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Autor

Rodolfo Alpízar Castillo

Rodolfo Alpízar Castillo

Escritor, lingüista y traductor cubano

Curiosidades

Curiosidades matemáticas y democráticas del «Valen todos»

por Rodolfo Alpízar Castillo 15 marzo 2023
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

La consigna «Valen todos», tomada del nombre de una telenovela brasileña de moda en Cuba por 1992, sorprendió a la mayoría de los cubanos. De inmediato se desplegó una extraordinaria campaña, que dura hasta hoy, para convencer a las personas de que el «novedoso y revolucionario concepto»1 es un aporte a la democracia electoral.

Quienes seguíamos de cerca el proceso de instauración del poder popular, desde sus inicios en la década de los setenta, quedamos impactados: Veíamos en televisión, defendiendo que votáramos por todos los propuestos, por ser igualmente valiosos, a quien antes había afirmado exactamente lo contrario: que el elector debe tener siempre la posibilidad de escoger al candidato de su preferencia. Lo que hasta ese momento había sido correcto se convirtió de repente en incorrecto, y viceversa.

Desde hace al menos dos milenios, se repite que hay tantos pareceres como seres pensantes (quod homines, tot sententiae, afirmaban los latinos), y es imposible reunir en un mismo lugar, pongamos por caso un parlamento, a varios cientos de personas unánimes en un criterio. Pero desde su nacimiento el funcionamiento de la ANPP desmiente este axioma: En ella la unanimidad de criterios, sostenida por décadas, es la norma.

Es innegable el aporte conceptual: Las sesiones de la ANPP son la excepción a la regla general de la diversidad natural de pareceres. Lástima que tantas personas, en Cuba y el resto del mundo, no valoran de forma positiva esa excepcionalidad.

No hace falta entender nada, pues no hay nada que entender; tampoco hace falta entender por qué en las elecciones cubanas el verbo elegir no significa, como en el resto del planeta:

seleccionar, escoger, preferir de entre un grupo de posibilidades lo que se considere mejor

Lo que hace falta es acatar la consigna y votar por todos, para mantener la unidad de la nación y salvar la patria.

Acatar es un principio inviolable en cualquier religión. No cumplirlo es incurrir en soberbia, pecado capital: Si hoy elegir es seleccionar, selecciono; si mañana es ratificar lo seleccionado por otro, ratifico. Una «voz autorizada» lo estableció así, y ella nunca se equivoca. Hurgar en los archivos para averiguar si en otras ocasiones la «voz autorizada» afirmaba algo diferente es incurrir en herejía, también pecado grave.

Recientemente, en uno de los muchos programas de TV dedicados a las elecciones (en Cuba los candidatos no hacen campaña con dinero procedente de su bolsillo o de donaciones, nos recordó una profesora en el programa…, pagado con fondos públicos) se mencionó la demonización de las elecciones por parte de «algunos enemigos», y se repitió que el voto es libre y nadie está obligado a aceptar la candidatura tal cual aparece. En otras palabras: Se puede votar por todos o por uno solo, y se puede votar en blanco.

Pasemos por alto las descalificaciones; no merecen contestación. Veamos la afirmación de que votar en blanco demuestra que el voto es libre, esgrimida contra quien cuestione el modelo «Valen todos».

Soy libre de votar en blanco, incluso de no acudir a votar. Pero, ¿cuál es el valor de esa libertad? Como en Cuba el voto no es obligatorio (no solo aquí, tampoco en otros países,), puedo abstenerme de asistir al colegio electoral y no pasa nada. Simplemente, como en otras partes, no entro en las estadísticas; apenas soy un ciudadano que declinó hacer uso de un derecho constitucional.

En cuanto a la «libertad» de votar en blanco en la ley cubana, es un nuevo concepto de «libertad» que acaso se deba incorporar al diccionario del español. Es similar a la libertad concedida al hijo pequeño: «Puedes ponerte esos zapatos si quieres, pero no me sales de casa». Como él ansía salir a jugar, «elige» ponerse los zapatos que le impongo. ¿Fue libre su elección? ¿Eligió los zapatos, o acató mi decisión? Similar es mi derecho al voto en blanco.

Invito a leer la ley a quien desee comprobar si es como afirmo o no.

Curiosidades

El enemigo demonizador del proceso electoral no son los opositores al gobierno ni quienes, sin serlo, denuncian el «Valen todos». Quien demoniza el proceso electoral es la propia ley. Por algo la propaganda nunca cita más que uno o dos artículos generales.

No pido a nadie creer cuanto afirmo. Solo insisto: Si, en lugar de repetir consignas o acatar dogmas, usted busca la verdad, aplíquese a la lectura de la ley. En particular, deténgase en sus artículos 115, 119, 121, 123, explícitos en cuanto al voto en blanco. Todos establecen lo mismo: apartar las boletas anuladas y las boletas en blanco, contabilizar solo las que tengan votos válidos. Y los votos válidos son: por uno, por más de uno, por todos. El resto, según esos artículos, no cuenta.

Por mi parte, he leído muchas veces el texto de la ley. Por eso me opongo a ella. Solo aclaro: Con mis textos no hago propaganda ni al voto en blanco, ni a la abstención, ni a nada. Apenas expongo la realidad de una ley contraria a un elemental principio democrático, en un país cuya Constitución afirma la existencia de un Estado de derecho. Tampoco juzgo a quienes componen la lista de nuevos diputados, pues no es mi costumbre juzgar a nadie; además, no los conozco, y no opino de lo que no sé.

En cuanto a los miembros del actual parlamento, nunca hago alusiones personales, pero al menos sé de uno que nunca debió ser diputado; sin embargo, lo es y continuará siéndolo en la próxima legislatura. En su momento, esa persona impidió la discusión del proyecto de Constitución a los miembros de la organización que presidía, y calificó públicamente de elitistas a quienes exigimos nuestro derecho a hacerlo.

Tampoco olvido que ninguno de los actuales diputados cumplió su juramento de respetar y defender la Constitución, pues asistieron callados a la mutilación de su artículo 46 durante la presentación del Código Penal, que impone la pena de muerte para muchos delitos, la mayoría políticos. Precisamente, la parte mutilada del artículo 46 establece, a la letra, que «Todas las personas tienen derecho a la vida».

Curiosidades matemáticas

Propongo un pequeño ejercicio de aplicación de lo estipulado por la ley electoral y el principio «Valen todos», para comprobar cuán democrático resulta el proceso.

Imaginemos un colegio electoral X de un municipio grande X, o un municipio muy pequeño X, donde se «elige» dos «candidatos», Juana Pérez y Juan Pérez, para dos puestos en el parlamento —ante todo, olvide el significado del verbo «elegir» en los diccionarios; recuerde que la acepción cubana es novedosa.

Total de electores en el registro: 4 000 (4 000, pues, es el 100% de votantes posibles en ese lugar). Si se producen:

1 000 abstenciones (electores que no votaron): 3 000 pasa a ser el 100%.

500 boletas anuladas (tachaduras, consignas, etcétera): 2 500 pasa a ser el 100%.

500 boletas en blanco (electores que no gustan de ningún «candidato»): 2 000 pasa a ser el 100%.

Primer resultado: El universo de 4 000 se redujo a la mitad. El total de votantes contabilizados como 100% es ahora 2 000, o sea, la mitad de los electores registrados es el total. Si esos 2 000 votan:

Votos «unidos»: 800 (40% de boletas válidas)

Votos por Juana: 600 (30% de boletas válidas)

Votos por Juan: 600 (30% de boletas válidas)

Ello nos da:

Total de votos obtenidos por «candidato» (sumados los «unidos» a los individuales):

Juana 1 400 (70% de boletas válidas)

Juan 1 400 (70% de boletas válidas)

Curiosidades

Segundo resultado: Ambos candidatos recibieron el 70% de los votos válidos emitidos y son «elegidos» democráticamente, con elevado porcentaje de aceptación, por el voto libre, individual y secreto de los electores de ese municipio. Aunque, en realidad, cada uno cuenta con el apoyo de solo el 35% de la totalidad de los ciudadanos registrados en el padrón electoral del distrito electoral, (4 000).

En resumen, gracias al «carácter democrático diferente» de nuestra ley electoral, un diputado puede «representar» a un municipio habiendo sido «elegido» solo por el 30% del total de un distrito electoral.

Y no hay que olvidar que el distrito electoral «elige» a una parte de la «candidatura» del municipio, no a toda, con lo cual ese porcentaje pudiera ser menor al hacer la suma de todos los distritos.

Una curiosidad: Entre Juana y Juan suman 2 800 votos (el 140% del universo), aunque el total de boletas válidas sea 2 000. Ello es debido a que existe la posibilidad de votar en el primer círculo, que significa que uno aprueba a los dos. La propaganda va dirigida a que se vote en ese círculo; esto es, al «Valen todos» / Voto unido.

Realmente, un concepto muy especial de democracia.

***

1: El nombre original «Valen todos» ha mudado para el políticamente correcto «Voto unido»; sigo usándolo para un mejor entendimiento del tema, pues el concepto no ha variado: Quienes aparecen en la boleta merecen estar en los escaños de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), y debemos aprobarlos en conjunto, puesto que así lo decidieron quienes saben más que nosotros).

15 marzo 2023 16 comentarios 1,1K vistas
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Elecciones Cuba

«El pueblo elige». Elecciones en Cuba

por Rodolfo Alpízar Castillo 7 febrero 2023
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

Ante todo, una aclaración. En el artículo anterior recordé la repetida afirmación de que en Cuba no existen campañas electorales. No es cierto. No las hay en el sentido de otros países, pero existen, son extensas…, ¡y costosas!

En otros lugares del mundo, los candidatos y las agrupaciones que los respaldan presentan ante los posibles electores, para obtener sus votos, el programa de gobierno que se proponen (o afirman que se proponen) llevar adelante si ganan las elecciones; son sus promesas electorales, por las cuales se decantarán, o no, los votantes, y cuyo incumplimiento puede incidir en el resultado de una elección posterior.

Las agrupaciones partidarias, y a veces los propios candidatos, invierten sumas cuantiosas en esas campañas. Esas sumas son extraídas de sus fondos propios, o donadas por simpatizantes y asociados. En algunos países existe además una partida del presupuesto nacional asignada a sufragar en parte los gastos de las agrupaciones representadas en el parlamento, para garantizar un mínimo de igualdad en la competencia.

Ese tipo de campaña no se realiza en Cuba. Es una diferencia notable.

Elecciones

(Foto: Radio Habana Cuba)

En Cuba, ciertamente, no se realizan promesas electorales, no hay compromisos con el votante; el delegado de circunscripción y el diputado no prometen nada a los ciudadanos y, por tanto, tampoco hay nada que exigirles después. El ministro (o general, o «cuadro nacional» de una organización) «candidato» a diputado por un municipio donde nunca ha puesto un pie, no invierte un centavo propio en visitarlo, en entrevistarse con su gente, en conocer sus problemáticas. No se compromete a ocuparse de sus asuntos y defender sus intereses en la Asamblea Nacional, pues sus funciones en esta son de un orden superior, no los «asuntos comineros».

Entonces, ¿no hay campaña electoral?

La hay, y en ella se invierten sumas millonarias (gastos de propaganda, organización, transporte, logística…), destinadas a convencer a los electores de acudir a las urnas y apoyar la propuesta de las comisiones electorales, a convencerlos de que ese tipo de «proceso eleccionario», como gustan llamarlo, es el más conveniente para el país, por lo cual debe ser respaldado con la participación masiva y entusiasta en las elecciones. Como quiera que se mire, eso es campaña electoral.

Raúl Castro fue ratificado como candidato a diputado. (Foto: CMKC)

Una gran diferencia de la campaña electoral cubana con las de otros países, es que los fondos invertidos en la nuestra no proceden del bolsillo de los candidatos o de quienes los proponen, ni de donaciones de simpatizantes o asociados: Salen de las arcas del Estado, esas arcas que atesoran el fruto del trabajo de los ciudadanos y los impuestos que pagan; esas arcas son las mismas donde nos aseguran que no hay dinero suficiente para importar los alimentos y las medicinas que la población necesita, o para adquirir los insumos para el desarrollo del país, para mantener en buenas condiciones las instalaciones culturales, escolares y hospitalarias, y mucho menos para publicar libros y pagarles a sus autores decorosamente…

Que el dinero de las campañas electorales cubanas salga del bolsillo de los propios votantes significa, realmente, una gran diferencia.

El objetivo es el mismo: Convencer al ciudadano de que la opción propuesta es la mejor para él y para el país. Y que acuda a votar…, aunque no vote para elegir entre varias propuestas, sino para declarar su conformidad con lo que otros decidieron por él.

Elecciones sin trampa

Es común, entre los opositores al sistema electoral cubano, afirmar, sin presentación de elementos probatorios, que en las elecciones para delegados municipales y diputados de la Asamblea Nacional se alteran cifras, «se hace trampa». No voy a negarlo de modo categórico, pero no creo que sea la norma.

He conversado con personas que han participado en las elecciones como miembros de las mesas electorales, y me han afirmado que es muy raro que ocurran irregularidades, entre otras razones porque el escrutinio de las boletas es público, y todo ciudadano puede estar presente en el momento del conteo y dar fe de cómo transcurre.

Elecciones

(Foto: Adalberto Roque Pool/AFP)

Algunos se refieren además a la no presencia de observadores internacionales, pero ello no es un requisito obligatorio para ningún país del mundo; de todos modos, si estuvieran presentes no tendrían mucho que observar, y lo que declararan sería favorable para el gobierno: tranquilidad, ausencia de policías, niños cuidando las urnas…

Lo cierto es que el único partido permitido en Cuba no necesita hacer trampa para ganar las elecciones. Basta con aplicar al pie de la letra lo establecido por la legislación: La ley electoral en Cuba (la más reciente de 2019 y la anterior de 1992) está elaborada de manera que hace innecesarias las irregularidades, pues no deja espacio a modificaciones en la composición de la Asamblea Nacional.

