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Vietnam: la democratización pendiente

por Mauricio De Miranda Parrondo
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

En las últimas décadas, Vietnam ha sido uno de los países con mayor ritmo de crecimiento económico en el mundo y particularmente en Asia. Tal situación ha producido un significativo cambio estructural en su economía y ha tenido un impacto positivo en el mejoramiento del bienestar de la población. Este proceso de desarrollo se ha beneficiado de una mejor y más eficiente inserción económica internacional, de la incorporación de la economía del país en importantes cadenas de valor, y de un notable desarrollo de la infraestructura de un Estado que había quedado prácticamente destruido al ser escenario principal de las dos llamadas «Guerras de Indochina» en el siglo XX. En poco más de treinta años pasó de ser un receptor de ayuda alimentaria a convertirse en un importante exportador de alimentos.

Este proceso de desarrollo económico ha sido el resultado de una clara voluntad política del liderazgo vietnamita en el camino de la reforma económica. En 1986, el 6º Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV) adoptó la decisión de impulsar un proceso de reformas. Conocido con el nombre de Đổi Mới (Renovación), el mismo no ha estado exento de problemas, pero ha sido abarcador y sistémico en su intención de reemplazar el modelo de economía centralmente dirigida, —predominante primero en el Norte y después en el país reunificado en 1976—, por un nuevo sistema que los propios dirigentes del país definen como una «economía de mercado con orientación socialista».

Las reformas económicas abarcaron tanto la agricultura como la industria, el comercio exterior y los sistemas monetario y financiero, introdujeron un mercado de capitales, abrieron las posibilidades para el funcionamiento de empresas privadas y han convertido a Vietnam en un país atractivo para la inversión extranjera directa.

En la última década, el producto interior bruto (PIB) de Vietnam tuvo un crecimiento promedio anual de 6,5%. El PIB per cápita a precios constantes de 2015, que era 532 dólares estadounidenses (USD) anuales en 1990, ascendió a 940 en 2000, a 1.648 en 2010 y a 2.604 en 2019 (UNCTAD, 2021). No obstante, en la actualidad se ubica en la mitad inferior del nivel de la región del Sudeste Asiático, superando a Lao, Camboya, Myanmar y Timor-Leste, pero por debajo de Singapur, Brunei, Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas.

De una balanza comercial deficitaria, el país ha pasado a una superavitaria y en la actualidad se ubica entre los  cincuenta primeros exportadores mundiales de bienes. Sus reservas monetarias internacionales han ido creciendo persistentemente, solo entre 2018 y 2019, se incrementaron de 55,8 mil millones de USD a 78,8 mil millones (ADB, 2021).

En el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Vietnam transitó de un nivel bajo —de 0,477— en 1990, a un nivel medio —de 0,655— en 2010 y a uno alto —de 0,704— en 2019. La esperanza de vida de la población, que era de 67,8 años en 1998, había aumentado a 75,4 años en 2019 (PNUD, 2020).

Una vista de la Ciudad Ho Chi Minh, la urbe más poblada del país.

Los dirigentes vietnamitas han demostrado pragmatismo a la hora de acometer las reformas económicas, sin embargo, a pesar de que en los documentos de los sucesivos congresos del PCV se insiste en la necesidad de profundizar en la «democracia socialista», poco se ha avanzado en este sentido.

En abril de 1990, un año antes del 7º Congreso del PCV, Tran Xuan Bach, en aquel entonces miembro del Buró Político del CC del PCV, fue expulsado tanto de ese órgano como del Comité Central por expresar libremente sus opiniones respecto a la necesidad de introducir reformas democráticas en el sistema de gobierno. De acuerdo con The New York Times (1 de abril de 1990), había sido destituido por «serias violaciones de los principios organizacionales y la disciplina del Partido». En diciembre del año anterior, en una entrevista en Radio Hanoi, había dicho que «mientras la economía iba mejorando, gracias a la reestructuración, la población demandaba mayor democracia y justicia social», y aunque no realizó propuestas concretas para establecer un sistema multipartidista, advirtió que las demandas de democratización en los entonces países socialistas de Europa Oriental, que también estallaron en China, podrían ocurrir en Vietnam. No sobrevinieron entonces porque, aunque han existido movimientos pro-democracia en el país, esto no ha llegado a constituir una crisis política de la magnitud acontecida en Europa Oriental o en China.

A partir del 6º Congreso del PCV en 1986, que dio inicio al Đổi Mới, y de la adopción de una nueva Constitución en 1992, se establecieron ciertas reglas para garantizar un estilo de dirección colectiva, evitar la concentración del poder en una sola persona y asegurar una renovación sistemática de los principales cargos en el Partido y el Estado. Se decidió que ningún dirigente que ocupara alguna de las principales responsabilidades del país permaneciera en sus cargos más allá de dos períodos consecutivos de cinco años, y que los principales cargos políticos estuvieran ocupados por personas diferentes, de tal manera que ninguna de ellas concentrara en sus manos, al mismo tiempo, las máximas responsabilidades del Partido y el Estado o el Gobierno.

Por otra parte, se establecieron límites de edad para el desempeño de las máximas responsabilidades políticas con el fin de evitar que una persona anciana, o con problemas de salud, asumiera cargos que luego no pudiera cumplir de manera efectiva. Así se mantuvo en los sucesivos congresos del PCV y en las distintas legislaturas de la Asamblea Nacional. De manera general, los equipos de dirección combinaban dirigentes procedentes del Norte con otros del Centro y del Sur, y se volvió una norma que el secretario general del PCV, el Presidente del Estado, el Primer Ministro y el presidente de la Asamblea Nacional, fueran personas diferentes. Sin embargo, esto ha comenzado a cambiar recientemente.

La falta de transparencia característica de países no democráticos, gobernados por un partido único, sin un debate político abierto y sin una prensa independiente, no permite identificar las distintas tendencias que, en opinión de diversos observadores, existen en cualquier organismo político. Esta es una de las herencias del llamado «centralismo democrático» que desde los tiempos de la Revolución Bolchevique se impuso como modelo. Es claro no obstante que a lo largo de estos años han existido en la dirección vietnamita conflictos entre tendencias que, si bien han tratado de equilibrarse en la composición de los órganos de dirección, al final condujeron, aparentemente, al reforzamiento de las tendencias conservadoras dentro del liderazgo.

En el 12º Congreso del PCV, celebrado en 2016, el secretario general, Nguyen Phu Trong logró imponerse sobre el entonces primer ministro Nguyen Tan Dung, de quien se decía que aspiraba a asumir la máxima dirección del Partido después de diez años como primer ministro y al que se le atribuía una línea política más aperturista frente a otra más conservadora ideológicamente, representada por el secretario general. En 2018, Nguyen Phu Trong fue elegido presidente del Estado, tras el fallecimiento del general Tran Dan Quai, y unió en su persona los máximos cargos del Partido y el Estado, por primera vez desde 1986.

El pasado 1 de febrero concluyó el 13º Congreso del PCV y se esperaba una renovación considerable del liderazgo, incluida la elección de un nuevo secretario general, toda vez que Phu Trong había terminado dos períodos en el cargo y además cumplirá 77 años en unos meses. Los observadores especializados en política de la nación asiática hicieron sus cábalas sobre los posibles sustitutos. A pesar de ello, Phu Trong fue reelegido para un tercer período, lo cual rompe con la tradición acordada y establece un nuevo precedente que podría modificar al sistema de «renovación ordenada y sistemática» característico del liderazgo vietnamita hasta ahora.

En 2018, Nguyen Phu Trong fue elegido presidente del Estado y unió en su persona los máximos cargos del Partido y el Estado, por primera vez desde 1986 (Foto: REUTERS/Kham/Pool)

Durante los últimos tiempos, en diversos espacios de la sociedad vietnamita se discute la necesidad de producir cambios políticos que se orienten hacia la democratización. La Asamblea Nacional introdujo, en 2001, una serie de decisiones que, si bien no liberalizaron el sistema político, sí mejoraron los procesos de rendición de cuentas. Se reforzaron sus poderes y se otorgó a la misma un mayor control sobre la gestión de los principales funcionarios del Estado, mediante el establecimiento de un «voto de confianza» al que fueron sometidos el presidente, vicepresidente, primer ministro, viceprimeros ministros, ministros, presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidentes. Sin embargo, resulta curioso que las alternativas con que cuentan los diputados son: de «alta confianza», «confianza media» y «baja confianza», pero no existe la opción de «no confianza», que podría significar la destitución del funcionario.

En 2011 comenzó un proceso de reforma constitucional que condujo a la elaboración de un nuevo proyecto. Este fue sometido a debate público y concluyó, el 28 de noviembre de 2013, con la adopción, por parte de la Asamblea Nacional, de una nueva Constitución, que no fue refrendada por el voto popular. En el proceso de consulta popular se  realizaron diversas propuestas para democratizar el sistema político del país, entre las que destacó la llamada Petición 72, que fue presentada por  esa misma cantidad de académicos, juristas e intelectuales reconocidos, quienes enviaron un documento a la Comisión Redactora de la Enmienda Constitucional, con propuestas tales como: 1) establecimiento de un sistema multipartidista, que eliminara la primacía del PCV; 2) garantías de respeto a los derechos humanos, en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas; 3) creación de un Comité Independiente de Derechos Humanos; 4) reconocimiento de la existencia de múltiples formas de propiedad sobre la tierra; 5) separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; 6) eliminación de la lealtad que las fuerzas armadas le deben al PCV y reemplazarla por la lealtad a la Patria y al Pueblo; 7) refrendar la Constitución mediante el voto popular (Bui Ngoc Son, 2013). Ninguna de estas propuestas fue aceptada.

La nueva Constitución reconoce, formalmente, los derechos políticos, cívicos, económicos, culturales y sociales, así como los derechos humanos; pero a renglón seguido aclara que estos pueden ser restringidos en circunstancias imperativas, «por razones de defensa nacional, seguridad, orden social, moralidad social y por la salud de la comunidad».

En el sistema vietnamita la población solo elige de forma directa a los diputados a la Asamblea Nacional por circunscripciones territoriales. Luego, estos son los que eligen al Presidente y al Vicepresidente del Estado, al presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional, y designan al Primer Ministro, viceprimeros ministros y ministros del gobierno. En las elecciones de 2016 se postularon más de cien candidatos independientes, no obstante, la Comisión Electoral invalidó a todos aquellos considerados opositores del PCV y solo permitió la presentación de once.

En Vietnam se mantiene un sistema político totalitario, controlado por el PCV y en el que existen una serie de organizaciones sociales que responden a su línea política y que junto a este hacen parte del llamado Frente de la Patria, que es la «coalición» que presenta las listas únicas oficialistas para la elección de la Asamblea Nacional. Hasta 1988 existieron otros dos partidos no comunistas en Vietnam, el Partido Democrático de Vietnam y el Partido Socialista, los cuales se incluían en el Frente de la Patria, pero fueron disueltos. En 2006 se creó una organización opositora denominada Partido Democrático, con una plataforma a favor de la democracia multipartidista.

Las reformas económicas han avanzado exitosamente, sin embargo, el desarrollo económico y el mayor bienestar material no han estado acompañados por una mayor democratización de la sociedad. Desde el punto de vista económico, el liderazgo vietnamita ha desmontado, en lo esencial, la mayor parte de los dogmas que tipifican a una economía socialista centralizada desde la Revolución Bolchevique de 1917. A pesar de ello, han sido reacios a aceptar la democratización de la sociedad, de forma que el PCV pierda el control social que ejerce sobre la misma, con el agravante de que el propio Partido carece de democracia en su vida interna.

Vietnam, Cuba y los arquitectos

Por todas estas razones, Vietnam hace parte del grupo de «regímenes autoritarios» en el Índice de Democracia 2020, que elabora The Economist Intelligence Unit. En dicho informe, quedó ubicado en la posición 137 entre 167 países. Este índice promedia calificaciones desde 0 hasta 10 en cinco aspectos tales como: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. De acuerdo con el referido índice, los regímenes autoritarios se caracterizan por ausencia de pluralismo político o fuertemente restringido; puede que existan instituciones típicas de sistemas democráticos pero carecen de «sustancia»; las elecciones, si existen, no son libres o confiables; se restringen las libertades civiles; los medios de prensa y divulgación se encuentran en manos del Estado o de grupos afines al gobierno; se censura y reprime la crítica al gobierno; y no existe un sistema judicial independiente (The Economist Intelligence Unit, 2020: 57).

Además del déficit democrático, la sociedad vietnamita enfrenta otra serie de problemas institucionales, entre los que destacan los altos niveles de corrupción, excesiva discrecionalidad en manos de las autoridades locales en la aprobación de proyectos de inversión, subsistencia de obstáculos para el desarrollo de los negocios, así como un escaso grado de libertad económica, debido al mantenimiento de diversos mecanismos de control gubernamental.

La corrupción se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los negocios. Entre 179 países, Vietnam ocupa el lugar 104 por el índice de percepción de la corrupción en 2020, que publica Transparencia Internacional, con una calificación de 36/100 (a mayor calificación, menor corrupción) lo que significa que el país tiene un alto nivel de corrupción. En la última década, su calificación ha oscilado entre 31 y 37 puntos (Transparency International, 2020).

En el Doing Business 2020, publicado por el Banco Mundial, ocupa la posición 70 entre 191 países. Los aspectos en los que el país se halla peor ubicado son: el inicio de los negocios, la resolución de la insolvencia y los impuestos; mientras que los que están mejor situados a nivel mundial (de los primeros 30) son: la facilidad crediticia, los permisos de construcción y el suministro de electricidad (Banco Mundial, 2020).

