En el tiempo transcurrido desde el estallido social del 11 de julio, la dirigencia cubana ha acometido un número de cambios, mayormente en la esfera de la economía —de la agricultura en particular— sin que ninguno sugiera un rediseño integral. En buen cubano, lo que prevalece es el chapisteo, los parches por aquí y por allá, sazonados con el lenguaje habitual, sin modificar en lo esencial el modelo estatista-absolutista que ha prevalecido por más de seis décadas.
Es un paquete de sesenta y tres medidas con el fin de —según declaraciones oficiales— incrementar la producción de alimentos y satisfacer las demandas no cubiertas de productos agrícolas. Se reducen costos de insumos, electricidad y fumigación aérea, aunque muy por debajo de los anunciados en enero, cuando se promulgó el Ordenamiento.
Un lugar de primerísima importancia lo ocupa el problema de los impagos. Durante décadas el Estado ha recogido las cosechas que, tras innumerables demoras y trámites, llegan a los mercados en cantidades reducidas. Se dice ahora y se repite que «quien compra tiene que pagar de inmediato», pero el hecho real es que eso no ocurre, y los productores (campesinos privados —los más productivos—, arrendatarios y cooperativistas) deben esperar durante meses. Esto ha sido y es un problema de hace más de sesenta años. En estos momentos se adeuda a dichos productores 43 millones de pesos.
El pasado mes de junio el periódico provincial de Camagüey reportó el caso de una cosecha de mancgo perdida a causa de trabas burocráticas (Foto: Leandro Pérez Pérez/Adelante)
Se redefine igualmente la política de precios, en productos tales como el ganado y la leche, así como de diversos productos agropecuarios. Pero, todo esto «después de cumplir sus contratos» con lo que persiste el mecanismo de Acopio, que asegura el monopolio estatal sobre todas las formas de producción y el fenómeno de los impagos: Acopio recoge cosechas y ganado, ¡pero no paga!
Por último, se anuncia que las cooperativas que no tengan posibilidad de recuperación productiva y económica serán extinguidas y sus tierras pasarán al fondo estatal en lugar de ser redistribuidas inmediatamente entre arrendatarios y particulares o entre los mismos cooperativistas. ¿O es que acaso no es una verdad irrefutable que dos tercios de la producción agropecuaria de Cuba los aporta el campesino privado, premisa que debería orientar cualquier política agraria? El panorama real lo simboliza y resume la conocida frase —originada en la derrota del rey inglés Ricardo III— de un economista cubano: «Mi reino por un boniato».
En todo momento se repiten las frases edulcoradas del optimismo oficial: «procesos de factores objetivos y subjetivos», «consolidar lo que hemos venido haciendo y proyectarnos en otras acciones», «lo mucho que tenemos todavía por hacer», «los actores económicos no cambiarán con los nuevos modelos si se continúa con las viejas prácticas», «la inversión extranjera, pese al bloqueo, continúa siendo una oportunidad que no se ha aprovechado (…)».
Se emplean una y otra vez frases como: «atrasos en todo: en buenas prácticas y concepciones en la agricultura, vivienda, en la base industrial, en la agricultura…». Pero cabe preguntarse —sesenta años después— ¿atrasos? ¿O prueba irrefutable de que el modelo no ha funcionado, ni funciona?
Todas las provincias enfrentan por igual serios problemas de incumplimiento respecto a las áreas comprometidas para la venidera zafra, lo que sugiere —de manera indiscutible— una cosecha muy por debajo de los más bajos niveles de producción de los últimos años. Salvador Valdés Mesa, vice presidente del país, exhorta a «producir azúcar con mentalidad empresarial», como si tales exhortaciones —que se repiten a diario— tuvieran efecto mágico sobre una población que vive sus peores momentos económicos y sociales.
Salvador Valdés Mesa, vice presidente del país, exhorta a «producir azúcar con mentalidad empresarial», como si tales exhortaciones tuvieran efecto mágico (Foto: Azcuba/IPS)
En un encuentro con economistas y contadores, donde se hicieron numerosas críticas y propuestas (no divulgadas en la prensa oficial), el presidente Díaz-Canel llegó a afirmar que: «Los problemas planteados [en dicha reunión] están expuestos en el Informe Central del 8vo Congreso del PCC y en el discurso de clausura, y ahora ustedes nos lo ratifican y apoyan».
Nada más alejado de la realidad. La carga de críticas y propuestas realizadas en el referido encuentro —que incluye un documento de fundamental importancia suscrito por cinco economistas de renombre—, va muchísimo más allá de lo que afirma Díaz-Canel. Allí estaban presentes los economistas más críticos que, durante años, han venido planteando la necesidad de remodelar el sistema en sus aspectos esenciales.
Por otra parte, en una entrevista radial, el secretario del Partido en la provincia de Santiago de Cuba y miembro del Buró Político, Lázaro Expósito, destacaba que en su provincia existen más de 5000 hectáreas sin cultivar; y que no se cumplen las hectáreas de caña comprometidas. Calificó de inadmisible lo que está ocurriendo en la Salud Pública y los Servicios Comunales y su conclusión fue categórica: «El costo de equivocarnos puede ser muy alto».
