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Rita Karo

Rita Karo

Periodista cubana

Inseguridad alimentaria

Inseguridad alimentaria en Cuba: los platos sobre la mesa

por Rita Karo 24 mayo 2023
escrito por Rita Karo

Nací en los años noventa, cuando en la Isla había pasado el tiempo de la abundancia. En esos años ya la pirámide se había torcido y el contrabando permitía a mi familia comprar algunos cereales importados para mi alimentación. Fuimos privilegiados, pues recibíamos apoyo de un primo de mi abuela emigrado en los años 60 y de otras amistades que extendían sus manos desde el exterior del país. Así crecí yo, en una burbuja creyendo que todo iba bien porque los amigos de mi familia eran demasiado amables.

Esa es la Cuba que conozco, donde escribimos a aquel familiar residente en el «mundo libre» cuando se nos agotan los recursos en casa, y nos saca más o menos del apuro. Con la pandemia y el llamado ordenamiento aumentaron las vías para enviar alimentos desde el exterior y cubrir parte de la dieta básica. Eso amortizaba a los que seguíamos siendo privilegiados, pero. ¿acaso será siempre así o en Cuba se podrá sostener la eficacia productiva en la industria alimentaria? ¿Cuándo el Estado garantizará los nutrientes necesarios para que el cubano tenga una dieta digna?

Hace un año, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la norma 148/22 correspondiente a la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual tuvo como antecedente el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Tales disposiciones se someten a lo concebido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, decretada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual tiene como finalidad erradicar el hambre, asegurar la alimentación, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible; y que esto, a su vez, se traduzca a una mayor sostenibilidad económica, ambiental y social.

En este sentido, la más reciente legislación señaló tres líneas principales orientadas a la producción de alimentos por parte del Estado cubano y su esfuerzo real para garantizar nutrientes, hacerlos accesibles física y económicamente a la población, así como fomentar la educación para «modificar o mejorar las prácticas alimentarias de las personas, (…) optimizar su estado nutricional, de salud y bienestar».

precios

(Foto: Alexandre Meneghini/Reuters)

Dieta Nacional 

Desde hace más de 50 años, el gobierno garantiza la canasta básica mensual que contempla 19 productos alimenticios de primera necesidad y se distribuyen de manera equitativa por grupos etarios y las zonas urbanas y rurales, desde los núcleos familiares hasta los programas de atención escolares y de salud. Con el paso de los años, los recursos normados han sufrido disminuciones en cantidad y opciones, y los mercados y tiendas están desabastecidos. Acceder a alimentos de calidad y con precios justos es una gran dificultad, principalmente para trabajadores públicos que perciben el salario mínimo o son pensionados.

De acuerdo con el más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) correspondiente al año 2022, en Cuba se depende de importaciones que tensan el presupuesto nacional para sostener las garantías estatales, que incluyen la asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, frente a la carencia de alimentos, todos los ciudadanos son vulnerables, pues el acceso sigue siendo un problema y la búsqueda de comida posiblemente sea la conversación más recurrente y estresante en las casas cubanas.

No tener garantizado un plato de comida, hacer filas por horas para obtener los alimentos, pagarlos a sobreprecios, y tener que adquirir buena parte en el mercado informal —con los riesgos que presupone en cuanto a la garantía de su calidad y seguridad—, es un problema que, si bien tiene antecedentes, desde 2019 se ha hecho sumamente preocupante.

(Foto: La Nación)

El cumplimiento de las promesas del gobierno se prolonga y cada vez son más comunes las justificaciones ante una gestión deficiente. Los cubanos no quieren más políticas con resultados invisibles, ni informes que ofrezcan cifras que no se ven traducidas en el bienestar de la población.

Esto incluso ha sido reconocido por el mandatario Miguel Díaz-Canel cuando afirmó a finales del pasado año en la Asamblea Nacional del Popular «tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero y no hay ganado, tenemos una Ley de Pesca y no hay pescado».