El verbo elegir en Cuba

Elegir es siempre tomar entre varias posibilidades una o varias consideradas preferibles por quien elige. «Elige tú, que canto yo», cantaba Benny Moré; esto es: Escoge tú, entre cuantas canciones quieras, la que te parezca; de cantarla me encargo yo.

Tengo varias camisas, elijo una para ir a la fiesta, no me las pongo todas una encima de la otra; tengo varios libros para leer en el verano, elijo dos o tres de ellos y dejo los demás para otro momento. En todos los casos, elegí, escogí, seleccioné entre varias opciones una que me acomodó. Es simple sentido común: elijo, selecciono, escojo algo de un todo mayor.

Tomar dos de dos, tres de tres, o todo junto, no es elegir. En cualquier caso, es aceptar como buena una propuesta que me hacen; nunca es elegir, escoger, seleccionar.

Lo sabe cualquier niño de primaria. Sin embargo, para sorpresa de cualquier niño de primaria, hay en Cuba quienes desconocen el significado del verbo elegir: Son los redactores de la ley electoral de 1992 y su actualización de 2019. Y quienes conducen las campañas electorales que vemos y oímos.

A la pregunta: «¿Es válido afirmar que en los procesos electorales cubanos el ciudadano elige a los diputados?», la única respuesta posible es: No.

Elecciones

Antes vimos que, según la ley electoral, las comisiones electorales conforman la nómina de «candidatos». Veremos ahora que los electores tampoco eligen, de esa nómina, a los diputados. El día de la votación, el ciudadano cubano no elije; solo expresa si está de acuerdo, en todo o en parte, con la lista de diputados elaborada por las comisiones electorales.

Según la ley, en el escrutinio de las boletas solo se contabilizan los votos válidos de los votantes que hayan acudido a la votación (al contrario de lo que algunos creen, las abstenciones no inciden en contra de los «candidatos»). No es el universo de personas con capacidad legal para votar lo que se toma en cuenta para los porcentajes, sino el universo de quienes hayan acudido a votar y cuyas boletas se consideren válidas.

Las boletas se clasifican en «válidas», «en blanco», «anuladas», «no utilizadas» e «invalidadas» (artículos 115, 119, 121.1, 123).

Para establecer los porcentajes recibidos por cada «candidato» solo se contabilizan las boletas consideradas válidas (artículo 124). Son «elegidos» los «candidatos» que obtengan la mitad más uno (51%) de los votos en dichas boletas válidas.

Para que la boleta sea válida y sea contabilizada, debe contener un voto, que consiste en que el elector:

a) marque en la casilla que indica que está de acuerdo con todos los propuestos, o

b) marque en la casilla de al menos uno de los propuestos.

Si el elector no escoge ninguna de las dos opciones (vota en blanco) o anula la boleta, esta no es válida y el voto no se cuenta.

Hay quienes, para mostrar inconformidad, anulan la boleta o la dejan en blanco, con lo que hacen todo lo contrario: Contribuyen a aumentar el porcentaje por el cual resultan «elegidos» los candidatos designados por la comisión electoral. Invito a un ejercicio a quienes no lo vean así.

Un ejemplo de votación

Supongamos un municipio con 30 000 habitantes; le corresponden dos diputados en la Asamblea Nacional (artículo 21.1-2). La asamblea municipal aprueba la boleta con los nombres de los dos «candidatos» asignados por comisión electoral a ese municipio. Por ley, uno de ellos debe ser delegado de circunscripción (sería raro que no fuera, además, el intendente). El otro nombre sería una personalidad destacada del municipio: el primer secretario del partido, el jefe de una cooperativa agrícola muy importante, el presidente de la ANAP municipal, etcétera.

Si un diputado en funciones vive en el municipio, y la comisión electoral nacional decidió su continuación en el cargo, él sería el segundo diputado, según la ley.

Digamos que en ese municipio hay 20 000 habitantes en plena capacidad para votar; constituyen el 100% del universo de votantes. Como la ley establece que para ser elegido se debe tener el 51% o más de los votos válidos, las dos personas asignadas al municipio deben recibir, cada una, al menos 10 001 votos (la suma da 20 002, pero, por ser «voto unido», los votos son comunes; en los casos siguientes ocurre lo mismo).

Supongamos ahora que mil votantes deciden no acudir a las elecciones, o no pueden hacerlo por cualquier motivo. El universo de votantes efectivos se reduce a 19 000. Los candidatos ahora solo necesitan 9 501 votos para alcanzar el 51%.

Si otros mil votantes votan en blanco, el universo pasa a ser 18 000, y el 51% se alcanza con 9 001 votos. Si otros mil votantes escriben consignas en la boleta (a favor o en contra), o la inhabilitan de algún modo, el universo se reduciría a 17 000 votantes, y el 51% se alcanzaría con 8 501 votos.

Como resultado, se obtendrá que ese municipio estará «representado» en la Asamblea Nacional por dos diputados que representan, en realidad, a aproximadamente el 42% de los electores (menos del 51% exigido) y a aproximadamente el 28% del total de la población.

Y no hay que olvidar que ellos no fueron propuestos ni nominados por los electores, sino por las comisiones electorales.

(Foto: Juventud Rebelde)

Ante esto, alguien podría pensar que la verdadera trampa electoral en Cuba es la propia ley; dejo al criterio de cada cual afirmarlo o negarlo. Pero lo cierto es que resulta prácticamente imposible que los «candidatos propuestos» no sean «elegidos»: La ley garantiza que lo sean.

Existe una única posibilidad matemática, muy remota, de que alguien no resulte elegido: Votar por solo uno de los nombres de la boleta; es un albur, pero parece preferible a la abstención o el voto en blanco, que, a fin de cuentas, juegan a favor de los «candidatos».

Por este motivo, el inicio de cualquier proceso de democratización en el país pasa ineludiblemente por la abolición de la antidemocrática fórmula del «voto unido».

Una aclaración, pues los jóvenes pueden desconocerlo: El llamado «voto unido» no es la forma originaria de elección de diputados. En los inicios del poder popular esa deformación del proceso electoral no existía. Hasta 1992 las elecciones eran para elegir; como ocurre en todo el mundo; había más candidatos propuestos que escaños a cubrir en el parlamento, y los electores decidían, entre los propuestos, quiénes serían los diputados.

Para sorpresa de todos (y decepción y dolor de muchos), en aquel año se arrebató a los ciudadanos la posibilidad de elegir a sus representantes en la Asamblea Nacional.

A partir de entonces se desarrolló una gigantesca campaña propagandística (que no ha cesado), tendiente a convencer al votante de que la propuesta de las comisiones electorales, el «voto unido», es la más depurada forma de democracia imaginable. Se impuso en los medios la consigna «Valen todos» (tomada del nombre de una telenovela brasileña de moda: Vale todo), y no se ha permitido una única voz discrepante.

La justificación esgrimida, y repetida constantemente, era que la población no iba a votar por «los nuevos cuadros que van surgiendo», sino por «los históricos que ya conoce y en quienes confía».

Poniendo a un lado la subestimación de la capacidad política de los cubanos que la afirmación implica, la realidad era otra: Muchos que hasta entonces seguían ciegamente las iniciativas de los «históricos[ comenzaban a pensar en la necesidad de que, si no todos, al menos la mayoría de ellos cediera su lugar a personas más jóvenes y con ideas más frescas.

La verdad es que, si no hubiera sido por el «Valen todos» de 1992, muchos dirigentes políticos «históricos» no hubieran sido elegidos diputados entonces, pues su imagen estaba gastada. Tampoco lo serían ahora (ni muchos de los actuales diputados «no históricos»), si en los próximos comicios se permitiera a los ciudadanos elegir realmente.

Antes mencioné que fui delegado de circunscripción; también he participado como elector en todas las elecciones, excepto en la primera, por encontrarme en misión en Angola. Aunque no he podido acceder a la ley electoral de 1976, y por ello no he podido hacer referencia a ella, guardo un recuerdo muy fuerte de mi período de mandato (entonces de dos años y medio); lo comparto para mostrar cómo era el proceso en sus comienzos.

Como delegado, participé en la asamblea municipal para la conformación de la boleta de candidatos a diputados que se entregaría a los votantes del municipio. La comisión electoral municipal nos presentó una precandidatura con más nombres que los que figurarían la boleta final. Debíamos, pues, elegir cierto número de ese total (no recuerdo cuántos exactamente); los no elegidos quedarían fuera. Leídas las biografías, elegimos en votación secreta. Realizado el escrutinio, se elaboró la boleta que se sometería a los electores, con más candidatos que escaños por cubrir en la Asamblea Nacional. El día de las elecciones, la población seleccionaría, entre los nombres consignados en la boleta, los que prefiriera como sus representantes en el parlamento cubano.

(Foto: EFE/ Yander Zamora)

En resumen: primero los delegados elegimos en votación secreta, y conformamos una nueva boleta, también con más nombres que escaños a ocupar. De esa boleta la población después eligió (escogió, seleccionó) a quienes la representarían en la Asamblea Nacional. Ese procedimiento democrático se eliminó en 1992, para instaurar el actual, antidemocrático.

Evidentemente, como afirmó el revolucionario portugués mencionado en el artículo anterior, quienes iniciaron el experimento del poder popular se asustaron de su creación. Lo convirtieron en la nulidad que es actualmente. Quien, como yo, haya seguido las sesiones de 2022 de la Asamblea Nacional sabe a qué me refiero.

Finalizo con una anécdota de aquellos inicios. Pienso que es aleccionadora:

Mientras estábamos en el proceso de conformación de la boleta en la asamblea municipal, se comentó que en algunas circunscripciones se había propuesto que, si el delegado era exitoso en su desempeño y contaba con el apoyo de la gente, no había por qué perder el tiempo buscando más candidatos, pues él iba a ganar de todas formas. A los autores de la iniciativa «El Jefe» les respondió que la propuesta de candidato único era inaceptable, pues, aunque hubiera un único ciudadano descontento con el delegado, este debía tener el derecho a votar por otro, aunque fuera el único voto en contra de ese delegado.

Todos alabamos la claridad política de «El Jefe».

No sé qué habrán sentido en 1992 los demás delegados que oyeron aquella muestra de claridad política; por mi parte, me sentí frustrado y dolido cuando vi en la televisión a ese mismo jefe encabezar la campaña para convencerme de lo democrático que es el «voto unido», y de que «Valen todos».

7 febrero 2023 19 comentarios 2,2K vistas
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Nomina

«El pueblo nomina». Elecciones en Cuba

por Rodolfo Alpízar Castillo 2 febrero 2023
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

Un comienzo esperanzador

En la mitad de los setenta del siglo pasado se inició en Cuba un proceso esperanzador: la sustitución de la provisionalidad institucional instaurada en enero de 1959. El gobierno revolucionario daría paso a otro elegido por el voto libre y secreto, se reinstalarían instituciones democráticas, como las elecciones y el parlamento, y el país pasaría a ser regido por normas legales amparadas por una constitución que sustituiría a la llamada Ley Fundamental, vigente desde febrero de aquel año.

(El hecho de que se proclamara la Ley Fundamental en 1959, y no se repusiera la Constitución de 1940, por la cual derramaron su sangre muchos cubanos, exige un análisis que escapa a las pretensiones del presente artículo).

Haciendo abstracción de razones que la justificaran o no, la extensa provisionalidad dejaba transformaciones necesarias, pero también, como saldo negativo, la pérdida de los hábitos democráticos y su sustitución por un mesianismo raigal, con el añadido de la siembra en el imaginario nacional de un todopoderoso, ubicuo e infalible Estado paternal que, cual dios supremo de una nueva religión única y verdadera, vela por el bienestar de todos, y cuyas decisiones son por naturaleza justas, sabias y las mejores posibles, padre infalible que no admite contradicción y castiga ejemplarmente a los discordantes.

Las consecuencias de tal provisionalidad/religiosidad fueron terribles en el campo económico por los abundantes disparates (Ofensiva Revolucionaria de 1968, Zafra de los Diez Millones, Cordón de La Habana, deforestación de oriente a occidente, intento de desecar la Ciénaga de Zapata…), pero analizar ese tema corresponde a los economistas. Solo deseo resaltar que el mesianismo y el aventurerismo económico cultivados en aquella provisionalidad fueron devastadores para la formación del sentimiento de ciudadanía.

El proceso de institucionalización era la esperanza de que el país se encaminara por la senda del desarrollo económico armónico y del renacer de la conciencia ciudadana.

Nomina

(Imagen: Las Razones de Cuba)

El proceso de institucionalización de los setenta

Uno de los líderes de la Revolución de los Claveles declaró en una entrevista, a fines del siglo XX, que la dirigencia cubana había echado a andar una experiencia de poder popular totalmente innovadora, pero después se había asustado con ella. Mientras más tiempo pasa más razón le doy.

La idea de que fueran los propios vecinos quienes propusieran y eligieran a sus dirigentes inmediatos y a sus representantes en los máximos órganos de poder del Estado, en elecciones bajo el control de comisiones también elegidas popularmente, todo ello sin la intervención del único partido existente, auguraba la posibilidad de una experiencia democrática verdaderamente novedosa. Dejaba atrás la representatividad multipartidista burguesa y desterraba el centralismo monopartidista estalinista. La existencia misma de un partido político podría llegar a ser innecesaria.

La consigna «El poder del pueblo, ese sí es poder» anunciaba el regreso de la democracia ateniense del ágora, ahora generalizada a todas las capas de la población. En el criterio de muchos, en ese sentido apuntaba la discusión popular de los principales documentos de la institucionalización.

La propaganda en un solo sentido, más la real necesidad de dotar al país de instituciones representativas, unidas al capital político acumulado por quienes habían derribado una dictadura, contribuían al respaldo mayoritario al nuevo proyecto e impedían escuchar las voces discordantes.

