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Samuel Farber

Samuel Farber

Autor e investigador. Profesor Emérito en el Brooklyn College de Nueva York

Transformaciones

Las transformaciones de la Revolución Cubana: ¿desde abajo o desde arriba?

por Samuel Farber 20 junio 2022
escrito por Samuel Farber

Si bien la Revolución Cubana de 1959 tuvo enorme apoyo popular, especialmente en sus años iniciales, ese apoyo no se reflejó en iniciativas autónomas de poder desde abajo. Ese no fue el caso durante la frustrada revolución del 1933, cuando la clase obrera desempeñó un papel mucho más importante que en 1959.

Así lo señaló, en 1935, la Foreign Policy Association en su conocido estudio Problems of the New Cuba, donde cita el gran número de huelgas ocurridas en agosto y septiembre de 1933, cuando no menos de treinta y seis centrales fueron ocupados por los trabajadores, quienes además formaron «soviets» en varios de ellos, como los del Mabay, Jaronú, Senado, y Santa Lucia (183). Dichas acciones fueron luchas autónomas desde abajo, similares a las acaecidas en las revoluciones de México y Bolivia, entre otras en la América Latina, así como en la Revolución Rusa de 1917 y la Húngara de 1956.  

Es significativo que a principios de la Revolución de 1959 en Cuba, cuando algunos comunistas procedentes del Partido Socialista Popular (PSP) que todavía se mantenían a cierta distancia del Gobierno Revolucionario fomentaron la ocupación de tierras por campesinos, Fidel Castro condenara pública y enérgicamente esas acciones.

En entrevista televisada el 19 de febrero del referido año, el máximo líder se opuso a la distribución «anárquica» de la tierra e insistió en que las personas involucradas en cualquier reparto previo a la nueva ley, perderían el derecho a obtener los beneficios que la misma otorgara. Asimismo, denunció como criminal cualquier iniciativa independiente para distribuir tierras que pasara por alto al Gobierno Revolucionario y a la futura ley de reforma agraria.

Durante las semanas anteriores a que la ley fuera emitida, se perfilaron otros aspectos que caracterizarían el modus operandi desde arriba del gobierno presidido por Fidel Castro. Por un lado, casi todos los cubanos, sin distinción de clase, se declararon partidarios de la todavía desconocida normativa. Los diversos «apoyos» prometidos al nuevo orden agrario por una extensa gama de grupos sociales incluyeron hasta el de los grandes hacendados y colonos, que donaron tractores y otros implementos con el pretendido propósito de apoyarlo, aunque por supuesto mantuvieron que esta reforma debía preservar sus enormes propiedades agrícolas.

Por otro lado, nadie sabía en realidad qué incluiría la ley y cuán radical sería. Cuando por fin fue decretada, el 17 de mayo de 1959, ni siquiera había sido discutida por el gabinete del Gobierno Revolucionario —mucho menos por ninguno de los grupos u organizaciones revolucionarias. De hecho, fue redactada por un pequeño grupo de líderes del Partido Comunista (PSP) y del ala del Movimiento 26 de Julio cercana al PSP, durante una serie de reuniones en la casa de Ernesto Che Guevara, en la playa de Tarará.

Fue sin duda una ley radical en el sentido de que de un golpe eliminó el latifundio en Cuba. Su radicalidad es particularmente evidente cuando se le compara con la muy modesta Ley #3 de reforma agraria que Fidel Castro dictó el 10 de octubre de 1958 en la Sierra Maestra y que fue una breve declaración de principios que prometía que el futuro gobierno se enfrentaría con el tema agrario y su primer paso consistiría en garantizarle al campesino cubano su permanencia en la tierra.

Más allá de eso, los pronunciamientos respecto al asunto evitaron cualquier tipo de promesa específica y evadieron temas escabrosos, como la compensación a los viejos propietarios por las tierras confiscadas por el estado, cuestión que menos de veinte años antes había dividido a los constituyentes de 1940. Esa falta de especificidad caracterizó la política social moderada adoptada por los líderes revolucionarios aproximadamente desde 1956 hasta 1958, para evitar desacuerdos dentro de la amplia coalición opuesta a la dictadura batistiana.

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Fidel Castro junto al doctor Osvaldo Dorticós, ministro Encargado de la Ponencia y Estudio de las Leyes Revolucionarias, firma la Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1959. (Foto: Sitio Fidel Soldado de las Ideas)

Fue durante esa época que Fidel Castro se alejó, por las mismas razones tácticas, de los pronunciamientos sociales y económicos más radicales de La Historia Me Absolverá de 1953, con el fin de acomodar el creciente apoyo de la clase media cubana e inclusive de algunos capitalistas importantes. Al mismo tiempo intensificó su militancia contra Batista, lo que resultó en una política que combinaba la militancia armada con una postura moderada en cuestiones socioeconómicas.

Es significativo que el breve giro moderado de Fidel Castro en materia socioeconómica fuera aceptado incluso por toda la oposición armada. En tal sentido vale notar que cuando el Buró Obrero del supuestamente más izquierdista Segundo Frente, dirigido por Raúl Castro en Oriente, se declaró a favor de una reforma agraria, lo hizo también en términos muy generales.  

La Ley de Reforma Agraria de mayo del 1959 gozó de enorme apoyo por parte de una población cada vez más radicalizada debido a las medidas que el Gobierno Revolucionario había adoptado, como la reforma urbana que redujo substancialmente los alquileres, y por el creciente sentimiento antimperialista que provocara la hostilidad de Washington y la mayoría de los medios de comunicación norteamericanos a la Revolución.

La gran popularidad de la mencionada ley no detrae del hecho de que fue una reforma de arriba hacia abajo, de la misma manera que las otras reformas lo habían sido: anunciadas de repente como un fait acompli, sin ningún proceso previo de discusión sobre su contenido organizado por las organizaciones revolucionarias y por el gobierno.

El gobierno se aseguró también de mantener su control durante la etapa de implementación de la ley, otorgando ese papel al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y al Ejército Rebelde. Se aseguraba así de no involucrar la actividad autónoma de los campesinos deseosos de obtener sus propias tierras, aunque hubieran seguido al pie de la letra lo dispuesto en la nueva legislación.

La popularidad de la reforma agraria y otras medidas adoptadas por el Gobierno Revolucionario, se evidenció en las enormes manifestaciones de carácter plebiscitario que también caracterizarían el proceso. Todo lo cual pone de manifiesto que, si bien hubo un amplísimo apoyo y participación popular en la Revolución, esto no se reflejó en un control democrático desde abajo. El gobierno decidió cada paso y se encargó de impedir cualquier acción independiente organizada desde abajo; la población apoyó las decisiones del gobierno pero no participó en la toma de decisiones.

La reforma agraria del 1959 fue un paso muy importante en la consolidación del modus operandi desde arriba del Gobierno Revolucionario. Le confirió a Fidel Castro y a su grupo un enorme poder y la libertad para ejercerlo con un mínimo de obligaciones limitantes.

El formidable capital político acumulado en los primeros meses de la Revolución, no solo les permitió consolidar la política agraria, sino también radicalizarla y reorientarla hacia la propiedad estatal de la agricultura con la Segunda ley reforma agraria, dictada cuatro años más tarde, el 3 de octubre de 1963. La misma limitó la extensión de tierras que podían poseer los campesinos privados de 402 a 67 acres (5 caballerías), al tiempo que extendió considerablemente las Granjas del Pueblo (del estado) hasta convertirlas en la institución principal de la agricultura cubana.

Hay que advertir, sin embargo, que mientras la reforma agraria de 1959 significó la satisfacción de los grandes anhelos campesinos y populares, no se puede afirmar lo mismo respecto a la reforma agraria de 1963, que significó, más que nada, el anhelo burocrático de un régimen que ya se había declarado «socialista» y estaba abiertamente tratando de implantar una versión caribeña del modelo soviético de colectivización de la agricultura.

Eso no quiere decir que los campesinos, obreros y el pueblo en general se opusieron al monopolio estatal de la agricultura y la industria. Mientras las grandes mayorías sintieron que se habían beneficiado por las acciones del Gobierno Revolucionario —a través por ejemplo de la reforma urbana y la movilidad social—, continuaron su identificación con la política antiimperialista del gobierno y siguieron apoyándolo. Los que se opusieron al régimen tuvieron que pagar un alto precio, como su exclusión de la educación superior y discriminación en el empleo. Y si estas medidas no eran suficientes para doblegar a los descontentos, siempre quedaban la represión sistemática de la Seguridad del Estado, la cárcel y el paredón.

Transición del sistema político hacia el control desde arriba

Es cierto que en 1959 Fidel Castro y su grupo de allegados tuvieron que lidiar con otra serie de individuos y grupos relativamente independientes que no se ajustaban fácilmente a sus orientaciones políticas. Aprovechando hábilmente las oportunidades que iban surgiendo, las fue eliminando una a una. Así ocurrió en los casos del presidente Manuel Urrutia, forzado a dimitir en julio del 1959 y del Comandante Huber Matos, acusado de traicionar a la Revolución por haberse atrevido a renunciar a su cargo y condenado, en octubre de 1959, a veinte años de prisión; o como en el caso de la prensa y medios de comunicación independientes, que desaparecen a mediados de 1960 con el control por el gobierno de casi todos los periódicos y estaciones de radio y televisión en la Isla.  

Más importante aún fue el control del movimiento sindical por el nuevo régimen revolucionario. Fidel Castro intervino personalmente en las elecciones del liderazgo obrero nacional en el X Congreso de la CTC, llevado a cabo en noviembre de 1959, para asegurar la victoria de los elementos procomunistas en el movimiento sindical.

El proceso de elecciones a la convención del Congreso había iniciado en la primavera del 59 con elecciones libres a nivel local, seguidas por elecciones a nivel provincial. Desde un principio fue claro que los candidatos asociados con el Movimiento 26 de julio eran los grandes ganadores; en tanto, los comunistas obtuvieron solamente alrededor del diez por ciento de los puestos sindicales (aunque es necesario reconocer que algunos candidatos electos que pertenecían al 26 de julio simpatizaban con el PSP).  

Los resultados de las elecciones a nivel nacional para escoger delegados al Congreso fueron muy similares. Era claro que los comunistas serían derrotados y excluidos del liderazgo obrero. Fue entonces que Fidel Castro intervino para impedirlo, imponiendo su propia lista que, si bien no incluyó a los comunistas sindicales más conocidos, puso el control de la CTC en manos de los llamados elementos unitarios del Movimiento 26 de julio, favorables a los comunistas y encabezados por el líder sindical Jesús Soto.

Después de la conclusión del congreso, el Ministerio del Trabajo, en colaboración con los sindicalistas comunistas y unitarios a la cabeza del sindicalismo nacional, purgaron como al cincuenta por ciento de los líderes sindicales que se habían opuesto a los comunistas. No lo hicieron a través de nuevas elecciones, sino de comisiones de purga y asambleas sindicales cuidadosamente preparadas y manipuladas. Este sería el primer gran paso para establecer un sindicalismo totalmente controlado por el estado.

El XI Congreso de la CTC, en noviembre de 1961, no pudo haber sido más diferente del celebrado dos años antes. En ausencia de una real competencia entre candidatos que representaran diferentes corrientes autónomas del movimiento obrero, los nuevos líderes, previamente aprobados por los personeros del régimen, fueron electos por aclamación. A la cabeza de ellos estaba Lázaro Peña, antiguo líder sindical estalinista, que asumió el cargo de secretario general.

El origen ideológico del poder ejercido desde arriba

La política que Fidel Castro estaba implementando era coherente con las ideas sobre el poder y la revolución que había articulado cuando estuvo preso en Isla de Pinos (1953-1955) por motivo del fallido ataque al Cuartel Moncada. Probablemente impresionado por lo que describiera como caos, desorden y falta de disciplina que presenció como activista, tanto en la fracasada expedición de cayo Confites organizada con el propósito de derrocar al dictador Trujillo en República Dominicana en 1947, como en la gran explosión social y política (llamada Bogotazo) en Colombia en 1948; reaccionó situándose al otro extremo. Desarrollaría, en consecuencia, una visión monolítica de lo que debía ser una organización revolucionaria.

Así escribe, por ejemplo, el 14 de agosto de 1954 en el diario que mantenía en el mal llamado Presidio Modelo de Isla de Pinos:

No puede organizarse un movimiento donde todo el mundo se crea con derecho a emitir declaraciones públicas sin consultar con nadie; ni puede esperarse nada de aquel que se integre por hombres anárquicos que a la primera discrepancia toman el sendero que estiman más conveniente, desgarrando y destruyendo el vehículo. El aparato de propaganda y de organización debe ser tal y tan poderoso que destruya implacablemente al que trate de crear tendencias, camarillas, cismas o alzarse contra el movimiento.  

Años más tarde, el periodista de Radio Rebelde Carlos Franqui escribe sobre el liderazgo poco colectivo y democrático de Fidel Castro cuando colaboró con él en la Sierra Maestra, a finales de 1958:

He observado que muchas de nuestras reuniones son más bien una especie de consulta. O una conversación, casi siempre la prodigiosa conversación de Fidel, en la que se da por sentada una decisión, sin que casi nunca se tome un acuerdo ampliamente discutido por todos. Situación por lo que todos somos responsables por acción y omisión.  

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Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y Carlos Franqui.

No cabe duda de que las tendencias revolucionarias, pero políticamente autoritarias y desde arriba de Fidel Castro, no eran originales ni se limitaban a su persona. De hecho, esas tendencias facilitaron la creación de un grupo cercano y leal al líder cubano que compartía su visión revolucionaria y políticamente autoritaria, y que habían sido adquiridas, o por lo menos reforzadas, en sus experiencias dentro o cerca del movimiento comunista.

Así, por ejemplo, Raúl Castro había sido miembro de la Juventud Socialista (ala juvenil del PSP) a principios de los cincuenta; y el Che Guevara desarrolló una orientación procomunista muy a favor de Stalin a mediados de la misma década, durante su estancia en Guatemala, aunque nunca se unió al partido comunista de dicho país. Es obvio también que la ideología estalinista del PSP (el viejo partido comunista cercano a Moscú) poseía una «afinidad electiva» con las ideas y prácticas autoritarias de Fidel Castro y sus colaboradores cercanos.

                     El contexto socio-político del poder desde arriba

La gran popularidad de Fidel Castro y su indudable habilidad política no hubieran sido suficientes para lograr imponer con tanto éxito sus perspectivas políticas y controles organizacionales de no haber existido una serie de coyunturas políticas que le fueron sumamente favorables. No olvidemos que llegó al poder contando con una hegemonía revolucionaria indiscutible, ya que ni el Directorio Revolucionario ni el PSP estaban en condiciones de cuestionar, y mucho menos de oponerse, a sus pronunciamientos y decisiones, pues no disponían de su abrumadora popularidad.

Por su parte, los partidos políticos que fueran importantes en vísperas del golpe de estado del 10 de marzo de 1952, como los ortodoxos y auténticos, habían colapsado años antes de 1959. En contraste, consideremos la revolución política ocurrida en Venezuela exactamente un año antes, en enero de 1958, que derrocara al dictador Pérez Jiménez.  

A diferencia de Cuba, en vísperas de su revolución política Venezuela contaba con partidos políticos significativos y estables, como Acción Democrática y Copei, organizaciones que poco después de la victoria sobre Pérez Jiménez llegaron al Acuerdo de Punto Fijo, en octubre de 1958, precisamente para garantizar el estatus quo político y económico del país y evitar una revolución social. Esos partidos venezolanos no tenían equivalente en la Cuba de 1959, por lo tanto, Fidel Castro no tenía contrincantes políticos con la fuerza necesaria para obligarlo a ceder o negociar acuerdos.

En la Cuba de 1958 tampoco existían formaciones oligárquicas integradas por los estratos superiores de la burguesía, la Iglesia Católica y la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas que hubieran podido funcionar como bastión contra las fuerzas revolucionarias. Como se mencionó anteriormente, en vísperas de la Reforma Agraria de 1959, los hacendados y colonos, conscientes de su falta de poder político para evitar una reforma radical, trataron inútilmente de seducir al Gobierno Revolucionario.

Respecto al ejército de Batista, era dirigido por un cuerpo de oficiales de origen de clase media y baja, que se había convertido en casta privilegiada y generalmente corrupta sin ideología alguna que justificara su poder. Cuando el coronel Ramón Barquín y varios oficiales de carrera denunciaron la corrupción en el ejército durante el Consejo de Guerra a que eran sometidos por conspirar contra Batista en 1956, fueron burlonamente denominados «los puros», lo que ilustra claramente la actitud cínica prevaleciente en las fuerzas armadas en la Cuba de Batista.

Un ejército así es por naturaleza débil, y solamente pelea mientras los beneficios recibidos justifiquen los sacrificios. No por gusto las fuerzas armadas batistianas colapsaron cuando tuvieron que combatir en serio al Ejército Rebelde.

Fidel Castro tuvo además muy buena suerte respecto a situaciones sumamente difíciles y peligrosas, un factor que los estudiosos a veces rehúsan considerar. La «buena suerte» en sobrevivir en este contexto se refiere a una serie de eventos concretos que suceden fuera del control de los actores políticos y que tienen gran impacto en la vida política de ellos y de la sociedad.

En el caso de Fidel, un ejemplo fue la muerte en combate tanto de José Antonio Echevarría, líder del Directorio Revolucionario, como de Frank País, uno de los líderes principales del Movimiento 26 de Julio, en 1957. Ello eliminó del escenario político revolucionario a dos figuras que pudieran haber realmente competido con él por el supremo liderazgo.

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Cadáver de Frank País. (Foto: Archivo Cubadebate)

Aún más impresionante fue el hecho que, de los ochenta y dos combatientes que habían partido del puerto mexicano de Tuxpan en el Granma, a finales de 1956, menos de veinte sobrevivieron al desembarco en el suroeste de Oriente. Esa representa una tasa de sobrevivencia de menos del veinticinco por ciento, si se la compara con la tasa de sobrevivencia de las decenas de miles de tropas que participaron en la invasión de Normandía, la que varió entre el treinta y cuatro y el cincuenta por ciento en dependencia de la naturaleza de las unidades combatientes. 

Los dos períodos del Gobierno Revolucionario y las presiones desde abajo

Es pertinente notar, sin embargo, que en el caso de Cuba se manifiesta una diferencia significativa en la manera en que el gobierno se ha comportado entre el período que va de 1959 hasta el colapso del bloque soviético en el 1990, y desde esa fecha hasta ahora.

Si bien tuvo que admitir ciertas licencias durante la primera etapa, como la apertura de mercados campesinos en los ochenta, en general la ayuda material del bloque soviético compensó en gran parte los serios daños causados por el bloqueo económico norteamericano, y permitió al gobierno mantenerse firmemente en el poder sin dar muchas concesiones, presidiendo sobre una austeridad que generalmente satisfacía las necesidades más básicas de la población, y una significativa movilidad social, en parte generada por la emigración de amplios sectores de las clases medias y altas.

No obstante, desde que comenzaran las crónicas y profundas crisis económicas causadas por la desaparición de la URSS, y el subsiguiente descenso en el apoyo popular y legitimidad política del régimen, este último se ha visto obligado a una serie de concesiones, algunas de ellas importantes, como la significativa relajación de la posibilidad de emigrar para los cubanos (excepto los cientos de «regulados» políticos a los cuales no se les permite).

Por todo esto, no sorprende que mientras por una parte las crisis económicas y políticas han hecho al régimen más vulnerable a cierto tipo de presiones sociales y económicas; su relativa debilidad política lo torna decididamente represivo, como demuestran las largas condenas de prisión a cientos de cubanos acusados de participar en las protestas mayormente pacíficas del 11 de julio del 2021.

Es necesario aclarar que las estructuras políticas y sociales de Cuba distan del grado de pluralismo implícito en muchas de las nociones sobre el supuesto poder de las «presiones desde abajo», tanto en la etapa temprana de la revolución cubana como en la etapa actual. Por supuesto, eso no quiere decir que al gobierno no le importe lo que la gente piensa o quiere, o que no haga todo lo posible por manipular al pueblo para evitar no solamente explosiones populares como las del 11 de julio de 2021, sino cualquier manifestación independiente de descontento por pacífica que sea.

Es por eso, por ejemplo, que antes de que se aprobara la Constitución de 2019 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, fueron organizadas discusiones para que la gente expresara opiniones e hiciera sugerencias sobre el texto constitucional.

Pero vale notar dos características claves de estas discusiones: las autoridades decidían sin consulta democrática de ningún tipo cuáles sugerencias serían adoptadas y cuáles rechazadas, característica típica de la cooptación burocrática desde arriba; y más que nada, los cubanos que asistían a esas reuniones no tenían la posibilidad ni el poder de coordinar sus propuestas con las de otros compatriotas que asistían a reuniones en otros lugares, y muchísimo menos podían utilizar los medios de comunicación para hacer propaganda y agitar a favor de sus propuestas u objetar otras.

Basta comparar este tipo de cooptación con el amplio debate público en periódicos, revistas y emisoras de radio, y las elecciones libres de delegados entre los muchos candidatos de todos los partidos políticos, incluyendo notablemente al Partido Comunista, antes de la Convención Constituyente de 1940, para apreciar la enorme diferencia entre los dos procesos constitucionales.  

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Entre los constituyentistas de 1940 había seis comunistas y tres mujeres entre los delegados. En la foto, Salvador García Agüero y Juan Marinello. (Foto: Trabajadores)

La Reforma Agraria: ¿radicalizada por presiones desde abajo?

Quizás porque la ley de Reforma Agraria de 1959 marcó un punto de inflexión en la radicalización de la revolución, algunos estudiosos han argumentado que fue la «presión desde abajo» la que explica el rumbo radical tomado por el gobierno revolucionario. Así lo hace un estudio conducido en 1972 por los científicos sociales Juan y Verena Martínez Alier, en los archivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el que concluyeron que cuando la clase obrera rural demandó tierra o trabajo, esta demanda creó una gran presión de clase sobre el gobierno cubano que causó su radicalización.

