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René Fidel González García

René Fidel González García

Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor de Derecho. Ensayista

Excluidos

Los excluidos

por René Fidel González García 20 diciembre 2022
escrito por René Fidel González García

El equipo de Gobierno y partidista que ha manejado durante los últimos años en Cuba la información pertinente y objetiva de todas las ramas del Estado y la sociedad; que ha podido incluso evaluar e intentar corregir a partir de datos y evidencias los errores y deformaciones que ellos suponen; que ha tenido la posibilidad de articular, instrumentar y ensayar propuestas y decisiones como políticas públicas en orden de complejidad sistémica; que ha dominado los umbrales de incertidumbre y los riesgos de cada escenario; ha tenido para poder  hacerlo la mayor cuota y concentración de poder posible.     

No es cierto, sin embargo, que los que han disfrutado del poder de forma tan extraordinaria, sean electos por el pueblo «para determinadas responsabilidades por un determinado tiempo», como afirmara recientemente el Presidente cubano. La realidad es que ellos son parte de un sistema de formación y selección de cuadros políticos, administrativos y empresariales profesionales, en el que, durante décadas, ascienden progresivamente de acuerdo a requisitos, criterios y evaluaciones que no son públicas, ni dependen de la elección ciudadana.

¿Cuál es para los ciudadanos el costo de la inexperiencia de tales funcionarios frente al gobierno, la administración del Estado, las instituciones y empresas públicas? ¿Cuál es el precio pagado colectivamente cuando sus decisiones han sido erradas? ¿O el de que permanecieran incrustados al Estado cubano, la administración, la toma de decisiones e incluso la conducción política, aun luego de fracasar una y otra vez?

¿De qué modo los ha influenciado el prolongado disfrute de privilegios para ellos y sus familiares, y sobre todo, la diferenciación respecto a la vida cotidiana de los ciudadanos? ¿Qué sabemos de la cultura organizacional, los valores, prácticas y tácticas que aprendieron para ascender y prosperar? ¿Cuál ha sido el importe de la soberbia, arrogancia y pedantería que adquirieron en su ascenso a diferentes estatus de poder como consecuencia de nuestra imposibilidad de exigirles cualquier tipo de responsabilidad y control público de sus actos, o la inexistencia de mecanismos de rendición de cuenta y revocación reales y vinculantes?

Excluidos

Estas son viejas preguntas que necesitan nuevas respuestas. Sin ser las únicas, son interrogantes pertinentes, entre otras razones porque aquello que determina el liderazgo a cualquier nivel en Cuba, así como sus características, realmente transversaliza a la sociedad y al Estado, volviendo estrictamente residual y ritual la elección y participación política de los ciudadanos.

Tal sistema de cuadros no solo enajena a la política de lo público, sino que la absorbe para convertirse en un sistema de relaciones políticas. Es probable que dicho sistema, actualizado recientemente por una generación formada por completo en su interior, esté hoy en un punto óptimo de funcionamiento como estructura de una élite y, dentro de él, sus miembros interactúen y concreten formas de hacer política definidas por haberse convertido para ellos en una ruta de movilidad social, incluso antes de integrarlo.

Esta última no es una cuestión intrascendente, pues remite a cuáles son los valores que promueve el sistema, a los roles asignados en función del estatus que se ocupa en él, pero también a cómo se condicionan las actitudes de los individuos en función de conservar el estatus alcanzado y seguir percibiendo beneficios y logros socio económicos que definen el ascenso social de ellos y sus familiares.

Excluidos

Casa del Ministro de Economía y Planificación en medio de un corte eléctrico.

Si miembros de distintas generaciones ofrecen testimonios sobre dirigentes y políticos capaces de renunciar a sus cargos o responsabilidades por no aceptar disposiciones que creyeron erradas, de no tolerar formas de trato despóticas, arbitrarias y degradantes por parte de sus superiores a los ciudadanos; y también de argumentar lo que pensaban, aun cuando suponía cuestionar lo que decidían sus superiores; no es difícil constatar que ello es hoy un hecho extraordinario y probablemente definitorio del destino de quien así proceda.

En la década del treinta del pasado siglo, Antonio Guiteras Holmes afirmó que no le interesaba el poder si no era para hacer la Revolución. Tal declaración es un lúcido recordatorio de la importancia que tiene la cuestión ética, teleológica y de los límites al poder. No es tampoco algo menor: el poder es un bien político público solo cuando su ejercicio no resulta privatizado y sus estructuras no devienen plataformas para el logro del monopolio y la exclusión.  

Todas las sociedades enseñan, pero también reproducen, el tipo de cultura y prácticas políticas derivadas de las relaciones de poder que se promueven en ellas.  Por eso, el reverso de la pregunta ¿para qué quieren el poder los que lo tienen hoy en Cuba?, es también una interpelación válida, y de hecho fundamental, para los que no lo tienen, para los excluidos.

Todo el poder, toda la responsabilidad

Se dice que John F. Kennedy en 1961, tras la humillante derrota sufrida por su administración en Playa Girón, afirmó con amargura: «La victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana». Es necesario evadir la trampa de analizar la realidad desde ese enfoque maniqueo.

No se trata entonces de satanizar a un equipo de gobierno que, con independencia de sus decisiones, heredó procesos complejos y contradictorios —cuando no perversos—, en todos los ámbitos de la realidad social y política, y también una difícil situación internacional cuyas repercusiones internas fueron muy importantes. Pero resulta demasiado obvio que la responsabilidad, del tipo que sea, y mucho más si es política, abarca tanto los éxitos como los fracasos.

De modo que, más que reconocer la incompetencia de políticos y funcionarios y su responsabilidad en la actual situación; de lo que se trata es de que las acciones ante las consecuencias que han tenido y tendrán dichas decisiones, sean asumidas como nuestra responsabilidad.

Mientras lees estas líneas, las consecuencias de los actos de cuadros gubernamentales, políticos y empresariales, se extienden por campos y problemáticas diversos pero inter-relacionados, que abarcan la educación, la asistencia y seguridad social, la igualdad política, el funcionamiento del sistema jurídico, el racismo, las infraestructuras viales y de transporte, la política, la democracia y la participación y el desarrollo local. También sobre la esperanza, calidad y viabilidad de los proyectos de vida, la institucionalidad, el comercio exterior, la propiedad y el derecho a la vivienda, la producción de alimentos, la inversión pública y extranjera y su geolocalización territorial, la cultura, la expansión y diversificación de la industria ligera y pesada.

Además, sobre las condiciones y posibilidad del ejercicio de derechos y libertades de los ciudadanos y las garantías constitucionales, el cambio y diversificación de la matriz energética del país, el acceso y calidad de la justicia, la investigación, el desarrollo e introducción de nuevas tecnologías, la soberanía económica y otras áreas de la vida social y política.

¿Qué sabemos de la racionalidad que está detrás de las decisiones de dirigentes políticos, funcionarios y empresarios?

Excluidos

(Foto: Tomada de El País)

Apenas podemos tener una idea de las dimensiones reales de la situación en que estamos, poco más allá de las percepciones de la dureza de la vida cotidiana para cientos de miles de cubanos. Pero tales percepciones están mediadas por diversas cuestiones, que van desde los ingresos, la ubicación geográfica dentro del país o el estatus social de los individuos; por solo poner ejemplos que muchas veces son resultado de políticas y decisiones gubernamentales.

Los datos públicos disponibles para los ciudadanos suelen ser insuficientes. Aunque en algunos casos permiten identificar la existencia de decisiones estratégicas —como aquellos que informan sobre la Distribución Sectorial de Inversiones que se ha producido en Cuba en la última década—;  no permiten en cambio entender cuáles fueron los argumentos que estuvieron en el origen o continuidad de ellas. Sin embargo, como ocurre en el caso aludido, a menudo son una radiografía de las deformaciones de la economía cubana, sus causas e impactos que, pese a ser públicos, paradójicamente no encuentran un nicho político en que puedan ser analizados, cuestionados y corregidos.  

La ausencia de transparencia en los actos gubernamentales y administrativos, también en los políticos a micro y gran escala, ha sido característica inherente al funcionamiento de las estructuras del Estado y el Gobierno cubanos durante décadas. Esto permitió instaurar un régimen de alta concentración de poder y concesión de amplias —cuando no omnímodas— facultades discrecionales a sus operadores frente a los ciudadanos. Incluso cuando se ha intentado otorgar formalmente una autonomía mayor a los municipios y a las empresas enclavadas en ellos, tal característica ha demostrado ser invulnerable.

La trasmisión y acumulación del poder, y las facultades derivadas de estos cambios, potenciaron no pocas veces la individualización y el culto a la personalidad que suelen acompañar a tal situación. Como resultado, ciudadanos y subordinados, en contextos públicos y laborales, han estado eventualmente lidiando con concreciones mucho más negativas y objetivas del uso del poder, al mismo tiempo que se debilitaban sus posibilidades de participación y control.       

Robert Klitgaard secuenció hace muchos años el algoritmo de la corrupción en una célebre fórmula: Centralización + Facultades discrecionales – Transparencia. Para los cubanos existen densas zonas de silencio alejadas del debate por diversas formas de digresión del foco de atención ciudadana. Ellas abarcan cuestiones muy diversas: inversión de capitales públicos; negociación, aceptación y ejecución de créditos e inversiones; adquisición de deuda estatal; realización de negocios y licitaciones; formación y ejecución de los presupuestos; contratación de servicios; adjudicación, transferencia y disolución de la propiedad pública. Asimismo: ejecución de los presupuestos de gobiernos provinciales y municipales; pagos por servicios de distinto tipo; concertación de contratos y adquisición y trasferencia de inmuebles.

En general, tales asuntos han permanecido fuera del escrutinio en condiciones de opacidad y secretividad normativamente garantizadas, o por la instauración de prácticas de ocultamiento que contaminan la cultura de las instituciones y la vida social.

No pocas veces, tanto ese tipo de diseño como la secretividad y ausencia de trasparencia de funcionarios e instituciones, se han justificado como necesarios dada la eficacia de agencias estadounidenses que persiguen activos, negocios, planes, o mecanismos de financiamiento y pago de obligaciones del Estado cubano.

Tal persecución es cierta, está legalmente codificada y prevista en numerosas directrices administrativas de la poderosa potencia. Pero en la práctica, al partir de un diseño de concentración de poder y escasa transparencia inherente al paradigma de la experiencia histórica del Socialismo, la corrupción económica se expandido por la sociedad cubana junto a su hermana gemela, la corrupción política.

Excluidos

Este cartel recibe a quienes viajan a Varadero.

La primera es ya endémica, causa gigantescas pérdidas anuales y todo tipo de distorsiones a la economía cubana, así como complejos y extendidos entramados de tráfico de influencias, dentro de los cuales miembros de élites políticas y económicas, a todos los niveles del aparato estatal y administrativo, sostienen relaciones endogámicas para el logro de sus intereses.

La segunda opera como principio general para la impunidad individual, el abuso de poder y la desactivación del Derecho y las normas jurídicas en detrimento de los ciudadanos. La existencia de políticos y funcionarios habituados a informar, pero no a explicar; a pronunciarse, pero no a fundamentar racionalmente; han sido tan naturalizados entre nosotros como la supervisión de nuestras actitudes, criterios y pensamiento político por parte de la Seguridad del Estado; o como las condiciones de vida de funcionarios partidistas a cierto nivel, su acceso a bienes y servicios.

La democratización de la vida económica, social y política, es quizás lo único que podemos oponer a las secuelas actuales y prolongadas en el tiempo, tanto de ese cúmulo de decisiones y consecuencias, como de la arquitectura de poder que las posibilita. Nunca ha sido una panacea, pero como proceso político y necesariamente cultural, la democratización es una barrera que debemos erigir frente a la oportunidad que el menoscabo de nuestra soberanía como ciudadanos da a la vulgaridad y la tiranía del capricho de marginales exitosos, que acabarán por heredar y usufructuar totalmente para su beneficio una concentración tal de poder.

Serán ellos, los marginales —que lo son porque viven al margen de los valores que promocionan como válidos y deseables para nuestra sociedad y en los que muchos de verdad creemos—, los que acabarán por degradar totalmente, sea por el envilecimiento de la costumbre, o por la trasmisión indecente del privilegio en que han convertido el poder, nuestras libertades y derechos.

Los excluidos

Durante más de una década, decisiones económicas gubernamentales han provocado la exclusión y empobrecimiento continuo de amplios sectores poblacionales. Ahora, a medida que se estratifican aceleradamente dichos sectores populares gracias a una reforma económica incoherente, contradictoria e intermitente, y al parecer ya sin derrotero; un cada vez más importante grado de exclusión política es condición para mantener y perfeccionar legislativamente la limitación del acceso del poder que se ejerce. También para enfrentar la oposición y resistencia que esos tipos específicos de exclusión y de violencia producen.

Si en realidad, como he apuntado en otras oportunidades, no existe forma de excluir económica y socialmente sin excluir además políticamente, la enajenación y concentración del poder político en cualquier sociedad conduce siempre a la precarización de su distribución y, lo que es peor, a su socialización, disputa y ejercicio, a partir de las pequeñas y escasas cuotas que están disponibles en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Es incorrecto hacer de este un argumento que explique muchos de nuestros problemas, pero las trazas del poder y de la forma de acceder a él o detentarlo, están en la estructura de violencia intrafamiliar y social, de los feminicidios, los maltratos y desprotección al niño, al hombre o la mujer ancianos, también en las epidemias de emigración, suicidios, alcoholismo y enfermedades mentales que experimentamos como sociedad.  

Lo que es negado a las mayorías en su forma social y política plena, determina luego muchas veces una secuencia interminable y difusa de ejercicios públicos y privados de apropiación, uso y abuso del poder.

No hay que subestimar el potencial de violencia real y simbólica que esto tiene, las formas en que distribuye, legitima y valoriza al interior del tejido y las relaciones sociales, el irrespeto al otro, a su autodeterminación y autonomía; la manera en la que finalmente configura la condición de víctimas y victimarios, la indiferencia, la desprotección y el desamparo como conductas, o su efectividad para la fractura y devaluación de la solidaridad y la noción colectiva de justicia.

