Las jornadas del 11 de julio fueron el primer gran movimiento autónomo y democrático de los cubanos pobres y negros por lo menos desde 1959. Es cierto que otros grupos se unieron a las manifestaciones de ese día, por ejemplo, los estudiantes, pero ninguno de estos fueron los que le dieron su carácter social. No parece haber existido una presencia visible de los grupos políticos de derecha en la Isla, y, que yo sepa, nadie ha reclamado lo contrario.
Por eso no es sorprendente que los manifestantes no hayan esgrimido ningún eslogan o demanda de la derecha cubana, como la que esta propuso antes de las jornadas pidiendo la «intervención humanitaria» del exterior, o reclamando vergonzosamente, en una manifestación de cubanos radicados en una ciudad de Nueva Jersey, la invasión estadounidense. Si bien el rap cubano Patria y Vida no es claro respecto a las alternativas que propone al sistema social y político que impera en la Isla, no se puede decir, como algunos han pretendido, que su contenido político sea de derecha.
En respuesta a estas jornadas, el gobierno cubano decidió, por un lado, procesar judicialmente a la gran mayoría de los cientos de manifestantes arrestados, aunque para no variar su costumbre, ha rehusado proveer cifras sobre el número de detenidos, los cargos en su contra y las sentencias impuestas.
Al parecer, una parte de ellos fue sometida a juicios sumarios, sin derecho a un abogado defensor, y recibieron sentencias de hasta un año en la cárcel. Sin embargo, para los que consideró líderes, el régimen demandó sentencias mucho más largas. Ese fue por ejemplo, el caso de diecisiete cubanos arrestados en San Antonio de los Baños, el pueblo donde se originó la protesta, contra los que la fiscalía demandó condenas de hasta doce años de prisión.
Por otro lado, el gobierno incrementó sus presencia asistencial en numerosos barrios pobres de la capital y otras ciudades, lo que indica que, aunque no lo haya admitido públicamente, le preocupa mucho el descontento popular expresado el 11 de julio, y está intentando con esos servicios por lo menos calmar a los sectores más golpeados por la crisis económica, y aminorar el creciente distanciamiento y enojo de amplios sectores populares hacia el régimen.
Al mismo tiempo, el liderazgo político ha tratado de desacreditar la protesta popular, aprovechando su control absoluto de la prensa, radio y televisión para diseminar imágenes de los manifestantes que se involucraron en actos de violencia, pasando por alto el hecho de que la gran mayoría lo hizo pacíficamente. Asimismo ocultó la violencia con que la que, bajo sus órdenes, los llamadas «boinas negras» y otros órganos represivos, como la Seguridad del Estado, atacaron a la gente que ejercía su derecho a manifestarse pacíficamente.
La profunda crisis económica —exacerbada por la pandemia del Covid-19 y por las medidas imperialistas de Trump, mantenidas por Biden—, afectó especialmente a los cubanos pobres y negros que salieron a la calle el 11 de julio. Dicha crisis no está por desaparecer con la apertura oficial del turismo extranjero programada para el 15 de noviembre, al principio del invierno en Canadá, Estados Unidos y Europa.
Además, el gobierno ya no cuenta con el grado de legitimidad con que Fidel y Raúl Castro, junto al resto de la generación histórica, gobernaban el país. Personajes como Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nuevo Presidente de la República y Primer Secretario del Partido, y Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, pertenecen a la segunda generación burocrática del sistema, cuyo prestigio y legitimidad política no pueden compararse con los de los históricos, que han llegado o están muy cerca de sus noventas, como Ramiro Valdés con 89 años. No es ocioso preguntarse cuántos de los manifestantes hubieran proferido el exabrupto «s…» a Raúl y aún menos a Fidel.
Soy de los que piensan que el 11 de julio del 2021 puede muy bien acabar siendo un parteaguas en la historia contemporánea de Cuba. Pero esto depende de cómo los cubanos respondan a la propuesta de la plataforma virtual ciudadana Archipiélago para organizar manifestaciones a través de la Isla a mediados de noviembre. Solo entonces veremos si los manifestantes del 11 de julio verdaderamente sembraron las semillas de los frutos del mañana, o si desafortunadamente su protesta pública fue apenas un brote aislado de descontento y rebeldía.
La manifestación del 15 de noviembre
El llamado a la manifestación del 15 de noviembre no pudo haber ocurrido en un momento más oportuno. Después de la gran explosión del 11 de julio —y de la manera en que el gobierno respondió— era políticamente lógico que el próximo paso sería presionar al gobierno para que reconociera, de facto, si no de jure, el derecho del pueblo a manifestarse libremente.
También era de esperar que el gobierno procedería, como efectivamente hizo, a negar el permiso para la manifestación, arguyendo que «los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba», y citando la Constitución del 2019 que establece que el sistema socialista que impera en Cuba es «irrevocable». O sea, que los gobernantes cubanos de ahora tienen el derecho constitucional de mantener y controlar el sistema imperante en la Isla per saecula saeculorum.