Es importante notar que los investigadores no reportaron nada que demostrara impaciencia, descontento o desconfianza de los campesinos respecto a las acciones y políticas del Gobierno Revolucionario, lo que generalmente sucede cuando un campesinado inquieto y demandante confronta a gobiernos moderados, cautelosos o vacilantes de tipo reformista, liberal o conservador.

En todo caso, los principales líderes cubanos ya hacía mucho que se habían radicalizado, aunque antes de la victoria, como se señaló, se mantuvieron muy discretos. Más que nada, Fidel Castro y sus colaboradores cercanos disfrutaban, sobre todo en aquellos años, de un enorme crédito político con el pueblo, y especialmente con los más desposeídos, así que por lo menos en aquel momento tenían poco de qué preocuparse, en particular cuando no existía ninguna fuerza política significativa que los pudiera rebasar, después de mayo de 1959, al proponer una política más anticapitalista que la de ellos.

Por supuesto, los líderes revolucionarios, así como la gran mayoría de los cubanos, estaban sumamente conscientes de las grandes expectativas populares respecto al logro de una mejora apreciable en su nivel de vida, lo que en realidad ya estaba ocurriendo a un grado importante en 1959 e inicios de 1960, antes que se destaparan las crisis económicas y en especial agrícolas en el país.

A la luz de esa realidad, es posible que las expectativas populares puedan apreciarse como un tipo de presión, excepto que no fue ejercida como una fuerza externa que alterara el rumbo de los líderes revolucionarios, que es el modo en que lo asumen Juan y Verena Martínez Alier en «”Tierra o trabajo”: Notas sobre el campesinado y la Reforma Agraria, 1959-1960”, en Cuba: Economía y Sociedad, París, Ruedo Ibérico, 1972, 109-208).

A la referida obra hay que añadir un trabajo reciente de Sarah Kozameh que propone igualmente que las presiones populares alteraron el rumbo de los líderes revolucionarios. («Agrarian Reform and the Radicalization of Revolutionary Cuba», Cuban Studies, #51, 2022, 28-46.) Kozameh asume que los avances de la Reforma Agraria, después de su aprobación en 1959, se debieron a presiones que los campesinos cubanos ejercieron sobre el gobierno cuando este actuaba de una manera que ella califica como «moderada» (sin que explique cuál hubiera sido entonces una actuación «radical»

Basándose en las cartas enviadas a las oficinas del INRA, Kozameh concluye que los campesinos presionaron al gobierno a conceder los beneficios prometidos cuando se aprobó la ley de reforma agraria, presionó al INRA a actuar contra los intereses de los terratenientes y, de esta manera, propulsó la radicalización de la revolución.

No hay duda de que la autora estudió archivos del INRA, pero dudo que haya leído con cuidado los periódicos y revistas de la época, que la hubieran informado acerca del radicalismo del gobierno antes y después de mayo de 1959, especialmente cuando ignora o le da poca importancia al rol del Ejército Rebelde en el proceso de Reforma Agraria. (Por cierto, fue el Ejército Rebelde el que en la Sierra convocó, en 1958, a los campesinos a organizarse y no al revés, según sostiene Kozameh).

Es claro, como afirma la autora, que los terratenientes y latifundistas trataron por todos los medios de mediatizar, sino eliminar, la reforma agraria. Pero fue el INRA, obviamente apoyado por el gobierno y el Ejército Rebelde, el que, por ejemplo, despidió a Manuel Artime, líder católico que había tratado de «moderar» la reforma agraria desde las mismas filas del INRA. Y, como señalé antes, fueron el Ejército Rebelde, los funcionarios del INRA y no los campesinos mismos, los que en la práctica diaria llevaron a cabo las «intervenciones» de tierras que establecieron los fundamentos de la revolución en el campo.   

Finalmente, la gran mayoría de quejas al INRA no pueden ser  consideradas presiones de índole política. Quejas sobre posible corrupción, decisiones erróneas y mal implementadas, ineficiencia, y lo que seguramente constituyeron numerosos errores administrativos dada la falta de experiencia de los nuevos funcionarios agrícolas; no significan de manera alguna «presiones políticas» en el sentido de lo que Kozameh reclama radicalizó a los líderes revolucionarios.

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En el actual edificio que ocupa el MINFAR, se encontraba el INRA.

De hecho, el primer ejemplo de protesta citado por Kozameh es acerca de un tal Juan Triana Fernández, a quien los funcionarios del INRA en Matanzas le confiscaron los bueyes indispensables para transportar sus cosechas y hasta permitieron que un rebaño de doscientas vacas pisotease sus tierras lo que incidió en que perdiera la cosecha de arroz.

Triana fue claramente víctima de una increíble incompetencia, negligencia y abuso burocrático, que hubiera requerido por lo menos el reemplazo inmediato de los funcionarios responsables. Pero eso no tiene que ver con la supuesta presión desde abajo para radicalizar la legislación agraria. Por supuesto, nada de esto quiere decir que no existieran conflictos reales entre campesinos y terratenientes.  ¿Sin embargo, cómo actuaron en esos casos los funcionarios locales del INRA y los oficiales del Ejército Rebelde? Es poco probable que hayan apoyado a los antiguos propietarios. De haber ocurrido así, cuando los campesinos escribieran al INRA para quejarse y protestar vigorosamente, eso sí sería una verdadera «presión política».  

Los motivos de estas interpretaciones

Varios estudiosos de la Revolución Cubana siguen la pauta de lo que pudiéramos denominar «la Historia desde abajo, pero al revés». Hay dos factores principales involucrados en tales procesos: primero, las usanzas académicas, que frecuentemente tienen una relación complicada y no necesariamente directa con imperativos políticos. La influencia intelectual de los enfoques relativamente nuevos «desde abajo», que en general considero muy positivos, pueden sin embargo crear presiones académicas para que los estudiosos los traten de aplicar de manera acrítica en condiciones poco propicias.

Segundo, hay también motivaciones, sobre todo políticas, cuando los estudiosos, comprensiblemente, tratamos de aplicar raseros y preferencias ideológicas a tareas académicas e intelectuales. Para los que simpatizan con el régimen cubano no es fácil demostrar, por razones obvias, que ahora, o aun en 1959, este haya estado sometido a controles populares de índole democrática desde abajo.

Entonces, como no pueden pretender que ha existido control democrático por parte de la población, tratan de mostrar que existieron presiones populares desde abajo que han tenido impacto significativo en las decisiones políticas del gobierno, tratando de crear de esa manera una visión más positiva y aparentemente más democrática, aunque irreal, del mismo.

20 junio 2022 15 comentarios 1.196 vistas
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Alternativa

Una alternativa para Cuba: democracia política y económica

por Samuel Farber 21 febrero 2022
escrito por Samuel Farber

Sobre las reformas económicas del gobierno y las propuestas de sus críticos

Las reformas económicas en Cuba deben ser analizadas tanto en términos económicos como de sus consecuencias sociales y políticas, especialmente respecto al impacto que tienen sobre la igualdad, integración social y solidaridad de la sociedad cubana, elementos esenciales para construir una alternativa democrática superior al sistema que impera en la Isla.

Es precisamente esa dimensión socio-política la que tiende a estar ausente de los análisis y propuestas generados en respuesta al fracaso de las reformas gubernamentales. Un ejemplo es la idea de abolir el monopolio estatal del comercio exterior y permitir que los cubanos importen mercancías sin límite y sin ninguna injerencia estatal.

Tal y como ha sido formulada, esta propuesta asume el laissez faire del mercado como única alternativa al monopolio estatal del comercio exterior. Lo que omite es que tal política, inevitablemente, acabaría favoreciendo los intereses y preferencias de quienes detentan el poder económico, lo que incluye a muchos personeros del presente régimen, y malgastaría las ya escasas divisas en la importación de bienes suntuarios para el uso personal de sus familias —aparatos electrodomésticos, joyas, pinturas, muebles—, que poco contribuirían al desarrollo económico de la Isla pero que sí auspiciarían de manera significativa la desigualdad.

Ciertamente, la política de importación del presente régimen no es menos injusta y arbitraria que la política económica de laissez faire, especialmente cuando favorece a ciertos sectores de la economía, como el turismo, a costa, por ejemplo, de la agricultura. Pero existe una tercera alternativa, más equitativa que el monopolio estatal y que el dominio del laissez faire, pues propone la regulación transparente del comercio exterior basada en el establecimiento de prioridades, mediante un proceso de discusión y debate democrático inclusivo para el uso de las divisas.

Desde un punto de vista igualitario y que busca la integración social, la prioridad debiera ser la importación de productos e insumos para la alimentación, salud y educación de la población, que también contribuyan al desarrollo económico del país. Estas prioridades se aplicarían tanto a las importaciones del gobierno como a las de entidades privadas.

De hecho esta fue, en sus rasgos más generales, el tipo de política que trazó el Banco Nacional de Cuba en 1959, el primer año de la Revolución en el poder. (Aunque como en aquella época la economía estaba principalmente en manos privadas, se desarrollaron modos muy efectivos para socavar las reglas establecidas por el Banco Nacional, como el caso típico de los proveedores extranjeros que falsificaban las facturas de importación para facilitar la fuga legal de capitales.)

Alternativa (2)

Acto de nombramiento de Ernesto Che Guevara como presidente del Banco Nacional de Cuba, el 26 de noviembre de 1959. A su izquierda Felipe Pasos, presidente saliente, y a su derecha, Cepero Bonilla y Regino Botti.

El problema de los subsidios

Otras propuestas de reforma económica se enfocan en los subsidios que los cubanos reciben desde los años sesenta a través de la libreta de racionamiento. Aunque el gobierno ha estado reduciendo los artículos incluidos en esa libreta, sigue basándose en el mismo principio que rigió el subsidio desde sus orígenes: lo que se subsidia son los productos, no las personas. Las voces críticas del gobierno han abogado por el principio opuesto, o sea, por subsidiar a las personas y no los productos.

Obviamente, hay cierta racionalidad económica en este último principio, dado que al limitar el subsidio a personas de bajos recursos se reduce el gasto innecesario. Pero cuando se establece un ingreso límite por debajo del cual se concede esta asistencia, tarde o temprano aquellos que por sus ingresos quedan por encima de ese límite pero que aun así siguen estando al borde o cerca de la pobreza, acaban por resentir a los que reciben el subsidio.

Esto ha sido fuente de un gran problema político en los Estados Unidos, donde la derecha política y cultural se ha valido de ese resentimiento para propiciar un clima de desprecio por los llamados welfare recipients (personas pobres que reciben asistencia social). Tal desprecio tiene un aspecto racial muy importante. Porque si bien la mayoría absoluta de los receptores de asistencia social han sido blancos, son los afroamericanos y latinoamericanos quienes, por ser mucho más pobres, han estado desproporcionadamente representados en las filas de la asistencia, lo que se ha usado para desacreditar al welfare, alegando que está exclusivamente dedicado a mantener a esas minorías étnico-raciales.

Ese resentimiento racial fue usado por el gobierno neoliberal del presidente demócrata Bill Clinton (1993-2001) para reducir dramáticamente el programa de welfare y extender a su favor el apoyo político de los estratos bajos de las clases medias, especialmente entre los blancos. En contraste, Social Security —programa universal de pensiones federales para todos los jubilados— cuenta con el vasto apoyo de la población norteamericana y casi todos los presidentes y políticos, demócratas y republicanos, se presentan como sus grandes defensores.

Una posible alternativa en Cuba, tanto a la cobertura universal de subsidios como al establecimiento de un nivel específico de ingresos que divide a los subsidiados de los no subsidiados, pudiera ser el establecimiento de una escala de subsidios inversamente proporcional a los ingresos. Esto sería mucho más equitativo y políticamente deseable, dado que una clara mayoría de la población obtendría beneficios de los programas en cuestión.

El problema de la gratuidad

Dirigentes del régimen, como Raúl Castro, han propuesto eliminar las gratuidades al defender el ahorro en la prestación de servicios sociales. El problema con el enfoque de Raúl Castro, y de la mayoría de los que lo apoyan dentro y fuera del gobierno, es que frecuentemente analizan la gratuidad como un problema en sí mismo, independiente y aparte de la baja productividad y escaso crecimiento económico, y que a veces la conciben —aunque no explícitamente—como un mal social y hasta ético.

Es obvio que una economía que no crece, tiene baja productividad y subsidia la mayoría de los artículos que produce y de los servicios que presta; va hacia la bancarrota. Pero la otra cara de esa misma moneda es que, a medida que el nivel de crecimiento y productividad de la economía aumenta, se hace materialmente posible el mantenimiento y aún la expansión de las gratuidades.

Esto no quiere decir que los beneficiarios deban aceptar pasivamente que el gobierno use una baja en la economía como pretexto para recortar las gratuidades: es el gobierno, que ha sido en gran parte responsable de la situación económica actual, quien debe solucionar el problema de la crisis económica, pero no a costa de los más necesitados. Una política igualitaria y democrática debe apoyar tanto la expansión de las gratuidades a medida que el país se vuelva más próspero, como la resistencia de los que más dependen de esas gratuidades a que se las quiten cuando la economía se contrae.

Nada de esto tiene que ver con la noción oficialista de «las conquistas que la Revolución le ha dado» a los cubanos, como si estos fueran el objeto en vez del sujeto de la Revolución. A la luz de esa entelequia oficialista, uno se pregunta quién o quiénes son los sujetos que constituyen «la Revolución» si no son los mismos beneficiarios. A no ser que los ciudadanos sean vistos como personas que deben estar agradecidas al poder paternalista que utiliza «la Revolución» lo mismo como bandera que como escudo.

A diferencia de la sociedad y economía capitalista, al centro de la cual se hallan la mercancía y las relaciones sociales anti-solidarias de competencia que surgen de esta; una política igualitaria y democrática deriva de una visión general que pone al centro la igualdad, solidaridad e integración sociales. Desde ese punto de vista, la gratuidad no es un mero hecho económico, sino además un bien común que promueve la igualdad y la solidaridad, y que hay que mantener y expandir con todo el cuidado que estos bienes gratuitos requieren.

Como la experiencia política y las ciencias sociales han demostrado, la gente va a apreciar, cuidar y especialmente a defender dichos bienes, cuando estos son resultado del debate y decisiones adoptadas consciente y democráticamente por ellos mismos, más que cuando son impuestos desde arriba.

Alternativa (3)

Cartel propagandístico en centros de salud cubanos.

  Más allá de las reformas económicas: una democracia socialista

Las políticas económicas del gobierno y de sus críticos, derivan de una visión general de la sociedad que cada uno de ellos considera deseable. Son visiones variadas que conforman un conjunto de modelos socio-económicos. Dos de estos son particularmente preocupantes por el tipo de sociedades anti-democráticas que representan.

El primero —del que deriva la perspectiva de una parte de los críticos del sistema, y en privado de un buen número de funcionarios del gobierno—, propone el modelo sino-vietnamita, basado en un sistema político unipartidista ligado a un sistema económico que combina empresas estatales con un poderoso sector capitalista.

En China, el sector capitalista ha sido ampliamente respaldado y hasta cierto grado dirigido por la banca estatal. Esto se ha acompañado por la represión a cualquier expresión de sindicalismo independiente, tanto en el sector privado como del estado, además de la expropiación de la tierra a gran parte del campesinado mediante la fuerza y sin compensación justa, con el propósito de expandir la industria y promover la urbanización.

No en balde hasta el propio gobierno ha tenido que reconocer como fenómeno crónico las miles de protestas obreras y campesinas que ocurren año tras año en el país contra la arbitrariedad y represión gubernamentales. Vale hacer notar que las organizaciones oficiales obreras y campesinas, funcionan en estos conflictos como agentes del gobierno y no como órganos de defensa de sus miembros.  

Dada la composición económica y política actual en Cuba, la transición hacia el modelo sino-vietnamita muy posiblemente sería encabezada por los militares, quienes de hecho ya participan de lleno y han establecido y desarrollado sus redes en el mundo internacional de negocios a través de la corporación GAESA, que maneja y dirige todas las empresas lucrativas de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias).

El segundo modelo, que comparten muchos críticos de derecha dentro y fuera de la Isla, propone el establecimiento de una Cuba capitalista neoliberal, plattista e inevitablemente dictatorial dada la muy probable resistencia obrera y popular a la implementación de sus planes. Implantar un modelo así, desde arriba, sin apoyo popular significativo, tendría que contar, o bien con la anuencia de una buena parte de la poderosa burocracia cubana, lo que requeriría que la incorporen como socia en la nueva clase gobernante; o bien con una ocupación militar de los Estados Unidos, probablemente disfrazada de intervención humanitaria.  

Alternativa (4)

Estructura del sistema empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. (The Havana Consulting Group – 2018)

El peligro que estas dos visiones y sus variantes implican respecto a la democracia y autodeterminación de Cuba, se vuelve cada vez más real a medida que la situación económica empeora, lo que abre el camino a esas políticas en la Isla. Por ello es importante que la nueva izquierda cubana desarrolle una visión coherente del modelo de sociedad que propone como alternativa a las otras, que a su vez le sirva como estrategia para organizar sus planes y actividad política y tratar de obtener apoyo y echar raíces fuera de los círculos académicos e intelectuales donde muchos nos movemos. 

A continuación presento varios puntos sobre esa visión —que solamente cubren parte de la realidad cubana— y que quisiera someter a debate con los lectores de estas páginas.

Estas propuestas son muy controvertidas, dado que abogan por una alternativa al «mercado libre», generalmente visto como si fuera inherente a la naturaleza humana, en vez de un producto histórico como lo explica Karl Polanyi en su clásico La Gran Transformación. Es por eso que me concentraré en cuestiones de índole económica en el espacio disponible.

Se trata de una visión que propone una sociedad socialista que tiene como meta la democracia, tanto política —libertad de organización y respeto al derecho ciudadano—, como económica —control democrático de las decisiones sobre la economía nacional. Es una meta que solo se puede realizar en una economía cuyas «alturas dominantes» pertenezcan a un sector público sujeto a: 1) un sistema de fiscalización (control obrero) con sindicatos independientes que tienen el derecho de huelga, y 2) una planificación económica transparente y democrática que incorpore a todos los cubanos, que auspicie una economía sostenible y consciente de los peligros ecológicos que confronta el país.

Mediante su participación democrática en la toma de decisiones en sus centros de trabajo, los obreros cubanos implementarían los planes democráticamente adoptados a nivel nacional por los representantes de la población en general. Estos mecanismos son clave para promover la solidaridad social como alternativa a una economía de mercado libre, regida por el principio de la ganancia, la competencia y el individualismo desenfrenado.

Esta economía también daría cabida a los trabajadores por cuenta propia, a las cooperativas genuinamente independientes y a la pequeña empresa privada —aunque no a las llamadas empresas medianas que pueden emplear hasta 100 trabajadores, lo que las convertiría en empresas esencialmente capitalistas— en todos los sectores económicos, lo que incluiría a profesionales como arquitectos e ingenieros, al dotarlos no solo de personalidad jurídica, sino también de la posibilidad real de obtener créditos bancarios y ayuda técnica gubernamental para sus proyectos.

Habría unas pocas excepciones a esta última regla, como el ejercicio de la medicina, que debería permanecer como un servicio público y no privado, con el fin de evitar un sistema médico para los ricos y otro, inferior, para los pobres. Es necesario aclarar aquí una confusión muy extendida en Cuba según la cual los servicios médicos son gratuitos. En realidad, no lo son. Los paga la ciudadanía a través de impuestos, directos y/o indirectos, o a través de la asignación que el estado hace del presupuesto nacional, que es producto del trabajo de la ciudadanía misma.

Es un método mediante el cual cada persona paga indirectamente por recibir atención médica en lugar de pagar directamente a quien le rindió el servicio. También funciona como un método para distribuir los costos del sistema de salud a través de toda la población y evita, por ejemplo, que los pacientes más enfermos estén obligados a pagar cifras astronómicas para poder sobrevivir.

Alternativa (5)

Karl Polanyi

Pero en contraste con la situación actual, que obliga al personal médico a reponer los costos de su educación profesional trabajando para el estado el resto de sus vidas profesionales, el sistema aquí propuesto limitaría la obligación del personal médico al servicio social cubano de tres años (similar a México).

Terminado el servicio social, los nuevos médicos podrían trabajar tanto directamente para el estado como para organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil, como sindicatos y asociaciones vecinales, provisto que la atención a los pacientes sea sufragada, en última instancia, por el erario público. Además, el estado estaría obligado a respetar el derecho de este personal a organizar sindicatos y asociaciones profesionales independientes para negociar con el gobierno su salario y condiciones de trabajo.

Es muy posible que esto resulte en un aumento de salarios del personal médico, lo que no sería exigir mucho dados los bajos sueldos que perciben, y además sería justo, si se valora el largo período de educación y entrenamiento requeridos para ejercer la medicina. El aumento salarial también serviría como incentivo para que el personal médico decida permanecer en la Isla en lugar de ejercer lo que en una sociedad democrática sería su derecho: la libre entrada y salida del país, y no una mera concesión del gobierno como actualmente.

De entre todos los bienes comunes, aparte de los servicios de la salud, sobresale la educación, especialmente la educación pública. El énfasis en la educación pública se debe a que no solo provee la instrucción para trabajar y vivir dignamente, sino que también forja en el alumnado valores educacionales, científicos, y especialmente democráticos en un ambiente de respeto a los derechos de las minorías, sin atropellos y sin culto a la violencia y a la muerte. Es por eso que la asistencia a la escuela pública debería ser obligatoria, por lo menos a niveles primarios y secundarios. Nada de esto impide que los padres puedan enviar a sus hijos a instituciones privadas para que en su tiempo libre reciban, por ejemplo, clases de religión si así lo desean.      