Es imposible cambiar tal estado de cosas e intentar corregir el rumbo de nuestra sociedad sin destruir los mecanismos de exclusión política, sin cambiar las formas actuales de selección y elección de los ciudadanos para cargos de servidores públicos. Debemos oponer a este escenario una racionalidad nueva, que alcance a las normas jurídicas y a las lógicas sociales que las sustentan.

ExcluidosTenemos que desarmar la cultura de obediencia y simulación que condiciona el acceso y permanencia de tales funcionarios dentro de las estructuras. Hay que eliminar las fuentes de poder de esas minorías silenciosas, que hasta ahora toman —y reservan para ellas— decisiones que nos conciernen y afectan a todos. Debemos librar a los ciudadanos de la interferencia y retaliación sistemática del poder. Se impone sustituir a las personas que han tomado las decisiones que nos han traído hasta el momento actual.  

El ciclo electoral que organiza y gestiona el sistema político cubano no va a permitir nada de esto. Ninguna de las personas que usted conoce y admira, que estarían dispuestas a poner el decoro y la dignidad por encima de cualquier otro interés que no fuera servir a los ciudadanos con inteligencia y mesura, con probidad y decencia; serán propuestas y electas.

No es que muchos de ellos anden dispersos ahora por el mundo. Tampoco es que satisfechos del lucro personal y el éxito estén apartados de la vida pública, ni que no confíen en el talento del cubano, en su bondad e increíble nobleza, o que teman alzar su voz para decir basta, y oír y defender a los que sufren. Es que han sido sistemáticamente, y cada vez más, excluidos. El bloqueo a la alternativa que suponen estos hombres y mujeres que usted conoce, o que están ahora mismo sumergidos en la inercia del anonimato y la imposibilidad de ofrecer su inteligencia y capacidad a la política y al gobierno del país, no es, ni mucho menos, el origen del conflicto, sino la manera en que este se expresa políticamente.

Ello se hace evidente a medida que nuestra política se interna en la ciénaga de mentiras, cinismo, dobles raseros, sarcasmo y banalidad a que la empujan —día a día y peligrosamente— una minoría soberbia y su coro venal. O cuando la crisis política cubana es prolongada conscientemente, a costa de hundir cada vez más al país en una bancarrota económica que compromete ya el futuro de las siguientes generaciones.

Llevamos décadas desperdiciando y perdiendo una parte importantísima del enorme capital de talento, sinceridad y altruismo que los logros civilizatorios alcanzados aquí en los últimos sesenta años produjeron. Todavía no acaba de envejecer y ser apartada una generación que entregó todo y que hoy lidia amargamente con la indignidad de la pobreza; pero a miles de jóvenes se le abren las puertas de la emigración y son drenados de nuestra sociedad como si fueran un pus, para poder manejar la conflictividad y rebeldía interna, o sentar a la potencia adversaria en la mesa de negociaciones. Todo se conocerá algún día.     

A principios del año próximo, cuando los índices de abstencionismo se expresen otra vez de manera abrumadora, y de seguro con valores más altos; no se estarán deslegitimando las ideas de justicia social, democracia, igualdad política y soberanía nacional, ni las luchas contra la discriminación racial, ni ese sueño de la adultez y lucidez ciudadana que es el Estado de Derecho y la plenitud y garantía de las libertades que merecemos; se estará deslegitimando la exclusión política.

Es difícil saber en qué momento después de esto los excluidos asumirán el conflicto. Hasta ahora han evidenciado las estructuras de la exclusión, o han apelado a reglas jurídicas para reformarlas u oponerse a ellas; pero no han creado aún sus propias estructuras. La contradicción esencial de los excluidos es la ausencia de estructuras desde las que oponerse a la exclusión. Mientras ello no ocurra, el conflicto no estará asumido ni planteado realmente.

Todo conflicto político es siempre, en primer lugar, una disputa entre estructuras que ejercen, o intentan participar, disputar o controlar el poder. Pero la existencia política es siempre la condición primera para obtener legitimidad. Los excluidos lo son precisamente porque jamás podrán esperar el reconocimiento formal de sus estructuras por parte de quienes los excluyen para que no puedan tenerlas. Sin embargo, solo lo que existe tiene el privilegio de la acción y de la oportunidad. También del respeto.

La legitimidad de los excluidos es, por tanto, esencialmente, la necesidad de diálogo social sobre la igualdad política, y por eso mismo una declaración de aquello en lo que creen. Ello es, quizás, lo único que necesitan para tenerla: reconocerse en la exclusión.

***

Este artículo es un ejercicio de los derechos y libertades que consagra la Constitución de la República de Cuba.

20 diciembre 2022 25 comentarios 1,7K vistas
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Nosotros

«Permítanos a nosotros tomar decisión por nuestras propias vidas»

por René Fidel González García 10 octubre 2022
escrito por René Fidel González García

Las protestas de los días 11 y 12 de julio de 2021 fueron un test fiable del estado de las estructuras de oposición al Gobierno, o de su endeblez y nula capacidad política para convocar, o al menos intentar de alguna forma capitalizar un acontecimiento de tal magnitud.

Parece bastante obvio que las referidas protestas eran hijas del demoledor impacto social de las medidas económicas tomadas, las consecuencias económicas de la pandemia, así como del inédito reconocimiento oficial de la existencia de un pensamiento de oposición al Gobierno y al Socialismo que habían gestionado palabra a palabra, frase a frase, los autores y ejecutores de la polarización política.

Para algunos analistas, la parte de la población que no salió a protestar a las calles durante el verano de 2021 es mucho más importante a la hora de hacer un balance de los acontecimientos, o evaluar el posterior desarrollo de la vida política del país. Sin embargo, el hecho mismo de que tampoco saliera, al menos no significativamente, para oponerse a los manifestantes, parecía una compleja incógnita política a despejar en el futuro, más que una garantía de apoyo.

Si los datos empíricos de las jornadas de protestas remiten directamente al perfil sociológico que los inductores y operadores de la polarización política habían ayudado a construir y expandir en sus programas televisivos y artículos: hombres y mujeres jóvenes, estudiantes, intelectuales, negros, mestizos, desempleados y pobres; la imagen de una anciana habanera afirmando en medio de las protestas: «nos quitamos el ropaje de silencio», permite también atisbar la existencia de un ángulo ciego a la hora de entender la formación, movilización y comportamiento de los consensos sociales y políticos en Cuba, sus déficits, fracturas y cursos en el tiempo.

La propia alocución televisiva del Presidente cubano el 11 de julio, y su conocida orden de combate, a pesar de ser considerada por muchos como irresponsable llamado a la guerra civil, era un implícito reconocimiento de que las capacidades de auto-movilización espontánea de las bases políticas del gobierno y de las organizaciones de masas y políticas habían sido comprometidas por la envergadura y volatilidad con que se expandieron las protestas, pero también de la atomización y progresiva disfunción política y social que ellas venían sufriendo, desde incluso antes que las circunstancias de sucesivos aislamientos sanitarios y de reforma económica afectaran su funcionamiento.

De hecho, la represión inicial —prevista en planes de contingencia de acuerdo a los escenarios que avizoraban el impacto que tendría la reforma económica—, recaería fundamentalmente sobre fuerzas policiales convencionales, unidades antidisturbios especializadas, así como reclutas movilizados apresuradamente, y los muchas veces dubitativos integrantes de grupos para-estatales que respondieron al llamado.  

Una hipótesis que compite contra las versiones que sobre los hechos, sus motivaciones y causas dieran las autoridades antes y después de controlar a los manifestantes, es que la represión fuera en realidad el gatillo que desencadenó casos de enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la autoridad.

Asimismo, que generara situaciones de agresiones y lesiones a funcionarios públicos (que encuadraban en el delito de atentado), detenciones y/o golpizas, tratos degradantes y abusos, y disparos con armas reglamentarias —causantes de al menos un muerto y un número hasta ahora indeterminado de heridos—, en lo que habían sido hasta el momento de la alocución presidencial, protestas mayormente pacíficas con esporádicos incidentes de saqueos y destrozos de tiendas e instalaciones de comercio y servicios en lugares no protegidos por las autoridades.

Las marchas, casi invariablemente, seguirían el patrón concéntrico inicial que se había apreciado en San Antonio de los Baños, epicentro de las protestas. Empezarían desde las periferias de ciudades y pueblos, nutriéndose desde los barrios más pobres, hasta confluir a sus centros urbanos. Esa ruta es quizás reveladora de algo cuya importancia no se ha valorado lo suficiente: una vez allí, en la mayoría de los casos, los manifestantes se dirigieron a las sedes de los gobiernos municipales, provinciales, o del Partido Comunista. En ningún caso, aun estando débilmente protegidas, se intentó tomar dichas instalaciones por los reclamantes, que superaban en número a los efectivos policiales y trabajadores que las custodiaban.

Las reflexiones que se desprenden, tanto de ese patrón concéntrico como del re-direccionamiento de las marchas hasta los lugares en que física y simbólicamente radicaba el poder, permiten valorar las causas económicas y políticas subyacentes en las protestas e igualmente interpretar sus impactos a más largo plazo.

No todas las inconformidades podrían ser explicadas, ni circunscritas, a las condiciones impuestas por varios ciclos de aislamiento pandémico, sus efectos económicos y psicológicos, o los condicionamientos que imponía a la vida social la política estadounidense contra el Gobierno cubano. Parece más probable la influencia de procesos continuos y prolongados de empobrecimiento y estratificación de segmentos cada vez más numerosos de la sociedad, el deterioro de las infraestructuras públicas que garantizaban los derechos y la seguridad y asistencia social, o su pérdida de alcance y eficacia por recortes presupuestarios y, sobre todo, por una muy baja inversión social en ellas.

Por otra parte, el estado calamitoso e inhabitable del fondo habitacional, la caída en picada de la producción de alimentos, las primeras señales e impactos de una crisis estructural de la producción de energía eléctrica, y la sostenida tendencia al incremento de la desigualdad y diferenciación sociales, también de su percepción social, se unieron de forma catastrófica a los efectos de la reforma económica gubernamental.

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El estado calamitoso e inhabitable del fondo habitacional se unió a los efectos de las reformas económicas (Foto: ADN Cuba)

Una serie de procesos desaceleraron, restringieron y acorralaron dramáticamente los proyectos de vida de la población en contextos urbanos, suburbanos y rurales en un tiempo increíblemente corto:

– Acelerada y súbita pérdida de ingresos, poder adquisitivo y acceso a bienes y servicios básicos experimentada por los trabajadores. 

– Dramática devaluación de sus ahorros e imposibilidad de invertirlos de forma legal y segura antes de que ello ocurriera por inexplicables tardanzas en la entrada en vigor de un nuevo marco para la actividad económica privada. 

– Caída del empleo formal e informal, o su precarización, por la paralización de la industria del turismo y de los servicios asociados a ella.

– Exclusión económica estructural de la mayoría de la población que supuso la dolarización de la economía.

– Inflación galopante, promovida por escasas ofertas de bienes y servicios de las empresas estatales y depresión del comercio minorista.

Las historias de vida, a medida que el grado de diferenciación social entre individuos y grupos aumentaba, reflejaban cada vez más las distancias entre triunfadores y perdedores de la reforma económica; pero también entre los políticos, funcionarios, empresarios y los ciudadanos. Se evidenciaba el declive de más de tres décadas de un modelo de justicia social, y la impotencia e imposibilidad de cambiar su destino para miles de personas.

Por otro lado, que en muchos casos los manifestantes improvisaran diálogos, hicieran peticiones e interpelaran a autoridades y funcionarios frente a las sedes de instituciones gubernamentales y políticas, era demostrativo del nivel de obstrucción de los canales de comunicación política y administrativa con la ciudadanía y de su manejo burocrático y formal.

Que esos intercambios ocurrieran en el espacio tenso y potencialmente inestable de las protestas, era también un paradójico dato de que, a pesar del grado de erosión de la confianza política de los ciudadanos en las instituciones y sus dirigentes —y de la escasa preparación, empatía y capacidad exhibida por muchos de estos últimos para discutir, explicar y rendir cuentas de múltiples problemas de la realidad—; los manifestantes reconocieron y buscaron a las autoridades como interlocutores.

Igualmente, que personas sumergidas en muy difíciles condiciones de vida corearan la palabra ¡Libertad! en lugar de demandas más concretas, no puede ser descartado como poderosa expresión de la percepción que miles de ciudadanos tenían de su realidad política y/o económica, pero también como consecuencia de la arrogancia, insensibilidad, pedantería y comportamiento despótico y autoritario que exhibían no pocas veces las autoridades, o sus agentes.    

Lo explicado hasta aquí —obstrucción de los canales de comunicación política y administrativa con la ciudadanía; persistencia, pese a todo, en reconocer a las autoridades como interlocutores; y percepción de miles acerca de los límites que experimentaban sus libertades políticas a medida que se alejaban del ideal de consenso político y social que las autoridades asumían como válido—, tironeaban ya para entonces al sistema político cubano.

Más de un año después de los hechos, un hombre descamisado y sereno, habitante de un asentamiento improvisado en El Cepem, cerca de Playa Baracoa, al oeste de La Habana, le diría a autoridades y altos grados policiales en las postrimerías de un incidente violento entre fuerzas del orden y vecinos que preparaban una salida ilegal del país:

«Somos cubanos como ustedes, que tienen otra posición en este momento, pero alguna vez se les fue la corriente, alguna vez no tuvieron comida como no la tenemos nosotros hoy. Alguna vez no tuvieron nada como no tenemos nosotros. ¿Qué cambiaron de posición? Felicidades. Permítanos a nosotros tomar decisión por nuestras propias vidas».

Aunque el improvisado discurso fue más largo, la frase: «Permítanos a nosotros tomar decisión por nuestras propias vidas», más allá del contexto de pobreza, represión y migración en que se produjo, funcionaba como resumen de una contradicción política que se hacía cada vez más importante en Cuba.