Algunos objetaron la dificultad que entraña el hecho de que quienes tomaron el poder mediante las armas dirigieran un proceso que los relevaría de la conducción del país, pero esos «agoreros de la mala suerte» no contaron con acceso a medios donde argumentar, y pocos pudieron oírlos. Los demás confiábamos en el buen criterio y el sentido democrático de los gobernantes.

Ilusionados (y sobre todo, ilusos, como veríamos después), muchos nos entusiasmamos y nos llenamos de orgullo porque nuestra patria sería la cuna de una nueva Utopía, real, posible, no la ficticia de Moro.

Se discutieron leyes y documentos, se aprobó una nueva Constitución, se realizaron las primeras elecciones para el poder popular, se constituyó la Asamblea Nacional… El gobierno revolucionario nacido de un enfrentamiento armado cedía el lugar al surgido de la institucionalización del país.

(Al respecto, siempre me llama la atención que las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores lleven el encabezamiento «El gobierno revolucionario de Cuba declara…», pues hace décadas ese gobierno revolucionario fue sustituido por otro surgido de las urnas).

Nomina

La nominación de «candidatos» a diputados de la Asamblea Nacional

Con independencia de las manipulaciones y otras deformaciones que cualquier sistema electoral presente, en mi criterio, lo más democrático siempre será que los ciudadanos mismos nominen los candidatos entre los cuales elegirán libremente a sus representantes, y no las cúpulas partidarias o de organizaciones o instituciones autorizadas por el Estado.

Soy un convencido de que ningún sistema partidista (mono-, bi-, tri- o multi-) es realmente democrático. Para mí, verdadera democracia solo existe si ella no se convierte en el modo de vida de los supuestos representantes de los electores, como ocurre en todas partes, incluido nuestro país. No sé cómo se podrá llegar a ello, pero considero que debe pasar por la nominación/elección libre de candidatos por la población, no por cúpulas partidarias o de «organizaciones de masa» que responden al partido que está en el poder, como ocurre entre nosotros, donde, para completar, solo se permite un partido.

En Cuba ocurre una curiosa contradicción entre la fórmula para elegir a los delegados de circunscripción y la aplicada para elegir a los diputados: Los candidatos a delegados de circunscripción son nominados por los propios electores, quienes después eligen, entre esos nominados, a sus representantes en la asamblea municipal. Ello permitió, por ejemplo, que mis vecinos me propusieran y me eligieran en otro tiempo. Es decir, el primer paso para la conformación del poder en el país es lo más democrático que se pueda pensar, al menos en teoría. (Durante mi mandato tuve variadas experiencias de lo positivo y lo negativo del sistema, pero ese es otro tema).

Ese proceso, sin embargo, sufre una transformación radical cuando se trata de los diputados a la Asamblea Nacional, «órgano supremo del poder del Estado» (Constitución vigente, artículo 102). La ley electoral impide a los ciudadanos la posibilidad de nominar a los candidatos a representarlos en ese órgano. Con ello borra, veo yo, la alegada superioridad frente a los sistemas electorales de otros países.

(Nota: Como lego que soy, también encuentro contradicción entre la afirmación del artículo 102 constitucional, que cito, y el artículo 5, pero esa no parece ser la opinión de los constitucionalistas cubanos que la elaboraron).

A pesar de lo afirmado por la propaganda, la preparación de la relación de candidatos a diputados en Cuba no se diferencia en esencia de cómo se hace en cualquier otro país en que existan votaciones. Digo «votaciones», y no «elecciones», por lo que explicaré en artículo posterior. De momento me detengo en el proceso de nominación, pues es el más invocado por los medios de difusión.

La propaganda oficial afirma que el sistema cubano es el más democrático existente porque en otros países los candidatos a parlamentarios son propuestos por las cúpulas partidistas, y en Cuba el partido (el único permitido) no postula, sino las «organizaciones de masa».

La afirmación es innegable. E inexacta.

Ante todo, no es cierto que todas las organizaciones postulan; postulan solo las reconocidas por el gobierno al frente del cual está el partido que, se afirma, no postula. Y ni siquiera están todas las reconocidas, solo las autorizadas para postular, cuya relación establece la ley electoral (artículos 180 al 188 de la ley 127 de 2019).

Tampoco son las bases de las organizaciones autorizadas por la ley quienes nominan. Nominan las cúpulas dirigentes de esas organizaciones (los «plenos» de las organizaciones, establece la ley), pues esas cúpulas, siempre según la ley, designan a quienes conformarán las comisiones electorales. Y esas comisiones nombradas por las cúpulas conforman la lista de nominados. O sea: Las comisiones electorales designadas por las cúpulas deciden los «candidatos» que, invariablemente, después resultan «elegidos».

¿Quiénes son esos nominados?

En primer lugar, quienes encabecen las organizaciones de masa autorizadas a nominar: secretarios generales de la CTC y la FMC, coordinador nacional de los CDR, presidentes de la ANAP, la FEU y la FEEM (curiosamente, la ley no menciona la UNEAC, pero quien sea su presidente siempre será nominado). A sus nombres se suman los de otros dirigentes principales de dichas organizaciones, y otros más mantenidos como reserva, por si en algún municipio los delegados objetan a alguien.

Finalmente, la nómina de «candidatos» se somete a la aprobación de los delegados en las asambleas municipales; estos pueden rechazar alguno(s) de los nombres propuestos, o todos (artículo 191), en votación a mano alzada (no secreta). En ese caso, la comisión presenta otra propuesta, a partir de la reserva elaborada previamente.

Según esto, los delegados (los únicos realmente elegidos en todo el proceso) no tienen derecho a realizar una contrapropuesta. Según la ley, el derecho a proponer corresponde solo a la comisión electoral. (Por cierto, la ley no estipula qué hacer si los delegados rechazan la nueva propuesta. No es olvido: Sus redactores dieron por sentado que nunca sucederá).

La candidatura aprobada en las asambleas municipales es, de hecho, la relación de los futuros diputados, pues el número de candidatos en nómina corresponde obligatoriamente al número de escaños correspondiente al municipio en la Asamblea Nacional (artículo 192). La posterior «elección popular», por tanto, es una formalidad: Una vez que están en la boleta, están «elegidos».

Llegados aquí es pertinente hacer una aclaración: Tampoco es exacto que sean las organizaciones autorizadas las únicas que designan candidatos/diputados:

La ley establece que la propia comisión nacional de candidatura hace propuestas de «candidatos» a partir de «los actuales diputados y otros ciudadanos en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos» (artículo 180 c). Eso significa, ni más ni menos, que no son los ciudadanos, ni los delegados elegidos por ellos, quienes deciden qué diputados en funciones salen y quiénes permanecen en la Asamblea Nacional, sino la comisión nacional de candidaturas. (Comisión que, no olvidarlo, es designada por los mismos diputados en ejercicio).

Nomina

(Imagen: Asamblea Municipal del Poder Popular en Gibara)

En resumen

Los electores en Cuba no proponen candidatos a diputados: Los proponen las comisiones electorales en los diferentes niveles.

Las direcciones nacionales, provinciales y municipales de la CTC, los CDR, la FMC, la ANAP, la FEU y la FEEM, cuyos máximos dirigentes son diputados en ejercicio, designan a los integrantes de las comisiones electorales encargadas de proponer a los «candidatos» a diputados (artículo 153.1 de la ley).

La comisión electoral nacional decide qué diputados en funciones en cada período de mandato integran la candidatura para la siguiente legislatura y quiénes no. Entre los diputados que han de permanecer se cuentan, por ley no escrita, los máximos dirigentes de las organizaciones que las designaron (CTC, CDR, FMC, ANAP, FEU, FEEM), así como altos jefes militares, ministros y máximos dirigentes de algunas otras organizaciones (como la UNEAC y algunas denominaciones religiosas).

¿En qué aspecto es superior ese método de proponer candidatos al existente en otros países? En otras partes del mundo, las cúpulas de cada agrupación política (sea un partido o una conjunción de fuerzas) seleccionan entre sus miembros a quienes mejor respondan a sus intereses, realizan campañas electorales y los someten al escrutinio de la ciudadanía. En Cuba es diferente, pero la esencia es la misma, con la diferencia de que aquí las agrupaciones «no partidistas» que proponen, responden a los intereses de un único partido que, además, está en el poder.

El método es un poco más complicado tal vez, pero no es superior ni más democrático.

Otra diferencia nos recuerda la propaganda oficial: No se realizan campañas electorales para buscar el favor de los electores. Eso queda para un próximo artículo.

2 febrero 2023 33 comentarios 1,9K vistas
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Votos

Votos para el nuevo año

por Rodolfo Alpízar Castillo 2 enero 2023
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

Existe la costumbre, al menos en países de raíz cultural occidental-cristiana, entre creyentes y no creyentes, de pasar revista cada fin de año a cuanto de bueno o malo le haya acontecido a uno. Junto a ese balance de positivo y negativo se elaboran planes para afianzar o multiplicar lo primero y limitar o disminuir la intensidad de lo segundo.

Individuos, colectividades, gobiernos, participan por igual de esta costumbre; los primeros, por lo general, de forma privada, consigo mismos o con sus allegados. Para colectividades y, sobre todo, gobiernos, es casi una obligación que ese balance sea público, si se habla en términos de democracia.

No recuerdo que tal hábito haya existido en Cuba alguna vez entre las instituciones gubernamentales, pero cualquier momento es bueno para comenzar. ¿Por qué no hacerlo nacer ahora?

Al hábito del recuento y los planes para el nuevo año se uno otro, el de los votos; esto es: la expresión de buenos deseos para los demás en el año que comienza.

Vista la carga de eventos negativos, frustrantes y deprimentes que han signado el año que finaliza, y que nos dejan, como ciudadanos, sin esperanza de mejoría a corto o mediano plazos, me ha parecido útil hacer público un pequeño número de mis votos para el país.

Sé que no alcanzarían, de cumplirse, para sanar las heridas que nos laceran, pero al menos podrían contribuir a la creación de una atmósfera más sana, donde los cubanos, sin dejar de pensar diferente, podamos dar pasos hacia un diálogo ecuménico, hacia el reencuentro entre hermanos, tan añorado por muchos, si bien temido o repudiado en los extremos del espectro político nacional.

Suena idealista, a sueño irrealizable, pero…, ¿no son estas fechas propicias al sueño y el idealismo?

Un comentario previo a los votos

Según la propaganda, los problemas enfrentados por la población son el precio que pagamos por defender «nuestros principios». Por esa defensa sufrimos una guerra comercial y financiera cruel e inhumana, causa principal, casi sine qua non, del fracaso de los esfuerzos gubernamentales por la prosperidad del país.

En otras palabras: el pueblo defiende sus principios, el gobierno defiende al pueblo, y el enemigo extranjero impide que el accionar del gobierno por el bienestar de todos tenga éxito. Por la agresión extranjera, vivir en Cuba es cada vez más un suplicio, y su juventud (¿desconocedora de los principios defendidos por sus padres?) huye en busca de otros horizontes.

Es innegable que defender los principios en que se cree, y sufrir el martirio por ellos si fuera preciso, es una actitud encomiable, y ha dado lugar a muchas obras literarias. Pero ocurre que la vida no es la literatura, y a estas alturas el cubano de a pie no tiene claro de qué principios para la resistencia le hablan.

Por ello, mi voto para 2023, previo a cualquier otro, es: Que quienes dirigen el país enumeren, uno por uno, esos principios por los cuales soportamos tanto castigo.

A las puertas de un nuevo año más desafiante y por tanto más atractivo para todo el que se sienta revolucionario, los invito a trabajar con pasión y con ganas para seguir venciendo imposibles.#VengaLaEsperanza #JuntarYVencer pic.twitter.com/Wag5dCmn7g

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 31, 2022

No es mi intención ofender a las autoridades, pero lo cierto es que los tan mencionados principios por los cuales «resistimos la agresión imperialista» no están claros para el ciudadano simple que pierde día a día el bien más preciado que posee, su tiempo, en buscar alimentos para sí y su familia. Quien discrepe de mi afirmación está invitado a hacer una encuesta en cualquier cola en Diez de Octubre, municipio donde vivo, o en otro que libremente escoja.

Me detengo ahora en dos de esos principios por los cuales, supongo, nos dicen que debemos resistir: soberanía e igualdad. Analizarlos acaso sirva para responder a la pregunta que no pocos se hacen: «¿Vale la pena resistir?».

a) Soberanía

Soberanía significa que el Estado mantiene una política independiente en sus relaciones internacionales.

Por más que busco, nada me indica que seamos más soberanos que cualquier otro país pobre de América, incluso que la propia Cuba de, por ejemplo, la época de Ramón Grau San Martín o Carlos Prío Socarrás (vaya a la prensa de la época quien desee comparar).

¿Ha sido Cuba totalmente soberana alguna vez? Rara vez eso ocurre si no se tiene independencia económica. Nuestra dependencia económica, primero de la Unión Soviética y del came, después de Venezuela, Rusia y quién sabe quién más, me hace dudar de nuestra soberanía plena como Estado.  

Si Cuba fuera realmente soberana, sus medios de difusión no se guardarían tanto de denunciar acciones negativas de ciertos gobiernos, o no estarían tan pendientes de la elección de este o aquel presidente en Estados Unidos. En otro plano, tampoco se mantendría silencio ante acciones repudiables de ciertos «amigos», por un supuesto compromiso ideológico (y también económico en algún grado, por lo general).

Esta no es una afirmación gratuita: Arabia Saudita, Turquía, Rusia o Irán, por ejemplo, han cometido atrocidades (bombardear Yemen o descuartizar a un periodista, el primer país; invadir Siria o Ucrania, los dos siguientes; asesinar mujeres, o condenarlas a muerte por no usar el velo, y ahorcar opositores, el último), pero nunca se ha producido la correspondiente declaración oficial de condena del gobierno cubano.

