Autor

Samuel Farber

Autor e investigador. Profesor Emérito en el Brooklyn College de Nueva York

Nueva Política Económica

Lecciones a cien años de la Nueva Política Económica en Rusia

por Samuel Farber
escrito por Samuel Farber

La Nueva Política Económica (NEP del ruso Nóvaya Ekonomícheskaya Polítika) introducida por el gobierno revolucionario soviético en 1921 fue en realidad un intento de aminorar el gran descontento de la población con medidas destinadas a aumentar la producción y el acceso popular a productos básicos de consumo. Si bien la guerra civil (1918-1920) causó en sí un gran empobrecimiento en las condiciones básicas de vida de la población urbana y rural rusa, fue la política del «Comunismo de Guerra», introducida por el liderazgo bolchevique durante ese mismo período, la que empeoró significativamente su situación.

Tal política conllevó a una profunda alienación de quienes habían sido pilares de la revolución de 1917: los trabajadores industriales en las ciudades y el campesinado, que en ese entonces constituía el 80% de la población.

Los destacamentos urbanos organizados bajo esa política para confiscar a los campesinos sus excedentes agrícolas y enviarlos a las ciudades, acabaron requisando parte de la ya modesta dieta de los mismos, además del grano almacenado para sembrar la próxima cosecha. La situación empeoró cuando bajo esa misma política se crearon los llamados «comités de campesinos pobres» (kombedy), basados en una supuesta estratificación de clases en el campo que no tenía fundamento real, para reforzar las funciones de los destacamentos urbanos.

Debido a los métodos informales y arbitrarios que caracterizaron el funcionamiento de los kombedy, estos terminaron siendo una fuente de corrupción y abuso, frecuentemente a mano de elementos criminales activos en estos grupos que acababan apropiándose, para uso propio, del grano y todo tipo de bienes que confiscaban arbitraria e impunemente a los campesinos.

Por añadidura, durante el otoño de 1920 empezaron a manifestarse síntomas de hambruna en la región del Volga, que se recrudecieron en 1921 después de una sequía muy severa que arruinó la cosecha y también afectó el sur de los Urales. Desde febrero de 1920, ya León Trotsky había propuesto que las requisas arbitrarias del «Comunismo de Guerra» fueran sustituidas por un impuesto en especie pagado por los campesinos, con el fin de incentivarlos a que cultivaran más granos. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada en ese momento por los líderes del Partido.

Los sucesos de 1956 en Hungría

La política del «Comunismo de Guerra» se aplicó igualmente a la economía urbana e industrial, mediante su nacionalización casi total, aunque ya sin el control democrático de los obreros y los soviets, que el gobierno soviético había abolido cuando comenzó la guerra civil y reemplazado con una dirección exclusivamente desde arriba, constituida por administradores del Estado. Mientras tanto, los obreros fueron sometidos a un régimen de trabajo obligatorio militarizado.

Para la mayoría de los líderes comunistas, incluyendo a Lenin, esa economía nacionalizada y centralizada representaba un gran avance hacia el socialismo. Es por eso que para Lenin la NEP significó un gran retroceso. Aparentemente, en su concepción del socialismo, la nacionalización desempeñaba un papel más importante que los controles democráticos desde abajo. Pero la eliminación de la democracia en el trabajo fue solo un aspecto de la supresión más general de la democracia soviética, que el gobierno bolchevique implementó como respuesta a la sangrienta y destructiva guerra civil.

Basados en las circunstancias objetivas creadas por esa guerra, y en la urgente necesidad de resolver problemas reales como el sabotaje político y económico, el liderazgo bolchevique no solo eliminó el multipartidismo en los soviets (consejos) de trabajadores y de campesinos, sino también la democracia e independencia sindical, e introdujo muy serias restricciones a las libertades políticas establecidas al principio de la revolución.

La clase trabajadora, diezmada por la guerra civil —había descendido drásticamente a solo una tercera parte de lo que había sido a principios de 1918— y muy afectada por la escasez que reinaba en las ciudades, ya no tuvo la fuerza de oponerse a la nueva organización desde arriba en el trabajo, ni de tratar de restaurar el rol que habían tenido en la dirección democrática de la producción.

Para el fin de la guerra civil, los soviets y los sindicatos estaban en vías de convertirse en meras bandas de transmisión de las políticas del Partido Comunista. Más tarde, una vez que se inauguró la NEP, los trabajadores empezaron a resistir y hubo muchas huelgas, hasta que Stalin consolidó su poder a finales de los años veinte.

La Nueva Política Económica (1921-1928)

Para aumentar la producción de bienes básicos de consumo y el acceso popular a estos, el liderazgo bolchevique recurrió a una serie de concesiones económicas de mercado. Así, por ejemplo, permitió a los campesinos vender sus productos por la libre a condición de pagar un impuesto en especie. Se reemplazaba de esta manera la odiada política de confiscaciones arbitrarias del «Comunismo de Guerra». Asimismo, permitió las operaciones del capitalismo nativo e internacional, tanto con respecto a la producción de bienes de consumo como a su distribución.

Las concesiones económicas del gobierno estuvieron acompañadas por una política de liberalización de la cultura en sus varias manifestaciones. Sin embargo, en 1923, cuando Lenin ya se había retirado de la política por motivo de su precaria salud, el gobierno impuso la censura de libros y otros materiales orientados a la cultura popular, especialmente aquellos de índole religiosa. Irónicamente, esta censura contradijo el único derecho mencionado como tal por la Constitución revolucionaria de 1918, que establecía el derecho a la diseminación y propaganda, tanto religiosa como atea.

Esa liberalización económica y cultural ocurrió, no obstante, junto con la contracción, en el ámbito político, de los derechos de pensamiento y organización. Lenin, junto con otros líderes, decidió contrarrestar lo que para ellos significaba la NEP en tanto gran retroceso del socialismo, al endurecer el control político de la sociedad a manos del partido que encabezaban.

La supresión de derechos, que pudo haber sido considerada necesaria bajo las condiciones «objetivas» de la guerra, no solo continuó en pie, sino que se institucionalizó y se convirtió en una virtud. La represión política ad hoc y tentativa de la guerra civil se generalizó y sistematizó. Así, por ejemplo, la episódica tolerancia del Partido Comunista, que durante la guerra civil había permitido ocasionalmente a partidos como los Mencheviques y Socialistas Revolucionarios, llegó a su fin con el inicio de la NEP, al decidir la ilegalización permanente de esas organizaciones. Y el X Congreso del Partido Comunista, celebrado en marzo de 1921 —el mismo que estableció la NEP—, prohibió el funcionamiento de las facciones permanentes dentro del Partido.

También aumentaron la persecución y el encarcelamiento por acciones políticas de oposición, aunque fueran de índole pacífica. Esto incluyó la supresión de la rebelión masiva de marineros en la base de Kronstadt (cerca de Petrogrado) en marzo de 1921, que demandaban el retorno a la democracia soviética así como reformas económicas semejantes a la NEP, que el congreso del Partido aprobó muy poco después. Fue ese endurecimiento político encabezado por Lenin el que socavó la fortaleza y cultura política del país que hubieran sido necesarias para resistir el totalitarismo estalinista que comenzó a fines de los veintes.

Politica sovietica

El endurecimiento político encabezado por Lenin socavó la fortaleza y cultura política del país que hubieran sido necesarias para resistir el totalitarismo estalinista que comenzó a fines de los veintes.

En mi libro Before Stalinism. The Rise and Fall of Soviet Democracy (Antes del estalinismo. El ascenso y la caída de la democracia soviética), propuse que el establecimiento de la NEP debería haberse acompañado por una Nueva Política de Apertura Política (NPAP) que reestableciera el sistema revolucionario multipartidista de los comienzos de la revolución. Esto hubiera significado reestablecer la libertad para organizar grupos y partidos políticos comprometidos a funcionar pacíficamente dentro del marco original de la democracia soviética que tomó el poder en octubre de 1917.

Dicho sistema político podría haber revitalizado la vida y cultura política del país y creado las condiciones organizacionales para, por lo menos, resistir la embestida del estalinismo. Es claro que para el liderazgo bolchevique y la revolución misma, esa apertura política hubiera representado un atrevimiento y un gran riesgo, dada la situación desesperante que confrontaba la URSS —nuevo nombre del país, adoptado en 1922—, y el aislamiento casi total del Partido Comunista. Pero el hecho es que en ese momento no existía tal cosa como una política sin riesgos que prometiera resultados positivos.

Más que nada, todavía existía la posibilidad de que la URSS adoptara un curso político democrático. A pesar de la tendencia dictatorial que empezó a despuntar entre el liderazgo revolucionario durante la guerra civil y que se consolidó con la NEP, existía todavía una memoria reciente de las tradiciones democráticas y pluralistas de los bolcheviques anteriores a la guerra civil. Solo tres años atrás, en 1918, había ocurrido una gran polémica nacional sobre las condiciones bajo las cuales se debiera firmar un tratado de paz con Alemania.

En esa discusión intervinieron varias tendencias, dentro y fuera del Partido Comunista, que trataron abiertamente de promover, a través de toda la sociedad, el apoyo a sus respectivas posiciones. Ello incluyó la libre circulación de panfletos y periódicos, publicados tanto por las diferentes facciones comunistas como por grupos fuera del Partido.

El romance cubano-soviético

Esta fue una de las numerosas ocasiones en que Lenin y los otros líderes bolcheviques no pudieron contar ni siquiera con la mayoría, y mucho menos con la unanimidad del Partido, y tuvieron que luchar muy duro para defender sus posiciones, lo que también indica la existencia, en aquel entonces, de una relación política igualitaria y abierta en Rusia.

Lenin no era el caudillo que imponía sus ideas; era una autoridad, sí, pero dentro de un grupo de iguales; era un primus inter pares. Incluso, durante la NEP hubo varias tendencias importantes que lucharon por reformas democráticas, tanto dentro como fuera del Partido Comunista. No en balde Stalin tuvo que eliminar físicamente a la mayoría de los líderes históricos del Partido años después para poder convertirse en lo que quiso ser: el Vozhd —el jefe de la URSS y del proletariado mundial según el culto a su figura.   

La situación cubana 

Desde los años noventa, y especialmente desde que Raúl Castro asumió la máxima dirección del país en el 2006 —formalmente en el 2008—, la reforma económica de la Isla ha ocupado el papel central de las actividades del gobierno. La lógica de esas reformas económicas apunta hacia el modelo sino-vietnamita, que combina un sistema político unipartidista y anti-demócratico con un capitalismo de Estado, y no a la colectivización forzosa de la agricultura y los planes quinquenales brutalmente impuestos en la URSS por el totalitarismo estalinista después de la NEP.

Si el gobierno por fin acaba autorizando la creación de las PYMES (pequeñas y medianas empresas privadas) que tanto ha prometido, eso constituiría un paso sumamente importante hacia el establecimiento de un capitalismo de Estado en la economía cubana, muy probablemente dominado por los actuales jerarcas políticos y especialmente militares, que se convertirían en capitalistas privados.

Acopio: Comunismo de guerra a lo cubano

Hasta ahora, el gobierno cubano no ha definido claramente las dimensiones de las pequeñas y, especialmente, de las medianas empresas que serían permitidas en Cuba bajo el concepto de las PYMES. Pero sabemos que en varios países de América Latina (como Chile y Costa Rica) se han definido esas dimensiones en términos del número de trabajadores.  Chile, por ejemplo, determina las empresas micro como aquellas con menos de 9 trabajadores; las pequeñas, con entre 10 a 25; las medianas con entre 25 a 200; y las grandes, con más de 200 trabajadores.

Si en Cuba se adoptan criterios similares, las empresas medianas acabarían siendo empresas capitalistas con sus jerarquías administrativas correspondientes. De ser así, es seguro que los sindicatos oficiales organizarían a los trabajadores de esas empresas medianas y, como en el caso del capitalismo de Estado en China, no harían nada para defenderlos de los nuevos dueños.

Con respecto a la reforma política, se ha hablado mucho menos y no se ha hecho nada de importancia. Como en el caso de la NEP rusa, la liberalización económica y social en Cuba ciertamente no ha sido acompañada por una democratización política, sino por un recrudecimiento del control en tal sentido.

Aun cuando por un lado, el régimen ha tomado medidas liberalizadoras en la economía, como las nuevas reglas que amplían las actividades económicas permitidas a los trabajadores por cuenta propia, sigue prohibiendo actividades privadas como la publicación de libros, que pudieran servir para desarrollar una crítica y oposición. De esta manera, el gobierno consolida su control de todos los medios de comunicación —especialmente radio y televisión— aunque solo lo ha logrado parcialmente con el Internet.

Burocratismo socialista, corrupción y censura

Sus propias políticas socialmente liberalizadoras son utilizadas para reforzar su control político. Por ejemplo, al mismo tiempo que liberalizó las reglas para viajar fuera de la Isla, elaboró una lista de regulados a los que se les prohíbe salir del país basado en decisiones administrativas arbitrarias, sin siquiera proveer el recurso de apelar al sistema judicial controlado por el mismo régimen.

Estas prácticas administrativas sin recurso judicial se han aplicado también a otras áreas, como las misiones en el exterior. Los médicos cubanos que se quedan en el extranjero y no retornan una vez terminado su servicio, son víctimas de sanciones administrativas —ocho años de exilio forzado—, sin la posibilidad de apelar judicialmente ese castigo.

Han quedado pendientes los reglamentos arbitrarios y la censura de las actividades artísticas en el caso del Decreto Ley 349, que le permite al Estado licenciar y controlar las actividades artísticas por cuenta propia. Su implementación se ha pospuesto por motivo de las numerosas y fuertes protestas que tal medida provocó.

Todas estas prácticas administrativas ponen en relieve que el muy discutido Estado de Derecho proclamado por la Constitución vigente ha sido hasta ahora «de mentiritas». (No olvidemos que la Constitución soviética que Stalin introdujo en 1936 era sumamente democrática… en el papel en que estaba escrita). Sin embargo, la gente debe apelar a estos derechos para apoyar sus protestas y reclamos al Estado cubano cuantas veces sea legal y políticamente oportuno.