El quiebre

La represión de las protestas fue, por así decirlo, el fin de una difícil luna de miel del Gobierno con la Constitución de 2019. Aunque es imposible saber con certeza la percepción que ellos y los directivos del aparato ideológico del Partido Comunista de Cuba tuvieron del proceso de apropiación de valores y contenidos constitucionales que hicieron muchos ciudadanos; es absurdo desconocer que en su totalidad provenían de una cultura y prácticas de poder ajenas, cuando no hostiles, a los procesos de autonomía y autodeterminación política que experimentaban muchos ciudadanos, también al sometimiento a la Ley.    

No obstante, puede deducirse que las tensiones políticas previas a las manifestaciones, y los intentos de los ciudadanos de usar dichos contenidos como herramientas para transformar la realidad —que iban desde la protección de animales, creación de asociaciones civiles, defensa de derechos y reivindicaciones de grupos, defensa contra distintas formas de discriminación, y ampliación y eficacia de la participación política, entre otras—, debieron inquietarlos lo bastante como para mirar con desconfianza la paulatina aunque creciente y novedosa repolitización de la ciudadanía que los derechos, libertades y garantías reconocidos en la nueva Constitución habían implicado.

De hecho, el mandato constitucional establecido en las disposiciones de la Constitución de 2019 para que se elaborase una normativa que allanara el camino a demandas de protección activa de los derechos humanos ante tribunales por parte de los ciudadanos frente a violaciones de funcionarios públicos; sería obviado por el Gobierno hasta que, después de posponerlo reiteradamente con el pretexto de la situación pandémica, finalmente lo aprobaría dentro del cronograma legislativo del verano de este año.

Las advertencias que algunos intelectuales habían hecho sobre la posibilidad de que el Estado de Derecho que proclamara la Carta Magna acabara siendo un Estado de Derechos del Estado y los funcionarios frente a los derechos de los ciudadanos, se estaba volviendo una muy dura realidad incluso desde antes de las protestas.

Los casos de Luis Robles Elizástigui, joven trabajador por cuenta propia detenido, procesado y condenado a varios años de privación de libertad por exhibir durante escasos minutos en un céntrico paseo habanero un tosco cartón de embalaje en el que aparecía un mensaje de libertad para los presos políticos; el de Karla Pérez González, joven estudiante que había sido privada arbitrariamente del derecho a la educación cuando cursaba su primer año en la Universidad, y a la que años después se impediría entrar al país al concluir su carrera en Costa Rica; y el de Leonardo Romero Negrín, otro estudiante universitario que en medio de una protesta enarbolara un cartel que proclamaba: «Socialismo Sí, Represión No»; ocurridos todos durante la vigencia de la nueva Constitución cubana, eran, sin ser los únicos, suficientemente diferentes entre sí como para identificar la existencia, o si se quiere continuidad, por parte de las autoridades y funcionarios de un patrón de actuación disruptivo de las normas y valores constitucionales.

Nosotros

Leonardo Romero Negrín

El escaso impacto que tuvo la nueva Constitución en la cultura institucional cubana, la ausencia de esfuerzos y exigencias para adecuar los protocolos de comportamiento y actuación de sus miembros a sus contenidos de derechos y garantías, la promoción sistemática de códigos de cultura política que reñían con su reconocimiento y respeto en las interacciones con los ciudadanos, y el no desmantelamiento de una densa madeja de normas administrativas típicamente inconstitucionales que abarcaban casi todos los aspectos de la realidad; fueron algunos de los factores tenidos en cuenta para pronosticar un escenario en que la eficacia de muchas normas constitucionales se vería sustancialmente afectada, o finalmente cancelada.

Que algunas normas administrativas fueran activadas de forma selectiva y discrecional por funcionarios que no motivaban legalmente su decisión, ni ofrecían posibilidad alguna de recurrirlas —como las que implicaban la prohibición de entrada o salida del país, o de abandonar inmuebles residenciales—, demostraban que, al estilo de las antiguas lettre de cachet, el poder se reservaba interferir en la vida de los ciudadanos de forma particularmente arbitraria e impune.

Para algunos intelectuales, la represión a manifestaciones había sido colofón de un proceso similar a una respuesta biológica autoinmune, pero en este caso contra el cambio de cultura política y jurídica, de creencias, prácticas y ejercicios ciudadanos que había producido la Constitución del 2019. Si fuera posible tal eufemismo, era el inicio de un golpe del Estado contra el nuevo modelo de derechos —y libertades—  políticos que ella reconocía.

Las protestas fueron interpretadas por muchos manifestantes, y por distintos analistas, como ejercicios espontáneos y legítimos de algunos de esos derechos y libertades. No obstante, para el Gobierno —más allá de los desórdenes, saqueos, e incidentes de violencia que se produjeron—, tales ejercicios fueron percibidos como inicio de una intolerable secuencia que era necesario detener y suprimir por todos los medios antes de que se tornara una peligrosa bola de nieve política.

A casi un año de las protestas, el Gobierno pondría a punto dos legislaciones que tenían el rol de antídotos penales y administrativos contra el ejercicio de los derechos y libertades políticas que reconocía la Constitución: el Código Penal y la Ley de Comunicación Social.

Las durísimas penas de privación de libertad impuestas a los manifestantes, habrían servido para disuadir a cualquiera que pretendiera usar los derechos y libertades políticas que reconocía la Constitución de 2019. Era un atajo para recuperar, o consolidar, la iniciativa política interna. Sin embargo, por más efectivo e incluso tranquilizador que pudiera ser tal despliegue de poder, la represión del conflicto era realmente una paradoja en la que la incapacidad política pretendía producir un resultado político.       

Por muchas razones, las protestas fueron extraordinarias en la historia cubana de los últimos sesenta años, pero sería un serio error confundir sus límites temporales con su finitud. En realidad, ellas formaban parte de un proceso político en desarrollo. Pese a la represión, las protestas expandieron increíblemente la apropiación cultural de los derechos y libertades constitucionales; contribuyeron a la consolidación de actitudes, prácticas, experiencias e ideas sobre lo político y lo democrático, que empezarían a mediar de forma cada vez más importante las relaciones e intereses entre la ciudadanía y los funcionarios del Gobierno y el Estado. Y también los sueños y aspiraciones de los cubanos.

Su represión, en cambio, expondría y dejaría irresuelto, pospuesto, el conflicto que aquel hombre, descamisado y sereno, había sintetizado lúcidamente en el litoral habanero como el centro de todas las contradicciones políticas en Cuba.

La celebración a finales de septiembre de 2022 del referéndum para la aprobación del nuevo Código de las Familias, fue, dentro de ese contexto, la oportunidad para muchos de un anhelado ejercicio de tomar decisión sobre sus propias vidas. Para otros, era una elección basada en la afirmación de una cultura política transversalizada por el poder de tomar decisión sobre —y por— otras personas, y no pocas veces excluirlas también, de derechos de los que ellos disfrutaban.

El Gobierno, que monopolizó la campaña por el SÍ, no pudo sin embargo evitar usar dentro de ella un núcleo de nociones y principios que remitían enfáticamente a la legitimidad de la pluralidad, la necesidad de reconocer, proteger y garantizar el respeto a la opción personal, así como proscribir la discriminación y exclusión. El propio Díaz-Canel, en encuentro organizado días previos a la votación, reconocería en la exclusión algo dañino y un factor de atraso para la sociedad cubana. Tal afirmación fue entendida por muchos como acto de hipocresía, que no pasó desapercibido en medio de los enconados debates.

Pero su utilización como argumento, quizás no solo se correspondía a una comprensión personal del terrible drama que había significado —y aún era— para miles de personas que de diversas formas fueron víctimas de discriminación por motivo de identidades y prácticas sexuales. Probablemente su manejo obedecía también a la necesidad de utilizar algunos contenidos fundamentales del paradigma político democrático que manejaban amplios sectores de la población —como parte del cambio político que la Constitución de 2019, las protestas, e incluso la represión, habían acrisolado culturalmente— como punto de apoyo para alcanzar y maximizar consensos sobre una cuestión en concreto.      

Más allá de las repercusiones inmediatas del resultado del referéndum del Código de las Familias —y aunque no fuera prácticamente advertida—, la convocatoria a elecciones municipales hecha a inicios del pasado septiembre, con la que se inicia el ciclo electoral al final del cual podrá ser electo —o re-electo— el Presidente de la República de Cuba, se vislumbraba como una oportunidad mucho más compleja para las expectativas de los cubanos de tomar decisiones políticamente relevantes para sus vidas.

Para el cuarto sistema político vigente en Cuba desde 1959, esta será su primera prueba de funcionamiento electoral. Sin embargo, desde su entrada en vigor en 2019, la respuesta dada a la conflictividad política de la población generó dinámicas y crecientes niveles de exclusión política que podrían influir en la marcha del proceso.

Hay que tener en cuenta que distintas circunstancias internacionales y deformaciones internas de todo tipo, así como los resultados desastrosos de planes y decisiones económicas implementadas por el Gobierno en un corto período de tiempo, han disminuido de forma sensible su capacidad para proponer y articular políticas públicas capaces de lograr la inclusión social y económica de las mayorías.

Esto podría haber comprometido la vitalidad del nuevo sistema político, no solo ya para cumplir su función de soporte eficiente del encauzamiento de consensos, inclusión y participación de los ciudadanos —tal como lograron en buena medida los sistemas anteriores, incluso en momentos de crisis—; sino para renovar formalmente su legitimidad mediante elecciones, o la representación de la diversidad de sectores, clases e intereses de la sociedad.

La acumulación a través de los años de déficits de interrelación y comunicación entre funcionarios electos y ciudadanos, puede haber llegado ya a su punto más alto de rendimiento político. Los ciudadanos cuyas posibilidades reales de comunicarse, ser escuchados, atendidos y representados efectivamente por los diputados nacionales son desnaturalizadas, viciadas, o imposibilitadas; acaban por ser indiferentes, no participar, y desear un modelo diferente al que tienen.  

Para un sistema político que —pese a la preferencia por la elección presidencial directa expresada por miles de ciudadanos en la consulta popular de la Constitución de 2019—, ratificó la elección de segundo grado, será también un enorme desafío que muchas inconformidades, problemas y antipatías de la población hayan sido firmemente dirigidas y personalizadas en el actual Presidente cubano y Primer Secretario del Partido Comunista.

Esta última es, sin dudas, la peor circunstancia que deba enfrentar un político en cualquier tiempo y país. En el caso de Díaz-Canel, puede explicarse por factores diversos, que van desde sus características personales y actitudes, el tratamiento mediático recibido, la vigencia o emergencia de tipos o estructuras de autoridad distintas a la ejercida por él, las percepciones sociales sobre el papel del liderazgo, o su entorno familiar, o imagen y edad; hasta su evaluación a partir de los criterios y expectativas de su cohorte generacional, o de otras generaciones, y la capacidad de lograr una comunicación efectiva y empática a través del discurso e interacciones con los ciudadanos.

Nosotros

El presidente Díaz-Canel y varios funcionarios cargan una pesada rama durante un trabajo voluntario efectuado el pasado domingo. (Foto: Facebook / Tribuna de La Habana)

No se puede subestimar el papel que desempeña la trasformación de cuestiones claves de la sociología política de la población cubana que tienen que ver con: los paradigmas de confianza política, exigencia de responsabilidad pública, nuevas formas de entender la democracia y lo democrático, igualdad política y uso y límites del poder, así como de distintas representaciones de la política, su institucionalización, finalidades y funcionamiento, adquiridas por nuevas generaciones de ciudadanos.

Una joven cubana recientemente entrevistada afirmó:

«(…) el arribo al poder en Chile de uno de los líderes de protestas estudiantiles de hace una década (aquí serían vándalos o mercenarios), de Petro en Colombia, o la derrota de Donald Trump en elecciones, son una metáfora de nuestras frustraciones y aspiraciones como generación. Uno siente que tampoco vamos a tener nunca un Mujica, que sea Presidente y siga viviendo en su destartalada casa de siempre, y eso duele, la impotencia duele. Ninguno de nosotros somos elegibles por el sistema. De eso se trata».    

Por otro lado, si durante los debates previos al referéndum del Código de las Familias, y en la propia jornada electoral, llamamientos y argumentos a favor de un voto de castigo contra el Gobierno posiblemente fueron motivadores en la opción del NO, la abstención y la anulación consciente de boletas; es evidente que la sostenida tendencia a la abstención y anulación de votos registrada en los últimos procesos electorales, pudiera ser indicador substancial del grado de desgaste, contradicciones e insuficiencias de un modelo político unipartidista, que nació y se legitimó en circunstancias muy concretas, pero que, por eso mismo, no puede funcionar eternamente a contramarcha de la dialéctica de los cambios sociales sin acabar siendo anacrónico.

Probablemente Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, cuando reconoció en una comparecencia ante medios de prensa en días siguientes a las protestas de julio del 2021 que manifestarse era un derecho, condensaría sin intención lo desafiante que resultaba siempre al poder la frase que Giuseppe Tomasi di Lampedusa había acuñado en su célebre novela Il Gattopardo.

Ciertamente, no era tan fácil hacer que todo cambiara y conseguir que todo siguiera igual.

10 octubre 2022 27 comentarios 2,4K vistas
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Reforma

Cuba: reforma económica, derechos, protestas y cambio político

por René Fidel González García 20 septiembre 2022
escrito por René Fidel González García

En 2019, aprobada la Constitución que cambió el régimen económico, político y social del Estado cubano, un nuevo equipo de gobierno dispuso no ya solo de los amplísimos poderes que le otorgó, al menos formalmente, el diseño del poder ejecutivo resultante de la actualización de la antigua matriz de concentración de poder en la última etapa de la transición política generacional ocurrida en Cuba; sino además —sin los límites del antiguo cuerpo constitucional—, de un margen de maniobra para acometer la reforma económica.

Contaba también con un expandido catálogo de derechos y garantías constitucionales a desarrollar normativamente. El mismo no solo tenía numerosos puntos de contacto con los contenidos y demandas del proceso de cambio social que se venía produciendo en el país desde décadas anteriores, sino que había logrado conectar con las expectativas y esperanzas de transformación de la realidad que la socialización del debate y discusión del texto constitucional cubano generaría.

No era precisamente este un punto de partida escuálido, tampoco un capital político propio despreciable para el nuevo gobierno, siempre que avanzara con suficiente coherencia y celeridad.

