La relación del Estado cubano con la emigración, aunque ha variado con el paso del tiempo, está marcada por tensiones no resueltas. El presente texto expone los factores que signaron los vínculos del Estado cubano con la diáspora luego de 1959, resume las principales demandas y áreas de contradicción de estas comunidades en la actualidad; y analiza el accionar de grupos extremistas y su relación con partidos u organizaciones políticas extranjeras.
Migración y Estado cubano, entre tensiones y distensiones
La migración cubana a partir de 1959 ha mantenido distintas relaciones con el Estado. En 1961, bajo la justificación de reducir el abandono ilegal del país y evitar la llegada de mercenarios y terroristas, el Gobierno Revolucionario estableció fuertes restricciones a la entrada y salida de la Isla, que incluyeron permisos especiales en ambos casos y la confiscación de bienes a quienes dejaran definitivamente el territorio nacional o permanecieran en el exterior más tiempo del acordado con las autoridades.
Asimismo, durante los primeros años de la Revolución, los cubanos que decidían emigrar eran presentados como apátridas por el discurso oficial. En 1977, bajo el gobierno del presidente estadounidense James Carter, arribó a Cuba la Brigada Antonio Maceo, compuesta por jóvenes cubanoamericanos, lo que dio inicio a posteriores conversaciones con la emigración.
Sin embargo, a partir de los años 80, con los sucesos en la Embajada de Perú, se agravaron las tensiones entre el Estado cubano y la comunidad de emigrados. Fidel Castro pronunció el conocido discurso en el que subrayó: «Quien no tenga genes revolucionarios […] no lo necesitamos». A la par, organizaciones aliadas al gobierno cubano promovieron y ejecutaron actos violentos de repudio contra quienes pretendían abandonar de manera definitiva el país.
Aunque en las décadas siguientes ocurrieron diálogos puntuales con las comunidades emigradas, fue a partir de 2012 cuando se produjo un notorio giro en el enfoque oficial en relación con este fenómeno. Durante la ceremonia de despedida del Papa Benedicto XVI, de visita en la nación antillana, el entonces presidente Raúl Castro afirmó que su administración estaba realizando «prolongados esfuerzos hacia la normalización plena de las relaciones de Cuba con su emigración que siente amor por la Patria y por sus familias».
Raúl Castro dijo al Papa que su administración estaba realizando «prolongados esfuerzos hacia la normalización plena de las relaciones de Cuba con su emigración». (Foto: El País)
El gobierno modificó los requisitos de entrada para los nacionales residentes en el exterior, con la única exigencia de poseer pasaporte cubano vigente, incluso para los que habían salido de manera ilegal del país. También permitió que quienes lo abandonaran definitivamente pudieran traspasar sus propiedades a familiares, en lugar de ser expropiadas por el Estado como ocurría anteriormente.
Las condiciones en las que emigraron los primeros grupos a inicios de la Revolución —con hostilidad por parte del gobierno cubano y la imposibilidad de regresar a su tierra—, les valieron la etiqueta de «comunidad exiliada», beneficiada en el caso de Estados Unidos por la Ley de Ajuste Cubano, que les facilita a los migrantes procedentes de la Isla regularizar su estatus de manera más expedita en comparación con homólogos de otras latitudes. Si logran convertirse en ciudadanos, tendrían derecho al voto y a acceder a cargos públicos, pudiendo así incidir en la política norteña.
A pesar de que hoy las regulaciones cubanas tanto de entrada como de salida del país permiten un flujo migratorio mucho más organizado y con respeto a los derechos de movilidad, han sido documentadas violaciones de estos derechos a ciudadanos por razones políticas, así como presiones de la Seguridad del Estado a activistas opositores para forzar su abandono del territorio nacional. Este hecho genera rechazo por parte de grupos emigrados y contribuye a su radicalización en contra del Estado.
Demandas y opiniones actuales de las comunidades emigradas
Aun con las distensiones ocurridas principalmente bajo la presidencia de Barack Obama, en la actualidad persisten elementos de fricción entre el gobierno de la Isla y las comunidades emigradas, principalmente en Estados Unidos. Un estudio publicado en la Revista de Sociología y Ciencias Sociales Controversias y Concurrencias Latinoamericanas (2021), basado en análisis de tuits de tres cuentas pertenecientes a grupos de activistas emigrados (No Somos Desertores, Puentes de Amor y 23yFlager) delimitó motivos de demandas y tensiones como:
- Regulaciones migratorias del gobierno —vencimiento del pasaporte y obligación de entrar al país para no perder la residencia y las propiedades.
- Prohibiciones de entrada a los profesionales que hubieranabandonado misiones oficiales, principalmente médicos.
- Imposibilidad de participación plena en la vida política y económica de la Isla. Aunque el estudio no ahonda eneste punto, se puede inducir que se refiere a la posibilidad de invertir de forma directa y votar desde la distancia en procesos electorales nacionales.