Queda por tratar la inversión de empresas extranjeras en Cuba, que por lo general es privada. Es un tipo de inversión que quedaría fuera del control del estado, de las «alturas dominantes de la economía». No cabe duda de su necesidad visto el avanzado proceso de descapitalización del país. Habría que crear un sistema especial para este tipo de empresas, que tome en cuenta el sistema de fiscalización o control obrero, así como la existencia de sindicatos libres.

Para no repetir los abusos del gobierno y del PCC, estas empresas contratarían directamente a sus trabajadores en lugar de hacerlo a través del estado, y estarían obligadas a observar las leyes laborales, lo que incluiría los contratos colectivos de trabajo que establecen derechos, como el de antigüedad, y otras disposiciones, que en los Estados Unidos son denominadas «acción afirmativa» y cuyo objetivo es combatir la discriminación racial y de género.

Alternativa (6) El mercado y la planificación

Es obvio que en esta economía democrática socialista el mercado desempeña un rol; como en el caso del trabajo por cuenta propia, las cooperativas y la pequeña empresa privada, y más aún en las relaciones mercantiles en el comercio internacional, en el que inevitablemente una economía abierta como la cubana estaría involucrada. De hecho, la planificación socialista en un país como Cuba sería en efecto un intento de contrarrestar, o por lo menos balancear, lo que de otra manera sería el inevitable predominio absoluto del mercado internacional.

Esto es especialmente necesario para evitar el histórico monocultivo, o su equivalente en el sector de servicios. De otra manera llegaríamos —si no es que hemos llegado ya—, a la realidad de que «sin turismo, no hay país», al igual que en otra época el conocido hacendado José Manuel Casanova proclamó que «sin azúcar, no hay país». Sin embargo, el hecho de que el mercado funcione en una economía no significa inevitablemente que domine el funcionamiento de esa economía.

Aquí es pertinente citar la distinción que el economista socialista británico Pat Devine hace  —en su libro Democracy and Economic Planning. The Political Economy of a Self-Governing Society—, entre el intercambio en el mercado, donde una mercancía se intercambia por dinero (dependiendo de la oferta y la demanda de dicha mercancía) y lo que él llama las «fuerzas del mercado», que determinan el patrón de inversión, el tamaño relativo de diferentes industrias y la distribución geográfica de la actividad económica; o sea, determinan la dinámica de la economía.

Estas «fuerzas del mercado» se pueden controlar mediante la planificación del funcionamiento de las «alturas dominantes» de la economía, controladas por el sector público. Devine describe esa planificación como un proceso de coordinación y negociación abierta y transparente entre las empresas públicas y los varios sectores económicos, sujeto a mecanismos democráticos de control obrero y popular.

Esta planificación, democrática y transparente, se presenta como alternativa al capitalismo, a la planificación burocrática e ineficiente de la economía en Cuba, y también al llamado «socialismo de mercado», un modelo de autogestión obrera que tuvo cierto apoyo entre los disidentes del este de Europa antes del colapso del bloque soviético, y que algunos cubanos están actualmente proponiendo para la Isla.

El «Socialismo de mercado»

El «socialismo de mercado» propone la autogestión obrera en el marco de una economía de empresas autosuficientes que compiten entre sí.  Es un modelo similar al que Josip Broz, Tito, estableció en la desaparecida Yugoslavia en los cincuenta y que fue desmontado en los setenta. Conforme a él, la autogestión se limitaba al control obrero de la planificación y producción de sus empresas. Pero la planificación a nivel nacional estuvo a cargo de la burocracia que operaba al estilo soviético, aunque después de 1965 fue abolida, abriéndole paso al mercado como regulador económico a nivel nacional.

El modelo de control obrero tuvo éxito a nivel local, en el sentido que aumentó la producción y productividad de los obreros. Sin embargo, debido a que las empresas competían entre sí, y especialmente en la ausencia de una planificación nacional después de 1965, el modelo también produjo desempleo, altibajos muy pronunciados en la actividad mercantil de la economía, una gran desigualdad salarial, y diferencias económicas entre las repúblicas yugoslavas que favorecieron a las regiones económicamente más avanzadas del norte.   

La falta de poder de los trabajadores yugoslavos para decidir algo más allá de lo que sucedía en sus propios centros de trabajo, propició en ellos actitudes parroquiales: concentrados exclusivamente en el manejo de su empresa, no tenían motivos para apoyar la inversión en otros centros de trabajo. No es difícil predecir el impacto negativo de un sistema así en Cuba, con el continuo empobrecimiento que existe, por ejemplo, en el sureste de la región oriental, donde los cubanos negros son mayoría.

Como señala Catherine Samary en su libro Yugoslavia Dismembered, este sistema fue impotente para resolver los problemas económicos generados tanto por el plan burocrático, antes de 1965, como por el dominio del mercado después. La ausencia de democracia política en el sistema unipartidista, encabezado por Tito y su partido Liga de Comunistas, y de control democrático sobre la economía, socavó cualquier posibilidad de solidaridad; las relaciones de mercado a nivel nacional fragmentaron aún más a la clase obrera. El principio del fin de la economía del socialismo de mercado ocurrió en la década del setenta, con la intervención del Fondo Monetario Internacional para saldar la deuda exterior de 20 mil millones de dólares que la economía yugoslava había generado.

Alternativa (7)

Josip Broz

Planificación capitalista

La planificación nacional de la economía tiene una mala reputación debido a su gran fracaso en la antigua Unión Soviética y en Cuba. Ese fracaso ha sido atribuido a la planificación en sí. Pero esta atribución ignora que la planificación en esos países acaeció dentro de un sistema político unipartidista, controlado por una burocracia que establece desde arriba lo que se produce, cómo y cuándo, sin la participación ni la información real de los que producen y administran a nivel local y que verdaderamente conocen lo que sucede en los centros de trabajo.

Es ese contexto político de la planificación el que llevó al fracaso económico de la Unión Soviética y a las crisis económicas en Cuba. Lo que las voces críticas de la planificación también ignoran es que ella también existe dentro de las grandes empresas capitalistas. Es, por ejemplo, un aspecto integral del funcionamiento de las gigantescas corporaciones norteamericanas que emplean a millones de personas, desde las más modernas, como Amazon y Microsoft, hasta las más tradicionales como United Airlines y General Motors.

Asimismo, desconocen que en países capitalistas avanzados que son políticamente democráticos, la planificación ha sustituido exitosamente al mercado como instrumento principal para dirigir la economía en tiempos de guerra. Y que esa planificación confrontó y resolvió problemas en el proceso de planificación que, como veremos más adelante, habían sido considerados irresolubles. Todo esto pone en duda la aseveración de que la planificación económica a nivel nacional no funciona independientemente del sistema político dentro del cual existe.

Un ejemplo de planificación nacional que abarcó tanto el sector privado como público de una economía capitalista es la Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial. Este país, a diferencia de los Estados Unidos, sufrió en su territorio numerosas bajas y daños materiales como resultado de agresiones aéreas, no solo en la capital sino también en ciudades con grandes concentraciones industriales, como Coventry. Pat Devine describe la vida económica del Reino Unido durante esos años no como resultado del funcionamiento del mercado, sino de decisiones administrativas respecto a qué y dónde producir.

Ello no quiere decir que hubiera un plan único que cubriera toda la economía; sino un conjunto de planes sectoriales entrelazados más o menos coherentemente, producto de un complejo proceso de negociación entre diferentes firmas y sectores económicos.

Las únicas decisiones que afectaron a la economía como un todo concernieron a la distribución de recursos entre varias categorías de usuarios —militares, consumo doméstico, exportación— que no requerían un conocimiento detallado de lo que sucedía dentro de cada uno.

Hubo también planificación de la mano de obra que trabajaba para la industria privada y para el sector público. Esta operó a través de una serie de encuestas, llevadas a cabo a partir de 1941, cuyos resultados fueron la base sobre la que se formularon los cálculos de la mano de obra necesaria. Regiones con excedentes y déficits de mano de obra tuvieron que cooperar entre sí, aunque resultó más eficiente llevar el trabajo a la gente que promover el movimiento en gran escala de trabajadores de una región a otra.

Alternativa (8)

La planificación incluyó hasta la agricultura, donde una política de subsidios a los granjeros fue combinada con las instrucciones del War Agricultural Executive Committee (Comité Ejecutivo Agrario de Guerra) que decidía qué debía cultivarse en diferentes regiones, y hasta tenía la autoridad de incautar las tierras en ciertos casos. Un resultado notable de esa política agraria fue que, entre 1939 y la primavera de 1940, la tierra cultivada en Gran Bretaña aumentó en 1.7 millones de acres. En 1940 y 1941, la campaña para arar (plough up) los campos tuvo éxito en aliviar la escasez de alimentos que ya no se podían importar debido a la guerra.

De acuerdo a Pat Devine, las empresas tuvieron que cooperar para no solicitar más mano de obra de lo que sus contratos justificaban, a pesar de que las sanciones por no cumplir con las metas de producción fueron generalmente mayores que las de solicitar más trabajadores que los necesarios.

Esta cuestión es importante, dado que el acaparamiento de recursos y mano de obra por parte de los gerentes industriales y agrícolas constituyeron una de las contradicciones principales estudiadas por el economista húngaro János Kornai en lo que llamó «economías de escasez» (shortage economies) en los países del bloque soviético.

La necesidad de cooperación sugiere que en la vida real no existe una brecha irreparable entre la economía y el resto de la vida política y social. En otras palabras, son muchas veces los factores supuestamente extra-económicos los que pueden determinar el éxito de este tipo de economía de guerra, como también pudiera ser el caso en una sociedad donde la autogestión democrática en la economía afecta notablemente la motivación de los trabajadores que participan en ella con el entusiasmo, esfuerzo y cuidado que es razonable esperar de personas que tienen un considerable poder de decisión y responsabilidad en sus centros de trabajo.

Es también obvio que cualquier iniciativa para establecer control obrero en la economía tendría que estar basada en un movimiento obrero dispuesto a luchar para obtener esa y otras conquistas. La tasa de ganancia para el capital fue negociada con el gobierno, generalmente a un nivel más bajo que antes de la guerra. Pero la enorme demanda garantizada por la creciente producción bélica aseguró una tasa de utilización industrial de cerca del cien por ciento, sin precedentes en la historia del capitalismo británico. Eso aumentó muchísimo la cantidad total de ganancias de los capitalistas, aunque no necesariamente la tasa de ganancias.

Los ingresos de la población ascendieron, en parte porque hubo poco desempleo debido a la economía de guerra, y la resultante presión inflacionaria fue contenida a través de impuestos, ahorro obligatorio, control de precios y racionamiento. La salud pública mejoró notablemente respecto a las condiciones de trabajo. El sistema riguroso de racionamiento de guerra tuvo éxito porque los británicos más pobres pudieron comer más y de manera más saludable que antes de la guerra. Si bien el nivel y estándar de vida decayó, los bienes disponibles fueron distribuidos con más equidad, aunque ese tipo de distribución temporal no alteró las desigualdades fundamentales de la sociedad británica, que después de todo siguió siendo una capitalista.

Alternativa (9)

Como consecuencia de la movilización militar y laboral provocada por la guerra, la economía británica cambió rápidamente del desempleo prevalente en los años treinta a la escasez de mano de obra de los cuarenta. Hubo una dramática y extendida conversión de la planta industrial a propósitos bélicos, como en los casos de las industrias automovilística y aeronáutica que comenzaron a producir aviones de guerra, tanques, y municiones, entre otros productos de guerra.

El gobierno de coalición presidido por Winston Churchill cooptó a los líderes sindicales con el claro propósito de evitar conflictos laborales, más que nada las huelgas. Con la creación del National Arbitration Council (Consejo Nacional de Arbitraje), las huelgas se volvieron prácticamente ilegales, clara evidencia de la naturaleza clasista de la coalición gubernamental, que de plano estableció la desconfianza a los obreros en los centros de trabajo como guía general de conducta.

Aun así, la política laboral del gobierno de coalición propició un aumento de los sindicalizados y mayor poder local de los obreros en los centros de trabajo. Esto se reflejó en las huelgas importantes que ocurrieron en los últimos años del conflicto bélico en astilleros, fábricas de refacciones y maquinarias, y entre los mineros. Ellas fueron frecuentemente organizadas por comités de base sindicales, en vez de por los líderes nacionales de los sindicatos británicos, cooptados por el gobierno.

Pat Devine estima que el sistema de planificación económica nacional operó razonablemente bien en Gran Bretaña, dependiendo en gran medida del consentimiento, buena fe, y cooperación honesta con las autoridades, todo en aras del éxito contra el nazismo. Según su análisis, en ese país se dieron las dos condiciones necesarias para una planificación coherente: información y motivación adecuada. Como sabemos, esos dos factores generalmente han brillado por su ausencia en Cuba, igual que ocurrió en los países del bloque soviético en Europa.

Por otra parte, no hay dudas de que la democracia política británica decayó durante la guerra, ya que se introdujeron limitaciones a las libertades civiles, como la censura militar de la correspondencia y en medios de comunicación. El mero hecho de la coalición gubernamental establecida al inicio de la contienda entre los dos partidos más importantes (Conservadores  y Laboristas), con el apoyo externo del pequeño Partido Liberal, y la cancelación de elecciones en el período, eliminó temporalmente la posibilidad de alternancia en el poder que define a la democracia parlamentaria.

Pero, a pesar de la guerra y la ausencia de elecciones, Gran Bretaña no se convirtió en una dictadura civil o militar. De hecho, poco después de terminada la guerra, el Partido Laborista ganó decisivamente las elecciones de 1945, derrotó a Winston Churchill y al Partido Conservador e instaló en el poder un gobierno que realizó reformas importantes, sobre todo en el área de salud, con la inauguración en 1948 del National Health Service (NHS), una versión de la medicina socializada.

Alternativa (10)

Winston Churchill

Hasta ahora ese sistema de salud pública disfruta de amplio apoyo político en Gran Bretaña, a pesar de las dificultades producidas por la pandemia de Covid y de los cambios y reducciones que el NHS ha sufrido en las últimas décadas a manos de las políticas neoliberales, tanto del Partido Conservador como del Laborista.

Finalmente, queda por aclarar por qué la economía de mercado parece ser incompatible y de hecho ha sido puesta a un lado por los gobernantes en tiempos de guerra —aún en el Reino Unido, cuna del capitalismo industrial. 

Hay muchas razones para ello, pero más que nada se debe a la tendencia inevitable de las grandes corporaciones capitalistas a aumentar su tasa de ganancias por todos los medios posibles, lo que choca con las necesidades de una economía de guerra, que depende de la previsibilidad de la producción bélica y del control de costos de los insumos, que de otra manera se dispararían en un mercado «libre», especialmente cuando confronta una situación de escasez, tanto de armamentos como de artículos de consumo.

Las economías de guerra también tienden a eliminar por todos los medios el malgasto sistemático de recursos que caracteriza al capitalismo «normal». Un ejemplo es el desempleo crónico. Como la economía capitalista «normal» se organiza en base a la competencia, que produce «ganadores» y «perdedores», hay un lapso significativo de tiempo antes de que estos últimos puedan conseguir empleos alternativos; mientras tanto, están desocupados y no contribuyen ni a su bienestar individual ni a la economía nacional. Es este tiempo perdido el que impide que la economía de mercado funcione adecuadamente en tiempo de guerra, debido a que puede conllevar a demoras de insumos bélicos que conviertan una victoria en derrota.  

Nada de esto quiere decir que no haya habido malgasto —las guerras constituyen por definición un malgasto catastrófico de seres humanos y recursos económicos— en las economías de guerra capitalista y que hayan sido óptimamente eficientes. Solamente una economía planeada racionalmente, basada en el control democrático ejercido por los trabajadores y la sociedad en general, en asociación estrecha con técnicos y científicos, puede aspirar a esa meta.

Desde el punto de vista de la izquierda crítica cubana, lo más importante es saber que la planificación económica a nivel nacional no solo es deseable, sino posible. Los grandes problemas y contradicciones de la planificación burocrática al estilo soviético y cubano, no son relevantes y mucho menos agotan las posibilidades de un plan racional y democrático para nuestro país.

21 febrero 2022 17 comentarios 1.927 vistas
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11 de julio

Reflexiones sobre el 11 de julio y lo que viene después

por Samuel Farber 1 noviembre 2021
escrito por Samuel Farber

Las jornadas del 11 de julio fueron el primer gran movimiento autónomo y democrático de los cubanos pobres y negros por lo menos desde 1959. Es cierto que otros grupos se unieron a las manifestaciones de ese día, por ejemplo, los estudiantes, pero ninguno de estos fueron los que le dieron su carácter social. No parece haber existido una presencia visible de los grupos políticos de derecha en la Isla, y, que yo sepa, nadie ha reclamado lo contrario.

Por eso no es sorprendente que los manifestantes no hayan esgrimido ningún eslogan o demanda de la derecha cubana, como la que esta propuso antes de las jornadas pidiendo la «intervención humanitaria» del exterior, o reclamando vergonzosamente, en una manifestación de cubanos radicados en una ciudad de Nueva Jersey, la invasión estadounidense. Si bien el rap cubano Patria y Vida no es claro respecto a las alternativas que propone al sistema social y político que impera en la Isla, no se puede decir, como algunos han pretendido, que su contenido político sea de derecha.

En respuesta a estas jornadas, el gobierno cubano decidió, por un lado, procesar judicialmente a la gran mayoría de los cientos de manifestantes arrestados, aunque para no variar su costumbre, ha rehusado proveer cifras sobre el número de detenidos, los cargos en su contra y las sentencias impuestas.

Al parecer, una parte de ellos fue sometida a juicios sumarios, sin derecho a un abogado defensor, y recibieron sentencias de hasta un año en la cárcel. Sin embargo, para los que consideró líderes, el régimen demandó sentencias mucho más largas. Ese fue por ejemplo, el caso de diecisiete cubanos arrestados en San Antonio de los Baños, el pueblo donde se originó la protesta, contra los que la fiscalía demandó condenas de hasta doce años de prisión.

Por otro lado, el gobierno incrementó sus presencia asistencial en numerosos barrios pobres de la capital y otras ciudades, lo que indica que, aunque no lo haya admitido públicamente, le preocupa mucho el descontento popular expresado el 11 de julio, y está intentando con esos servicios por lo menos calmar a los sectores más golpeados por la crisis económica, y aminorar el creciente distanciamiento y enojo de amplios sectores populares hacia el régimen.

Al mismo tiempo, el liderazgo político ha tratado de desacreditar la protesta popular, aprovechando su control absoluto de la prensa, radio y televisión para diseminar imágenes de los manifestantes que se involucraron en actos de violencia, pasando por alto el hecho de que la gran mayoría lo hizo pacíficamente. Asimismo ocultó la violencia con que la que, bajo sus órdenes, los llamadas «boinas negras» y otros órganos represivos, como la Seguridad del Estado, atacaron a la gente que ejercía su derecho a manifestarse pacíficamente. 

La profunda crisis económica —exacerbada por la pandemia del Covid-19 y por las medidas imperialistas de Trump, mantenidas por Biden—, afectó especialmente a los cubanos pobres y negros que salieron a la calle el 11 de julio. Dicha crisis no está por desaparecer con la apertura oficial del turismo extranjero programada para el 15 de noviembre, al principio del invierno en Canadá, Estados Unidos y Europa.

Además, el gobierno ya no cuenta con el grado de legitimidad con que Fidel y Raúl Castro, junto al resto de la generación histórica, gobernaban el país. Personajes como Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nuevo Presidente de la República y Primer Secretario del Partido, y Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, pertenecen a la segunda generación burocrática del sistema, cuyo prestigio y legitimidad política no pueden compararse con los de los históricos, que han llegado o están muy cerca de sus noventas, como Ramiro Valdés con 89 años. No es ocioso preguntarse cuántos de los manifestantes hubieran proferido el exabrupto «s…» a Raúl y aún menos a Fidel.

Soy de los que piensan que el 11 de julio del 2021 puede muy bien acabar siendo un parteaguas en la historia contemporánea de Cuba. Pero esto depende de cómo los cubanos respondan a la propuesta de la plataforma virtual ciudadana Archipiélago para organizar manifestaciones a través de la Isla a mediados de noviembre. Solo entonces veremos si los manifestantes del 11 de julio verdaderamente sembraron las semillas de los frutos del mañana, o si desafortunadamente su protesta pública fue apenas un brote aislado de descontento y rebeldía.

La manifestación del 15 de noviembre

El llamado a la manifestación del 15 de noviembre no pudo haber ocurrido en un momento más oportuno. Después de la gran explosión del 11 de julio —y de la manera en que el gobierno respondió— era políticamente lógico que el próximo paso sería presionar al gobierno para que reconociera, de facto, si no de jure, el derecho del pueblo a manifestarse libremente.

También era de esperar que el gobierno procedería, como efectivamente hizo, a negar el permiso para la manifestación, arguyendo que «los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba», y citando la Constitución del 2019 que establece que el sistema socialista que impera en Cuba es «irrevocable». O sea, que los gobernantes cubanos de ahora tienen el derecho constitucional de mantener y controlar el sistema imperante en la Isla per saecula saeculorum.

Esta es la constitución que, en contraste con la del 1940, fue adoptada bajo un sistema unipartidista que monopoliza la televisión, prensa y radio, y que no permitió que otras corrientes de opinión y partidos participaran en el proceso constituyente.

El control del partido único fue tal, que los ciudadano(a)s que participaron en las discusiones organizadas por el gobierno en diferentes lugares para dar sus sugerencias sobre el proyecto, no tuvieron siquiera el derecho, y aún menos la oportunidad, de organizar y coordinar sus sugerencias con las de otras personas en otros lugares; ni pudieron dar a conocer tales sugerencias directamente (sin los filtros y censura por parte del PCC) al público cubano a través de los medios masivos de comunicación, un síntoma clásico de la deliberada atomización política que promueve y mantiene el sistema de partido único.