Al principio del gobierno cubano existió una variedad de voces políticas dentro del campo revolucionario. Fue en el proceso de formar un Partido Unido de la Revolución que el liderazgo sentó las bases para lo que Raúl Castro más tarde llamaría «la unidad monolítica». Es el modelo partidista y de estado que emula, junto con China y Vietnam, al sistema estalinista que se consolidó en la Unión Soviética a finales de los años veinte, consagrando la «unanimidad» dictada desde arriba por los «máximos líderes», y el llamado «centralismo democrático», que en realidad es un centralismo burocrático.

Vietnam: la democratización pendiente

El PCC es un partido único que no permite la organización interna de tendencias o facciones, y extiende su control sobre toda la sociedad a través de correas de transmisión que son las llamadas «organizaciones de masas», como la CTC y la FMC; de instituciones como las universidades, así como de los medios de comunicación que reciben sus «orientaciones» del Departamento de Ideología del Comité Central del Partido Comunista. Es la manera en que el Partido único controla no necesariamente todo, pero sí todo lo que considera políticamente importante.

Los defensores ideológicos del régimen cubano insisten en sus orígenes autóctonos independientes del comunismo soviético. Es cierto que el origen político de Fidel Castro es diferente, por ejemplo, del de Raúl Castro, quien originalmente militó en la Juventud Socialista asociada con el Partido Socialista Popular (PSP). Sin embargo, Fidel Castro desarrolló desde muy temprano concepciones caudillistas, quizás como reacción al desorden y caos que presenció en la expedición de Cayo Confites para derrocar a Trujillo en 1947, y en el llamado «Bogotazo» de 1948.

En 1954, en una carta escrita desde la prisión a Luis Conte Agüero, su buen amigo en aquella época, Fidel Castro proclamó tres principios que él veía como necesarios para la integración de un verdadero movimiento cívico: ideología, disciplina y especialmente, el poder de la jefatura.

Asimismo insistía en la necesidad de un aparato de propaganda y organización poderoso para destruir implacablemente a las personas que crearan tendencias, escisiones y camarillas o que se alzaran contra el movimiento. Ese es el sustento ideológico de la «afinidad electiva» —parafraseando a Goethe—, que Fidel Castro más tarde demostró por el comunismo soviético.

El soberano sin trono

¿Qué hacemos? La manifestación de decenas de cubanos frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre pasado para protestar los abusos contra los integrantes del Movimiento San Isidro y abogar por libertades artísticas y cívicas, marcó un hito en la historia de la Revolución cubana.

Hay mucha tela donde cortar para que pueda reproducirse este tipo de protestas pacíficas en la calle: contra el racismo policíaco, la tolerancia de violencia doméstica, la creciente desigualdad social y la ausencia de una democracia políticamente transparente y abierta a todos, sin los privilegios sancionados por la Constitución para el PCC.  En la actualidad, ese parece ser el camino para luchar por la democratización de Cuba desde abajo, en el seno de la sociedad misma, y no desde arriba o desde afuera.

La lección de la NEP en Rusia es que la liberalización económica no necesariamente significa la democratización de un país, y que, de hecho, puede estar acompañada por la eliminación de la democracia. En Cuba se han dado algunos pasos en el camino de la liberalización económica, sin que a la par se aprecie algún avance democrático.  

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Estados Unidos y el financiamiento a grupos políticos en Cuba

por Samuel Farber
escrito por Samuel Farber

El ataque al Capitolio de Washington el pasado 6 de enero puso en relieve la existencia de fuerzas importantes de la extrema derecha en los Estados Unidos, dispuestas a violar el orden constitucional norteamericano en aras de su racismo y su resentimiento antiinmigrante. Esta fue la razón fundamental por la que una amplia gama de instituciones e individuos normalmente adversos a la protesta política, se unieron en un rechazo tajante y público contra ese ataque.

Conforman una lista que incluye a la influyente representante conservadora Liz Cheney, quien ocupa el tercer lugar en el poder de la jerarquía republicana en la Cámara de Representantes, y que comparte la dura agenda imperialista y conservadora de su padre, el «gran halcón» Dick Cheney, el vicepresidente bajo George W. Bush que jugó un papel fundamental en la invasión y destrucción de Irak. También incluye a la muy poderosa y conservadora Asociación Nacional de Fabricantes (por sus siglas NAM, de National Association of Manufacturers), representante de las más importantes corporaciones industriales estadounidenses, que de manera pública y en términos claros y contundentes, responsabilizó a Donald Trump y lo repudió por incitar el ataque.

Tanto la NAM, como la Cheney y sus aliados son parte del coro que anteriormente había aplaudido a Trump, entre otras cosas, por haber reducido de forma significativa la carga de sus impuestos y eliminado, de un plumazo, reglamentos para proteger el medio ambiente, la seguridad laboral y el bienestar de los trabajadores y las minorías raciales.  Se unieron —repito— para defender el orden constitucional norteamericano. Pero no para defender la democracia.

Desde luego que el orden constitucional incluye elecciones y derechos democráticos importantes. Pero estas fuerzas conservadoras, ahora unidas en la defensa del orden constitucional, han usado y siguen usando a la Constitución para promover sus intereses políticos y económicos, no para defender y mucho menos para expandir los derechos democráticos a todos. De hecho, han sido parte de las fuerzas que han tratado de limitar esos derechos.

En las últimas décadas, y aún más durante estos últimos años, en los Estados Unidos se ha dado una lucha democrática para proteger el derecho al sufragio a medida que la composición racial y étnica del país se ha diversificado y, por lo tanto, tornado menos blanca. Como las elecciones en este país son generalmente administradas por los estados, los blancos conservadores que gobiernan en la mayoría de estos han recurrido a todo tipo de artimañas para obstaculizar el sufragio minoritario.

Estas medidas incluyen la reducción de lugares para votar, del número de urnas en los barrios pobres minoritarios y de los días y horas durante los cuales se puede ejercer el derecho al voto, así como las purgas de las listas electorales de ciudadanos que por algún motivo no ejercieron el voto en una o más elecciones, la negación del derecho al voto a ex presos, y muy especialmente lo que en los Estados Unidos llaman «gerrymandering». Este término se refiere a la práctica común de los políticos que controlan las legislaturas estatales de trazar las líneas limítrofes de los distritos electorales (tarea que solo en unos pocos estados se le asigna a una comisión independiente) con el fin de minimizar las posibilidades de la oposición –mayormente del Partido Demócrata–, en especial para disminuir el poder político de las minorías étnicas y raciales y de los liberales.

Es una práctica muy antigua que consiste en concentrar dentro del menor número posible de distritos electorales, a cierto tipo de grupos, como los afroamericanos y ciudadanos de origen latinoamericano, que tienden a votar por el Partido Demócrata. Esto resulta en un menor número de representantes electos por esos grupos, comparado con la mayor cantidad escogida por los blancos republicanos distribuidos en más distritos electorales. Por lo tanto, en un estado como Wisconsin, por ejemplo, los Demócratas tienen que obtener mucho más que la mayoría de los votos para también tener mayoría en la legislatura estatal.

La NAM jamás ha dicho ni hecho nada para defender los derechos democráticos de esas minorías. Y los Cheneys –padre e hija– han apoyado, junto con sus congéneres conservadores, todas esas prácticas antidemocráticas. Si a esta alianza para defender el orden constitucional no le interesa la defensa de la democracia dentro de los Estados Unidos, mucho menos le importa oponerse a los propósitos sistemáticamente injerencistas de la política exterior estadounidense, sea en Iraq, Afganistán, Yemen o en Latinoamérica.

El imperialismo norteamericano ha contado con el apoyo no sólo de la extrema derecha, sino también de una amplia gama de conservadores y de liberales. El caso de la guerra de Vietnam es muy ilustrativo. Muy pocos de los individuos del llamado «Establishment», tanto Republicanos como Demócratas –Lyndon Johnson, el presidente que más impulsó la guerra, era Demócrata–, se opusieron a la contienda hasta que ocurrieron dos cosas: 1) se hizo cada vez más evidente que era muy poco probable que los Estados Unidos venciera la resistencia vietnamita y ganara la guerra; y 2) el movimiento antibelicista, y contra el servicio militar obligatorio, de donde provenía el grueso de las tropas, creció rápidamente.

 Este movimiento, junto con el de los afroamericanos en pos de la igualdad racial, contribuyó a crear una situación interna insostenible. Fue solo entonces que los periódicos y estaciones de TV, principales medios de comunicación, junto con otras fuerzas del «Establishment», comenzaron a demandar el fin de la intervención armada norteamericana en Vietnam, que durante una época llegó a contar con más de medio millón de tropas.

Lo que le interesa a las corporaciones capitalistas representadas por la NAM y a las otras fuerzas del status quo norteamericano es la estabilidad que el orden constitucional le ha brindado al país por más de dos siglos, con algunas excepciones importantes como la Guerra Civil de los 1860s. La previsibilidad y la certidumbre son factores clave para la inversión capitalista, así como lo es la existencia de un sistema legal confiable e independiente de los gobernantes de turno para asegurar el cumplimiento de los contratos. Estas características del sistema son sagrados para el capital y sus partidarios. Es por eso que si por un lado, los capitalistas y norteamericanos ricos aprobaron y se beneficiaron de las políticas tributarias y reguladoras de Trump, por el otro lado le fueron retirando su confianza por su imprevisibilidad, sus amenazas al sistema electoral, la arbitrariedad de muchas de sus decisiones y su cercanía a los grupos de extrema derecha, que en su conjunto promovieron una creciente inseguridad e inestabilidad política en el país.

No en balde, 60% de las contribuciones monetarias del gran capital en las elecciones del 2020 fueron destinadas al apoyo a Biden y no a Trump. Es cierto que ha habido situaciones históricas de crisis, donde una buena parte del gran capital se ha desesperado y decidido apoyar a la extrema derecha, como fue el caso de la república alemana de Weimar a fines de los años veinte y principios de los treinta. Pero pese a los graves problemas económicos actuales, la situación existente en los Estados Unidos dista mucho de ser tan extrema como en el caso de Alemania durante la Gran Depresión y, por lo tanto, el gran capital al menos por ahora ni necesita ni quiere ese tipo de «solución» a sus problemas.

El 6 de enero y la sociedad civil

Como era de esperar, un gran número de organizaciones de la sociedad civil norteamericana condenaron categóricamente el ataque al Capitolio del 6 de enero, incluyendo la Unión Americana por las Libertades Civiles (por sus siglas ACLU, de American Civil Liberties Union), muchos sindicatos obreros y hasta la conservadora Legión Americana (American Legion), la organización más conocida de veteranos en los Estados Unidos. A ellas se unieron otro tipo de organizaciones, como Freedom House y la NED (National Endowment for Democracy) que dependen principalmente del gobierno norteamericano para sus finanzas. Estas organizaciones no son parte de la sociedad civil, un término que sólo incluye a quienes no están asociados con y son independientes del Estado.

Freedom House y la NED –que de hecho fue fundada en 1983 por una ley aprobada por el congreso–, son parte de una estrategia «suave» –«soft power»– que el gobierno norteamericano usa para proyectar su influencia en otros países, incluyendo su concepción de lo que es y debe ser la democracia, de la cual por lo menos implícitamente excluye cualquier noción socialista, antiimperialista y radical. La estrategia «suave» es por naturaleza de índole persuasiva y se concentra especialmente en los campos de la cultura y de la ideología.

Esa es su esfera de acción, a diferencia de la estrategia de «mano dura» de la CIA y de las fuerzas armadas norteamericanas, como en el caso de sus intervenciones en América Latina –el derrocamiento de los gobiernos democráticamente electos de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, y de Salvador Allende en Chile en 1973–. También fue el caso de Playa Girón en 1961, así como de los numerosos atentados terroristas llevados a cabo en suelo cubano durante varias décadas.

En el caso de Cuba, muchos de los apoyos de Washington para implementar estrategias de «mano dura» en la Isla han sido y siguen siendo transmitidos a una variedad de grupos e individuos a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana (Cuban American National Foundation). A lo largo de su historia, la Fundación ha seguido una política de apoyo a una gran diversidad de grupos que incluyen a muchos de índole terrorista.

Por supuesto, esta distinción entre la estrategia «suave» y la de «mano dura» se aplica también, mutatis mutandis, a las operaciones del gobierno cubano. Las estrategias de, por ejemplo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) son diferentes de las de la Seguridad del Estado, aunque ambas organizaciones estatales comparten el propósito de perpetuar el régimen antidemocrático imperante en la Isla.

La sociedad civil norteamericana y Cuba

Es de suma importancia distinguir las organizaciones como la NED y Freedom House, que son financiadas por el estado norteamericano, de las que no lo son y que, por lo tanto, pueden ser consideradas como legítimas de la sociedad civil norteamericana. Este es el caso de, por ejemplo, la Open Society Foundations dirigida y mayormente financiada por el multimillonario liberal George Soros, y del Human Rights Watch, la organización principal de derechos humanos en los Estados Unidos. Estas son independientes del estado norteamericano en cuanto a su financiamiento, su organización, y generalmente, su orientación política.

Esto no quiere decir que nunca coincidan con la política del estado norteamericano.  Pero el hecho de que hayan coincidido en varias ocasiones se debe mayormente, como se verá más adelante, a la ideología y política liberal –en el sentido norteamericano de la palabra– de ambas organizaciones, que por su naturaleza no son antiimperialistas, aunque en muchísimas ocasiones han criticado fuertemente la política exterior de los Estados Unidos.

Esto quiere decir que para los cubanos que son tanto demócratas como antiimperialistas, su posible colaboración con este tipo de organizaciones independientes norteamericanas, sean estas dos u otras, no involucra en sí una merma de su compromiso con la soberanía y autodeterminación de la nación cubana. Sin embargo, es muy probable que surjan diferencias políticas que afecten negativamente la posiblecolaboración.

Por ejemplo, en mi libro Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, critico a la organización Human Rights Watch por la propuesta en su reporte anual de 2009, de aflojar o eliminar el bloqueo económico a Cuba a condición de que el gobierno Cubano adopte medidas liberalizadoras y de democratización en la Isla. Como una medida concreta para promover ese acuerdo, el Human Rights Watchpropuso al gobierno norteamericano que, antes de suavizar el bloqueo a Cuba, obtuviera el compromiso de la Unión Europea, Canadá y sus aliados latinoamericanos para que colectivamente presionaran al gobierno cubano para que liberara inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos.