En los siguientes meses, mientras el gobierno trabajaba en la etapa final de una prolongada sistematización y comparación de alternativas y distintas experiencias que le permitirían finalizar la elaboración y concreción de un plan de reforma económica, y también en el pronóstico y estimación de sus efectos sociales, el manejo de la conflictividad política de la población se estaba volviendo disfuncional y peor aún, contradictorio. Ocurría que desde inicios de la década de los 2000, se habían expandido y fortalecido un enjambre de blogs, publicaciones, el acceso a Internet y el uso de las redes sociales.

Lo que en el pasado había sido una gestión de la opinión pública sin apenas fisuras y capaz de imponer, en ausencia de competidores, una hegemonía mediática indiscutible, era para entonces un campo de batalla. Primero intelectuales, activistas y periodistas, y luego ciudadanos en general, encontraron ahí el dinamismo y la posibilidad de expresión, articulación e incidencia, que los espacios públicos, institucionales y políticos reconocidos legalmente, eran incapaces de proporcionar por su propio diseño, o a medida que perdían importancia y se devaluaban.

Para ese entonces, una estrategia basada en expulsiones de centros de trabajo y estudio, advertencias, multas, procesamientos penales selectivos, campañas contra plataformas digitales, acoso, decomisos de equipos, y otras formas de control político, había agotado sus posibilidades disuasorias hasta llegar a ser una rutina punitiva.

Ciertamente financiamientos provenientes de programas foráneos para el cambio del régimen político en Cuba habían estado en el surgimiento y sostenimiento de muchas de las plataformas que existían; sin embargo, la consolidación de un entorno digital que funcionaba como suerte de ágora tan plural como la sociedad cubana, y su capacidad contestataria, crítica y propositiva, fue visto como desafío insoportable, humillante y extremadamente peligroso tanto para el gobierno, como para un aparato ideológico que, ante el desafío, optó por apostar a la polarización política.                                                                     

Cuando a inicios del 2020 el ejecutivo cubano instrumentó la primera medida del plan de reforma económica, que dio en llamar reordenamiento monetario, la dinámica de polarización inducida creada como respuesta al incremento de conflictividad política era ya, de diversas formas, un fracaso. Este funcionaría en los siguientes meses como uno de los catalizadores para que se produjera en el país la compleja unión de los tiempos, demandas y exigencias, de lo político y lo económico.

Incluso hoy, tomando en cuenta el grado de penetración de la Internet y el aumento del tráfico y tamaño de las redes sociales, es muy difícil creer que, por ejemplo, un pequeño y micro-localizado grupo de artistas, activistas y académicos, opuestos en principio a la entrada en vigor del Decreto-Ley 349 y agrupados bajo el nombre de Movimiento San Isidro (MSI), hubiese llegado a ser conocido nacional e internacionalmente. Ello hubiera sido difícil sin las presiones y acosos que recibieron sus integrantes por parte de los órganos policiales y de Seguridad del Estado, y sobre todo por la inédita sobre-exposición que le dieron medios nacionales de prensa.

Reforma

Protesta de miembros del MSI contra el Decreto Ley 349. (Foto: ADN Cuba)

El antecedente más inmediato de la dinámica de polarización política inducida, había sorprendido a los lectores del Granma unos años antes, cuando leyeron atónitos, como si se tratara de una discusión entre terceros a la que eran profundamente ajenos, una serie de artículos dedicados a la existencia de una corriente de pensamiento: el centrismo, y a sus actores, los centristas.  

Aquel esfuerzo, aparentemente solitario, sirvió sobre todo para enrarecer y tensionar el ambiente político en universidades, centros de investigación e instituciones culturales; mientras se atajaba oficialmente la existencia de distintos espacios y proyectos en los que intelectuales y académicos de diferentes orientaciones estaban confluyendo.

Su nivel ideológico más alto conocido, aunque aparentemente circunscrito a una rama estratégica de la reproducción ideológica, había sido un artículo escrito por la —en aquel momento— vice-ministra primera de la Educación Superior; sin embargo, de ahí en adelante crecería en importancia una matriz comunicativa que vertería, a través de medios públicos y estructuras para-estatales con presencia en Internet y las redes sociales, acusaciones de mercenarios, contrarrevolucionarios y agentes de cambio, a cualquiera que criticara al Gobierno.

Dentro de tal matriz, la posterior exposición mediática y el sobredimensionamiento oficial de la importancia del MSI, parecía en realidad el torpe intento de construir el perfil de una oposición que pudiera ser denostado y desacreditado ante un sector de la opinión pública cuyo consumo político estaba mayormente conectado a los medios estatales y su flujo de propaganda e información. Para lograrlo se apeló a estereotipos negativos sobre aspectos raciales, sociales, morales, clasistas y culturales.

Muy poco tiempo después, cuando un grupo de artistas e intelectuales protagonizó una nutrida protesta frente al Ministerio de Cultura, a raíz del allanamiento policial de la casa en la que miembros del MSI se habían enclaustrado ante la persecución y el hostigamiento del que eran objeto, los estrategas de la polarización política redoblarían su apuesta.

Si por un lado se hicieron cotidianos diferentes tipos de presiones a intelectuales y activistas, sus familiares y vecinos; al mismo tiempo se dejaba abierta, y en algunos casos hasta se facilitaba, la migración como especie de exilio exprés no declarado. A la par, el diseño de algunos programas de televisión pretendió detener y re-encauzar la experiencia de socialización y la calidad de un debate político público que, a través de intelectuales, activistas y artistas, amenazaba con salir de los confines digitales.

Rara vez se puede apreciar con tanta nitidez la incapacidad de un adversario que cuando este apela a la vulgarización y simplificación, no solo en tanto medio de expresar o contrarrestar argumentos, sino como método para destruir la posibilidad misma del debate y lograr el empobrecimiento de la política.

El manejo reactivo, sesgado, ilógico, falaz, sarcástico, y no pocas veces banal de los acontecimientos de la realidad cubana que estos programas propusieron, no estaba sin embargo dirigido a aportar argumentos o a convencer a sus públicos potenciales. Su objetivo real pretendía conectar con destinatarios que compartían sus puntos de vista y sistema de valores, y que difícilmente repudiarían, o serían refractarios, a los medios que les eran propuestos para reafirmar sus ideas.

Reforma

El manejo reactivo, sesgado, ilógico, falaz, sarcástico, y no pocas veces banal de los acontecimientos de la realidad cubana que estos programas propusieron, no estaba sin embargo dirigido a aportar argumentos o a convencer a sus públicos potenciales. (Foto: Captura del NTV)

Que tales programas y sus presentadores, o articulistas y líderes de medios digitales y de grupos en las redes sociales, funcionaran como una versátil interfaz a través de la cual el Gobierno —y sus agencias—  manejaron frecuentemente temas, situaciones y aspectos de interés gubernamental y social, u ofrecieron informaciones y dirigieron ataques contra individuos y grupos en clave de negación plausible, sería considerado por algunos como una zona crepuscular, en la que resultaba cada vez más difícil advertir la existencia de una única dirección del flujo de influencia política.

Lo que pareció una adecuación del discurso político a los novedosos códigos de comunicación impuestos como válidos y efectivos, o acaso un bizarro trasplante de sus formas y fórmulas más empobrecedoras y básicas, o simplemente una contaminación de la política con los más viejos presupuestos del periodismo amarillista; acabó por ser un perturbador indicador de la forma de hacer política en Cuba, mucho más cuando el liderazgo actual, distaba sobremanera de las posibilidades y dotes comunicativas que caracterizaron su ejercicio durante las primeras décadas.

La antigua formación de intelectuales y pensadores de enorme prestigio nacional e internacional que durante años habían socializado ideas, perspectivas y contenidos éticos particularmente importantes por su diversidad y calado a la reflexión política e ideológica nacional, cederían paso —en un momento de glorificación de la opinión, la adulación y la falta de escrúpulos para mentir, tergiversar y fragmentar los hechos—, a personajes anodinos y desconocidos, que parecían ser, por su retórica y los recursos de que se valían, el reflejo de conocidas contrapartes mediáticas foráneas.

Bien pronto, el frenesí oportunista de extremismo y sospecha política que ellos ayudarían a desatar, estaría alcanzando y emplazando con los mismos métodos a personas que hasta hacía poco eran sus compañeros de viaje.

A no pocos de estos personajes le fueron asignados puestos culturales y académicos, además de salarios y distintos tipos de gratificaciones por su trabajo. No obstante, el saldo de empobrecimiento de la cultura y de los recursos de interacción política de la población, y el para nada despreciable resultado colateral del desarrollo de una tendencia de memeficación de la política oficial y popular, había sido hecho a costa de un dogma de Fidel Castro hasta ese momento inalterable: no reconocer nunca la existencia de la oposición.

A escasos siete meses de aplicado por el Gobierno el primer paquete del plan de reforma económica, en medio de la terrible tensión de la epidemia del Covid-19 y del cómodo realismo político de una nueva administración estadounidense —que esperó recoger sin mayor exposición los frutos de las medidas tomadas por su predecesora a costa del sufrimiento del pueblo cubano—, la población ocupó masivamente durante horas las calles de muchas ciudades y pueblos de la Isla.

Esto lo haría, en realidad, sin convocatoria ni liderazgo político alguno, pero la apuesta a la polarización, y las reacciones y dinámicas que generó, habían sido suficientemente intensas como para proporcionar a miles de personas soportes identitarios, simbólicos, e imaginarios, que supondrían al sistema político insular un serio problema para el futuro.

Un año más tarde, con el país conmovido por una estampida migratoria tan extraordinaria como inédita en la historia nacional, que muchos consideraron también resultado del desquiciante golpe que la represión a las protestas había asestado a las esperanzas de democratización de la sociedad cubana, una de las preguntas que interpelaba a la gobernabilidad y al propio funcionamiento del sistema político, no era ya qué hacer con los excluidos, sino qué harían los excluidos frente a la exclusión.

No era esta una pregunta cualquiera. Después de todo, parafraseando a Eliot Weinberger, una pregunta es siempre un anhelo articulado.

***

Este artículo es un ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución.

20 septiembre 2022 7 comentarios 1,5K vistas
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Aunque tenga que practicarse la libertad

Aunque tenga que practicarse la libertad

por René Fidel González García 22 octubre 2021
escrito por René Fidel González García

Desde el año 1959 nunca antes se había mentido en Cuba por tantos y por tan diversas cuestiones. Se ha hecho desde el gobierno, desde las instituciones, desde la prensa; y se ha hecho con tal frecuencia, impunidad y solapamiento, y cabe precisar tan burdamente, que ya ni siquiera extraña se haga, o quién lo hace, o sobre qué se hace, o por qué. Estas cuatro variaciones de la recepción de un mismo hecho, son significativas desde todo punto de vista porque expresan un vacío.

Mentir, sin embargo, en cualquiera de las formas en que se haga, es solo un atajo hacia la ilusión de cambiar la realidad, u ocultarla, no de transformarla. En política, tal cosa es un despropósito que lidia siempre afanosamente contra las percepciones de la realidad de los ciudadanos y se traduce con demasiada frecuencia en la pérdida de la credibilidad pública. No es la mentira, aunque algunos lo crean, un recurso renovable, mucho menos cuando es capitalizada, como ha venido ocurriendo, por una persona, o una asociación política.

El sistema cubano está diseñado de tal modo que expresar la opinión de los ciudadanos sobre el prestigio y credibilidad de políticos y funcionarios —o la posibilidad de criticarles, emplazarles o enjuiciarlos directamente— es una práctica desactivada o expuesta a medidas punitivas y no incide —sino en casos extraordinarios— en la selección o renovación de aquellos. Dicho diseño, llegados a un punto, empieza a funcionar como un acumulado negativo y una deriva para el funcionamiento y la legitimidad del propio sistema. Ese punto ha sido ya traspasado.

No ocurre tal cosa sin que se dañe la gobernabilidad de un país. La calidad de la comunicación y la confianza política de los ciudadanos en sus gobernantes y en la gestión del conjunto institucional que conforma un sistema político, no es ciertamente un indicador de la capacidad de los ciudadanos para hacer valoraciones y comprender la realidad, pero es el primer criterio a tener en cuenta para el diagnóstico de una sociedad que experimenta una crisis política y conocer su envergadura.

Toda crisis política contiene en su origen una fractura de la credibilidad entre interlocutores, pero cuando se expande a la sociedad —sus clases y grupos sociales—,  entonces se vuelve una muy seria y difícil interpelación a todas las certezas que la hacen funcionar como una comunidad de destino, o de interlocución.

Aunque tenga que practicarse la libertad (2)

Esa fragilidad de las certezas sociales y políticas se expresará en Cuba, en el corto y mediano plazo, en la aceleración e intensidad de dinámicas diversas y al mismo tiempo interconectadas, como: el absentismo en los procesos políticos institucionalizados y su deficiente calidad, la desnacionalización de los proyectos de vida y profesionales, las migraciones reactivas, la fuga de capitales, también en la inhibición de la inversión —nacional o extranjera— y el incremento de la corrupción.

La inseguridad e incertidumbre sobre el futuro que experimentan los individuos en esa situación impactará en los ya alarmantes índices de natalidad, suicidio y violencia doméstica y de género; en la degradación del cuidado de individuos vulnerables al interior de las familias y las instituciones; en el aumento del alcoholismo y la infelicidad; en el debilitamiento de la solidaridad y en la emergencia de la impiedad y la intolerancia social.

Este es un cuadro que se complejiza exponencialmente y se vuelve perverso al interior de la crisis económica y pandémica que embate hoy directamente contra la población y la capacidad de funcionamiento de las instituciones; sobre todo por su potencial para hacer retroceder el grado de civilización alcanzado por la sociedad cubana.

Si la desintegración social es siempre un patrón que acompaña el retroceso civilizatorio experimentado por una sociedad, su decadencia —la de sus valores e ideas, su puesta en práctica y estructuras— es un proceso diferente pero que produce inexorablemente su propia cultura y formas de hacer política. La política —y los políticos— de la decadencia son siempre paradójicos, es una contradicción que se afirma y se niega a sí misma. 