A pesar de los avances económicos, el país muestra un débil resultado en el índice de libertad económica, publicado por The Heritage Foundation, en cuyo último informe clasifica en el 105º lugar con una calificación de 58,8 puntos (de un máximo de 100). Se sitúa así en el grupo de países considerados «economías mayormente no libres», que solo supera a los que son denominados «economías reprimidas». En este último indicador, se incluyen: el Estado de derecho (derechos de propiedad, efectividad del sistema judicial e integridad del gobierno), la eficiencia regulatoria (libertad en los negocios, libertad en el mercado laboral, libertad del sistema monetario), el tamaño del gobierno (nivel impositivo, gastos del gobierno y salud fiscal) y la apertura de los mercados (apertura del comercio exterior, apertura de las inversiones y apertura financiera). De hecho, en el último año, la calificación de Vietnam ha bajado en aspectos tales como la eficiencia del sistema judicial, la integridad del gobierno, la libertad del mercado laboral y del sistema monetario, así como el nivel impositivo. En el ranking de la región asiática, Vietnam califica en el lugar 21 entre 42 países (The Heritage Foundation, 2020).

En resumen, Vietnam ha tenido un considerable éxito económico en las últimas tres décadas, pero esto no puede ocultar que la democratización de la sociedad, a partir de la creación de instituciones incluyentes que conduzcan al disfrute de las libertades civiles internacionalmente reconocidas, sigue siendo una tarea pendiente. La emancipación de la que hablaban los fundadores del socialismo marxista es aún, como en otros países, una entelequia carente de contenido real.

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Referencias: 

ADB (2021) Key Indicators for Asia and the Pacific. http://www.adb.org 

Bui Ngoc Son (2013). Petition 72: The Struggle for Constitutional Reforms in Vietnam, Int’l J. Const. L. Blog, Mar. 28, 2013, available at http://www.iconnectblog.com/2013/03/petition-72-the-struggle-for-constitutional-reforms-in-vietnam/

PNUD (2020) Human Development Report 2020. http://hdr.undp.org/en/2020-report

The Economist Intelligence Unit (2020). Democracy Index 2020. In sickness and in health?. http://www.eiu.com 

The Heritage Foundation (2020) 2020 Index of Economic Freedom. https://www.heritage.org/index/pdf/2020/book/index_2020.pdf 

The World Bank (2020) Doing Business 2020. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf

Transparency International (2020). Corruption Perception Index, 2020. https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/

UNCTAD (2021) UCTADStat. http://www.unctad.org 

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Carta Abierta al presidente Joseph R. Biden, Jr.

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Estados Unidos y el financiamiento a grupos políticos en Cuba

por Samuel Farber
escrito por Samuel Farber

El ataque al Capitolio de Washington el pasado 6 de enero puso en relieve la existencia de fuerzas importantes de la extrema derecha en los Estados Unidos, dispuestas a violar el orden constitucional norteamericano en aras de su racismo y su resentimiento antiinmigrante. Esta fue la razón fundamental por la que una amplia gama de instituciones e individuos normalmente adversos a la protesta política, se unieron en un rechazo tajante y público contra ese ataque.

Conforman una lista que incluye a la influyente representante conservadora Liz Cheney, quien ocupa el tercer lugar en el poder de la jerarquía republicana en la Cámara de Representantes, y que comparte la dura agenda imperialista y conservadora de su padre, el «gran halcón» Dick Cheney, el vicepresidente bajo George W. Bush que jugó un papel fundamental en la invasión y destrucción de Irak. También incluye a la muy poderosa y conservadora Asociación Nacional de Fabricantes (por sus siglas NAM, de National Association of Manufacturers), representante de las más importantes corporaciones industriales estadounidenses, que de manera pública y en términos claros y contundentes, responsabilizó a Donald Trump y lo repudió por incitar el ataque.

Tanto la NAM, como la Cheney y sus aliados son parte del coro que anteriormente había aplaudido a Trump, entre otras cosas, por haber reducido de forma significativa la carga de sus impuestos y eliminado, de un plumazo, reglamentos para proteger el medio ambiente, la seguridad laboral y el bienestar de los trabajadores y las minorías raciales.  Se unieron —repito— para defender el orden constitucional norteamericano. Pero no para defender la democracia.

Desde luego que el orden constitucional incluye elecciones y derechos democráticos importantes. Pero estas fuerzas conservadoras, ahora unidas en la defensa del orden constitucional, han usado y siguen usando a la Constitución para promover sus intereses políticos y económicos, no para defender y mucho menos para expandir los derechos democráticos a todos. De hecho, han sido parte de las fuerzas que han tratado de limitar esos derechos.

En las últimas décadas, y aún más durante estos últimos años, en los Estados Unidos se ha dado una lucha democrática para proteger el derecho al sufragio a medida que la composición racial y étnica del país se ha diversificado y, por lo tanto, tornado menos blanca. Como las elecciones en este país son generalmente administradas por los estados, los blancos conservadores que gobiernan en la mayoría de estos han recurrido a todo tipo de artimañas para obstaculizar el sufragio minoritario.

Estas medidas incluyen la reducción de lugares para votar, del número de urnas en los barrios pobres minoritarios y de los días y horas durante los cuales se puede ejercer el derecho al voto, así como las purgas de las listas electorales de ciudadanos que por algún motivo no ejercieron el voto en una o más elecciones, la negación del derecho al voto a ex presos, y muy especialmente lo que en los Estados Unidos llaman «gerrymandering». Este término se refiere a la práctica común de los políticos que controlan las legislaturas estatales de trazar las líneas limítrofes de los distritos electorales (tarea que solo en unos pocos estados se le asigna a una comisión independiente) con el fin de minimizar las posibilidades de la oposición –mayormente del Partido Demócrata–, en especial para disminuir el poder político de las minorías étnicas y raciales y de los liberales.

Es una práctica muy antigua que consiste en concentrar dentro del menor número posible de distritos electorales, a cierto tipo de grupos, como los afroamericanos y ciudadanos de origen latinoamericano, que tienden a votar por el Partido Demócrata. Esto resulta en un menor número de representantes electos por esos grupos, comparado con la mayor cantidad escogida por los blancos republicanos distribuidos en más distritos electorales. Por lo tanto, en un estado como Wisconsin, por ejemplo, los Demócratas tienen que obtener mucho más que la mayoría de los votos para también tener mayoría en la legislatura estatal.

La NAM jamás ha dicho ni hecho nada para defender los derechos democráticos de esas minorías. Y los Cheneys –padre e hija– han apoyado, junto con sus congéneres conservadores, todas esas prácticas antidemocráticas. Si a esta alianza para defender el orden constitucional no le interesa la defensa de la democracia dentro de los Estados Unidos, mucho menos le importa oponerse a los propósitos sistemáticamente injerencistas de la política exterior estadounidense, sea en Iraq, Afganistán, Yemen o en Latinoamérica.

El imperialismo norteamericano ha contado con el apoyo no sólo de la extrema derecha, sino también de una amplia gama de conservadores y de liberales. El caso de la guerra de Vietnam es muy ilustrativo. Muy pocos de los individuos del llamado «Establishment», tanto Republicanos como Demócratas –Lyndon Johnson, el presidente que más impulsó la guerra, era Demócrata–, se opusieron a la contienda hasta que ocurrieron dos cosas: 1) se hizo cada vez más evidente que era muy poco probable que los Estados Unidos venciera la resistencia vietnamita y ganara la guerra; y 2) el movimiento antibelicista, y contra el servicio militar obligatorio, de donde provenía el grueso de las tropas, creció rápidamente.

 Este movimiento, junto con el de los afroamericanos en pos de la igualdad racial, contribuyó a crear una situación interna insostenible. Fue solo entonces que los periódicos y estaciones de TV, principales medios de comunicación, junto con otras fuerzas del «Establishment», comenzaron a demandar el fin de la intervención armada norteamericana en Vietnam, que durante una época llegó a contar con más de medio millón de tropas.

Lo que le interesa a las corporaciones capitalistas representadas por la NAM y a las otras fuerzas del status quo norteamericano es la estabilidad que el orden constitucional le ha brindado al país por más de dos siglos, con algunas excepciones importantes como la Guerra Civil de los 1860s. La previsibilidad y la certidumbre son factores clave para la inversión capitalista, así como lo es la existencia de un sistema legal confiable e independiente de los gobernantes de turno para asegurar el cumplimiento de los contratos. Estas características del sistema son sagrados para el capital y sus partidarios. Es por eso que si por un lado, los capitalistas y norteamericanos ricos aprobaron y se beneficiaron de las políticas tributarias y reguladoras de Trump, por el otro lado le fueron retirando su confianza por su imprevisibilidad, sus amenazas al sistema electoral, la arbitrariedad de muchas de sus decisiones y su cercanía a los grupos de extrema derecha, que en su conjunto promovieron una creciente inseguridad e inestabilidad política en el país.

No en balde, 60% de las contribuciones monetarias del gran capital en las elecciones del 2020 fueron destinadas al apoyo a Biden y no a Trump. Es cierto que ha habido situaciones históricas de crisis, donde una buena parte del gran capital se ha desesperado y decidido apoyar a la extrema derecha, como fue el caso de la república alemana de Weimar a fines de los años veinte y principios de los treinta. Pero pese a los graves problemas económicos actuales, la situación existente en los Estados Unidos dista mucho de ser tan extrema como en el caso de Alemania durante la Gran Depresión y, por lo tanto, el gran capital al menos por ahora ni necesita ni quiere ese tipo de «solución» a sus problemas.

El 6 de enero y la sociedad civil

Como era de esperar, un gran número de organizaciones de la sociedad civil norteamericana condenaron categóricamente el ataque al Capitolio del 6 de enero, incluyendo la Unión Americana por las Libertades Civiles (por sus siglas ACLU, de American Civil Liberties Union), muchos sindicatos obreros y hasta la conservadora Legión Americana (American Legion), la organización más conocida de veteranos en los Estados Unidos. A ellas se unieron otro tipo de organizaciones, como Freedom House y la NED (National Endowment for Democracy) que dependen principalmente del gobierno norteamericano para sus finanzas. Estas organizaciones no son parte de la sociedad civil, un término que sólo incluye a quienes no están asociados con y son independientes del Estado.

Freedom House y la NED –que de hecho fue fundada en 1983 por una ley aprobada por el congreso–, son parte de una estrategia «suave» –«soft power»– que el gobierno norteamericano usa para proyectar su influencia en otros países, incluyendo su concepción de lo que es y debe ser la democracia, de la cual por lo menos implícitamente excluye cualquier noción socialista, antiimperialista y radical. La estrategia «suave» es por naturaleza de índole persuasiva y se concentra especialmente en los campos de la cultura y de la ideología.

Esa es su esfera de acción, a diferencia de la estrategia de «mano dura» de la CIA y de las fuerzas armadas norteamericanas, como en el caso de sus intervenciones en América Latina –el derrocamiento de los gobiernos democráticamente electos de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, y de Salvador Allende en Chile en 1973–. También fue el caso de Playa Girón en 1961, así como de los numerosos atentados terroristas llevados a cabo en suelo cubano durante varias décadas.

En el caso de Cuba, muchos de los apoyos de Washington para implementar estrategias de «mano dura» en la Isla han sido y siguen siendo transmitidos a una variedad de grupos e individuos a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana (Cuban American National Foundation). A lo largo de su historia, la Fundación ha seguido una política de apoyo a una gran diversidad de grupos que incluyen a muchos de índole terrorista.

Por supuesto, esta distinción entre la estrategia «suave» y la de «mano dura» se aplica también, mutatis mutandis, a las operaciones del gobierno cubano. Las estrategias de, por ejemplo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) son diferentes de las de la Seguridad del Estado, aunque ambas organizaciones estatales comparten el propósito de perpetuar el régimen antidemocrático imperante en la Isla.

La sociedad civil norteamericana y Cuba

Es de suma importancia distinguir las organizaciones como la NED y Freedom House, que son financiadas por el estado norteamericano, de las que no lo son y que, por lo tanto, pueden ser consideradas como legítimas de la sociedad civil norteamericana. Este es el caso de, por ejemplo, la Open Society Foundations dirigida y mayormente financiada por el multimillonario liberal George Soros, y del Human Rights Watch, la organización principal de derechos humanos en los Estados Unidos. Estas son independientes del estado norteamericano en cuanto a su financiamiento, su organización, y generalmente, su orientación política.

Esto no quiere decir que nunca coincidan con la política del estado norteamericano.  Pero el hecho de que hayan coincidido en varias ocasiones se debe mayormente, como se verá más adelante, a la ideología y política liberal –en el sentido norteamericano de la palabra– de ambas organizaciones, que por su naturaleza no son antiimperialistas, aunque en muchísimas ocasiones han criticado fuertemente la política exterior de los Estados Unidos.

Esto quiere decir que para los cubanos que son tanto demócratas como antiimperialistas, su posible colaboración con este tipo de organizaciones independientes norteamericanas, sean estas dos u otras, no involucra en sí una merma de su compromiso con la soberanía y autodeterminación de la nación cubana. Sin embargo, es muy probable que surjan diferencias políticas que afecten negativamente la posiblecolaboración.

Por ejemplo, en mi libro Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, critico a la organización Human Rights Watch por la propuesta en su reporte anual de 2009, de aflojar o eliminar el bloqueo económico a Cuba a condición de que el gobierno Cubano adopte medidas liberalizadoras y de democratización en la Isla. Como una medida concreta para promover ese acuerdo, el Human Rights Watchpropuso al gobierno norteamericano que, antes de suavizar el bloqueo a Cuba, obtuviera el compromiso de la Unión Europea, Canadá y sus aliados latinoamericanos para que colectivamente presionaran al gobierno cubano para que liberara inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos.

El problema en este caso no es que uno esté opuesto a la liberación de los presos políticos en Cuba ni a la democratización del país. Todo lo contrario. El problema es que la «política de trueque» del Human Rights Watch presupone que los Estados Unidos tiene el derecho legal y moral de imponer condiciones para flexibilizar y eliminar un bloqueo que es ilegal e inmoral en sí mismo. La lógica de ese «trueque» también implica que el bloqueo estadounidense existe porque el sistema político cubano es antidemocrático, lo que es una mala broma cuando consideramos la larga historia de apoyo político, militar y económico que los Estados Unidos le ha brindado a las más sangrientas dictaduras pro-capitalistas.

