Códigos, referendos, economía y democracia

El pasado 25 de septiembre, finalmente se aprobó mediante un referéndum el Código de las Familias en Cuba, que incluye el matrimonio igualitario, la diversidad sexual, la gestación subrogada y la adopción homoparental, entre otras cuestiones. La nueva norma recibió el respaldo del 66,87% de los votantes, que representó el 74,01% del padrón electoral. En cualquier país, tanto ese nivel de respaldo como la participación serían considerados muy favorables, pero en el caso de Cuba es el peor resultado de los ejercicios electorales desde 1976.

La campaña en favor del Código, desplegada por el gobierno y los medios oficiales, y por medios y grupos que apoyaban la medida aunque son críticos de la gestión gubernamental, encontró el rechazo de gran parte de los sectores religiosos y de una representación considerable de medios conservadores contrarios al sistema político cubano.

Este código es, sin duda, una norma positiva en el camino de crear condiciones para que se reconozcan los derechos de una parte de la población a construir familias diferentes a las consideradas «normales» en los patrones éticos de diversas orientaciones religiosas.

En mayo pasado, sin embargo, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó por unanimidad, como es usual, un Código Penal tremendamente represivo, sobre todo en la penalización del activismo político opositor. Para este caso no hubo debate, y mucho menos una aprobación refrendataria. Es decir, para reconocer derechos a diversos sectores de la sociedad se requirió consultar a la población, pero para establecer como delitos lo que en otros países es un derecho, y endurecer las penas a los activistas políticos opositores, bastó el voto unánime de los diputados cubanos.

Si fueran coherentes, las autoridades podrían haber evitado el referéndum y aprobar el Código de las Familias con esa unanimidad que les caracteriza, de espaldas a la realidad diversa que es el país; o podrían someter a consulta popular el Código Penal. Pero es obvio que en este último caso no querían correr el riesgo de ser derrotados en lo que muy probablemente habría sido una consulta popular sobre su gestión.

Mientras tanto, a la dura realidad cotidiana de los cubanos residentes en la isla, se unió el paso destructivo del huracán Ian, que causó devastación en la región más occidental del país, incluida la pérdida de vidas humanas y afectaciones a cosechas de tabaco de la región de Vuelta Abajo —uno de los pocos recursos exportables del país—, así como a otros productos agrícolas, destrucción de viviendas, y el colapso del sistema eléctrico nacional, ya golpeado por una gravísima crisis impuesta por las restricciones de combustible y por su obsolescencia tecnológica.

Todo esto ocurre en medio de una aguda escasez de alimentos y bienes de consumo esenciales, de la crisis crónica del sistema de transporte y, sobre todo, del hastío y la desesperanza, agravados por los sucesivos errores en la política económica adoptada por el gobierno y refrendada por la dirección del Partido, además del impacto negativo provocado por las sanciones económicas que mantienen las sucesivas administraciones estadounidenses sobre Cuba.

Como he expresado en otras ocasiones, las sanciones económicas estadounidenses solo podrán ser desmontadas por el Congreso de ese país. Sin embargo, es mucho lo que puede y debe hacerse en Cuba para salir de la profunda crisis estructural en la que está inmersa, agravada recientemente por los efectos de la pandemia del Covid-19, la destrucción de parte de la base de supertanqueros de Matanzas y ahora por el huracán Ian.

Particularmente, el colapso del sistema eléctrico ha tenido afectaciones gravísimas sobre la vida de la población. Muchas familias han perdido sus alimentos después de tres o cuatro días sin energía y todas sufren las inclemencias del agobiante calor. En consecuencia, en diversos lugares del país, especialmente en La Habana, se han producido protestas sociales, muchas de las cuales añaden al reclamo de la reconexión eléctrica, la crítica a la gestión gubernamental y también el grito de «LIBERTAD».

Aunque esta vez con un poco más de tacto que en el pasado estallido social del 11 de Julio, dadas las circunstancias inmediatas, las autoridades, incluyendo al presidente, siguen insistiendo en el carácter «contrarrevolucionario» y «mercenario» de muchos de los que protestan, aun cuando la mayor parte de ellos son personas desesperadas, que ya no pueden más porque están hartas de tantas vicisitudes en cada una de sus acciones cotidianas. Sin embargo, al igual que en aquella ocasión se han utilizado fuerzas militares y de policía vestidas de civil para reprimir a manifestantes.

En medio de las difíciles condiciones de vida de la mayor parte de la población, los medios de comunicación oficiales y los mecanismos de divulgación ideológica del Partido Comunista de Cuba (PCC) ofrecen sistemáticos partes de victoria, y no cejan en el empeño de mostrar un infundado triunfalismo, que desacredita no solo a la dirigencia del país sino al sistema político como un todo y pone en entredicho, entre una proporción cada vez más significativa de la población, categorías políticas como: «Revolución» y «Socialismo».

A pesar de las opiniones críticas de una serie de economistas y de las sugerencias de otros, la dirección del Partido y del gobierno han mantenido una política económica errática; han insistido en no abordar los problemas económicos en su integralidad; han fallado en la definición de la secuencia adecuada de las medidas, pretendiendo solucionar problemas de la esfera de la circulación sin realizar los cambios necesarios en la producción.