Tampoco hubo pronunciamiento de ninguna de las instituciones culturales, sociales, etc., cubanas, en relación con el caso Ayotzinapa (por el contrario, el señor Peña Nieto pronunció uno de los discursos de elogio póstumo en las exequias del ex presidente Fidel Castro). ¿Decisión soberana del Estado cubano, o compromiso económico?

Sin llegar a tanto, nunca un sincero amigo de Cuba y de su gobierno, el poeta Ernesto Cardenal, recibió la menor muestra de apoyo oficial, al menos de las instituciones culturales del país, mientras fue perseguido y atropellado por el gobierno nicaragüense, a pesar de su edad avanzada y frágil salud. Murió sin recibir la solidaridad de un país que se define como soberano, pero que no podía criticar a un presidente «amigo».

Lamento si ofendo a alguien, pero no veo cómo puede ser soberano en sus decisiones un país con tanto compromiso político o económico.

b) Igualdad/equidad

El discurso sobre la igualdad adolece de un mal de inicio: La igualdad total no existe, ni en nuestro país ni en ningún otro, ni puede existir sin convertirse en injusticia.

Haciendo abstracción de algo tan elemental, pensemos en la igualdad desde un punto de vista menos teórico. En Cuba hay igualdad según la Constitución, pues todos tenemos el mismo derecho a la salud, la educación y el deporte (y a la alimentación, la vivienda, etcétera), pero la práctica, esa tan testaruda y materialista condición, no parece demostrarlo. Y la práctica es el criterio de la verdad, según el marxismo (por si alguien lo olvidó: Oficialmente en Cuba se sigue la ideología marxista).

Pasemos por alto las carencias de todo tipo de nuestras instituciones sanitarias y educacionales, el deterioro de sus instalaciones, la ausencia de medicamentos y las deficiencias en la formación de educandos y profesores. Olvidemos además que instrucción y salud públicas existen en muchos países, no son privativas del nuestro.

En cambio, preguntémonos: ¿Es cierto que todos tenemos igual derecho a ellas? ¿Todos por igual podemos ser atendidos, por ejemplo, en el cimeq, o solo los pertenecientes a ciertos círculos de ciudadanos privilegiados? ¿Los familiares de los altos cargos gubernamentales, partidarios o de las llamadas organizaciones de masa tienen que hacer colas desde la madrugada para ver si alcanzan a comprar el medicamento que necesitan para su enfermedad crónica?

Las respuestas son obvias.

En cuanto a la educación, la consigna «La universidad es para los revolucionarios», ¿no establece una desigualdad por motivos ideológicos? ¿Y la expulsión de profesores por no seguir determinados criterios políticos o filosóficos? Respuesta obvia, nuevamente.

Sinceramente, considero que un principio de igualdad donde unos ciudadanos son «más iguales que otros» no amerita ni justifica el sacrificio de nadie.

Es evidente, pues, que soberanía e igualdad no son los principios por los cuales nos sacrificamos (o nos sacrifican); entonces, ¿cuáles son?

No tengo respuesta. Por tanto, deseo que en 2023 las autoridades respondan a esa pregunta y nos actualicen la lista de los principios en defensa de los cuales el pueblo de Cuba sufre.

Votos

Considero que un principio de igualdad donde unos ciudadanos son «más iguales que otros» no amerita ni justifica el sacrificio de nadie. (Foto: Cibercuba)

Por último, mis votos para 2023

  1. Amnistía

Ante todo, deseo que el año comience con una amnistía general para los encausados por causas políticas sin excepción, en especial para los participantes en las recientes manifestaciones antigubernamentales.

A las familias rotas por una emigración desmesurada, en su mayoría constituida por jóvenes, se suma en los últimos años la cantidad no despreciable de las que se ven afectadas porque algunos de sus miembros (también en su mayoría jóvenes) se encuentran en prisión. Sabemos que hubo quien se aprovechó de las manifestaciones para cometer actos delictivos, pero incluso ellos forman parte de familias que sufren, y además tienen derecho a una oportunidad de recomenzar su vida. La prisión es castigo, pero no escuela de hábitos ciudadanos.

Por ello, el Estado debería decretar una amnistía política general, y reevaluar las condenas de quienes participaron en acciones violentas. Con esa medida no daría una muestra de debilidad, como parece temer, sino todo lo contrario: El castigo puede ser una muestra de fuerza, pero el perdón es siempre una prueba de superioridad moral.

  1. Abolición de la pena de muerte

Es inconcebible que un ministro de justicia afirme en público que fusilar opositores o delincuentes es «una necesidad» de su país, y vergonzoso resulta que ningún parlamentario o jurista discrepe de sus palabras. Pero ello ocurrió a mediados de año, en plena sesión de la Asamblea Nacional.

Si sinceramente el ministro cree en la necesidad de la muerte de ciudadanos para el bienestar del país (obsérvese que usó el término país; o sea, tanto el Estado como sus instituciones, los ciudadanos, etc., usted y yo incluidos), el gobierno debe llamar a referendo de inmediato, para conocer si ese es también el sentir mayoritario de la ciudadanía.

La pena de muerte es reprobable desde cualquier punto de vista político, jurídico, ético, hasta práctico, y desobedece uno de los diez mandamientos obligatorios para la religión declaradamente profesada por no pocos de los diputados presentes en la mencionada sesión de la Asamblea Nacional.

Incluirla en el Código Penal significa un retroceso jurídico para la república; hiere los sentimientos religiosos y humanistas de gran parte de la población, y significa colocar la legalidad del país bien atrás en el panorama jurídico internacional. Además, su énfasis en los delitos políticos es escandaloso.

Para completar, es una vergüenza la manera en que se aprobó por la Asamblea Nacional, demostrativa de que los diputados desconocen el articulado de la Constitución que juraron defender, y con apenas una única, muy tímida, voz discordante.

Recordemos que la Constitución de la república nacida el 20 de mayo de 1902 prohibía expresamente la pena de muerte por motivos políticos; la de 1940 la limitaba a delitos cometidos por militares y a espías en tiempo de guerra contra nación extranjera. En cambio, en un retroceso jurídico de marca mayor, en 2022 se ha aprobado su uso generalizado, en cualquier momento, y principalmente para delitos políticos.

Deseo para este año que el Consejo de Estado, en uso de sus facultades constitucionales, emita un mandato que modifique el Código Penal recién aprobado y elimine de él cualquier mención a la pena de muerte, por la causa que sea. Ello demostraría que el Estado cubano actual es, además de moderno, fuerte, se siente seguro de sí mismo, y no resulta, en temas jurídicos, menos progresista que la república nacida hace 120 años.

  1. Garantía jurídica para los artículos 52, 54 y 56 constitucionales

Uno de los elementos que conspiran contra el entendimiento nacional y colocan a Cuba lejos de la definición de Estado de derecho, es la injustificada demora en aprobar la norma que garantice el disfrute ciudadano de lo dispuesto en los artículos 52, 54 y 56:

Artículo 52. Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

Artículo 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión.

Artículo 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.

Estos son derechos constitucionales que se explican por sí mismos. Si el cubano es, como afirma la Constitución, un Estado de derecho, no hay necesidad de argumentar por qué debe existir una norma que garantice el eficaz cumplimiento de unos derechos tan comunes en cualquier país civilizado, incluso en los que no son un modelo de democracia y participación ciudadana.

Llegados aquí, vale hacer una llamada de atención contra la posible tentación, en los legisladores, de elaborar la norma no para protegerlos y asegurarlos, sino para acotarlos y limitarlos, para mediatizarlos, lo cual sería totalmente antidemocrático.

Esta advertencia no surge de la nada; hay razones para temer esa tergiversación. No olvidemos que, a pesar de lo establecido en la Constitución, hay ciudadanos cubanos a quienes se les niega la posibilidad de entrar en el país, sin que exista sentencia firme al respecto de tribunal competente previamente constituido. Al menos en un caso, hubo público reconocimiento de las autoridades, pero no rectificación, sino reafirmación oficial de la violación del derecho; en otros existe silencio ante las denuncias, pero los hechos están ahí.

No olvidemos, además, la presencia, en el Código Penal recientemente aprobado, del artículo 120.1, referido al «uso arbitrario de derechos constitucionales», cuya redacción se presta a todo tipo de interpretaciones contra el libre ejercicio de los derechos establecidos en la propia Constitución, y la presencia, además, del artículo 431.3. h), que estipula prisión de seis meses a un año, multa, o ambas penas, a quien promueva la abstención en los procesos electorales…

Esto último parece fantasía, pero es cierto: En el Código Penal actual se establecen penas contra algo que no es ilegal, ya que el voto no es obligatorio en Cuba. ¿Lo sabían los ilustres juristas que redactaron la ley? ¿Leyeron el Código Penal los diputados que lo aprobaron por unanimidad?

Realmente, asusta la posibilidad de que nos hayamos convertido en un Estado anómico.

Al publicar mis buenos deseos por el inmediato establecimiento de una norma para la protección de los artículos 52, 54 y 56, es necesario que los legisladores tengan bien claro que no se trataría de una norma para limitar derechos, sino para asegurarlos. Que no imponga restricciones, sino adecue esos derechos constitucionales a principios lógicos de convivencia ciudadana.

Por ejemplo, la norma debe indicar a partir de qué número de manifestantes esperados, y circulando por qué vías, los organizadores deben solicitar permiso a las autoridades; o la obligatoriedad, en caso de manifestaciones muy numerosas, de tomar medidas para evitar accidentes o acciones fuera de control; también debe recoger la obligación de la autoridades de colocar agentes del orden debidamente identificados en lugares donde posibiliten el normal desarrollo de la manifestación masiva, no para impedirla.

También la norma debe establecer la exención de solicitud de permiso previo a manifestaciones individuales o de pocas personas por lugares donde no afecten la circulación pública. Al igual que ocurre en otros países, cualquier individuo, o pequeño grupo de individuos, ha de tener reconocido su derecho a pararse en un lugar público con un cartel o un altavoz a expresar pacífica y respetuosamente su opinión sobre cualquier asunto de la política local o nacional, incluso internacional, que considere de su incumbencia. Y para ello no hay por qué solicitar ningún permiso.

Desde luego, las medidas expresadas en la norma han de ser exactamente las mismas para manifestaciones de protesta o queja por la actuación gubernamental y para manifestaciones de apoyo al gobierno. Otra vez más, la igualdad no puede ser solo para un tipo de ciudadanos.

Votos

Deseo que los diputados, antes de jurar la Constitución, la estudien, y en su labor en la Asamblea Nacional actúen en consonancia con ella y su compromiso con el pueblo. (Foro: Parlamento cubano)

Otros votos por el reencuentro entre cubanos

Los votos anteriores pueden ser cumplidos sin mayor dificultad y en un corto plazo, si el Estado cubano decide demostrar que la consigna «pensar como país» es algo más que eso, una consigna.

Deseo mucho más para Cuba en este comienzo de año. Por ejemplo, me gustaría que no se repita la decepcionante experiencia de las dos últimas sesiones de la Asamblea Nacional; que se elimine de la ley electoral la antidemocrática fórmula de elección de diputados, y se establezca la potestad de las asambleas barriales para elegirlos (única forma realmente democrática de hacerlo); que se devuelva a la palabra elección su verdadero significado de selección entre varias posibilidades, y se elimine el tergiversado, antidemocrático e irreal principio de «valen todos», impuesto en los años noventa; que los diputados, antes de jurar la Constitución, la estudien, y en su labor en la Asamblea Nacional actúen en consonancia con ella y su compromiso con el pueblo; que promuevan normas y no se limiten a aprobar lo que les propone el gobierno; que discutan, discrepen y mantengan su opinión frente a quien sea, pues ellos representan, o debieran hacerlo, a la ciudadanía, no a un gobierno, un partido o un funcionario, por encumbrado que se encuentre.

Por otra parte, me gustaría que se eliminen las leyes no escritas que impiden a las mujeres alcanzar el grado de general en las fuerzas armadas o asumir la máxima responsabilidad en determinados ministerios (Salud, Cultura, Interior, Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas, Economía, Primer Ministro, etc., o de organizaciones como ctc, cdr, anap, uneac…), o la presidencia de la república o de la Asamblea Nacional.

Nada de lo que pido en estos votos exige algo más que la decisión gubernamental de realizarlo y poner al Estado en consonancia con su definición como Estado de derecho.

Sospecho, sin embargo, que al terminar 2023 poco o nada de esto se verá realizado. Pero expreso estos votos porque considero que el único esfuerzo inútil es el que no se realiza.

Está claro que ellos no resolverán la dolorosa crisis que vive el pueblo cubano, si no se acompañan de otras acciones. Pero opino, como afirmé al inicio, que pueden servir para que la atmósfera nacional sea más respirable y podamos acercarnos, unos y otros, a conversar, a discutir con respeto, a buscar entre todos una salida no violenta, no dolorosa, a nuestra insostenible situación actual.

Mi voto final es que quienes ocupan las más altas responsabilidades al frente del país atiendan la voz del pueblo de una vez, dejen de mantenerse en el mismo círculo de opiniones, y actúen en consonancia. Que no olviden con tanta frecuencia que no son los jefes del pueblo: Son solo sus servidores más encumbrados.

2 enero 2023 20 comentarios 1,6K vistas
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Códigos

Entre códigos y ciudadanía

por Rodolfo Alpízar Castillo 5 diciembre 2022
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

No por previsibles, menos descorazonadoras fueron las declaraciones de tirios y troyanos al concluir el proceso que llevó a la aprobación del código familiar sometido a referendo.

Por una parte, el acostumbrado discurso triunfalista oficial proclamó el resultado como muestra de apoyo popular a la gestión gubernamental. Se vislumbraba un aluvión de mensajes llamados a convencernos de ello, pero el ciclón Ian, con sus destrozos y las imprescindibles tareas de recuperación, impidió que esas aguas nos inundaran.