El problema en este caso no es que uno esté opuesto a la liberación de los presos políticos en Cuba ni a la democratización del país. Todo lo contrario. El problema es que la «política de trueque» del Human Rights Watch presupone que los Estados Unidos tiene el derecho legal y moral de imponer condiciones para flexibilizar y eliminar un bloqueo que es ilegal e inmoral en sí mismo. La lógica de ese «trueque» también implica que el bloqueo estadounidense existe porque el sistema político cubano es antidemocrático, lo que es una mala broma cuando consideramos la larga historia de apoyo político, militar y económico que los Estados Unidos le ha brindado a las más sangrientas dictaduras pro-capitalistas.

Por otra parte, esa lógica de «trueque» perversamente justifica la posición de los que apoyan al gobierno cubano cuando reclaman que la abolición de la represión interna en Cuba depende de la eliminación del bloqueo estadounidense. Esta posición asume que el unipartidismo cubano al estilo de la URSS existe como resultado del bloqueo norteamericano. O sea, que los líderes revolucionarios cubanos eran una especie de tabula rasa ideológica y política que adoptaron su punto de vista simplemente como reacción a la postura agresiva de los Estados Unidos, y que no tenían preferencias e ideologías, incluyendo convicciones respecto a los sistemas políticos y económicos que consideraban deseables.

El problema arriba descrito con el Human Rights Watch solo indica que una colaboración con cualquier organización independiente de la sociedad civil estadounidense dependerá de la naturaleza política de proyectos concretos relacionados con Cuba. Será cuestión de averiguar con cuales de esas organizaciones esa colaboración será o no, sin mermar el programa e integridad política de las organizaciones cubanas involucradas en dicho proyecto. Por ejemplo, hace unos años la organización Open Society le prestó ayudaa los socialdemócratas católicos cubanos asociados con la publicación Cuba Posible. Esta publicación trató de mantener una política crítica, pero no abiertamente contraria y así jugar un papel de «oposición leal» al régimen cubano. No sabemos si la Open Society –o cualquier otra organización independiente de la sociedad civil norteamericana– estaría dispuesta a apoyar también a una organización abiertamente opositora, con una política decididamente democrática, a favor de los derechos humanos, y, al mismo tiempo izquierdista, antiimperialista y opuesta al restablecimiento del capitalismo en Cuba.

En todo caso, sin embargo, hay que tener presente que el apoyo material de la sociedad civil de los Estados Unidos y de otros países es una solución a corto plazo. A largo plazo es necesario organizar a los cubanos progresistas en el exterior para que provean ayuda a los que dentro de la Isla luchan por una democracia auténticamente emancipadora, de la misma manera que José Martí lo hizo con los tabaqueros de la Florida en la década de los 1890s.

La orientación política de este escrito de ninguna manera implica intento alguno de apaciguar al Estado cubano ni lo que dice a través de la prensa oficial. Por supuesto, esa prensa va a atacar despiadadamente a cualquier oposición, con independencia de sus posiciones políticas específicas y, como bien sabemos, utilizará la mentira cuantas veces le parezca necesario. Pero no es lo que piensa y dice el gobierno, sino lo que piensa el pueblo cubano lo que debe ser el centro de nuestra atención. Por eso es imprescindible presentarse ante ese pueblo como una voz independiente, sin compromisos o contubernios con potencias extranjeras, y comprometida con la independencia y soberanía nacional.

***

Súmese a la iniciativa del Consejo Editorial de La Joven Cuba y firme la Carta Abierta al presidente de Estados Unidos solicitando el fin de las sanciones contra Cuba.

Carta Abierta al presidente Joseph R. Biden, Jr.

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La criminalización de la política opositora

por Samuel Farber
escrito por Samuel Farber

Hay estados anti-democráticos que no solo reprimen la oposición política, sino que también la criminalizan, una manera muy efectiva de evitar la divulgación y discusión de las ideas políticas que divergen de la ideología en el poder.  Ese fue el caso en la Unión Soviética y sigue siendo el caso de los regímenes que adoptaron las estructuras principales del modelo soviético, tales como China, Vietnam y nuestra propia Cuba.

Es así como, bajo la dirección del gobierno cubano, los integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) fueron detenidos por la policía bajo cargos criminales –supuestamente por haber violado «el protocolo de salud de los viajeros internacionales», adoptado por el gobierno para combatir la pandemia del COVID-19–. En realidad fueron detenidos por razones políticas, por protestar en grupo y públicamente contra la represión del gobierno hacía uno de sus integrantes. Este es un típico ejemplo de la manera en que el gobierno cubano se enfrenta a la crítica: reemplazando el lenguaje político con el administrativo policíaco.   

Cuba viene de una larga tradición latinoamericana que concede un trato especial a la conducta política y evita reducirla a la delincuencia o criminalidad común. Es por eso que esta tradición respalda el derecho al asilo político, así como la diferenciación en el trato de los presos políticos y los comunes.

La dictadura batistiana, por ejemplo, respetó el asilo político al que recurrieron cientos de cubanos opuestos a la dictadura para salvar su vida en las embajadas de países latinoamericanos. Por supuesto, hubo violaciones a ese derecho, como lo fue el caso excepcional del asalto policíaco a la Embajada de Haití, el 29 de octubre de 1956, donde fueron asesinados todos los opositores que se habían asilado. Ahí murió también a manos de uno de los asilados que tenía en su posesión un arma de fuego, el Jefe de la Policía Nacional a la cabeza de ese ataque, Rafael Salas Cañizares, uno de los esbirros más notorios de la dictadura batistiana.

En el caso de América Latina, la excepción más notable a la regla de conceder asilo fue la de Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador y líder de la APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), quien para protegerse del gobierno peruano bajo la dictadura de Manuel Odría, se asiló en la Embajada de Colombia a principios de 1949. Haya de la Torre permaneció en esa embajada durante 5 años hasta que por fin obtuvo el salvoconducto para salir del país hacia México, aunque solo después de que la Corte Internacional de Justicia rechazó la demanda de Odría para que Colombia le entregara al líder opositor peruano.

El gobierno revolucionario cubano abandonó la tradición de conceder el asilo político cuando adoptó el modelo soviético a principios de los sesenta. Un ejemplo claro de ese viraje fue lo sucedido en la Embajada del Perú en La Habana, en abril de 1980, cuando bajo las órdenes de Fidel, las fuerzas del Estado impidieron en las afueras de la embajada, la entrada de los cubanos que querían asilarse. En un inicio solo pudieron hacerlo los que entraron por la fuerza en un encuentro armado que causó varias muertes. Eventualmente, el gobierno retiró la vigilancia de la embajada. Fue entonces que cerca de diez mil cubanos entraron en la sede diplomática demandando asilo para poder salir de la Isla, lo que hicieron a través del puerto de Mariel, entre abril y junio de 1980.     

Además de reconocer el derecho al asilo político, la tradición latinoamericana distingue entre los presos políticos y los comunes. Esta distinción ha sido reconocida también en otras partes del mundo. Por ejemplo, la Rusia zarista periódicamente concedía un cierto grado de autonomía a los presos y exilados políticos. Fue así como, durante su condena de exilio en Siberia de 1897 a 1900, Lenin pudo estudiar y escribir entre sus varias obras, «El Desarrollo del Capitalismo en Rusia». También se le permitió asesorar a los campesinos del área en cuestiones legales y preparar documentos pertinentes a sus casos.

El gobierno bolchevique continuó parcialmente esa tradición desde el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917, durante la Guerra Civil de 1918 a 1920 y poco tiempo después, permitiéndole a los presos políticos que habían sido deportados a los campos de trabajo de las islas Solvetsky –anteriores al Gulag– entre otros, a conducir actividades políticas. Asimismo, reconoció el derecho de los presos políticos de izquierda –anarquistas, mencheviques y socialistas revolucionarios de izquierda– a no tener que trabajar, a organizarse y a elegir a sus representantes para negociar con los administradores de esos campos la solución a sus quejas y condiciones de vida.

La dictadura batistiana también reconoció la distinción entre presos políticos y comunes. Es bien sabido que en muchas ocasiones violó los derechos tradicionales de dichos presos, como en el caso de Fidel Castro y los Moncadistas presos de 1953 a 1955, en el llamado Presidio Modelo de la otrora Isla de Pinos. Pero en general se les respetó su condición de presos políticos con el derecho de vestirse de civiles, rehusar el trabajo forzado y reunirse dentro de la cárcel para organizar clases y otras actividades políticas, estudiadas en detalle por el historiador cubano Mario Mencía.

Esta tradición acabó cuando Fidel Castro, haciendo a un lado su propia historia, decidió no reconocer ni siquiera la categoría de preso político, mucho menos cualquier derecho tradicional que estos reclamaran por su condición política, como vestir ropa de civil y rehusar el trabajo forzado. Muchos de los presos políticos posteriores a 1959 resistieron ser tratados como presos comunes, lo que dio lugar al fenómeno de los «plantados». Estos también se opusieron a los planes de «rehabilitación», promulgados en 1964 por el gobierno con la intención de presionarlos a renunciar a sus ideas políticas a cambio de mejorar sus condiciones en la cárcel y acortar sus condenas.

Los «plantados» protestaron contra esos planes y contra sus condiciones carcelarias con huelgas de hambre y vestidos solamente con su ropa interior para evitar los uniformes de los presos comunes. Estas protestas fueron reprimidas, frecuentemente de manera brutal por los guardias carcelarios. En una de esas huelgas de hambre murió, en 1972, Pedro Luis Boitel, un antiguo líder estudiantil universitario y antibatistiano opuesto al comunismo.

El trasfondo ideológico de esas prácticas del gobierno cubano es que sólo existe un único pensamiento político legítimo. Cualquier oposición a este automáticamente implica el poner en peligro y traicionar a la Revolución y se convierte en un crimen común en el momento en que alguien actúa, aunque sea pacíficamente, para persuadir a otros cubanos de ideas diferentes u opuestas a las oficiales. La presunción de que hay un solo pensamiento político legítimo penetró desde muy temprano, todos los aspectos del discurso oficial con respecto a la naturaleza y destino de la sociedad cubana.

Por ejemplo, la lucha armada que tuvo lugar en la Sierra del Escambray en los años sesentas fue bautizada por el gobierno como una «lucha contra bandidos». La realidad es, sin embargo, que esta no fue una lucha contra bandidos, sino contra aquellos a quienes el gobierno pudiera haber calificado como contrarrevolucionarios, un término que asume la existencia de una política contrarrevolucionaria en lugar de reducir y falsificar la realidad con un término de índole criminal.

Lo curioso del caso es que, en realidad, el gobierno cubano nunca sostuvo seriamente que la del Escambray haya sido simplemente una lucha contra cuatreros, asaltantes y ladrones para quienes el término «bandidos» hubiera sido apropiado. Es irónico que la CIA, que invirtió tantos recursos en asistir y proveer ayuda material a esos grupos armados, no los vio como delincuentes comunes sino precisamente como contrarrevolucionarios. Es claro que el régimen conscientemente usó el término «bandidos» para desprestigiar y situar más allá de la política a los rebeldes del Escambray, y para legitimar cualquier tratamiento que les impusiera a ellos y a sus partidarios, como fue el traslado forzado en los años setentas, de miles de campesinos que vivían en la zona del Escambray a cientos de kilómetros al oeste después de que las hostilidades habían cesado.       

La situación contemporánea

El gobierno cubano continúa criminalizando las actividades políticas de los críticos del régimen y con mayor frecuencia lo justifica legalmente aduciendo que estas actividades son financiadas y organizadas por el imperialismo norteamericano. Así, la Ley 88 de 1999, justificadamente llamada «Ley Mordaza» por muchos, establece en el capítulo 11 la privación de libertad por un término de 3 a 8 años y/o una multa de mil a tres mil cuotas para aquellos que participen en la distribución de recursos financieros o de otra índole, procedentes del gobierno de Estados Unidos. 

En varios casos, esta acusación ha sido bien fundada con respecto a la procedencia de los recursos involucrados. Aún así, es necesario, por lo menos desde el punto de vista socialista y democrático, establecer el tipo de actividades políticas que han sido financiadas u organizadas con esos fondos. Por lo general, las actividades oposicionistas adjudicadas por los tribunales cubanos en años recientes han sido pacíficas y han consistido en la distribución de materiales impresos o de otra índole no violenta. Como tales serían consideradas completamente legales en cualquier país latinoamericano, salvo en aquellos gobernados por sistemas antidemocráticos. No son comunicaciones incitando a la violencia o tráfico de armas, son exhortaciones e ideas eminentemente políticas, dirigidas a un público del que buscan apoyo.

A la luz del carácter pacífico de estas actividades, es sumamente injusto, así como antidemocrático, que el sistema judicial cubano castigue a aquellos que han acudido a fuentes como el gobierno de los Estados Unidos para obtener los recursos necesarios para conducir este tipo de actividades políticas. Dicho gobierno es clara y contundentemente condenable por su motivación hostil a la auto-determinación de la nación cubana. Pero los disidentes y opositores que reciben esos fondos están siendo condenados en Cuba por llevar a cabo actos políticos que serían legales en cualquier país democrático.

La recepción del apoyo material del gobierno norteamericano en circunstancias donde los ciudadanos cubanos no tienen derecho a expresarse en público independientemente del gobierno, es una cuestión política que debe discutirse como tal y no castigarse a través del sistema penal. Después de todo, el gobierno cubano a través de su monopolio de medios de comunicación, puede decir todo lo que quiera contra los ataques a la soberanía del país, denunciando la intromisión de Washington en los asuntos internos de Cuba. Pero al mismo tiempo, como parte de ese monopolio, no permite que el pueblo cubano escuche y sea testigo de la defensa de los acusados contra las imputaciones en su contra, tanto en este como en todos los casos políticos.

Es una vieja práctica que Fidel instituyó en los tiempos tempranos de la Revolución cubana cuando impidió que el pueblo escuchara la defensa del Presidente Manuel Urrutia contra las graves acusaciones que el máximo líder revolucionario presentó contra él en julio de 1959.

Pero para la izquierda cubana independiente, lo más importante más allá de la defensa de los derechos políticos democráticos para todos, es que los cubanos tengan acceso a aquellos que critican al régimen cubano desde un punto de vista socialista, democrático y antiimperialista. Este es un punto de vista que, en primer lugar, se opone a la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Cuba basada en el derecho de autodeterminación nacional.

