismo, y reconocen que suele ser muy difusa la línea entre la expresión legítima de la inconformidad y el enjuiciamiento extrajudicial con posibilidad de degenerar en violencia.

Por otro lado, se carece de consenso al diferenciar el boicot de la censura. Algunos criterios asumen que la principal separación está en que la censura parte de un gobierno o empresa hegemónica y el boicot proviene de la lucha civil. No obstante, cuando los grupos de poder apoyan o ejercen acciones en el boicot, no hay claridad de cuán cívica es esa lucha y cuándo responde a intereses estatales o empresariales.

Por tanto, el boicot puede incluir medidas gubernamentales de aislamiento comercial hacia Estados o empresas, o acciones de cancelación hacia figuras públicas por actitudes que se entienden moralmente reprochables, desde presuntos actos de acoso o abuso sexual hasta apoyo a políticos u organizaciones.

Ejemplos de la combinación en el boicot de acciones de Estado con otras cívicas es el realizado a Israel para frenar su ocupación del territorio palestino —que incluyó aislamiento comercial por parte de varios Estados e iniciativas cívicas organizadas por comunidades políticas para evitar la compra de productos israelitas—, o los más recientes boicots hacia Rusia por la invasión a Ucrania, que además de las sanciones comerciales, ha sumado censura de los medios rusos y cancelaciones a artistas y obras.

El boicot y la cancelación en Cuba. El caso de Buena Fe

Si bien —como se mencionó anteriormente— la cancelación y la censura estatal no deben entenderse como sinónimos, sí pueden tener puntos de contacto, que en Cuba se hacen más visibles a partir de la instauración de un Estado que, al calcar varias de las prácticas del llamado Socialismo Real en Europa del Este, naturalizó la censura a artistas críticos con el sistema político.

En los primeros años de la Revolución cubana, el solo acto de emigrar era motivo de cancelación y censura en los medios nacionales, recrudecidas si el emigrado mantenía un discurso crítico hacia el gobierno de la Isla. Bajo ese principio se prohibieron en medios y editoriales nacionales las interpretaciones de Celia Cruz o los libros de Reinaldo Arenas y Guillermo Cabrera Infante, entre otros. Aunque esta política cambió con algunos, aún se registran denuncias por parte de artistas, dentro y fuera del territorio nacional, por actos de censura con motivo —si bien ya no de haber emigrado— de sus opiniones políticas.

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Además de la censura estatal, en los últimos 60 años las organizaciones políticas y de masas —con respaldo del Estado— han organizado actos de cancelación y boicot político. Entre los más recordados están los llamados mítines de repudio ocurridos principalmente durante los años 80’s, aunque más adelante se han repetido con menor masividad —no ya hacia quienes pretenden emigrar, pero sí a miembros activos de la oposición—. En adición, son también recordadas las acciones organizadas por el Partido Comunista de Cuba ante el estreno del filme Alicia en el pueblo de Maravillas a principio de los 90’s, que consistieron en intentar llenar los cines con sus militantes.

Dicho historial de censura y cancelación por parte del gobierno cubano y sus organizaciones afines suele emplearse como argumento por activistas y grupos opositores para boicotear a figuras públicas que defienden a dicho gobierno o se niegan a criticarlo.

A partir del año 2016, con el auge del intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos, aumentaron las presiones para que artistas populares asumieran un discurso crítico hacia el Estado de la Isla, algunos de los cuales se retractaron de declaraciones en las que evitaban calificar de dictadura al sistema político cubano luego de que se les cancelaran conciertos; incluso, el cantante Eduardo Antonio debió pedir disculpas por subir una foto junto al conocido músico Pedrito Calvo, por ser este considerado por los boicoteadores un cómplice del gobierno.

Recientemente trascendió la cancelación en Miami de un concierto de la reconocida orquesta Van Van por sus presuntos vínculos con el Estado cubano, luego de una fuerte campaña por parte de activistas opositores como el influéncer Alexander Otaola, y las peticiones del comisionado de Miami Beach, Alex Fernández.

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En los últimos días se ha avivado aún más la polémica sobre la legitimidad del boicot y la cancelación como estrategia política de la oposición cubana a raíz de las acciones organizadas contra el grupo Buena Fe en España. La controversia se desencadenó luego de que los activistas opositores Lucio Enríquez Nodarse y Emilio Arteaga Pérez pidieran a gritos libertad para los presos políticos en Cuba durante la presentación del 12 de mayo en Madrid, lo cual trajo que fueran golpeados por integrantes del público.

