Conversando con Harold Cardenas

Harold Cárdenas conversa  sobre algunas interrogantes esenciales del presente cubano. Es analista político y ha sido fundador y editor de La Joven Cuba. Intenta encontrar el intríngulis de aquellos desafíos que no debemos postergar. La insatisfacción económica, la legitimidad del actual gobierno, la necesaria democracia, y la madurez para unas relaciones estables con Estados Unidos.

1) ¿Cuáles son las dificultades económicas fundamentales en Cuba? ¿Cómo afecta a la sociedad? ¿Cuánto daña la legitimidad social de las autoridades? ¿Crearía ello algún tipo de tensión social? ¿Prevé esto el gobierno?

La historia de dificultades económicas en Cuba es larga y se extiende más allá del período revolucionario. En los últimos 60 años podría destacarse el efecto del embargo estadounidense en la isla y la subordinación del presupuesto nacional a decisores políticos con poca experiencia económica. También las distintas tasas de cambio, una economía mayormente informal, el limitado acceso a divisas extranjeras y la pandemia de los últimos meses, complican la planificación y crecimiento económico en la isla. Pero quizás la mayor causa de frustración social no es el estado de la economía doméstica sino la postergación de las reformas económicas anunciadas hace más de una década.

El optimismo y relativo consenso alcanzado por Raúl Castro en sus primeros años de gobierno ha sido sucedido por un creciente escepticismo hacia la voluntad política para operar cambios profundos en el país. Esta situación de desaliento interno, alimentada por la política de máxima presión a la isla que aplica la administración Trump, tiene pocas posibilidades de provocar un levantamiento civil pero fácilmente puede multiplicar los episodios de confrontación entre sectores de la sociedad civil y la oposición cubana, con el uso de las fuerzas represivas.

Hasta ahora la evidencia indica que el Partido Comunista está delegando en el Ministerio del Interior el manejo de situaciones tensas con la ciudadanía que en décadas pasadas se resolvían por la vía política y el liderazgo del partido, de continuar esta tendencia se dañará aún más la legitimidad de las instituciones cubanas.

2) Las modificaciones que demanda el modelo social cubano requieren una sociedad civil activa. Sin embargo, esta no podría asumir dicho rol sin determinadas reformas previas que la empoderen. ¿Podría gestionar esta sociedad, con efectividad, dicho protagonismo sin acceso al derecho de asociación, a la esfera pública, a las instituciones de poder? ¿Qué concesiones de esta índole podría ofrecerle el gobierno, por iniciativa propia?

Dos factores pueden destacarse en los límites de la sociedad civil cubana: su uso por parte de sucesivas administraciones estadounidenses como herramienta para un cambio de régimen en la isla, y la animadversión gubernamental a todo tipo de organización que no se subordine a sus intereses. Un relajamiento o eliminación de las sanciones a Cuba ayudaría a ese contexto propicio en la relación sociedad civil-Estado, pero es un factor externo que depende de dinámicas internas de otra nación.

Un paso positivo que está en manos del gobierno cubano es crear incentivos para que las organizaciones que hoy operan en la ilegalidad (y la alegalidad) se inserten en la legalidad nacional, busquen formas de sustentabilidad que no estén vinculadas a fondos foráneos con objetivos políticos en Cuba, y participen con plenas garantías en su rol de actores sociales.

Otra señal necesaria que puede servir de incentivo a la sociedad civil y el país en general, es que el gobierno cubano explique su visión sobre cómo funcionaría una paz democrática en Cuba en la ausencia del embargo estadounidense, cómo insertarían a sectores políticos marginados y garantizarían el normal desenvolvimiento de la sociedad civil. La ausencia de incentivos como estos, que están totalmente al alcance de las autoridades cubanas, genera suspicacia y entorpece el diálogo nacional.

3) ¿La actual dinámica de las instituciones del Estado consiguen la relación debida con la sociedad? ¿El modo de ocupar sus cargos públicos (las autoridades) garantiza la debida legitimidad de estos? ¿Posee la ciudadanía instrumentos para convertir la voluntad social en voluntad política del Estado?

Si la base de un estado moderno es la solidez de sus instituciones, Cuba tiene mucho de qué preocuparse. Más allá de los imperativos que genera administrar un país sancionado, en la isla se han mezclado costumbres heredadas del período colonial y la república de inicios del siglo XX, con mecanismos y prácticas importadas de la Unión Soviética, ninguno de los dos es un elogio.