Hecho en Cuba

El PMA reconoce que en el país, entre 70 el 80 por ciento de las necesidades alimentarias, son suplidas a partir de la importación. En el mencionado reporte anual se señala que «la economía experimentó una ligera recuperación con un aumento del 2 por ciento después de la abrupta caída del 11 por ciento en el Producto Interno Bruto en 2020», hecho poco significativo considerando que la producción de alimentos no manifiesta avances.

El Estado dispuso que más del 70 por ciento de su presupuesto para el 2023 esté destinado al sector social con la finalidad de garantizar beneficios obtenidos luego 1959. El país tiene muchas oportunidades para fomentar la producción agrícola y expandir este sector, sin embargo, no se atienden de manera sistemática y a conciencia las potencialidades que tienen las localidades para producir sus propios alimentos. La carencia de resultados parte mucho del desinterés de los gobiernos locales para poner en práctica acciones, no se incentiva a la población ni se le ofrecen alternativas para que se desarrollen y expandan la producción de alimentos.

El presupuesto estatal destinado al sector agroalimentario, en vez de apuntar a las grandes producciones como el café y la caña —igualmente deprimidas y previstas para la exportación— debería estar destinada a crear mecanismos a nivel comunitario.

Cuba no es un país con grandes recursos y los pocos que tienen son mal explotados. La industria pesquera es un ejemplo. A finales del año 2021 publiqué un texto donde precisamente se abordaba por qué en la Isla no se venden productos del mar, y estos no son contemplados en la dieta del cubano, siendo muchas veces más saludables y ricos en nutrientes. ¿Por qué no hay industria pesquera? ¿Por qué el gobierno no regula correctamente el comercio ilegal de pescado y mariscos?

La especialista entrevistada comentaba que el Estado, en vez de considerar el mar como fuente primera de alimentación, lo explota principalmente para el turismo de sol y playa. También se dan fenómenos como la sobrepesca y la depredación. Unido a esto es inexistente una educación sistemática de la población en materia alimentaria y no se incentivan soluciones factibles como el maricultivo y la acuicultura en el sector privado y en comunidades pesqueras.

¿Qué presupuesto destina Cuba para las importaciones? De acuerdo con datos publicados en el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en 2021, Cuba importó bienes por un total de $3,45MM de dólares; entre los productos principales se contemplan la carne de ave, el trigo, la leche concentrada, el crudo de petróleo y el arroz, siendo España, China, Estados Unidos, Canadá e Italia los emisores más importantes.

Por su parte, la última actualización de datos en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) registra, hasta el diciembre del 2022, el volumen de inversiones por 18 clases de actividades económicas, donde se ejecutaron 71 069 millones de pesos distribuidos en su mayoría al servicio empresarial, actividades inmobiliarias y de alquiler (1), la industria manufacturada excepto la industria azucarera (2), transporte, almacenamiento y comunicaciones (3), suministro de electricidad, gas y agua (4) y explotación de minas y canteras (5).

La agricultura, ganadería, caza y silvicultura cae en el octavo puesto, seis veces menor que el sector con mayores inversiones, mientras que la pesca y la industria azucarera están entre las tres áreas menos favorecidos. Si se analiza la serie histórica de los últimos diez años, queda en evidencia que la inversión en el mencionado renglón durante el año 2022 es aproximadamente 2,4 veces menos que la de 2012, mientras lo invertido en actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler se multiplicó por más de 3.  

Tierra ociosa, platos vacíos

Entre exigencias más recurrentes que se le hacen desde los expertos a la actual gestión del gobierno cubano sobresale el establecimiento de políticas públicas focalizadas. Por años se vivió bajo un sistema que contemplaba «las necesidades y potencialidades de los ciudadanos cubanos» por igual. Quizá en esa homogenización de la sociedad se descartó la posibilidad de que germinaran actores sociales capaces de dar un impulso a la economía nacional, como consecuencia, vinieron la inactividad, la poca creatividad y la improductividad.