Contra lo que arguyen muchos integrantes de la oposición de derecha, la defensa de la autodeterminación de la nación cubana no supone de manera alguna la aprobación o apoyo al gobierno cubano, sino que propala la consigna de mantener el destino de Cuba en manos de los cubanos sin permitir que otros países, mucho menos potencias imperiales, controlen a Cuba como lo hicieron en la época pre-revolucionaria.

Cuando en el año 1935 la opinión democrática internacional, sobre todo los afro-descendientes y la izquierda, apoyaron sin reserva alguna la resistencia de Etiopía contra la invasión de la Italia fascista, ciertamente no fue porque querían defender o disculpar al régimen monárquico y hasta esclavista del Emperador Haile Selassie –brillantemente descrito por el autor polaco Ryszard Kapuscinski en su obra de semi-ficción «El Emperador»–, sino para oponerse al imperialismo fascista y defender la autodeterminación de la nación etíope. 

Los gobiernos de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, podrán proclamar que el bloqueo y la Ley Helms Burton –medidas que han empeorado las condiciones de vida de todos los cubanos en la Isla– fueron tomados en aras de la democracia y del llamado «mundo libre».  El hecho es, sin embargo, que la política exterior norteamericana persigue sus propios intereses para promover y defender su imperio, el resto es pura verborrea ideológica e hipócrita. 

Esto lo corrobora la larga trayectoria histórica de la política estadounidense con su intervención para derrocar gobiernos democráticamente electos, como el de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 y el de Salvador Allende en Chile en 1973, con la subsecuente ejecutoria asesina de Pinochet. Por supuesto, aquí hay que incluir su apoyo a la dictadura batistiana, la invasión de Playa Girón en 1961, así como las numerosas incursiones armadas y terroristas contra Cuba. Esa trayectoria imperialista también se extiende a otras partes del mundo con el apoyo de Washington a regímenes sumamente reaccionarios y antidemocráticos como la Arabia Saudita y su agresión genocida en Yemen, así como su intervención y destrucción de Iraq en los últimos treinta años.   

Es cierto que es difícil sobrevivir como opositor o disidente en la Cuba de hoy. Pero existen alternativas a la ayuda del gobierno norteamericano. Después de todo, hay más de dos millones de personas de ascendencia cubana fuera de Cuba de las que se podría recabar apoyo financiero independiente para mantener las actividades políticas de oposición en la Isla.  Eso fue lo que José Martí hizo en la década de 1890, recabando fondos de los obreros tabaqueros cubanos en la Florida.

Existe también una extensa sociedad civil norteamericana –sindicatos, iglesias, organizaciones fraternales, de derechos humanos, mujeres, gays, entre otras– la gran mayoría de las cuales operan independientemente del Departamento de Estado, la CIA, o de la Fundación Nacional Cubano Americana que actúa como vehículo de los gobiernos norteamericanos de ambos partidos.

Los grupos que siguen la vía fácil de acudir a estas agencias gubernamentales y organizaciones que las auxilian, así como a las embajadas norteamericanas, no solamente comprometen la independencia de la oposición al gobierno cubano, sino que también exhiben una fuerte tendencia a «vivir del cuento», pues al contar con los fondos no se molestan en desarrollar su propia base de apoyo y acaban con pocos partidarios tanto en Cuba como en el exterior.

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giro economico

El nuevo giro económico

por Samuel Farber
escrito por Samuel Farber

Una serie de recientes acontecimientos en Cuba han castigado la ya precaria economía de la isla, lo cual ha llevado al gobierno a adoptar una serie de políticas y un giro económico que apuntan a una mayor apertura al capital mientras mantiene los controles políticos del Estado unipartidista.

El primero en la lista de recientes desastres que han sobrevenido a la Isla es la pandemia de COVID-19. En comparación con otros países caribeños, a Cuba le ha ido mejor gracias a un sistema de salud pública que, a pesar de su deterioro en los últimos treinta años, aún es capaz de organizar una respuesta adecuada a desastres colectivos como la pandemia.

Así, para detener el contagio, el gobierno cubano adoptó medidas drásticas como suspender el transporte público en su totalidad, y en respuesta a un rebrote de la infección que comenzó a finales de agosto, recurrió a medidas igualmente drásticas en muchas localidades, incluyendo el área metropolitana de La Habana, aunque a principios de octubre redujo las restricciones en la mayoría de esos lugares.

La industria del turismo, la tercera mayor fuente de divisas extranjeras tras la exportación de personal médico y las remesas enviadas por cubanos en el exterior, también se cerró, así como muchos establecimientos comerciales e industriales. La entrada de divisas a Cuba –tremendamente necesarias para adquirir esenciales productos de importación, incluyendo el 70 por ciento de los alimentos que se consumen- ya había sido restringida antes de la pandemia por la cancelación de la exportación de personal médico a países como Brasil y Bolivia, donde gobiernos de extrema derecha habían llegado recientemente al poder.

Además, los cargamentos de petróleo que la isla recibía de Venezuela ­–a cambio de la exportación de personal médico a ese país–, cruciales para el funcionamiento de la economía de la Isla, fueron reducidos como resultado de la crisis política y económica bajo el gobierno de Maduro.

Para colmo de desgracias, Donald Trump intensificó de manera decididamente agresiva el criminal bloqueo estadounidense contra Cuba –motivado en parte por el apoyo de esta al régimen de Maduro– al reducir, o en algunos casos cancelar, varias de las concesiones que Obama había hecho durante su segundo período en la Casa Blanca.

Entre otras medidas hostiles, Trump limitó el envío de remesas de cubanoamericanos a sus familiares, redujo significativamente los viajes a Cuba por parte de ciudadanos estadounidenses de origen no cubano, prohibió que los visitantes estadounidenses en la Isla se hospedaran en hoteles propiedad del gobierno cubano, e impulsó una campaña para desalentar la inversión extranjera mediante la invocación, por primera vez en la historia, del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996 (aprobada por el Congreso e instituida como ley por el presidente demócrata Bill Clinton), la cual sanciona a compañías extranjeras que utilicen propiedad estadounidense confiscada por el gobierno cubano a principios de los años 60.

La administración de Trump también ha suspendido licencias que autorizan actividades económicas estadounidenses en Cuba, como la concedida por la administración de Obama a la Corporación Marriott para operar hoteles.

¿Cambiará la política de Washington bajo una posible administración de Joe Biden? El candidato presidencial demócrata prometió seguir los pasos del presidente Barack Obama, moviéndose hacia una normalización de las relaciones políticas y económicas con Cuba. El punto hasta el cual un gobierno de Biden podría hacerlo depende de una variedad de factores que van desde los resultados electorales en Florida hasta las relaciones con Venezuela.

Aunque lo último no fue muy importante con respecto a la política hacia Cuba durante los años de Obama, se convirtió en un aspecto primordial para Trump, quien, siguiendo el consejo del senador Marco Rubio y del entonces asesor para seguridad nacional John Bolton, hizo del apoyo de Cuba a Nicolás Maduro un asunto fundamental y lo utilizó para justificar el recrudecimiento de las sanciones. El hecho de que tanto Biden como los demócratas en el Congreso han apoyado la afirmación del líder opositor venezolano Juan Guaidó de ser el presidente legítimo de Venezuela no promete nada bueno al respecto de que una administración demócrata normalice las relaciones con la Isla.

Poderosos intereses corporativos, tales como importantes firmas de la agroindustria y la Cámara de Comercio de los EEUU, han estado por mucho tiempo en favor de sostener relaciones económicas plenas con Cuba, aunque es difícil predecir cuánto capital político están dispuestos a invertir para lograr ese objetivo. En cualquier caso, una normalización completa de las relaciones políticas y económicas requeriría que el Congreso revocara la Ley Helms-Burton de 1996.

Ello es una posibilidad dudosa, teniendo en cuenta la composición probable de ambas cámaras del Congreso tras la elección del próximo mes, a pesar de que un número significativo de congresistas republicanos han apoyado, en nombre de intereses agrícolas y de otros negocios, la normalización de relaciones. No obstante, el presidente de los Estados Unidos tiene una considerable capacidad para mejorar dichas relaciones bilaterales, aunque la Helms-Burton se mantenga como ley vigente.

Mientras tanto, todos estos acontecimientos han exacerbado considerablemente los problemas de una ya débil economía cubana que ha sufrido de bajo crecimiento por varios años (0,5% en 2019), baja productividad industrial y agrícola, y un muy bajo índice de la sustitución de capital necesaria para mantener una economía al menos en su nivel actual de producción y nivel de vida, mucho menos para lograr un crecimiento económico significativo y mejores condiciones de vida.

Para mayor desgracia, esta situación se ha ido desarrollando en el contexto de una población cada vez más envejecida, un proceso demográfico que comenzó a finales de los años 70 y que conducirá a una serie de graves problemas, como que una fuerza de trabajo en reducción tenga que sostener a un número creciente de jubilados.

En respuesta a las presiones creadas por la reciente profundización de la crisis económica, el gobierno cubano anunció una serie de medidas que harán que el país dé un importante paso más cerca del modelo chino-vietnamita, el cual combina un Estado unipartidista autoritario con un creciente papel de la empresa privada capitalista. Estas nuevas medidas representan la decisión del gobierno cubano de ceder una parte de su control económico en un esfuerzo por adquirir divisas, importar capital y promover un mayor dinamismo y crecimiento de la economía.

Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa privada

Una propuesta económica que ha sido rescatada es el establecimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de gestión privada. Por más de una década, el gobierno cubano bajo el mandato de Raúl Castro ha permitido la existencia de muy pequeñas empresas privadas, las cuales en este momento ya emplean aproximadamente al 30 por ciento de la fuerza de trabajo. Ello incluye cerca de un cuarto de millón de agricultores privados que trabajan tierras en usufructo, lo que significa que la arrendan al gobierno por períodos renovables de veinte años, así como unas 600.000 personas que son dueñas de negocios en áreas urbanas o trabajan para ellos.

La mayoría de estas microempresas están concentradas principalmente en las esferas de los servicios gastronómicos (restaurantes y cafeterías), la transportación (taxis y camiones), y en el alquiler de habitaciones y apartamentos a turistas, probablemente la pequeña empresa privada más lucrativa de todas. En 2014, en un importante documento oficial titulado Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, el gobierno anunció que permitiría la creación de pequeñas y medianas empresas privadas. Esta noción ha sido recientemente revivida y discutida, por ejemplo, por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ha afirmado que es necesario «destrabar» las PYMES y las cooperativas.

Se han ofrecido pocos detalles acerca de qué podrían abarcar estas empresas en términos de tamaño y otras características. Lo más probable es que eso se mantenga en secreto hasta que el gobierno promulgue la nueva ley, que está programada para abril de 2022, referida tanto a las empresas estatales como privadas, aunque diputados del parlamento -la Asamblea Nacional del Poder Popular- han indicado que las regulaciones concernientes a las PYMES se formularán ya este año.

Aun así, se puede obtener una idea aproximada de en qué consistirán esas medianas empresas observando cómo han sido definidas en otros países latinoamericanos. En Costa Rica, por ejemplo, donde las PYMES están muy extendidas y desempeñan un importante papel en la economía, la mediana empresa se refiere a las que emplean entre 31 y 100 trabajadores; las microempresas son las que emplean a menos de cinco personas (el grupo más nutrido de las hoy presentes en Cuba), y la pequeña empresa es aquélla que contrata de 6 a 30 trabajadores.

Chile aprobó una ley que define oficialmente el tamaño de las empresas según los siguientes criterios numéricos: Micro, hasta 9 empleados; Pequeña, de 10 a 25; Mediana, de 25 a 200; y Gran Empresa, más de 200 empleados.

Basándose en esas definiciones, está claro que por su tamaño, las firmas privadas medianas son empresas capitalistas tradicionales. Es poco probable que sean gestionadas únicamente por sus dueños y necesitarán algún tipo de administración jerárquica para conducir el negocio en términos de su planificación económica, su gestión y su producción. El establecimiento de estas firmas probablemente vaya a la par con la intervención de los sindicatos estatales oficiales para «organizar» a los trabajadores, como ya lo han hecho con los mucho menores «cuentapropistas» y sus pocos empleados.

Como en China, los sindicatos oficiales en Cuba no harán nada para representar verdaderamente a los trabajadores en sus relaciones con los empleadores.

El Código de Trabajo de Cuba de 2014

En este contexto es muy importante considerar el Código de Trabajo que ha estado en vigor desde que lo aprobó el gobierno cubano en 2014. Este Código elimina el requisito de compensar a trabajadores cuya plaza haya sido cerrada y permite a empleadores privados despedir a trabajadores sin motivo como parte de su derecho como propietarios. En el caso de empleados estatales, el gobierno también despide a trabajadores al declararlos no idóneos para sus plazas, sin que los afectados tengan mucho a qué recurrir.

El nuevo Código también relaja la jornada de 8 horas, permitiendo que los empleadores la extiendan a 9 horas sin compensación adicional. De hecho, ya hay muchos trabajadores en el sector privado que trabajan turnos de 10 y hasta 12 horas diarias sin cobrar horas extra –lo hacen de todos modos porque su salario básico es más alto que en el sector estatal-.

El Código también permite que los empleadores privados solo concedan un mínimo de siete días de vacaciones anuales pagadas en lugar de los treinta días a los que tienen derecho los empleados estatales. Igualmente, suprime la descarga académica para la superación de todos los trabajadores, así que ello debe hacerse durante el tiempo libre del que dispongan, como el acumulado de vacaciones. Se espera que este Código de Trabajo también sea aplicable al sector económico de las PYMES.

La modificación del monopolio estatal sobre el comercio exterior

Además de abrir la puerta a la empresa privada, el régimen cubano ha relajado muy recientemente su monopolio sobre el comercio exterior, es decir, el control exclusivo que, hasta ahora, ha tenido sobre todas las actividades empresariales de importación y exportación.

Hace poco tiempo, Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), anunció que treinta y seis empresas estatales especializadas en comercio exterior se estaban preparando para ofrecer ayuda con sus servicios a importadores y exportadores privados, con el objetivo de procesar y perfeccionar sus operaciones extranjeras.

Como un incentivo adicional para estimular estas actividades de exportación privadas -en moneda fuerte-, el gobierno ha ofrecido aplicar un descuento al impuesto sobre las utilidades de las empresas estatales, privadas y las cooperativas si demuestran un incremento en ventas de productos y servicios en comparación con el año anterior.