Antes, pero sobre todo después de la Constitución de 2019, apunté desde este mismo medio la existencia —y peligrosidad— de una situación de anomia que en Cuba describía la contradicción entre las metas culturalmente legítimas de los ciudadanos y los medios institucionales para lograrlas.

Recuerdo que en el último año que impartí la asignatura Sociología de la Democracia en la Universidad de Oriente, expliqué a mis estudiantes la secuencia que desde algunas perspectivas teóricas podía seguir la anomía, esto es: innovación, ritualismo, retraimiento y rebelión.

Lejos estaba de suponer que la situación de anomia que originaba la disfuncionalidad de muchas de nuestras instituciones en aquel entonces para dar curso y propiciar las demandas del proceso de cambio social y político en curso en el país desde antes del proceso constituyente, sería relanzada o agravada por la postergación y en la práctica desactivación de la Constitución y el Estado de Derecho que ella proponía.

Las marchas que ocurrieron en el verano de 2021 han sido interpretadas hasta ahora de muchas maneras. La mayoría de los análisis realizados intentaron constreñirlas a un acontecimiento que, aunque extraordinario, tuvo una duración muy limitada. Sin embargo, lo ocurrido —y sus causas—  son parte de procesos que continúan emergiendo de lo social a lo político, de lo privado a lo público, y se expresan a través de un disenso político muy complejo y dinámico que no puede ser medido exactamente por la cantidad de personas en las calles, ni por sus comportamientos, ideas expresadas o aparente facilidad con que fueron contenidas y reprimidas.

La posibilidad que ello ocurriera, e incluso su capacidad de traducirse en protestas públicas, no era algo desconocido para el actual gobierno.

El impacto y costo en términos de empobrecimiento y estratificación social instantánea de la población que implicaba la reforma económica iniciada en el 2020, no solo estaba prevista como consecuencia inmediata por sus planificadores y decisores, sino perfectamente asumida después de más de una década de sistemática reducción de las inversiones y gastos públicos como un riesgo de gobernabilidad a enfrentar.

Por otra parte, los debates y propuestas realizadas en consulta popular, en particular las expectativas creadas entre la ciudadanía por la provisión de derechos y libertades que había hecho el texto constitucional de 2019, fueron lo suficientemente contradictorios e inquietantes para las élites del aparato gubernamental y político cubano como para que ignorasen que esta vez el disenso iba a expresarse a través de ejercicios de derechos constitucionales.

De hecho, la secuencia de sucesos previos a las masivas protestas —más allá de ser subestimados y simplificados por muchos desde sesgos y paradigmas de análisis disfuncionales—, indicaba con intensidad que el proceso de formación, apropiación y despliegue de la identidad ciudadana, como identidad política de los cubanos a partir de prácticas individuales y colectivas auto determinadas y auto organizadas, no había hecho más que expandirse y alcanzar importancia.

Tales prácticas fueron auto referenciales y sirvieron para inducir y canalizar en muchos de los individuos involucrados —y en otros que las conocieron—  cambios en su autoestima política, expectativas e ideales de justicia y concepciones de lo que debe ser el buen gobierno; así como para aportar experiencias de participación que eran ensayos de discusión, negociación y acuerdo en un contexto de pluralidad y diferencia de intereses.

Todo parece indicar también, pese a las escuetas y endebles explicaciones oficiales, que los repetidos intentos de muchos ciudadanos desde la aprobación de la Constitución de 2019 para usar derechos como el de Queja y Petición, o acceder a la vía judicial para proteger derechos y libertades ante violaciones de funcionarios y el Estado, aunque infructuosos, jugaron un papel importante en que el desarrollo legislativo de estos fuera retardado.

En paralelo, el Gobierno empezaría una carrera contra el tiempo con la emisión de otras normas que le permitieran blindarse ante este desafío, al tiempo que devaluaba, y de hecho enajenaba, en la cultura y prácticas de las instituciones públicas, también desde los medios de comunicación, los valores, principios y contenidos de la nueva Constitución cubana que estaban siendo apropiados por los ciudadanos.

Quizás la clave para entender algunos de estos procesos y el momento actual de crisis política, o sea, la contradicción que plantea el bloqueo de los medios institucionales y de los recursos que proporcionan, entre otros, los derechos y libertades constitucionales para alcanzar las metas legítimas de los ciudadanos, pueda estar —sobre todo si se tiene en cuenta la actual fluidez y acortamiento temporal de la sucesión de las etapas de anomia— en qué hacer con los disensos.

No es posible, por lo menos para mí, explicar en pocas líneas cómo fue que el gobierno cubano acabó optando, ante el aumento de la conflictividad política, por hacer uso de sus extendidas facultades discrecionales para ir contra el Derecho vigente, o para interferir en su aplicación, como demuestran —por solo poner dos ejemplos anteriores a las manifestaciones— los casos de Karla Pérez y Luis Robles. La primera, impedida de entrar a su país después de ser privada cuatro años antes del derecho a la educación; el segundo, procesado y condenado por escribir y alzar en solitario un cartel con demandas de tipo político en una locación habanera.

Las reacciones que generaron estos hechos, el primero de ellos en el plano internacional, y en el caso de Robles el hecho de que fuera protegido de la policía por la población, debieron servir como advertencia. Si actos de este tipo, o responsabilizarse gubernamentalmente con ellos, tuvieron un costo internacional cada vez más sensible, inéditamente, el gobierno estaba siendo conminado a someterse al Estado de Derecho por una parte de la población.    

Subestimar la existencia de disensos, su complejidad y diferentes tipos, fundiéndolos en un todo homogéneo; así como seguir ignorando que el grado de legitimidad y funcionabilidad de cualquier sistema político, su eficiencia misma, se mide precisamente por la manera en que logra encauzarlos con el fin de producir los consensos necesarios para el funcionamiento de una sociedad; es ya un gatillo de rebelión en Cuba.

Aunque tenga que practicarse la libertad (3)

En definitiva, más que la conservación del poder de un grupo, o tendencia política, es esa y no otra, la finalidad y función práctica de todo sistema político como condición de la civilización, el orden y estabilidad en una sociedad.

Ningún sistema político ha sobrevivido nunca a la erosión o pérdida a escala social de tres consensos fundamentales: 1) sobre sus reglas de funcionamiento, 2) sobre los medios instrumentales para lograr dentro de él los objetivos políticos de los ciudadanos, y 3) sobre la eficacia, coherencia y credibilidad de sus mecanismos de representación política. Tampoco a su incapacidad para transformarse y hacerse inclusivo.

Los consensos políticos pueden ser alcanzados, incluso re-articulados y conservados durante mucho tiempo a partir de la existencia y socialización de marcos normativos que definan la validez, factibilidad, deseabilidad y límites de los objetivos políticos de cada ciudadano en una sociedad. Pero nunca, o por lo menos no definitivamente, a través de la inducción a polarización política de la población, de la incoherencia y contradicción que supone el abuso de poder, el silencio administrativo y la arbitrariedad selectiva por parte de funcionarios e instituciones públicas. Y menos desde la violación y desconocimiento de los derechos y libertades reconocidas, o del intento de privatizarlos y monopolizarlos políticamente.

La negación de que los ciudadanos intenten cambiar las cuestiones que afectan su vida cotidiana —esto es: lograr alcanzar sus metas y aspiraciones, porque existen legalmente, han sido creadas, son aceptadas, accesibles y funcionales las condiciones y medios políticos, sociales y jurídicos para conseguirlos—; entraña además una consecuencia que es también una responsabilidad. Se proporciona con ello un medio idóneo para que se vuelvan opacos y confusos tanto los actores como los objetivos políticos, económicos y sociales que pueden resultar indeseables y peligrosos para el conjunto de valores, intereses y aspiraciones en una sociedad.

Las élites políticas y gubernamentales defienden sus privilegios de función, sus lujos y predominio político exclusivo mediante complejas relaciones endogámicas, mientras obran en silencio para, llegado el momento, funcionar a plena capacidad y abiertamente como élites económicas. Pero no se puede desconocer tampoco que, entre las reivindicaciones de derechos y libertades, entre afanes de justicia y democracia postergada, bracea igualmente en Cuba —aunque haga todo por invisibilizarse— una derecha que irascible y venal, hija espuria de la arbitrariedad y el despotismo, devota de la cultura de cancelación política, intenta capitalizar el momento para su sueño de revancha en el poder.

Aunque distinta, no es menor la responsabilidad de aquellos místicos del sectarismo y del poder desde sus periferias, que, en santuarios institucionales o académicos, ofrecen coartadas e intentan hacer creer que existe un dilema para los ciudadanos en Cuba en relación al ejercicio de los derechos y libertades constitucionales. Ellos intentan convencer de que la reivindicación del Estado de Derecho es una elección entre el Gobierno y el Derecho.

No se trata de ser profetas del desastre. Nos esperan tiempos difíciles. Pero es imposible creer que la concesión de derechos económicos y civiles, o su instrumentación práctica, podrá impedir, retardar o hacerse a costa del ejercicio de los derechos políticos que resultan necesarios para la democratización de la sociedad cubana.

Ese proceso está contenido, se quiera o no, en el ADN mismo de las nociones de República y de Estado de Derecho, y en el catálogo de libertades y garantías que establece ahora la Constitución. Y es ya esta contradicción, entre lo que somos y lo que podemos ser como sociedad política, el nudo gordiano que hay que cortar de una vez.

Nos queda el desafío enorme de construir y hacer entre todos y para ello los aprendizajes de una cultura democrática. Pero de algo se puede estar seguro, los derechos serán practicados, aunque tenga que practicarse la libertad.

                                                                      ***

Este artículo es un ejercicio de los derechos y libertades que consagra la Constitución de la República de Cuba.

22 octubre 2021 41 comentarios 2,6K vistas
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Reforma

Reforma económica, tiempos políticos y democratización en Cuba

por René Fidel González García 19 agosto 2021
escrito por René Fidel González García

Es plausible estimar que con el paquete de medidas recién aprobadas, el Gobierno cubano apuesta más a aliviar la presión que sobre él ejerce la crisis global, que a la aceleración propiamente dicha de la reforma económica que tenía prevista. Sin embargo, por primera vez en más de seis décadas se han unido y vuelto cruciales para la gobernabilidad dos tipos diferentes de tiempos y demandas. 

Ambos implicarían, por un lado, tener capacidad para introducir cambios y obtener resultados e impactos inmediatos y deseados, tanto en la esfera económica como en la política. Por el otro, satisfacer —sin afectar el funcionamiento esencial del sistema político—, las exigencias de libertades y derechos económicos, políticos y sociales gestionados por diferentes clases, grupos y sectores de la población cubana como un nuevo umbral de consenso.

El contexto de desarrollo de la actual sincronización y jerarquización de lo económico y lo político como desafío para la gobernabilidad cubana se puede resumir en:  

1) La ineludible eficacia de las medidas económicas y financieras puestas en marcha por la anterior administración estadounidense.

2) El lastre enorme —e igual de ineludible— de una economía deformada,  corrupta, ineficiente y por décadas errática y contradictoriamente dirigida.

3) Las tensiones y reacomodos de un sistema político que, ante la disfuncionalidad y pérdida de importancia de sus organizaciones sociales y de masas, sus déficits de comunicación y de certidumbre política; se repliega sobre instituciones, prácticas y valores que le permitan el control, enfrentamiento, falsificación y anulación punitiva de los disensos, más que su recepción y manejo.

4) Los cambios de percepciones sobre lo político, la esfera pública y la participación en individuos de diferentes generaciones, grupos etarios, historias y experiencias de vida a partir de la reflexión, búsqueda e involucramiento en ideas, prácticas y alternativas para evitar, enfrentar o revertir la precarización y las rupturas, la desintegración y los obstáculos que afectan a sus proyectos e ideales.

5) La difuminación y atomización de un proyecto de país inclusivo y de baja diferenciación social, ante la consolidación y aceleración de procesos de exclusión y estratificación social, económica y política.

De la reforma económica —más allá de su diseño, ritmo y deficiencias—, se pueden esperar resultados solo en un plazo dilatado, pero es casi seguro que ello implique una secuela de costos sociales muy sensibles, algunos seguramente perversos e imprevistos.

De hecho, puede asumirse que lo ocurrido en el verano del 2021 obedece a la interacción y confluencia de contradicciones acumuladas en los últimos treinta años, pero debe entenderse sobre todo como una reacción inmediata y aguda a la reforma.

¿Lo que vemos y veremos en lo adelante será la ejecución de la reforma, o su adecuación cautelosa y por eso discontinua en función de evadir en lo posible los peligros de otro estallido? ¿O será el freno, y acaso descarrilamiento, de aquella que el gobierno tenía concebida y pensaba ejecutar a pesar de esos mismos peligros?

Sobre todo ello gravita la crisis sanitaria que actualmente enfrenta Cuba, que aunque angustiosa y terrible, trae aparejadas otras tensiones y límites, tanto a la ejecución proyectada de la reforma como a su probable freno y readecuación.

Reforma (2)

 Militares ayudan en la producción y distribución de oxígeno medicinal en Cuba ante la alarmante carencia de ese elemento en los hospitales

Por otra parte, el sistema de salud es de muchas formas una pieza clave o si se quiere, —junto a la educación universal y gratuita, la asistencia y la seguridad sociales—, una zona esencial de realización del sistema político y fuente principalísima de su legitimidad. A tenor con ello, un colapso como el que parece estar ocurriendo bajo la presión diaria del incremento del contagio de la Covid-19, la insuficiente provisión y disponibilidad de medicamentos y medios de protección, unido al agotamiento del personal médico y paramédico, tendría repercusiones muy difíciles de enfrentar incluso cuando fuese revertido.

A la sincronización de los tiempos políticos y económicos y al estrecho margen de maniobra que deja tal situación, no existe una salida fácil. Menos si desde el Gobierno —y desde las clases y grupos que operan dentro de él, y le presionan o ralentizan mientras actúan como minorías silenciosas desde una intrincada y aún opaca madeja de intereses—, se continúa bloqueando la democratización posible y necesaria del país en nuestras particulares condiciones.