Muy diferentes fueron las elecciones libres para delegados a la Asamblea Constituyente del 1940, que resultaron en la selección de personas que cubrieron un amplio espectro político, desde comunistas hasta conservadores. Estos pudieron organizar a la opinión pública para que los eligieran a dicha asamblea y participaron en la elaboración del texto progresista que devino de ella.

Es imposible predecir cómo y a qué grado la prohibición gubernamental va a afectar el alcance y dimensión de las protestas proyectadas para el 15 de noviembre. Planear protestas pequeñas, como ya se ha propuesto con el propósito de apaciguar al todopoderoso estado cubano, sería percibido por el régimen como una victoria (lograda mediante su abuso de poder).

Según @DiazCanelB, los que apoyan al régimen han pasado de ser "inmensa mayoría" a ser "suficientes".
Ya nunca más podrán hablar de grupúsculos. Los que pedimos un cambio somos una parte considerable de este pueblo. Necesitamos urnas, no órdenes de combate.#15NCuba pic.twitter.com/vFNJR2lR68

— Yunior García Aguilera (@yuniortrebol) October 25, 2021

Así lo vería también la prensa internacional, cuya importancia en esas situaciones no es nada despreciable, incluyendo su impacto tanto sobre el gobierno cubano como sobre la oposición. Tal victoria sería proclamada por el gobierno como una derrota del legado del 11 de julio. Y lo envalentonaría para por lo menos mantener el status quo político sin concesiones de ningún tipo.  

Pero también hay que tomar en cuenta las medidas drásticas que el régimen tomará para impedir la asistencia de la gente a la marcha, lo que no pudo hacer el 11 de julio por lo imprevisto de las manifestaciones. Ya la Fiscalía de la República ha advertido públicamente que tomará medidas muy duras para castigar a los que salgan a la calle a desafiar al régimen el 15 de noviembre.

Ante esa realidad, es muy posible que mucha gente decida no salir a la calle a protestar. Y que el mismo gobierno debilite la posibilidad de la protesta arrestando preventivamente, como ha hecho en otras ocasiones, a cientos y cientos de cubanos previo a la fecha fijada para la manifestación.

Es difícil prepararse para la represión. Pero ante la posibilidad del éxito —en este caso, el que los cubanos confronten al estado en una protesta masiva— hay que estar preparado para hacer uso de esa coyuntura con el fin de presentar y promover demandas democráticas. Porque una protesta masiva el 15 de noviembre pudiera conllevar a una situación análoga a una crisis hegemónica del régimen actual, la que, o bien invite a un gobierno sorprendido y temeroso a adoptar la línea dura de represión —lo que es muy probable—, o que abra nuevas posibilidades para la organización autónoma de nuevas fuerzas políticas en la Isla. 

Esta última posibilidad requeriría una reevaluación tanto estratégica como táctica de lo que deberían ser las propuestas y actitudes políticas de la nueva izquierda crítica en Cuba, teniendo en cuenta que posiblemente ocurriría en el contexto de un conflicto triangular entre esa nueva izquierda, el gobierno y la derecha plattista y revanchista. Esas propuestas, que se deberían haber formulado anteriormente, se volverían, con esa apertura, verdaderamente indispensables.

Una de las propuestas indispensables es la abolición del unipartidismo, justificado por el gobierno por tanto tiempo, en infinidad de ocasiones y con los más diversos argumentos. Entre ellos, la apelación a la unidad política como idea de José Martí.

A fines del siglo XIX, Martí exhortó a todos los grupos y facciones que apoyaban la independencia de Cuba a que se unieran en el Partido Revolucionario Cubano para combatir más efectivamente al colonialismo español. Cuando convocó a esa unidad por la causa independentista, intentaba superar los pequeños celos y tendencias autoritarias de los jefes militares insurgentes y unificar la campaña militar contra España subordinada a una dirección civil.

11 de julio (2)

José Martí junto a otros miembros del PRC.

La unidad a la que instaba respecto a la guerra, no tenía nada que ver con el sistema de partidos que él, junto con otros líderes independentistas concibieron para la nueva república de Cuba independiente, y muchísimo menos con el establecimiento constitucional de un estado unipartidista que excluyera o declarara ilegales a otros partidos.

Otra justificación frecuentemente esgrimida por el régimen se basa en la supuesta «unidad monolítica» del pueblo cubano —término acuñado por Raúl Castro— que el PCC pretende representar. Pero qué prueba más contundente de la diversidad de nuestro pueblo que las grandes manifestaciones que tuvieron lugar el 11 de julio. Aunque estas no son verdaderamente necesarias para probar nuestra pluralidad respecto a las estructuras de clase, raza y género, por solo mencionar las más importantes.

Mucho menos se puede tomar en serio el argumento que el régimen proclama cada primero de mayo, cuando declara al PCC como el único partido que debe y puede representar a la clase obrera cubana. Esta es una pretensión de origen estalinista que León Trotsky demolió en La Revolución Traicionada, publicada en 1936, como sigue:

En realidad, las clases son heterogéneas, desgarradas por antagonismos interiores, y solo llegan a sus fines comunes por la lucha de las tendencias, los grupos y los partidos. Se puede conceder con algunas reservas que «un partido es parte de una clase». Pero como una clase está compuesta de numerosas capas —unas miran hacia delante y otras hacia atrás— una misma clase puede formar varios partidos. Por la misma razón, un partido puede apoyarse sobre capas de diversas clases. No se encontrará en toda la historia política un solo partido representante de una clase única, a menos que se consienta en tomar por realidad una ficción policíaca.  

El razonamiento marxista de Trotsky no solo descarta ideas que él mismo mantuvo en otras etapas de su vida política, sino que, aplicado a la situación cubana, claramente indica que la concepción monolítica de la clase obrera y del PCC no tiene justificación alguna en la realidad.

El sistema de partido único es el obstáculo principal a la democratización del país, un proceso cualitativamente diferente de la liberalización que el régimen ha instaurado hasta cierto grado, como por ejemplo, cuando en 2013 aumentó considerablemente el número de cubanos que podían viajar al exterior. Si bien liberalizó las salidas, no las estableció como un derecho para todos los cubanos de la Isla, sino como un privilegio concedido discrecionalmente por el gobierno, como demuestra la situación de los «regulados», a los cuales no se les permite salir y regresar a su país.

Es por situaciones como esa, que cubanos conscientes y preocupados por las arbitrariedades que han tipificado al sistema imperante, han insistido por mucho tiempo en la necesidad de establecer lo que fue sancionado ya hasta por la Constitución de 2019: un estado de derecho que funcione basado en las leyes y no en la discreción de los que gobiernan.

11 de julio (3)

Esta es una demanda fundamental en el combate contra la arbitrariedad, los privilegios y abusos del poder. Sin embargo, es una conquista imposible bajo el sistema unipartidista imperante en Cuba, en el que la voluntad política del PCC, transmitida a través de sus «orientaciones», se coloca por encima de las leyes e instituciones del propio sistema.

Aquellos que consideran que la abolición del unipartidismo es una demanda demasiado radical, pero aun así quieren participar en un movimiento para democratizar al país, pudieran presentar demandas que avancen por esa senda y eduquen a la gente, haciendo más transparente para ellos el enorme poder del PCC.

Así, por ejemplo, podrían argumentar que mientras el PCC sea el único partido permitido debe representar a toda la diversidad social y política que existe en Cuba. Esa diversidad incluye a las mismas filas del PCC, aunque es un hecho que el poder la ha suprimido creando un clima de coacción burocrática y, cuando es necesario, recurriendo a métodos policíacos como en el caso de la «microfacción» liderada por el viejo estalinista Aníbal Escalante entre 1967 y 1968, que acabó siendo encarcelado junto con sus partidarios.

El argumento por la inclusión de la diversidad en el partido sería equivalente a demandar que el PCC rompa con la tradición que equivocadamente llama «centralismo democrático», que en realidad es un centralismo burocrático: decisiones tomadas desde arriba, en contraste con las basadas en una discusión, y voto libre que cesa, muchas veces provisionalmente, una vez que se ha determinado un voto que vincula a todos los miembros a actuar en conjunto). Lograr esto permitiría la formación de facciones y plataformas (para las convenciones del partido) dentro de su propia organización.    

También pudieran demandar que el PCC se transforme en un partido estrictamente electoral, o sea, que se restrinja a proponer sus candidato(a)s para las elecciones de funcionarios públicos. Tal cambio pondría fin a las funciones de «orientación» del PCC, mediante las cuales controla y dirige, como partido único, las actividades económicas, educacionales y políticas. Si bien este cambio en sí no conformaría una democracia, al menos conllevaría a un pluralismo de los de arriba, con cada comunista electo actuando por cuenta propia, lo que efectivamente fragmentaría el monolito burocrático del partido único.

En realidad, estas dos últimas propuestas difieren más en grado que en substancia de la primera, ya que golpearían seriamente al sistema unipartidista y crearían espacios para organizar más efectivamente la oposición al régimen, y especialmente para seguir insistiendo y luchando por la abolición total del unipartidismo con el objetivo de sentar las bases de una democracia socialista.

1 noviembre 2021 55 comentarios 3.119 vistas
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Manifestantes cubanos

¿Por qué los cubanos se manifestaron el 11 de julio?

por Samuel Farber 7 agosto 2021
escrito por Samuel Farber

Las manifestaciones callejeras que estallaron en toda Cuba el 11 de julio son un hecho sin precedentes desde el triunfo de la Revolución cubana, hace más de sesenta años. Pero, ¿por qué ahora? Esta nota explora los factores históricos, económicos y políticos que ayudan a clarificar las causas del 11 de julio en Cuba, analiza el papel de Estados Unidos y hace una breve reflexión sobre el futuro cubano.

***

El domingo 11 de julio estallaron manifestaciones callejeras en Cuba. Contrariamente a la gran manifestación de 1994, que se limitó al Malecón, la larga arteria de La Habana frente al Golfo de México, la del 11 de julio tuvo un carácter nacional. Hubo manifestaciones en muchas ciudades, como Santiago de Cuba en el este, Trinidad en el centro de la isla y La Habana en el oeste.

El acceso cada vez mayor a las redes sociales tuvo un papel importante en la rápida difusión de las protestas; no fue ninguna sorpresa que el gobierno suspendiera inmediatamente el acceso a algunos sitios de redes sociales y que interrumpiera todas las llamadas telefónicas desde el extranjero.

La presencia en la calle y la participación de mujeres y hombres negros fue notoria en todas partes. Esto no es sorprendente, ya que son mucho menos los cubanos negros que reciben remesas de divisas desde el extranjero, si bien más del 50% de la población recibe alguna ayuda financiera a través de esta vía.

Las remesas se han convertido en la clave de la supervivencia en Cuba, sobre todo a raíz de la constante disminución de la cantidad de artículos disponibles a través de la libreta de racionamiento subvencionada y establecida en pesos. Los cubanos negros también han sido víctimas del racismo institucional en el sector del turismo, donde los trabajos visibles de «primera línea» están reservados principalmente a los hombres y mujeres blancos y de piel clara, más «atractivos».

Los manifestantes no levantaron ni apoyaron ningún programa o ideología política, excepto la reivindicación general de libertad política. La prensa oficial cubana afirma que las manifestaciones fueron organizadas desde el extranjero por cubanos de derecha. Pero los manifestantes no se hicieron eco de ninguna de las reivindicaciones asociadas a la derecha cubana, como el apoyo a Trump que suele escucharse en el sur de Florida y en algunos círculos disidentes de Cuba.

Nadie reclamó la «intervención humanitaria» pregonada por los plattistas (la Enmienda Platt, aprobada por el Congreso en 1901 y abolida en 1934, otorgaba a Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente en Cuba), como lo planteó el biólogo Ariel Ruiz Urquiola [desde Ginebra], víctima también de la represión gubernamental por su activismo ecológico independiente.

Los manifestantes hablaron de la escasez de alimentos, de medicamentos y de bienes de consumo esenciales, calificaron al presidente Díaz-Canel de «s…» –una expresión que en Cuba se traduce por «fucked», pero que se refiere a una persona mala y mezquina– y entonaron la consigna «Patria y Vida», título de una canción muy popular de un grupo de raperos negros cubanos.

«Patria y Vida» es una oposición al antiguo lema del gobierno cubano «Patria o Muerte», un eslogan que podía tener sentido en los años 60, cuando Cuba se enfrentaba a verdaderas invasiones, pero que raya en la obscenidad cuando lo pronuncian burócratas de la segunda generación. Sin duda, ya es hora de cuestionar el culto machista del régimen a la violencia y la muerte, y esta canción lo hace muy bien.

Pero, ¿qué significa el hecho de rechazar implícitamente el año 1959, el primero la exitosa Revolución, como lo hace la canción? En Cuba no había entonces un sistema de tipo soviético y 1959 no puede reducirse a los hermanos Castro. Muchas personas de muy distintas convicciones políticas lucharon y murieron para llevar adelante la revolución que derrocó a la dictadura de Batista.

La canción expresa, en cambio, sentimientos democráticos importantes contra el actual régimen cubano, pero lamentablemente no dice nada sobre la alternativa deseable y deja un espacio para que los peores elementos derechistas y pro Trump del sur de la Florida la apoyen como propia.

Fiel a su estilo, el presidente Díaz-Canel llamó a los «revolucionarios» a estar listos para la batalla y salir a retomarles las calles a los manifestantes. De hecho, fue la policía uniformada, la Seguridad del Estado (la policía secreta) y las Boinas Negras (las fuerzas especiales) quienes respondieron con gases lacrimógenos, porras y cientos de detenidos, entre las que se encontraban varios críticos de izquierda.

Según un informe de Reuters del 21 de julio, las autoridades confirmaron que habían empezado a juzgar a los manifestantes acusados de diversos delitos, pero lo desmintieron según otro informe de prensa del 25 de julio. Se trata de juicios sumarios sin presencia de abogado defensor, un mecanismo que se utiliza habitualmente para las infracciones menores en Cuba pero que, en este caso, implica la posibilidad de años de prisión para quienes sean declarados culpables.

La mayoría de las manifestaciones estuvieron marcadas por la indignación, pero en general fueron pacíficas y hubo pocos casos de violencia, como saqueos y el hecho de volcar coches policiales. Esto contrasta con la violencia que suele mostrar la policía. Hay que destacar que al llamar a sus partidarios a salir a la calle para luchar contra los manifestantes, Díaz-Canel invocó la noción, de más de sesenta años, de que «las calles pertenecen a los revolucionarios».

Igualmente, el gobierno siempre ha proclamado que «las universidades son de los revolucionarios» para expulsar a estudiantes y profesores que no se pliegan a su línea. Un ejemplo de ello es el caso de René Fidel González García, profesor de Derecho expulsado de la Universidad de Oriente. González García es un firme crítico de las políticas gubernamentales que, lejos de renunciar a sus ideales revolucionarios, los ha reafirmado en numerosas ocasiones.

Manifestantes cubanos (1)

Simpatizantes del gobierno, algunos armados con palos, acuden al llamado del presidente (Foto: Reuters)

Pero, ¿por qué ahora?

Cuba atraviesa la crisis económica más grave desde los años 90, cuando, tras el derrumbe del bloque soviético, los cubanos sufrieron largos cortes de electricidad debido a la escasez de petróleo, así como una malnutrición endémica con sus consiguientes problemas de salud.

La crisis económica actual se debe al desplome del turismo ocasionado por la pandemia, el que se combina con la desinversión de capital a largo plazo por parte del gobierno y a su incapacidad para mantener la producción, incluso a los niveles más bajos de los últimos cinco años. El PIB (producto interior bruto) de Cuba cayó un 11% en 2020 y sólo creció un 0.5% en 2019, el año anterior al inicio de la pandemia.

La zafra anual de azúcar, que finalizó esta primavera, no llegó al millón de toneladas, por debajo de la media de 1.4 millones de los últimos años y muy lejos de los 8 millones de toneladas de 1989. El reciente intento del gobierno para unificar las dos monedas que circulaban en Cuba –principalmente el CUC («peso cubano convertible»), sustituto del dólar, y el peso cubano– resultó contraproducente ya que provocó una grave inflación pronosticada antes, entre otros, por el destacado economista cubano Carmelo Mesa-Lago.

Si el CUC está desapareciendo efectivamente, la economía cubana está prácticamente dolarizada con la caída constante del valor del peso. Mientras que el tipo de cambio oficial es de 24 pesos por dólar, el que prevalece en el mercado negro es de 60 pesos por dólar, y la situación va a seguir empeorando porque faltan los dólares de los turistas. Esta tendencia hacia un dólar cada vez más caro puede verse frenada en cierta medida por la reciente decisión del gobierno de privilegiar el euro como moneda fuerte.

Lo peor de todo es que hay una escasez generalizada de alimentos, incluso para los que tienen divisas, moneda fuerte. Las reformas agrícolas de los últimos años para aumentar la producción nacional no funcionaron porque son inadecuadas e insuficientes, no permiten que los agricultores privados y los usufructuarios (agricultores que arriendan tierras al gobierno por períodos de veinte años renovables por otros veinte años) alcancen a alimentar al país.

Así, por ejemplo, el gobierno concede arbitrariamente créditos bancarios a los agricultores para algunas cosas, pero no para otras, como la eliminación del marabú, una hierba invasora. Su eliminación es esencial para los cultivos pero el costo de la misma es muy elevado. 

Acopio, la agencia estatal que se encarga de recoger la parte sustancial de la cosecha que los agricultores deben vender al Estado a los precios establecidos por el gobierno, es claramente ineficiente y genera despilfarro, ya sea porque sus camiones no llegan a tiempo para recoger su parte, o por la indiferencia y negligencia sistémicas que imperan en los procesos de envío y de almacenamiento. Esto genera enormes pérdidas y desperdicios que reducen la calidad y la cantidad de bienes disponibles para los consumidores.

Por ello, Cuba importa de varios países el 70% de los alimentos que consume, incluido Estados Unidos (en 2001 se concedió una derogación al bloqueo para la exportación ilimitada de alimentos y medicamentos a Cuba, pero con la seria restricción de que la Isla debe pagar en efectivo antes de que la mercadería sea enviada).

6/6 La reducción de la alta dependencia de las importaciones de ese alimento es un asunto estratégico para Cuba. Puede leer mi comentario ampliado y ver gráficos adicionales en https://t.co/5aibMsV0Ar

— Pedro Monreal (@pmmonreal) November 8, 2019

El economista cubano Pedro Monreal llamó la atención sobre los millones de pesos que el gobierno ha gastado en la construcción de hoteles turísticos (en su mayoría a través de empresas mixtas con capitales extranjeros) que, incluso antes de la pandemia, estaban ocupados muy por debajo de su capacidad, mientras que la agricultura no cuenta con inversión pública.

Esta elección unilateral de prioridades por parte del Estado/Partido único es un ejemplo de lo que sucede con las prácticas profundamente antidemocráticas. [Pedro Monreal publicó recientemente en Twitter un balance de los efectos perversos de las inversiones en el periodo 2014-2020. El gasto en sanidad, bienestar y educación se redujo en favor del sector inmobiliario hotelero, un hecho que lleva al economista a afirmar que esta dinámica «habría sido improbable si los pobres tuvieran algún poder real en las decisiones económicas» – Nota de A l’encontre].

Esto no es un «defecto» del sistema cubano, como tampoco lo es la búsqueda incesante de beneficios en el capitalismo estadounidense. Tanto la burocracia y la falta de democracia en Cuba como el implacable afán de lucro en Estados Unidos no son defectos sino elementos constitutivos de ambos sistemas.

Del mismo modo, el petróleo se ha vuelto cada vez más escaso, ya que los envíos del venezolano a cambio de servicios médicos cubanos disminuyeron. No cabe duda de que el recrudecimiento del bloqueo criminal por parte de Trump, que fue más allá de la simple reversión de la liberalización de Obama durante su segundo mandato en la Casa Blanca, también ha perjudicado gravemente a la isla, entre otras cosas porque ha dificultado que el gobierno cubano utilice bancos en el extranjero, estadounidenses o no, para financiar sus operaciones.

De hecho, el gobierno estadounidense sanciona a las empresas que hacen negocios con Cuba impidiéndoles hacer negocios con Estados Unidos. Hasta los acontecimientos del 11 de julio, la administración Biden había dejado intactas casi todas las sanciones de Trump. Desde entonces, ha prometido que va a permitir un mayor envío de remesas y que va a dotar de más personal al consulado estadounidense en La Habana.

El bloqueo criminal es real y dañino, pero ha provocado relativamente menos estragos económicos que lo que está en el corazón del sistema económico cubano: el control y la gestión burocrática ineficiente e irracional de la economía por parte del gobierno. El gobierno cubano y sus aliados «izquierdistas» del Norte globalizado, y no el pueblo cubano, siguen, como desde hace décadas, culpando sólo al bloqueo de todos los males.

Al mismo tiempo, la clase trabajadora de las zonas urbanas y rurales no tiene incentivos económicos ni políticos bajo la forma de control democrático de sus lugares de trabajo y de la sociedad para implicarse, lo que reduce la cantidad y la calidad de la producción.

Situación sanitaria en Cuba

Después del comienzo de la pandemia de Covid-19 a principios de la primavera de 2020, con respecto a los otros países de la región, la situación en Cuba fue relativamente buena durante el primer año. Pero en los últimos meses, por razones que aún no están claras, aparte del ingreso de la cepa Delta en la isla, se ha deteriorado fuertemente, agravando así los problemas económicos y políticos del país.