Por otra parte, esa lógica de «trueque» perversamente justifica la posición de los que apoyan al gobierno cubano cuando reclaman que la abolición de la represión interna en Cuba depende de la eliminación del bloqueo estadounidense. Esta posición asume que el unipartidismo cubano al estilo de la URSS existe como resultado del bloqueo norteamericano. O sea, que los líderes revolucionarios cubanos eran una especie de tabula rasa ideológica y política que adoptaron su punto de vista simplemente como reacción a la postura agresiva de los Estados Unidos, y que no tenían preferencias e ideologías, incluyendo convicciones respecto a los sistemas políticos y económicos que consideraban deseables.

El problema arriba descrito con el Human Rights Watch solo indica que una colaboración con cualquier organización independiente de la sociedad civil estadounidense dependerá de la naturaleza política de proyectos concretos relacionados con Cuba. Será cuestión de averiguar con cuales de esas organizaciones esa colaboración será o no, sin mermar el programa e integridad política de las organizaciones cubanas involucradas en dicho proyecto. Por ejemplo, hace unos años la organización Open Society le prestó ayudaa los socialdemócratas católicos cubanos asociados con la publicación Cuba Posible. Esta publicación trató de mantener una política crítica, pero no abiertamente contraria y así jugar un papel de «oposición leal» al régimen cubano. No sabemos si la Open Society –o cualquier otra organización independiente de la sociedad civil norteamericana– estaría dispuesta a apoyar también a una organización abiertamente opositora, con una política decididamente democrática, a favor de los derechos humanos, y, al mismo tiempo izquierdista, antiimperialista y opuesta al restablecimiento del capitalismo en Cuba.

En todo caso, sin embargo, hay que tener presente que el apoyo material de la sociedad civil de los Estados Unidos y de otros países es una solución a corto plazo. A largo plazo es necesario organizar a los cubanos progresistas en el exterior para que provean ayuda a los que dentro de la Isla luchan por una democracia auténticamente emancipadora, de la misma manera que José Martí lo hizo con los tabaqueros de la Florida en la década de los 1890s.

La orientación política de este escrito de ninguna manera implica intento alguno de apaciguar al Estado cubano ni lo que dice a través de la prensa oficial. Por supuesto, esa prensa va a atacar despiadadamente a cualquier oposición, con independencia de sus posiciones políticas específicas y, como bien sabemos, utilizará la mentira cuantas veces le parezca necesario. Pero no es lo que piensa y dice el gobierno, sino lo que piensa el pueblo cubano lo que debe ser el centro de nuestra atención. Por eso es imprescindible presentarse ante ese pueblo como una voz independiente, sin compromisos o contubernios con potencias extranjeras, y comprometida con la independencia y soberanía nacional.

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Súmese a la iniciativa del Consejo Editorial de La Joven Cuba y firme la Carta Abierta al presidente de Estados Unidos solicitando el fin de las sanciones contra Cuba.

Carta Abierta al presidente Joseph R. Biden, Jr.

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El síndrome del perro del hortelano

por Alexei Padilla Herrera
escrito por Alexei Padilla Herrera

Hace unos días, el jurista y profesor universitario Julio Antonio Fernández Estrada tuvo a bien invitarme a la primera mesa de debate coordinada por Articulación Plebeya. El tema a debatir abordaría las formas y los retos para un diálogo en Cuba, no entendido únicamente como encuentros, formales o no, entre instituciones estatales y sus públicos con el fin de analizar determinadas demandas; sino también como el intercambio respetuoso, pacífico, honesto y constructivo entre diferentes actores que hacen parte de una sociedad civil mucho más diversa, plural y conflictiva.

Compartir el espacio con los investigadores Ailynn Torres Santana y Carlos Alzugaray, con el educador popular Ariel Dacal, el dramaturgo Yunior García Aguilera y la artista visual Camila Lobón, fue una experiencia gratificante y enriquecedora. Aunque en Brasil he participado en diversos debates académicos y políticos con colegas que defienden diferentes visiones del mundo y militan en disímiles causas, por primera vez tuve la oportunidad de ser parte de algo parecido en Cuba.

Aceptamos la convocatoria de Articulación Plebeya sensibilizados unos y afectados otros por la escalada de violencia simbólica y física, así como por la puesta en práctica de diferentes formas de asedio contra artistas e intelectuales. Todo eso frente a la actitud de un Estado que, en lugar de dar pasos para resolver conflictos que no son insalvables, contribuye a agudizarlos.

Transmitida a través del perfil de Articulación Plebeya en Facebook, la Mesa fue una suerte de ensayo —práctica de laboratorio— de lo posible. Un experimento en el que los actores convocados expusieron sus argumentos sin ofensas, zancadillas, descalificaciones ni unanimidades. No estuvimos allí para discutir sobre ideologías y teoría democrática, sino para defender la importancia y necesidad del diálogo y de la formación de una cultura cívica y democrática en la sociedad cubana.

La transmisión no estuvo exenta de tropiezos. A duras penas Yunior García y Camila Lobón pudieron contar sus experiencias como integrantes del 27N, el colectivo de artistas e intelectuales que, a fines de noviembre de 2020, justo después del operativo policial contra la sede del Movimiento San Isidro, se reunió espontáneamente frente a la sede del Ministerio de Cultura, no para tomarlo violentamente sino para exigir la apertura de un proceso de diálogo con las autoridades culturales de la Isla. Tal vez por azar o de forma deliberada, los móviles de Yunior y Camila dejaron de conectarse a la red de datos móviles. El dramaturgo pudo acceder por medio de otro teléfono, pero la artista visual debió enviar un audio de su intervención.

Durante la emisión, junto a los comentarios, preguntas, demostraciones de solidaridad y críticas fundadas; no faltaron los esperados mensajes de odio, las amenazas veladas y descalificaciones, especialmente dirigidas a Yunior, Camila y Julio Antonio Fernández Estrada, nuestro moderador. Horas después, Alexis Triana, funcionario del Mincult, compartió un regalo que agradezco: un meme para ridiculizarme. Por su parte, el domingo 14 de febrero, Granma publicó un escrito con acusaciones sin fundamento y repleto, eso sí, de lugares comunes y frases hechas. Su mensaje se reduce, en esencia, a afirmar que todo diálogo al margen de la institucionalidad es una actividad contrarrevolucionaria y que todos los que disienten son mercenarios.

El gran número de mensajes recibidos, el poco tiempo del que disponíamos para intervenir y los imprevistos que se presentaron durante la directa, no permitieron una mayor interacción con los internautas. No se censuró a nadie ni se borró ningún comentario, y al final de la Mesa, la profesora Ailynn Torres respondió cinco preguntas enviadas por una usuaria.

En la primera de mis dos intervenciones, me referí a los habituales juicios mediáticos contra opositores, artistas e intelectuales críticos. Expresé que si bien no se trataba de un fenómeno exclusivo de Cuba, la discusión acerca de la naturaleza ética y la legalidad de los juicios paralelos o mediáticos no se limita al derecho de los medios estatales —y del Estado mismo— a la libertad de expresión, de prensa y a divulgar información de interés público, sino que incluye igualmente un juicio justo a los supuestos infractores de las normas de convivencia social apreciadas por los detentores del poder real, que debe respetar derechos como: la presunción de inocencia, el derecho al honor, a la intimidad, la privacidad y el derecho a la réplica.

Afirmé además, que allí donde existen, el objetivo de los juicios mediáticos no es otro que influenciar y predisponer a la opinión pública a favor o en contra de los imputados, sin esperar las decisiones de los órganos encargados de impartir justicia. Tales prácticas minan la credibilidad de un sistema de justicia que, en el caso de Cuba y hasta donde sabemos, no ha procesado ninguna de esas denuncias por motivos tampoco explicados.

Antes del cierre de la Mesa de debate, expresé que un régimen político que no reconozca el pluralismo político, desmerezca el diálogo y criminalice el disenso, no puede presentarse como una democracia. Por «democracia sin apellidos», sin etiquetas, me referí no a una democracia desideologizada, sino a la necesidad de corroborar empíricamente, a partir de indicadores bien definidos, el carácter democrático o no de un determinado régimen político.

Al instante, la frase «democracia sin apellidos», provocó comentarios oportunos de los colegas Ailynn Torres e Hiram Hernández, al tiempo que, sacada de contexto, dio combustible para turbinar la reacción airada de quienes con frecuencia alternan su rol de presuntos defensores de las causas más nobles de la humanidad en sus columnas de la prensa oficial, con el de haters, manipuladores, falseadores de discursos ajenos y apologistas del estalinismo neoliberal. En pocas palabras, de los ejecutores —desde la seguridad que ofrecen las redes sociales y el aval estatal—, del trabajo sucio que figuras de mayor abolengo intelectual, burocrático o partidista no pueden realizar para no faltar al decoro que sus cargos exigen.

Nosotros, que también tenemos decoro y sentido cívico, no nos dejaremos llevar al estercolero al que no pertenecemos y en el que habita la hornada que redujo el simbolismo de la Revolución cubana a dos expresiones bien yanquis: sexy y cool, sin que los cancerberos ideológicos allí presentes se inmutasen. La banalización de la propia Revolución que dicen defender es otro de los recursos de lucha.

En otro momento comenté, que en países como China y Vietnam, la legitimidad del modelo social no dependía de la naturaleza del régimen político establecido, sino de los niveles de desarrollo y prosperidad individual y social alcanzados en los últimos treinta años, y que por tanto, las autoridades cubanas tenían dos problemas muy serios. Uno político, dadas las prácticas que delatan los déficits democráticos de un modelo que se presenta, o es presentado, como la superación en todos los sentidos del modelo de democracia adoptado por la mayoría de los países occidentales. Otro económico, a tenor de las dificultades que obstaculizan —bloqueo incluido— la concreción del «socialismo próspero y sostenible» del que, por cierto, hoy poco se habla.

Durante la mesa, Carlos Alzugaray atribuyó la falta de una cultura del diálogo a dos factores fundamentales: la política agresiva de los Estados Unidos contra Cuba, bloqueo incluido, y una serie de errores internos que van desde lo económico hasta lo político. Aunque nunca he negado la materialidad de los factores mencionados por el doctor Alzugaray, nuestra principal divergencia radica en el peso otorgado a cada uno de ellos.

La expresión  que se atribuye a Ignacio de Loyola, según la cual en una fortaleza sitiada cualquier disidencia era traición, aplicada al caso cubano, sostiene que el estado de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, determina a su vez el clima de las relaciones Estado-sociedad civil en la Isla. Sin embargo, la ponderación del bloqueo y del historial de agresiones y planes de cambio de régimen ejecutadas o patrocinadas por Washington, tiende a negar las características inherentes a un proyecto social que tuvo como principal referente, sobre todo a partir de la década del setenta del siglo pasado, al fracasado modelo soviético.

Dicho modelo, desde la guerra civil, pasando por el posterior ascenso de Stalin y hasta la Perestroika de Mijaíl Gorbachov, se caracterizó precisamente por la ampliación de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, la industrialización acelerada —con alto costo en vidas— y grandes hazañas científicas y tecnológicas; pero supeditó la ampliación de los derechos políticos y civiles a la obtención de la victoria sobre el capitalismo y al posterior establecimiento de una sociedad comunista. Fue un Estado que asumió una interpretación del marxismo que consideraba burguesas, y por tanto prescindibles, nociones como estado de derecho, y que subordinó los derechos y libertades de los individuos a los objetivos políticos del partido único.

Así las cosas, si un pecado han de purgar los fundadores y dirigentes de los antiguos regímenes socialistas de Estado, es que en ninguno floreció la democracia política. Al respecto, el filósofo político V. P. Mezhuev consideró que «para un país situado en la periferia, es difícil combinar modernización con democracia y libertad». El socialismo soviético, aseguró por su parte el filósofo y escritor ruso Nikolai Berdiaev, fue realmente «un “capitalismo a la rusa”: capitalista en su contenido tecnológico y anticapitalista en la forma». O sea, capitalismo en la práctica y socialismo en el discurso.

Socialismo con características chinas es tal vez uno de los pocos eufemismos que podemos achacarle a los dirigentes del país que, en menos de tres décadas, se convirtió en la segunda economía del planeta y hoy le disputa la hegemonía económica y política a los Estados Unidos. El Partido Comunista de China, como apuntó Moshe Lewin, combinó la modernización por medio de la economía de mercado sin que hasta hoy renunciara a su sistema político antidemocrático. Reitero, sin ambages y sin venderse como un modelo de democracia verdadera.

 En Cuba, donde desde 1991 la prioridad del Estado y de la sociedad no es más la consecución del comunismo —si bien de forma simbólica se mantiene en la Constitución—, sino la preservación de los derechos sociales y económicos adquiridos después del triunfo de la Revolución; ha quedado muy claro que la restricción de derechos políticos y civiles a todos los ciudadanos, en especial, a aquellos que divergen de los postulados y prácticas defendidos por el Partido Comunista, como en la URSS, responde a una cuestión muy pragmática: la preservación del Estado y del poder del grupo, casta o clase que lo dirige.

A los elementos mencionados por Carlos Alzugaray —errores internos y asedio externo—, yo agregaría dos más: la cultura política dominante en nuestra sociedad y los efectos de la crisis económica que nos agobia desde que tengo uso de razón, potenciada ahora por la actual situación sanitaria derivada de la pandemia.

Sobre la cultura política del pueblo cubano, la investigadora Velia Bobes explica que fue resultado de un largo proceso de formación que se inició en el siglo XIX y no ha concluido. Dicha autora, también cubana, afirma que la tolerancia, el diálogo, la negociación, la solución de conflictos y la moderación no son valores fundamentales de nuestra cultura política desde antes del triunfo de la Revolución de 1959.

La práctica política insular sigue la lógica schmidtiana de amigo-enemigo, que se complementa en esta expresión, muy popular en América Latina: «Para mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley». No he consultado estudios comparativos sobre el nivel y características de la cultura política de las y los cubanos en diferentes períodos históricos, pero me arriesgo a afirmar que una de las diferencias principales es la incompatibilidad de la cultura política realmente existente con los valores, principios y normas que constituyen las bases de un régimen político democrático.