Por su parte, los más acérrimos opositores públicos al código (ciertos grupos religiosos ultrarradicales) publicaron un comunicado donde se proclamaron victoriosos contra el código; para demostrarlo establecieron una relación de igualdad entre abstenerse, votar en blanco o anular la boleta y oponerse al código. Así, lo que en otros países se considera formas de castigo a la gestión gubernamental dejó de serlo para convertirse en rechazo al código. Con tal de atribuirse un triunfo, se erigieron (¿consciente o inconscientemente?) en defensores de un gobierno que supuestamente impugnan.

Y a quienes estuvimos por la aprobación del código, sin importar signo ideológico, los ultrarradicales nos advirtieron en un comunicado que «lo mejor está por llegar». Por si no entendimos el mensaje, nos recuerdan: «¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! Hebreos 10:31».

El juego del gana-pierde

Unos y otros saben que la aprobación del código no significó, ni de lejos, apoyo a la gestión gubernamental. De hecho, muchos opositores se decantaron a favor de él. Denunciaron el proceso como un intento de presentarlo a la opinión extranjera como ejemplo de vocación democrática, pero entendieron que la derrota del código afectaría los derechos de muchos ciudadanos. Pusieron a un lado las discrepancias políticas y se alinearon en favor de los discriminados. Actuaron como ciudadanos.

(También es un hecho que, entre quienes apoyan al gobierno, por convicción o conveniencia, algunos estaban en contra del código, aunque callaran en público para no aparecer como opositores).

El código, a fin de cuentas, es un acto de justicia hacia ciertos grupos de la sociedad, y ni siquiera se debió llevar a votación popular, como muchos afirmamos públicamente.

El proceso de discusión popular (pasemos por alto el derroche de recursos financieros y logísticos que significó, en el peor momento posible para la economía) era una buena oportunidad de mostrar al país como avanzado en materia legal y democrática ante el resto de las naciones, y se aprovechó. En los discursos ante organismos internacionales, y en la propaganda nacional, los funcionarios gubernamentales se encargaron de reafirmarlo, no descubro nada al mencionarlo.

Como he comentado antes, la aprobación del código era un tanto a favor de quien lo promovió. Si se rechazaba, la oposición se mostraba como antidemocrática, y el pueblo como no preparado para la democracia. El triunfo quedaba asegurado.

Códigos

Los más furibundos opositores al gobierno, los que se niegan incluso a reconocerlo como interlocutor en cualquier opción de democratización futura, se lanzaron, sin embargo, a un juego cuyo resultado, cualquiera que fuera, se revertiría en un triunfo para ese mismo gobierno que rechazan.

¿Tenían opción? Siempre la hay. Opositores más inteligentes la encontraron: Oponerse al gobierno, no a más derechos para más personas. Mostrar apoyo crítico al código. Aprovechar el espacio democrático, por estrecho que fuera, como palestra desde donde reclamar otros derechos o criticar determinadas realidades. Esto es: Actuar como ciudadanos.

Ciertamente, no todos entraron de forma irreflexiva al juego; algunos vieron en él la oportunidad de consolidarse como fuerza política influyente en el país: Son los enemigos no solo del matrimonio igualitario, sino también de la educación sexual, del aborto, del divorcio, del empoderamiento femenino, de las disidencias sexuales: los defensores a ultranza del patriarcado.

Con el proceso de discusión de la Constitución, los grupos religiosos opuestos de manera más radical al artículo 68 jugaron su propio juego, vencieron, y se alistaron para empeños mayores. Finalizado ese proceso, eliminado el artículo de la Constitución, crearon su propia estructura, anunciaron que seguirían su propio camino, y reclamaron el reconocimiento de las autoridades, aduciendo que la institución ecuménica reconocida por el Estado como interlocutora no los representaba.

La discusión del código familiar les facilitó la coyuntura esperada. Aprovechando la oportunidad proporcionada por el intento de desviar la atención de modo que el penal pasara inadvertido, se sumaron a ello y mostraron estar listos para empeños mayores. No pasará mucho tiempo antes de que comencemos a ver las campañas contra la educación sexual y el aborto…, y las que seguirán.

Quienes se sirvieron de esos grupos no deberían ignorarlo: El paso final es la disputa del poder. Ya se lo han arrebatado a los sectores religiosos más consecuentes con la verdadera doctrina, la del amor a los semejantes, y no se detendrán. En varios países lo han logrado; el nuestro puede ser uno de los siguientes.

La nación cubana, cristiana en su formación, pero nacida laica como república, puede llegar a convertirse en una teocracia, abierta o solapada, si esos grupos continúan fortaleciéndose. Las condiciones de miseria material en que vive una parte importante de la población es el mejor caldo de cultivo para ello.

Quien piense que esto es exageración, pregúntese cuándo se vio en nuestro país cultos religiosos con guardias de seguridad. Al menos un video en redes sociales los mostró en pleno funcionamiento, con vestuario identificativo incluido.

Ciudadanía en Cuba: ¿un camino vedado?

Los cubanos no tenemos idea del verdadero concepto de ciudadanía; al menos, no lo conocemos en la práctica. Es algo que se aprende haciendo, y nosotros nunca llegamos a aprenderlo del todo. Un golpe militar nos arrebató la posibilidad hace unos setenta años, cuando estaba en proceso de formación, y nunca retomamos esa vía. La sustituimos por ideologías de diferentes signos, y por ellas nos guiamos hasta hoy.

En 2004 tuve el honor de traducir el premio Casa de ese año, Ciudadanía en Brasil. El largo camino, de José Murilo de Carvalho. Confieso que me asusté al leer la introducción: ¡Aquel historiador estaba hablándome de Cuba! Casi nada de lo que para él era ciudadanía lo veía yo en mi país. «¿Qué somos?», me preguntaba mientras leía.

Desde entonces, no ha habido momento en que no me haga la pregunta. Pero ninguna de las respuestas posibles es tranquilizante.

La discusión del proyecto de Constitución primero, y del código familiar después, son la más reciente afirmación de que los estamos lejos de ser ciudadanos.

En estos momentos lo somos menos que nunca.

Las extraordinarias carencias de lo más elemental para la mayoría de la población, que obligan a millones de personas a invertir sus escasas fuerzas y gran parte de su tiempo en la lucha por la supervivencia, han llevado a que el motor que mueve a muchos en su cotidianeidad no sean ideas abstractas como «democracia», «elecciones libres», «representación ciudadana», ni siquiera «derechos» o «libertad de prensa y expresión», sino las muy concretas de cómo hacer para que los niños lleven merienda a la escuela, o cómo garantizar hoy el plato de comida a la familia.

Nuestra «ciudadanía» actual, alguna vez en construcción, se ha transformado en una ciudadanía del consumo. Quiero vivir, quiero comer, quiero vestirme. Quiero consumir alguna vez lo que otros consumen todos los días en razón del parentesco o la posición, en un país de pregonada igualdad.

Códigos

(Foto: elTOQUE)

En tales circunstancias, había poco espacio para discernir qué objetivos se perseguían cuando se nos presentaba, con abundante visibilidad y despliegue propagandístico, un código tan moderno que parece hecho para un país nórdico, y a la par se deslizaban otros, entre ellos uno que insiste en mantener al país entre los más atrasados en derecho penal.

Cuando lo importarte es saber si levantándose uno de madrugada puede adquirir un poco de comida para alimentar a los hijos, no interesa cuál es el camino hacia la ciudadanía: Interesa la cola del pollo.

El antecedente constitucional

Con el proceso de discusión del código familiar se asistió a un extraño connubio entre los sectores más recalcitrantes de los dos polos principales de la confrontación política nacional. Uno pretendía hacer una demostración de fuerza; el otro, pasar por debajo del tapete un código que acaso podría llamarse «de la muerte» (como par del otro, llamado «del amor» por sus promotores).

Algunos lo afirmamos desde el principio: El contenido del código familiar nunca fue el principal objetivo de las campañas. Discursos, propaganda, discusiones o movilizaciones a favor o en contra, sumados a las carencias y miserias presentes en la cotidianidad del cubano, sirvieron para ocultar los verdaderos objetivos de unos y otros. Se repitió el experimento social realizado durante el proceso de discusión de la Constitución.

Si el artículo 68 no hubiera aparecido en el proyecto constitucional no hubiera ocurrido nada. Si solo hubiera declarado: «El Estado reconoce y protege a las familias, cualquiera que sea su forma de organización», como expresa la versión final, no hubieran existido las interminables discusiones que la redacción original provocó.

Pero entonces no se hubiera convertido en el gran distractor que fue.

Los grupos homofóbicos, dentro y fuera de las denominaciones religiosas, se lanzaron de inmediato contra el artículo. La atención se concentró en él. Elementos fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía (reformas a la Constitución, libertad de prensa, de expresión, de manifestación pacífica, la concepción misma del Estado…) apenas fueron analizados. En las reuniones barriales casi no quedó espacio para algo que no fuera exponer criterios a favor o en contra del artículo 68, convertido en la estrella del momento.

(Cabría preguntarse a quién se le ocurre pensar que en una reunión barrial puede discutirse, con la seriedad y el detenimiento que el tema exige, un anteproyecto de Constitución con más de doscientos artículos, más incisos, y disposiciones especiales, transitorias y finales. La respuesta es obvia: Se le ocurrió a alguien no interesado en esa seriedad y ese detenimiento).

En mi criterio, la «derrota» del artículo 68 estaba pensada desde siempre. De otro modo no tiene explicación que, en un país donde tanto gobierno como opositores consideran hecho extraordinario la aparición de un cartel «disidente» en algún muro, donde la propaganda opositora es tenida como delito, y cualquier movilización contra una medida gubernamental es parada en seco de inmediato, las calles se vieran recorridas por grupos de opositores al artículo 68, en los centros religiosos se pronunciaran discursos en su contra audibles a cuadras de distancia, y en lugares públicos apareciera la consigna «Estoy por el diseño original», con el dibujo correspondiente.

Nadie fue molestado por los agentes del orden mientras realizaba tales labores de proselitismo contra el artículo 68. Si eso no se llama connivencia, no imagino qué otro nombre tendrá.

El artículo 68 no fue un «error táctico», como alguna vez oí afirmar. Cuanto sucedió alrededor de él era esperado. De otro modo no se explica por qué no se permitió la discusión del anteproyecto en espacios más apropiados que una calle, y en horarios que no compitieran con la telenovela de turno o la preparación de los hijos para dormir.

O por qué se impidió que los intelectuales expusieran sus puntos de vista en el seno de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y se acusara de elitistas a quienes insistieron en ello.

No, eso no fue error táctico: Fue una estrategia diseñada para obtener un objetivo preciso, para desviar la atención del contenido principal.

Quienes no estaban interesados en una discusión profunda obtuvieron el resultado esperado: Si bien la Constitución de 2019 es preferible a la de 1976, deja mucho que desear, y contiene elementos contrarios al concepto de Estado de derecho que proclama. En ese resultado fue fundamental el apoyo de los sectores ultraconservadores dentro de las denominaciones religiosas: Un verdadero matrimonio de conveniencia.

Algo similar al proceso constitucional, aunque no exactamente igual, lo vimos después, con la discusión del código familiar.

Códigos

El sigiloso andar de un código

En un artículo anterior, afirmaba: «…admitamos en teoría que democracia verdadera es la aplicada con el proyecto de Código de las Familias. Entonces, ¿por qué no vale para el Código Penal?».

Se afirma que los hechos son testarudos. Y los hechos son estos: Mientras la atención de la población andaba distraída en la asfixiante avalancha de propaganda acerca de las bondades del código familiar (la parte de la atención que le dejaba libre la lucha por buscar cómo sustentarse, desde luego), se le daba forma definitiva al proyecto de código penal que aprobaría, en la misma sesión, la Asamblea Nacional.

Según la propaganda oficial, el código penal fue sometido al análisis de jueces y abogados de toda la nación, fue científicamente concebido, y coloca al país en la avanzada jurídica mundial. Pero en ningún momento, ni por asomo, su texto fue hecho circular de mano en mano, ni se promocionó su discusión según el método «más democrático del mundo» aplicado con el código familiar. Mucho menos se llevó a referendo.

La propagada aseguraba que la discusión popular del código familiar contribuía a la educación jurídica de la población. Si eso era así con el «código del amor», ¿por qué no suponer que la discusión del código penal era un modo de educar a la población sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer desde el punto de vista penal? Quién sabe cuántos delitos se podrían evitar con esa educación.

Pero lo que valía para un código no valía para el otro. En una de las contadísimas referencias a él en la televisión, en los últimos segundos de una transmisión dedicada al familiar, el presentador preguntó, bajando la voz, si no era contradictorio que un código se sometiera a consulta popular y el otro no. No había contradicción, fue la respuesta inmediata, pues un código es del amor, y el otro es el que lo respalda. La sonrisa satisfecha del presentador puso fin al programa. Todo estaba ensayado.

El código familiar es mediático, porque contribuye a que la gente conozca sus derechos; el penal no, porque es su respaldo. Usted, que no conoce el contenido, debe imaginar que es tan propio de países avanzados, tipo nórdico, como el familiar.

Pero no es real la supuesta modernidad. Cierto, se ha adecuado en parte a lo que es común en el mundo civilizado, y deja sin efecto elementos como la figura delictiva de «peligrosidad», propiciadora de abusos e injusticias. Pero no va mucho más allá; al contrario, endurece algunas penas y, como muchos hemos señalado, aumenta el número de delitos condenados a pena de muerte, la mayoría de ellos relacionados con la seguridad del Estado.

Unos pocos ejemplos:

Condenar a penas entre seis meses y un año de prisión por promover el abstencionismo, en un país donde no es obligatorio votar, además de absurdo, no tiene nada de moderno, y sí de preocupante, sobre todo porque por «promover» se puede entender cualquier cosa.