Asimismo, persisten en el mantenimiento a toda costa del modelo de administración centralizada y de la preeminencia de las empresas estatales, muchas de las cuales son ineficientes y le cuestan a toda la sociedad. 

En clara muestra de voluntarismo fijaron una tasa de cambio oficial del peso cubano lejana a las condiciones del mercado, apelaron al desacreditado expediente de los tipos de cambio múltiples sin el músculo necesario para influir en el mercado cambiario y, recientemente, afirmaron con soberbia que no se renunciaría al monopolio estatal del comercio exterior, a pesar de que la lógica racional sugiere liberalizar esta importante actividad económica para un país como Cuba con alta dependencia de sus relaciones económicas internacionales.

Esto ocurre porque el sistema político e institucional del país no solo lo permite, sino lo estimula. Es un sistema que asegura un poder totalitario e indiscutido por vías institucionales y legales, lo cual deja a la oposición, o a quienes cuestionen ese poder, únicamente con la alternativa de la protesta social, con el agravante de la persistente manipulación que se hace de los derechos ciudadanos.

Varios son los problemas que evidencian la ineficacia del sistema para satisfacer las necesidades de la sociedad, aunque sea muy eficaz para asegurar el carácter dominante de la burocracia en el poder. Sin pretender agotar el tema y consciente de que cada uno de ellos implica una reflexión aparte, listaré algunos de los principales:

1) a pesar de que el artículo 3 de la Constitución de 2019 establece la soberanía del pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado, no existen los mecanismos legales para que el pueblo pueda ejercer esa soberanía de forma efectiva;

2) el pueblo carece de la posibilidad de elegir directamente a sus gobernantes o de revocarlos mediante un ejercicio electoral;

3) el carácter de «fuerza dirigente de la sociedad y del Estado» que se otorga al PCC, permite a este colocarse por encima de la Constitución y de las leyes;

4) el carácter «socialista» del país —léase el sistema político totalitario que cada día es menos socialista en realidad— es «irreversible» según la  Carta Magna, con lo cual se obliga a las generaciones futuras a aceptar un sistema que para ellas puede resultar ajeno;

5) no existe un equilibrio de poderes independientes, con lo cual, en la práctica, tanto el sistema judicial, como el órgano legislativo y los entes de control se someten a las directrices del PCC e incluso al ministerio del Interior y la Seguridad del Estado; y

6) los derechos reconocidos en la Constitución no están reglamentados, lo que permite a la Seguridad del Estado, la Fiscalía y los Tribunales interpretarlos a discreción, convirtiéndolos en papel mojado.

Por estas razones es muy difícil que la crisis económica se solucione sin realizar una transformación fundamental del sistema político, afectado por una crisis de confianza que unida a la crisis económica están generando la mayor estampida migratoria de los últimos cuarenta años.

Los casos de China y Vietnam, en que se ha logrado una mayor prosperidad económica en el primero y un mejoramiento sustancial del nivel de vida en el segundo, manteniendo el carácter totalitario y anti-democrático de sus respectivos sistemas políticos, demuestran que para mantener la estabilidad política se requerían transformaciones económicas radicales orientadas hacia el mercado.

En ambos países, la población en general vive mucho mejor que hace cuarenta años. Para una parte considerable de las referidas sociedades, desde que se iniciaron las reformas el liderazgo político no solo ha sido garantía de ellas sino su principal impulsor. Nada de esto ha ocurrido en Cuba y ya ese modelo no resulta suficiente y tampoco deseable para una parte considerable de la ciudadanía.

Ante la grave crisis solo cabe una salida democrática. Es tiempo de aceptar las nuevas realidades políticas por duras que resulten para algunos. Entre ellas menciono:

1) en la actualidad el liderazgo del país cuenta con el menor nivel de respaldo ciudadano desde 1959;

2) el PCC, lejos de constituir una organización política de vanguardia y fuerza dirigente de la sociedad, va a remolque de los tiempos sin ofrecer alternativas viables para salir de la crisis y no ha sido capaz de exigir cuentas a su liderazgo por el incumplimiento de los Lineamientos aprobados en el VI y VII Congresos, y

3) el respaldo que recibió el Código de las Familias no es endosable al Partido y al Gobierno, sino que refleja el apoyo de gran parte de la sociedad que decidió defender derechos humanos que no estaban reconocidos legalmente, incluyendo los de algunas minorías.

¿Qué pasaría si se somete a plebiscito el mantenimiento del artículo 5 de la Constitución o el carácter único del PCC? ¿Qué pasaría si en una consulta popular se busca refrendar el carácter «irreversible» del sistema político cubano o la elección directa entre alternativas del presidente de la República y de los presidentes de los gobiernos provinciales y municipales?

¿Qué pasaría si se permite al pueblo decidir entre mantener el sistema electoral actual o la posibilidad de elegir directamente a los diputados entre candidatos que no necesiten ser autorizados por una comisión de candidatura? Las únicas respuestas válidas serían las de las urnas. Estas y otras muchas son cuestiones de urgencia nacional y deben ser abordadas tanto desde un punto de vista político como ético y moral.