Como señalaba Jessica Domínguez Delgado en el sitio cubano El Toque, hasta el 12 de abril, poco más de un año después del inicio de la pandemia, habían fallecido 467 personas de los 87.385 casos que se habían diagnosticado de Covid-19. Sin embargo, sólo tres meses después, el 12 de julio, el número de personas fallecidas era de 1.579 de los 224.914 casos diagnosticados (2,5 veces más que en el período anterior, mucho más largo).

La provincia de Matanzas y su capital del mismo nombre, situada a 100 kilómetros al este de La Habana, se convirtieron en el epicentro de la repentina expansión de la pandemia. Según el gobernador provincial, en Matanzas faltaban 3.000 camas en relación con el número de pacientes que las necesitaban. El 6 de julio, un amigo personal que vive en la ciudad de Matanzas me escribió sobre la terrible situación sanitaria, con falta de médicos, tests y oxígeno en medio de hospitales desbordados. Mi amigo me dijo que el gobierno nacional se había mostrado incapaz de controlar la situación hasta ese día, hasta que, por fin, formuló un plan de acción para la ciudad.

Manifestantes cubanos (2)

Ante la situación sanitaria de la provincia, se lanzó la campaña SOS Matanzas

Finalmente, el gobierno tomó una serie de medidas, entre ellas el envío de una cantidad importante de personal médico extraordinario, pero al momento de escribir este artículo, es demasiado pronto para evaluar cuáles son los resultados.

Los científicos e institutos de investigación cubanos merecen mucho crédito por el desarrollo de varias vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, el gobierno es responsable de la excesiva e innecesaria demora en la vacunación de la población, agravada por su decisión de no procurarse vacunas donadas desde el extranjero y de no adherirse al programa Covax (Covid-19 Vaccines Global Access) de 190 países, patrocinado por varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la que el gobierno mantiene buenas relaciones. Actualmente, sólo el 16% de la población está totalmente vacunada y apenas el 30% ha recibido al menos una dosis.

La crisis médica en la provincia y en la capital de Matanzas forma parte de un esquema más amplio de escasez y abandono de la atención médica, ya que el gobierno ha acelerado la exportación de personal médico al extranjero para reforzar lo que representa su principal exportación desde hace tiempo. Por eso, el valioso programa de médicos de familia introducido en los años 80, se deterioró seriamente.

Mientras que el gobierno cubano aplica un índice decreciente (que incluye algunos trabajos voluntarios) a sus clientes extranjeros, los médicos cubanos reciben entre el 10 y el 25% de lo que los clientes extranjeros le pagan al gobierno. No hace falta decir que el personal médico cubano no puede organizar sindicatos independientes para negociar con el gobierno las condiciones de trabajo. Sin embargo, salir al extranjero es algo que la mayoría de los galenos cubanos desean, ya que ganan una cantidad importante de divisas y pueden adquirir productos foráneos. No obstante, si no regresan a Cuba al final de su misión, son sancionados administrativamente (es decir, no judicialmente) con ocho años de exilio forzoso.

El contexto político

A principios de este año, la vieja guardia dirigente, que peleó contra el régimen de Batista y que tiene entre ochenta y noventa años, dejó sus funciones gubernamentales para darle paso a la nueva dirección compuesta por Miguel Díaz-Canel (nacido en 1960) como presidente y Manuel Marrero Cruz (nacido en 1963) como primer ministro. Esta nueva dirección sigue con la política de Raúl Castro de liberalización económica y social, sin democratización. Por ejemplo, en 2013 el gobierno liberalizó las reglamentaciones que controlaban la circulación de personas para que la mayoría de los cubanos pudiera viajar al extranjero más fácilmente.

Sin embargo, y a la misma vez, el gobierno ha hecho que sea prácticamente imposible para muchos disidentes salir del país, por ejemplo, retrasando su salida para que no puedan llegar a tiempo a las conferencias en el extranjero y creando una lista de unos doscientos «regulados» (personas sujetas a disposiciones reglamentarias) a los que no se les permite salir en absoluto.

Manifestantes cubanos (3)

En su comparecencia del 11 de julio, el Presidente llamó a «los revolucionarios» a tomar las calles (Foto: Canal Caribe)

Es importante destacar que, al igual que otras medidas adoptadas por el gobierno cubano mencionadas anteriormente, estas acciones son la continuación de las políticas de Fidel y Raúl Castro, en las que las decisiones políticas y administrativas se toman al margen del sistema judicial. Lo mismo ocurre con las cientos de detenciones relativamente breves que el gobierno de Raúl Castro solía llevar a cabo cada año, sobre todo para intentar obstaculizar las manifestaciones públicas no controladas por el gobierno (un método policial que sólo se aplica, en principio, a las manifestaciones políticas previamente planificadas, a diferencia de las que tuvieron lugar el 11 de julio).

El Estado/Partido único

El Estado/Partido único sigue funcionando como bajo el gobierno de Fidel y Raúl Castro. Sin embargo, en realidad, el Partido Comunista de Cuba (PCC) no es realmente un partido, lo que implicaría la existencia de otros partidos. El PCC tampoco es un partido principalmente electoral, aunque controla firmemente desde la cúpula las llamadas elecciones periódicas que siempre dan lugar a la aprobación unánime de la línea política seguida por las autoridades.

A veces, algunas personas desilusionadas con los partidos corruptos existentes en América Latina e incluso en Estados Unidos reaccionan con indiferencia, o incluso aprueban el Estado unipartidista cubano, porque consideran que las elecciones refuerzan los sistemas corruptos. Esas personas piensan que es mejor tener un partido político honesto, que funcione, que un sistema multipartidista corrupto que no funcione.

El problema con este tipo de razonamiento es que los sistemas burocráticos de partido único no funcionan bien en absoluto, excepto quizás para suprimir por completo cualquier oposición. Además, la corrupción se abre paso tarde o temprano en un sistema de partido único, como la historia lo ha demostrado repetidas veces. En el caso de Cuba, el propio Fidel Castro advirtió en un famoso discurso del 17 de noviembre de 2005 que la Revolución tenía más posibilidades de perecer por la corrupción endémica que por las acciones de los contrarrevolucionarios.

El monopolio organizativo del PCC, que la Constitución cubana establece explícitamente, no sólo afecta las elecciones, sino que también extiende su poder de forma muy autoritaria para controlar la sociedad cubana a través de las llamadas organizaciones de masas que funcionan como correas de transmisión de las decisiones tomadas por el Buró Político del PCC.

Por ejemplo, la CTC [Central de Trabajadores de Cuba], el sindicato oficial, es la correa de transmisión que permite al Estado cubano mantener su monopolio sobre la organización de los trabajadores cubanos. Más allá de hacer cumplir la prohibición de las huelgas, la CTC no es una organización que defienda los intereses de la clase obrera determinados por los propios trabajadores. Por el contrario, fue creada para promover lo que la dirección del PCC en el poder considera que son los mejores intereses de los trabajadores.

Los mismos mecanismos de control se aplican a otras «organizaciones de masas» como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y a otras instituciones como editoriales, universidades y el resto del sistema educativo. Los medios de comunicación (radio, televisión y periódicos) siguen estando bajo el control del gobierno, y se basan en las «orientaciones» del Departamento ideológico del Comité Central del PCC.

Sin embargo, hay dos excepciones importantes al control estatal sobre los medios de comunicación: la primera tiene que ver con las publicaciones internas de la Iglesia Católica, pero la jerarquía católica cubana es extremadamente prudente y la distribución de sus publicaciones se limita a sus parroquias y a otras instituciones católicas. Una excepción mucho más importante es Internet, que el gobierno no ha logrado someter a su control absoluto y que sigue siendo el principal vehículo para las voces críticas y disidentes. Ese control incompleto de Internet es precisamente lo que hizo posible las explosiones políticas nacionales del 11 de julio.

¿Adónde va Cuba?

Al no contar con la presencia de Fidel Castro ni con el grado de legitimidad que conservaba la cúpula histórica, Díaz-Canel y los demás dirigentes del nuevo gobierno fueron duramente golpeados en lo político por los acontecimientos del 11 de julio, si bien recibieron el vergonzoso apoyo de la mayor parte de la izquierda internacional. El hecho de que la gente parece no tener ya miedo es quizá la mayor amenaza para el gobierno que se desprende de los acontecimientos del 11 de julio.

A pesar de este golpe, la nueva dirección está dispuesta a seguir con la orientación de Raúl Castro que consiste en desarrollar una versión cubana del modelo chino-vietnamita, el que combina un alto grado de autoritarismo político con concesiones al capital privado y sobre todo, extranjero.

A su vez, los dirigentes del gobierno cubano seguirán aplicando políticas de reforma económica incoherentes e incluso contradictorias por miedo a perder el control en favor del capital privado cubano. El gobierno ha autorizado recientemente la creación de PYMES (pequeñas y medianas empresas privadas), pero no sería nada sorprendente que muchas de estas PYMES recién creadas acabaran en manos de funcionarios del Estado convertidos en capitalistas privados.

Existe un importante estrato gubernamental, especialmente en el ejército, de dirigentes empresariales y técnicos con amplia experiencia en sectores como el turismo. El más importante es el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, de 61 años, antiguo yerno de Raúl Castro, que es el director de GAESA, el enorme conglomerado de empresas militares, que incluye a Gaviota, la principal empresa turística de la isla. Es significativo que recientemente se haya convertido en miembro del Buró Político del PCC.

Manifestantes cubanos (3)

General Luis Alberto Rodríguez López-Callejas

Tal vez esta generación más joven de empresarios, militares y burócratas civiles intente superar la mentalidad rentista que treinta años de intensa ayuda soviética crearon en los dirigentes cubanos, como demuestra el hecho de que no se modernizara ni diversificara la industria azucarera (como fue el caso en Brasil) durante los años relativamente prósperos que se acabaron en 1990. Es cierto que el bloqueo económico estadounidense contribuyó a la mentalidad rentista al fomentar una actitud de sobrevivencia económica cotidiana en lugar de aumentar la productividad de la economía cubana para permitir un futuro más próspero.

¿Qué podemos esperar de los Estados Unidos? Es poco probable que Joe Biden tome iniciativas importantes en su primer mandato para cambiar las políticas imperialistas de Estados Unidos hacia Cuba, las que empeoraron considerablemente bajo Trump. Aún es imposible saber si un probable segundo gobierno demócrata en Washington a partir de 2025 tendrá una política diferente, la interrogante está abierta.

Sin embargo, subyace una paradoja en la política del gobierno estadounidense hacia Cuba. Si bien la política de Estados Unidos no está actualmente motivada, principalmente, por los intereses de la clase dominante, sino por consideraciones electorales, sobre todo en el estado de Florida, no es necesariamente menos dura ni, lo que es más alarmante, menos sostenible.

La Cámara de Comercio de EE.UU., quizá la institución empresarial políticamente más activa en el país, ha defendido durante muchos años la reanudación de las relaciones comerciales normales con Cuba. Thomas J. Donohue, que fue durante mucho tiempo su director y quien se jubiló a principios de este año, visitó Cuba en muchas ocasiones y se reunió con los dirigentes del gobierno.

Las grandes empresas agrícolas también quieren en hacer negocios con la Isla, los intereses agrícolas y empresariales del Sur, el Suroeste y los estados montañosos (Arizona, Colorado, Montana, Nevada, Nuevo México, Utah, Wyoming, Idaho), representados tanto por políticos republicanos como demócratas. Sin embargo, es poco probable que estén dispuestos a invertir mucho capital político para lograr ese objetivo.

Esto supone una tarea adicional para la izquierda estadounidense, la que deberá salir del impasse –un atolladero que estimula claramente el mantenimiento indefinido del bloqueo– a través de un nuevo tipo de campaña que se concentre en la grave agresión y en la injusticia cometida contra el pueblo cubano sin hacer apología a la dirección política del Estado cubano.

En todo caso, los militantes de izquierda en Estados Unidos tienen dos tareas esenciales. En primer lugar, deben oponerse firmemente al criminal bloqueo económico de Cuba; en segundo, deben apoyar los derechos democráticos del pueblo cubano y no a un Estado policial esclerosado, así como apoyan la lucha por los derechos humanos, la democracia y el cambio social y económico radical en América Latina, en Colombia y Chile, o en Myanmar y Hong Kong en Asia. (Artículo publicado en In These Times, 27-7-2021)

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La versión en español de este artículo fue publicada originalmente en Correspondencia de Prensa y compartida aquí con la autorización de su autor

7 agosto 2021 34 comentarios 3.793 vistas
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Nueva Política Económica

Lecciones a cien años de la Nueva Política Económica en Rusia

por Samuel Farber 8 marzo 2021
escrito por Samuel Farber

La Nueva Política Económica (NEP del ruso Nóvaya Ekonomícheskaya Polítika) introducida por el gobierno revolucionario soviético en 1921 fue en realidad un intento de aminorar el gran descontento de la población con medidas destinadas a aumentar la producción y el acceso popular a productos básicos de consumo. Si bien la guerra civil (1918-1920) causó en sí un gran empobrecimiento en las condiciones básicas de vida de la población urbana y rural rusa, fue la política del «Comunismo de Guerra», introducida por el liderazgo bolchevique durante ese mismo período, la que empeoró significativamente su situación.

Tal política conllevó a una profunda alienación de quienes habían sido pilares de la revolución de 1917: los trabajadores industriales en las ciudades y el campesinado, que en ese entonces constituía el 80% de la población.

Los destacamentos urbanos organizados bajo esa política para confiscar a los campesinos sus excedentes agrícolas y enviarlos a las ciudades, acabaron requisando parte de la ya modesta dieta de los mismos, además del grano almacenado para sembrar la próxima cosecha. La situación empeoró cuando bajo esa misma política se crearon los llamados «comités de campesinos pobres» (kombedy), basados en una supuesta estratificación de clases en el campo que no tenía fundamento real, para reforzar las funciones de los destacamentos urbanos.

Debido a los métodos informales y arbitrarios que caracterizaron el funcionamiento de los kombedy, estos terminaron siendo una fuente de corrupción y abuso, frecuentemente a mano de elementos criminales activos en estos grupos que acababan apropiándose, para uso propio, del grano y todo tipo de bienes que confiscaban arbitraria e impunemente a los campesinos.

Por añadidura, durante el otoño de 1920 empezaron a manifestarse síntomas de hambruna en la región del Volga, que se recrudecieron en 1921 después de una sequía muy severa que arruinó la cosecha y también afectó el sur de los Urales. Desde febrero de 1920, ya León Trotsky había propuesto que las requisas arbitrarias del «Comunismo de Guerra» fueran sustituidas por un impuesto en especie pagado por los campesinos, con el fin de incentivarlos a que cultivaran más granos. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada en ese momento por los líderes del Partido.

Los sucesos de 1956 en Hungría

La política del «Comunismo de Guerra» se aplicó igualmente a la economía urbana e industrial, mediante su nacionalización casi total, aunque ya sin el control democrático de los obreros y los soviets, que el gobierno soviético había abolido cuando comenzó la guerra civil y reemplazado con una dirección exclusivamente desde arriba, constituida por administradores del Estado. Mientras tanto, los obreros fueron sometidos a un régimen de trabajo obligatorio militarizado.

Para la mayoría de los líderes comunistas, incluyendo a Lenin, esa economía nacionalizada y centralizada representaba un gran avance hacia el socialismo. Es por eso que para Lenin la NEP significó un gran retroceso. Aparentemente, en su concepción del socialismo, la nacionalización desempeñaba un papel más importante que los controles democráticos desde abajo. Pero la eliminación de la democracia en el trabajo fue solo un aspecto de la supresión más general de la democracia soviética, que el gobierno bolchevique implementó como respuesta a la sangrienta y destructiva guerra civil.

Basados en las circunstancias objetivas creadas por esa guerra, y en la urgente necesidad de resolver problemas reales como el sabotaje político y económico, el liderazgo bolchevique no solo eliminó el multipartidismo en los soviets (consejos) de trabajadores y de campesinos, sino también la democracia e independencia sindical, e introdujo muy serias restricciones a las libertades políticas establecidas al principio de la revolución.

La clase trabajadora, diezmada por la guerra civil —había descendido drásticamente a solo una tercera parte de lo que había sido a principios de 1918— y muy afectada por la escasez que reinaba en las ciudades, ya no tuvo la fuerza de oponerse a la nueva organización desde arriba en el trabajo, ni de tratar de restaurar el rol que habían tenido en la dirección democrática de la producción.

Para el fin de la guerra civil, los soviets y los sindicatos estaban en vías de convertirse en meras bandas de transmisión de las políticas del Partido Comunista. Más tarde, una vez que se inauguró la NEP, los trabajadores empezaron a resistir y hubo muchas huelgas, hasta que Stalin consolidó su poder a finales de los años veinte.

La Nueva Política Económica (1921-1928)

Para aumentar la producción de bienes básicos de consumo y el acceso popular a estos, el liderazgo bolchevique recurrió a una serie de concesiones económicas de mercado. Así, por ejemplo, permitió a los campesinos vender sus productos por la libre a condición de pagar un impuesto en especie. Se reemplazaba de esta manera la odiada política de confiscaciones arbitrarias del «Comunismo de Guerra». Asimismo, permitió las operaciones del capitalismo nativo e internacional, tanto con respecto a la producción de bienes de consumo como a su distribución.

Las concesiones económicas del gobierno estuvieron acompañadas por una política de liberalización de la cultura en sus varias manifestaciones. Sin embargo, en 1923, cuando Lenin ya se había retirado de la política por motivo de su precaria salud, el gobierno impuso la censura de libros y otros materiales orientados a la cultura popular, especialmente aquellos de índole religiosa. Irónicamente, esta censura contradijo el único derecho mencionado como tal por la Constitución revolucionaria de 1918, que establecía el derecho a la diseminación y propaganda, tanto religiosa como atea.

Esa liberalización económica y cultural ocurrió, no obstante, junto con la contracción, en el ámbito político, de los derechos de pensamiento y organización. Lenin, junto con otros líderes, decidió contrarrestar lo que para ellos significaba la NEP en tanto gran retroceso del socialismo, al endurecer el control político de la sociedad a manos del partido que encabezaban.

La supresión de derechos, que pudo haber sido considerada necesaria bajo las condiciones «objetivas» de la guerra, no solo continuó en pie, sino que se institucionalizó y se convirtió en una virtud. La represión política ad hoc y tentativa de la guerra civil se generalizó y sistematizó. Así, por ejemplo, la episódica tolerancia del Partido Comunista, que durante la guerra civil había permitido ocasionalmente a partidos como los Mencheviques y Socialistas Revolucionarios, llegó a su fin con el inicio de la NEP, al decidir la ilegalización permanente de esas organizaciones. Y el X Congreso del Partido Comunista, celebrado en marzo de 1921 —el mismo que estableció la NEP—, prohibió el funcionamiento de las facciones permanentes dentro del Partido.

También aumentaron la persecución y el encarcelamiento por acciones políticas de oposición, aunque fueran de índole pacífica. Esto incluyó la supresión de la rebelión masiva de marineros en la base de Kronstadt (cerca de Petrogrado) en marzo de 1921, que demandaban el retorno a la democracia soviética así como reformas económicas semejantes a la NEP, que el congreso del Partido aprobó muy poco después. Fue ese endurecimiento político encabezado por Lenin el que socavó la fortaleza y cultura política del país que hubieran sido necesarias para resistir el totalitarismo estalinista que comenzó a fines de los veintes.

Politica sovietica

El endurecimiento político encabezado por Lenin socavó la fortaleza y cultura política del país que hubieran sido necesarias para resistir el totalitarismo estalinista que comenzó a fines de los veintes.

En mi libro Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Antes del estalinismo. El ascenso y la caída de la democracia soviética), propuse que el establecimiento de la NEP debería haberse acompañado por una Nueva Política de Apertura Política (NPAP) que reestableciera el sistema revolucionario multipartidista de los comienzos de la revolución. Esto hubiera significado reestablecer la libertad para organizar grupos y partidos políticos comprometidos a funcionar pacíficamente dentro del marco original de la democracia soviética que tomó el poder en octubre de 1917.

Dicho sistema político podría haber revitalizado la vida y cultura política del país y creado las condiciones organizacionales para, por lo menos, resistir la embestida del estalinismo. Es claro que para el liderazgo bolchevique y la revolución misma, esa apertura política hubiera representado un atrevimiento y un gran riesgo, dada la situación desesperante que confrontaba la URSS —nuevo nombre del país, adoptado en 1922—, y el aislamiento casi total del Partido Comunista. Pero el hecho es que en ese momento no existía tal cosa como una política sin riesgos que prometiera resultados positivos.

Más que nada, todavía existía la posibilidad de que la URSS adoptara un curso político democrático. A pesar de la tendencia dictatorial que empezó a despuntar entre el liderazgo revolucionario durante la guerra civil y que se consolidó con la NEP, existía todavía una memoria reciente de las tradiciones democráticas y pluralistas de los bolcheviques anteriores a la guerra civil. Solo tres años atrás, en 1918, había ocurrido una gran polémica nacional sobre las condiciones bajo las cuales se debiera firmar un tratado de paz con Alemania.

En esa discusión intervinieron varias tendencias, dentro y fuera del Partido Comunista, que trataron abiertamente de promover, a través de toda la sociedad, el apoyo a sus respectivas posiciones. Ello incluyó la libre circulación de panfletos y periódicos, publicados tanto por las diferentes facciones comunistas como por grupos fuera del Partido.

El romance cubano-soviético

Esta fue una de las numerosas ocasiones en que Lenin y los otros líderes bolcheviques no pudieron contar ni siquiera con la mayoría, y mucho menos con la unanimidad del Partido, y tuvieron que luchar muy duro para defender sus posiciones, lo que también indica la existencia, en aquel entonces, de una relación política igualitaria y abierta en Rusia.