Por ejemplo, violencia, intolerancia e irrespeto al Estado de derecho, son incompatibles con principios presentes en las Constituciones cubanas de 1901 y 1940. En pocas palabras, la práctica estaba divorciada del deber ser, de la norma.

A partir de enero de 1959, los enfrentamientos clasistas e ideológicos que todo proceso revolucionario provoca, y la posterior adopción del modelo y marxismo soviéticos, mantuvieron, radicalizaron y legitimaron la intolerancia, el enfrentamiento, la violencia simbólica y física, y la falta de moderación como parte de nuestra cultura política. Aclaro que ellos son patrimonio de la mayoría de los ciudadanos cubanos, independientemente de su credo político, origen social, lugar de residencia y posicionamiento en relación al modelo social vigente en Cuba.

La intolerancia, la violencia, la intransigencia y la poca ponderación son males que lastran la normalización de relaciones entre los integrantes de la nación cubana. Tan es así, que en la primera emisión de la Mesa de debate, personas que hablaron en representación de sí mismas, que no presentaron ningún programa político, no hicieron promesas, no llamaron a la insurrección o a una nueva constituyente, ni ofrecieron soluciones salomónicas para resolver de una vez los problemas de Cuba; fueron tildadas de «demagogas» y «secuestradoras de la voz de la sociedad cubana».

La burocracia estatal y partidista está consciente de que el deterioro de las condiciones de vida del pueblo puede ser fuente de inestabilidad social, y perjudicada ella misma por la crisis que nos azota, se vio obligada a implementar medidas económicas postergadas por varios años y que se vuelven más impopulares de lo que ya eran debido a la actual coyuntura.

En momentos en que hasta actores de la izquierda crítica han denunciado el matiz neoliberal de algunas de las medidas del llamado «ordenamiento monetario», también presente en los discursos de algunos dirigentes llamados a defender y explicar la medidas; la maquinaria represiva se ha vuelto más agresiva y ya no distingue la derecha de la izquierda: todos son «enemigos», «mercenarios», «apátridas», «golpistas».

Es curioso que los mismos portavoces oficiosos —voluntarios y a sueldo—, que hace unos años dedicaron semanas enteras a calificar de centristas y neoliberales a economistas prestigiosos como Mauricio de Miranda, Pedro Monreal, Pável Vidal y Omar Everleny Pérez, parezcan hoy más preocupados en contener y denostar las iniciativas de los artistas e intelectuales impertinentes que en rechazar, por ejemplo, la eliminación, de un plumazo, del pago por antigüedad a los trabajadores del sistema de educación general.

Las descalificaciones recibidas en el perfil de Articulación Plebeya, los memes y posts que desde la semana pasada pululan en los muros de los defensores de la fe y comparsa, son de una agresividad equivalente a la del período brezhneviano, cuyo correlato cubano Ambrosio Fornet denominara el Quinquenio Gris, pero se inspiran en la idea estalinista de imponer el orden por medio de la violencia y el miedo.

A sabiendas o no, estos reclutas abrazan las enseñanzas de Steve Banon y acuden a discursos de odio, racistas, machistas y clasistas. En tal sentido, desconocen el valor, los derechos y la legitimidad del criterio ajeno a partir del discurso populista y fascista del «nosotros el pueblo» contra «ellos los no personas», alegato que apela al ninguneo, que manipula, miente y cuando no hay más recurso se victimiza, que es otra forma de mentir.

Los voceros oficiosos de la burocracia padecen el síndrome del perro del hortelano: no dialogan —dicen—, ni dejan dialogar. Nuevas Mesas de debate serán convocadas por Articulación Plebeya para disgusto de los autócratas criollos, sus fieles escuderos y los mercenarios/arribistas de signo inverso. Los émulos cubanos de la derecha iliberal, que seguirán travestidos de socialistas, habrán de acostumbrarse a la idea de que los que no nos conformamos con una Cuba cool y sexy, seguiremos defendiendo la importancia y la necesidad del diálogo.

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Súmese a la iniciativa del Consejo Editorial de La Joven Cuba y firme la Carta Abierta al presidente de Estados Unidos solicitando el fin de las sanciones contra Cuba.

Carta Abierta al presidente Joseph R. Biden, Jr.

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El ordenamiento de la resistencia

por Karla R. Albert
escrito por Karla R. Albert

Pasado el mediodía del lunes 4 de enero, Ernesto Sangüinety, inquieto, miraba a su anciana madre, Mercedes Ruíz, dar vueltas por la sala de su deteriorada casa de Maloja, entre San Nicolás y Manrique, en la barriada centrohabanera de Los Sitios. Ella, nerviosa, se disparaba a la garganta el salbutamol con el que combate el asma que la ha agobiado toda la vida.

Los pozuelos vacíos sobre la mesa del comedor eran los culpables de la ansiedad de la señora y su hijo. Ese lunes tampoco tuvo suerte Mercedes en el mercadito comunitario Águila de oro. Sus reclamos del día anterior, y del anterior a ese, no surtieron efecto alguno.

Considerado un núcleo económicamente vulnerable y comprendidos en la categoría de «casos sociales», Ernesto y Mercedes forman parte desde hace años del Sistema de Atención a la Familia (SAF); medio que garantiza el servicio de alimentación a aquellas personas protegidas por la Seguridad Social en el país.

Sin embargo, desde el primer día del año en curso, esta familia de dos lleva haciéndose a la idea de renunciar a la certeza del alimento diario.

A finales de los noventa, Mercedes dejó de trabajar. Los últimos años de vida de sus padres la alejaron definitivamente del mundo laboral, por lo que no pudo jubilarse. Es asmática severa y necesita medicación permanente para su problema crónico de nervios.

Su hijo de 49 años, Ernesto, también depende de medicamentos para tratar su depresión y otros problemas nerviosos. Por orden facultativa, jamás podrá ejercer laboralmente de nuevo después de que hace casi diez años dejara de hacerlo como informático en una compañía canadiense.

Anteriormente, la compleja situación de estas personas era «aliviada» por la Seguridad Social con casi cuatrocientos pesos entre los dos. Ahora, en virtud del ordenamiento monetario, sus ingresos mensuales ascienden a dos mil pesos –mil por cada uno–, cinco veces más que antes. Sin embargo, esa suma se queda muy por debajo de la pensión mínima de 1260 pesos, que malamente alcanza para costear la canasta de bienes y servicios de referencia.

Esta familia cubana, como otras muchas, sucumbe ante lo que Reinaldo García Zapata, Gobernador de La Habana, ha calificado como un «proceso ineludible y necesario para la economía», que ha llegado «para hacer feliz al pueblo, no para causarle problemas».

***

La Tarea Ordenamiento (TO) ha supuesto uno de los procesos económicos más complejos de las últimas décadas en Cuba. Entre los componentes de la dimensión social de la estrategia se encuentran la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas y una modificación en la distribución de los ingresos. Estas transformaciones, junto al aumento salarial y de pensiones y el alza de precios a bienes subsidiados, ratifican la máxima del Estado de que «es mejor subsidiar personas que productos».

Para el economista Joaquín Benavides –quien además ocupó, entre otros altos cargos de gobierno, la cartera de Ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 1980 y 1986– este proceder «es beneficioso para las personas vulnerables económicamente y también para el Estado. El principal error de subsidiar a través de la libreta de abastecimiento fue auxiliar a toda la población, al que lo necesitaba y al que no. Subsidiando personas se puede llegar a personalizar el subsidio, según las necesidades más urgentes del sector vulnerable. De no hacerlo así, además de no incentivar al trabajo, se desvían fondos del presupuesto del Estado que pueden ser empleados en otros gastos sociales».

Sobre esta base, la TO supone que el aumento del monto de las pensiones compensará al incremento de precios por la inflación a causa de la unificación monetaria. Sin embargo, de acuerdo al catedrático Carmelo Mesa-Lago, Profesor Emérito de la Universidad de Pittsburg y una reconocida autoridad mundial en la materia, es casi imposible que esto suceda porque el valor de las pensiones entre 1989 y 2018 descendió a la mitad ajustado a la inflación. Si eso ocurrió aún con menores condiciones –después de la crisis de los noventa–, es dudoso que se pueda hacer ahora.

Aunque no existen cifras oficiales sobre pobreza en el país, una encuesta referenciada en el texto Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad: Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana, de la socióloga cubana Mayra Espina, indicó que entre 1988 y 2002 el índice de pobreza en la capital aumentó del 6% al 20%, con altas probabilidades de ser esta cifra mayor en el resto de las provincias. Se estima que ese valor ha crecido en el último decenio a causa de la caída del salario medio estatal y su insuficiencia para cubrir las necesidades básicas de la población, las reformas estructurales sin resultados tangibles, y el inevitable deterioro de la economía del país –agravado aún más en el último año por los efectos colaterales del coronavirus y la situación internacional.

Los jubilados y pensionados se encuentran entre los grupos más pobres de la población. Su situación ha demostrado que no pueden subsistir solo con el auxilio del Estado, razón por la cual aún con edades avanzadas y padecimientos de salud muchos han tenido que volver a trabajar como cuentapropistas (vendedores callejeros) para mantenerse, sobre todo aquellos que carecen de familiares que los ayuden.

Con estos precedentes, el pronóstico para los primeros meses del 2021 no era prometedor y las contradicciones aparecieron temprano a través de las redes sociales. Facebook fue la plataforma escogida para exponer el descontento generalizado del país en torno a la situación de los más débiles. El causante de tal inconformidad fue el aumento de precios en los comedores SAF, debido a la eliminación del subsidio del sistema.

«No tienen Facebook. Exige por ellos», dice el llamado de atención que se viralizó. El reclamo, multiplicado también en estados de WhatsApp, salió en defensa de las 76 810 personas que en Cuba resultan beneficiadas por las 1445 unidades SAF habilitadas. Del total de consumidores, 12 018 son subsidiados por la asistencia social.

Mercedes Ruíz (Foto: Lester Chang)

 Muchos de ellos, como Mercedes y su hijo Ernesto, han tenido que prescindir del servicio de alimentación porque la mayoría de sus pensiones, que quedan por debajo de la mínima, simplemente no alcanzan para pagar todo lo que deben con el aumento general de los precios. Según la denuncia en línea, el costo de los servicios de esos centros había pasado de ser de dos pesos a veintiséis.

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Reiteradas visitas al mercado comunitario Águila de oro, emplazado en la barriada de Los Sitios, permitieron conocer que con un total de 113 compradores diarios, este centro capitalino reunía al 20% de los beneficiados por el SAF en el municipio Centro Habana. Solo en las primeras semanas del 2021, el establecimiento sufrió las bajas de 58 comensales.

La dependienta del local, Elianys López, contó que desde la implementación de las nuevas tarifas el primero de enero, ella y el cocinero reciben a diario sonantes quejas de los adultos mayores y, no pocas veces, el llanto de aquellos que ya no pueden permitirse comprar los alimentos.

Pero, a decir verdad, los habituales del Águila de oro han corrido con más suerte que los clientes de otros mercados comunitarios, pues los precios del establecimiento centrohabanero jamás han rozado la criticada cifra del reclamo en Facebook. Eso sí, los costos diarios menores de dieciséis pesos no se deben a un espíritu benefactor de la administración.

Como una especie de puñal de doble filo, las «bajas» tarifas de este comedor SAF se deben a la inexistencia de hortalizas, viandas, pan y postre en sus ofertas, aun cuando el sitio oficial del Ministerio de Comercio Interior deje claro que «las viandas, frutas y vegetales se garantizan en coordinación con la agricultura a través de las diferentes formas productivas; y se distribuyen de forma balanceada, de manera que el aporte nutricional cubra la necesidad de 1200 kilocalorías (kcal), de las proteínas, grasas y carbohidratos necesarios en las dos ingestas diarias (almuerzo y comida)».

Al respecto, el coordinador de Objetivos y Programas de Alimentos del Gobierno de Centro Habana, Julio Cruz, explicó que «esos productos casi nunca llegan al municipio y como no tenemos manera de producir desde la base, solo podemos garantizar 627 kcal diarias para nuestros comensales».

La Organización Mundial de la Salud califica de peligrosas las dietas por debajo de 1200 kcal, al ser deficientes en algunos nutrientes vitales para el correcto desarrollo del organismo.

Cruz también señaló que, ante la ola de bajas del sistema, el municipio se comprometió a que el importe diario nunca fuera mayor a 18 CUP, lo que mensualmente representaría un importe total de 540 pesos, una cantidad permisible con respecto a la pensión mínima.

Entre los que pagarán esta suma a fin de mes se encuentra el anciano Agustín Blanco, vecino del Consejo Popular Los Sitios. En su nombre habló Carlos Gallardo, amigo y mensajero desde hace varios años, el cual no dudó en mostrar su descontento por la «irrespetuosa» situación. «Desde que empezó el año llevan sirviendo frijoles negros, arroz y croqueta. Cuando no es croqueta, es revoltillo. No es posible que cobren tanto por esa comida, que es bien poca y bien mala», dijo Gallardo.

Lo mismo piensa la dependienta Elianys, quien con tono avergonzado reconoce que tienen razón los que protestan. «Aquí todo sigue igual, la misma comida mala, sin condimentos porque no nos dan, la misma cantidad de gramos insuficientes por persona. No se puede decir que el aumento del precio esté justificado por aumento de la calidad».

Tablilla del Águila de oro (Foto: Karla R. Albert)

Muy a su pesar, Carlos Gallardo explicó también que su vecino no puede prescindir de este servicio, dado que está completamente solo, viejo y enfermo. Lamenta al pensar que «no se va a poder fumar su cigarrito, ni comprarse la tacita de café de por las tardes, ahora todos los quilos de la pensión son para la comida y los medicamentos».

Desde el primero de enero, Agustín pasó a cobrar 1200 pesos por la Seguridad Social. Según las cuentas de su cuidador, solamente en el SAF gastará 540 y para la compra de la canasta familiar normada, otros 180. Menos de la mitad de la pensión –480 pesos– deberá bastar para satisfacer el resto de las necesidades de este anciano que necesita garantizar también los medicamentos para tratar su epilepsia, hipertensión y diabetes.