El cambio político de la sociedad cubana, que demanda la democratización, está ya muy avanzado como proceso y no hará más que afianzarse. En ello han jugado un papel muy importante, primero, los valores, prácticas y expectativas de derechos y libertades de los que la población se fue apropiando como parte del prolongado proceso de trasmisión y acumulación cultural y civilizatoria, no exento también de influencias y condicionamientos externos; segundo, el impacto que tuvo en el reforzamiento de ese curso el propio proceso constituyente de 2019.

Concebida como eje y plano minucioso de la transición política generacional, así como de la modificación del régimen político, económico y social del Estado y de la sociedad; la nueva Constitución reflejó en su debate y aprobación la importancia política creciente que tendrían los posicionamientos de la ciudadanía alrededor de diversos temas de su interés.

Nada sugiere que el Partido o el Gobierno quieran hacer funcionar el Estado de Derecho, por lo menos en los alcances que plantea el texto constitucional refrendado hace dos años por la mayoría de la población cubana con derecho al voto.

Se ha retardado dolosa e inconstitucionalmente su entrada en vigor, y los trabajos legislativos de la Asamblea Nacional o del Consejo de Estado, es muy posible intenten desactivarlo y atenuarlo hasta travestirlo en una suerte  de  Estado de Derecho del Estado y los funcionarios, orientado contra la autonomía y la autodeterminación de la ciudadanía y capaz de codificar la ambigüedad y la discrecionalidad como licencias para la arbitrariedad, el abuso del poder y el despotismo; tal como sugiere la reciente publicación del Decreto Ley 35.

Reforma (3)

El Presidente en San Antonio de los Baños el 11 de julio. (Foto: EFE)

La reacción gubernamental a los acontecimientos del pasado mes de julio —descontando el peso que tuviesen la soberbia y amor propio del presidente cubano al regresar de las manifestaciones, ante los abucheos y ataques que recibió en San Antonio de los Baños—, quizás fuese el momento más importante de los esfuerzos de un sector que teme a la ruta de democratización y al cambio de cultura política e institucional que implicaría el ejercicio de libertades y derechos por parte de los ciudadanos y el respeto de estos y de las garantías constitucionales por parte de los funcionarios y el Estado.

Contradictoriamente, la aparente operación de inteligencia cubana que permitió que un reducido aunque persistente y determinado grupo de activistas, artistas y académicos opuestos a la implementación del Decreto Ley 349 fuese sobreexpuesto en las redes sociales y lanzado por el Gobierno y los medios oficiales como un despreciable y vituperable ensayo de oposición política; sirvió para colocar en el centro del debate interno, incluso a pesar del clima de polarización, la necesidad de las leyes de desarrollo de los derechos, libertades y garantías constitucionales que para ese entonces estaban siendo pospuestas en nuevos cronogramas legislativos. 

En cambio, han ocurrido sucesos que le otorgaron de facto, por primera vez en nuestra historia reciente, reconocimiento y legitimidad a la pluralidad y el disenso político. Por ejemplo, la larga jornada del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura, el  manejo gubernamental que optó al final de ese día por el diálogo y el aplazamiento del conflicto, el rechazo a la prohibición del regreso al país de una periodista privada del derecho a la educación unos años antes.

También la detención y procesamiento de dos jóvenes de diferentes orientaciones ideológicas que alzaron carteles en lugares públicos contra la represión; la vigilancia y reclusión domiciliaria de activistas y periodistas no acreditados oficialmente, así como las denuncias formales y los testimonios sobre excesos y presuntos delitos cometidos por agentes de la autoridad o civiles durante las masivas manifestaciones de hace un mes.

El hecho mismo de que pese a la represión, la criminalización, la judicialización de la participación pacífica en las protestas y la devaluación de sus motivaciones y causas; el gobierno tuviese que incorporar a su discurso mensajes de amor y paz, o retractarse y relativizar posiciones de intolerancia; puede ser entendido estrictamente por algunos como un ejercicio de cinismo e hipocresía, pero da cuenta sin embargo de la importancia y expansión a la sociedad cubana, de nuevas comprensiones e imaginarios sobre la democracia.

En esto último hay un código del futuro para Cuba y, al mismo tiempo, una encrucijada. Los hombres y mujeres del Gobierno deberían detenerse en ella antes de seguir la senda, en definitiva toda rebelión empieza por alguien que dice basta.

***

Este artículo es un ejercicio de los derechos y libertades que consagra la Constitución de la República de Cuba.

19 agosto 2021 42 comentarios 3,3K vistas
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Tiempos

En los tiempos de Abdala

por René Fidel González García 2 julio 2021
escrito por René Fidel González García

Sobre el elefante y los mil conejos

Una anécdota probablemente apócrifa de la política cubana, ha trasmitido en una frase la dificultad que supondría la ausencia de Fidel Castro al frente del gobierno: mil conejos no sustituyen a un elefante. Sin embargo, el gobernante no solo cesó en sus funciones mucho antes de morir, sino que una de las joyas más deseadas en su gestión —un modus vivendi formal entre Cuba y los Estados Unidos— sería alcanzado, mientras aún vivía, por su sucesor Raúl Castro.

En cualquier caso, la frase hacía referencia al liderazgo nacional e internacional ejercido por el político cubano, capaz, a un tiempo, de lograr durante más de medio siglo complejos consensos al interior del país y de convertir al gobierno cubano en un actor no despreciable en las peligrosas brumas de la Guerra Fría. También era relativa a sus experiencias, sagacidad y determinación personal para convertirse, y ser considerado, en un formidable contrincante político por sucesivos mandatarios y políticos de los Estados Unidos.

Desaparecido Fidel Castro, previa entrega de sus cargos gubernamentales a su hermano, y este más adelante a Miguel Díaz-Canel; la Constitución de 2019 allanó el camino a la formalización de la concentración y especialización de las funciones ejecutivas mediante el fortalecimiento de las atribuciones presidenciales y el desarme del modelo asambleario anterior.

Apenas un par de años después, cuando debió estar haciendo sus primeros ajustes de puesta en marcha un modelo de Estado de Derecho por mandato constitucional, el nuevo gobernante sería, además, investido de la máxima responsabilidad partidista.

Es cierto que los capitales políticos pueden ser heredados, incluso es posible ser usufructuario de la legitimidad de una generación, de sus luchas, aspiraciones y logros, sin tener necesariamente que cargar con sus fracasos; pero asumir esa, o cualquier otra responsabilidad, pasa por entender que todo capital es susceptible de ser perdido. Tener la responsabilidad implica, igualmente, ser responsable del éxito y del fracaso. 

Tiempo (2)

Miguel Díaz-Canel junto a Raúl Castro, tras ser nombrado presidente en abril de 2018. (Foto: Adalberto Roque/ AFP)

Es difícil determinar la importancia que tienen —o tendrán— las experiencias y características como político del actual mandatario en el manejo de los diversos y complicados problemas económicos, políticos y sociales del país, o de un diferendo como el que se sostiene entre los Estados Unidos y Cuba, que ha condicionado dramáticamente la realidad cubana.

Nada parece sugerir que estemos delante de un prospecto de estadista. El pausado ascenso y formación de Miguel Díaz-Canel como miembro —y sobreviviente— de un pequeño grupo de funcionarios seleccionados y entrenados para ocupar cargos de dirección de importancia, es probable haga remota o cancele esa posibilidad, incluso asumiendo que disponga de los recursos intelectuales, comunicativos y de la iniciativa y proyección teleológica propias del liderazgo.

De lo que se puede estar seguro es de que a medida que el acompañamiento que todavía realiza la generación anterior se debilite, y finalmente desaparezca, el rol que esas características personales desempeñarán en la toma de decisiones y en la interacción con los problemas de una sociedad que experimenta un complejo proceso de cambio social y político, será cada vez más importante y quizás determinante.

Esta es una variable trascendental en los acontecimientos actuales. No hay que subvalorar el análisis del perfil de los individuos y grupos que hacen otros gobiernos y sus agencias; como la modelación de reacciones, comportamientos, valores y sistemas de creencias, ha sido siempre un activo estimado para hacer actuar a los adversarios en condiciones pre-concebidas, que utilizan tales datos para la obtención de los resultados deseados. 

Maximizar los resultados y reducir la exposición

A partir de las declaraciones de diplomáticos, políticos y funcionarios estadounidenses, no pocos académicos y analistas han planteado y amplificado la idea de que el tema Cuba no es una prioridad para el actual mandatario de la Casa Blanca.

Por su parte, con creciente frustración, diplomáticos y funcionarios cubanos han subrayado la apatía y demora de la Administración Biden en desmontar algunas de las medidas de mayor impacto tomadas durante el mandato de Donald Trump, tal como se aseguró durante la campaña electoral. 

La historia de las relaciones entre ambos países en las últimas seis décadas, indica con precisión que si la conclusión a la que arriban los especialistas es increíblemente superficial, la frustración que se percibe en los mensajes de los funcionarios cubanos puede estar codificando en su aparente ingenuidad la complejidad del momento actual. 

El tema Cuba no solo ha sido a través de los años una prioridad estratégica de los Estados Unidos para el manejo de su área de influencia geopolítica más inmediata, sino también un ingrato y espinoso asunto a tratar por los aspirantes presidenciales, crucial, no pocas veces, al momento de la reelección. Ninguna de estas cuestiones se ha modificado radicalmente.

Tiempo (3)

Durante el gobierno del presidente Obama se restablecieron las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba (Foto: Ramon Espinosa/AP)

Es por ahora imposible saber las exploraciones y contactos de las autoridades cubanas por retomar el camino que dejó abierto el gobierno del expresidente Obama con el restablecimiento de relaciones diplomáticas, los mensajes cursados y la calidad misma de tales encuentros, si es que han ocurrido. Pero no es descabellado pensar que el virtual estado de coma en que se encuentran actualmente las relaciones, ha sido inducido por la apuesta del ejecutivo estadounidense y sus agencias gubernamentales a la evolución de un escenario interno favorable a sus intereses. Algo así como: los tenemos donde queríamos.

La táctica de regalar sábanas sudadas por soldados enfermos de viruela y luego esperar la progresión del virus, dio resultado en no pocas ocasiones para diezmar y abatir las tribus y naciones indígenas durante la colonización del oeste de los Estados Unidos. La excepcional situación creada por la pandemia de la Covid-19 en Cuba, ha colocado, más allá de cualquier prioridad, al actual ejecutivo estadounidense en una situación muy parecida y redituable: esperar.

Después del paquete de medidas y sanciones contra la economía cubana puesto en marcha por Trump —que incluyó el descalabro de importantes operaciones de cooperación internacional, la suspensión del envío de remesas por vías regulares,  la sanción de entidades bancarias vinculadas y la injusta calificación como Estado patrocinador del terrorismo—, la actual administración estadounidense ni siquiera tiene que exponerse a ser considerada como villana en la arena internacional.

Hay que valorar también factores internacionales. La crisis que atraviesan aliados regionales de Cuba, como Venezuela, la descapitalización política experimentada por el Alba o UNASUR y la progresiva erosión de la influencia cubana en el área latinoamericana y caribeña, como resultado de sus propios problemas internos y la incapacidad para proponer y gestionar iniciativas, describen, por así decirlo, un escenario propicio para devaluar apoyos y alianzas que han impedido el aislamiento y un consenso internacional hostil contra Cuba.

La propia colaboración médica, principal fuente de prestigio y admiración a escala mundial para la Isla, asediada por programas que ofrecían estatus de refugiados a sus integrantes, acabaría por ser cuestionada. Han sido señaladas en tal sentido las onerosas condiciones impuestas por las cláusulas de contratación del personal médico, paramédico y técnico, e igualmente los castigos administrativos que sancionan a no poder regresar al país durante por lo menos ocho años en caso de romper de forma unilateral sus contratos. 

Cuestiones como estas no solo debilitan la posición cubana en cualquier negociación con la administración estadounidense, sino que determinan en buena medida que esta última no tenga que apartarse de sus intereses respecto a Cuba y ceder en función de alcanzar otros de mayor importancia.

Estar revisando la política con relación a la nación antillana, como han reiterado en los últimos meses funcionarios de la Casa Blanca, no implicaría entonces una mera reevaluación de medidas anteriores, o dar prioridad a un viraje a la hoja de ruta de Obama. Es evidente que se está produciendo la evaluación pragmática del impacto que han tenido esas políticas durante el excepcional contexto pandémico, y qué hacer para que sus efectos se amplifiquen en el mediano y largo plazos. Los cambios vendrán pero dentro de esa lógica.

A mediados de los noventa, las exigencias estadounidenses al gobierno cubano se concentraban en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos —especialmente los civiles y políticos— y en dar espacio a la pequeña y mediana empresa y al sector privado.

En la actualidad muchas de esas pretensiones o son parte del ordenamiento constitucional y de demandas cada vez más importantes de la ciudadanía cubana; o cuestiones ya planteadas aunque innecesariamente demoradas dentro del anunciado proceso de reformas.

Algunas de ellas, como la libertad de expresión, asociación y prensa, han sido redimensionadas espectacularmente a contracorriente del propio gobierno, desde la introducción y generalización del acceso a Internet y las redes sociales.  

Se ha debilitado gradualmente el monopolio estatal de la producción y emisión de contenidos y significados políticos, y es un hecho hoy la migración e interacción de millones de cubanos a una suerte de ágora virtual. En ella, algunos de los ejercicios de derechos y libertades usualmente restringidos y no pocas veces penalizados jurídica, política o socialmente, encontraron un nicho propicio para su desarrollo y práctica, sin poder evitar, no obstante, ser muchas veces, secuestrados, reducidos o restringidos por tendencias de polarización, manipulación y simplificación.

Tiempos (4)

La reciente resolución condenatoria del Parlamento Europeo contra el gobierno cubano marcó una pauta en los tiempos de buena relación bilateral. En la foto, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. (Fotoç: Julien Warnand POOL/AFP)

Es lógico asumir que el gobierno estadounidense seguirá ofreciendo financiamiento, asistencia y apoyo a ciertos medios, plataformas y grupos surgidos en este entorno virtual en el intento de convertirlos en cabezas de playa desde donde influir en la política interna. Pero también es de notar en la reciente resolución condenatoria del Parlamento Europeo contra el gobierno cubano, la importancia que tendrá en el futuro inmediato el respeto por las autoridades de los derechos y libertades reconocidas por la Constitución de 2019 y la entrada en vigor del modelo cubano de Estado de Derecho. 