En términos similares caracterizaba el Primer Ministro, Manuel Marrero, la situación en la provincia de Cienfuegos luego de una visita de inspección reciente. Tanto esta como Santiago, eran provincias que hasta hace apenas una década se clasificaban como ejemplos de buen funcionamiento y hoy enfrentan situaciones de extrema gravedad, cuadro que se extiende al resto del país, con casos incluso más graves como el de Matanzas
Mpymes y cooperativas no agrícolas (CNA)
Mucho se ha destacado en estos tiempos el papel que estarán llamadas a desempeñar las MPYMES y las CNA. No hay discurso o reportaje periodístico que no resalte el asunto, incluyendo sus posibilidades de interactuar con el comercio exterior. Pero muy poco se concreta hasta hoy.
¿De dónde esas MPYMES van a sacar los fondos de financiamiento o las divisas indispensables para comenzar sus proyectos? Los bancos de fomento brillan por su ausencia aún y nada se hace para viabilizar su acceso a inversiones en divisas. El manejo y circulación de dólares continúa sujeto a diversas restricciones, empezando por las remesas y cómo éstas pueden emplearse libremente.
Obligaciones de tarjetas y deducciones entorpecen su libre circulación, incluidas las más elementales de acciones de compraventa; mientras, el cambio oficial se mantiene a 24 pesos por dólar, en tanto que por debajo de la mesa el canje está 70 por uno.
Un paso positivo ha sido permitir a las MPYMES la libre contratación de hasta cien trabajadores y el anunciado impulso. Pero no se han definido con claridad qué áreas serán abiertas a las mismas. ¿Textiles y calzado; tecnologías, servicios, tenerías, mueblerías y construcciones, viviendas, otras? Muy poco o nada se ha aclarado o especificado. ¿Qué fondo de inversión y salarios supone una industria de un centenar de trabajadores? ¿Qué especificaciones se habrán de definir en materia de inversiones provenientes del exterior?
Todavía están por determinarse estas cuestiones, y así sucesivamente hasta llegar a la inversión extranjera ¿de forma directa al 100% o mediante formas de asociación en las que no tenga el Estado que reservarse el 51%? La larga carrera de fracasos en este campo es un precedente funesto. Y la inversión extranjera en forma de pequeños negocios (como hasta ahora ha prevalecido) aporta bien poco. Mientras, la industria turística se resiste todavía a pasar más allá de los contratos de administración.
Estas y otras áreas con similar o peor situación (pesca, transporte urbano y marítimo, ferrocarriles y otros) son la razón por la cual se insiste en la necesidad de un rediseño integral y no de chapisteo, parches o soluciones a medias.
De repente se descubre la conveniencia —cual gran beneficio—, de liberar las regulaciones aduaneras sobre medicamentos y alimentos. Cabe preguntarse, ¿alimentos y medicamentos nada más? ¿Y el vestuario y calzado, computadoras, televisores, etc.?
Lo que el Estado no pueda suministrar, normal e inmediatamente, tiene que estar exento por completo de cargas aduaneras o fiscales abusivas e irracionales. (Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate)
Un principio tiene que regir: lo que el Estado no pueda suministrar, normal e inmediatamente, tiene que estar exento por completo de cargas aduaneras o fiscales abusivas e irracionales. Desde 1978 este ha sido un tema recurrente, y ahora vemos que se aplica solo a medicamentos y alimentos. No menos súbitamente se redescubren los pagos a plazos —que nunca debieron desaparecer—, los mini-mercados particulares para expender alimentos luego de cumplir con sus cuotas de entrega al Estado y otros.
Paralelamente, el presidente Díaz-Canel ha comenzado a celebrar encuentros con jóvenes, iglesias protestantes, sectores de profesionales y otros dentro de una atmósfera muy formal y publicitada. Con énfasis se destacan proyectos de reanimación económica y cultural en los barrios que mayores contingentes aportaron a las manifestaciones del 11 de julio.
Optimismo oficial
Y mientras sigue el chapisteo, el sistema mediático trata de reforzar la imagen de respaldo internacional por parte de varios países —China, Rusia, Venezuela, Nicaragua, entre los más sobresalientes— al punto de afirmar que «el mundo se solidariza con Cuba», cuando son numerosas las condenas y críticas de gobiernos e instituciones en el mundo por la forma violenta en que el Gobierno cubano reprimió a los manifestantes. De especial importancia, han sido las condenas y críticas por parte de la Unión Europea (UE), con la que se venía fomentando diversos proyectos de cooperación y diálogo que han entrado ahora en crisis.
Por último, la cúspide del optimismo oficial fue la declaración del director de Asuntos Consulares y de Emigración del Ministerio de Relaciones Exteriores (DACRE), Ernesto Soberón Guzmán, el cual considera que las reacciones de los cubanos que residen fuera del país han sido igualmente positivas. Agregó que la mayoría de ellos «está consciente» del papel de las autoridades estadounidenses en lo sucedido y apoyan un nuevo acercamiento bilateral y el levantamiento del bloqueo/embargo de Washington a Cuba.
Esta es una prueba más de auto-engaño. La gran mayoría de esa emigración se mostró particularmente hostil al desempeño de las autoridades cubanas en el manejo del estallido social del 11 de julio, con abundantes pronunciamientos a favor de la intervención de EEUU en Cuba o alguna forma de intervención internacional humanitaria.
Queda, pues, por ver si la dirigencia cubana persistirá en el chapisteo o enderezará su rumbo hacia un rediseño integral con la premura que la crisis interna reclama.
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