En 1959, el primer año de la Revolución, cuando la mayor parte de la economía aún estaba en manos privadas, el Gobierno Revolucionario, ante un brusco descenso de sus reservas de divisas fuertes extranjeras, exigió que las firmas privadas cubanas que importasen del extranjero obtuvieran el permiso del Banco Nacional de Cuba para acceder a la divisa extranjera –a menudo dólares- que necesitaban para sus transacciones.

Así el gobierno intentaba ejecutar su plan de utilizar las escasas divisas en importaciones que eran fundamentales para el desarrollo económico del país, en vez de, por ejemplo, en artículos de lujo para uso personal. Aún no se conoce cuánto control tendrá ahora el gobierno sobre las iniciativas de importación/exportación propuestas por el sector privado.

La racionalización del sistema monetario

Las nuevas regulaciones para actividades de exportación, y en especial de importación, estarán estrechamente relacionadas y se verán sin dudas afectadas por las dificultades monetarias que hoy enfrenta Cuba, en particular las concernientes a la escasez de divisas.

Esa escasez también está desempeñando un papel principal en la presente discusión de la unificación monetaria por parte del gobierno, un tema sobre el cual se ha vertido mucha tinta durante años y que adquiere cada vez más protagonismo en las nuevas políticas económicas, y cuya materialización puede que ocurra finalmente durante los próximos meses.

A medida que el gobierno cubano intente integrar cada vez más su economía con la economía internacional, más necesitará regularizar el tipo de cambio entre su moneda nacional y las divisas extranjeras utilizadas por el capital foráneo para sus transacciones. Ello permitiría un arreglo más racional para, entre otras cosas, establecer un sistema de precios e incentivos económicos, y para evaluar los datos económicos.

Por muchos años, Cuba ha tenido operando en su mercado interno un sistema de dos monedas coexistentes, con una parte en dólares y la otra en pesos cubanos. Hasta hace poco, ese sistema fue representado por el peso cubano y el CUC —una moneda cubana no convertible más o menos equivalente al dólar— que estuvo fijada a un cambio de aproximadamente 24 o 25 pesos cubanos por 1 CUC.

Pero el CUC perdió su valor y está en proceso de desaparecer debido a la falta de divisas para respaldarlo. Mientras tanto, la economía cubana se ha dolarizado directamente: los cubanos ahora obtienen acceso a artículos en tiendas especiales en dólares que venden una amplia variedad de productos, incluyendo alimentos, que son muy difíciles de obtener en otros lugares con pesos cubanos.

Los productos en esas tiendas en divisas extranjeras se compran con tarjetas magnéticas emitidas por el gobierno para evitar una especulación informal de monedas en efectivo en el mercado negro. Las tarjetas son el único tipo de pago aceptado en esas tiendas y se basan en depósitos hechos en dólares u otras divisas internacionales en los bancos cubanos, la mayoría de los cuales provienen de remesas desde el exterior.

Sin embargo, con la desaparición del CUC, ya no podemos hablar de unificación monetaria, sino de la racionalización de la política monetaria cubana, particularmente del tipo de cambio entre el peso y el dólar. Como el economista cubano Pedro Monreal ha señalado, los cambios monetarios tendrán que ser parte de un paquete más amplio que implique ajustes de precios, subsidios, salarios y pensiones.

La regularización monetaria del cambio entre el peso cubano y el dólar que se discute hoy en la Isla supone para el gobierno una serie de complicaciones que serán muy difíciles de resolver. Provienen principalmente del hecho que, mientras la población en general ha estado cambiando de 24 a 25 pesos por un dólar, las empresas estatales han disfrutado del económicamente distorsionante tipo de cambio de un peso por un dólar –una tasa que claramente ha favorecido la importación de bienes extranjeros, pero ha dañado la exportación de bienes cubanos–.

La regularización de la moneda en este contexto significa que el gobierno tendrá que intentar lograr la cuadratura de varios círculos para tanto impedir el cierre de muchas firmas estatales que se beneficiaban del subsidio para importaciones del que disfrutaban con el tipo de cambio especial de uno por uno, como para bloquear un incremento de la inflación. Debido a presiones políticas internas y a expectativas populares, es posible que el gobierno se vea obligado a conceder un tipo de cambio favorable al peso.

Si ese tipo de cambio favorable no está acompañado por una mayor disponibilidad de bienes y servicios, ello podría llevar a la inflación. Si se combinan problemas, una falta de sindicatos independientes dejaría a los trabajadores cubanos desprotegidos de las políticas monetarias de su gobierno.

Especialmente importante es el fundamental cambio de política que anunció por primera vez la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, el 6 de agosto –y que fue luego confirmado el 13 de octubre por Alejandro Gil, el Ministro de Economía y Planificación–, que aumentará sustancialmente la cantidad y variedad de ocupaciones urbanas que los cubanos podrán realizar en el sector privado.

Como parte de sus primeras reformas económicas, Raúl Castro permitió la apertura al trabajo por cuenta propia privado y a la contratación de personal en el caso de un número limitado de ocupaciones que con el tiempo se incrementó a más de doscientas, las cuales luego se reorganizaron en 123 grupos ocupacionales. Vale señalar que este incremento estuvo lejos de ser un proceso lineal y en más de una ocasión el gobierno recortó la cantidad de ocupaciones permitidas en el sector privado.

Según los ministros Feitó y Gil, esa lista de ocupaciones privadas permitidas será eliminada, y es de suponer que se preparará una nueva que relacione sólo aquellas ocupaciones que no se permitirán, tales como, por ejemplo, la práctica privada de la medicina. Ninguno de los ministros ha definido aún una fecha en la que estos cambios entrarían en vigor.

Finalmente, para facilitar tanto las operaciones del sector privado rural como del urbano, el gobierno anunció que aumentaría la cantidad de mercados mayoristas para que los pequeños y medianos emprendedores privados compren alimentos y otros productos al por mayor a precios reducidos. La falta de acceso a este tipo de mercados ha sido un gran problema que ha afectado seriamente la viabilidad de los negocios privados rurales y urbanos.

Para mejorar las cosas, el gobierno anunció muy recientemente que a partir de septiembre comenzará a funcionar un mayor número de mercados mayoristas en las capitales provinciales, aunque las transacciones se realizarán exclusivamente en divisas, lo cual ha sido claramente el principal impulso para esto y para otros cambios económicos.

Si el gobierno cubano realiza todos los cambios que ha anunciado, la economía de la Isla se habrá alejado bastante de la economía altamente nacionalizada de finales de los 80 —más nacionalizada que las economías de la URSS y Europa del Este— para convertirse en una economía fundamentalmente mixta, acercándose así cada vez más al modelo chino-vietnamita. Queda por ver hasta qué punto los cambios propuestos mejorarán el mediocre rendimiento de la actual economía cubana, en la cual el bajo crecimiento económico y la baja productividad han caracterizado tanto a la economía rural como a la urbana por mucho tiempo.

Vale señalar, sin embargo, que a pesar de una baja producción agrícola generalizada, las granjas privadas ya han superado a las estatales en la producción de varios cultivos esenciales, como sucedió en Europa del Este durante los gobiernos comunistas.

En sólo poco más de una década, desde que una cantidad sustancial de tierras fuera distribuida a agricultores privados, y a pesar de sus grandes dificultades para obtener acceso a créditos y al comercio al por mayor, instrumental agrícola y otros implementos, los agricultores privados, quienes aún poseen menos tierras cultivables que el Estado, ya producen el 83.3 por ciento de las frutas, el 83,1 por ciento del maíz y el 77.9 por ciento de los frijoles.

Sin embargo, esto no es tanto un testimonio de las maravillas de la empresa privada como del desastre que ha sido para Cuba la agricultura estatal burocrática dirigida desde arriba y de manera centralizada –también fue desastrosa para varios países que componían el bloque soviético–.

En tales sistemas burocráticos, las personas que participan del nivel productivo carecen de incentivos materiales –como un mayor poder adquisitivo– y de incentivos políticos –como autogestión y control democrático de sus centros de trabajo–, cuya ausencia ha conducido históricamente a apatía generalizada, negligencia, irresponsabilidad y lo que Thorstein Veblen llamó «retirada de la eficiencia».

Es esta experiencia vivida y no la propaganda capitalista, la que ha hecho al modelo capitalista cada vez más atractivo para los cubanos.

El contexto político

Un tema crítico que surge de esta discusión es la naturaleza y composición de la dirección política cubana que se enfrenta a la actual crisis y que conduce las propuestas mencionadas quince años luego de que Fidel Castro se retiró, por razones de salud, de su mandato directo del país y fue sucedido por su hermano menor Raúl, el jefe de las fuerzas armadas cubanas y heredero forzoso desde los primeros días del Gobierno Revolucionario.

Al asumir el mando, Raúl introdujo una serie de reformas económicas que abrieron el sistema, de manera moderada, a empresas privadas normalmente muy pequeñas. También promovió un grado significativo de liberalización como, por ejemplo, cambiar en 2012 las regulaciones que controlaban las salidas al extranjero para permitir a los cubanos viajar a otros países. Pero esta liberalización no estuvo acompañada por forma alguna de democratización política. Todo lo contrario. Por lo tanto, la represión de la disidencia ha continuado.

Así, por ejemplo, mientras liberalizaba los viajes al extranjero para la mayoría de los cubanos, el gobierno ha impuesto obstáculos para las salidas de muchos disidentes, ya sea demorando sus apariciones en tiempo en conferencias en otros países o imposibilitándoles viajar al exterior, para lo cual ha elaborado una lista de «regulados» conformada por unos 150 disidentes cubanos que no tienen permitido salir del país.

Debe señalarse que, como en el caso de muchas otras medidas represivas adoptadas por el gobierno cubano, esto sigue siendo, como en tiempos de Fidel Castro, una decisión política y administrativa al margen incluso al propio sistema judicial del régimen. Lo mismo se aplica a los miles de arrestos breves que el gobierno de Raúl Castro ha realizado cada año, en especial para impedir manifestaciones públicas no controladas por el gobierno.

El sistema de partido único continúa funcionando como bajo Fidel Castro, con su enorme control social, económico y político, implementado mediante sus cintas de transmisión, representadas por las organizaciones de masas (los sindicatos y las organizaciones femeninas) y otras instituciones, como las del sistema educativo. Los medios masivos de comunicación (radio, televisión y periódicos) continúan estando bajo el control del gobierno y siguen en su cobertura las «orientaciones» del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

La única excepción de importancia son las publicaciones internas de la Iglesia Católica, la cual, sin embargo, practica una extrema prudencia política y limita la distribución de sus publicaciones a sus parroquias y otras instituciones católicas. Internet, la cual el gobierno ha sido incapaz hasta ahora de poner bajo su absoluto control, permanece como el principal vehículo para las voces críticas y disidentes.

Mientras tanto, ha estado ocurriendo un importante cambio generacional dentro de la dirigencia cubana que plantea preguntas sobre el futuro del sistema cubano.

El nuevo presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nació en 1960, un año después del triunfo revolucionario. El ocupante del recién creado cargo de Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, un hombre con largos años de experiencia en el negocio del turismo, nació en 1963. Se podría considerar que estos dos hombres realizan una especie de aprendizaje de prueba bajo Raúl Castro, quien a sus 89 años de edad es aún el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, aunque se retirará oficialmente en 2021.

Aún hay otros «líderes históricos» que también permanecen en lo más alto de la jerarquía política. José Ramón Machado Ventura, un médico que por un tiempo fue el número tres después de Fidel y Raúl Castro, y que es miembro del Buró Político, cumplirá 90 años el 26 de octubre. Ramiro Valdés, que ocupó muchos cargos superiores durante los más de sesenta años del Gobierno Revolucionario, incluyendo Ministro del Interior, y que hoy es miembro del Buró Político, tiene 88 años. Varios generales en posiciones de alto rango también pertenecen a la vieja generación.

El general Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político del CC del PCC, tiene 81 años. En comparación, el general Álvaro López Miera, también miembro del Buró Político, es un joven de apenas 76 años. El general Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) tiene 79 años de edad.

Sin embargo, hay personan más jóvenes, menos visibles que Díaz-Canel Bermúdez y Marrero Cruz, quienes ahora ocupan cruciales cargos de gobierno y cuyo poder es probable que aumente en el contexto de una transición luego de que los viejos «históricos» hayan abandonado la escena. Uno de ellos es el general de 60 años Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un ex yerno de Raúl Castro, quien es el director de GAESA, el inmenso conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, el cual incluye a Gaviota, la principal empresa turística en Cuba. Varios oficiales de alto rango del ejército, retirados o en activo, ocupan actualmente cargos importantes en otras esferas clave de la economía.

Las Fuerzas Armadas han capacitado a cuadros técnicos y empresariales quienes, junto a un grupo de técnicos y administradores civiles, han desempeñado por algún tiempo un importante papel en la economía. Muchos de ellos se han convertido en empresarios internacionales que operan en nombre del Estado cubano y han desarrollado amplias conexiones con bancos y otras instituciones capitalistas internacionales.

A ellos debemos añadir a los gerentes de industrias estatales, a quienes el gobierno acaba de otorgar más autonomía. Todos estos funcionarios pueden acabar beneficiándose del anunciado establecimiento de las PYMES, mediante el uso de sus contactos de negocios para obtener el capital que les permita crear sus propias medianas empresas. Ellos constituyen el núcleo de una burguesía capitalista cubana en desarrollo que está emergiendo desde dentro del propio aparato comunista.

Oposición, desafiliación y descontento

Existe oposición política en Cuba, principalmente —pero no de forma exclusiva— en el centro y la derecha del espectro político.

Sin embargo, ha sido políticamente marginada por la represión del gobierno y por la práctica plattista –por la Enmienda Platt impuesta por los EEUU a Cuba a principios del siglo XX y que limitaba la independencia cubana– adoptada por sectores de esa oposición, que en lugar de organizarse y recaudar fondos entre los cerca de dos millones de personas de origen cubano en los EEUU y otros países —tal como hizo José Martí entre los tabaqueros cubanos en Florida para apoyar la independencia cubana en la década de 1890—, ha dependido de limosnas del gobierno estadounidense para sobrevivir a la persecución.

Aunque el gobierno puede haber marginado con éxito a la disidencia activa en la isla, no ha podido detener la considerable desafiliación política con respecto al régimen, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que crecieron desde el derrumbe de la URSS y el campo socialista a finales de los 80 y principios de los 90. Debe apuntarse que ha transcurrido casi el mismo tiempo entre 1990 y el presente que entre el triunfo revolucionario en 1959 y el derrumbe del bloque soviético. Este colapso —y la sustancial retirada de ayuda económica a Cuba que lo acompañó— produjo una catastrófica crisis económica y una considerable erosión de la legitimidad del régimen cubano.