Cuando se comenzaron a «abrir» las oportunidades, se diversificaron las formas de producción y comercialización, y se liberalizaron varios precios, nos olvidamos de que había una población que no pudo ni puede acceder por igual a estas opciones protagonizadas principalmente por el sector privado. Hoy enfrenta la crisis con mucho menos garantías y protecciones, y su alimentación se ha visto sumamente afectada en los últimos años debido a la baja oferta de alimentos en los mercados estatales en moneda nacional, sumado a atrasos en la entrega de algunos productos canasta familiar normada y la desaparición o reducción de otros —principalmente los vinculados a dietas médicas. 

Como mismo muchas familias dependen de la ayuda de los parientes emigrados —y el gobierno de esa inyección de capital en moneda dura—, el Estado cubano se benefició por años de los subsidios y tratos ventajosos con el extinto bloque socialista en Europa del Este, y no desarrolló una agricultura e industria alimentaria que le permitiera suplir las necesidades de sus ciudadanos.

Uno de los principales problemas que aquejan a los cubanos hoy es la inseguridad alimentaria. Por tanto, es urgente que el presupuesto del Estado aporte más a la producción en el sector agroalimentario. Hay que fomentar la producción local, las huertas, educar a la ciudadanía, demostrar la importancia y lo necesario de incorporar nutrientes a través de otros alimentos ricos en vitaminas y proteínas, mientras se diversifica la oferta, se reducen los precios los precios, y se exploran vías expeditas para la cosecha y la distribución de productos. Ello requiere equipos de organizados e incentivos para trabajar en el sector.

Agricultura-Cuba

(Foto: Radio Bayamo)

Sin los referidos incentivos no habrá producción, sin producción habrá hambre, descontento y emigración, y los resultados a mediano plazo serán peores: una economía más deformada, una población más empobrecida, y menos personas en edad laborable que sostenga, no solo el sector agroalimentario, sino los otros que hoy son prioridad en la estrategia inversionista.

24 mayo 2023 16 comentarios 1,4K vistas
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Violencia obstétrica

Dolor y presión: ¿Qué ocurre en los servicios obstétricos cubanos?

por Rita Karo 10 mayo 2023
escrito por Rita Karo

La inquietud de saber qué ocurría con los médicos y los equipos obstétricos me surgió hace tres años mientras una amiga permanecía ingresada en la sala de preparto en un hospital de La Habana. Recuerdo que por aquellos meses de verano del 2020 dejaban que pocas personas permanecieran en los pasillos y la visita era reducida a causa de la covid 19. A veces debía esperar un tiempo y terminaba interactuando con los familiares de otras parturientas, quienes, al igual que yo, llevaban sábanas limpias, ropa, alimentos y aseo. En una de mis visitas reparé en una joven de no más de 22 años, que salía acalorada de la oficina del jefe de la maternidad: «¡No me quieren hacer la cesárea!», exclamaba junto a la afirmación de que no había anestesia, por eso le retrasaban la intervención; también les pedía al resto de las muchachas que presionaran para la cesárea, pues era la única manera de no pasar dolor.

Ante la duda y curiosidad por aquel clima de incitación a un procedimiento de riesgo como lo es —en la mayoría de los casos— la cesárea, más los reclamos por maltrato proveniente del personal de salud, me acerqué a varios médicos, estudiantes de Ciencias Médicas y residentes de las especialidades de Ginecobstetricia y Anestesiología para conocer acerca de la dinámica de estos servicios. Como salvaguarda de sus identidades, en el presente trabajo no se ofrecerán datos que comprometan su trabajo y funciones actuales.

