Este no es el código «de los maricones»

Las narrativas son importantes a la hora de contar los hechos. Quien cuenta decide quién habla, cómo, con qué intención y desde qué perspectiva; y las lecturas que quedan en la memoria pueden reforzar representaciones sesgadas y establecer jerarquías de poder.

Cuando en 2019 la Asamblea Nacional del Poder Popular retiró del proyecto constitucional el Artículo 68 —que debía poner fin a la exclusión de las personas LGBTQ+ al derecho al matrimonio—, justificaba su decisión con estadísticas que pretendían mostrar su respuesta a un reclamo de la mayoría del pueblo que era contraria al establecimiento de ese derecho.

Los medios oficiales informaron la recepción de 192 mil 408 opiniones sobre dicho artículo, el que más comentarios negativos había provocado. Así se imprimió en la memoria colectiva una historia de rechazo que continúa esgrimiéndose.

Esta narrativa obvió que 8 millones 753 mil 113 cubanos participaron en los debates con otras preocupaciones, sin reparar en el Artículo 68. Tampoco contabilizó las personas que se levantaron en las reuniones para defenderlo al argumentar que era una medida no solo justa, sino imprescindible para el país.

Debió aclararse que de casi nueve millones de cubanas y cubanos consultados, apenas 192 mil 408 se manifestaban en desacuerdo con el artículo, menos del 2% de la población. Esta otra narrativa no hubiera dejado espacio ni justificación para removerlo, pero ya sabemos el final de aquella historia.

Existen dos maneras, en mi opinión, de lograr que una sociedad tenga sus derechos reconocidos. Una, que el gobierno y las disciplinas sociales, en intercambio verdadero con aquel, observen el desarrollo de sus realidades y legislen en base a lo que reconozcan como ausente en sus políticas, pero presente en la cotidianidad. La otra, vendría de los reclamos genuinos de activistas por los derechos civiles y sus aliados que, determinados a poner fin a la negación que invisibiliza sus vidas y contextos, demanden a presidentes, partidos gobernantes e instituciones, los cambios necesarios para el pleno ejercicio de todos sus derechos como ciudadanos.

El anteproyecto del nuevo Código de las Familias de Cuba, si bien a algunos pudiera parecerle un intento unilateral de enmienda por parte del gobierno, es en realidad una respuesta a las múltiples voces de la comunidad LGBTIQ+, que lleva años clamando por ser escuchada y reconocida.

Lo han exigido desde el disenso legítimo y la ruptura con lo que otros denominan «lo tradicional y correcto», demandando reconocimiento y protección como parte de una sociedad de la que no quieren alienarse ni permitir que les alienen.

Hay una historia de atropellos y omisiones en tal sentido, siendo los más recientes la retirada del artículo 68 de la Constitución de la República, en diciembre de 2018, y la suspensión de la Conga contra la homofobia y la transfobia en 2019. Esto no ha sido olvidado y necesita un espacio de reelaboración y disculpas para sanar.

La propuesta actual llega a la ciudadanía en un contexto nacional que demuestra estar listo para pujar por cambios, y en un escenario internacional que observa la Isla con ojo crítico, en base a la promesa, recogida en la Constitución, de no discriminar y de llevar a buen término un código inclusivo.

Por otro lado nos asiste un espacio en la historia reciente, en la que las impopulares medidas gubernamentales, lo acaecido el 11 de julio y la pésima gestión de la pandemia en los últimos meses, con sus nefastos resultados, han generado estados de opinión negativos a cualquier propuesta proveniente de los estrados gubernamentales. En ese clima, ideas contrarias al Código pueden ganar terreno sin considerar realmente que su redacción contiene cambios favorables para todos.

A dos semanas de que el Ministerio de Justicia publicara el muy esperado anteproyecto, ya se esgrime en redes sociales, por parte de personas conservadoras, el mismo falso argumento que intenta reducir todo un cuerpo de garantías, protecciones legales y beneficios, a un solo asunto: la reconceptualización del matrimonio y, por ende, la observación prejuiciosa del comportamiento de la sexualidad.

