Cuba dijo Sí… ¡no exactamente!

El anuncio proclamado por todos los medios oficiales en Cuba el lunes 26 de septiembre, trataba de destacar lo más posible la imagen de un rotundo SÍ a la consulta electoral del nuevo Código de Familia tras largos meses de preparación. Para ello presentaban dos cifras claves: un 67.87% votó SÍ (a favor) y un 33% NO (en contra). Con solo un 67.87% a favor parecía exagerado afirmar que Cuba había dicho SÍ.

Sería legítimo afirmar que una mayoría se había mostrado a favor, pero con el 33% en contra. Resultaba evidente la presencia de un rechazo por parte del tercio de los electores, cifra nada desdeñable.

Más importante aún era el hecho —soslayado por todos los medios oficiales— que de un electorado compuesto por 8 444 467, habían ejercido su derecho al voto 6 251 786, o lo que es lo mismo: el 74.01%. Esto significaba que casi el 26% se había abstenido de votar. ¿Cómo debía interpretarse este elevado porciento de abstención, sino como una importante tendencia en favor del rechazo o —como se decía en tiempos anteriores a1959— voto negativo?

Si estas son las cifras oficiales publicadas, un simple ejercicio de aritmética nos ofrece algo muy diferente al exitazo que nos quieren vender los medios gubernamentales. Sumemos el 33% de los votos en contra con el 25% de la abstención y ¿qué resultado nos ofrece? Ni más ni menos que el 58% del electorado cubano votó de forma negativa, entiéndase: EN CONTRA.

Y se pudiera agregar algo más: En este último año, 180 000 cubanos con derecho al voto abandonaron la Isla en dirección, en abrumadora mayoría, hacia EE.UU. ¿Cómo debe interpretarse esta última cifra? ¿Cómo votos a favor del SÍ o a favor del NO? Pudiéramos especular un poco más y preguntarnos: Si el gobierno cubano hubiera otorgado el derecho a votar a sus emigrados que conserven la ciudadanía —como hacen muchos otros países—, ¿cómo se habrían comportado los números?

No obstante, la cifra del 67.87% de los que emitieron su voto por SÍ no debe ser por ello subestimada; es una cifra importante para medir la legitimidad del proyecto propuesto, pero está muy lejos de servir como basamento para los titulares triunfalistas de: «Cuba dijo Sí»…

Los tiempos en que el gobierno cubano exhibía votaciones favorables por encima del 97% a sus diferentes proyectos han ido quedando atrás de manera irreversible. El último episodio —la votación en favor o en contra de la nueva Constitución— del 24 de febrero del 2019, mostró un 9% en contra y un 4% de abstención. Más importante aún fueron las elecciones generales de 2018, donde el voto en contra sobrepasó el 10% y la abstención estuvo por encima del 25%.

Entre esos ejercicios electorales y el de ahora por el Código de las Familias han mediado acontecimientos que agravaron sensiblemente la crisis del modelo económico a niveles nunca vistos con anterioridad. Algunos de esos acontecimientos son: el sostenido fracaso para promover una fase de rediseño integral y eventual recuperación, la multiplicación de las agresiones y sanciones de parte de EE.UU., el factor coyuntural representado por la pandemia y sus secuelas, y sumados todos ellos se llega al gran estallido social del pasado 11 de Julio  de 2021.

El gobierno continúa describiendo este escenario como «una situación compleja», caracterización que queda muy lejos de un retrato exacto de la realidad y su reflejo en los patrones de votación advertidos en el ejercicio del pasado 25 de septiembre. No es casual advertir cómo, en medio de tan tremenda crisis, se malgastaran meses y meses en la preparación de un Código de las Familias que bien podía esperar por un futuro más estable, luego de ser enfrentados y superados debidamente los desafíos reinantes.

Esta vez, al menos, el presidente Díaz-Canel tuvo que admitir públicamente que dada esa «situación compleja» era posible que muchos cubanos depositaran «un voto de castigo», aunque confiaba en una votación mayoritaria, que insistió en su carácter de referendo. Así ocurrió, pero en una medida que sobrepasó con creces la magnitud de ese «voto de castigo». Ciertamente, puede afirmarse que Cuba no dijo Sí; sólo una parte de ella lo hizo, en tanto una ligera mayoría lo hizo en contra (sumados los votos en contra y la abstención).

Por delante le queda al gobierno prepararse para las elecciones generales del 2024. Si la tendencia observada en los ejercicios electorales precedentes, y en este del 25 de septiembre, se mantiene y refuerza, el gobierno cubano se verá en una situación particularmente imprevisible y de elevadísimo costo en términos de credibilidad y legitimidad; una situación de consecuencias incalculables.

Por menos que esto muchos gobiernos en diversas latitudes pierden el derecho a continuar gobernando. Llegado ese caso, esperemos a ver qué hace la dirección del país ante una situación que ya desde los años noventa un miembro del Buró Político por aquellos años — Jorge Lezcano Pérez—, caracterizó como de tener «que gobernar en minoría». Dos años le quedan para superar la situación actual y recuperar legitimidad y respaldo. Será obra de un milagro.