La otra pandemia

La sostenida dinámica de detenciones ilegales, acosos, castigos administrativos, presiones y procesamientos selectivos desarrollada por instituciones del actual gobierno contra artistas, intelectuales, periodistas en ejercicio no acreditado, profesores, estudiantes, activistas, opositores y ciudadanos en general; ha sido la parte más visible del intento de licuefacción de la Constitución del 2019, del conjunto de expectativas ciudadanas que generó el propio proceso constituyente y, sobre todo, del modelo de Estado de Derecho que en ella se esboza. 

Tales actos han sido trasmitidos, distribuidos y analizados de un modo extraordinario e inédito por las redes sociales y los medios digitales.

Ello ha redefinido los contenidos y el ejercicio mismo del consumo político de los ciudadanos. Es importante entender que la posibilidad y autonomía de ese consumo es parte y expresa a un tiempo, los reacomodos de la cultura política y de sus valores.

Es en tal contexto, en que las exigencias de democratización y las demandas del respeto a derechos y libertades, y a las garantías jurídicas efectivas para su ejercicio, empiezan a ser no ya solo parte de los núcleos identitarios de la ciudadanía, sino también prácticas que desafían los modos habituales en que se ha desarrollado y entendido la participación política en Cuba por ciudadanos, políticos e instituciones. 

Un olvidado pero significativo tuit del actual mandatario cubano: «La complejidad es para asumirla como reto», fue escrito en la tarde noche del 27 de noviembre de 2020, cuando cientos de jóvenes buscaban interpelar al ministro de Cultura a los ojos de un impresionante despliegue policial —y a los de los aún más asombrados funcionarios y ciudadanos que siguieron a través de las redes sociales los acontecimientos que se sucedían frente a la sede del Ministerio de Cultura—.

La complejidad es para asumirla como reto. #SomosCuba #SomosContinuidad https://t.co/ZM1LfZ3tFt vía @PresidenciaCuba

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 27, 2020

Tal frase resulta interesante para apreciar las tensiones que provoca la participación política de acuerdo a agendas autónomas, auto-determinadas o espontáneas de la ciudadanía, pero también para analizar los comportamientos y reacciones, así como la variedad de comprensiones de los hechos que pueden alimentar el punto de vista del gobierno.

En realidad, desde que entre agosto y octubre del 2019 un pésimamente redactado artículo de la vice-ministra primera del Ministerio de Educación provocara innumerables reacciones de condena al ser replicado por el sitio estatal Cubadebate, esa tensión había hecho presencia de un modo notable.

El contenido de ese artículo, entendido como una enconada reacción a los derechos, libertades y garantías establecidos por la Constitución recién aprobada por un elevado por ciento de la ciudadanía, recibió un espaldarazo público por parte del ministro del ramo en un espacio televisivo.

Allí se catalogó de mercenarios, ingenuos y confundidos a miles de personas que habían apoyado una carta dirigida al gobierno ante la incitación y prácticas de intolerancia política que venían ocurriendo dentro de las universidades.

Tal incidente marcó una tendencia que en los próximos meses se iría consolidando hasta llegar a la posposición por un año más de la entrada en vigor del artículo constitucional —el 99— que establecía la posibilidad de demandar y obtener compensaciones ante violaciones de los derechos cometidas por funcionarios. 

¿El gobierno cubano necesita propiciar leyes de desarrollo constitucional —de este y otros artículos— que sean lo suficientemente cerradas como para dificultar la eficacia jurídica del ejercicio o defensa de los derechos y libertades en un escenario de conflictividad social y política abierto por la pandemia y por la implementación de un duro plan de ajuste y reforma de la economía?

Esta hipótesis puede servir para acercarnos a la(s) relación(nes) existente(s) entre el impacto político que tuvo el proceso constitucional en la cultura política, la propia eficacia de la Constitución, así como la confianza y la evaluación de los ciudadanos de la capacidad del sistema político —y sus operadores— para servir de mecanismo de comunicación y logro de sus intereses y de las demandas que ellos consideran políticamente trascendentes.

Pero no hay que olvidar que la función básica de un sistema político —y su propia legitimidad— descansa —y está tensionada—  en su capacidad para contener, organizar y proporcionar de acuerdo a su propio diseño y a los valores y prácticas que postula como válidos, un tracto político a la pluralidad, contradicción y conflictividad inherente a la vida política.

Esa tensión, sin ser única, es crucial.

2 julio 2021 56 comentarios 3,7K vistas
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Ciudadanos

La generación de los ciudadanos ad portas

por René Fidel González García 6 abril 2021
escrito por René Fidel González García

«Mi voluntad, mi Constitución», fue el eslogan de la campaña oficial para lograr la aprobación de la Constitución de 2019. Algo más de catorce meses después de ser votada, el actual gobierno cubano aplazó por un año la redacción, aprobación y puesta en vigor de una Ley de defensa de los derechos ciudadanos. Con tal decisión, violaba el plazo al que le mandataba el propio texto constitucional en una de sus disposiciones.

No es posible defender y restablecer hoy en los tribunales cubanos un derecho constitucional conculcado, lograr que el espíritu y la letra de la Constitución tengan aplicación directa. La voluntad expresada por la mayoría de los ciudadanos cubanos políticamente activos, esa tozuda esperanza de poner con el Estado de Derecho límites a esa otra pandemia más prolongada y tenaz que entre nosotros ha sido históricamente el ejercicio arbitrario del poder y la impunidad, ha sido otra vez pospuesta, pero no vencida.

Ahí, dentro de la mayoría silenciosa, abnegada y noble que somos como pueblo,  nacida del último proceso constitucional realizado, se encuentra la generación de los ciudadanos. Ella descubre, y no importa cuan torpemente, cada día, en cada experiencia, en cada línea y palabra escrita o dicha, en la indignación, en la alarma del peligro de no ver la ambición y la falsedad, en el desengaño y también en la alegría; que su auténtico desafío será, sobre todo, hacer los aprendizajes necesarios para evitar se reproduzca en ella misma, otra vez, el vicio del poder y la soberbia contra el otro. 

Dieciocho meses

Ese complejo acto de reconocimiento generacional es esencialmente un diálogo con el futuro, pero su programa político mínimo es una patria constitucional. Desde el 2019 hasta hoy ha aprendido:

 ¿Es legítimo privar o limitar en el ejercicio del derecho a la educación a los ciudadanos, o de cualquier otro derecho, sin  ser decidido por un tribunal con apego al debido proceso y mediante resolución firme? No. 

¿Es válido condicionar los derechos de los ciudadanos, el acceso y uso de garantías constitucionales y el cumplimiento de las leyes a sus creencias y preferencias politicas? No. 

¿Es decente y noble castigar administrativamente a los ciudadanos a no encontrarse por muchos años con sus padres, abuelos, cónyuges e hijos por el incumplimiento de un contrato laboral? No. 

¿Es digno dejar sin trabajo a una persona por ejercer sus derechos, o sus libertades constitucionales? No. 

¿Es altruista y justificable impedir a los ciudadanos salir o regresar a su país como retaliación por sus opiniones y formas de pensar o expresarse sobre la realidad de su país? No.

 ¿Es cordial, afín a los valores constitucionales de igualdad, justicia, solidaridad y democracia promover el odio y la polarización, activar y jerarquizar en las relaciones y la comunicación pública la intolerancia al otro, su exclusión y la marginación de su criterio y participación política o social como ciudadano? No. 

¿Es transparente y correcto que las decisiones de las instituciones que afectan a los ciudadanos no sean públicas y carezcan al ser informadas de una motivación y argumentación explícita, clara y razonable? No.

Nota de clase de un profesor sin aula*

 ¿Es admisible y coherente con un Estado de Derecho la existencia de normas jurídicas inconstitucionales, secretas o inaccesibles a los ciudadanos y sus representantes legales, e inapelables? No. 

¿Aplazar la entrada en vigor de un modelo de Estado de Derecho es un paso en dirección a su eficacia plena y su conversión en una matriz de valores y de la cultura política democrática de los ciudadanos? No. 

¿Es decoroso o profesional, usar entrevistas, interrogatorios y detenciones, como formas de humillar, acosar, intimidar, vilipendiar, aislar o amenazar a los ciudadanos, sus familiares, compañeros, amigos y vecinos? No.

 ¿Es legal y éticamente ostensible, inducir procesos penales o administrativos, no otorgar o suspender licencias para el ejercicio de actividades económicas, cancelar contratos y suspender servicios públicos, ejercer presiones para excluir de las formas organizativas o asociativas de la sociedad civil, o perturbar la participación en ellas de los ciudadanos por motivo de sus opiniones, creencias y preferencias de cualquier tipo? No. 

¿Un modelo de privilegios de función para los integrantes de las élites política y administrativa es necesario para la existencia y eficacia de un sistema que se proponga expandir la igualdad, la equidad, y lograr optimizar la distribución de la riqueza para los ciudadanos? No.

 ¿Es admirable, honesto y legal que funcionarios, agentes de la autoridad e instituciones −abierta o encubiertamente−, filtren, divulguen, saquen de contexto, o alteren maliciosamente datos concernientes a la vida privada de las personas, sus parejas e hijos, sus familiares y amigos para devaluar la participación y prestigio social de los ciudadanos? No. 

¿Es admisible y deseable que funcionarios administrativos, públicos y políticos − lo que es corrupción política− conspiren y actúen concertadamente para archivar y encubrir denuncias y delitos, y obstruir, limitar y desactivar el cumplimiento de la Ley, las funciones de las instituciones, los ejercicios de derechos ciudadanos y las garantías constitucionales? No. 

Para articular la ciudadanía por el Estado de Derecho en Cuba

¿Es virtuoso que funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones mientan a los ciudadanos? No.

 ¿Es inadecuado, impropio y contrario a la ley que los ciudadanos interpelen, exijan explicaciones o requieran a los funcionarios públicos el cumplimiento de sus obligaciones? No.

¿La defensa de un orden constitucional puede legitimar la arbitrariedad como forma de ejercicio del poder, la violación de la propia Constitución y los derechos y libertades que ella consagra? No. 

¿Están exentos de responder por violaciones de la Constitución, las leyes y los derechos ciudadanos los gobernantes, sus ministros, funcionarios, autoridades, agentes de la autoridad y los ciudadanos? No.

¿La búsqueda, en el pasado o ahora, del reconocimiento y la participación en el poder político en una sociedad trata de hacer a otros ciudadanos lo que consideras (y lo es realmente) deplorable, injusto y ominoso? No. 

¿Se puede aspirar a la democracia y a socializar valores y prácticas ciudadanas usando −y reproduciendo− el odio y la invención del enemigo como código de reconocimiento del otro; intrumentalizando la prepotencia y la intolerancia, la vulgaridad y el irrespeto; asumiendo la superioridad de las experiencias, creencias, ideas y argumentos propios sobre los del resto de los ciudadanos? No. 

¿Se puede intentar ofrecer un modelo de sociedad que reconozca la alteridad, pluralidad y autonomía personal como condiciones imprescindibles para procesos e interacciones auténticamente políticas si se hace de la soberbia un recurso personal de relacionamiento, si se transforma el consenso en una exigencia moral de posicionamiento, el disenso real o asumido en una causal de exclusión, y si se rechazan el diálogo y la negociación de las diferencias, la comunicación, el conocimiento, la valorización del otro, de sus ideas y sus metas? No.    

Eso hace la generación de los ciudadanos por el futuro, aprender lo que no está bien. No hay que subestimarlo. Toda rebelión empieza por saber esto.

6 abril 2021 20 comentarios 3,5K vistas
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meses

Dieciocho meses

por René Fidel González García 6 enero 2021
escrito por René Fidel González García

Desde que el actual Presidente de la República recomendó en un tuit la lectura de un artículo del intelectual argentino Néstor Kohan –acusando de paso a un grupo de compatriotas de ser una nueva «plataforma centrista»–, en las páginas de la prensa plana cubana y en algunos de los blogs financiados por el gobierno o sostenidos por iniciativa personal, se han publicado numerosos artículos que de forma muy ambigua, con mejor o peor calidad escritural, han confirmado lo que las breves palabras del mandatario: el centrismo está de vuelta.

El Presidente cubano insufló vida con ese tuit a un espantajo político muy raro y particularmente genérico que hace unos pocos años sirvió por una breve temporada pública en el órgano oficial del PCC para ser puesto como sambenito a cualquier persona o ejercicio de opinión, que fuese divergente de los actos del gobierno, de funcionarios, o de las opiniones de los articulistas que generaron ese concepto. A la inspiración creativa y uso del Presidente de todos los cubanos se deben, por desgracia, otros epítetos desafortunados: «malnacidos», «enjambre anexionista», o «tontos útiles».

En estos artículos a la acusación que el mandatario cubano vertió sobre el grupo de intelectuales, ex-profesores universitarios, artistas, investigadores y cineastas cubanos que han publicado en internet un par de documentos y presentado una queja ante las autoridades de su país bajo el nombre de «En articulación plebeya», sus redactores han agregado los calificativos de «moderados», «contrarrevolucionarios», «mercenarios», «pro yanquis», «cómplices del imperialismo», «neoliberales», «pro capitalistas» y «anexionistas». Al leerlos uno puede suponer el estupor y la extrañeza de un lector común de Granma: ¿a quiénes se refieren?

En articulación plebeya

Muchos de nosotros venimos de vuelta de ver en los debates de la Constitución del 2019 a dirigentes y altos funcionarios del gobierno cubano explicarles paternalmente a los diputados y, por ende, al pueblo, las «razones» por las cuales había que quitar el término «comunista» de los fundamentos de la nueva Carta Magna; de escuchar la justificación para eliminar la salvaguarda ideológica del Socialismo que estaba en la Constitución de 1976 y por la que se proscribía enfáticamente de la política, pero sobre todo de la economía y la vida social, la explotación del hombre por el hombre.

Ya tuvimos que contra atacar el intento de desdibujar el carácter no oneroso y no lucrativo de los derechos, como se intentó en ese mismo proceso y parcialmente se logró con el derecho educación. 