En una situación parecida se encuentra Ramón Gutiérrez, vecino de la zona, quien también padece de hipertensión y hace poco más de un año sufrió una isquemia. Sin embargo, este anciano de 78 años no esperó a ver el aumento de los precios en el Águila de oro y desde finales del 2020 se sumó a los más de quinientos comensales que el Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba atiende diariamente.

Ramón aseguró que el servicio de esta iniciativa es superior al del SAF. «La calidad es óptima, dan buena cantidad de comida con gran variedad en el menú y todo eso de forma gratuita, sin malos tratos». Lo mismo afirmó Luisa Reina, de 76 años residente en el municipio San Miguel, quien vende jabas desechables en Centro Habana para vivir.

Aunque resulta gratificante que todavía existan sitios como Quisicuaba, en los que el alimento diario de las personas necesitadas no suponga una gratuidad indebida, es imposible concebir como agradable un escenario en el que cientos de adultos mayores, indigentes y discapacitados, hagan fila desde las 10:00 de la mañana en espera de una ración de comida.

La fila para recibir el almuerzo en las afueras del Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba (Foto: Amalia Echemendía)

***

Las tendencias demográficas muestran a un país envejecido. En la actualidad, los ciudadanos de 60 años en adelante representan un 21.3% de la población total.

El municipio Centro Habana, a pesar de ser el más pequeño de la capital, es el más densamente poblado con casi 45 mil habitantes por km². En cuanto a los grupos etarios, la población adulta resulta mayoritaria, siendo uno de los municipios más envejecidos del país, con más de 32 mil adultos mayores.

En entrevista telefónica, Isora Montoro, funcionaria a cargo de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, informó que en las dos primeras semanas del año, «debido a las insatisfacciones por el incremento de las tarifas de los SAF, recibimos decenas de quejas diarias y solicitudes de baja del sistema, las cuales intentamos retrasar porque esperábamos de todo corazón una respuesta a nivel gubernamental».

Sobre otra arista de esta situación, Alfredo Lugo, trabajador social del municipio, señaló el peligro que supone la reunión de ancianos en las afueras de la entidad. «Se están formando tremendas colas en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social de Centro Habana, y eso es un riesgo. Imagina esos viejitos, con la Covid andando, y esa aglomeración de gente. Ahí está fallando un factor esencial que es el servicio de asistencia social a domicilio».

En la actualidad, laboran en el país 5515 asistentes en beneficio de 8328 necesitados. De acuerdo con el coordinador Julio Cruz, en Centro Habana están activos alrededor de 45 trabajadores, los cuales son los encargados de recoger las inseguridades del sector más vulnerable referidas a las modificaciones desplegadas con la TO.

Según Lugo, el fallo de este servicio a domicilio justificó la peligrosa concentración de ancianos en las afueras de la entidad municipal por casi un mes. Tan grande fue el número de personas con quejas, que las autoridades de Los Sitios se vieron obligadas a designar un espacio extra, en la plaza de Rayo y Dragones, donde hasta el pasado 15 de enero se recibieron quejas de todo tipo y solicitudes de empleo.

En este lugar se concentraron mayormente personas en busca de trabajo. Universitarios, obreros calificados y desocupados de todas las edades, mostraron su urgencia por integrarse al sector estatal. Urgencia que se traduce, hasta el momento, en más de 48 mil ofertas de empleo en el país –con mayor demanda en el sector industrial–, con la contratación efectiva de aproximadamente 13 mil. Una buena noticia.

Sin embargo, el día 11 de enero, la atención de toda la cola fue acaparada por la imperturbable calma que le imprimía a sus desdichas una señora con bastón. Celeste Pera, asistenciada de 77 años, dijo venir solo a buscar el carnet de impedimento físico para poder realizar sus colas. Con una extraña sonrisa en los labios, contó: «Te tiene que faltar la mitad del cuerpo para que te atiendan. Mira que en la televisión se ha hablado de los asistentes sociales que van a las casas de los asistenciados, pero a mi casa no va la trabajadora social desde que empezó la pandemia. ¡Ya ni me acuerdo de cómo es, fíjate tú!».

«A mí me dieron 1200 pesos y lo que me queda son 50. Pero tengo que comprar qué comer y las cosas están muy caras. Yo no vengo a reclamar por esa parte, sé que es por gusto. Y a los comedores no puedo ir porque mi estómago es bastante delicado. Ahora lo que me queda es esperar el cobro de la luz. Estoy a oscuras, una sola lámpara enciendo para bañarme». Aunque el pasado mes de enero, los 50 pesos le bastaron para el pago de la electricidad, Celeste, resignada, parecía entrenar para febrero.

Entre la historia de esta anciana y la de Mariela Figueroa existen similitudes: el desánimo, las bajas expectativas y la aparente resignación ante la miseria. Figueroa, vecina de la calle Maloja, entre Rayo y San Nicolás, a sus 50 años, es viuda desde 2011 y madre de tres hijos adultos. Pero, a pesar de que su hija menor tenga 28 años, en edad mental no alcanza los 15. Yuliet Vergara nació con hemiplejia y producto a esta padece una grave epilepsia. Desde el momento del alumbramiento, Mariela abandonó la vida laboral.

Al decir del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el trabajo de las madres con hijos discapacitados es cuidar de ellos. Estipulado está que las familias con esa situación tengan asistencia especial de parte del Estado. Sin embargo, Mariela y Yuliet reciben mensualmente una chequera compartida, por la muerte del esposo y padre, la cual asciende a 1384 pesos –692 para cada una–. De esa magra cantidad, se descuentan 69 pesos por el pago de la casa y el refrigerador Haier.

«Al morir mi compañero, una comisión médica determinó que la niña, por su condición, recibiera una pensión por discapacidad, mientras a mí me correspondía una por viudez. Pero eso nunca llegó. Al principio nos daban 135 pesos a cada una, después nos aumentaron a 160 y ahora, a 692. Mi hijo mayor, de 34, también es epiléptico y está preso hace ocho años en una cárcel de Pinar del Río. Mi situación no me permite mandarle nada. ¡Mira que he ido veces a la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y a la Asociación Nacional de Limitados Físico Motores (ACLIFIM), pero no aceptan darnos dos chequeras bajo ningún concepto!», dijo Mariela cansada.

Mariela Figueroa y su hija Yuliet Vergara. (Foto: Jesús Labaut)

La Ley No. 105, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 27 de diciembre de 2008, ratifica la protección a los ancianos sin recursos ni amparo, a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda, u otros que así lo requieran, ordenando en su artículo 109 que la protección se concede mediante prestaciones monetarias, especies y servicios.

Asimismo, el Acuerdo 7384 aprobado en mayo de 2013 por el Consejo de Ministros, establece la entrega de recursos a familias con situaciones sociales críticas. Este otorgamiento tiene un carácter excepcional, fundamentado en situaciones graves de salud, discapacidad o carencia de ingresos ante la imposibilidad de trabajar.

***

Según Joaquín Benavides, el sistema de asistencia social cubano está bien concebido. «No creo que sea fácil encontrar muchos países en el mundo, incluidos los más desarrollados, que puedan mostrar un sistema de asistencia social más inclusivo y universal que el cubano», asegura el economista.

En efecto, para finales de 2008 Cuba tenía el sistema de pensiones más generoso de Latinoamérica y en la actualidad constituye uno de los pocos países de la región que ofrece el beneficio de pensiones asistenciales. Incluso en los tensos años noventa, el Estado mantuvo una firme cobertura a este asunto y, ante las demandas y características del contexto nacional de aquel entonces, surgieron alternativas que hoy siguen activas. El propio SAF fue creado en 1996 por resolución del Ministerio de Comercio Interior.

Pero las secuelas propias del impacto del Período Especial sobre la población, la falta de recursos, las tendencias demográficas del país y, ahora, lo  ocasionado por la TO, justifican coberturas incompletas y desiguales ante una realidad que demanda nuevos programas de seguridad y asistencias sociales personalizadas hacia grupos vulnerables.

La ya mencionada encuesta sobre pobreza en La Habana y otras investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sugieren una expansión del sector más débil en Cuba en la última década. De acuerdo con estos datos, «la asistencia social se debió ampliar a fin de proteger a la población vulnerable, pero ocurrió lo contrario. Entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2% a 0.3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5.3% a 1.6%. Esto se explica mayormente por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles», explicó el economista Carmelo Mesa-Lago.

El artículo Presentación de la ley de presupuesto para el Estado, publicado en 2011 en la revista Bohemia, deja claro que los indicadores asistenciales se deterioraron considerablemente en el período 2009-2010. Entre la cima a la que se llegó en el 2005 y el año 2010, el número de beneficiarios se redujo un 61%, y como porcentaje de la población total cayó del 5.3% al 2.1%. Ese mismo año se recortaron 237 millones de CUP por depuración de beneficiarios «basada en sus reales necesidades y posibilidades».

Por desgracia, los fuertes recortes en un momento de alza de los grupos vulnerables no representan la única contradicción del período.

Entre 2008 y 2012, el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) consignó un estimado de 98 millones de USD para la inversión en cinco áreas de cooperación: desarrollo humano local, desastres naturales y riesgo, medio ambiente y energía, salud y seguridad alimentaria.

Como dos de sus propósitos para 2012, este programa esperaba haber apoyado al mejoramiento de la eficacia de estructuras que brindan servicios sociales básicos y elevar la capacidad de los organismos nacionales encargados de perfeccionar la atención integral de las personas vulnerables. En estos puntos pertenecientes a los campos de la salud y desarrollo humano local, se concentraron 49 millones de USD, o sea, el 50% del monto ofrecido para el lustro. Contrario a lo que podría pensarse, este período coincide con las podas presupuestarias a la asistencia social.

En enero del año en curso, La Joven Cuba presentó vía correo electrónico una solicitud de audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para obtener declaraciones acerca de esta situación polémica y del decrecimiento del presupuesto anual dedicado a la asistencia social en Cuba. La petición a este organismo no obtuvo respuesta.  

Igualmente, el medio contactó con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba (PNUD), al ser este programa una de las agencias asociadas a la implementación del MANUD, con el objetivo de conocer sobre el resultado de la inversión. Tampoco hubo respuesta.

***

El gasto social se compone de salud, educación, pensiones, vivienda y asistencia social. Dicho gasto viene a representar este año un 47.14% del importe total, aproximadamente. Con relación a la asistencia social, se cuenta con un importe de 2707 millones de pesos, financiado totalmente por el Estado. Además, se instrumenta una reserva desde los presupuestos municipales que asciende a 716 millones de pesos para asistir a los núcleos y personas vulnerables que, en la implementación del ordenamiento monetario y financiero del país, se identifique que requieran ayuda para cubrir los gastos esenciales de vida, al verse imposibilitados de trabajar y se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Los jubilados de la Revolución

A pesar de estas disposiciones del Estado, Benavides refirió que la asistencia social en Cuba presenta importante fallos de gestión que no permiten que la ayuda llegue a buena parte de los necesitados del país. «Estos fallos se han ido enfrentando y solucionando con el tiempo, pero depende no de los recursos, que en el marco de la legislación aprobada se le dedican, sino en lo que siempre es una debilidad en el caso de nuestro país: la eficiencia en la prestación de un servicio que abarca prácticamente a todo el territorio, con una población que tiene una esperanza de vida cada vez más alta y donde los ingresos acumulados en una vida de trabajo no alcanzan para subsistir. El país está obligado a ayudarlos a sostenerse en la adquisición de los bienes más indispensable. Siempre lo estará », explicó.

El investigador Mesa-Lago aseveró que todas estas contradicciones, recortes y fallos en las prestaciones de ayuda, han malogrado los servicios sociales a la población, lo cual ha generado un deterioro de la asistencia social y de las pensiones de la seguridad social. Deterioro que la TO no puede resolver, ya que la reforma por sí sola no es capaz de solucionar los problemas socioeconómicos de la Isla.

El llamado a la «calma, que nadie se va a quedar desamparado» es la única respuesta –si así se le puede llamar– que han recibido Mercedes, Ernesto, Celeste, Mariela y sus semejantes vulnerables después de más de un mes sobreviviendo al ordenamiento monetario. 

Ante las críticas a las nuevas tarifas de los comedores SAF, las bajas pensiones otorgadas por la asistencia social y la inoperancia de la red de trabajadores sociales a domicilio, la máxima representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, no ha presentado aún ninguna solución inmediata. La notable inexistencia de un plan concreto y el llamado repetitivo a la calma, más que tranquilizar al sector vulnerable, lo ha llenado de desabridas esperanzas que a la hora del almuerzo muy poco significado tienen.

Debido a la compleja situación epidemiológica existente en la capital, y al ser Centro Habana el municipio más afectado por su alta densidad poblacional, alrededor de quince manzanas del Consejo Popular Los Sitios amanecen, desde el pasado 28 de enero, en total aislamiento.

La cuadra de Mercedes Ruíz y su hijo es la más afectada de la zona aislada, con casi una treintena de casos positivos, resultado del hacinamiento en uno de los solares del área. Por su parte, Mariela, Yuliet, y todos los vecinos de Maloja, entre Rayo y San Nicolás, corrieron la mala suerte de que uno de los mensajeros designados a asistir a la población resultara sospechoso a la COVID-19, con dos miembros de su familia positivos a la enfermedad.

Hasta el 14 de febrero del 2021, han llegado a las manzanas aisladas tres módulos integrales de aseo y alimentación, con un valor de 168; 273 y 280 pesos cada uno. También llegó un camión lleno de viandas y vegetales, suceso que desencadenó una desagradable y alarmante aglomeración que ni las fuerzas del orden público pudo aplacar. Un descomunal tumulto por comida en medio del estricto aislamiento de la zona. La calle Ángeles, donde el proyecto Quisicuaba abastece a diario a cientos de comensales, permanece abierta, por lo que continúa el servicio con normalidad.