Lenin no era el caudillo que imponía sus ideas; era una autoridad, sí, pero dentro de un grupo de iguales; era un primus inter pares. Incluso, durante la NEP hubo varias tendencias importantes que lucharon por reformas democráticas, tanto dentro como fuera del Partido Comunista. No en balde Stalin tuvo que eliminar físicamente a la mayoría de los líderes históricos del Partido años después para poder convertirse en lo que quiso ser: el Vozhd —el jefe de la URSS y del proletariado mundial según el culto a su figura.   

La situación cubana 

Desde los años noventa, y especialmente desde que Raúl Castro asumió la máxima dirección del país en el 2006 —formalmente en el 2008—, la reforma económica de la Isla ha ocupado el papel central de las actividades del gobierno. La lógica de esas reformas económicas apunta hacia el modelo sino-vietnamita, que combina un sistema político unipartidista y anti-demócratico con un capitalismo de Estado, y no a la colectivización forzosa de la agricultura y los planes quinquenales brutalmente impuestos en la URSS por el totalitarismo estalinista después de la NEP.

Si el gobierno por fin acaba autorizando la creación de las PYMES (pequeñas y medianas empresas privadas) que tanto ha prometido, eso constituiría un paso sumamente importante hacia el establecimiento de un capitalismo de Estado en la economía cubana, muy probablemente dominado por los actuales jerarcas políticos y especialmente militares, que se convertirían en capitalistas privados.

Acopio: Comunismo de guerra a lo cubano

Hasta ahora, el gobierno cubano no ha definido claramente las dimensiones de las pequeñas y, especialmente, de las medianas empresas que serían permitidas en Cuba bajo el concepto de las PYMES. Pero sabemos que en varios países de América Latina (como Chile y Costa Rica) se han definido esas dimensiones en términos del número de trabajadores.  Chile, por ejemplo, determina las empresas micro como aquellas con menos de 9 trabajadores; las pequeñas, con entre 10 a 25; las medianas con entre 25 a 200; y las grandes, con más de 200 trabajadores.

Si en Cuba se adoptan criterios similares, las empresas medianas acabarían siendo empresas capitalistas con sus jerarquías administrativas correspondientes. De ser así, es seguro que los sindicatos oficiales organizarían a los trabajadores de esas empresas medianas y, como en el caso del capitalismo de Estado en China, no harían nada para defenderlos de los nuevos dueños.

Con respecto a la reforma política, se ha hablado mucho menos y no se ha hecho nada de importancia. Como en el caso de la NEP rusa, la liberalización económica y social en Cuba ciertamente no ha sido acompañada por una democratización política, sino por un recrudecimiento del control en tal sentido.

Aun cuando por un lado, el régimen ha tomado medidas liberalizadoras en la economía, como las nuevas reglas que amplían las actividades económicas permitidas a los trabajadores por cuenta propia, sigue prohibiendo actividades privadas como la publicación de libros, que pudieran servir para desarrollar una crítica y oposición. De esta manera, el gobierno consolida su control de todos los medios de comunicación —especialmente radio y televisión— aunque solo lo ha logrado parcialmente con el Internet.

Burocratismo socialista, corrupción y censura

Sus propias políticas socialmente liberalizadoras son utilizadas para reforzar su control político. Por ejemplo, al mismo tiempo que liberalizó las reglas para viajar fuera de la Isla, elaboró una lista de regulados a los que se les prohíbe salir del país basado en decisiones administrativas arbitrarias, sin siquiera proveer el recurso de apelar al sistema judicial controlado por el mismo régimen.

Estas prácticas administrativas sin recurso judicial se han aplicado también a otras áreas, como las misiones en el exterior. Los médicos cubanos que se quedan en el extranjero y no retornan una vez terminado su servicio, son víctimas de sanciones administrativas —ocho años de exilio forzado—, sin la posibilidad de apelar judicialmente ese castigo.

Han quedado pendientes los reglamentos arbitrarios y la censura de las actividades artísticas en el caso del Decreto Ley 349, que le permite al Estado licenciar y controlar las actividades artísticas por cuenta propia. Su implementación se ha pospuesto por motivo de las numerosas y fuertes protestas que tal medida provocó.

Todas estas prácticas administrativas ponen en relieve que el muy discutido Estado de Derecho proclamado por la Constitución vigente ha sido hasta ahora «de mentiritas». (No olvidemos que la Constitución soviética que Stalin introdujo en 1936 era sumamente democrática… en el papel en que estaba escrita). Sin embargo, la gente debe apelar a estos derechos para apoyar sus protestas y reclamos al Estado cubano cuantas veces sea legal y políticamente oportuno.

Al principio del gobierno cubano existió una variedad de voces políticas dentro del campo revolucionario. Fue en el proceso de formar un Partido Unido de la Revolución que el liderazgo sentó las bases para lo que Raúl Castro más tarde llamaría «la unidad monolítica». Es el modelo partidista y de estado que emula, junto con China y Vietnam, al sistema estalinista que se consolidó en la Unión Soviética a finales de los años veinte, consagrando la «unanimidad» dictada desde arriba por los «máximos líderes», y el llamado «centralismo democrático», que en realidad es un centralismo burocrático.

Vietnam: la democratización pendiente

El PCC es un partido único que no permite la organización interna de tendencias o facciones, y extiende su control sobre toda la sociedad a través de correas de transmisión que son las llamadas «organizaciones de masas», como la CTC y la FMC; de instituciones como las universidades, así como de los medios de comunicación que reciben sus «orientaciones» del Departamento de Ideología del Comité Central del Partido Comunista. Es la manera en que el Partido único controla no necesariamente todo, pero sí todo lo que considera políticamente importante.

Los defensores ideológicos del régimen cubano insisten en sus orígenes autóctonos independientes del comunismo soviético. Es cierto que el origen político de Fidel Castro es diferente, por ejemplo, del de Raúl Castro, quien originalmente militó en la Juventud Socialista asociada con el Partido Socialista Popular (PSP). Sin embargo, Fidel Castro desarrolló desde muy temprano concepciones caudillistas, quizás como reacción al desorden y caos que presenció en la expedición de Cayo Confites para derrocar a Trujillo en 1947, y en el llamado «Bogotazo» de 1948.

En 1954, en una carta escrita desde la prisión a Luis Conte Agüero, su buen amigo en aquella época, Fidel Castro proclamó tres principios que él veía como necesarios para la integración de un verdadero movimiento cívico: ideología, disciplina y especialmente, el poder de la jefatura.

Asimismo insistía en la necesidad de un aparato de propaganda y organización poderoso para destruir implacablemente a las personas que crearan tendencias, escisiones y camarillas o que se alzaran contra el movimiento. Ese es el sustento ideológico de la «afinidad electiva» —parafraseando a Goethe—, que Fidel Castro más tarde demostró por el comunismo soviético.

El soberano sin trono

¿Qué hacemos? La manifestación de decenas de cubanos frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre pasado para protestar los abusos contra los integrantes del Movimiento San Isidro y abogar por libertades artísticas y cívicas, marcó un hito en la historia de la Revolución cubana.

Hay mucha tela donde cortar para que pueda reproducirse este tipo de protestas pacíficas en la calle: contra el racismo policíaco, la tolerancia de violencia doméstica, la creciente desigualdad social y la ausencia de una democracia políticamente transparente y abierta a todos, sin los privilegios sancionados por la Constitución para el PCC.  En la actualidad, ese parece ser el camino para luchar por la democratización de Cuba desde abajo, en el seno de la sociedad misma, y no desde arriba o desde afuera.

La lección de la NEP en Rusia es que la liberalización económica no necesariamente significa la democratización de un país, y que, de hecho, puede estar acompañada por la eliminación de la democracia. En Cuba se han dado algunos pasos en el camino de la liberalización económica, sin que a la par se aprecie algún avance democrático.  

8 marzo 2021 23 comentarios 15.796 vistas
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Estados Unidos y el financiamiento a grupos políticos en Cuba

por Samuel Farber 17 febrero 2021
escrito por Samuel Farber

El ataque al Capitolio de Washington el pasado 6 de enero puso en relieve la existencia de fuerzas importantes de la extrema derecha en los Estados Unidos, dispuestas a violar el orden constitucional norteamericano en aras de su racismo y su resentimiento antiinmigrante. Esta fue la razón fundamental por la que una amplia gama de instituciones e individuos normalmente adversos a la protesta política, se unieron en un rechazo tajante y público contra ese ataque.

Conforman una lista que incluye a la influyente representante conservadora Liz Cheney, quien ocupa el tercer lugar en el poder de la jerarquía republicana en la Cámara de Representantes, y que comparte la dura agenda imperialista y conservadora de su padre, el «gran halcón» Dick Cheney, el vicepresidente bajo George W. Bush que jugó un papel fundamental en la invasión y destrucción de Irak.

También incluye a la muy poderosa y conservadora Asociación Nacional de Fabricantes (por sus siglas NAM, de National Association of Manufacturers), representante de las más importantes corporaciones industriales estadounidenses, que de manera pública y en términos claros y contundentes, responsabilizó a Donald Trump y lo repudió por incitar el ataque.

Tanto la NAM, como la Cheney y sus aliados son parte del coro que anteriormente había aplaudido a Trump, entre otras cosas, por haber reducido de forma significativa la carga de sus impuestos y eliminado, de un plumazo, reglamentos para proteger el medio ambiente, la seguridad laboral y el bienestar de los trabajadores y las minorías raciales.  Se unieron —repito— para defender el orden constitucional norteamericano. Pero no para defender la democracia.

Desde luego que el orden constitucional incluye elecciones y derechos democráticos importantes. Pero estas fuerzas conservadoras, ahora unidas en la defensa del orden constitucional, han usado y siguen usando a la Constitución para promover sus intereses políticos y económicos, no para defender y mucho menos para expandir los derechos democráticos a todos. De hecho, han sido parte de las fuerzas que han tratado de limitar esos derechos.

En las últimas décadas, y aún más durante estos últimos años, en los Estados Unidos se ha dado una lucha democrática para proteger el derecho al sufragio a medida que la composición racial y étnica del país se ha diversificado y, por lo tanto, tornado menos blanca. Como las elecciones en este país son generalmente administradas por los estados, los blancos conservadores que gobiernan en la mayoría de estos han recurrido a todo tipo de artimañas para obstaculizar el sufragio minoritario.

Estas medidas incluyen la reducción de lugares para votar, del número de urnas en los barrios pobres minoritarios y de los días y horas durante los cuales se puede ejercer el derecho al voto, así como las purgas de las listas electorales de ciudadanos que por algún motivo no ejercieron el voto en una o más elecciones, la negación del derecho al voto a ex presos, y muy especialmente lo que en los Estados Unidos llaman «gerrymandering».

Este término se refiere a la práctica común de los políticos que controlan las legislaturas estatales de trazar las líneas limítrofes de los distritos electorales (tarea que solo en unos pocos estados se le asigna a una comisión independiente) con el fin de minimizar las posibilidades de la oposición –mayormente del Partido Demócrata–, en especial para disminuir el poder político de las minorías étnicas y raciales y de los liberales.

Es una práctica muy antigua que consiste en concentrar dentro del menor número posible de distritos electorales, a cierto tipo de grupos, como los afroamericanos y ciudadanos de origen latinoamericano, que tienden a votar por el Partido Demócrata.

Esto resulta en un menor número de representantes electos por esos grupos, comparado con la mayor cantidad escogida por los blancos republicanos distribuidos en más distritos electorales. Por lo tanto, en un estado como Wisconsin, por ejemplo, los Demócratas tienen que obtener mucho más que la mayoría de los votos para también tener mayoría en la legislatura estatal.

La NAM jamás ha dicho ni hecho nada para defender los derechos democráticos de esas minorías. Y los Cheneys –padre e hija– han apoyado, junto con sus congéneres conservadores, todas esas prácticas antidemocráticas. Si a esta alianza para defender el orden constitucional no le interesa la defensa de la democracia dentro de los Estados Unidos, mucho menos le importa oponerse a los propósitos sistemáticamente injerencistas de la política exterior estadounidense, sea en Iraq, Afganistán, Yemen o en Latinoamérica.

El imperialismo norteamericano ha contado con el apoyo no sólo de la extrema derecha, sino también de una amplia gama de conservadores y de liberales. El caso de la guerra de Vietnam es muy ilustrativo. Muy pocos de los individuos del llamado «Establishment», tanto Republicanos como Demócratas –Lyndon Johnson, el presidente que más impulsó la guerra, era Demócrata–, se opusieron a la contienda hasta que ocurrieron dos cosas: 1) se hizo cada vez más evidente que era muy poco probable que los Estados Unidos venciera la resistencia vietnamita y ganara la guerra; y 2) el movimiento antibelicista, y contra el servicio militar obligatorio, de donde provenía el grueso de las tropas, creció rápidamente.

 Este movimiento, junto con el de los afroamericanos en pos de la igualdad racial, contribuyó a crear una situación interna insostenible. Fue solo entonces que los periódicos y estaciones de TV, principales medios de comunicación, junto con otras fuerzas del «Establishment», comenzaron a demandar el fin de la intervención armada norteamericana en Vietnam, que durante una época llegó a contar con más de medio millón de tropas.

Lo que le interesa a las corporaciones capitalistas representadas por la NAM y a las otras fuerzas del status quo norteamericano es la estabilidad que el orden constitucional le ha brindado al país por más de dos siglos, con algunas excepciones importantes como la Guerra Civil de los 1860s. La previsibilidad y la certidumbre son factores clave para la inversión capitalista, así como lo es la existencia de un sistema legal confiable e independiente de los gobernantes de turno para asegurar el cumplimiento de los contratos. Estas características del sistema son sagrados para el capital y sus partidarios.

Es por eso que si por un lado, los capitalistas y norteamericanos ricos aprobaron y se beneficiaron de las políticas tributarias y reguladoras de Trump, por el otro lado le fueron retirando su confianza por su imprevisibilidad, sus amenazas al sistema electoral, la arbitrariedad de muchas de sus decisiones y su cercanía a los grupos de extrema derecha, que en su conjunto promovieron una creciente inseguridad e inestabilidad política en el país.

No en balde, 60% de las contribuciones monetarias del gran capital en las elecciones del 2020 fueron destinadas al apoyo a Biden y no a Trump. Es cierto que ha habido situaciones históricas de crisis, donde una buena parte del gran capital se ha desesperado y decidido apoyar a la extrema derecha, como fue el caso de la república alemana de Weimar a fines de los años veinte y principios de los treinta.

Pero pese a los graves problemas económicos actuales, la situación existente en los Estados Unidos dista mucho de ser tan extrema como en el caso de Alemania durante la Gran Depresión y, por lo tanto, el gran capital al menos por ahora ni necesita ni quiere ese tipo de «solución» a sus problemas.

El 6 de enero y la sociedad civil

Como era de esperar, un gran número de organizaciones de la sociedad civil norteamericana condenaron categóricamente el ataque al Capitolio del 6 de enero, incluyendo la Unión Americana por las Libertades Civiles (por sus siglas ACLU, de American Civil Liberties Union), muchos sindicatos obreros y hasta la conservadora Legión Americana (American Legion), la organización más conocida de veteranos en los Estados Unidos.

A ellas se unieron otro tipo de organizaciones, como Freedom House y la NED (National Endowment for Democracy) que dependen principalmente del gobierno norteamericano para sus finanzas. Estas organizaciones no son parte de la sociedad civil, un término que sólo incluye a quienes no están asociados con y son independientes del Estado.

Freedom House y la NED –que de hecho fue fundada en 1983 por una ley aprobada por el congreso–, son parte de una estrategia «suave» –«soft power»– que el gobierno norteamericano usa para proyectar su influencia en otros países, incluyendo su concepción de lo que es y debe ser la democracia, de la cual por lo menos implícitamente excluye cualquier noción socialista, antiimperialista y radical. La estrategia «suave» es por naturaleza de índole persuasiva y se concentra especialmente en los campos de la cultura y de la ideología.

Esa es su esfera de acción, a diferencia de la estrategia de «mano dura» de la CIA y de las fuerzas armadas norteamericanas, como en el caso de sus intervenciones en América Latina –el derrocamiento de los gobiernos democráticamente electos de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, y de Salvador Allende en Chile en 1973–. También fue el caso de Playa Girón en 1961, así como de los numerosos atentados terroristas llevados a cabo en suelo cubano durante varias décadas.

En el caso de Cuba, muchos de los apoyos de Washington para implementar estrategias de «mano dura» en la Isla han sido y siguen siendo transmitidos a una variedad de grupos e individuos a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana (Cuban American National Foundation). A lo largo de su historia, la Fundación ha seguido una política de apoyo a una gran diversidad de grupos que incluyen a muchos de índole terrorista.

Por supuesto, esta distinción entre la estrategia «suave» y la de «mano dura» se aplica también, mutatis mutandis, a las operaciones del gobierno cubano. Las estrategias de, por ejemplo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) son diferentes de las de la Seguridad del Estado, aunque ambas organizaciones estatales comparten el propósito de perpetuar el régimen antidemocrático imperante en la Isla.

La sociedad civil norteamericana y Cuba

Es de suma importancia distinguir las organizaciones como la NED y Freedom House, que son financiadas por el estado norteamericano, de las que no lo son y que, por lo tanto, pueden ser consideradas como legítimas de la sociedad civil norteamericana. Este es el caso de, por ejemplo, la Open Society Foundations dirigida y mayormente financiada por el multimillonario liberal George Soros, y del Human Rights Watch, la organización principal de derechos humanos en los Estados Unidos. Estas son independientes del estado norteamericano en cuanto a su financiamiento, su organización, y generalmente, su orientación política.

Esto no quiere decir que nunca coincidan con la política del estado norteamericano.  Pero el hecho de que hayan coincidido en varias ocasiones se debe mayormente, como se verá más adelante, a la ideología y política liberal –en el sentido norteamericano de la palabra– de ambas organizaciones, que por su naturaleza no son antiimperialistas, aunque en muchísimas ocasiones han criticado fuertemente la política exterior de los Estados Unidos.

Esto quiere decir que para los cubanos que son tanto demócratas como antiimperialistas, su posible colaboración con este tipo de organizaciones independientes norteamericanas, sean estas dos u otras, no involucra en sí una merma de su compromiso con la soberanía y autodeterminación de la nación cubana. Sin embargo, es muy probable que surjan diferencias políticas que afecten negativamente la posiblecolaboración.

Por ejemplo, en mi libro Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, critico a la organización Human Rights Watch por la propuesta en su reporte anual de 2009, de aflojar o eliminar el bloqueo económico a Cuba a condición de que el gobierno Cubano adopte medidas liberalizadoras y de democratización en la Isla.

Como una medida concreta para promover ese acuerdo, el Human Rights Watchpropuso al gobierno norteamericano que, antes de suavizar el bloqueo a Cuba, obtuviera el compromiso de la Unión Europea, Canadá y sus aliados latinoamericanos para que colectivamente presionaran al gobierno cubano para que liberara inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos.

El problema en este caso no es que uno esté opuesto a la liberación de los presos políticos en Cuba ni a la democratización del país. Todo lo contrario. El problema es que la «política de trueque» del Human Rights Watch presupone que los Estados Unidos tiene el derecho legal y moral de imponer condiciones para flexibilizar y eliminar un bloqueo que es ilegal e inmoral en sí mismo.

La lógica de ese «trueque» también implica que el bloqueo estadounidense existe porque el sistema político cubano es antidemocrático, lo que es una mala broma cuando consideramos la larga historia de apoyo político, militar y económico que los Estados Unidos le ha brindado a las más sangrientas dictaduras pro-capitalistas.

Por otra parte, esa lógica de «trueque» perversamente justifica la posición de los que apoyan al gobierno cubano cuando reclaman que la abolición de la represión interna en Cuba depende de la eliminación del bloqueo estadounidense. Esta posición asume que el unipartidismo cubano al estilo de la URSS existe como resultado del bloqueo norteamericano.

O sea, que los líderes revolucionarios cubanos eran una especie de tabula rasa ideológica y política que adoptaron su punto de vista simplemente como reacción a la postura agresiva de los Estados Unidos, y que no tenían preferencias e ideologías, incluyendo convicciones respecto a los sistemas políticos y económicos que consideraban deseables.

El problema arriba descrito con el Human Rights Watch solo indica que una colaboración con cualquier organización independiente de la sociedad civil estadounidense dependerá de la naturaleza política de proyectos concretos relacionados con Cuba. Será cuestión de averiguar con cuales de esas organizaciones esa colaboración será o no, sin mermar el programa e integridad política de las organizaciones cubanas involucradas en dicho proyecto. Por ejemplo, hace unos años la organización Open Society le prestó ayudaa los socialdemócratas católicos cubanos asociados con la publicación Cuba Posible.

Esta publicación trató de mantener una política crítica, pero no abiertamente contraria y así jugar un papel de «oposición leal» al régimen cubano. No sabemos si la Open Society –o cualquier otra organización independiente de la sociedad civil norteamericana– estaría dispuesta a apoyar también a una organización abiertamente opositora, con una política decididamente democrática, a favor de los derechos humanos, y, al mismo tiempo izquierdista, antiimperialista y opuesta al restablecimiento del capitalismo en Cuba.

En todo caso, sin embargo, hay que tener presente que el apoyo material de la sociedad civil de los Estados Unidos y de otros países es una solución a corto plazo. A largo plazo es necesario organizar a los cubanos progresistas en el exterior para que provean ayuda a los que dentro de la Isla luchan por una democracia auténticamente emancipadora, de la misma manera que José Martí lo hizo con los tabaqueros de la Florida en la década de los 1890s.

La orientación política de este escrito de ninguna manera implica intento alguno de apaciguar al Estado cubano ni lo que dice a través de la prensa oficial. Por supuesto, esa prensa va a atacar despiadadamente a cualquier oposición, con independencia de sus posiciones políticas específicas y, como bien sabemos, utilizará la mentira cuantas veces le parezca necesario.