Esta es la constitución que, en contraste con la del 1940, fue adoptada bajo un sistema unipartidista que monopoliza la televisión, prensa y radio, y que no permitió que otras corrientes de opinión y partidos participaran en el proceso constituyente.
El control del partido único fue tal, que los ciudadano(a)s que participaron en las discusiones organizadas por el gobierno en diferentes lugares para dar sus sugerencias sobre el proyecto, no tuvieron siquiera el derecho, y aún menos la oportunidad, de organizar y coordinar sus sugerencias con las de otras personas en otros lugares; ni pudieron dar a conocer tales sugerencias directamente (sin los filtros y censura por parte del PCC) al público cubano a través de los medios masivos de comunicación, un síntoma clásico de la deliberada atomización política que promueve y mantiene el sistema de partido único.
Muy diferentes fueron las elecciones libres para delegados a la Asamblea Constituyente del 1940, que resultaron en la selección de personas que cubrieron un amplio espectro político, desde comunistas hasta conservadores. Estos pudieron organizar a la opinión pública para que los eligieran a dicha asamblea y participaron en la elaboración del texto progresista que devino de ella.
Es imposible predecir cómo y a qué grado la prohibición gubernamental va a afectar el alcance y dimensión de las protestas proyectadas para el 15 de noviembre. Planear protestas pequeñas, como ya se ha propuesto con el propósito de apaciguar al todopoderoso estado cubano, sería percibido por el régimen como una victoria (lograda mediante su abuso de poder).
Según @DiazCanelB, los que apoyan al régimen han pasado de ser "inmensa mayoría" a ser "suficientes".
Ya nunca más podrán hablar de grupúsculos. Los que pedimos un cambio somos una parte considerable de este pueblo. Necesitamos urnas, no órdenes de combate.#15NCuba pic.twitter.com/vFNJR2lR68— Yunior García Aguilera (@yuniortrebol) October 25, 2021
Así lo vería también la prensa internacional, cuya importancia en esas situaciones no es nada despreciable, incluyendo su impacto tanto sobre el gobierno cubano como sobre la oposición. Tal victoria sería proclamada por el gobierno como una derrota del legado del 11 de julio. Y lo envalentonaría para por lo menos mantener el status quo político sin concesiones de ningún tipo.
Pero también hay que tomar en cuenta las medidas drásticas que el régimen tomará para impedir la asistencia de la gente a la marcha, lo que no pudo hacer el 11 de julio por lo imprevisto de las manifestaciones. Ya la Fiscalía de la República ha advertido públicamente que tomará medidas muy duras para castigar a los que salgan a la calle a desafiar al régimen el 15 de noviembre.
Ante esa realidad, es muy posible que mucha gente decida no salir a la calle a protestar. Y que el mismo gobierno debilite la posibilidad de la protesta arrestando preventivamente, como ha hecho en otras ocasiones, a cientos y cientos de cubanos previo a la fecha fijada para la manifestación.
Es difícil prepararse para la represión. Pero ante la posibilidad del éxito —en este caso, el que los cubanos confronten al estado en una protesta masiva— hay que estar preparado para hacer uso de esa coyuntura con el fin de presentar y promover demandas democráticas. Porque una protesta masiva el 15 de noviembre pudiera conllevar a una situación análoga a una crisis hegemónica del régimen actual, la que, o bien invite a un gobierno sorprendido y temeroso a adoptar la línea dura de represión —lo que es muy probable—, o que abra nuevas posibilidades para la organización autónoma de nuevas fuerzas políticas en la Isla.
Esta última posibilidad requeriría una reevaluación tanto estratégica como táctica de lo que deberían ser las propuestas y actitudes políticas de la nueva izquierda crítica en Cuba, teniendo en cuenta que posiblemente ocurriría en el contexto de un conflicto triangular entre esa nueva izquierda, el gobierno y la derecha plattista y revanchista. Esas propuestas, que se deberían haber formulado anteriormente, se volverían, con esa apertura, verdaderamente indispensables.
Una de las propuestas indispensables es la abolición del unipartidismo, justificado por el gobierno por tanto tiempo, en infinidad de ocasiones y con los más diversos argumentos. Entre ellos, la apelación a la unidad política como idea de José Martí.
A fines del siglo XIX, Martí exhortó a todos los grupos y facciones que apoyaban la independencia de Cuba a que se unieran en el Partido Revolucionario Cubano para combatir más efectivamente al colonialismo español. Cuando convocó a esa unidad por la causa independentista, intentaba superar los pequeños celos y tendencias autoritarias de los jefes militares insurgentes y unificar la campaña militar contra España subordinada a una dirección civil.
José Martí junto a otros miembros del PRC.
La unidad a la que instaba respecto a la guerra, no tenía nada que ver con el sistema de partidos que él, junto con otros líderes independentistas concibieron para la nueva república de Cuba independiente, y muchísimo menos con el establecimiento constitucional de un estado unipartidista que excluyera o declarara ilegales a otros partidos.