El arribo del coronavirus inició una etapa de resistencia para todos los cubanos vulnerables. Casi un año después, más curtidos en el complejo arte de sobrevivir ante las carencias, los sectores débiles de nuestra sociedad protagonizan un nuevo resistir, aún más peligroso. Personas como las que protagonizan las historias presentadas en este reportaje han adaptado su cotidianidad a base de limitaciones. Sus ejemplos son muestra del cansancio de aquellos que despiertan ya sin sueños a hacerle frente a la desilusión y el desamparo.

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Bibliografía

Espina, M. (2008). Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad: Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana. Buenos Aires, CLACSO.

Mesa-Lago, C. (2012). Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Cuba. Santiago de Chile, CEPAL.

Bolaños, M. (2020). Presupuesto del Estado para 2021 reafirma su carácter eminentemente social. Cubadebate.

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Vietnam, Cuba y los arquitectos

por Lecturas sugeridas
escrito por Lecturas sugeridas

Por Abel Tablada*

En los últimos 30 años Vietnam redujo la pobreza del 75% al 5%. Actualmente es uno de los países más prósperos y comercialmente activos del sureste asiático, con un crecimiento de alrededor del 7% anual antes de la pandemia gracias a que en 1986 aplicara reformas económicas y políticas llamada Đổi Mới. Aunque la desigualdad aumentó y quedan sectores pobres como parte de una población de 95 millones de habitantes, y a pesar de que tienen problemas medioambientales producto de la avaricia y la corrupción, lo cierto es que hoy son líderes regionales y mundiales en la producción de algunos artículos agropecuarios e industriales. 

En el sector constructivo, el desarrollo ha sido impresionante y además de las empresas de proyectos estatales que se ocupan de diseñar hospitales y otras grandes obras, también existen empresas privadas de todos los tamaños, algunas haciendo arquitectura de menor calidad y falsamente pintoresca, pero otras con gran prestigio internacional. Vietnam se convirtió además en un imán para firmas extranjeras de arquitectos e ingenieros que se han establecido allí permanentemente o que participan en concursos internacionales. 

Es cierto que su situación es diferente a la de Cuba: por una parte fue un país casi destruido por los bombardeos estadounidenses que causaron más de un millón de fallecidos hasta 1975; por otro, debido a varios factores, el bloqueo estadounidense fue eliminado en 1994. A la liberación de las fuerzas productivas internas se sumó entonces la posibilidad de comerciar sin restricciones y entrar en organizaciones internacionales de comercio. Su cercanía a China fue, además, bien aprovechada a pesar de sus diferencias históricas. 

Tuve la posibilidad de visitar Vietnam cuatro veces por motivos de trabajo y turísticos y conocer cinco de sus ciudades. En 2017 llevé a mis alumnos a Hanoi para hacer un proyecto de curso en el Hanoi Viejo, específicamente en una casa de cuatro metros de ancho por cuarenta metros de largo, todo un reto. Y además, con la ayuda de amigos arquitectos vietnamitas, organizamos visitas a oficinas de arquitectos jóvenes y a varias de sus obras. 

Si tengo que contar a alguno de mis amigos vietnamitas que en el 2021, los arquitectos cubanos estamos reclamando el derecho a ejercer de forma independiente, se me caería la cara de vergüenza. Quizás un francés o un canadiense pudiera entender algo, al asumir que vivimos en un Estado socialista centralizado, pero no un vietnamita, que aun con un sistema de partido único, tiene muchas más libertades económicas.

No sería posible explicarle que nosotros, que tanto ayudamos a su país hace cinco décadas, estemos ahora con tal atraso en el sector constructivo y posponiendo una discusión de la que se sabe su conclusión: prohibir la actividad independiente de arquitectos e ingenieros y otras profesiones es una decisión antidemocrática, poco pragmática y poco revolucionaria, sobre todo porque se conoce que excepto para algunos sectores estratégicos, los monopolios y algunas grandes empresas estatales no han funcionado muy bien en nuestro país por más que se ha querido. 

Si bien este paso de autorizar a casi 2000 actividades menores es positivo para la economía, el hecho de no haber consultado y discutido con cada gremio profesional es un error grave. Ni siquiera se explicó en las dos emisiones de la Mesa Redonda que supuestamente informaron sobre las medidas. Hasta donde sé, no se ha explicado el daño que le puede hacer a la seguridad, prosperidad y al medio ambiente del país estas prohibiciones, excepto por algunos entendidos en redes sociales que no han visto ninguna amenaza.

La publicación de estas medidas es el hecho más importante de las últimas semanas y nadie refleja las inquietudes y opiniones de los diversos sectores beneficiados o afectados. ¿Qué papel tuvieron nuestros parlamentarios, la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) y el Ministerio de la Construcción (MICONS) en esas decisiones? 

Ese diálogo que tantas veces se reitera que ha ocurrido entre los servidores públicos, instituciones, autoridades ministeriales y los ciudadanos, en especial en el sector de la cultura, en el caso del sector constructivo no ha sucedido. Espero que los canales existentes sirvan para propiciarlo y se de una rectificación que evite otras formas más confrontacionales y poco efectivas.

El orgullo de que nuestro país sea capaz, bajo todo tipo de limitaciones y presiones, de desarrollar cuatro proyectos vacunales contra la COVID-19, contrasta con la vergüenza de tener una estructura obsoleta y mecanismos mal engranados para diseñar, construir y mantener edificios, comunidades y ciudades. Algo que sí se ha logrado durante décadas en la Oficina del Historiador de La Habana y otras provincias. 

Anoche vi un spot televisivo que recuerda una frase de Fidel donde decía algo así como que las nuevas generaciones tienen la palabra. No creo que haya sido así en este caso, aunque reconozco que puede ser más debido al lastre de un aparato burocrático que no ha entendido que los tiempos de imposiciones y poco respeto a la ciudadanía ya pasó, que por una deficiencia del actual gobierno que tantas batallas tiene abiertas y lucha para revertir errores pasados.

Recibimos educación gratuita para ser cultos y por lo tanto, para ser libres y servir a la nación y a nuestras familias con nuestro esfuerzo, conocimientos e ilusiones.

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Este texto fue publicado originalmente en el perfil de Facebook del autor.

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¿Quién leerá el periódico ahora?

por Alfredo Herrera Sánchez
escrito por Alfredo Herrera Sánchez

El pasado 10 de diciembre el número de contagiados por la pandemia no fue lo que mantuvo en vilo a los cubanos. En la noche, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció que solo tres semanas después, a partir del 1ro de enero de 2021, comenzaría a implementarse lo que habían decidido llamar Tarea Ordenamiento, una nueva estrategia para tratar de encaminar la economía del país.

Pocos días más tarde, el 14 de diciembre, el Grupo Empresarial Correos de Cuba publicó el listado de los nuevos precios de sus servicios. Inmediatamente los comentarios estallaron. Las suscripciones a los medios de prensa, así como el valor de estos, habían subido dramáticamente.

Para los diarios con veintiséis tiradas o más al mes, la suscripción sería de dieciséis pesos, a lo que habría que sumar al precio del periódico que aumentó cinco veces su valor –de veinte centavos a un peso–. Las publicaciones de hasta veintidós tiradas mensuales, tendrían un precio de suscripción de $13.55; las emitidas cuatro o cinco veces al mes, de $3.10; y los medios quincenales o mensuales, una suscripción de $1.25.

Hace algunos días, motivado por las quejas de la población y las solicitudes de baja, el Grupo Empresarial Correos de Cuba publicó un reajuste en sus costos de distribución de la prensa. La suscripción a los diarios bajó de dieciséis a diez pesos, La medida atenúa el problema, pero el precio del periódico continúa cinco veces superior a su valor precedente.

Una rápida operación matemática muestra que para recibir el periódico Granma deben pagarse 36 pesos mensuales. Si también se espera tener el Juventud Rebelde, entonces serían otros 36 pesos mensuales. Como por cualquier otra suscripción de menor frecuencia que el lector reciba deberá pagar 1 peso por cada una, el acceso a Juventud Rebelde sumaría otros 23 pesos. En total 59 pesos, sin pensar siquiera en recibir una revista. Estas nuevas realidades plantean preguntas: ¿Quiénes consumen la prensa escrita? ¿Es eficiente el servicio de Correos de Cuba como para aumentar sus tarifas? ¿El contenido de la prensa estará a la altura de los nuevos precios? ¿Las personas dejarán de leer los periódicos a raíz de estas tarifas?

Correos de Cuba, ¿al servicio de todos?

Correos de Cuba tiene dispuestas 841 oficinas en todo el territorio nacional, un promedio de cinco por municipios. Sin embargo, generalmente el servicio es de baja calidad. En algunos lugares de la capital, los diarios pueden llegar al final del día o incluso, con uno o dos días de retraso. Mientras, en el interior de la Isla, en ocasiones el cartero aparece solamente una vez a la semana con los ejemplares acumulados. El periódico entonces pasa a desempeñar funciones de envoltorio, papel higiénico, y un sinfín de etcéteras.

El propio Granma reconoció en el trabajo publicado el 3 de enero de 2020, Diario Granma en 2019: Más de 8 mil noticias y 40 millones de lecturas, que los ejemplares «llegaron a destiempo a no pocos hogares debido a los horarios de cierre de cada edición y el déficit de transportes de Correos de Cuba».

Este escenario hace que las nuevas tarifas de la empresa despierten preocupaciones. Por ejemplo, la periodista avileña Yeilys Rodríguez Sánchez, comentó en su perfil de Facebook: «Muy lamentable la situación con la prensa impresa, conozco a mucha gente que ha tenido que renunciar a ella por el aumento excesivo de los precios. Jubilados que han tenido que quedarse con uno solo porque el impuesto es alto».

Por su parte, el estudiante de periodismo camagüeyano José Luis Tan Estrada, ante un post en la misma red social que expresaba preocupación por la extinción del impreso, comentó: «Lo que se extingue es el dinero… de contra que siempre te lo entregan (el periódico) al otro día o a los tres días, te suben el precio…pues la cuenta no da». 

Para el profesor del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Matanzas, Raúl Martínez Rodríguez, no ha sido difícil deshacerse de varias suscripciones porque «al final el contenido de todos los diarios es casi el mismo, y la televisión y la radio son gratis».

En los estanquillos, el panorama es desolador, pues generalmente están desabastecidos y tienen horarios poco estables. Hace algunos días me acerqué a uno que tenía cinco publicaciones. Le pregunté a la señora:

-¿Tiene Juventud Rebelde?

-¡No! Tengo lo que ves en la pared– respondió ríspida.

Pedí un Somos Jóvenes y resulta que el que estaba disponible era de abril de 2020. ¿Puede un servicio como este subir sus precios sin mejorar la calidad? 

Darío Alejandro Escobar, editor web en la revista El Caimán Barbudo y exdirector de Somos Jóvenes, entiende que el problema va más allá del dinero. «Me parece bien que se aumenten los precios de las revistas y los periódicos. La idea es que la mayoría de los medios de comunicación se conviertan en empresas o cooperativas mediáticas y que se hagan rentables. El tema de la suscripción debe revisarse. Tiene que funcionar bien. Y no debería ser una sola empresa la que se haga cargo de la distribución. Los monopolios no son buenos, ni en el capitalismo ni en el socialismo y Correos de Cuba ha demostrado en muchísimas ocasiones su ineficiencia».

El gestor en Comunicación Institucional y Marketing de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, Leoannis Carbonell, en un debate en Facebook dijo: «Creo que eso (la subida de precios) obligaría a un mejor trabajo por parte de los periodistas, que permita serles más atractivos a la gente…y también creo que exageran un poco los precios. Es otra cosa más que revisar como la electricidad, el helado, el transporte…según lo veo hay que reordenar el ordenamiento».

La prensa impresa en Cuba: el cuento de la buena pipa

El debate sobre el buen periodismo en Cuba tiene ya sus años, se renueva una y otra vez y parece que jamás va a solucionarse. No acontece solo en espacios del gremio, sino en los lugares más insospechados. Es común desde hace mucho escuchar en cualquier esquina eso de que solo hay comida en el periódico o en el noticiero. En las redes sociales, por ejemplo, el hashtag #NTVMiente también ha ganado popularidad en los últimos tiempos.

Aunque existen ejemplos de un ejercicio profesional admirable, en muchos de los medios hay poco que destacar. Incluso, algunos intelectuales defienden la idea de que no hablamos de periodismo, sino de propaganda.

Por ejemplo, Enrique Ojito Linares, Premio Nacional de Periodismo 2020, planteó en un pleno de la UPEC en el 2013, la necesidad de «desmarcarnos de la condición de divulgadores, de repetidores acríticos de informaciones de ministerios. No ser amanuenses ni voceros administrativos».

Para el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Aurelio Alonso,  la prensa cubana se caracteriza por «(…) la desinformación, la retención temerosa de lo que es noticia; el sometimiento vertical de los diarios (y otras publicaciones periódicas) a un criterio externo, oficial –el de una instancia del Partido (Comunista de Cuba), aunque igual daño haría que lo fuera de un ministerio u otra institución política–; la falta de confrontación, el rechazo al disenso en la selección de lo publicado, la censura (…) y la autocensura (…);  el  desencanto  profesional  que  me  imagino  deben  sufrir  gran  parte  de  los periodistas».

Por otra parte, la vicepresidenta primera de la UPEC, Rosa Mirian Elizalde, publicaba en el 2013 un listado de variables fundamentales que resumían el estado de la prensa cubana: «1. Deficiente conectividad y tecnología informática. 2. Graves limitaciones materiales y presupuestarias. 3. Pérdida de la cultura profesional. 4. Bajos salarios. 5. Incoherencia en la aplicación de la política informativa. 6. Baja representación de la agenda ciudadana. 7. Ocultamiento de la información (secretismo)».

Para llegar a esas conclusiones, Elizalde hizo un extenso estudio entre septiembre y diciembre de 2012 por todo el país a raíz de encuentros y debates entre los miembros del gremio periodístico. Han pasado ocho años de la publicación de esos resultados y la situación de los medios sigue casi igual o peor.

A principios de 2018, se aprobó una nueva política de comunicación. Entre sus objetivos figura lograr un cambio en el modelo de prensa en Cuba. Tres años después, ese mecanismo continúa sin instrumentarse.