Desde entonces, la corrupción pública y privada se ha incrementado notablemente, un fenómeno que fue incluso denunciado por Fidel Castro en un famoso discurso en la Universidad de La Habana en noviembre de 2005, donde advirtió que podría destruir la Revolución desde adentro y así lograr lo que el imperialismo estadounidense llevaba décadas sin haber podido causar.

La actual crisis económica, considerablemente agravada por la pandemia de la COVID-19, se ha sumado al ya extendido descontento originado por la escasez de bienes de consumo. Buena parte de este descontento se ha enfocado en los «coleros» –de «cola», la línea de personas que esperan–, un término comúnmente utilizado para personas que monopolizan los primeros lugares en las omnipresentes filas que se forman  por doquier para obtener los cada vez más escasos productos de primera necesidad o para vender esos lugares a quienes llegan tarde; y para personas que, aprovechándose de ocupar, de una forma u otra, los primeros lugares en la cola, compran todas las reservas de productos para revenderlos a precios exorbitantes.

El gobierno ha sacado partido de la comprensible indignación popular que despiertan los coleros al denunciarles y arrestarles, pero evita enfocarse en las causas económicas del fenómeno, es decir, la escasez de artículos de primera necesidad debido a una insuficiente producción nacional y/o importación.

Sin embargo, el hecho es que, dada la falta de producción agrícola debido al régimen económico y político, no parece haber una alternativa práctica para este problema. Ni siquiera es probable que funcione racionar los productos en divisas que compran los coleros al incorporarlos al sistema de racionamiento en pesos cubanos que ya existe, pues puede que no haya cantidades suficientes para distribuir a todos.

Es difícil identificar las circunstancias bajo las cuales la presente desafiliación y el descontento puedan traducirse en una alternativa política —y aún menos en una democrática y progresiva— para el existente régimen antidemocrático de Estado unipartidista. Es cierto que el cierre por parte de Obama del camino de la emigración cubana hacia los Estados Unidos en los últimos días de su mandato eliminó una importante válvula de escape para la oposición y el descontento en Cuba.

Trump no revocó esta medida concreta de Obama, prueba de que su oposición al comunismo es mucho más débil que su xenofobia y su racismo. No obstante, el cierre de la emigración hacia los Estados Unidos hasta ahora no ha parecido ser suficiente para estimular ninguna novedad política significativa en la isla.

Lo que está claro es que la adopción de las nuevas medidas económicas ya expuestas, en particular la legalización de las llamadas medianas empresas, pueden extender y profundizar considerablemente la doble explotación y opresión en Cuba: la que ha ejercido por mucho tiempo el Estado unipartidista altamente autoritario, y la otra, ejercida por las futuras medianas empresas privadas ayudadas por la falsa protección brindada a los trabajadores por los sindicatos estatales, que en la práctica funcionarán como sindicatos de empresas en el contexto de las PYMES. El Código de Trabajo aprobado en 2014 ya ofrece un indicio de lo que está por venir.

La nueva distribución económica del poder que tarde o temprano se desarrollará en Cuba demostrará aún más la urgente necesidad de contar con sindicatos verdaderamente libres, y la necesidad de sustituir el Estado unipartidista antidemocrático que por su naturaleza imposibilita la existencia de sindicatos independientes, por una república verdaderamente socialista y democrática en Cuba.

*Este análisis fue originalmente publicado en inglés en la edición on line de la revista socialista New Politics.

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Un enfoque socialista de la libertad de expresión

por Samuel Farber
escrito por Samuel Farber

Tras la supresión histórica de los denunciantes de prácticas ilegales en la administración pública por parte del gobierno de Obama, los reiterados ataques de Donald Trump a los medios de difusión, y las polémicas en los recintos universitarios en todo el país, el libro Free Speech: Ten Principles for a Connected World (Libertad de expresión: diez principios para un mundo conectado) de Timothy Garton Ash resulta oportuno.

Garton Ash ofrece una amplia exposición sobre el derecho a la autoexpresión y una defensa coherente de la libertad de expresión desde un punto de vista explícitamente liberal. La teoría y la práctica socialistas nunca han definido satisfactoriamente el lugar de la libertad de expresión en la lucha por la transformación social y en una futura sociedad socialista — razón de más para confrontar seriamente el desafío planteado por el nuevo libro de Garton Ash.

Las bases de la libertad de expresión

El análisis de la libertad de expresión realizado por Garton Ash tiene dos fuentes principales: Isaiah Berlin, quien propuso que la libre expresión está basada en la empatía y la tolerancia por valores múltiples y contradictorios, y John Stuart Mill, cuya defensa de la libertad de expresión subrayaba en primer lugar sus consecuencias favorables en lugar de su valor intrínseco como derecho. Ninguna de estas perspectivas constituye un basamento sólido para una defensa de la libertad de expresión.

La empatía y la tolerancia — dos estados de ánimo — son pésimos garantes de la libertad. La empatía no se traduce fácilmente en planes institucionales que pudieran sustentar la libertad de expresión, y la tolerancia es un precario sustituto para una robusta cultura de derechos. Por el contrario, los derechos deben empoderar a las personas sin reparar en las buenas intenciones individuales de los gobernantes.

Con ese espíritu, Thomas Paine elogió la nueva Constitución Francesa porque “ha abolido o renunciado a la tolerancia, y también a la intolerancia, y ha establecido el Derecho Universal de Conciencia.” Como explicó, “La tolerancia no es lo opuesto de la intolerancia, sino su falsificación. Ambas son despotismos. Una se arroga el derecho de negar la libertad de conciencia, la otra el de otorgarlo.”

En cambio, Mill en Sobre la libertad defiende la libertad de expresión primariamente con el argumento de que la verdad surgirá del llamado mercado libre de ideas, haciendo de esta suposición el principal argumento en favor de la libertad de expresión. Está claro que la ausencia de libertad de expresión y de libertad política obstaculiza la búsqueda de la verdad. Pero nuestro mercado de ideas es oligopolista y por ende no totalmente libre, ya que está restringido dentro de una sociedad clasista. Por lo tanto, ¿debería tener menos valor la libertad de expresión?

En lugar de depender de la promesa de un paraíso consecuencialista, se podría decir que un derecho es algo intrínsecamente valioso, esencial para la dignidad y la autodeterminación de las personas, y necesario para la democracia. Los derechos — incluyendo el derecho a la libertad de expresión — podrían ayudar a producir la aproximación más cercana a la verdad y a una sociedad mejor, pero, mucho más importante, son un elemento constituyente de una buena sociedad.

Como otras concepciones de los derechos basadas en nociones metafísicas y ahistóricas, como la naturaleza o la ley natural, la dependencia de Garton Ash de la empatía y la tolerancia no puede fundar un derecho sólido a la libertad de expresión, expuesto a su inevitable erosión por parte de poderosos actores económicos o gubernamentales.

Necesitamos un enfoque alternativo de los derechos que no dependa de abstracciones. Rosa Luxemburgo ofrece uno: Todo derecho a sufragio, como cualquier otro derecho político, ha de medirse no por algún tipo de idea abstracta de “justicia”, o en los términos de otras frases democrático-burguesas, sino por las relaciones sociales y económicas para las cuales se diseña.

Luxemburgo entiende los derechos como encarnaciones de relaciones sociales y económicas concretas. En las sociedades capitalistas liberales, el acceso desigual al poder restringe estos derechos. En una sociedad socialista plenamente democrática, dichas restricciones desaparecerían.

En efecto, lo que más falta en Free Speech es la comprensión concreta de Luxemburgo de las relaciones entre los derechos y el poder. A continuación, expondré en detalle tres de los diez principios que organizan el libro para mostrar cómo su interpretación liberal del derecho a la libertad de expresión no logra tener en cuenta el impacto de las estructuras de poder sobre la libertad de expresión.

En primer lugar, Garton Ash sostiene, siguiendo la jurisprudencia estadounidense, que la libertad de expresión puede limitarse cuando hay intención, probabilidad e inminencia de violencia; es decir, cuando el discurso de odio se ha vuelto peligroso. En segundo lugar, aboga por la protección del derecho a la privacidad siempre que no impida el escrutinio en aras del interés público. Finalmente, reclama el apoyo absoluto a la expresión abierta de todas las discrepancias humanas, a condición de que los participantes mantengan una “sólida cortesía”, definida como hablar con franqueza mientras se practica el autocontrol para mantener la paz civil necesaria para el adecuado funcionamiento de la democracia liberal.

Estos tres principios están bastante claros, pero un análisis más detallado revela que la desigualdad social y económica en gran medida ignorada por Garton Ash también desempeña un papel crítico en la limitación de la libertad de expresión. La aparente disposición de Garton Ash a aceptar esta desigualdad revela su creencia de que el poder sólo es inherente al estado, y no a las relaciones socioeconómicas.

Intención, probabilidad e inminencia

La confusión de Garton Ash en cuanto a la libertad de expresión y el poder se hace más clara en su defensa de Larry Summers, el profesor de economía que fue obligado a renunciar como presidente de la Universidad de Harvard tras sugerir que la “reducida proporción de mujeres en las ciencias y las ingenierías puede ser el resultado de diferencias innatas de aptitud e inclinación, así como de las presiones de la vida familiar y otros factores.”

Garton Ash regresa a John Stuart Mill para argumentar que la afirmación de Summers tenía la intención de impulsar el conocimiento. Él pregunta: “¿Intentaba Summers insultar o degradar a las mujeres? ¿O intentaba él genuinamente, a pesar de lo provocador de sus palabras, hacer progresar la comprensión científica? Viendo la evidencia,” concluye Garton Ash, “considero que fue lo segundo.” Aparte del hecho de que la afirmación de Summers se basaba al menos parcialmente en teorías desacreditadas de diferencia genética, la conclusión de Garton Ash no logra abordar adecuadamente el contexto en el que habló Summers.

Como economista, Summers no tiene conocimiento creíble sobre diferencia de género. Por añadidura, las protestas contra sus comentarios no pusieron en peligro su libertad académica como profesor de economía, sino su posición de poder como presidente de una universidad. Desde la perspectiva de quienes protestaron, Summers había usado su posición en contra de los intereses de las mujeres. Contrario a lo que Garton Ash implica, ello no tenía nada que ver con la libertad de expresión, sino con una expresión de poder.

La misma confusión surge cuando expertos liberales critican las protestas de estudiantes contra figuras políticas invitadas a hablar en recintos universitarios. Garton Ash tergiversa estas demostraciones, imaginando que ocurren principalmente cuando se invita a los oradores para defender sus posiciones al respecto de algunos temas controvertidos. De hecho, muchas de estas protestas ocurren cuando la persona llega para ser reconocida y premiada por la universidad.

Por ejemplo, en 2014 la Universidad Rutgers invitó a Condoleezza Rice (secretaria de estado bajo el presidente George W. Bush) para que fungiera como oradora en la ceremonia de entrega de diplomas y para recibir un doctorado honoris causa. Que Rice se haya echado atrás ante la protesta de estudiantes y profesores no representa una derrota para la libertad de expresión, sino una pequeña pero real victoria para quienes se oponían a la decisión de Rutgers de reconocer y honrar a una figura representativa de las políticas imperialistas estadounidenses.

Consideraciones similares deben aplicarse a los reclamos para renombrar el Colegio Calhoun de la Universidad de Yale y la Facultad Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton, instituciones cuyos nombres rinden homenaje a racistas bien conocidos. Las disputas al respecto de cómo los homenajes institucionales de este tipo realzan las reputaciones de quienes los reciben no se relacionan con la libertad de expresión, sino con la legitimación de quienes ostentan poder, y con sus usos políticos y culturales.

Cuando nos referimos a figuras públicas invitadas a hablar sobre temas controvertidos, debemos distinguir entre persuasores racistas e intimidadores racistas violentos. Personas como Arthur Jensen, Richard Herrnstein y Charles Murray, quienes propagan mitos racistas ofensivos enmascarados como ciencia social, son persuasores racistas. Sus pronunciamientos ocurren enteramente en el ámbito del discurso, ante lo cual los oponentes pueden responder mediante la discusión racional y la refutación cuidadosa.

Otros derechos de libertad de expresión, incluyendo las venerables tradiciones de los piquetes y las pullas a los oradores, se detienen antes de llegar al uso de la fuerza para impedir que figuras como éstas hablen. Hasta la lucha ideológica más aguda se atiene a reglas implícitas que los movimientos sociales han violado a veces cuando han sustituido la persuasión por el uso de la fuerza. Ello no sólo viola los derechos fundamentales de los oradores, sino que también constituye una mala estrategia. Las protestas que ignoran el derecho a la libertad de expresión ofenden tanto al público que asiste al evento, al cual los manifestantes deberían tratar de ganarse, como a quienes desean preservar la libertad de expresión.

Esto difiere de los actos de intimidación racistas o antisemitas perpetrados por grupos organizados con un historial de violencia física. La marcha de 1936 organizada por la Unión Británica de Fascistas en el East End de Londres, una zona de mayoría judía, ilustra esta distinción. La intención de Oswald Mosley, el líder de la manifestación, no era convencer a los judíos que vivían en ese vecindario de que se unieran a su grupo. Por el contrario, quería aterrarlos. Tampoco el grupo neonazi estadounidense que solicitó un permiso para marchar por el también altamente judío suburbio de Skokie en Chicago en 1978 se proponía convertir a los residentes — muchos de los cuales eran sobrevivientes del Holocausto — en nazis.

En Londres, Mosley y sus seguidores se encontraron con veinte mil manifestantes antifascistas, quienes se enfrentaron con los seis mil policías que trataban de proteger a unos dos mil fascistas en la hoy famosa Batalla de Cable Street. El desenlace en Skokie fue distinto.

Las autoridades locales trataron de impedir la marcha, pero la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) presentó una demanda para permitirla, provocando que muchos de sus miembros renunciaran. A pesar de la victoria legal de la ACLU, los neonazis decidieron en cambio efectuar una concentración en el centro de Chicago. En algunas maneras, ello se asemejaba la marcha de Mosley en el este de Londres. Pero había una diferencia importante: el nazismo estaba en alza en la década de 1930, pero para 1978, el neonazismo estadounidense se había convertido en un pequeño grupo marginal. Independientemente de su poder relativo, ambas fuerzas pertenecían a una corriente política organizada con un historial de violencia física y una estrategia de apoderarse del poder político.