Pero no es lo que piensa y dice el gobierno, sino lo que piensa el pueblo cubano lo que debe ser el centro de nuestra atención. Por eso es imprescindible presentarse ante ese pueblo como una voz independiente, sin compromisos o contubernios con potencias extranjeras, y comprometida con la independencia y soberanía nacional.

***

Súmese a la iniciativa del Consejo Editorial de La Joven Cuba y firme la Carta Abierta al presidente de Estados Unidos solicitando el fin de las sanciones contra Cuba.

Carta Abierta al presidente Joseph R. Biden, Jr.

17 febrero 2021 16 comentarios 3.849 vistas
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La criminalización de la política opositora

por Samuel Farber 28 diciembre 2020
escrito por Samuel Farber

Hay estados anti-democráticos que no solo reprimen la oposición política, sino que también la criminalizan, una manera muy efectiva de evitar la divulgación y discusión de las ideas políticas que divergen de la ideología en el poder.  Ese fue el caso en la Unión Soviética y sigue siendo el caso de los regímenes que adoptaron las estructuras principales del modelo soviético, tales como China, Vietnam y nuestra propia Cuba.

Es así como, bajo la dirección del gobierno cubano, los integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) fueron detenidos por la policía bajo cargos criminales –supuestamente por haber violado «el protocolo de salud de los viajeros internacionales», adoptado por el gobierno para combatir la pandemia del COVID-19–. En realidad fueron detenidos por razones políticas, por protestar en grupo y públicamente contra la represión del gobierno hacía uno de sus integrantes. Este es un típico ejemplo de la manera en que el gobierno cubano se enfrenta a la crítica: reemplazando el lenguaje político con el administrativo policíaco.   

Cuba viene de una larga tradición latinoamericana que concede un trato especial a la conducta política y evita reducirla a la delincuencia o criminalidad común. Es por eso que esta tradición respalda el derecho al asilo político, así como la diferenciación en el trato de los presos políticos y los comunes.

La dictadura batistiana, por ejemplo, respetó el asilo político al que recurrieron cientos de cubanos opuestos a la dictadura para salvar su vida en las embajadas de países latinoamericanos. Por supuesto, hubo violaciones a ese derecho, como lo fue el caso excepcional del asalto policíaco a la Embajada de Haití, el 29 de octubre de 1956, donde fueron asesinados todos los opositores que se habían asilado. Ahí murió también a manos de uno de los asilados que tenía en su posesión un arma de fuego, el Jefe de la Policía Nacional a la cabeza de ese ataque, Rafael Salas Cañizares, uno de los esbirros más notorios de la dictadura batistiana.

En el caso de América Latina, la excepción más notable a la regla de conceder asilo fue la de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder de la APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), quien para protegerse del gobierno peruano bajo la dictadura de Manuel Odría, se asiló en la Embajada de Colombia a principios de 1949. Haya de la Torre permaneció en esa embajada durante 5 años hasta que por fin obtuvo el salvoconducto para salir del país hacia México, aunque solo después de que la Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda de Odría para que Colombia le entregara al líder opositor peruano.

El gobierno revolucionario cubano abandonó la tradición de conceder el asilo político cuando adoptó el modelo soviético a principios de los sesenta. Un ejemplo claro de ese viraje fue lo sucedido en la Embajada del Perú en La Habana, en abril de 1980, cuando bajo las órdenes de Fidel, las fuerzas del Estado impidieron en las afueras de la embajada, la entrada de los cubanos que querían asilarse. En un inicio solo pudieron hacerlo los que entraron por la fuerza en un encuentro armado que causó varias muertes. Eventualmente, el gobierno retiró la vigilancia de la embajada. Fue entonces que cerca de diez mil cubanos entraron en la sede diplomática demandando asilo para poder salir de la Isla, lo que hicieron a través del puerto de Mariel, entre abril y junio de 1980.     

Además de reconocer el derecho al asilo político, la tradición latinoamericana distingue entre los presos políticos y los comunes. Esta distinción ha sido reconocida también en otras partes del mundo. Por ejemplo, la Rusia zarista periódicamente concedía un cierto grado de autonomía a los presos y exilados políticos. Fue así como, durante su condena de exilio en Siberia de 1897 a 1900, Lenin pudo estudiar y escribir entre sus varias obras, «El Desarrollo del Capitalismo en Rusia». También se le permitió asesorar a los campesinos del área en cuestiones legales y preparar documentos pertinentes a sus casos.

El gobierno bolchevique continuó parcialmente esa tradición desde el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917, durante la Guerra Civil de 1918 a 1920 y poco tiempo después, permitiéndole a los presos políticos que habían sido deportados a los campos de trabajo de las islas Solvetsky –anteriores al Gulag– entre otros, a conducir actividades políticas. Asimismo, reconoció el derecho de los presos políticos de izquierda –anarquistas, mencheviques y socialistas revolucionarios de izquierda– a no tener que trabajar, a organizarse y a elegir a sus representantes para negociar con los administradores de esos campos la solución a sus quejas y condiciones de vida.

La dictadura batistiana también reconoció la distinción entre presos políticos y comunes. Es bien sabido que en muchas ocasiones violó los derechos tradicionales de dichos presos, como en el caso de Fidel Castro y los Moncadistas presos de 1953 a 1955, en el llamado Presidio Modelo de la otrora Isla de Pinos. Pero en general se les respetó su condición de presos políticos con el derecho de vestirse de civiles, rehusar el trabajo forzado y reunirse dentro de la cárcel para organizar clases y otras actividades políticas, estudiadas en detalle por el historiador cubano Mario Mencía.

Esta tradición acabó cuando Fidel Castro, haciendo a un lado su propia historia, decidió no reconocer ni siquiera la categoría de preso político, mucho menos cualquier derecho tradicional que estos reclamaran por su condición política, como vestir ropa de civil y rehusar el trabajo forzado. Muchos de los presos políticos posteriores a 1959 resistieron ser tratados como presos comunes, lo que dio lugar al fenómeno de los «plantados». Estos también se opusieron a los planes de «rehabilitación», promulgados en 1964 por el gobierno con la intención de presionarlos a renunciar a sus ideas políticas a cambio de mejorar sus condiciones en la cárcel y acortar sus condenas.

Los «plantados» protestaron contra esos planes y contra sus condiciones carcelarias con huelgas de hambre y vestidos solamente con su ropa interior para evitar los uniformes de los presos comunes. Estas protestas fueron reprimidas, frecuentemente de manera brutal por los guardias carcelarios. En una de esas huelgas de hambre murió, en 1972, Pedro Luis Boitel, un antiguo líder estudiantil universitario y antibatistiano opuesto al comunismo.

El trasfondo ideológico de esas prácticas del gobierno cubano es que sólo existe un único pensamiento político legítimo. Cualquier oposición a este automáticamente implica el poner en peligro y traicionar a la Revolución y se convierte en un crimen común en el momento en que alguien actúa, aunque sea pacíficamente, para persuadir a otros cubanos de ideas diferentes u opuestas a las oficiales. La presunción de que hay un solo pensamiento político legítimo penetró desde muy temprano, todos los aspectos del discurso oficial con respecto a la naturaleza y destino de la sociedad cubana.

Por ejemplo, la lucha armada que tuvo lugar en la Sierra del Escambray en los años sesentas fue bautizada por el gobierno como una «lucha contra bandidos». La realidad es, sin embargo, que esta no fue una lucha contra bandidos, sino contra aquellos a quienes el gobierno pudiera haber calificado como contrarrevolucionarios, un término que asume la existencia de una política contrarrevolucionaria en lugar de reducir y falsificar la realidad con un término de índole criminal.

Lo curioso del caso es que, en realidad, el gobierno cubano nunca sostuvo seriamente que la del Escambray haya sido simplemente una lucha contra cuatreros, asaltantes y ladrones para quienes el término «bandidos» hubiera sido apropiado. Es irónico que la CIA, que invirtió tantos recursos en asistir y proveer ayuda material a esos grupos armados, no los vio como delincuentes comunes sino precisamente como contrarrevolucionarios. Es claro que el régimen conscientemente usó el término «bandidos» para desprestigiar y situar más allá de la política a los rebeldes del Escambray, y para legitimar cualquier tratamiento que les impusiera a ellos y a sus partidarios, como fue el traslado forzado en los años setentas, de miles de campesinos que vivían en la zona del Escambray a cientos de kilómetros al oeste después de que las hostilidades habían cesado.       

La situación contemporánea

El gobierno cubano continúa criminalizando las actividades políticas de los críticos del régimen y con mayor frecuencia lo justifica legalmente aduciendo que estas actividades son financiadas y organizadas por el imperialismo norteamericano. Así, la Ley 88 de 1999, justificadamente llamada «Ley Mordaza» por muchos, establece en el capítulo 11 la privación de libertad por un término de 3 a 8 años y/o una multa de mil a tres mil cuotas para aquellos que participen en la distribución de recursos financieros o de otra índole, procedentes del gobierno de Estados Unidos. 

En varios casos, esta acusación ha sido bien fundada con respecto a la procedencia de los recursos involucrados. Aún así, es necesario, por lo menos desde el punto de vista socialista y democrático, establecer el tipo de actividades políticas que han sido financiadas u organizadas con esos fondos. Por lo general, las actividades oposicionistas adjudicadas por los tribunales cubanos en años recientes han sido pacíficas y han consistido en la distribución de materiales impresos o de otra índole no violenta. Como tales serían consideradas completamente legales en cualquier país latinoamericano, salvo en aquellos gobernados por sistemas antidemocráticos. No son comunicaciones incitando a la violencia o tráfico de armas, son exhortaciones e ideas eminentemente políticas, dirigidas a un público del que buscan apoyo.

A la luz del carácter pacífico de estas actividades, es sumamente injusto, así como antidemocrático, que el sistema judicial cubano castigue a aquellos que han acudido a fuentes como el gobierno de los Estados Unidos para obtener los recursos necesarios para conducir este tipo de actividades políticas. Dicho gobierno es clara y contundentemente condenable por su motivación hostil a la auto-determinación de la nación cubana. Pero los disidentes y opositores que reciben esos fondos están siendo condenados en Cuba por llevar a cabo actos políticos que serían legales en cualquier país democrático.

La recepción del apoyo material del gobierno norteamericano en circunstancias donde los ciudadanos cubanos no tienen derecho a expresarse en público independientemente del gobierno, es una cuestión política que debe discutirse como tal y no castigarse a través del sistema penal. Después de todo, el gobierno cubano a través de su monopolio de medios de comunicación, puede decir todo lo que quiera contra los ataques a la soberanía del país, denunciando la intromisión de Washington en los asuntos internos de Cuba. Pero al mismo tiempo, como parte de ese monopolio, no permite que el pueblo cubano escuche y sea testigo de la defensa de los acusados contra las imputaciones en su contra, tanto en este como en todos los casos políticos.

Es una vieja práctica que Fidel instituyó en los tiempos tempranos de la Revolución cubana cuando impidió que el pueblo escuchara la defensa del Presidente Manuel Urrutia contra las graves acusaciones que el máximo líder revolucionario presentó contra él en julio de 1959.

Pero para la izquierda cubana independiente, lo más importante más allá de la defensa de los derechos políticos democráticos para todos, es que los cubanos tengan acceso a aquellos que critican al régimen cubano desde un punto de vista socialista, democrático y antiimperialista. Este es un punto de vista que, en primer lugar, se opone a la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Cuba basada en el derecho de autodeterminación nacional.

Contra lo que arguyen muchos integrantes de la oposición de derecha, la defensa de la autodeterminación de la nación cubana no supone de manera alguna la aprobación o apoyo al gobierno cubano, sino que propala la consigna de mantener el destino de Cuba en manos de los cubanos sin permitir que otros países, mucho menos potencias imperiales, controlen a Cuba como lo hicieron en la época pre-revolucionaria.

Cuando en el año 1935 la opinión democrática internacional, sobre todo los afro-descendientes y la izquierda, apoyaron sin reserva alguna la resistencia de Etiopía contra la invasión de la Italia fascista, ciertamente no fue porque querían defender o disculpar al régimen monárquico y hasta esclavista del Emperador Haile Selassie –brillantemente descrito por el autor polaco Ryszard Kapuscinski en su obra de semi-ficción «El Emperador»–, sino para oponerse al imperialismo fascista y defender la autodeterminación de la nación etíope. 

Los gobiernos de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, podrán proclamar que el bloqueo y la Ley Helms Burton –medidas que han empeorado las condiciones de vida de todos los cubanos en la Isla– fueron tomados en aras de la democracia y del llamado «mundo libre».  El hecho es, sin embargo, que la política exterior norteamericana persigue sus propios intereses para promover y defender su imperio, el resto es pura verborrea ideológica e hipócrita. 

Esto lo corrobora la larga trayectoria histórica de la política estadounidense con su intervención para derrocar gobiernos democráticamente electos, como el de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y el de Salvador Allende en Chile en 1973, con la subsecuente ejecutoria asesina de Pinochet. Por supuesto, aquí hay que incluir su apoyo a la dictadura batistiana, la invasión de Playa Girón en 1961, así como las numerosas incursiones armadas y terroristas contra Cuba. Esa trayectoria imperialista también se extiende a otras partes del mundo con el apoyo de Washington a regímenes sumamente reaccionarios y antidemocráticos como la Arabia Saudita y su agresión genocida en Yemen, así como su intervención y destrucción de Iraq en los últimos treinta años.   

Es cierto que es difícil sobrevivir como opositor o disidente en la Cuba de hoy. Pero existen alternativas a la ayuda del gobierno norteamericano. Después de todo, hay más de dos millones de personas de ascendencia cubana fuera de Cuba de las que se podría recabar apoyo financiero independiente para mantener las actividades políticas de oposición en la Isla.  Eso fue lo que José Martí hizo en la década de 1890, recabando fondos de los obreros tabaqueros cubanos en la Florida.

Existe también una extensa sociedad civil norteamericana –sindicatos, iglesias, organizaciones fraternales, de derechos humanos, mujeres, gays, entre otras– la gran mayoría de las cuales operan independientemente del Departamento de Estado, la CIA, o de la Fundación Nacional Cubano Americana que actúa como vehículo de los gobiernos norteamericanos de ambos partidos.

Los grupos que siguen la vía fácil de acudir a estas agencias gubernamentales y organizaciones que las auxilian, así como a las embajadas norteamericanas, no solamente comprometen la independencia de la oposición al gobierno cubano, sino que también exhiben una fuerte tendencia a «vivir del cuento», pues al contar con los fondos no se molestan en desarrollar su propia base de apoyo y acaban con pocos partidarios tanto en Cuba como en el exterior.

28 diciembre 2020 56 comentarios 1.752 vistas
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giro economico

El nuevo giro económico

por Samuel Farber 11 noviembre 2020
escrito por Samuel Farber

Una serie de recientes acontecimientos en Cuba han castigado la ya precaria economía de la isla, lo cual ha llevado al gobierno a adoptar una serie de políticas y un giro económico que apuntan a una mayor apertura al capital mientras mantiene los controles políticos del Estado unipartidista.

El primero en la lista de recientes desastres que han sobrevenido a la Isla es la pandemia de COVID-19. En comparación con otros países caribeños, a Cuba le ha ido mejor gracias a un sistema de salud pública que, a pesar de su deterioro en los últimos treinta años, aún es capaz de organizar una respuesta adecuada a desastres colectivos como la pandemia.

Así, para detener el contagio, el gobierno cubano adoptó medidas drásticas como suspender el transporte público en su totalidad, y en respuesta a un rebrote de la infección que comenzó a finales de agosto, recurrió a medidas igualmente drásticas en muchas localidades, incluyendo el área metropolitana de La Habana, aunque a principios de octubre redujo las restricciones en la mayoría de esos lugares.

La industria del turismo, la tercera mayor fuente de divisas extranjeras tras la exportación de personal médico y las remesas enviadas por cubanos en el exterior, también se cerró, así como muchos establecimientos comerciales e industriales. La entrada de divisas a Cuba –tremendamente necesarias para adquirir esenciales productos de importación, incluyendo el 70 por ciento de los alimentos que se consumen- ya había sido restringida antes de la pandemia por la cancelación de la exportación de personal médico a países como Brasil y Bolivia, donde gobiernos de extrema derecha habían llegado recientemente al poder.

Además, los cargamentos de petróleo que la isla recibía de Venezuela ­–a cambio de la exportación de personal médico a ese país–, cruciales para el funcionamiento de la economía de la Isla, fueron reducidos como resultado de la crisis política y económica bajo el gobierno de Maduro.

Para colmo de desgracias, Donald Trump intensificó de manera decididamente agresiva el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba –motivado en parte por el apoyo de esta al régimen de Maduro– al reducir, o en algunos casos cancelar, varias de las concesiones que Obama había hecho durante su segundo período en la Casa Blanca.

Entre otras medidas hostiles, Trump limitó el envío de remesas de cubanoamericanos a sus familiares, redujo significativamente los viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses de origen no cubano, prohibió que los visitantes estadounidenses en la Isla se hospedaran en hoteles propiedad del gobierno cubano, e impulsó una campaña para desalentar la inversión extranjera mediante la invocación, por primera vez en la historia, del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 (aprobada por el Congreso e instituida como ley por el presidente demócrata Bill Clinton), la cual sanciona a compañías extranjeras que utilicen propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano a principios de los años 60.

La administración de Trump también ha suspendido licencias que autorizan actividades económicas estadounidenses en Cuba, como la concedida por la administración de Obama a la Corporación Marriott para operar hoteles.

¿Cambiará la política de Washington bajo una posible administración de Joe Biden? El candidato presidencial demócrata prometió seguir los pasos del presidente Barack Obama, moviéndose hacia una normalización de las relaciones políticas y económicas con Cuba. El punto hasta el cual un gobierno de Biden podría hacerlo depende de una variedad de factores que van desde los resultados electorales en Florida hasta las relaciones con Venezuela.

Aunque lo último no fue muy importante con respecto a la política hacia Cuba durante los años de Obama, se convirtió en un aspecto primordial para Trump, quien, siguiendo el consejo del senador Marco Rubio y del entonces asesor para seguridad nacional John Bolton, hizo del apoyo de Cuba a Nicolás Maduro un asunto fundamental y lo utilizó para justificar el recrudecimiento de las sanciones. El hecho de que tanto Biden como los demócratas en el Congreso han apoyado la afirmación del líder opositor venezolano Juan Guaidó de ser el presidente legítimo de Venezuela no promete nada bueno al respecto de que una administración demócrata normalice las relaciones con la Isla.

Poderosos intereses corporativos, tales como importantes firmas de la agroindustria y la Cámara de Comercio de los EEUU, han estado por mucho tiempo en favor de sostener relaciones económicas plenas con Cuba, aunque es difícil predecir cuánto capital político están dispuestos a invertir para lograr ese objetivo. En cualquier caso, una normalización completa de las relaciones políticas y económicas requeriría que el Congreso revocara la Ley Helms-Burton de 1996.

Ello es una posibilidad dudosa, teniendo en cuenta la composición probable de ambas cámaras del Congreso tras la elección del próximo mes, a pesar de que un número significativo de congresistas republicanos han apoyado, en nombre de intereses agrícolas y de otros negocios, la normalización de relaciones. No obstante, el presidente de los Estados Unidos tiene una considerable capacidad para mejorar dichas relaciones bilaterales, aunque la Helms-Burton se mantenga como ley vigente.

Mientras tanto, todos estos acontecimientos han exacerbado considerablemente los problemas de una ya débil economía cubana que ha sufrido de bajo crecimiento por varios años (0,5% en 2019), baja productividad industrial y agrícola, y un muy bajo índice de la sustitución de capital necesaria para mantener una economía al menos en su nivel actual de producción y nivel de vida, mucho menos para lograr un crecimiento económico significativo y mejores condiciones de vida.

Para mayor desgracia, esta situación se ha ido desarrollando en el contexto de una población cada vez más envejecida, un proceso demográfico que comenzó a finales de los años 70 y que conducirá a una serie de graves problemas, como que una fuerza de trabajo en reducción tenga que sostener a un número creciente de jubilados.

En respuesta a las presiones creadas por la reciente profundización de la crisis económica, el gobierno cubano anunció una serie de medidas que harán que el país dé un importante paso más cerca del modelo chino-vietnamita, el cual combina un Estado unipartidista autoritario con un creciente papel de la empresa privada capitalista. Estas nuevas medidas representan la decisión del gobierno cubano de ceder una parte de su control económico en un esfuerzo por adquirir divisas, importar capital y promover un mayor dinamismo y crecimiento de la economía.

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa privada

Una propuesta económica que ha sido rescatada es el establecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de gestión privada. Por más de una década, el gobierno cubano bajo el mandato de Raúl Castro ha permitido la existencia de muy pequeñas empresas privadas, las cuales en este momento ya emplean aproximadamente al 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Ello incluye cerca de un cuarto de millón de agricultores privados que trabajan tierras en usufructo, lo que significa que la arrendan al gobierno por períodos renovables de veinte años, así como unas 600.000 personas que son dueñas de negocios en áreas urbanas o trabajan para ellos.

La mayoría de estas microempresas están concentradas principalmente en las esferas de los servicios gastronómicos (restaurantes y cafeterías), la transportación (taxis y camiones), y en el alquiler de habitaciones y apartamentos a turistas, probablemente la pequeña empresa privada más lucrativa de todas. En 2014, en un importante documento oficial titulado Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el gobierno anunció que permitiría la creación de pequeñas y medianas empresas privadas. Esta noción ha sido recientemente revivida y discutida, por ejemplo, por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha afirmado que es necesario «destrabar» las PYMES y las cooperativas.