Otra justificación frecuentemente esgrimida por el régimen se basa en la supuesta «unidad monolítica» del pueblo cubano —término acuñado por Raúl Castro— que el PCC pretende representar. Pero qué prueba más contundente de la diversidad de nuestro pueblo que las grandes manifestaciones que tuvieron lugar el 11 de julio. Aunque estas no son verdaderamente necesarias para probar nuestra pluralidad respecto a las estructuras de clase, raza y género, por solo mencionar las más importantes.
Mucho menos se puede tomar en serio el argumento que el régimen proclama cada primero de mayo, cuando declara al PCC como el único partido que debe y puede representar a la clase obrera cubana. Esta es una pretensión de origen estalinista que León Trotsky demolió en La Revolución Traicionada, publicada en 1936, como sigue:
En realidad, las clases son heterogéneas, desgarradas por antagonismos interiores, y solo llegan a sus fines comunes por la lucha de las tendencias, los grupos y los partidos. Se puede conceder con algunas reservas que «un partido es parte de una clase». Pero como una clase está compuesta de numerosas capas —unas miran hacia delante y otras hacia atrás— una misma clase puede formar varios partidos. Por la misma razón, un partido puede apoyarse sobre capas de diversas clases. No se encontrará en toda la historia política un solo partido representante de una clase única, a menos que se consienta en tomar por realidad una ficción policíaca.
El razonamiento marxista de Trotsky no solo descarta ideas que él mismo mantuvo en otras etapas de su vida política, sino que, aplicado a la situación cubana, claramente indica que la concepción monolítica de la clase obrera y del PCC no tiene justificación alguna en la realidad.
El sistema de partido único es el obstáculo principal a la democratización del país, un proceso cualitativamente diferente de la liberalización que el régimen ha instaurado hasta cierto grado, como por ejemplo, cuando en 2013 aumentó considerablemente el número de cubanos que podían viajar al exterior. Si bien liberalizó las salidas, no las estableció como un derecho para todos los cubanos de la Isla, sino como un privilegio concedido discrecionalmente por el gobierno, como demuestra la situación de los «regulados», a los cuales no se les permite salir y regresar a su país.
Es por situaciones como esa, que cubanos conscientes y preocupados por las arbitrariedades que han tipificado al sistema imperante, han insistido por mucho tiempo en la necesidad de establecer lo que fue sancionado ya hasta por la Constitución de 2019: un estado de derecho que funcione basado en las leyes y no en la discreción de los que gobiernan.
Esta es una demanda fundamental en el combate contra la arbitrariedad, los privilegios y abusos del poder. Sin embargo, es una conquista imposible bajo el sistema unipartidista imperante en Cuba, en el que la voluntad política del PCC, transmitida a través de sus «orientaciones», se coloca por encima de las leyes e instituciones del propio sistema.
Aquellos que consideran que la abolición del unipartidismo es una demanda demasiado radical, pero aun así quieren participar en un movimiento para democratizar al país, pudieran presentar demandas que avancen por esa senda y eduquen a la gente, haciendo más transparente para ellos el enorme poder del PCC.
Así, por ejemplo, podrían argumentar que mientras el PCC sea el único partido permitido debe representar a toda la diversidad social y política que existe en Cuba. Esa diversidad incluye a las mismas filas del PCC, aunque es un hecho que el poder la ha suprimido creando un clima de coacción burocrática y, cuando es necesario, recurriendo a métodos policíacos como en el caso de la «microfacción» liderada por el viejo estalinista Aníbal Escalante entre 1967 y 1968, que acabó siendo encarcelado junto con sus partidarios.
El argumento por la inclusión de la diversidad en el partido sería equivalente a demandar que el PCC rompa con la tradición que equivocadamente llama «centralismo democrático», que en realidad es un centralismo burocrático: decisiones tomadas desde arriba, en contraste con las basadas en una discusión, y voto libre que cesa, muchas veces provisionalmente, una vez que se ha determinado un voto que vincula a todos los miembros a actuar en conjunto). Lograr esto permitiría la formación de facciones y plataformas (para las convenciones del partido) dentro de su propia organización.
También pudieran demandar que el PCC se transforme en un partido estrictamente electoral, o sea, que se restrinja a proponer sus candidato(a)s para las elecciones de funcionarios públicos. Tal cambio pondría fin a las funciones de «orientación» del PCC, mediante las cuales controla y dirige, como partido único, las actividades económicas, educacionales y políticas. Si bien este cambio en sí no conformaría una democracia, al menos conllevaría a un pluralismo de los de arriba, con cada comunista electo actuando por cuenta propia, lo que efectivamente fragmentaría el monolito burocrático del partido único.
En realidad, estas dos últimas propuestas difieren más en grado que en substancia de la primera, ya que golpearían seriamente al sistema unipartidista y crearían espacios para organizar más efectivamente la oposición al régimen, y especialmente para seguir insistiendo y luchando por la abolición total del unipartidismo con el objetivo de sentar las bases de una democracia socialista.