Eximir de responsabilidad penal a «quien comete el hecho delictivo al obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de su derecho, profesión, cargo u oficio» (artículo 27.1) no beneficia en nada a la posible víctima, por ejemplo, del disparo de un policía.

Y difícilmente se pueda considerar moderno un texto que alude al «deliberado uso abusivo de los derechos constitucionalmente reconocidos, con fines de subvertir el orden político, económico y social de la nación», otro absurdo que deja a los juzgadores un dilatado margen para la libre interpretación.

La pena de muerte es anticuada, retrógrada, y contraria a los derechos humanos y a los más elevados valores del humanismo. Para el cristianismo, es una violación de los mandamientos de su religión. El papa Francisco se ha pronunciado en ese sentido no hace mucho.

Pero nuestros diputados cristianos la aprobaron, al igual que los ateos.

5 diciembre 2022 14 comentarios 1,6K vistas
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Código Penal

Código penal: Mía es la venganza

por Rodolfo Alpízar Castillo 21 noviembre 2022
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

El Antiguo Testamento recoge esta frase del dios de los judíos: «Mía es la venganza» (Hebreos, 10:30), que puede ser entendida, al menos, en dos sentidos: 1) Soy un dios vengativo y cruel, no me provoques. 2) Nadie que no sea yo está autorizado para la venganza.

Los humanos, y en particular esa creación suya que es el Estado, han desestimado el segundo sentido de la expresión y se han apropiado del primero. A lo largo de la historia y en todas las geografías, particulares e instituciones han hecho abundante uso de ella, en sus varias gradaciones, en ocasiones con el aplauso generalizado y hasta como marca identitaria de ciertos grupos.

La más violenta y definitiva forma de venganza es la muerte; también la única que, una vez aplicada, es irreversible. A lo largo de los siglos la venganza, en particular la de la muerte, ha dejado de ser un atributo individual para serlo de los Estados, quienes, cual si fueran la encarnación del dios de la justicia, se han adjudicado la potestad de castigar. Y de matar.

Con el desarrollo de las luchas por los derechos humanos, el primero de los cuales es la vida, poco a poco los Estados van dejando esa vocación de divinidad y renuncian a su prerrogativa de matar; unos eliminándola definitivamente por ley, otros reservándola para situaciones extraordinariamente graves, como los crímenes de guerra. En el siglo XXI son cada vez más los países que, de hecho o de derecho, abandonan la pena de muerte.

Entre los que la mantienen y aplican con regularidad se cuentan Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Birmania, China, Irak, Irán, Malasia, Pakistán, Rusia y algunos estados dentro de los Estados Unidos.

Como he señalado en otro momento, la tradición constitucionalista republicana de Cuba hasta 1976 era clara en cuanto la aplicación de la pena de muerte. La Constitución de 1901, la primera, prohibía expresamente aplicar la pena de muerte por delitos políticos. La de 1940, por la cual muchos cubanos murieron entre 1952 y 1959, también prohibía la pena de muerte, excepto para los miembros de las fuerzas armadas, por delitos de carácter militar, y para las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera.

La Constitución de 1976, en cambio, era ambigua. No se pronunció al respecto, con lo cual daba lugar a dos interpretaciones muy diferentes: a) No debía haber pena de muerte en ningún caso; 2) los legisladores podían actuar según su leal saber y entender.

La Constitución de 2019 repite la ambigüedad de la que sustituyó. Sin embargo, su artículo 46 prescribe, a la letra: «Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral». Con ese artículo, la referida ambigüedad queda salvada y deja una única interpretación posible a la omisión: La pena de muerte es inconstitucional en Cuba.

La Constitución que clasifica al Estado cubano como Estado socialista de derecho (lo que significa que su poder y su actividad están regulados y garantizados por la ley, y nadie, sea el presidente del país, sea el más humilde ciudadano, está exento de cumplirlas) no contiene la pena de muerte y establece el derecho a la vida.

 

Código Penal

Es de conocimiento común que la constitución es la ley suprema de un país y ninguna norma legal puede estar por encima de ella. No obstante, la Asamblea Nacional aprobó en 2022 un código penal donde la pena de muerte aparece más de veinte veces, la mayoría de ellas referidas a delitos de carácter político.

Si yo, que no soy especialista, observo en ello una contradicción, ¿cómo es posible que nuestros legisladores no la vean? Solo encuentro una respuesta: No desean verla.

El presidente del Tribunal Supremo Popular expresó la razón de no verla, en respuesta al único, muy tímido, planteamiento divergente durante la sesión de aprobación: «El país necesita la pena de muerte».

Nadie preguntó a los cubanos si apoyamos la pena de muerte o no; por tanto, el presidente del Tribunal Supremo Popular no habló por nosotros, sino por el gobierno. En su respuesta, «país» es «Estado», no «ciudadanos», «pueblo» o «habitantes». Es decir, según este funcionario público, el Estado cubano necesita la pena de muerte. Como dios supremo, por su boca el Estado declaró: «Mía es la venganza».

Esto implica un retroceso de más de cien años en relación con la legalidad implantada por la primera Constitución cubana.

El código penal y su paso sinuoso frente a nosotros

Dado que la pena de muerte no está contenida en la Constitución del país, y que el artículo 46 protege el derecho a la vida, si el Estado que se proclama como de derecho deseaba incluirla en el código penal, su obligación era someterla a plebiscito. Hubiera sido un ejercicio democrático importante realizar ese plebiscito y dar la oportunidad de exponer sus argumentos tanto a los defensores como a los opositores a la única sanción penal no reversible, en la cual los errores no tienen subsanación.

La práctica ha demostrado que en Cuba un ejercicio así no es concebible, a pesar de ser procedimiento habitual en cualquier democracia, incluidas las más débiles. Sería la primera vez que se diera oportunidad de expresarse públicamente a los opositores a alguna medida gubernamental, y ello no tiene precedente en seis décadas, salvo en los ejemplos citados de la oposición al artículo 68 constitucional y el código familiar.

En cambio, se movilizaron recursos materiales, humanos y financieros millonarios para la promoción de un código familiar con suficientes elementos para distraer la atención de la población, incluido el plebiscito después de aprobado por la Asamblea Nacional.

Código Penal

Que el código penal apenas llamara la atención fue logro de sus propugnadores, pero ello no quedará sin consecuencias: Las fuerzas homofóbicas más radicales, las contrarias a que la mujer ocupe el lugar que por derecho propio le corresponde en la sociedad, las opuestas a la educación sexual o al carácter laico de la república, fueron las verdaderas vencedoras. Unos y otros lo saben.

No se trata solo de que los opositores al gobierno deberán enfrentar penas más duras como consecuencia de sus actos. Se trata de que muchas conquistas de la república, obtenidas en ciento veinte años de existencia, están en peligro.

Aunque el objetivo se cumplió y las discusiones sobre el código familiar distrajeron la atención de la población, la presentación del código penal ante la Asamblea Nacional significaba una visibilidad imposible de evitar. Puesto que la pena de muerte no es constitucional, tanto por no estar recogida en la Constitución como porque el derecho a la vida está protegido expresamente en el artículo 46, y visto que algunos diputados se han declarado cristianos, cabía esperar una extensa discusión en el considerado órgano supremo del poder popular.

¿Cómo salvar ese escollo?

Ante todo, en un verdadero Estado de derecho, y en circunstancias normales, dicho código penal ni siquiera habría pasado el escrutinio de la comisión encargada de dictaminar sobre el proyecto. De haber pasado, no habría sido aprobado, o se hubiera eliminado de él cualquier mención a la pena de muerte. Ello no ocurrió; en su lugar, se produjeron varias irregularidades:

Primera irregularidad: El diputado Toledo Santander, encargado de leer el dictamen de la comisión parlamentaria correspondiente, citó al inicio de su lectura el artículo 46. En la lectura omitió ex profeso el primer derecho proclamado en el artículo: el derecho a la vida.

Afirmo que lo hizo ex profeso, y no accidentalmente, porque el texto del dictamen no fue improvisado, sino escrito, impreso y distribuido entre los diputados. Además, en razón de su cargo, es de suponer que conoce de memoria el artículo citado, y que por su profesión de jurista sabe que al citar un artículo no se hacen saltos si no se declaran en el lugar correspondiente.

Segunda irregularidad: De la mesa directiva de la Asamblea nadie llamó la atención al diputado Toledo Santander acerca de la mutilación del contenido del artículo 46.

Tercera irregularidad: Ninguno de los diputados presentes, que tenían ante sí el texto impreso del dictamen, realizó observación alguna al respecto. Una grave inferencia de esto último sería que ninguno conoce el texto del artículo 46. O la Constitución vigente.

¿Será que la omisión se produjo precisamente porque los impulsores de la pena de muerte sabían que el artículo 46, leído íntegramente, podía provocar la discusión que no se deseaba? ¿O es mera coincidencia?

Cuarta irregularidad: Una diputada, con mucha timidez, expuso su duda como cristiana, en virtud de los mandamientos fundamentales de su religión. De inmediato, el presidente del Tribunal Supremo Popular respondió con la frase antes citada: «El país la necesita». La diputada se dio por satisfecha y nadie más se refirió al tema.

Código Penal

José Luis Toledo Santander es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular. (Foto: Juventud Rebelde)

¿La pregunta fue hecha para que se oyera la respuesta? ¿Basta la simple afirmación de que «el país (el Estado) necesita» algo para que sea aceptado como bueno por los diputados que conforman la Asamblea Nacional? ¿Se procede así en un Estado de derecho?

Llamo la atención hacia la circunstancia en que la aprobación del código penal ha colocado a la propia Asamblea Nacional y a todo el sistema jurídico del país: En Cuba no existe tribunal de garantías constitucionales. Según la Ley de amparo de derechos constitucionales aprobada por la Asamblea Nacional, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y otras normas jurídicas «es facultad exclusiva de la Asamblea Nacional».

Esto significa que nadie tiene derecho a pronunciarse contra el código penal, por inconstitucional que sea, pues el órgano que lo aprobó es el único facultado, por él mismo, para declararlo inconstitucional. En otro país tal vez cabría la fórmula de disolver el parlamento y convocar a elecciones, pero en el nuestro no existe el órgano con potestad para ello.

Mucho se habla sobre si el Estado cubano es fallido o no. Realmente, no me interesa esa discusión. Para mí, lo verdaderamente grave es que la situación creada con la aprobación del código penal lo sitúa como Estado anómico: Hay una situación de desacato constitucional, pero no existe medio legal de superarla, pues quien desacata es quien decide sobre el desacato.

Y hablamos de la ley mediante la cual se aplican castigos a la actuación del individuo. El ciudadano está desamparado ante posibles aplicaciones atentatorias contra sus derechos, incluido el principal de todos, el de la vida.

Con la puesta en vigor del código penal, la Constitución, apenas nacida, ha sufrido una herida de muerte por quienes juraron defenderla. Y el camino a la ciudadanía plena está cegado para los cubanos.

21 noviembre 2022 23 comentarios 2,5K vistas
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Sí o No

El «Sí» o el «No», ese es el dilema

por Rodolfo Alpízar Castillo 19 septiembre 2022
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

La propaganda gubernamental, unida a la de sus opositores, ha politizado tanto la discusión del proyecto de código familiar, que a veces es complicado determinar qué se dirime con el plebiscito. En mi criterio, para quienes encabezan las campañas por el «Sí» o por el «No» lo menos importante es el propio código y su contenido. Y buena parte de quienes defienden una posición o la otra no sabe en puridad de qué se está hablando.

Gracias a la desacertada, fastidiosa, anticuada y machacona propaganda de los medios de difusión gubernamentales, para el ciudadano común —el que gasta gran parte de su irrecuperable y único tiempo de vida en colas para obtener, si tiene suerte, algo que llevar a la mesa de sus hijos—, el plebiscito es para demostrar el apoyo o el rechazo al gobierno.

En las condiciones sociales y materiales actuales, el «No» como voto de castigo es una posibilidad; la propaganda de los partidarios del rechazo al código apunta a obtenerlo. En las últimas semanas la propaganda oficialista ha atenuado algo los mensajes del tipo «defender las conquistas», que contribuye al «No», pero el daño ya está hecho.

¿Interesa a alguien el código?

Por atañer a la familia, es lógico suponer que el contenido del código interesa a todos, pero alrededor de él se desarrolla una guerra; en las guerras, se sabe, la primera víctima es la verdad. En este caso, lo es porque se habla del código, pero los objetivos son otros. El contenido del código es lo que menos interesa a los núcleos duros de los propagandistas de la aceptación o del rechazo.

Víctimas son quienes cargarán las consecuencias de una mala elección el día del plebiscito, esos cubanos que sufren desde siempre (no solo desde hace seis décadas) discriminación, abuso o abandono familiar. La propaganda, a favor y en contra del código, ha logrado que se olvide ese aspecto y se vea apenas como un instrumento para proteger a los homosexuales, incluso para promover la homosexualización de la sociedad. A veces pareciera que el código está dirigido solo, o principalmente, a la protección de los homosexuales y el feminismo.

Para mí, el principal error en la concepción del código fue la pretensión de elaborar una norma jurídica más adelantada que la sociedad, inmersa en una crisis de larga data cuya superación no se vislumbra. Crisis económica, pero también política, social, ética. Se vive al día, sin importar qué valor pisotear para alcanzar el día siguiente. Principios como solidaridad, amor al prójimo y búsqueda del bien común ceden espacio al egoísmo y la lucha por la supervivencia. El concepto de ciudadanía, nunca asimilado del todo, es prácticamente inexistente.

En tales condiciones materiales y subjetivas se elaboró un código que responde supuestamente a la composición de las familias cubanas, pero descuida la sociedad como un todo, y entabla un combate frontal contra prejuicios y formas de ver la vida que, desde mucho antes de la crisis actual, con mayor o menor fuerza, siempre estuvieron presentes.