Dspués de ello, líderes y grupos de la oposición intensificaron la campaña de boicot y amenazaron con repetir el mismo proceder en próximos conciertos. A tenor de esto, algunas salas cancelaron las presentaciones programadas, según lo declarado por el cantante Israel Rojas, por no tener condiciones para enfrentar posibles actos violentos. No obstante, se llevaron a cabo otros recitales en instalaciones que mantuvieron lo programado, algunos no exentos de altercados similares al primero, como el de Torrelavega, Cantabria.

Estos boicots se acompañaron de otros actos de cancelación como la convocatoria a una manifestación, la firma de una carta pública en la plataforma Change, que pedía a las autoridades españolas suspender la gira de la agrupación, y una agresión a los vocalistas mientras se encontraban en un Burger King en Barcelona. 

Mientras las cancelaciones fueron vistas como una victoria política por los protagonistas del boicot, organizaciones afines al Estado cubano como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o la Asociación Hermanos Saiz las condenaron por medio de declaraciones. Asimismo, personalidades de la política cubana —como el mandatario Miguel Díaz-Canel— y otros músicos —como el cantautor Silvio Rodríguez— se solidarizaron con Buena Fe. Figuras públicas de la oposición contrarespondieron afirmando que no se trataba de censura, sino de una acción de boicot legítima dentro de las luchas civiles.

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La más reciente polémica cubana redunda sobre una temática que sigue a debate en el mundo: la posibilidad o no de que la ciudadanía o determinadas comunidades políticas cancelen organizaciones, artistas u obras que les resultan ofensivos o contrarios a sus ideas.

Cabría preguntarse entonces hasta dónde son legítimas tales acciones en el terreno de lo artístico, en especial si se pone en juego la libertad de expresión, por limitar a los cancelados su posibilidad de ejercer su defensa. Al transgredir tal derecho, se desinstitucionaliza el modo de regular la justicia, máxime cuando las conductas de los cancelados (léase artistas), aunque mal vistas por los boicoteadores y catalogadas de amorales, deshonrosas o políticamente incorrectas, no puedan ser tipificadas como delitos. La cancelación por razones políticas incluye, además, el riesgo de que los grupos dominantes boicoteen a sus adversarios sin dejar espacio a la pluralidad de ideas y el debate cívico.

La cultura de la cancelación, aunque es una problemática mundial, tiende a hacerse más extrema en sociedades polarizadas y con mecanismos inefectivos para garantizar el diálogo entre las diversas posturas políticas. El Estado cubano se ha caracterizado por recurrir a la censura —en la mayoría de las ocasiones aplicada de forma arbitraria y sin consenso ciudadano— como uno de los recursos para preservar la hegemonía cultural dentro de la Isla.

Al limitarse, además, los espacios de participación y debate que incluyan abiertamente el disenso, una zona de la oposición justifica esta práctica como natural y efectiva para canalizar sus demandas, ante la ausencia de otros mecanismos formales que le posibiliten participar en la sociedad.

No obstante, cabría preguntarse, asimismo, si estos procedimientos reiterados que intentan silenciar o destruir la postura ideológica de quienes piensen distinto o no suscriben su lucha, se conservarían si Cuba transitara hacia otro escenario, en el cual esta oposición pudiera tomar decisiones vinculantes a la política.    

Para concluir, resulta oportuno revisar la carta publicada en julio de 2020 por la revista estadounidense Harper’s Magazine —y reproducida por varios medios internacionales— con la firma de más de 150 personalidades de la cultura, de distintas tendencias políticas y procedencias, en relación con la polarización generada en el país bajo el trumpismo y las secuelas de luchas sociales inacabadas.

El texto resulta una crítica a la cultura de la cancelación y otros aspectos que ponen límites a la libertad de expresión, por lo que propone hacerles frente con la creación de espacios de debates abiertos, encaminados a la participación de grupos con posturas plurales defendidas desde la ética, que expongan y discutan sus ideas para hallar soluciones conjuntas y revertir comportamientos vinculados a esa cultura de la cancelación: «Debemos preservar la posibilidad de discrepar de buena fe sin consecuencias profesionales funestas. Si no defendemos aquello de lo que depende nuestro propio trabajo, no deberíamos esperar que el público o el Estado lo defiendan por nosotros».

Queda claro, finalmente, que enarbolar la bandera de la cultura de la cancelación constituye una forma de activismo en nombre de lo que se cree justo, mas su aplicación no modifica los modos de pensar o actuar de los cancelados y de la sociedad en general, como ha demostrado la historia.

[i] Ver «La cultura de la cancelación en redes sociales: Un reproche peligroso e injusto a la luz de los principios del derecho penal» y «El llamamiento al boicot de productos en España: ¿libertad de expresión política o conducta delic[i]tiva? Un análisis desde el Derecho público español. (O “Dime quién eres y te diré lo que te espera”)»