Cinco años de malvivir en terreno de nadie

Hasta 2016, las oficinas de la Dirección Municipal de la Vivienda de Centro Habana estuvieron en el número 209 de la calle Figuras, entre Monte y Tenerife, Los Sitios. Las precarias condiciones del inmueble, que por muchos años no recibió restauración alguna, ocasionaron el traslado de la entidad hacia la vecina San Miguel. Desde aquel momento, el local vacío se convirtió en refugio de un grupo de habaneros que no tenían dónde vivir.

En la actualidad, residen en la antigua casona de dos pisos alrededor de cuarenta personas, comprendidas en dieciocho familias con núcleos de dos a cinco miembros. Ninguno tiene propiedad del lugar donde malvive, pues ni siquiera es considerado albergue, sino que recibe el popular calificativo de llegaypón.

Estas personas solo tienen derecho a la convivencia, que les fue otorgado al cumplir seis meses y un día de permanencia en el lugar y les garantiza la dirección del terreno y los productos normados de la canasta básica.

A sus 56 años, el asistenciado por la Seguridad Social, José Alberto Bolaños, vive en un improvisado cuarto del terreno biplanta de Figuras, junto a su hijo de quince años. Residen allí desde que en 2016 se derrumbara su antigua casa. «Cuando vine a hablar con algún funcionario de Vivienda para que nos mandara a un albergue, la directora de aquel entonces, Lisandra, me dijo que no había sitio donde meternos. Informalmente, me dijo también que ellos se estaban mudando a otra sede. Así que recogí mis cosas y me colé aquí».

Similar es la historia de Yany Benítez Oramas, trabajadora de 46 años, madre de tres hijos, quien, antes de ocupar el espacio de Figuras #209, vivía con los suyos en «El Chico», conocido albergue de Boyeros. Las pésimas condiciones de aquel lugar, al que Benítez describe como «peor que esto», le provocaron a su hija de 13 años, la más pequeña, osteomielitis crónica severa causada por una bacteria piógena.

A diferencia de esos dos núcleos familiares, que se asentaron por decisión propia, Denisusel Cavada Mena, de 39 años, fue ubicada en el inmueble por Herminia, Jefa de Atención a la Población de Vivienda, al ser considerada como «caso social». Esa determinación resulta inexplicable debido al carácter ilegal del asentamiento en el espacio. La misma medida ha sido tomada con varios de los que habitan ahí, según cuenta Denisusel, quien es paciente positiva al VIH-SIDA y sufre una enfermedad nerviosa.

El principal reclamo de estas personas, que aseguran hablar en nombre de todos los que viven allí, es lograr la propiedad que los valide como dueños de los pocos metros en que habitan. Afirman haberse dirigido en múltiples ocasiones a las entidades pertinentes, resultando víctimas del «peloteo».

De acuerdo a estos vecinos, la directora de Albergue, identificada por ellos como Reina, explicó que su entidad no tiene responsabilidad alguna ante esa situación y que las cartas en el asunto las debe tomar Vivienda. Por su parte, los funcionarios de Vivienda, para darles la propiedad, exigen baño y cocina por núcleo familiar, los cuales deben construir con sus propios medios, pues un subsidio del Estado únicamente es entregado si se cuenta con la propiedad del terreno.

Nueve familias lograron edificar su baño y cocina. La propia Yany se incluye entre estas personas, ya que consiguió «poner una taza de baño en donde vivo, separando cada compartimento de la casa con telas, en función de paredes».

Otras nueve se ven obligadas a utilizar el baño y cocina colectivos, que no reúnen ninguna condición higiénico-sanitaria. El propio cuarto de baño —si así se le puede llamar— presenta un derrumbe parcial en el techo y frecuentes tupiciones albañales. La cocina, por su parte, tiene solo una hornilla y, de acuerdo a los vecinos, es sede desde hace años de una nutrida colonia de cucarachas.

A esto se suman las condiciones de cada vivienda. Desgraciadamente, las paredes de tela de Yany no constituyen el peor escenario. Denisusel vive debajo de una escalera, alumbrada por un bombillo y sin apenas espacio para su maltrecha cama.

Los planteamientos de estas personas, además de ser expuestos en cada reunión del Comité de la cuadra, han llegado a los Gobiernos Municipal y Provincial. Incluso al Consejo de Estado, en la Plaza de la Revolución, donde les prometieron la visita de una comisión una semana después de presentada la queja. «Eso fue hace diez meses y aquí no ha venido nadie», afirma José Alberto Bolaños.

Su terrible agonía, agravada por el aislamiento impuesto a Los Sitios hace más de un mes, demanda medidas inmediatas. Son personas que llevan años viviendo en condiciones inhumanas y que aparentemente han sido despojadas por las autoridades a las que han recurrido de su derecho a una vivienda digna.

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