La responsabilidad de los protocolos de acción en el tratamiento de gestantes y recién nacidos en Cuba recae en el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Su función es transversal y trata con todas las especialidades médicas a las que pueden acceder embarazadas y lactantes. Para perfeccionar los servicios, los coordinadores nacionales, provinciales y municipales se reúnen para revisarlos, y los médicos asesores actualizan manuales relacionados con el manejo de casos graves y en riesgos.

Durante años el gobierno cubano quiso sostener estándares en salud y educación similares a los de países del llamado primer mundo, y el índice de mortalidad infantil ha sido uno de los indicadores con mayor observancia por parte del Minsap. El afán de mantener tales cifras en un contexto de crisis económica y social profunda, terminó por descuidar aspectos más personales e individuales, no solo de las gestantes, sino del personal sanitario. Las guías de acción priorizan al paciente y apuntan a reducir los riesgos de muerte fetal y materna, pero su aplicación estricta puede llevar a que se ejerzan presiones psicológicas sobre el equipo médico que terminan propiciando formas de violencia obstétrica.

Servicios Obstétricos

(Foto: Serendipia)

La primera interrogante que me hice fue: ¿Por qué ocurre la violencia obstétrica en las maternidades cubanas? Al hacer una búsqueda de trabajos periodísticos, constaté que los primeros medios en visibilizar la problemática de los servicios obstétricos fueron los alternativos al sistema de prensa oficial, aunque luego pueden encontrarse en los periódicos estatales algunos artículos sobre el tema. Los resultados arrojaban que la violencia está dada por la falta de empatía, la reproducción de estereotipos machistas y causas de origen institucional.

Las pacientes reportan hechos como denigración, procedimientos quirúrgicos agresivos, subvaloración y poco respeto a la privacidad. Pero ellas no son las únicas sobre quienes se ejercen formas de violencia: el personal de salud también está sometido a múltiples presiones para mantener bajas las cifras de mortalidad infantil. En el caso de los médicos consultados para el presente trabajo, si bien reconocen las presiones del PAMI, no suelen categorizarlas como violencias, salvo en casos extremos y cuando algún galeno ha sido objeto de medidas disciplinarias.

Entonces la siguiente pregunta sería: ¿Qué aspectos pueden considerarse en Cuba para crear ambientes favorables a los médicos y el desarrollo de partos humanizados? De acuerdo con una de las especialistas en Ginecobstetricia entrevistada, «el tipo de procedimiento en el trabajo de parto es único, establecido por protocolos aprobados y avalados por los consejos científicos de cada hospital. La madre no puede elegir cómo nacerá su hijo, es decisión médica; asimismo, no puede solicitar anestesia durante el parto porque no está protocolizado».

Servicios Obstétricos

(Foto: Valentina Pérez)

Por otro lado, someterse a analgesia farmacológica puede suponer riesgos, y algunos especialistas en servicios obstétricos comentan que un alto nivel de relajación quizás se traduciría en poca colaboración por parte de la parturienta. Sin embargo, protocolos implementados en otras naciones abogan por la asesoría a esta acerca de los métodos de analgesia a los que es posible acceder.

Los Estados que defienden el parto humanizado tienen instrumentos legales que indican que el equipo de salud debe informar de manera clara a la persona en situación de gravidez y a su grupo familiar sobre las intervenciones que pudieran llevarse a cabo durante el embarazo, parto, trabajo de parto y puerperio.

Se considera primordial subrayar efectos, riesgos, cuidados y tratamientos, pues cada quien tiene derecho a elegir de manera informada y con libertad, el lugar y la forma en la que va a transitar ese proceso: deambulación, posición, analgesia, acompañamiento y vía de nacimiento. El equipo de salud y la institución asistente deberán respetar tal decisión, en tanto no comprometa la salud de la madre y el recién nacido.