Hace apenas unas semanas nos enteramos por fin del aplazamiento hasta finales del año que recién inicia –dizque que por cuestiones organizativas y de las urgencias de la pandemia– de las normas que deberían haber desarrollado el Estado de Derecho. Mientras, ocurrían durante los 18 meses que de acuerdo al mandato constitucional debieron servir para darle forma legislativa acabada y útil a ese sueño del civismo cubano, groseras y públicas violaciones de los derechos y las garantías constitucionales recién aprobadas, y la inacción de instituciones y funcionarios que debieron velar por el cumplimiento de la Ley. 

Después tuvimos que escuchar a un Ministro capaz y culto, eludiendo el compromiso que tiene con la verdad como funcionario público  con «nuestro pueblo», afirmar en la televisión que el cumplimiento de la garantía que establece el Art. 99 de la Constitución para poder demandar en los tribunales a los violadores de los derechos constitucionales, no obstante su aplazamiento, podría sustanciarse por una instrucción del Tribunal Supremo o mediante la aplicación y eficacia directa de la Constitución –tal como lo reconoce ampliamente una parte de la doctrina del Derecho Constitucional, pero en ningún caso desde hace más de sesenta años los tribunales cubanos–.

El cumplimiento de la garantía que establece el Art. 99 de la Constitución para poder demandar en los tribunales a los violadores de los derechos constitucionales, no obstante su aplazamiento, podría sustanciarse por una instrucción del Tribunal Supremo o mediante la aplicación y eficacia directa de la Constitución.

Nosotros –que tuvimos que escuchar un día que en Cuba no habría dolarización de la economía y pocas semanas después, oír como el mismo funcionario admitía que, efectivamente, había una dolarización parcial, por poner solo un ejemplos– tenemos muchos más motivos de preocupación a la hora de observar cómo se hace emerger nuevamente el fetiche político del centrismo, en espacios como el programa Hacemos Cuba.

¿Qué es el centrismo? ¿Existió o existe realmente una corriente política centrista organizada en Cuba? ¿Es, por el contrario, un cuerpo de ideas y propuestas que promueven la migración de la sociedad cubana en lo político, lo social y económico, al capitalismo? ¿Ese cuerpo de ideas y propuestas es parte de aquellas que se mueven sin mayor e inmediata consecuencia en la pluralidad de opiniones de la sociedad? ¿Han formado o forman parte de los paradigmas, referentes y exposiciones de personas o grupos sin ninguna capacidad de movilización política real en Cuba? ¿Son acaso gestionadas al interior de las instituciones por élites sociales, tecnócratas y políticas? ¿Esas ideas han soportado, respaldado, o se han expresado como soluciones a problemas económicos en forma de decisiones de naturaleza y alcance político? 

¿Fue, por el contrario, el centrismo, tan solo una invención, una etiqueta política? ¿Quiénes lo inventaron? ¿Para qué lo crearon? ¿Para qué sirvió en la práctica? ¿Por qué es revivida ahora?

Estas son algunas preguntas a las que habrá que volver quizás cuando se haga la historia de esta época y se intente descubrir los sentidos y propósitos de esa acusación tendenciosa y su valor, cuando los hechos ya estén materializados. Pero ese momento aún no llega.

De hecho, la implementación por el gobierno cubano de un plan integral de re-ajuste o re-ordenamiento que pretende incluso sobreponerse a las medidas más crueles y efectivas tomadas contra el pueblo de Cuba por la administración estadounidense que está por culminar su mandato,  pero que impondrá y exigirá a la población sacrificios muy altos e inéditos como pretendida solución a la crisis estructural de la economía cubana, es un desafiante horizonte político, ideológico y económico que está ante nosotros, pero también para el Socialismo en Cuba.

¿Hasta qué punto sus implicaciones y consecuencias sociales a corto, mediano y largo plazo serán tan significativas y lo suficientemente intensas, perturbadoras y contradictorias con los valores y prácticas socialistas de los sectores sociales más humildes, con sus sentidos de la justicia social, con sus expectativas del buen gobierno? ¿En qué medida desarrollarán dinámicas sociales que en vez de fomentar el tejido solidario que ha mantenido unida a la población y asegurado la reproducción social de los valores y la ideología socialista serán una caída libre al individualismo, el egoísmo y el conservadurismo en todas sus manifestaciones?

Las insatisfacciones internas que provienen de la acumulación de deformaciones y de prácticas políticas intolerantes e insensibles, de las diferencias sociales y de status, de la pobreza y la desigual distribución de la riqueza y de los privilegios, son parte del delicado equilibrio de la gobernabilidad cubana y subrayan lo crucial de la política hecha en clave sincera, lúcida y decente.

¿Cómo entender la concentración frente al Mincult en los días finales de noviembre del pasado año, las insatisfacciones allí planteadas, el malestar, el miedo expresado y las garantías exigidas ante una represión latente y esperada? ¿De qué manera se explica que un viceministro experimentado y con suficientes reflejos políticos declarara a los medios –después de una jornada que tomó por sorpresa tanto al Gobierno cubano como a la Embajada yanqui– que, aunque difícil, la reunión ocurrida después de negociaciones y horas de espera en plena calle, había sido una «entre compañeros, entre revolucionarios»?

¿Cuál es la clave para comprender la interpelación a nuestras insuficiencias democráticas, a la ritualización y anquilosamiento de la participación política, a la orientación conservadora de muchas estrategias económicas y su desconexión con propuestas de micro-economía solidaria y sostenible, el enfoque hacia el entrecruzamiento del racismo, la violencia, la marginalidad, el machismo y las demandas y metas de minorías en las comunidades presentes en los contenidos de los discursos pronunciados, en la apelación al diálogo y la deliberación entre iguales que piensan diferente que fue, en su origen, la convocatoria espontánea, aunque reactiva, a la «Tángana» en el parque Trillo?

¿De qué forma entender que después de que los ciudadanos cubanos aprobaran mayoritariamente una nueva Constitución que reivindica y define como condición del proyecto político del Socialismo al Estado de Derecho, a la Democracia y a la República, se les describa ahora como cuñas ideológicas del enemigo y se intente pervertir una vez más la cultura política y el civismo con la apología de un estado de excepción no declarado, con el irrespeto a lo acordado soberanamente?

¿Cómo entender que un documento circulado por los compañeros de La Tizza, haya sido suscrito y apoyado en las redes sociales por muchos de los que ahora son vilipendiados por el simple hecho de expresar y criticar lo que desde la condición ciudadana se puede entender que está mal y debe ser cambiado?

En todo ello hay una señal muy fuerte de una complejidad que no puede, ni podrá ser asumida desde las absurdas y muy probables indicaciones y directrices que puedan desprenderse para algunos de un tuit del Presidente de la República.

Tendrán que asumirse más temprano que tarde las responsabilidades que se tienen en la acumulación, no ya de contradicciones en el campo del Socialismo en Cuba –salvadas hasta ahora, a pesar de todo, por la comprensión de muchos actores del peligro del sectarismo, la intolerancia y la necesidad y urgencia de la unidad frente al enemigo–, sino en las inconsecuencias y la falta de coherencia muy graves que han estado manifestándose en los últimos años.

¿O si no, qué pasará? Acaso no les bastará a ustedes con amenazarnos con perder nuestros trabajos, con condenarnos al ostracismo político y social, con infundir el miedo a ser sincero como un mantra de lo políticamente correcto; a ustedes, los que ahora una vez más atizan el odio y la intolerancia y creen tener el monopolio de todas las preguntas y de todas las respuestas.

Ustedes, los que a pesar de que han escogido vivir en otras sociedades junto a sus familias, prefieren llamar resentidos a los que hacen ciudadanía día a día para que en Cuba no ocurran las mismas monstruosidades e injusticias que en las sociedades que les acogen; con tal de nunca señalar por su nombre y por sus hechos a la plaga de la arbitrariedad que aquí nos humilla y avergüenza; a los que nos acusan de moderados en sus panfletos, pero nunca serán tan radicales como para escribir sobre la injusticia y el poder caprichoso y sin límite que puede caer sobre cualquiera de sus conciudadanos, arrollando a su paso cada Ley de la República que se les ponga por delante, entre otras razones porque saben que allí donde publican, de ser así, no verían nunca la luz vuestros textos.

Ustedes, que acusan a otros de neoliberales y pro-capitalistas, que infatigables hablan y escriben de luchas de clases a sabiendas de las élites burocráticas y sus vástagos que ya se vuelven clase social delante de vuestros ojos y los nuestros.

Ustedes, que gritan a la ciudad y al mundo ser perseguidos y criminalizados, acosados y linchados virtualmente por decir una idea; que claman ante nosotros, pero a la vista de los poderosos por lo que es despreciable y abominable que ocurra así, pero que a nosotros nos sucede además en la vida «real», en nuestros centros de trabajo, en nuestras instituciones. Mientras, ustedes dicen, solemnes y compungidos: «Se le advirtió muchas veces» –y luego siguen tranquilamente sus existencias, felices e hipócritas, cómplices.

¿Hasta cuándo tendremos que soportar tanta pedantería y soberbia política? ¿Cuáles serán los costos que tendremos que pagar aún? 

¿Será que aspiran, o están listos ya para inspirar, dar coartadas, o apoyar un escarmiento firme y que se nos arranque de noche de nuestras casas y familias, y se nos condene como delincuentes después de difamarnos y culparnos de todos los contubernios posibles con el enemigo? ¿Es eso?

Porque si ello llegase a ocurrir, será porque incluso así, marginados y pequeños, con nada más que oponer a un poder de ese tipo que nuestra coherencia y limpieza, nuestra honestidad, nos tienen como un obstáculo.  Lo somos para la restauración capitalista en curso y expansión en nuestra realidad social y económica, esa que será necesariamente también la restauración del despotismo más mediocre y pueril, necesariamente brutal y cínico que hallamos conocido, pero imprescindible para aplastar las resistencias que la pobreza, la desigualdad y las injusticias nuevas generen, que la idea y la experiencia del Socialismo en Cuba aliente a ser rebeldía. 

Cada cual debe hacer su parte, pero ahora que califican, además, de mentirosa a la publicación en la que he plasmado muchas de mis preocupaciones sobre los destinos de mi país, aunque después tengan que retirar sus publicaciones infames, escribiré una vez más sobre unas verdades que nadie podrá refutar.

Hace algo más de 18 meses, aprobada ya la Constitución, mis padres, familiares, y no pocos compañeros de claustro y estudiantes me preguntaron qué seguía: «Esperar por la Ley» –les dije. 

Había ya para entonces recorrido desde finales de 2016 el largo camino de silencio hecho por la Fiscalía General de la República, los tres periódicos de alcance nacional del país y diversas instancias partidistas, ante las violaciones de la legalidad cometidas para despojarme primero de mi condición de Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente. 

Supe desde el principio –y esto es algo muy importante– que ese largo camino no podría emprenderse ni hacerse como una búsqueda particular de la justicia, sino como un ejercicio de consecuencia con los valores de mi profesión, con los credos y enseñanzas sostenidos durante dieciséis años como profesor y con mi militancia política. «Será una clase más» –dije.

De hecho, a la entrada en vigor de la Constitución de 2019 me encontraba esperando a que se diera respuesta a un ejercicio del Derecho Constitucional de Queja y Petición interpuesto por mí ante el Presidente de la República. 

Yamila Ojeda Peña, Fiscal General, a cuya institución de acuerdo a la indicación del mandatario cubano se remitió la atención de ese ejercicio de derecho –a pesar de ser esa propia funcionaria y el órgano que dirige cuestionados directamente por la violación de derechos constitucionales, del debido proceso y la legalidad, o quizás por eso mismo– nunca respondió, como tampoco el Presidente ante quien, en sentido estricto, se interpuso.

Respuestas del Departamento de Atención a la Población (Izq.) y de Yamila Ojeda Peña, Fiscal General de la República (Der.)

Hace muy poco una amiga me sugería con cariño y con otras palabras abandonar ya esa lucha, que desarrollara, por ejemplo, un proyecto comunitario exitoso. Mi respuesta, amable y cordial a su preocupación sincera, fue que mi proyecto comunitario era el Estado de Derecho que aquí se había dado el Socialismo.

Transcurridos 18 meses desde que el pueblo de Cuba aprobara la Constitución, el desarrollo legislativo de su Artículo 99 –que debió servir para restablecer los derechos conculcados, para evitar la impunidad y para que un simple ciudadano finalmente pudiera demandar a los que violan los derechos fuera quien fuera– ha sido pospuesto hasta finales del 2021.

Ciertamente da miedo pensar en cuántos ciudadanos serán los que en Cuba han sido avasallados, en cuántos proyectos de vida han sido sitiados y arruinados por un gesto de poder hecho a conciencia de la impunidad que le acompaña, de la deliciosa complicidad que proporcionan las indecentes relaciones endogámicas que se sostienen entre funcionarios pagados por nosotros mismos, en cuántos más conocerán aún la impotencia mientras se aplaza la única esperanza de justicia que les queda.

Yo no sé cuándo se acabará ese incivil y oscuro «pan de piquito» que nos ofrecen, porque no hay que esperar a una ley para hacer lo que la virtud obliga, lo que el honor propio demanda si se quiere conservar, si se gobierna a nombre del pueblo.

Tampoco puedo saber si al final de ese nuevo plazo, de esa posposición increíble que ya sabemos hará de la irretroactividad de la norma jurídica un atajo para convalidar todas las injusticias cometidas antes, constataremos el crecimiento en silencio y contra nosotros del Estado de Derecho de los funcionarios en vez del Estado de Derecho de los ciudadanos.

Apenas sé que incluso así, la gramática de la decencia y la dignidad seguirá sabiendo cómo llamar a los que violan la ley y gozan de la impunidad entre nosotros. También, que cada violación de los derechos de un individuo lo será siempre en realidad de los derechos de todos. 

Desde que empecé esta clase hasta el momento que escribo estás líneas han pasado 1945 días. Lo he hecho sin pago, sin ingenuidad, sin miedo, sin vergüenza. Aún no acaba, ustedes también enseñan a mis alumnos.

6 enero 2021 35 comentarios 3,8K vistas
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