La investigación señala cómo dichas comunidades de emigrados se han organizado para exigir cambios en su país receptor que pudieran favorecer la situación de sus familiares en la Isla, como el fin de las sanciones de Estados Unidos o la reanudación de los servicios consulares de la embajada de Washington en La Habana, congelados por la administración Trump y retomados de manera parcial por su sucesor Joe Biden.
Por su parte, la más reciente encuesta aplicada por la Universidad Internacional de la Florida indicó que hay una ligera mayoría de cubanos que apoyan la continuidad del «embargo» hacia Cuba. De igual manera, consideran que el gobierno del país caribeño es una amenaza para los Estados Unidos y apuntan la necesidad de presionar a la Isla para un cambio de régimen.
(Foto: Miami Herald)
En contraste, reconocen que las medidas unilaterales coercitivas no han tenido el efecto esperado y no se muestran en desacuerdo con que el gobierno norteamericano permita la venta de alimentos y medicinas a la Mayor de las Antillas.
Si bien las opiniones antes mencionadas se inclinan hacia la defensa de la hostilidad en las relaciones bilaterales, la encuesta también deja ver que la migración cubana es diversa, por lo cual no puede hablarse de una única comunidad, sino de distintos grupos o comunidades con intereses políticos y opiniones muy variados.
Comunidades emigradas extremistas
En diferentes momentos del período revolucionario se llevaron a cabo actos terroristas organizados por grupos de emigrados con el apoyo de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana. Entre los más repudiados figura el atentado contra un avión en el que viajaba una delegación de deportistas cubanos en 1976, conocido como el crimen de Barbados. También pueden mencionarse las bombas detonadas en los años noventa en instalaciones turísticas como el Hotel Copacabana, hecho que dejó varios heridos y un muerto, además de daños materiales.
Precisamente, una de las organizaciones de extrema derecha integrada por cubanos en Estados Unidos es la Fundación Nacional Cubanoamericana. La entidad declara como objetivo político promover un cambio de sistema en la Isla y asiste a varios grupos opositores. Expresa que para este fin solo legitima vías no violentas, sin embargo, autoridades cubanas han relacionado a su líder, Jorge Mas Canosa, como financista de varios de los actos terroristas perpetrados por Luis Posada Carriles. La veracidad de estas afirmaciones sigue en discusión, no obstante, el propio Posada Carriles reconoció en The New York Times que había recibido el apoyo de dicha fundación.
A partir de los años 2000 los atentados mermaron, empero, aunque el extremismo violento solo se ha ha hecho notar en episodios escasos, como el ataque a la Embajada cubana en Washington en 2020, este ha mutado hacia otras formas de activismo político que implica la presión para no flexibilizar las medidas unilaterales coercitivas y frenar cualquier acercamiento de Cuba con países receptores de sus nacionales.
En los últimos años llama la atención el vínculo de estos grupos de activistas opositores emigrados con políticos de extrema derecha, incluso con una retórica antinmigrante como la enarbolada por Donald Trump en Estados Unidos o Rocío Monasterio en España —esta última de origen cubano.
Rocío Monasterio, de Vox, muestra su pasaporte cubano en un mitin en Madrid.
(Foto: Víctor Sainz / Europa Press)
Una de las razones que podrían explicar la simpatía generada por esas figuras en la comunidad de emigrados es su discurso a favor de la promoción de la libertad y los derechos humanos en la Isla, aunque sus propuestas para ello impliquen, paradójicamente, restricciones económicas que afectan a los residentes cubanos.
Dichas comunidades radicalizadas hacia la derecha no solo han constituido apoyo a una política hostil hacia su país de origen, sino que, además, se han convertido en importantes antagonistas de cualquier voluntad o movimiento a favor de cambiarla. Esta actitud ha sido visible en las reacciones a las últimas distensiones de la administración Biden o los enfrentamientos violentos con las caravanas que en Estados Unidos piden el fin de las sanciones.
Otra evidencia de la capacidad de organización y gestión de estos grupos fueron las manifestaciones en Londres con el propósito de presionar a la justicia británica para que emitiera un veredicto en contra del gobierno cubano durante el juicio en el que este se enfrenta a la empresa financiera CRF 1 Ltd. La pretensión desconoce o minimiza los efectos nocivos que pudiera traer sobre la ciudadanía cubana un embargo internacional, sumado a la profunda crisis económica que ya enfrenta la Isla.
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La relación entre un Estado y su emigración es un factor esencial para impulsar un desarrollo democrático basado en el diálogo y la inclusión. La polarización visible en parte de la diáspora cubana se origina en un precedente histórico de confrontación, la ausencia de un clima propicio en Cuba para ejercer el disenso, y el apoyo de movimientos políticos de extrema derecha que ven en estas comunidades radicalizadas una oportunidad para impulsar una agenda injerencista.
Cualquier promoción de un desarrollo democrático en la Isla debe partir de un diálogo que reconozca tanto la soberanía del Estado cubano como el derecho de los cubanos, donde quiera que estén, a expresar de forma respetuosa y pacífica sus inconformidades con la política estatal.
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