A nivel internacional, en algunos centros hospitalarios está establecido el diseño del plan de nacimiento, en el cual equipo de salud y embarazada analizan las inquietudes y propuestas de esta última. Se discuten procedimientos, la episiotomía, la reanimación del bebé cerca de la madre, entre otros. Una de las especialistas entrevistadas, con experiencia en el exterior, comenta que la paciente puede decidir incluso sobre cuestiones extremas como la canalización de las venas, pero aun así hay reglas por cumplir como parte de los cuidados médicos y medidas ante emergencias.

En contraste, los médicos entrevistados señalan que en Cuba no hay consultas para debatir con la gestante la manera en la cual quiere que tenga lugar el parto. Puede que del área de salud la deriven con observaciones puntuales a partir de sus solicitudes, pero no siempre. Precisan que, más allá de la voluntad de doctores y embarazadas, los protocolos están establecidos, son parejos y deben cumplirse estrictamente.

Servicios Obstétricos

(Foto: El surtidor)

Uno de los obstetras señala que durante una de sus misiones internacionalistas observó que en el área privada suelen ser más condescendientes y se hacen, a solicitud de la madre, procedimientos que hasta son considerados malas praxis, como la aceleración del parto. En estos casos, el equipo médico provoca la maduración pulmonar para evitar la membrana hialina, una de las complicaciones más comunes en los nacimientos pretérmino.

«Para interrumpir un embarazo con 34 semanas seguramente se respaldaban por el consentimiento informado donde la madre y la familia recibían información acerca de los riesgos que tendría ese neonato que no cuenta con la maduración de diversos sistemas», supone, y agrega que una madre no debe elegir interrumpir un embarazo prematuro si no es una urgencia, pues pone en el riesgo la calidad de vida de quien está por nacer.

A diferencia de esto, en Cuba los protocolos obstétricos priorizan el parto natural y solo se procederá a la cesárea si es necesaria y el trabajo de parto pone en riesgo a la madre o su criatura. Por tanto, las cesáreas se realizarán cuando sean imprescindibles y se disponga de recursos humanos acreditados, además del material quirúrgico completo y una técnica anestésica segura. Unido a ello, se requiere que su indicación sea sólidamente ratificada por el jefe de guardia en la discusión médica del equipo.

Sin embargo, la cesárea no es la única forma de evitar el parto doloroso, ni debería utilizarse para este objetivo. El artículo «Analgesia del parto», publicado en la Revista Progresos de Obstetricia y Ginecología en 2008, señala que uno de los grandes miedos de la embarazada está relacionado con un dolor agudo y de gran variabilidad. «El dolor durante el parto no aporta ningún beneficio. Además de su efecto psicológico negativo sobre la madre, puede ocasionar una mala perfusión de la placenta mediante múltiples mecanismos, como son el aumento del consumo de oxígeno, del gasto cardíaco, de la presión arterial y de los valores plasmáticos de catecolaminas, posibles responsables de hipoxia y acidosis en el feto».

La investigación apunta que el dolor del parto ha sido reconocido como tolerable cuando la futura madre ha contado con acompañamiento psicológico previo. No obstante, ella debería tener derecho a que se le ofrezca la analgesia como una elección, si no existe contraindicación médica expresa.

El «Movimiento en favor del parto natural» data de 1914 y defendía la no analgesia, pues el uso de fármacos como la morfina y la escopolamina ocasionaron el denominado sueño crepuscular, que trajo como consecuencia numerosas muertes maternas y fetales. En la actualidad se cuenta con alternativas mucho más seguras, como la epidural, que deberían ponerse a disposición de las madres en todos los servicios, acompañadas por un equipo multidisciplinario y con el consentimiento previo.

¿Qué otros aspectos debería tener en cuenta el PAMI? En primer lugar, considerar al médico como un ser psicosocial que encara una tarea difícil, en la cual entran en juego la vida de dos seres humanos. No se trata solo de tener una red organizada y exigir índices bajos de mortalidad infantil y materna, sino de hacer todos los esfuerzos por poner a disposición de los equipos de salud tecnologías más modernas, recursos y medicamentos completos y listos para usar en emergencias, así como mejorar la higiene de las salas, salones, embarazadas y paridas.