Se han ofrecido pocos detalles acerca de qué podrían abarcar estas empresas en términos de tamaño y otras características. Lo más probable es que eso se mantenga en secreto hasta que el gobierno promulgue la nueva ley, que está programada para abril de 2022, referida tanto a las empresas estatales como privadas, aunque diputados del parlamento -la Asamblea Nacional del Poder Popular- han indicado que las regulaciones concernientes a las PYMES se formularán ya este año.

Aun así, se puede obtener una idea aproximada de en qué consistirán esas medianas empresas observando cómo han sido definidas en otros países latinoamericanos. En Costa Rica, por ejemplo, donde las PYMES están muy extendidas y desempeñan un importante papel en la economía, la mediana empresa se refiere a las que emplean entre 31 y 100 trabajadores; las microempresas son las que emplean a menos de cinco personas (el grupo más nutrido de las hoy presentes en Cuba), y la pequeña empresa es aquélla que contrata de 6 a 30 trabajadores.

Chile aprobó una ley que define oficialmente el tamaño de las empresas según los siguientes criterios numéricos: Micro, hasta 9 empleados; Pequeña, de 10 a 25; Mediana, de 25 a 200; y Gran Empresa, más de 200 empleados.

Basándose en esas definiciones, está claro que por su tamaño, las firmas privadas medianas son empresas capitalistas tradicionales. Es poco probable que sean gestionadas únicamente por sus dueños y necesitarán algún tipo de administración jerárquica para conducir el negocio en términos de su planificación económica, su gestión y su producción. El establecimiento de estas firmas probablemente vaya a la par con la intervención de los sindicatos estatales oficiales para «organizar» a los trabajadores, como ya lo han hecho con los mucho menores «cuentapropistas» y sus pocos empleados.

Como en China, los sindicatos oficiales en Cuba no harán nada para representar verdaderamente a los trabajadores en sus relaciones con los empleadores.

El Código de Trabajo de Cuba de 2014

En este contexto es muy importante considerar el Código de Trabajo que ha estado en vigor desde que lo aprobó el gobierno cubano en 2014. Este Código elimina el requisito de compensar a trabajadores cuya plaza haya sido cerrada y permite a empleadores privados despedir a trabajadores sin motivo como parte de su derecho como propietarios. En el caso de empleados estatales, el gobierno también despide a trabajadores al declararlos no idóneos para sus plazas, sin que los afectados tengan mucho a qué recurrir.

El nuevo Código también relaja la jornada de 8 horas, permitiendo que los empleadores la extiendan a 9 horas sin compensación adicional. De hecho, ya hay muchos trabajadores en el sector privado que trabajan turnos de 10 y hasta 12 horas diarias sin cobrar horas extra –lo hacen de todos modos porque su salario básico es más alto que en el sector estatal-.

El Código también permite que los empleadores privados solo concedan un mínimo de siete días de vacaciones anuales pagadas en lugar de los treinta días a los que tienen derecho los empleados estatales. Igualmente, suprime la descarga académica para la superación de todos los trabajadores, así que ello debe hacerse durante el tiempo libre del que dispongan, como el acumulado de vacaciones. Se espera que este Código de Trabajo también sea aplicable al sector económico de las PYMES.

La modificación del monopolio estatal sobre el comercio exterior

Además de abrir la puerta a la empresa privada, el régimen cubano ha relajado muy recientemente su monopolio sobre el comercio exterior, es decir, el control exclusivo que, hasta ahora, ha tenido sobre todas las actividades empresariales de importación y exportación.

Hace poco tiempo, Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), anunció que treinta y seis empresas estatales especializadas en comercio exterior se estaban preparando para ofrecer ayuda con sus servicios a importadores y exportadores privados, con el objetivo de procesar y perfeccionar sus operaciones extranjeras.

Como un incentivo adicional para estimular estas actividades de exportación privadas -en moneda fuerte-, el gobierno ha ofrecido aplicar un descuento al impuesto sobre las utilidades de las empresas estatales, privadas y las cooperativas si demuestran un incremento en ventas de productos y servicios en comparación con el año anterior.

En 1959, el primer año de la Revolución, cuando la mayor parte de la economía aún estaba en manos privadas, el Gobierno Revolucionario, ante un brusco descenso de sus reservas de divisas fuertes extranjeras, exigió que las firmas privadas cubanas que importasen del extranjero obtuvieran el permiso del Banco Nacional de Cuba para acceder a la divisa extranjera –a menudo dólares- que necesitaban para sus transacciones.

Así el gobierno intentaba ejecutar su plan de utilizar las escasas divisas en importaciones que eran fundamentales para el desarrollo económico del país, en vez de, por ejemplo, en artículos de lujo para uso personal. Aún no se conoce cuánto control tendrá ahora el gobierno sobre las iniciativas de importación/exportación propuestas por el sector privado.

La racionalización del sistema monetario

Las nuevas regulaciones para actividades de exportación, y en especial de importación, estarán estrechamente relacionadas y se verán sin dudas afectadas por las dificultades monetarias que hoy enfrenta Cuba, en particular las concernientes a la escasez de divisas.

Esa escasez también está desempeñando un papel principal en la presente discusión de la unificación monetaria por parte del gobierno, un tema sobre el cual se ha vertido mucha tinta durante años y que adquiere cada vez más protagonismo en las nuevas políticas económicas, y cuya materialización puede que ocurra finalmente durante los próximos meses.

A medida que el gobierno cubano intente integrar cada vez más su economía con la economía internacional, más necesitará regularizar el tipo de cambio entre su moneda nacional y las divisas extranjeras utilizadas por el capital foráneo para sus transacciones. Ello permitiría un arreglo más racional para, entre otras cosas, establecer un sistema de precios e incentivos económicos, y para evaluar los datos económicos.

Por muchos años, Cuba ha tenido operando en su mercado interno un sistema de dos monedas coexistentes, con una parte en dólares y la otra en pesos cubanos. Hasta hace poco, ese sistema fue representado por el peso cubano y el CUC —una moneda cubana no convertible más o menos equivalente al dólar— que estuvo fijada a un cambio de aproximadamente 24 o 25 pesos cubanos por 1 CUC.

Pero el CUC perdió su valor y está en proceso de desaparecer debido a la falta de divisas para respaldarlo. Mientras tanto, la economía cubana se ha dolarizado directamente: los cubanos ahora obtienen acceso a artículos en tiendas especiales en dólares que venden una amplia variedad de productos, incluyendo alimentos, que son muy difíciles de obtener en otros lugares con pesos cubanos.

Los productos en esas tiendas en divisas extranjeras se compran con tarjetas magnéticas emitidas por el gobierno para evitar una especulación informal de monedas en efectivo en el mercado negro. Las tarjetas son el único tipo de pago aceptado en esas tiendas y se basan en depósitos hechos en dólares u otras divisas internacionales en los bancos cubanos, la mayoría de los cuales provienen de remesas desde el exterior.

Sin embargo, con la desaparición del CUC, ya no podemos hablar de unificación monetaria, sino de la racionalización de la política monetaria cubana, particularmente del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Como el economista cubano Pedro Monreal ha señalado, los cambios monetarios tendrán que ser parte de un paquete más amplio que implique ajustes de precios, subsidios, salarios y pensiones.

La regularización monetaria del cambio entre el peso cubano y el dólar que se discute hoy en la Isla supone para el gobierno una serie de complicaciones que serán muy difíciles de resolver. Provienen principalmente del hecho que, mientras la población en general ha estado cambiando de 24 a 25 pesos por un dólar, las empresas estatales han disfrutado del económicamente distorsionante tipo de cambio de un peso por un dólar –una tasa que claramente ha favorecido la importación de bienes extranjeros, pero ha dañado la exportación de bienes cubanos–.

La regularización de la moneda en este contexto significa que el gobierno tendrá que intentar lograr la cuadratura de varios círculos para tanto impedir el cierre de muchas firmas estatales que se beneficiaban del subsidio para importaciones del que disfrutaban con el tipo de cambio especial de uno por uno, como para bloquear un incremento de la inflación. Debido a presiones políticas internas y a expectativas populares, es posible que el gobierno se vea obligado a conceder un tipo de cambio favorable al peso.

Si ese tipo de cambio favorable no está acompañado por una mayor disponibilidad de bienes y servicios, ello podría llevar a la inflación. Si se combinan problemas, una falta de sindicatos independientes dejaría a los trabajadores cubanos desprotegidos de las políticas monetarias de su gobierno.

Especialmente importante es el fundamental cambio de política que anunció por primera vez la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, el 6 de agosto –y que fue luego confirmado el 13 de octubre por Alejandro Gil, el Ministro de Economía y Planificación–, que aumentará sustancialmente la cantidad y variedad de ocupaciones urbanas que los cubanos podrán realizar en el sector privado.

Como parte de sus primeras reformas económicas, Raúl Castro permitió la apertura al trabajo por cuenta propia privado y a la contratación de personal en el caso de un número limitado de ocupaciones que con el tiempo se incrementó a más de doscientas, las cuales luego se reorganizaron en 123 grupos ocupacionales. Vale señalar que este incremento estuvo lejos de ser un proceso lineal y en más de una ocasión el gobierno recortó la cantidad de ocupaciones permitidas en el sector privado.

Según los ministros Feitó y Gil, esa lista de ocupaciones privadas permitidas será eliminada, y es de suponer que se preparará una nueva que relacione sólo aquellas ocupaciones que no se permitirán, tales como, por ejemplo, la práctica privada de la medicina. Ninguno de los ministros ha definido aún una fecha en la que estos cambios entrarían en vigor.

Finalmente, para facilitar tanto las operaciones del sector privado rural como del urbano, el gobierno anunció que aumentaría la cantidad de mercados mayoristas para que los pequeños y medianos emprendedores privados compren alimentos y otros productos al por mayor a precios reducidos. La falta de acceso a este tipo de mercados ha sido un gran problema que ha afectado seriamente la viabilidad de los negocios privados rurales y urbanos.

Para mejorar las cosas, el gobierno anunció muy recientemente que a partir de septiembre comenzará a funcionar un mayor número de mercados mayoristas en las capitales provinciales, aunque las transacciones se realizarán exclusivamente en divisas, lo cual ha sido claramente el principal impulso para esto y para otros cambios económicos.

Si el gobierno cubano realiza todos los cambios que ha anunciado, la economía de la Isla se habrá alejado bastante de la economía altamente nacionalizada de finales de los 80 —más nacionalizada que las economías de la URSS y Europa del Este— para convertirse en una economía fundamentalmente mixta, acercándose así cada vez más al modelo chino-vietnamita. Queda por ver hasta qué punto los cambios propuestos mejorarán el mediocre rendimiento de la actual economía cubana, en la cual el bajo crecimiento económico y la baja productividad han caracterizado tanto a la economía rural como a la urbana por mucho tiempo.

Vale señalar, sin embargo, que a pesar de una baja producción agrícola generalizada, las granjas privadas ya han superado a las estatales en la producción de varios cultivos esenciales, como sucedió en Europa del Este durante los gobiernos comunistas.

En sólo poco más de una década, desde que una cantidad sustancial de tierras fuera distribuida a agricultores privados, y a pesar de sus grandes dificultades para obtener acceso a créditos y al comercio al por mayor, instrumental agrícola y otros implementos, los agricultores privados, quienes aún poseen menos tierras cultivables que el Estado, ya producen el 83.3 por ciento de las frutas, el 83,1 por ciento del maíz y el 77.9 por ciento de los frijoles.

Sin embargo, esto no es tanto un testimonio de las maravillas de la empresa privada como del desastre que ha sido para Cuba la agricultura estatal burocrática dirigida desde arriba y de manera centralizada –también fue desastrosa para varios países que componían el bloque soviético–.

En tales sistemas burocráticos, las personas que participan del nivel productivo carecen de incentivos materiales –como un mayor poder adquisitivo– y de incentivos políticos –como autogestión y control democrático de sus centros de trabajo–, cuya ausencia ha conducido históricamente a apatía generalizada, negligencia, irresponsabilidad y lo que Thorstein Veblen llamó «retirada de la eficiencia».

Es esta experiencia vivida y no la propaganda capitalista, la que ha hecho al modelo capitalista cada vez más atractivo para los cubanos.

El contexto político

Un tema crítico que surge de esta discusión es la naturaleza y composición de la dirección política cubana que se enfrenta a la actual crisis y que conduce las propuestas mencionadas quince años luego de que Fidel Castro se retiró, por razones de salud, de su mandato directo del país y fue sucedido por su hermano menor Raúl, el jefe de las fuerzas armadas cubanas y heredero forzoso desde los primeros días del Gobierno Revolucionario.

Al asumir el mando, Raúl introdujo una serie de reformas económicas que abrieron el sistema, de manera moderada, a empresas privadas normalmente muy pequeñas. También promovió un grado significativo de liberalización como, por ejemplo, cambiar en 2012 las regulaciones que controlaban las salidas al extranjero para permitir a los cubanos viajar a otros países. Pero esta liberalización no estuvo acompañada por forma alguna de democratización política. Todo lo contrario. Por lo tanto, la represión de la disidencia ha continuado.

Así, por ejemplo, mientras liberalizaba los viajes al extranjero para la mayoría de los cubanos, el gobierno ha impuesto obstáculos para las salidas de muchos disidentes, ya sea demorando sus apariciones en tiempo en conferencias en otros países o imposibilitándoles viajar al exterior, para lo cual ha elaborado una lista de «regulados» conformada por unos 150 disidentes cubanos que no tienen permitido salir del país.

Debe señalarse que, como en el caso de muchas otras medidas represivas adoptadas por el gobierno cubano, esto sigue siendo, como en tiempos de Fidel Castro, una decisión política y administrativa al margen incluso al propio sistema judicial del régimen. Lo mismo se aplica a los miles de arrestos breves que el gobierno de Raúl Castro ha realizado cada año, en especial para impedir manifestaciones públicas no controladas por el gobierno.

El sistema de partido único continúa funcionando como bajo Fidel Castro, con su enorme control social, económico y político, implementado mediante sus cintas de transmisión, representadas por las organizaciones de masas (los sindicatos y las organizaciones femeninas) y otras instituciones, como las del sistema educativo. Los medios masivos de comunicación (radio, televisión y periódicos) continúan estando bajo el control del gobierno y siguen en su cobertura las «orientaciones» del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La única excepción de importancia son las publicaciones internas de la Iglesia Católica, la cual, sin embargo, practica una extrema prudencia política y limita la distribución de sus publicaciones a sus parroquias y otras instituciones católicas. Internet, la cual el gobierno ha sido incapaz hasta ahora de poner bajo su absoluto control, permanece como el principal vehículo para las voces críticas y disidentes.

Mientras tanto, ha estado ocurriendo un importante cambio generacional dentro de la dirigencia cubana que plantea preguntas sobre el futuro del sistema cubano.

El nuevo presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nació en 1960, un año después del triunfo revolucionario. El ocupante del recién creado cargo de Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, un hombre con largos años de experiencia en el negocio del turismo, nació en 1963. Se podría considerar que estos dos hombres realizan una especie de aprendizaje de prueba bajo Raúl Castro, quien a sus 89 años de edad es aún el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, aunque se retirará oficialmente en 2021.

Aún hay otros «líderes históricos» que también permanecen en lo más alto de la jerarquía política. José Ramón Machado Ventura, un médico que por un tiempo fue el número tres después de Fidel y Raúl Castro, y que es miembro del Buró Político, cumplirá 90 años el 26 de octubre. Ramiro Valdés, que ocupó muchos cargos superiores durante los más de sesenta años del Gobierno Revolucionario, incluyendo Ministro del Interior, y que hoy es miembro del Buró Político, tiene 88 años. Varios generales en posiciones de alto rango también pertenecen a la vieja generación.

El general Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político del CC del PCC, tiene 81 años. En comparación, el general Álvaro López Miera, también miembro del Buró Político, es un joven de apenas 76 años. El general Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) tiene 79 años de edad.

Sin embargo, hay personan más jóvenes, menos visibles que Díaz-Canel Bermúdez y Marrero Cruz, quienes ahora ocupan cruciales cargos de gobierno y cuyo poder es probable que aumente en el contexto de una transición luego de que los viejos «históricos» hayan abandonado la escena. Uno de ellos es el general de 60 años Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un ex yerno de Raúl Castro, quien es el director de GAESA, el inmenso conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, el cual incluye a Gaviota, la principal empresa turística en Cuba. Varios oficiales de alto rango del ejército, retirados o en activo, ocupan actualmente cargos importantes en otras esferas clave de la economía.

Las Fuerzas Armadas han capacitado a cuadros técnicos y empresariales quienes, junto a un grupo de técnicos y administradores civiles, han desempeñado por algún tiempo un importante papel en la economía. Muchos de ellos se han convertido en empresarios internacionales que operan en nombre del Estado cubano y han desarrollado amplias conexiones con bancos y otras instituciones capitalistas internacionales.

A ellos debemos añadir a los gerentes de industrias estatales, a quienes el gobierno acaba de otorgar más autonomía. Todos estos funcionarios pueden acabar beneficiándose del anunciado establecimiento de las PYMES, mediante el uso de sus contactos de negocios para obtener el capital que les permita crear sus propias medianas empresas. Ellos constituyen el núcleo de una burguesía capitalista cubana en desarrollo que está emergiendo desde dentro del propio aparato comunista.

Oposición, desafiliación y descontento

Existe oposición política en Cuba, principalmente —pero no de forma exclusiva— en el centro y la derecha del espectro político.

Sin embargo, ha sido políticamente marginada por la represión del gobierno y por la práctica plattista –por la Enmienda Platt impuesta por los EEUU a Cuba a principios del siglo XX y que limitaba la independencia cubana– adoptada por sectores de esa oposición, que en lugar de organizarse y recaudar fondos entre los cerca de dos millones de personas de origen cubano en los EEUU y otros países —tal como hizo José Martí entre los tabaqueros cubanos en Florida para apoyar la independencia cubana en la década de 1890—, ha dependido de limosnas del gobierno estadounidense para sobrevivir a la persecución.

Aunque el gobierno puede haber marginado con éxito a la disidencia activa en la isla, no ha podido detener la considerable desafiliación política con respecto al régimen, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que crecieron desde el derrumbe de la URSS y el campo socialista a finales de los 80 y principios de los 90. Debe apuntarse que ha transcurrido casi el mismo tiempo entre 1990 y el presente que entre el triunfo revolucionario en 1959 y el derrumbe del bloque soviético. Este colapso —y la sustancial retirada de ayuda económica a Cuba que lo acompañó— produjo una catastrófica crisis económica y una considerable erosión de la legitimidad del régimen cubano.

Desde entonces, la corrupción pública y privada se ha incrementado notablemente, un fenómeno que fue incluso denunciado por Fidel Castro en un famoso discurso en la Universidad de La Habana en noviembre de 2005, donde advirtió que podría destruir la Revolución desde adentro y así lograr lo que el imperialismo estadounidense llevaba décadas sin haber podido causar.

La actual crisis económica, considerablemente agravada por la pandemia de la COVID-19, se ha sumado al ya extendido descontento originado por la escasez de bienes de consumo. Buena parte de este descontento se ha enfocado en los «coleros» –de «cola», la línea de personas que esperan–, un término comúnmente utilizado para personas que monopolizan los primeros lugares en las omnipresentes filas que se forman  por doquier para obtener los cada vez más escasos productos de primera necesidad o para vender esos lugares a quienes llegan tarde; y para personas que, aprovechándose de ocupar, de una forma u otra, los primeros lugares en la cola, compran todas las reservas de productos para revenderlos a precios exorbitantes.

El gobierno ha sacado partido de la comprensible indignación popular que despiertan los coleros al denunciarles y arrestarles, pero evita enfocarse en las causas económicas del fenómeno, es decir, la escasez de artículos de primera necesidad debido a una insuficiente producción nacional y/o importación.

Sin embargo, el hecho es que, dada la falta de producción agrícola debido al régimen económico y político, no parece haber una alternativa práctica para este problema. Ni siquiera es probable que funcione racionar los productos en divisas que compran los coleros al incorporarlos al sistema de racionamiento en pesos cubanos que ya existe, pues puede que no haya cantidades suficientes para distribuir a todos.

Es difícil identificar las circunstancias bajo las cuales la presente desafiliación y el descontento puedan traducirse en una alternativa política —y aún menos en una democrática y progresiva— para el existente régimen antidemocrático de Estado unipartidista. Es cierto que el cierre por parte de Obama del camino de la emigración cubana hacia los Estados Unidos en los últimos días de su mandato eliminó una importante válvula de escape para la oposición y el descontento en Cuba.

Trump no revocó esta medida concreta de Obama, prueba de que su oposición al comunismo es mucho más débil que su xenofobia y su racismo. No obstante, el cierre de la emigración hacia los Estados Unidos hasta ahora no ha parecido ser suficiente para estimular ninguna novedad política significativa en la isla.

Lo que está claro es que la adopción de las nuevas medidas económicas ya expuestas, en particular la legalización de las llamadas medianas empresas, pueden extender y profundizar considerablemente la doble explotación y opresión en Cuba: la que ha ejercido por mucho tiempo el Estado unipartidista altamente autoritario, y la otra, ejercida por las futuras medianas empresas privadas ayudadas por la falsa protección brindada a los trabajadores por los sindicatos estatales, que en la práctica funcionarán como sindicatos de empresas en el contexto de las PYMES. El Código de Trabajo aprobado en 2014 ya ofrece un indicio de lo que está por venir.

La nueva distribución económica del poder que tarde o temprano se desarrollará en Cuba demostrará aún más la urgente necesidad de contar con sindicatos verdaderamente libres, y la necesidad de sustituir el Estado unipartidista antidemocrático que por su naturaleza imposibilita la existencia de sindicatos independientes, por una república verdaderamente socialista y democrática en Cuba.

*Este análisis fue originalmente publicado en inglés en la edición on line de la revista socialista New Politics.

11 noviembre 2020 27 comentarios 1.166 vistas
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