La defensa de la ACLU incluyó dos argumentos concernientes a la presente discusión. Por una parte, señalaron los peligros que representaba permitir que el gobierno estadual, local o federal limitara o regulara la libertad de expresión, temiendo que ello fijara un precedente capaz de ser usado contra los derechos democráticos de otros movimientos sociales, incluyendo las organizaciones de trabajadores, las minorías y la izquierda. En efecto, el peligro de dar al estado el poder de limitar los derechos de libertad de expresión es precisamente la razón por la que los socialistas no pueden depender de él cuando se trata de confrontar a intimidadores violentos.

En segundo lugar, la ACLU afirmó que, como la marcha no representaba peligro de violencia planeada, probable e inminente, podía considerarse expresión protegida constitucionalmente. Ello aclara una importante distinción entre la izquierda antirracista y la más generalmente liberal ACLU. Para grupos como la ACLU, los intimidadores violentos deberían disfrutar los mismos derechos de libertad de expresión que persuasores racistas como Jensen, Herrnstein y Murray poseen hasta que el discurso se haga peligroso. Para la izquierda antirracista, los intimidadores violentos son categóricamente distintos de los persuasores racistas.

La relación entre grupos como los neonazis o el KKK y los movimientos sociales democráticos es de abierta beligerancia y no de lucha ideológica. Los intimidadores violentos no tratan de persuadir, sino de intimidar. Su lenguaje es el de la violencia. En lo que respecta a los movimientos sociales, la por lo demás razonable regla de que la expresión se protege hasta que la violencia se hace inminente no debería aplicarse a estos intimidadores violentos: en cambio, ese principio les permite elegir la hora, el lugar y la manera más favorable para sus acciones violentas.

En Skokie, las fuerzas antifascistas tenían la ventaja gracias a la tremenda movilización causada por la marcha. La idea de detener del todo la marcha de los neonazis no debe considerarse una cuestión de principios, sino una cuestión de estrategia y táctica. Varias consideraciones son pertinentes en este caso, incluyendo la relación de fuerzas en las calles, si la mayoría de los grupos manifestantes apoyarían impedir la marcha, y si secciones significativas del público reconocerían la justicia de esa acción de fuerza en lugar de percibir a los intimidadores neonazis como víctimas.

Estas mismas consideraciones deberían influenciar nuestro análisis de la reciente polémica en torno a Milo Yiannopoulos, cuya comparecencia en Berkeley fue cancelada tras una masiva manifestación y las acciones de un pequeño grupo de entre 50 y 100 personas, quienes llevaron a cabo la destrucción de propiedad universitaria. Su historial político previo muestra a Yiannopoulos como un persuasor racista de un tipo particularmente reaccionario y aborrecible quien, como sostuvimos anteriormente, definitivamente requiere que los estudiantes manifestantes ejerzan sus derechos de libertad de expresión con masivos piquetes e interrupciones al orador, mientras respeten los principios de libertad de expresión, sin llegar a una supresión forzosa del evento.

Sin embargo, algunos han afirmado que Yiannopoulos había planeado revelar los nombres de estudiantes indocumentados. Si hubiera intentado hacerlo, la confrontación entre él y los manifestantes se habría trasladado a otro terreno más allá de la persuasión, y la audiencia habría tenido el derecho de silenciarlo inmediatamente.

En otros contextos, como el de guerra civil o en un conflicto más limitado pero abierto, como una huelga, la lucha por el poder ha sustituido a la lucha por la libre expresión. Cuando los miembros de un sindicato impiden físicamente que los rompehuelgas entren al centro de trabajo, o cuando la policía y los empleadores dan al traste con una huelga, es el poder — no la libertad de expresión — lo que está en juego. Un trabajador herido por un policía mientras trata de detener a un rompehuelgas es víctima de la capacidad represiva para la violencia del estado, no de su capacidad para silenciar el disenso.

Los límites de la libertad

Como muchos liberales europeos, Garton Ash a menudo combina la libertad con el mercado libre, percibiendo cualquier intervención del estado como un ataque a los derechos individuales. Ello se extiende a su notable oposición a las regulaciones, a las cuales parece asociar con la censura. Sin embargo, las regulaciones no sólo son compatibles con la protección de los derechos civiles y políticos, sino que son esenciales para ello.

Por una parte, las regulaciones pueden de hecho promover la libertad de expresión al permitir un mayor acceso a los medios. Garton Ash reconoce el acceso desigual a los medios masivos de difusión, citando incluso la famosa sentencia de A. J. Liebling de que “la libertad de prensa sólo está garantizada para los dueños de ésta.” Al mismo tiempo, Garton Ash rechaza incluso medidas moderadas para mejorar el acceso a los medios. Por ejemplo, conoce pero no promueve la Doctrina de Equidad que obligaba a las emisoras de radio y televisión estadounidenses dar espacio en el aire a opiniones opuestas sobre asuntos polémicos, y que fue abrogada en 1987. Cuando la Comisión Federal de Comunicaciones adoptó ese principio en 1949, lo hizo basándose en la hoy noción radical de que las ondas pertenecen a los oyentes, no a las emisoras.

Más allá del restablecimiento de tales medidas moderadas, tenemos que aspirar a la socialización (no estatalización) de los grandes medios, poniéndolos en manos de organizaciones populares no estatales, en proporción con su tamaño e importancia en la sociedad. Aunque ello no es una exigencia factible en el futuro cercano, debería ser una parte importante de una crítica radical de la sociedad existente y de una visión para un futuro socialista y democrático.

Garton también critica explícitamente las leyes en muchos estados alemanes que establecen el derecho de cualquier individuo, asociación, compañía o ente público a exigir que una publicación imprima una rectificación gratis en un número posterior. La corrección debe aparecer en la misma sección y en el mismo tamaño de letra que la afirmación original. De ser necesario, se puede imponer esta regulación mediante una orden judicial en un tribunal civil.

Garton Ash se opone a estas leyes porque las halla ineficaces en la era de los medios sociales. En esto, el autor una vez más no logra ver los derechos como intrínsecamente valiosos, cayendo en el consecuencialismo de Mills, y también subestima el gran poder que aún ejercen periódicos como el reaccionario New York Post y sus equivalentes globales.

En consecuencia con su postura anti-regulatoria, Garton Ash sostiene que las leyes europeas que conceden el derecho a ser olvidado son “indefensibles en una sociedad que cree en la libre expresión.” Estas leyes, las cuales otorgan a los individuos el derecho de que, tras un número de años, se suprima de la Internet contenido que dañe su reputación, no violan la libertad de expresión de ninguna manera significativa. De hecho, en una era en la que hay cada vez más oposición a solicitar los antecedentes penales de los aspirantes a un empleo, estas leyes del “derecho a ser olvidado” expresan una sensibilidad igualitaria con importantes implicaciones raciales y de clase.

La objeción de Garton Ash de que hasta el guardia de menor rango en Auschwitz no debe tener ese derecho ignora el propósito de estas leyes. Además, el contraargumento es apenas convincente, puesto que dichas leyes fácilmente podrían excluir a figuras públicas y a crímenes como el genocidio.

Garton Ash explica que la inclinación europea a favor de tales leyes proviene del “alto valor [que Europa] asigna a la privacidad y la reputación, inspirándose en tradiciones mucho más antiguas, caballerescas, corteses y aristocráticas del honor, así como en preocupaciones en torno a la dignidad humana posteriores al Holocausto.”

Lamentablemente, Garton Ash no explica la contraparte estadounidense de este esquema de valores europeo. ¿Implica ello una versión del individualismo estadounidense en la cual los individuos por separado no tienen vínculos comunitarios y por ende carecen de preocupación por sus reputaciones? ¿Realmente asociamos el honor sólo con la caballerosidad y la aristocracia? Después de todo, como describió Primo Levi de modo tan conmovedor, el horror de Auschwitz implicó, entre otras cosas, la eliminación sistemática de cualquier cosa parecida al honor para sus víctimas. Que el concepto del honor pueda tener origen en Europa difícilmente limita su aplicabilidad.

Quizás la marcada distinción de Garton Ash entre los códigos de honor europeo y estadounidense se relaciona con su aseveración de que los Estados Unidos es el país de la libertad de expresión por excelencia. Ciertamente, se puede proponer un argumento válido para esta perspectiva en términos de la doctrina constitucional representada por la Carta de Derechos (refiriéndose a las 10 primeras enmiendas a la Constitucion norteamericana que afirman los derechos ciudadanos) y por varias importantes opiniones discrepantes y decisiones por mayoría de la Corte Suprema desde 1919 (aunque ello haría falta equilibrarlo con algunas otras decisiones atroces de la Corte Suprema tomadas en nombre de la libertad de expresión, como la Decisión de Ciudadanos Unidos de 2010, la cual eliminó importantes regulaciones con respecto a los gastos electorales). Sin embargo, no podemos limitar nuestro criterio a la esfera legal. Puede que el sistema legal defina las reglas, pero el resultado del juego se decide a fin de cuentas por el poder de clases sociales en competencia y lucha.

Además de la falta del acceso democrático a los medios y de los cientos de millones de dólares invertidos en elecciones, el apoyo a la libertad de expresión no es precisamente unánime en los Estados Unidos. Fuera de los recintos universitarios y de los relativamente libres centros cosmopolitas, las comunidades profundamente conservadoras no han tenido libertad de expresión universalmente aceptada en todas sus manifestaciones. También debemos recordar que la Primera Enmienda (estableciendo la libertad de expresión) fue virtualmente letra muerta para la mayoría de los gobiernos locales y estaduales hasta bien entrado el siglo XX. Es por ello que organizaciones militantes como la IWW (siglas en inglés de Trabajadores Industriales del Mundo) libró famosas batallas por la libertad de expresión en todos los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX.

Garton Ash pasa por alto otras importantes limitaciones de la libre expresión, en especial las concernientes a la propiedad privada. Esta exclusión tiene sentido en el contexto de la propiedad personal: nadie debería tener el derecho de repartir volantes en una fiesta en el patio de tu casa sin tu permiso. Pero los centros de trabajo son propiedad privada en su mayoría y, como resultado, los trabajadores no disfrutan de derechos constitucionalmente otorgados a la libertad de expresión en el trabajo. Aunque el movimiento obrero ha logrado que existan algunas excepciones de esa regla general — el derecho a discutir condiciones de trabajo y la afiliación a sindicatos, o el establecimiento de tablones de anuncios donde pueden mostrarse los materiales relacionados con los sindicatos —, estos derechos siguen siendo inadecuados y se erosionan cada vez más.

Las limitaciones inherentes a las excepciones concedidas por la legislación obrera se hacen claramente evidentes en el caso de los centros comerciales (malls), donde pasarelas ampliamente utilizadas por el público son propiedad privada. La Corte Suprema las ha designado como propiedad privada, y por lo tanto exentas de derechos de la Primera Enmienda para el público en general, aunque algunos estados (California, Colorado, Massachusetts, New York, New Jersey, Oregón y Washington) han reconocido el derecho a la libertad de expresión en centros comerciales, incorporando ese derecho a sus constituciones.

Sin embargo, no todas las limitaciones de la libertad de expresión provienen de la ideología capitalista. Garton critica una regulación que aparece para apoyar la justicia social, pero en cambio opera en contra de una pauta democrática: la creciente exigencia de que todos los instructores universitarios y de nivel superior incluyan advertencias en sus materiales de clase. Estas advertencias están diseñadas para alertar a los estudiantes acerca de materiales que puedan producir una memoria traumática (de atentado contra el pudor, por ejemplo) o provocar malestar a un grupo.

Por supuesto, estas advertencias han existido en los recintos educativos por mucho tiempo, pero no siempre se les ha llamado así. Los estudiantes reciben ayuda psicopedagógica tanto formal como informal acerca de cuáles cursos tomar y con quién. Este asesoramiento depende en parte de los intereses, opiniones y experiencias de cada estudiante. Los cursos obligatorios por lo general tienen secciones e instructores diferentes — que a menudo cambian de semestre en semestre —, y los instructores típicamente facilitan programas de estudios detallados que informan a los estudiantes por adelantado acerca de los materiales de clase. Por añadidura, algunos cursos constituyen advertencias por su propia naturaleza, como, por ejemplo, cursos sobre las leyes acerca de las violaciones. Finalmente, muchos instructores realizan advertencias adicionales cuando presentan trabajos específicos.

Obligar a los instructores a hacerlo como cuestión de política — como algunos estudiantes y profesores sostienen que se debería — establece una restricción innecesaria tanto a la libertad de expresión del instructor como a la de los estudiantes. Ello estimula un clima de excesiva precaución, timidez, e incluso de temor en lo que debería ser una amplia, aunque mutuamente respetuosa, exploración de ideas.

El actual reclamo por advertencias universales puede originarse en la doctrina del pensamiento positivo, que intenta ocultar el inevitable dolor provocado por las crisis como oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. Con seguridad proviene de la visión neoliberal de la educación superior como consumo, en la cual se supone que los dólares pagados por la matrícula compren un producto grato.

En cambio, deberíamos ver la educación como una experiencia necesariamente incómoda que desafíe las certezas de clase, raza y género de los estudiantes. La educación democrática fomenta el debate respetuoso pero agudo, en lugar de oscurecer la naturaleza sórdida del racismo y la explotación con clichés a la moda.

De manera similar, las universidades y centros superiores que tratan de controlar las microagresiones no sólo restringen la libertad de expresión de los estudiantes, sino que también los despojan de importantes oportunidades educativas. En 2007, el psicólogo investigador Derald Wing Sue y sus colaboradores definieron las microagresiones como: ofensas verbales, conductuales y ambientales diarias, breves y comunes, ya sean intencionales o no, que comunican desaires e insultos hostiles despectivos o negativos de tipo racial, de género, de orientación sexual y religiosos a la persona o al grupo receptor.