Otro aspecto que señalan médicos, médicas y residentes es el fortalecimiento del consentimiento informado. Ello implicaría la aceptación o no por parte de la gestante de procederes que no entrañen alto riesgo, como la episiotomía, y constituiría un respaldo legal para quien realiza la intervención si ocurren emergencias.

Una de las especialistas comenta que, en casos críticos en los que se deba decidir por la vida de la madre, el feto o el neonato, se prioriza la vida de la mujer. «Esta decisión es porque la madre puede dar a luz otra vez, sin embargo, ello nos ha traído problemas. Si existiese un consentimiento informado previo y obligatorio, la mujer tuviese la potestad de elegir. Por ello es crucial que se conozcan todos los procedimientos y sobre todo los riesgos».

El reto de la salud pública en Cuba supone una reorganización de los protocolos de atención, y el diálogo para generar conciencia en todos los actores implicados en la gestación, desde la futura madre, el personal sanitario, de servicio y familiares. Esto permitirá, además de mantener bajos los indicadores de mortalidad infantil, cuidar el bienestar de gestantes y bebés antes, durante y después del nacimiento.

Resulta urgente, también, que el personal de salud disponga de las condiciones adecuadas para trabajar, lo cual incluye, junto a los insumos médicos necesarios, evitar la sobrecarga de pacientes y recibir un salario suficiente para sostener sus necesidades básicas.

Por último, facilitar que la prensa realice trabajos de investigación y acceda a datos de primera mano, desde la observación hasta las entrevistas directas a pacientes, familiares y personal médico, es esencial para una transparencia informativa y una rendición de cuentas del sistema de salud que se revierta en un parto con un procedimiento consentido, seguro y respetuoso.

10 mayo 2023 9 comentarios 1,2K vistas
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Prostitución cuba

¿Abolicionismo o sindicalización?: Rutas de la prostitución en Latinoamérica y Cuba

por Rita Karo 12 abril 2023
escrito por Rita Karo

¿El trabajo sexual femenino existe porque un varón se cree en el derecho de pagar por una mujer como mismo paga por un producto? ¿Quien se prostituye lo hace porque entiende su cuerpo como una mercancía? Los motivos, tanto para abolir el trabajo sexual femenino como para legitimarlo, están en constante debate. Los argumentos discurren entre otorgarle estatus legal y sindicalizarlo —como derecho de las mujeres a decidir por su cuerpo—; hasta regularlo y establecer políticas para extinguir una problemática que incita a la explotación sexual y amplía las brechas de género.

En primer lugar, desde el punto de vista léxico existen tres conceptos que suelen tratarse como sinónimos, pero no lo son: trabajo sexual, trata y sexo transaccional. Un buen punto de partida es la mirada de Deborah Daich acerca de la prostitución como fenómeno heterogéneo y con diversos comportamientos, que se complejiza principalmente por condiciones históricas y culturales. Para la autora, el mercado y el contexto social determinan la manera en que se manifiesta el fenómeno.

Algunas corrientes radicales del feminismo entienden la prostitución en su forma histórica, como una relación abusiva, violenta y esclava, en la cual la mujer es víctima de un hombre. El proxenetismo se vincula a la trata y existe, entre otras condiciones, porque la prostitución no tiene respaldo legal y se desarrolla en contextos clandestinos y peligrosos donde la persona que ejerce el trabajo sexual requiere protección.

Asimismo, las situaciones de pobreza y vulnerabilidad son variables importantes para que muchas mujeres lleguen a la prostitución en condiciones de engaño, obligación o bajo la necesidad de generar ingresos para sostener su vida.

En contraste, el enfoque de trabajo sexual comprende el derecho, no solo a ejercer esta actividad en un marco de tolerancia jurídica, sino el de la jubilación y el aporte social. Quienes se autoperciben como trabajadoras sexuales defienden su labor como una actividad autónoma que requiere amparo legislativo y estatal.