En este contexto, el ascenso del mundo digital ha puesto las noticias a la altura de un clic y la prensa impresa pierde adeptos por día en todo el mundo. En Cuba ya existe un amplio catálogo de medios independientes que no se rigen por la política informativa dictada por el PCC, y que, en mayor o menor medida, con periodismo de más o menos calidad, ganan seguidores.

¿Qué hacer entonces?

En su tesis de grado del 2018, el periodista Darío Alejandro Alemán Cañizares recoge una entrevista al doctor en economía política Esteban Morales Domínguez, que expone la necesidad impostergable del cambio:

«La prensa debe respetar al pueblo y no engañarlo. Sobre todo, a este pueblo que no recibe solo lo que le dan nuestros medios. Hubo un tiempo en que nosotros solo podíamos leer el Granma, pero ahora tenemos computadoras, correos electrónicos, Internet, una prensa alternativa que anda por ahí y lo publica todo –para dañarnos, por supuesto–. Todo esto quiere decir que nuestra prensa tiene que acabar de mejorar, para acompañarnos realmente en esta lucha, que es una lucha ideológica».

Sobre los retos de la prensa impresa cubana, el editor web de la revista El Caimán Barbudo considera que la cuestión pasa por mejorar contenido y diseño. «Salvando las excepciones que validan la regla, el diseño de nuestros medios impresos es malo, aburrido. Y los contenidos en general, también. En demasiados casos todavía son más propaganda política, publicidad indirecta, que periodismo de calidad», asegura.

Otra mirada aporta el periodista José Alemán Mesa, del diario avileño Invasor, quien considera que el ejercicio periodístico debe acoplarse a los cambios sociales por los que atraviesa el país. Para él, eso no se traduce solamente en «ponerle colores a los diarios de papel, sino a la dinámica de los cubanos, que pagarían sin chistar por verse en el periódico como si fuera verse en un espejo. Existe una multiplicidad de intereses a conjugar y de necesidades a satisfacer».

Según el reportero avileño, «toca primero eliminar un mal mayor: la predisposición de los públicos hacia lo que ofrecemos. Toca colocar al ser humano en el centro, sin actores y sectores selectos, y reflejar lo nuevo que ese ser genera en su acción diaria, así como aquello que traba su bienestar, su desempeño. El formato impreso es para contadores de historias, para la interpretación, profundización y develar lo oculto u ocultado».  

Consecuencias de un ordenamiento desordenado

En el país existen solo dos diarios de circulación nacional: Granma y Juventud Rebelde. Pese a todos los problemas expuestos, la falta de opciones hace que el público continúe leyéndolos y los más asiduos a estos tabloides son los ancianos.

Según un estudio de 2008 realizado por la empresa ComScore, en el mercado de la prensa norteamericana, «los lectores de periódicos en papel pertenecen a los mayores tramos de edad: los lectores que tienen 65 o más años, tienen una probabilidad tres veces superior a la media, es decir son tres veces más propensos que la media de ser “grandes lectores de periódicos”».

Una encuesta realizada por Juventud Rebelde en 2015 a más de 3 mil personas de once provincias del país, muestra que los principales lectores del diario tienen entre 46 y 65 años de edad (34.1%), seguidos por el grupo etario de 65 años y más (25.9%). Los adultos mayores son ávidos consumidores de un medio de prensa que se autodefine como «diario de la juventud cubana».

Para conservar esa audiencia, Cuba no puede obviar su realidad. Con más de un 20% de la población por encima de los sesenta años, no pocas personas pueden dejar consultar su principal medio de información. La periodista Yeilys Rodríguez Sánchez lo tiene claro: «Pensemos en nuestros abuelos, padres, que no tiene internet y para ellos es un hábito leer el periódico».

Ya se han abandonado muchas suscripciones en respuesta a las nuevas tarifas impuestas. Recientemente CubaPeriodistas se hacía eco de que al menos el 15% de los usuarios en Cienfuegos renunciaba a los periódicos. Aparentemente asistimos a la acentuación de la crisis del consumo de la prensa impresa cubana.

Subir los precios puede ser un mecanismo para ponerse a tono con la nueva estrategia que rige nuestra economía, pero pagar más por un servicio generalmente de mala calidad no es justo ni razonable. Entiéndase y atiéndase la fuerza de este catalizador en la ruptura público-prensa, y podrá detenerse un fenómeno que no traerá beneficios.

 

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Yunior García Aguilera o el valor de la coherencia

por Alina Bárbara López Hernández
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Cuando te acusan de «mercenaria», «financiada con el oro de Miami», «agente de una potencia extranjera» y otros calificativos similares, y no lo eres, empiezas a dudar de las etiquetas que se distribuyen constantemente, con mayor exceso cuanto más deterioro económico y sociopolítico. Y cuando compruebas que esas calumnias reciben reacciones de «me gusta» y son compartidas por personas que hasta ayer creías serias, entonces te percatas de la debilidad de un modelo que debe apelar a la descalificación de sus críticos al ser incapaz de dialogar con el fin de generar cambios. 

El pensamiento único que han fomentado los modelos socialistas como el que tenemos en Cuba, ha sido una de las causas de su implosión. ¿Cómo puede alguien defender la justicia social y no atreverse a defender a un colega, un amigo, un familiar? ¿Puede amarse de verdad a un país sin amar a la gente que te rodea? ¿Es posible apoyar a un gobierno y no al que ha sido acusado injustamente y lo necesita?

Durante la Feria del Libro de Matanzas, en marzo del 2016, a los invitados y delegados se les convidó a una representación de Teatro El Portazo: The Cuban Cofee by Portazo′s Cooperative, más conocida como CCPC. Reír, llorar y hasta bailar fue posible esa noche. En la mesa de al lado —pues El Portazo promueve la estética de cabaret dentro del teatro, ¿o teatro dentro del cabaret?— se sentaba uno de los críticos más importantes de Cuba, que gritaba eufórico y juraba haberla visto múltiples veces. La obra llegó a alzarse con uno de los premios Villanueva 2015 que entregó la Asociación de Artes Escénicas de la UNEAC.

Me gustaron ciertos parlamentos y pregunté quién los había escrito. Fue la primera vez que escuché hablar de Yunior García Aguilera, un joven dramaturgo residente en Holguín. Días más tarde recibí los materiales que debía editar para el plan del 2016 de Ediciones Matanzas. Uno de ellos era una obra de teatro con el título Pasaporte. La misma cuyos fragmentos me conmovieron.

Fue así que una obra que había tenido su estreno mundial en la ciudad de Holguín, el 20 de diciembre de 2014, por el grupo Trébol Teatro, se convirtió en un libro y permitió mi relación personal con Yunior: llamadas telefónicas, mensajes electrónicos y luego, conversación cara a cara cuando asistió a la presentación.

Según la ficha de autor incluida en Pasaporte, tenía una trayectoria amplísima: graduado de Actuación en la ENA (2003); Licenciado en Dramaturgia por el Instituto Superior de Arte (2009); egresado de la Residencia Internacional para Dramaturgos Emergentes del Royal Court Theatre de Londres (2011). Ya había publicado los libros Cierra la boca (Ediciones La Luz, Holguín, 2010) y Semen (Editora Abril, La Habana, 2012). Sus obras aparecían en las antologías Teatro cubano actual: Novísimos dramaturgos cubanos (Ediciones Alarcos, La Habana, 2008), La isla teatral: teatro cubano contemporáneo (Latin Heritage Foundation, Estados Unidos, 2012) y Nueva Dramaturgia Cubana (FIBA, Buenos Aires, 2015); y había sido estrenada en Cuba, Colombia, Estados Unidos e Inglaterra. En la televisión se contaban: Ni pocos ni locos (Telefilme), S.O.S. Academia (Teleserie, coguionista) y Latidos compartidos (Telenovela, coguionista). Era miembro de la AHS y de la UNEAC. Imaginen lo mucho que habrá crecido su currículum en el lustro transcurrido hasta hoy.

Los personajes de Pasaporte se inspiran en las experiencias de cubanas y cubanos que han emigrado o desean hacerlo. Algunos viven en España, EEUU, o Rusia; otros se trasladan en aviones o solicitan visa en una embajada. Es la tragedia de un pueblo donde hace varios años mueren más personas que las que nacen; de un grupo humano camino a la extinción biológica si no cambiamos muchas cosas. Así dice uno de ellos:

Posible emigrante: Cómo que «posible emigrante». ¿Usted está loca? Yo quiero ir como turista, ¿me entiende? Ir y… ¿regresar? Es verdad que no tengo vínculo laboral, que no soy casado, que no tengo hijos. Pero imagínese. En este país lo que pagan es una mierda. ¿Cómo voy a trabajar? Disculpe, quise decir… una bobería. No soy casado, no. No me da la gana de casarme. Y menos con una cubana muerta de hambre igual que yo. Y mire, ni muerto tengo yo hijos en este país. ¿Usted sabe cuánto vale un paquete de culeros desechables? Posible emigrante ni posible emigrante. Yo soy un EMIGRANTE DE PINGA. Deme un chance pa′ que usted vea. Pa′ sacarme de allí hay que darme candela. No coman mierda… Disculpe. Usted no se imagina lo que esto significa para mí. ¿Quiere que le diga a cuántos santeros yo he ido para que no me nieguen esta visa? Oiga, no se van a arrepentir. Se los juro. Yo sé hacer unas cuantas cosas. Yo soy un animal de trabajo, compañera. Lo que no soy es esclavo. A mí hay que pagarme. Y dicen que en Canadá pagan más bien… Rubia, no me haga esto. Deme una visa… una… con una sola yo me conformo.  ¿Sí?

Pero Pasaporte es también el drama del que no desea emigrar y tiene muy claro el costo que pagará. Son los que prefieren quedarse, como el personaje de Susana, cuyo parlamento cierra la obra y deja de algún modo un mensaje del autor.

Susana: Yo no quiero irme. No me interesa. Me gusta estar aquí. Y no es masoquismo, no disfruto ser pobre. Es otra cosa. Yo quiero que mis hijos tengan el acento de sus abuelos. Quiero que digan malas palabras en cubano y usen la pañoleta y bailen casino. Quiero que se sientan orgullosos de su madre cubana y que no me escondan en el cuarto cuando sus amigos vayan a visitarlos.  ¿Tú sabes lo que es Cuba, Fernando? No son ni las palmas, ni el calor, ni el puerco asado, ni los baches, ni Fidel, ni el malecón, ni la bandera. Es poder, qué sé yo… ver a mi madre, coño, cuando me dé la gana. Y aparecerme en su cumpleaños y decirle: vieja, no te traje nada, pero estoy aquí… Y darle un abrazo. Es conversar en la calle con cualquiera a cualquier hora. Es poder reírme aunque no tenga un peso. Es saber que a dos casas hay alguien que te vio nacer y que está dispuesto a correr contigo cuando haga falta. Es cagarte en la madre de alguien cuando hay un apagón. Y encender una vela y ponerte a cantar. Y escuchar la algarabía de todo el mundo cuando vuelven a poner la luz. Eso es Patria: no sentirse solo. No me quites eso, Fernando. Si me quitas eso… ¿Qué me queda?

Fernando abraza a Susana. Ella recuerda una canción antigua. Él comienza a cantar junto a ella. El botones llega con las maletas. Se detiene. Conoce la canción. Se suma. Todos cantan mientras la luz se extingue.

Pero permanecer no significa aceptar pasivamente un destino: «si decidí quedarme en Cuba no es para estar de brazos cruzados», le dijo Yunior a Ian Padrón en una entrevista hace pocos días. Esas palabras resumen una manera de proceder que no comenzó el 27 de noviembre de 2020, en el momento en que se plantara, junto a otros jóvenes, a las puertas del Ministerio de Cultura.  

Su itinerario como persona incómoda para el sector de la burocracia política e ideológica se remonta en el tiempo. En el mismo año en que yo le editaba Pasaporte, se supo de ciertas preguntas incómodas que formulara en medio de una reunión de la filial holguinera de la UNEAC, en presencia incluso del primer secretario del Partido. Aunque aquí aparece el enlace que permite escucharlas en su propia voz, les proporciono un resumen para los que no tengan acceso:

    1. ¿Por qué no dedicar una Mesa Redonda a analizar los derechos que hemos ido alcanzando con Raúl?
    2. ¿Por qué la periodista Cristina Escobar es más bonita y más joven que Randy Alonso, pero tiene el mismo feo discurso?
    3. ¿Por qué el Papa tiene que lanzar bulas y los cubanos tienen que lanzar «bolas»?
    4. ¿Por qué algunos dirigentes descuidan el presupuesto para proteger la cultura y otros descuidan la cultura para proteger el presupuesto?
    5. ¿Por qué se dice que Iribar [Primer Secretario del Buró Provincial del PCC en Holguín] va como Primer Secretario para Varadero?
    6. ¿Por qué los policías en Estados Unidos matan afroamericanos y los de Holguín dan tiros por la espalda?
    7. ¿Por qué criticábamos la ley antiinmigrantes de Arizona si todavía los «palestinos» necesitamos un permiso de residencia o una residencia transitoria para trabajar en La Habana?
    8. ¿Por qué criticamos un mundo hegemónico si dentro de Cuba vivimos la hegemonía del partido único?
    9. ¿Por qué, si ya legalizamos la piratería, no legalizamos también la corrupción y obligamos a los corruptos de nuestras instituciones culturales, que todos sabemos quiénes son, a que paguen impuestos por lo que nos roban?
    10. ¿Por qué el vocablo «coj…» es una mala palabra y no lo son «censura», «corrupción» y «doble moral»?
    11. ¿Por qué cuando creíamos que la censura había desaparecido del teatro cubano, aparece el caso de Juan Carlos Cremata?
    12. ¿Por qué no realizamos una encuesta para saber cuántos ciudadanos holguineros conocen el nombre del presidente o la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular?
    13. ¿Por qué todos los años crece el PIB y baja el presupuesto de Cultura?
    14. ¿Por qué a quien intenta revolucionar las cosas se le tilda de contrarrevolucionario?
    15. ¿Y por qué algunos amigos no querían que yo leyera estas preguntas?