Que este comportamiento ocurra frecuentemente en instituciones de educación superior no debería sorprendernos. La sociedad estadounidense tiene sustanciales reservas de racismo y sexismo, y la segregación educativa y residencial promueve la insensibilidad y el comportamiento a veces involuntariamente ofensivo hacia las minorías raciales y de género. Las administraciones de las universidades deberían enseñar a los estudiantes, los profesores y el personal no docente a evitar dicho comportamiento. Sin embargo, unos cuantos administradores han ido más allá y han creado códigos de conducta altamente específicos para imponer una cultura de tolerancia en los recintos. Además de fijar un mal precedente, sus esfuerzos por regular celosamente el comportamiento fomentan un clima opresivo.

En 2016, la Oficina de Diversidad y otros grupos en la Universidad de Massachusetts emitieron el “Medidor Sencillo para Evaluación y Valoración del Racismo en Disfraces”, o SCREAM por sus siglas en inglés, una lista de control detallada que ayudaba a los estudiantes a valorar el potencial ofensivo de sus disfraces según cinco niveles de amenaza. Por ejemplo, se preguntó a los estudiantes si, cuando se vestían de otra persona, esa persona era de la misma raza que el estudiante. Si la respuesta era afirmativa, el disfraz comportaba un riesgo “bajo” de amenaza. Si era negativa, se preguntaba al estudiante si el disfraz requería abundante maquillaje. Si la respuesta era no, el nivel de amenaza se elevaba a “moderado”. Si era sí, los niveles aumentaban a “elevado”, “alto” o “severo”, en dependencia de cuánto maquillaje requería el disfraz y de si era un intento de humor que tenía como objetivo a una persona de un grupo marginado.

En lugar de utilizar Halloween (celebrado anualmente el 31 de octubre) para educar a la comunidad acerca de cómo las víctimas de opresión sexista y racista pueden hallar ciertas costumbres ofensivas, la Oficina de Diversidad emitió una lista de control mecánica y extensa para guiar el comportamiento de la comunidad universitaria desde arriba. Lo más inquietante de este enfoque verticalista es la suposición que los administradores de la universidad (o del gobierno) deben ser la principal fuente de acción correctiva en cuestiones que no implican discriminación individual o institucional. En el último análisis, las administraciones universitarias priorizarán la paz y la reputación de la institución por encima de asegurar la justicia racial y de género.

En las décadas de los sesenta y los setenta, cuando estudiantes mujeres y de minorías se enfrentaban a peores formas de racismo y sexismo en los recintos universitarios, éstos recurrieron, con un sustancial grado de éxito, a la confrontación cara a cara. Aunque no es perfecto — y desde luego impopular entre las autoridades universitarias — este enfoque es muy preferible a la rigidez y ridiculez burocrática de las regulaciones. Aún más importante, protege los derechos de libertad de expresión de instructores y estudiantes.

Sólida cortesía

La defensa de Garton Ash de la libertad de expresión claramente se extiende más allá de las democracias capitalistas avanzadas. También trata de conectar el tema con la opresión al hacer repetidas alusiones a “I Wish I Knew How It Would Feel to be Free” de la cantante afroamericana Nina Simone, sosteniendo que “si todo el mundo (…) es libre de expresarse, entonces tendremos una mejor probabilidad de comprender qué (…) ‘significa ser yo’.” Pero cuando se trata de analizar temas concretos como la islamofobia, Garton Ash se muestra incapaz de ver los efectos de la opresión.

Para ser justos, sí hace énfasis en la diversidad y heterogeneidad del Islam, cuestionando cualquier generalización sobre el vínculo de esa religión con ataques a la libertad de expresión. Pero luego presenta al fundamentalismo islámico — y a su desprecio por la libertad de expresión y otras prácticas democráticas — como un fenómeno exclusivamente religioso, ignorando el impacto de diversas formas de intervención imperialista en el norte de África, el Cáucaso y Oriente Medio.

En Asia, los musulmanes a menudo son víctimas de terrible represión basada únicamente en sus status etnoreligioso, y, en los Estados Unidos y Europa Occidental, los inmigrantes musulmanes se han convertido en blanco de persecución y discriminación generalizada. Las restricciones legales de sus derechos a llevar vestimentas religiosas en público, de la construcción de mezquitas, de los oficios de oración islámica, e incluso de los alimentos halal son antitéticas a las libertades de expresión y asociación.

En ninguna parte queda más claro el desinterés de Garton Ash por el racismo y la discriminación que en su discusión de los brutales asesinatos en la revista parisina Charlie Hebdo. En Free Speech, Garton Ash no menciona la extendida islamofobia en Francia como un factor en el ataque. De hecho, en el momento no dudó en hacer un llamamiento a una “semana de solidaridad” en la cual los periódicos habrían publicado simultáneamente una “selección cuidadosamente presentada de las viñetas de Charlie Hebdo, con una explicación de por qué lo hacían.”

Se ha de decir en su favor que muchos periódicos se negaron a participar. Dean Baquet, el editor ejecutivo del New York Times, explicó que una consideración importante para su negativa fue “la familia musulmana en Brooklyn.” Garton Ash sostiene que ello no le había impedido al Times publicar ocasionalmente viñetas antisemitas o imprimir una reproducción de la pintura de Chris Ofili La Sagrada Virgen María, aunque debe señalarse que éstas se publicaron en el contexto de reportajes.

Lo que Garton Ash no llega a reconocer es que el antisemitismo o el anticatolicismo eran fenómenos marginales en el momento de esas publicaciones, mientras que la islamofobia estaba en su punto más álgido durante y después de los ataques en Hebdo. Aunque se apoye el derecho a ofender como un elemento de la libertad de expresión, se puede tener en cuenta si los ofendidos representan a comunidades marginadas.

Con esto no se pretende sugerir que debería decretarse la censura para poner fin a la islamofobia. En su lugar, el gobierno y la sociedad civil deberían trabajar en conjunto para desarrollar un clima político que repudie firmemente la islamofobia y apoye el enérgico castigo legal de la discriminación antimusulmana.

En los recintos universitarios, la cuestión de equilibrar los derechos de los estudiantes a la libertad de expresión y asociación se hace muy disputada en torno a exigencias de espacios seguros, que se refiere a lugares en los que los miembros de un grupo puedan reunirse exclusivamente. En el variado universo de grupos universitarios de estudiantes, profesores y personal no docente, el derecho a asociarse con otros miembros de tu raza, etnia, género o religión representa una libertad democrática elemental.

En un reciente artículo de opinión, el presidente de la Universidad Northwestern, Morton Shapiro, utiliza la historia de un grupo de estudiantes negros que almorzaban juntos para ilustrar la importancia de los espacios seguros. Dos estudiantes blancos se acercaron al grupo y preguntaron si podían unirse, explicando que querían participar del tipo de aprendizaje “incómodo” al que los animaba la escuela. Los estudiantes negros se negaron amablemente.

Shapiro defiende su decisión, sosteniendo implícitamente que, en ciertas situaciones, el derecho de los estudiantes negros a la libre asociación supera a los supuestos derechos de libertad de expresión de los estudiantes blancos. El mismo principio podría aplicarse a estudiantes asiáticos que deseen vivir en dormitorios con otros estudiantes asiáticos, siempre que la universidad no exija que todos los estudiantes asiáticos vivan juntos o les excluya de dormitorios donde vivan otros grupos minoritarios y estudiantes blancos, lo cual constituiría segregación obligatoria.

Ahora, algunas voces en las universidades han comenzado a reclamar el establecimiento de espacios seguros más allá de lugares específicos donde los grupos puedan reunirse, exigiendo que las aulas e incluso el recinto completo se conviertan en espacios seguros para grupos históricamente oprimidos. Ello sería una perversión del derecho a la libre asociación y reunión, la cual bloquearía directamente la capacidad de la educación superior para desafiar las ideologías y prácticas establecidas como forma de promover el pensamiento crítico.

Aunque el discurso de odio es inaceptable en las aulas, pues crea un ambiente de aprendizaje hostil, ello no debe confundirse con la presentación de ideas que algunos puedan encontrar ajenas e incluso ofensivas, lo cual es esencial en la educación superior.

Un problema diferente pero igualmente serio ocurre cuando un grupo limita su espacio seguro a aquellos miembros de su grupo étnico, racial o religioso que mantienen puntos de vista políticos similares. Como describe Jonathan Paul Katz, grupos judíos como Safe Hillel quieren “asegurar que Hillel (organización judía universitaria) siga siendo un lugar en el recinto donde los estudiantes puedan hablar libremente sobre criterios pro-Israel, sin tener que defenderse de criticas al sionismo.”

En la práctica, ello significa que Hillel excluye sistemáticamente a judíos que son críticos u hostiles hacia Israel, aunque el grupo obtuvo reconocimiento y los consiguientes beneficios por parte de la administración universitaria, como centro para todos los judíos de la universidad, sin reparar en la afiliación política. Imagine el escándalo si una residencia, club o dormitorio universitario de afroestadounidenses exigiera adhesión a la ideología nacionalista negra como condición de membresía.

La política exclusivista de Hillel es parte de una campaña más amplia en contra de los críticos y oponentes del sionismo. El estudio de 2016 de PEN America halló que muchos individuos e instituciones sionistas han intentado prohibir la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en las universidades en todos los Estados Unidos. Por ejemplo, el periodista Glenn Greenwald y otros denunciaron una campaña por parte del Consejo de la Universidad de California para prohibir la crítica y el activismo anti-Israel en nombre de la lucha contra el antisemitismo. Mientras tanto, los recintos universitarios en todo el país han recibido presiones para despedir a profesores pro-Palestina y tomar represalias contra grupos pro-Palestina.

Lo sucedido con Hillel debe comprenderse en el contexto más amplio de estos acontecimientos, en los que un creciente número de judíos, en especial jóvenes, están cuestionando las políticas y prácticas del estado de Israel.

Libertad de expresión desde abajo

Cuando se confronta la cuestión de la libertad de expresión, los socialistas no deberían remitirse a Isaiah Berlin, el modelo de coraje en la defensa de ese derecho evocado por Garton Ash, sino a Rosa Luxemburgo, quien insistía en que la libertad de expresión se diseñó para quienes no están de acuerdo.

La perspectiva que se presenta aquí difiere no sólo del liberalismo, sino también de corrientes de izquierda que se aferran a visiones verticalistas y autoritarias del socialismo. Entre éstas están las antiguas nociones que de manera implícita o explícita abogan por una “dictadura educativa” de intelectuales ilustrados, como se representa en la obra de Herbert Marcuse. En Crítica de la tolerancia pura, él sostiene que deberíamos contener el derecho a la libertad de expresión de los poderosos, porque su objetivo es lavar el cerebro al pueblo. Su argumento se basa en la afirmación implícita de que los intelectuales como él deben decidir a qué ideas se debe exponer al pueblo.

Como Garton Ash, Marcuse basa su análisis de la libertad de expresión en la tolerancia, y no puede producir una defensa sólida del derecho a la libre expresión. Ello parece irónico, ya que Marcuse y quienes estaban de acuerdo con él eran una pequeña minoría — era más probable que se suprimieran sus ideas que las de los gobernantes.

La posición de Luxemburgo también difiere de las políticas estalinistas y neo-estalinistas en todas sus expresiones, las cuales sostienen equivocadamente que Marx no estaba interesado en defender los derechos individuales “burgueses” y la democracia política. De hecho, las políticas de Marx estaban profundamente enraizadas en los movimientos democráticos radicales de su época. En su primer artículo, realiza una áspera crítica del decreto del gobierno que estableció la censura, sosteniendo:

De este modo el escritor queda sujeto al terrorismo más espantoso, la jurisdicción de la sospecha. Las leyes sobre tendencias, las leyes que no ofrecen normas objetivas, son leyes de terrorismo, como aquéllas que se concibieron por las exigencias del estado bajo Robespierre y por la corrupción del estado bajo los emperadores romanos.

Para algunas corrientes de izquierda, la libertad de expresión y otras libertades democráticas sirven como una tapadera ideológica para la defensa de la propiedad privada por parte de la burguesía. De hecho, la burguesía capitalista nunca ha tenido un compromiso profundo con la libertad de expresión u otras libertades civiles, coexistiendo felizmente con una amplia variedad de regímenes políticos antidemocráticos, incluyendo el apartheid sudafricano y el fascismo. En el último análisis, la propiedad privada sobre los medios de producción permite a los capitalistas mantener poder social y económico independientemente del sistema político.

En efecto, quebrantar el control de la clase dominante sobre el poder socioeconómico y establecer la propiedad colectiva depende de la democracia: “el primer paso en la revolución de la clase obrera,” proclama el Manifiesto Comunista, “es elevar al proletariado a la posición de clase dominante, para ganar la batalla de la democracia.” En su mayoría, las luchas por los derechos democráticos — como la libertad de expresión, la abolición de la esclavitud, el sufragio universal, los derechos de los trabajadores y las mujeres — vinieron después de la revolución burguesa. Fueron conquistas democráticas obtenidas por medio de la lucha popular y obrera. La libertad de expresión, la libre asociación y otras libertades democráticas permitieron a los trabajadores luchar por sus intereses.

Algunos defensores del socialismo verticalista tienden a respaldar las libertades democráticas sólo para la clase obrera, pero esta perspectiva tiene una visión estrecha y poco abarcadora de una clase que, como sostenía Lenin, debería ser “el tribuno del pueblo”, la representante de los intereses de la gran mayoría social, y va en contra del fuerte énfasis de la tradición socialista en exigir derechos políticos universales como el sufragio. En un tono más cínico, esta corriente política ha exigido libertad de expresión y otros derechos democráticos sólo cuando pertenecen a la oposición perseguida.

En contraste con esta perspectiva, como sostuvo Hal Draper en su artíclo de 1968 “Libertad de expresión y lucha política”: “No puede haber contradicción, ni separación de principios entre lo que se exige al estado existente y lo que proponemos para la sociedad que queremos que lo reemplace, una sociedad libre.”

En consecuencia con este enfoque, debemos defender la libertad de expresión por sí misma, no solamente porque ayuda a organizar y a luchar por una nueva sociedad. En ello, la libertad de expresión no difiere de los avances económicos que la clase obrera y sus aliados han conquistado. Son valiosos por derecho propio y porque fortalecen a la clase obrera y a sus aliados en la lucha por su emancipación.

Tomado de: Jacobin (el texto se traduce al español con autorización del autor)

Samuel Farber es profesor emérito de ciencias políticas en Brooklyn College, Nueva York. Nacido y criado en Marianao, Cuba, es autor de numerosos libros y artículos sobre el país. Su último libro (en inglés) es The Politics of Che Guevara: Theory and Practice publicado por Haymarket Books)

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