También en los últimos tiempos se ha dado a conocer el término sexo transaccional, que define la práctica del coito a cambio de objetos, dinero o privilegios. La denominación se emplea para evitar estigmas y prejuicios, sin embargo, no contempla el carácter laboral que defienden las trabajadoras independientes.

Prostitución

Quienes se autoperciben como trabajadoras sexuales defienden su labor como una actividad autónoma que requiere amparo legislativo y estatal. (Foto: ADN Cuba)

Putas feministas durante la cacería de brujas

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las cifras de la trata y la prostitución son imprecisas debido la naturaleza clandestina y la variación en sus modalidades. Sin embargo, de forma paralela, en varios países de la región se han creado redes que articulan el trabajo sexual y realizan mapeos e informes de la situación de las trabajadoras sexuales latinoamericanas.

Para develar las circunstancias que condicionan el trabajo sexual en la mayoría de los casos, conversamos con Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), quien reconoce que muchas trabajadoras sexuales salieron a las calles por necesidad económica y por ser una vía de ganancia expedita. La activista señala que actualmente es una elección hacia la cual exigen amparo legal y respeto, sin desconocer las condiciones violentas y de desventaja por las que llegaron a ejercer.

Desde el sindicato AMMAR, sito en la Casa Roja en el barrio porteño de Constitución (Argentina), las putas feministas —como se autodenominan— ofrecen asistencia integral a personas que realizan trabajo sexual en la ciudad de Buenos Aires.

En la sede se estableció un comedor social y una escuela primaria para trabajadoras que no culminaron estudios; además, se gestionan exámenes médicos periódicos, y se brindan capacitaciones y acompañamiento a víctimas de algún tipo de violencia. Allí, las sindicalistas ofrecen información a sus pares, quienes son asesoradas por profesionales de Ciencias Sociales y abogados que sirven de puente entre las trabajadoras y las oficinas de trámites.

Las trabajadoras sexuales brasileñas también tienen un largo recorrido a favor de la legalización de la prostitución. Se reunieron por primera vez en la década de los 80 del siglo pasado, gracias a Gabriela Leite (1951-2013) —escritora, presidenta de la organización no gubernamental Davida y ex estudiante de sociología de la Universidad de São Paulo—. Esto facilitó que en el 2002, la Guía Brasileña de Ocupaciones, del Ministerio de Trabajo de Brasil, reconociese al profesional del sexo.

Más adelante, en el año 2012, el congresista Jean Wyllys, del Partido Socialismo e Liberdade do Estado do Rio de Janeiro, presentó el proyecto de ley 4.211/12 para regular la actividad de las trabajadoras sexuales. La iniciativa fue rechazada luego de una contienda encabezada por el diputado de derecha, Francisco Eurico, quien consideró la mercantilización del cuerpo femenino como una de las formas más bárbaras de la opresión, por lo que, según su lógica, legalizar las casas de prostitución no ayudaría a las mujeres.

Por otro lado, quienes concuerdan con Wyllys, consideran que la marginación de las personas que se ocupan del trabajo sexual es el principal factor que conduce a la explotación. No interesa tanto proteger a la prostituta de clase media, sino al proletariado de la prostitución que depende de casas y explotadores sexuales. Se sostiene que políticas antipunitivistas limitarían la explotación del cuerpo femenino, dando a las mujeres la posibilidad de decidir sobre este, sus tiempos, sus ganancias y los modos en los que realizan su trabajo.

En el área de América Latina y el Caribe, gran número de naciones no penalizan la prostitución libre; sin embargo, no reconocen el trabajo sexual y en muchas ocasiones persiguen a quienes se dedican a ello. En casos como Colombia, Perú y Guatemala incluso cuentan con sindicatos de trabajadoras sexuales inscritos, pero, ¿por qué continúan las violencias? El estigma hacia la trabajadora sexual es una de las causas, que se entrecruza con la limitación de la actividad de espacios públicos, lo cual da lugar a que los agentes del orden multen o conduzcan a la estación a una mujer, solo por suponer que busca clientes en la calle.