Sí o No

La propaganda en su contra ha sabido utilizar el divorcio entre realidad objetiva y código. Un ejemplo del referido divorcio es la insistencia en la sustitución del término «patria potestad» por «responsabilidad parenteral». No sin razón se ha convertido en una de las banderas más enarboladas por los promotores del rechazo. La dolorosa experiencia de décadas atrás con la manipulación del término (operación Peter Pan) debió advertir a los redactores del proyecto, pero la desdeñaron. Junto a ello, la insistencia en los llamados «temas de género» y «matrimonio igualitario» ha sido caldo de cultivo para gran parte de la oposición al código.

Los partidarios del «No» toman en cuenta nuestra historia y la realidad nacional, y son efectivos en sus campañas. No somos nórdicos y desarrollados; somos subdesarrollados, latinos, caribeños. Los detractores no inundan los medios con doctas conferencias y explicaciones científicas, sino trabajan sobre sentimientos, creencias y prejuicios de la población, preferencias políticas y disgusto por la desastrosa situación económica en que vive la mayoría de los cubanos. Machacan sobre ese hierro caliente y moldean conciencias según sus intereses.

Elaborar un proyecto de código a la altura de los países más adelantados del mundo, satisface tanto a sus promotores que han descuidado algo tan elemental. Uno llega a preguntarse qué les interesa más: La modernidad del código, o su efectividad.

¿Qué hay detrás de todo? Un punto de vista personal

Visto sin apasionamiento, existen en el código más razones para aceptarlo que para rechazarlo. Incluso si no hubiera artículos para la salvaguarda de maltratados, excluidos, discriminados y abandonados a su suerte, habría que apoyarlo, pues constituye un estorbo legal al resurgimiento de monstruosidades como las mal llamadas Unidades Militares de Apoyo a la Producción o las expulsiones de estudiantes de las universidades por su preferencia sexual.

Que nunca las autoridades hayan hecho una petición pública de disculpa, no se haya reivindicado la memoria de las víctimas, ni se haya señalado culpables hasta el día de hoy, es indicio de que continúan vivas las fuerzas promotoras de aquellas aberraciones. Quien lo dude, recuerde que una diputada comparó públicamente las UMAP con una escuela al campo.

La aprobación del código y su puesta en vigor, inmediata y sin tergiversaciones, seguida de un reconocimiento público gubernamental por el daño moral y material causado a tantas personas, sería un paso importante en el sentido de restañar heridas, ayudar a reconstruir el cuerpo moral de la patria y evitar la repetición de aquellos horrores.

Los más acérrimos detractores del código esgrimen términos como «unidad de la familia» y «patria potestad», a los que otorgan el significado que no tienen, y echan mano al disparatado término «diseño original», que no responde a ninguna realidad histórica pero moviliza voluntades a partir de la instrumentalización de las creencias religiosas de la población. No obstante, los fines perseguidos con tales consignas no son religiosos ni éticos, son políticos. Como políticos son los fines de muchos de los defensores del código.

Lo advirtamos o no, esta es una guerra por el poder.

Hay quienes defienden el rechazo o la aceptación desde posiciones sinceras, convencidos de lo que afirman. Pero son simples soldados, no generales. Como en todas las guerras, los generales contendientes terminarán saludándose y repartiéndose el botín; los soldados formarán el grueso de las bajas. Me explico:

a) No creo que todo el aparato gubernamental cubano esté por el «Sí». Supongo que algunos lo están, pero otros están por el «No» y callan por conveniencia. A otros más el resultado les es indiferente: Su interés nunca fue el código en sí mismo, sino su instrumentalización. Estos no perderán con un rechazo, pues con la discusión del código obtuvieron la ganancia esperada.

b) A cierta parte de los promotores del rechazo tampoco le interesa el contenido del código, ni su aplicación, sino su instrumentalización (véase la coincidencia). Estos también ya obtuvieron parte de la ganancia esperada, incluso más; no obstante, la apoteosis sería un rechazo mayoritario.

Sí o No

¿Aparato gubernamental, por el «Sí»?

Por más que los ideólogos intenten convencernos de lo contrario, ningún gobierno es monolítico. Se alcanza la unidad de acción en ciertos momentos o espacios, sin embargo, como afirmaban los latinos: «tantas cabezas, tantos pareceres». Ciertos líderes carismáticos agrupan alrededor de sí seguidores incondicionales, pero a la vez crean mecanismos de silenciamiento de la disensión que les garantizan continuar como voz única.

Fuera de esos casos, solo en temas muy particulares puede haber total consenso, y son los que permiten mostrar esa unidad de acción que se suele confundir con unanimidad.

El gobierno cubano no escapa a esa regularidad; cualquiera que observe atenta y objetivamente la realidad actual lo percibe: Que medidas económicas aprobadas por las máximas estructuras partidarias y gubernamentales se postergaran durante diez años, y se aplicaran en el peor momento, es una muestra fehaciente.

En cuanto al código (y antes, la Constitución), se evidencia que hay sectores convencidos del valor y la necesidad de aprobarlo, y otros que se sirven de él para esconder otros fines (pasar a hurtadillas el nuevo código penal, por ejemplo). Estos ya cumplieron sus metas, el resultado del plebiscito los tiene sin cuidado.

Al respecto, vale la pena recordar lo ocurrido durante el proceso constitucional con el artículo 68 (matrimonio igualitario), convertido en distractor que impidió centrar el análisis en factores medulares de la futura Constitución.

Someter a discusión popular un proyecto de Constitución (democracia del ágora) aparenta ser un ejercicio democrático perfecto. Sin embargo, ¿cómo garantizar, en una asamblea barrial, el análisis objetivo del articulado? Técnicamente es imposible. Además, la presencia del artículo 68 en el proyecto auguraba el fracaso de la supuesta participación democrática Pero se incluyó. ¿Con qué objetivo?

Los resultados hacen pensar que el objetivo era, precisamente, restar efectividad a la consulta. Valga un ejemplo: La UNEAC impidió a sus miembros reunirse para discutir el proyecto de Constitución, con el argumento de que la Asamblea Nacional no admitía reuniones sectoriales. Sugerí poner a disposición de los miembros una dirección electrónica adonde enviar propuestas. La respuesta fue una declaración pública de la presidencia de la UNEAC que llamaba elitistas a quienes insistimos en discutir la Constitución en el seno de la organización. Evidentemente, no interesaban los criterios de la intelectualidad cubana sobre la Constitución.

Vale recordar, en cambio, la libertad de expresión, movimientos y actuación de los grupos que, desde supuestos preceptos religiosos, hacían proselitismo contra el artículo 68. La Habana, donde vivo, se llenó de carteles con el lema «Estoy por el diseño original», y de imágenes de familias que supuestamente responden a dicho diseño, así como de otros mensajes contrarios al artículo 68. Por única vez en la historia nacional posterior a 1959, grupos de opositores a una propuesta del gobierno se movieron sin ser molestados por los órganos represivos. ¿Coincidencia?

Como era de esperar, el artículo 68 acaparó la atención en la mayoría de las asambleas barriales, y no dejó tiempo para discutir aspectos vitales de la Constitución. Los intelectuales «elitistas» que pretendíamos ir más allá de ese artículo no tuvimos espacio donde aportar ideas.

Sí o No

La oposición, ¿por el «No»?

Hay personas que no apoyan al gobierno, incluso que se declaran abiertamente contra él o contra el estado de cosas actual en el país, y sin embargo están dispuestas a decir «Sí» al código, por entender que su alcance va más allá de la pugna gobierno/oposición, protege derechos que siempre debieron estar reconocidos, y limita la posibilidad de ver repetidos horrores como las UMAP.

Otros, en cambio, rechazan cuanto provenga del gobierno, sea beneficioso a la población o no, y califican de traidores a aquellos. Muchos de estos suelen denunciar casos de discriminación contra homosexuales, violencia contra la mujer o desprotección de algunos ciudadanos, pero rechazan lo que constituiría un freno legal a tales fenómenos sociales. Se pudiera pensar que no lo hacen por provenir del gobierno, sino por restarles argumentos a sus campañas proselitistas. Su rechazo al código no provendría, entonces, de consideraciones éticas, sino de intereses políticos.

La oposición que en realidad piensa en el bienestar de la población y la búsqueda del reencuentro familiar, por encima de consideraciones políticas o ideológicas, mantiene una actitud constructiva: Está contra el gobierno en cuanto tiene de criticable, pero no se opone a lo que redunda en beneficio de amplios sectores de la población.

Votar por el código no significa apoyar al gobierno. Se puede hacer un llamado a su aprobación desde una oposición: «Estoy contra el gobierno, pero mi interés es el bienestar de la población». Por desgracia para nuestra patria, esa actitud no tiene muchos seguidores, lo que demuestra una vez más que el concepto de ciudadanía está lejos de ser realidad entre nosotros.

Siendo objetivos, ¿el gobierno pierde si se rechaza el código?, ¿aprobar el código significa «lavar la cara» al gobierno, como opinan algunos?

El gobierno no perdería, sino los sectores de la población cuyos derechos protegería el código. El gobierno no necesita que gane el «Sí» para lavarse la cara. Ganó de antemano, y de antemano se lavó la cara cuando dio vía libre al idealismo de un grupo de juristas para redactar un código a la altura de las naciones más modernas. El gobierno ha ganado reconocimiento internacional presentando al mundo el proyecto como muestra de modernidad jurídica, y al proceso de discusión popular como ejemplo de actuar democrático. Eso no se altera porque se apruebe o no. El efecto «lavado de cara» no tiene marcha atrás. Esa es una gran ganancia del gobierno.

Si se rechaza, el «antidemocrático» no sería el gobierno, sino las fuerzas (políticas y religiosas) que se le opusieron, y se demostraría que la población cubana no está preparada para la vida democrática.

Sospecho que ciertos sectores dentro del gobierno apuestan en secreto por el rechazo. Así, con el supuesto apoyo de las mayorías, mantendrían vigentes sus convicciones patriarcales, machistas y homofóbicas. El rechazo sería el triunfo de quienes añoran los tiempos de las UMAP y las expulsiones de las universidades.

Sí o No

Las iglesias, ¿sirviendo a Dios?

Es conocido que fe, religión e iglesia son realidades diferentes, aunque relacionadas. Grosso modo (el tema es más complejo), la fe es individual, la religión es la unión de quienes tienen similar fe, la iglesia es una institución. Las dos primeras pertenecen ante todo al ámbito espiritual, mientras la institución está anclada al mundo material, y tiene dinámicas impuestas por su condición de tal y por sus vínculos con otras instituciones, religiosas y de otro tipo, entre ellas las de poder y las económicas. Las económicas llevan a luchas por el poder, pues el poder es una forma de enriquecimiento, y sin riqueza no hay economía.

En presencia de intereses materiales, en particular económicos, la fe y la religión pasan a un segundo plano, cuando no a un tercero. O dejan de estar presentes. Pero pueden servir de instrumentos. No vale la pena poner ejemplos, pues a diario recibimos noticias de personas y grupos que se valen de la inocencia de quienes tienen fe para satisfacer bajos instintos o enriquecerse. O para aprovechar la fe de las poblaciones y obtener ganancias políticas. América (no solo la parte latina) ofrece en este mismo instante ejemplos de gobernantes que se han valido del apoyo de ciertas iglesias para obtener votos o mantenerse en el poder.

En tales casos la fe se tomó como instrumento para satisfacer intereses materiales de grupos e individuos que han perdido la noción de lo que debiera ser su misión en el mundo.

En la pugna por el rechazo o la aprobación del código familiar se ha puesto de manifiesto hasta dónde puede llegar el desvío de lo que debiera ser el objetivo principal de una iglesia. Un número considerable de ellas se ha valido de la discusión del código (como antes ocurrió con la discusión de la Constitución) para echar pulso, tanto con el gobierno como con otras denominaciones, en competencia por demostrar fuerza y obtener poder.

El código no es anticristiano. Por el contrario, si hubiera existido antes, muchas violaciones de los principios cristianos se hubieran evitado. Por tanto, no es cierto que el objetivo de la campaña en su contra sea impedir la aprobación de una norma jurídica que atenta contra ellos.

Se manipulan conceptos, se aprovecha que la mayoría de las personas no lee el texto, sino oye lo que le cuentan, y se explota el disgusto de la población contra las medidas económicas gubernamentales y las carencias de todo tipo (ciertamente agravadas por el accionar de una potencia extranjera, pero en gran medida debidas a décadas de errores de los gobernantes). Con estos presupuestos, ciertas denominaciones se erigen como portadoras de esperanza para quienes sufren esas carencias.

En el fondo, esa oposición no es sincera. Es una lucha por ganar el mayor número de adeptos, lo cual significa más riqueza y más poder. Más poder significa más posibilidad de influir en el gobierno, no necesariamente de sustituirlo.

Se equivocan quienes creen que la campaña contra el código procura que el pueblo viva mejor, que las familias estén más unidas, que haya una reconciliación nacional. El verdadero fin es obtener la mayor cantidad de fuerza posible para demostrar al gobierno y a otras denominaciones quién ostenta el verdadero poder sobre las masas. Quién tiene más ovejas, no quién es mejor pastor.

Pregunto a quienes piensen que exagero o estoy prejuiciado: para un religioso qué es más contrario a la doctrina cristiana:

a) que dos personas del mismo sexo, unidas por el amor, tengan los mismos derechos civiles que las parejas de sexos opuestos,

b) matar a otra persona.