Un país con una herencia autoritaria difícil de admitir socialmente, con rasgos de corrupción y problemas de administración alimentados durante siglos, debe esforzarse mucho en construir instituciones sólidas independientemente del gobierno y la ideología imperante. No ha sido el caso. Los siglos de coloniaje, las décadas de dictadura y gobiernos corruptos (con notables excepciones) seguidas por el modelo de liderazgo carismático de Fidel Castro, impidieron que se aprecie el valor de las instituciones cubanas y se fomente una burocracia competente en el país. Como resultado, tenemos un gobierno donde la rendición de cuentas es algo excepcional y la opinión pública no tiene cómo chequear el trabajo de sus instituciones. La relación funcionario-ciudadano sigue siendo vertical y la legalidad protege más al primero que el segundo.

El electorado cubano también tiene una capacidad muy limitada para imponer su voluntad o sus preferencias respecto a sus gobernantes y la forma de gestionar las instituciones. Cualquier modelo de una Cuba futura debe contemplar no sólo la participación de todos los actores políticos en el país sino una reestructuración profunda de la institucionalidad nacional y su relación con los ciudadanos.

4) Cuba necesita la plena inserción en el “sistema mundo”. Para ello, evidentemente, será fundamental una relación positiva con Estados Unidos. Sin embargo, al parecer las posibilidades para ello correrán sobre la lógica de que Estados Unidos podría estar dispuesto, pero solo en la medida en que la Isla ofrezca realidades de algún modo compatibles con sus intereses y/o visiones. Esto exigiría que Cuba realice grandes transformaciones para que sea realista un arreglo concreto con el vecino del norte. ¿Cuáles serían estos cambios? ¿Cómo actuaría el gobierno cubano ante esto? ¿Qué sería posible al respecto?

Cuba tiene dos opciones básicas en su relación asimétrica con Estados Unidos: aliarse con otra nación que proteja sus intereses o alinearse con Estados Unidos reconociendo su debilidad respecto a la potencia regional. Esto último resulta particularmente difícil para una isla traumatizada por la historia de injerencia e intervención militar norteamericana en sus asuntos domésticos, con un modelo de partido comunista único, con una política exterior forjada en la Guerra Fría con alianzas radicalmente opuestas a Estados Unidos, un exilio presto a recuperar propiedades que hace seis décadas pasaron al patrimonio público y un plan de transición estadounidense que incluye la marginación política del gobierno y el partido actual.

La primera opción ha sido la norma en la relación bilateral, buscando alianzas primero con la Unión Soviética y luego más modestamente con la República Bolivariana de Venezuela, ambas han sido experiencias imperfectas y llenas de riesgos. Estas dos opciones, definidas en la teoría de equilibrio de poder de Stephen Walt como “balancing” and “bandwagoning” respectivamente, no brindan muchas opciones a la isla si la relación bilateral actual mantiene su rumbo. Sin embargo, hay una luz en ese túnel. Independientemente de las preferencias políticas e ideológicas de los decisores cubanos, una relación hostil con Estados Unidos no es sostenible a largo plazo y no beneficia el interés nacional, y esto último también se aplica al país norteño.

Para que Cuba cambie de estrategia y construya una nueva relación con Estados Unidos, son necesarios incentivos y concesiones de ambas partes, evitando posiciones irreconciliables. Exigirle cambios internos a Cuba en un contexto de emergencia sin que Estados Unidos comience a eliminar el sistema de sanciones a la isla, no sólo sería moralmente criticable sino sería interpretado como otra violación a su soberanía nacional.

El primer paso podría ser restablecer el proceso de normalización iniciado por los expresidentes Barack Obama y Raúl Castro, luego avanzar el acercamiento hacia un escenario en el que se elimine el embargo mientras se exigen garantías democráticas sobre la participación política de los ciudadanos y otras deudas que preceden el período revolucionario. Ambos gobiernos pueden explorar zonas de colaboración conjunta, comenzando por el manejo de la pandemia global y luego avanzando hacia convenios que garanticen la prosperidad y estabilidad regional.

En resumen, la construcción de una paz democrática en Cuba es imposible sin el respeto a su soberanía por parte de Estados Unidos y la superación de una mentalidad de Guerra Fría en el liderazgo cubano. Este proceso debe ser simultáneo.

Tomado de: El Poder de las Ideas