Prostitución

gran número de naciones no penalizan la prostitución libre. (Foto: Jaime Llera / La Prensa)

Políticas públicas y legalización del trabajo sexual en Cuba

El trabajo sexual tampoco es ilegal en Cuba. La Ley 151/2022, correspondiente al Código Penal vigente, no sanciona la prostitución, mientras se centra en la trata y el proxenetismo. Este apartado fue agregado por primera vez en el Código Penal a partir de la aprobación del Decreto-Ley 175 de 1997, y hasta la fecha no se advierten grandes modificaciones. Sin embargo, la norma sanciona a las personas que incurran en el proxenetismo y otras formas de explotación sexual, y considera una agravante hacerlo aprovechándose de las condicionantes de género que pudieran tener las víctimas.

Con el triunfo de la Revolución se aplicaron medidas orientadas a erradicar la prostitución como vestigio de las relaciones de dominación capitalista. No obstante, como se reconoce en un artículo de la revista Sexología y Sociedad, a partir de la crisis de los 90, aumentó considerablemente la cantidad de mujeres que ejercieron esta actividad como opción de sustento para su familia y, en no pocas ocasiones, de manera paralela a otros empleos. En el mencionado despunte, todas aquellas que realizaban trabajo sexual con turistas fueron denominadas popularmente como jineteras, en adición, en el imaginario social se impuso como patrón de éxito emigrar tras conseguir el afecto de un extranjero.

Si bien las leyes cubanas no criminalizan directamente la prostitución, como pasa en buena parte de LATAM, quienes la ejercen no han escapado de otras figuras jurídicas penalizantes como la de «peligrosidad predelictiva» —afortunadamente eliminada en el reciente Código Penal— que permitía a las autoridades aplicar medidas reeducativas a quienes consideraban individuos antisociales.

A pesar del mencionado avance, aún es inexistente un instrumento legal que garantice los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual, por tanto, es urgente la construcción de una estructura con función orientadora y protectora. Que una mujer se empodere también radica en que tenga el derecho de decidir la actividad mediante la cual quiere sostenerse económicamente, desde el respeto y el autocuidado. La estigmatización colectiva y jurídica es el principal impedimento que les permite denunciar y protegerse de posibles chantajes de proxenetas y agentes del orden, u otras formas de violencia que pudieran ejercer sus clientes o la sociedad en general.

¿Qué se necesita hacer en Cuba para acompañar a las trabajadoras sexuales? En primer lugar, que el sistema respete su trabajo. Las organizaciones políticas y de masas en el país, sobre todo la Federación de Mujeres Cubanas, en lugar de intentar hacerlas desistir de su oficio, deben facilitar espacios para la orientación, educación y acompañamiento ante situaciones de violencia; así como impulsar normas que saquen al trabajo sexual del régimen clandestino. Asimismo, urge facilitar el acceso a métodos de protección ante enfermedades de transmisión sexual y anticonceptivos.

Otro avance sería generar alianzas para conectar con espacios de militancia en la región, como la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe. También deberían fomentarse los estudios sociales, en los que las experiencias de estas mujeres no se analicen desde narrativas revictimizantes, sino que contribuyan a verlas como entes activos en estos procesos. Unido a esto, publicar estadísticas de encuestas nacionales e internacionales que saquen a la luz el estado actual del fenómeno social para una mejor toma de decisiones.

Por último, las personas que no nos dedicamos al trabajo sexual no podemos decidir por ellas, pero sí podemos luchar y contribuir a que no sean violentadas y trabajen en entornos seguros.

12 abril 2023 31 comentarios 1,7K vistas
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