Estamos otra vez ante un reduccionismo parecido al que experimentó la lectura del texto constitucional: aquella no era una Constitución sobre el matrimonio y, aunque lo elemental a veces no es necesario recalcarlo, este tampoco es el Código del matrimonio.[1]

El contenido del anteproyecto responde a una realidad contemporánea, legisla en función de ella y se agradece, porque en ocasiones los que no sufrimos en carne propia las brechas, no conocemos la necesidad de una ley hasta que nos enfrentamos a los efectos de su omisión. Una discusión detenida del Código nos llevaría a observar importante aspectos positivos:

• La incorporación de un lenguaje que no minimiza y reconoce a los adultos mayores y a las personas en situación de discapacidad.
• La protección y el respeto hacia la autopercepción de nuestras niñas y niños.
• La posibilidad de establecer vínculos contractuales antes del matrimonio, en un contexto de cambios económicos y de despenalización del trabajo por cuenta propia y construcción de patrimonios personales.
• La valoración económica del trabajo en el hogar.
• La admisión de la gestación solidaria, que abre las puertas a todas las parejas a formar familias con descendencia.
• El favorecer la adopción, que garantiza a niñas, niños y adolescentes amor y cuidados, rompiendo vínculos biológicos.
• El abordaje de la violencia en el hogar en todas sus manifestaciones y hacia cualquiera de sus miembros, al incorporar la figura de la mediación familiar en la resolución de conflictos, regulada desde lo procesual.

¿Es un código perfectible? Sin lugar a dudas —por ejemplo, encuentro discutible la edad fijada mediante tribunal para el acceso al matrimonio— y para eso precisa la participación de toda la ciudadanía. Se reconoce una comisión redactora que investigó, que tuvo que retarse a sí misma porque es un texto que incorpora conceptos nuevos y desmonta otros bien arraigados en nuestro imaginario social.

Cítese nada más la categoría responsabilidad parental, que sustituye a la tan temida patria potestad y nos habla ya no de hijos como «posesiones», sino de vínculos afectivos y de los deberes y derechos asociados a esas relaciones. Hay muchas historias de vida olvidadas en las leyes, que solo si alguien las narra, dan cuenta de las omisiones y ausencias y ayudan a visualizar las posibles desprotecciones. Es la ganancia de una consulta popular.

¿Cómo recuperar la intención de un diálogo ciudadano que no parta de la negación inmediata del texto bajo supuestos moralistas catastróficos de destrucción de la especie, socavo de la institución sagrada de la familia y contagio de la homosexualidad?

Este no es un Código «para los maricones que no sé cuál derecho no tienen ya y claman por pequeños privilegios» No. Es imposible dejar que se nos secuestre el espacio para compartirle a mi vecina, cuya orientación sexual desconozco y nos (me) es irrelevante, cómo ella también puede reconocerse. Y en esto hay mucho de responsabilidad individual, porque el camino no termina con ese referendo.

Para desdibujar aún más las asimetrías, hasta desaparecerlas, son necesarias las leyes que complementen y acompañen al Código y a la sociedad, en su carácter fiscal, procesual y educativo. La implementación de la Enseñanza Integral en Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos, el Código Penal, la Ley de Identidad de Género, ¿cuándo estarían listas?

Finalmente, me preocupan de ese proceso dos cosas fundamentales: primero, el método de recogida de información de la consulta, que no puede derivar nuevamente en la devolución estadística a consumir acríticamente y que, en consecuencia, se refleje luego en los medios de forma insatisfactoria.

Y segundo: que se apruebe la propuesta final a costa de sacrificar artículos que —si son negociados por el Estado de forma simbólica o real con sectores conservadores de la población—, estarían contrariando los derechos más básicos, en tanto la supresión, modificación y eliminación de aspectos que garantizan el ejercicio del pleno disfrute de la personalidad de los individuos, serían demostración de un escenario anticonstitucional.

Hace dos años tuvimos un anticipo en redes y calles de lo que podía implicar posponer derechos humanos y disponerlos como objeto de discusión. Depende ahora la narrativa que construyamos sobre los objetivos del proceso de debate popular: la consulta no es acerca de si le vamos a dar derechos o no a la comunidad LGBTIQ+. Esa cuestión está resuelta. Esa promesa ya la hizo la Constitución.

Si los cambios en la ley no están acompañados por la educación y la sensibilización, tendremos entonces un Código progresista y de avanzada y una sociedad que no estará a su altura. El Código y la consulta son una oportunidad de formación y construcción de un futuro plural para Cuba. Quizás, al fin, el comienzo de todo.

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[1] Artículo 61 del Anteproyecto del Código de las Familias.