Ninguna de las denominaciones cristianas, católicas y no católicas, levantadas enérgicamente contra el código familiar, mostró similar vigor contra el código penal, el cual, además de violar el artículo 46 de la Constitución («Toda persona tiene derecho a la vida»), viola el mandamiento cristiano de no matar (el Papa Francisco recientemente argumentó al respecto). Ninguna hizo, ni antes ni después de la aprobación del código penal, una declaración pública de condena, ni usó el púlpito para crear conciencia contra la pena de muerte, ni reclamó a los diputados cristianos votar en contra.  

Entonces, no se trata de defender la doctrina cristiana, sino intereses políticos.

Sobre la conciencia de esos falsos pastores caerá el peso de las muertes que pudieron evitar, tanto como caerán las lágrimas de los infelices que sufrirán por su culpa si el código es rechazado.

👨‍👩‍👧‍👦🇨🇺 Necesitamos un nuevo #código que proteja a la #FAMILIA. Pero ¿qué dice la propuesta legislativa? 👇

De ser aprobado el Código las parejas del mismo sexo podrán adoptar niños, privándoles por ley de lo que por naturaleza les corresponde y necesitan: un padre y una madre. pic.twitter.com/WUkgjNmAMg

— Diócesis Ciego de Ávila (@DiocesisCiego) February 5, 2022

Para concluir: los derechos no se plebiscitan

Hay quienes, partiendo del principio «los derechos no se plebiscitan», se oponen al código, aunque no estén contra su contenido. El principio es inatacable; también es cierto que algunos elementos recogidos en el código pudieron ser sometidos a escrutinio por separado, no incluidos en un grueso cuerpo legal que encierra aspectos discutibles con otros incontrovertibles. Pero la realidad es que el documento reúne a unos y otros, y la única opción es aprobar la totalidad o desaprobarla.

Pensemos por un momento en Arabia Saudita. Es un estado teocrático, con monarquía absoluta, sin parlamento, partidos ni alguna otra institución democrática. Es uno de los países con más denuncias por violación de los derechos humanos del mundo; las mujeres no tienen prácticamente ningún derecho, y los delitos se castigan según la ley islámica, que incluye mutilaciones y pena de muerte. También comete crímenes de guerra en Yemen, y no hace mucho el príncipe heredero estuvo implicado en la muerte de un periodista opositor. Ciudadanos saudíes estuvieron involucrados en el atentado contra las Torres Gemelas. Que el mundo apenas oiga hablar de esto se debe a que Arabia Saudita es extraordinariamente rica.

Imaginemos que, por la razón que sea (por ejemplo, «lavarle la cara al régimen»), el monarca de ese país realiza un plebiscito para otorgar derechos a las mujeres. Como los derechos no se plebiscitan, ¿votaría usted a favor de reconocer derechos a las saudíes? ¿En contra? ¿Se abstendría de votar?

Medite sobre eso, traslade a Cuba su respuesta, y actúe en consecuencia.

Por mi parte, diré sí al código, desde luego.

19 septiembre 2022 52 comentarios 3,K vistas
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Pena de muerte

Por una patria sin pena de muerte

por Rodolfo Alpízar Castillo 9 mayo 2022
escrito por Rodolfo Alpízar Castillo

Si el de las familias es mediático, su hermano, el proyecto de Código Penal, se mueve en silencio, cual una estrella de cine esconde su intimidad del acoso de los paparazzi.

***

¿Dónde expresar mis ideas sobre la pena de muerte?

Me encuentro en un dilema al redactar estas líneas. Deseo publicarlas y que lleguen al mayor número posible de lectores; es mi derecho constitucional. Pero, ¿dónde hacerlo?

Me gustaría publicar en Granma o Cubadebate, entre otras razones porque ello significaría que sus páginas se abren al diálogo y la confrontación de ideas que el país necesita con urgencia. Pero durante años envié textos a nuestros medios y periodistas…, y nunca los publicaron.

Llevo tiempo llamando la atención en las redes hacia la presencia de la pena de muerte por fusilamiento en un considerable número de figuras delictivas contenidas en el proyecto de código penal que se aprobará en la próxima sesión de la Asamblea Nacional («15 en la familia de los “delitos contra la Seguridad del Estado”, 6 en los de “terrorismo”, además del “tráfico internacional de drogas” y “asesinato”», informan los redactores).

Según el espíritu y la letra de la Constitución vigente, yo, como ciudadano, debería tener acceso a esos órganos oficiales y exponer en ellos mis criterios. Pero la experiencia enseña que, por ser voz discrepante, estoy condenado a no aparecer ahí.

¿Debo permanecer callado, entonces? No. Me opongo al principio de ojo por ojo y diente por diente disfrazado de ordenamiento jurídico, y no voy a callar. La inclusión de la pena de muerte en el código penal implica retroceder a épocas de barbarie y de preponderancia del más fuerte, el Estado, sobre el más débil, el individuo. Es ir a contrapelo del progreso jurídico mundial. Mi deber de ciudadano, además de mi derecho, es pronunciarme en contra.

Pena de muerte

Asistencia religiosa en un fusilamiento acontecido en los primeros días de la Revolución.

Ante todo, la pena de muerte no es constitucional

Me pregunto qué argumentos tomaron en cuenta los redactores del proyecto de código al incluir en él la pena de muerte, que no sea la intención de inculcar temor. Me pregunto también cómo es posible que se intente situar al país a la vanguardia del ordenamiento legal internacional, proclamando al mundo un código de las familias que más parece concebido para Europa que para Cuba, a la vez que, con el código penal, se nos coloca más atrás de la retaguardia.

Los redactores del proyecto han pasado por alto que la pena de muerte ni siquiera está mencionada en el texto de la Constitución vigente (la misma que los diputados que lo aprobarán dentro de unos días juraron defender y aplicar). Por no responder a ningún artículo constitucional, no tiene nada que hacer en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional.

El asunto es más grave. La pena de muerte que se pretende imponernos no solo carece de apoyo constitucional, también viola el primero de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, el de la vida, expresamente protegido en el artículo 46 de la Constitución:

«Todas las personas tienen derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura, la recreación, el deporte y a su desarrollo integral».

La inclusión de la pena de muerte en el código penal sería, por tanto, inconstitucional por definición, pues es violatoria del artículo 46. Como garantes que deben ser de la ley primera de la nación, es obligación de los diputados rechazarla.

Más aún: Por contener la pena de muerte, el proyecto en su totalidad ni siquiera amerita ser sometido a discusión; la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, en cumplimiento de sus funciones, no debió haberle dado curso.

Aprobar el código constituiría un absurdo jurídico que colocaría a los diputados en situación de desacato a la Constitución, por lo cual el presidente del país tendría que disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones parlamentarias.

Para los cubanos esta afirmación puede parecer una exageración, por no estar acostumbrados al funcionamiento de las instituciones democráticas, pero es lo que corresponde hacer en un Estado de derecho en tales casos.

La pena de muerte en la historia de Cuba

Cuando Cuba nació como república independiente, el 20 de mayo de 1902, en su Constitución se prohibía expresamente aplicar la pena de muerte por delitos políticos. La de 1940, la más progresista en América por entonces, y en cuya defensa muchos cubanos se levantaron en armas entre 1953 y 1959, también prohibía la pena de muerte, excepto para los miembros de las fuerzas armadas, por delitos de carácter militar, y para las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera. Solo en tales casos. No en los veintiuno presentes en el proyecto de código penal.

Fulgencio Batista, al interrumpir el camino democrático de la república, impuso el 4 de abril de 1952 los Estatutos Constitucionales, para sustituir la Constitución de 1940; dichos Estatutos estipulaban la pena de muerte, para abarcar delitos relacionados con gansterismo y pistolerismo, términos amplios y de interpretación discrecional.

Tras la fuga de Batista en 1959, se abolieron sus Estatutos, pero no se restableció la Constitución de 1940, como correspondía. En su lugar se proclamó la Ley Fundamental, de 1959, donde se repetía la prohibición de la pena de muerte de 1940, pero se agregaba una extensa lista de excepciones, con lo cual en la práctica se  ampliaba su aplicación.

La Constitución de 1976 no mencionaba la pena de muerte. A pesar de ello, esta aparece en el código penal de 1987, todavía vigente, lo cual es, en esencia, una extralimitación del marco legal establecido por dicha Constitución.

Pena de muerte a referendo

Si el Estado cubano entiende que es vital para su supervivencia la aplicación de la pena de muerte, e insiste en ella a pesar de no ser constitucional, y a sabiendas de que el mundo lo juzgará negativamente por ese salto atrás en el ordenamiento jurídico, antes debe convencer a los ciudadanos de sus razones y recibir su apoyo; esto es: Debe presentar una iniciativa de reforma y lograr su aprobación popular.

El artículo 227 de la Constitución de 2019 establece el procedimiento de reforma constitucional. Implica la presentación del proyecto correspondiente, el análisis por la Asamblea Nacional y, de ser aprobado, la convocatoria a referendo popular, donde los ciudadanos tienen la última palabra.

La reforma constitucional, pues, no es un acto único, efectuado mediante una votación más en la Asamblea Nacional, sino implica un proceso complejo y demorado. No se lleva a cabo en una sesión de pocas horas, en medio de una maratónica aprobación de leyes, decretos y variados documentos, como se pretende hacer en la próxima sesión.

Pena de muerte

(Foto: Irene Pérez/ Cubadebate)

El artículo 228 de la Constitución establece:

«Cuando la reforma se refiera a la integración y funciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado, a las atribuciones o al período de mandato del Presidente de la República, a los derechos, deberes y garantías consagrados en la Constitución, se requiere, además, la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los electores en referendo convocado a tales efectos».

(Obsérvese que el referendo no se gana con la mayoría de quienes acudan a votar, ni de los votos válidos, sino de la totalidad de electores registrados).

Antes, el artículo 226 establece que las reformas a la Constitución se realizan «mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes». Solo después de esa primera aprobación por los diputados la propuesta se somete a referendo.

Violar ese procedimiento es ilegal; no obstante, se ha anunciado que en unos días la Asamblea Nacional aprobará el proyecto de código penal. Para actuar en concordancia con lo establecido en la Constitución, si el Estado cubano desea honrar su definición como Estado de derecho, debe excluir del proyecto toda mención a la pena de muerte, hasta tanto se produzca el referendo que la apruebe.

Deslizar subrepticiamente la pena de muerte en el cuerpo del futuro código penal, mientras la atención de la ciudadanía está concentrada en la discusión del proyecto de código de las familias, como se ha hecho, no solo es ilegal: También es éticamente reprobable.

Otras consideraciones contra la pena de muerte

La inclusión de la pena de muerte en el código penal de Cuba, además de inconstitucional, trae a colación otros elementos éticos que nuestros diputados, magistrados y juristas en general, deberían considerar, y los ciudadanos no deberían  pasar por alto.

La pena de muerte es la única que no tiene posibilidad de enmienda si se descubre que hubo error en su aplicación. La literatura especializada registra no pocos casos de personas condenadas a muerte por equivocación, algunos conocidos por el público, otros no. A muchos condenados la rectificación les llegó cuando no había remedio, con la sentencia cumplida. Fueron asesinados por su  Estado.

Tengo experiencia como juez (lego), y sé que incluso en casos leves no siempre uno queda tranquilo con su conciencia, pues nada garantiza que se adoptó la decisión más justa. En el caso de la pena de muerte, ¿cómo estar seguro de que no se condena a un inocente, o de que uno no se dejó llevar por presiones o prejuicios?

En otros países (más promocionados), y también en el nuestro (pasados en silencio o envueltos en nubes de humo), en ocasiones la pena de muerte ha respondido a razones extrajudiciales. Personas que han derramado sangre han sido condenadas, pero la ejecución dejada en suspenso; en cambio, otras, sin herir a nadie y entregadas pacíficamente a las autoridades, han sido igualmente condenadas, y la sentencia cumplida de inmediato. La ejecución fue discrecional en ambos casos. Y muchos recordamos cierta ocasión en que los asesinos no fueron siquiera molestados.

No podemos rectificar el pasado, al menos evitemos que algo así vuelva a ocurrir en nuestra tierra. Tengamos una patria sin pena de muerte.

Pena de muerte

La pena de muerte en España era a través del garrote vil. (Foto: ABC)

Para finalizar, una exhortación

En la actualidad, solo unos cincuenta y cinco Estados o territorios del mundo continúan aplicando la pena de muerte. Los diputados cubanos, si la aprueban, como todo parece indicar, además de actuar contra la Constitución que juraron defender, también menoscabarían el prestigio internacional del país, por alinearlo junto a quienes optan por la muerte como forma de enfrentar dificultades.

Estas líneas no responden a ninguna «manipulación mediática del enemigo» que haya que «desmontar» y acusar al autor de mercenarismo, como se ha vuelto costumbre en nuestros medios de prensa cuando surgen voces discordantes de discursos oficiales. Son las preocupaciones de un ciudadano que firma con su nombre, no se esconde en perfiles falsos, ni hace campaña para que otros lo secunden en sus planteamientos, por más que son muchos los que piensan como él.

Deseo ver a mi país como la patria con todos y para el bien de todos a que aspiraba Martí; una Cuba donde nadie se sienta perseguido por su forma de pensar, y donde el disenso tenga vías por donde encaminarse y ser atendido, donde la fuga al exterior o la protesta airada y anárquica no sean la única perspectiva que tenga ante sí un joven con inquietudes.

Por tanto, exhorto a los diputados a no olvidar que su compromiso es con el pueblo y con la Constitución que juraron defender, con nadie más. Algunos de ellos han hecho públicas, en los últimos tiempos, sus creencias religiosas; es un motivo más para oponerse a una pena que va en contra de su fe.

Diputados, religiosos y no religiosos: No permitan que caiga sobre sus conciencias la sangre que se derramará por aprobación de un código que niega el derecho a la vida.

Construyamos entre todos, creyentes y no creyentes, opositores o aliados del gobierno, una patria sin pena de muerte. Acaso su eliminación del código marque un primer paso en el camino hacia el rescate de los valores humanos que poco a poco se nos han escapado.

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