Este affaire no transcendió tanto, si exceptuamos al gremio, dentro de Cuba como lo hizo fuera. Aún no se había autorizado el uso de internet por datos móviles y las redes sociales no permitían difundir con rapidez los estados de opinión. Más allá de las molestias y llamados de atención, ideólogos y censores prefirieron pasar por alto el reto sin acusar a Yunior García, como hacen ahora, de ser una especie de niño mimado de George Soros, el «hombre del saco ideológico», excusa socorrida de los medios oficiales para incriminar como mercenaria cualquier opinión crítica.

Todavía el magnate no se había puesto de moda como «primera causa no causada» de la contrarrevolución insular. Quizás por ello, y también en 2016, el gobierno cubano no tuvo a menos enviar delegación a un evento organizado por la ONU —11 Fórum sobre gobernanza en Internet, celebrado en Guadalajara—  que, entre las muchas fuentes de financiamiento que tuvo, contaba, indirectamente, a Soros. El grupo de cubanos estuvo integrado por Raúl Capote, Iroel Sánchez, Juan Fernández y otras personas.     

Nadie podría afirmar con seriedad que los referidos asistentes al evento por la parte cubana sufrieran un cambio en su forma de actuar, en los principios que sostienen, sean los que fueren, gusten o no. Entonces, asistir a un evento financiado por esas fuentes no es el problema, ni tomarse una foto de cortesía con el resto de los miembros o con algunas personas presentes. El gran dilema es que las personas se clasifican en Cuba por sus opiniones acerca del gobierno y sus instituciones. Ahora Yunior ha sido atacado y denigrado por atreverse no solo a hacer preguntas incómodas como en el 2016, sino a presionar para que las preguntas sean respondidas.  

Mi amigo Yunior García Aguilera es una de las personas más coherentes que conozco, un martiano raigal, profundo y audaz. Sus textos son hijos de la postura ética que sostiene con su vida y su ejemplo. Cuando le pedimos que valorara la carta en que se pedía al presidente Biden el cese del bloqueo contra Cuba, no dudó un instante en sumar su firma.

Paradójicamente, ahora son los extremistas de signo contrario, con ese aire de familia, los que le reprochan. Su respuesta es tan diáfana como su vida sin dobleces, como su dignidad, que no cabe en la cuenta de un millonario ni en el buró de un funcionario:

«Sí. Firmé la carta a Biden contra el embargo. Los que siguen mis publicaciones desde hace un tiempo sabrán que siempre me he opuesto a esa política desfasada, inútil y cruel.

He sido criticado por ambos extremos. No importa. Es lo que creo. Podría argumentar mis posiciones con una canción de Habana Abierta:

Los de derecha giran a la derecha

Los de la izquierda giran a la izquierda

Y ya yo me aburrí

De esos viejos viajecitos en círculo.

Yo viajo recto aunque no soy flecha

Yo te lo firmo y te le pongo fechas

Por si sospechas…».

 

***

Súmese a la iniciativa del Consejo Editorial de La Joven Cuba y firme la Carta Abierta al presidente de Estados Unidos solicitando el fin de las sanciones contra Cuba.

Carta Abierta al presidente Joseph R. Biden, Jr.

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Acopio: Comunismo de guerra a lo cubano

por Mario Valdés Navia
escrito por Mario Valdés Navia

Aunque algunos consideran al Comunismo de guerra (CG, 1918-1921) como la política concebida por los bolcheviques para instaurar el socialismo en la Rusia soviética, y a la Nueva política económica (NEP, 1921-1927) un paso atrás respecto a aquella, las evidencias históricas indican lo contrario. Al triunfar la Revolución de Octubre, Lenin consideraba que sería el capitalismo monopolista de Estado con poder soviético el modelo a aplicar para la implementación del comunismo.[1]

Solo las necesidades imperiosas de la Guerra Civil y la agresión extranjera  obligaron a implantar, en el invierno de 1918, el despiadado «sistema de contingentación» —la requisa obligatoria a los campesinos de toda la producción excedente para abastecer al Ejército Rojo y a la población urbana— que abrió el camino a la absoluta centralización estatal del aparato económico. El resultado fue contraproducente: planes de acopio incumplidos de manera sistemática, depreciación del dinero ante la emisión desmedida, salarios pagados en bienes, expansión del trueque y la corrupción. Desde 1920, alimentos y otros bienes esenciales tuvieron que ser racionados y distribuidos centralmente, lo cual no impidió que se extendieran las hambrunas.

Dirigentes soviéticos como Trotsky y Preobrazhensky  asumieron el monopolio estatal generalizado y la casi desaparición de las relaciones monetario-mercantiles del CG cual parte intrínseca de la política económica del proletariado victorioso. Lenin, sin embargo, lo concibió limitado a sus objetivos iniciales. En marzo de 1921, ganada la contienda, y presionado por las crecientes protestas campesinas y la sangrienta rebelión de obreros y marinos de la base de Kronstadt, el X congreso bolchevique aprobó, a propuesta de Lenin y Bujarin,  la denominada Nueva Política Económica.

Basada en un proporcional impuesto en especie —luego en dinero—, la NEP permitió a los campesinos quedarse con la mayor parte de su producción sobrante y venderla libremente, fomentó los pequeños y medianos negocios de capital privado, la cooperativización y la inversión extranjera. En pocos años, los índices productivos anteriores fueron rebasados y el agro comenzó a abastecer al mercado interno y exportar los excedentes. En 1925, la producción agrícola recuperó el nivel que tenía antes de la guerra, al tiempo que crecía una clase de intermediarios —los nepmen— dedicados a la compra-venta de dicha producción.

Muerto Lenin e inviable la «revolución europea», el interés por lograr la paridad militar-industrial con los países occidentales condujo al rechazo del modo de avance, seguro pero lento, de la NEP y fueron retomadas las políticas de gran salto. En diciembre de 1927, el XV Congreso del PCUS, ahora bajo control de Stalin, adoptó medidas que significaban el fin de la NEP. La tierra y la industria fueron brutalmente colectivizadas y se impuso la planificación central, verticalista y subjetivista de la economía nacional. La aprobación del primer plan quinquenal (1928-1932) retomó la colectivización forzosa y las requisas agropecuarias, transfiguradas ahora tras la venta obligatoria de los excedentes agrícolas al Estado a precios inferiores al valor del mercado.

El triunfo de la Revolución Cubana, cuatro décadas después, volvió a poner en tela de juicio la vieja polémica entre las dos opciones de política económica socialista: el gran salto adelante vía CG, o el tránsito gradual y voluntario tipo NEP; esta vez en el entorno de un pequeño país tropical subdesarrollado. Analicémosla brevemente, apenas en lo tocante a la esfera de la distribución agrícola.

Los artículos de la Primera Ley de Reforma Agraria serían cumplidos solo parcialmente y su práctica adoptó derroteros no previstos en la letra y el espíritu de la norma. En su articulado no existía ninguna referencia a pasar tierras a manos del Estado, ni se mencionaba la posibilidad del monopolio estatal de acopio. La ley era absolutamente anti-monopólica y perseguía la sustitución de los latifundios por la pequeña y mediana producción de carácter privado, o preferentemente cooperativa.

El reordenamiento necesario

El poderoso Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no incluía entre sus funciones el acopio de la producción agropecuaria. Pero, desde 1959, en medio de la aplicación de la reforma agraria y de la lucha contra bandidos, se fue estructurando rápidamente un sistema de recogida de productos agrarios que tomó como modelo aquella versión moderada del CG adoptada por Stalin: el acopio estatal forzoso de la mayor parte de la producción a precios ínfimos.

Desde  el primer año de la Revolución, el INRA creó las Zonas de Desarrollo Agrario (ZDA), que no solo expropiaron y distribuyeron la tierra, sino que se encargaron de la producción agropecuaria con un elevado grado de centralización. El INRA empezó a dirigir los cuatro sectores que conformaban la economía agraria de aquella etapa: estatal, cooperativo, capitalista y privado campesino. En este contexto surgieron las primeras formas organizativas comerciales estatales en el campo.

En 1962, se consideró imprescindible establecer el control estatal sobre los precios y la comercialización al por menor. Para ello se constituyeron los Órganos Nacionales de Acopio, organizados en empresas nacionales altamente especializadas y centralizadas, como las del Grano, Café y Tabaco. Al año siguiente, estas empresas se unieron para formar la red nacional de Acopio, subordinada al INRA.

Surgieron así el Sistema Estatal de Acopio y la Asociación Nacional de Tiendas del Pueblo, germen del comercio estatal minorista en las zonas rurales. A partir de contratos de compraventa, créditos y garantía de precios, se fue atando el sector privado campesino al sistema de reproducción de la economía socialista. Ello ocurrió mediante dos vías fundamentales de comercialización: la libre, a través del pequeño comercio privado en el ámbito local, y la estatizada.

El acopio mayorista y el comercio minorista racionado de productos agropecuarios asumieron la forma estatal absoluta desde 1968. En ese momento se suprime el mercado privado con la Ofensiva Revolucionaria, que expropió todas las pequeñas propiedades a excepción de campesinos y choferes de alquiler. Como resultado, se intervinieron por el Estado 57.600 pequeñas empresas privadas urbanas, lo que incluyó tiendas de comestibles al menudeo, de productos industriales, expendios de alimentos y bebidas, servicios e industrias. Paradójicamente, más de la mitad de ellas habían surgido después de 1961.

Se pretendió otorgar al Estado un control total sobre la distribución agrícola, ya que muchos de los comerciantes expropiados compraban productos agrícolas a precios elevados, lo que reducía la cantidad disponible para el encargo estatal. Pero el Gobierno revolucionario no estaba en condiciones de hacerse cargo de la distribución eficaz de bienes y servicios de las pequeñas empresas, por lo que la nacionalización absoluta empeoró, en lugar de solucionar, la escasez de bienes de consumo.

El I Congreso del PCC (1975), a pesar de que trazó una nueva política económica que reconocía la existencia objetiva de las relaciones monetario-mercantiles, conservó los nexos hegemonizantes sobre el campesino. Lo logró a partir del suministro monopólico de insumos y servicios y del acopio de la llamada «producción comercializable» —que la incluía toda, excepto el autoconsumo familiar—,  a precios bajos, estáticos y únicos para todo el país.  La opción de «libre mercado» se transformó, objetiva y necesariamente, en mercado subterráneo.

La unificación monetaria y cambiaria en Cuba: normas, efectos, obstáculos y perspectivas

Tal situación se mantuvo hasta 1980, año en que se aprobó el Mercado Libre Campesino (MLC), que fue clausurado a su vez en 1986, en medio de la nueva ola centralizadora llamada Rectificación de Errores y tendencias negativas.

En 1994, la creación del Mercado Libre Agropecuario brindó a los productores la posibilidad de concurrir a un mercado más amplio con precios liberados, a partir del cumplimiento de las obligaciones con el Estado. Las producciones no contratadas podrían ser vendidas sin ninguna restricción. En ese año, una parte significativa de las tierras subutilizadas por las empresas estatales se convirtieron en Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), en las que los obreros agrícolas se estrenaron como nuevos cooperativistas, pero las dificultades que las acompañaron desde un inicio determinaron el fracaso de la mayoría de ellas.

Entre los problemas que han enfrentado las UBPC desde su creación, está el  elevado porcentaje de ventas que deben realizar a la empresa estatal de Acopio, aproximadamente el 70% de la producción fundamental. Si se tiene en cuenta que los precios pagados por Acopio son muy inferiores a los del mercado libre agropecuario, podemos comprender porqué muchas veces no alcanzan a cubrir sus costos. En el caso de las UBPC ganaderas, arroceras, citrícolas y paperas, ni siquiera pueden acudir con algún porcentaje de su producción fundamental al mercado libre agropecuario.

Aún en la actualidad, el mercado de alimentos agrícolas, que por su naturaleza debería funcionar bajo condiciones de competencia casi perfecta, opera en situación de competencia imperfecta. Para facilitar el acceso de los productores al mercado sería preciso que los compromisos de venta con el acopio estatal se limitaran a lo indispensable, de modo que la mayor parte de la producción fuera comercializada en el mercado libre de oferta y demanda, además de propiciar que una mayor proporción del valor agregado quede en la base, como estímulo indispensable para el incremento de la producción.

El Estado debe ser un actor más, pero encargado de velar por el comportamiento adecuado del mercado, regulando el equilibrio de la oferta y demanda, influyendo sobre los precios si fuera necesario y garantizando el interés del consumidor. La producción es una, y si se priorizan las entregas al acopio estatal, las formas de comercialización no estatales disponen de menos productos, lo cual conduce a un incremento de precios en perjuicio de los consumidores. Además de que esto conlleva al conocido desvío de productos de los almacenes estatales al mercado libre y subterráneo por el incentivo de mayores ingresos-ganancias.

Los altos niveles de centralización monopólica han dado lugar a situaciones desfavorables, tales como: desestimulo al productor, pérdida de cosechas por no ser recogidas a tiempo, pérdida de productos en los lugares de acopio, altos niveles de subsidios asumidos por el Estado, precios no consecuentes con calidades, cadena de impagos al productor, desvío de productos hacia el mercado subterráneo, entre otros.

En las condiciones de la Tarea Ordenamiento, la solución más probable para el acopio agrario cubano parece ser la creación de mpymes y cooperativas comercializadoras de segundo grado asociadas a los productores (cooperativas agropecuarias, usufructuarios, productores privados) por relaciones contractuales, o de subordinación.

Las limitaciones fundamentales del sistema de acopio actual provienen del viejo modelo económico centralizado de balances materiales, verticalista y coercitivo, heredero de las requisas del CG y de la desorganización burocrática y la disfuncionalidad organizativa que ha acompañado tradicionalmente al acopio estatal agropecuario. Por tanto, su superación definitiva exige el fin del monopolio estatal con la incorporación de nuevos actores económicos y, en un futuro mediato, el aporte de la inversión extranjera.

[1] Marta Harnecker: “Cómo vio Lenin el socialismo en la URSS”, América Libre, http://www.45-rpm.net/palante/lenin.htm

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