Autor

Omar Everleny Pérez Villanueva

Doctor en Economía por la Universidad de La Habana e Investigador. Profesor visitante en las universidades de Harvard y Columbia, Carleton University y la Sorbonne

Mpymes

Las Mpymes se aprobaron ¿y ahora cuál es su desempeño?

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Después de un largo bregar en el contexto de la crisis económica cubana, al fin apareció la Gaceta Oficial No. 94 Ordinaria de 19 de agosto de 2021 del Ministerio de Justicia, donde se define el establecimiento de las Mpymes en la economía insular.

¿Porque ahora y no antes su puesta en marcha? ¿Quiénes la frenaron durante tan largo tiempo si el aval político lo tenían ya? Son de las cosas que nunca nos dirán, o no sabremos, solo queda la imaginación, como tantos otros temas de la realidad nacional.

En abril de 2016, durante el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, se había presentado la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Dos párrafos mencionaban el tipo de empresas que deberían existir. El 181 se refería a: «Pequeños negocios realizados en lo fundamental por el trabajador y su familia». Y el 182 detallaba: «empresas privadas de mediana, pequeña y micro escalas, según el volumen de la actividad y cantidad de trabajadores, reconocidas como personas jurídicas».

El 8 de abril de 2021, el VIII Congreso del Partido aprobaba la Actualización de la conceptualización del modelo económico y social de desarrollo socialista. Ahí se vuelve a reconocer la propiedad privada sobre los medios de producción y se da luz verde a las personas naturales cubanas para crear micros, pequeñas y medianas empresas privadas, que fueron reconocidas como personas jurídicas.

Pero no fue hasta el 6 de agosto del 2021 que el Consejo de Estado aprobó los decretos-leyes que dieron luz verde a la creación de las Mpymes y a la ampliación de las cooperativas y del trabajo autónomo, para su posterior publicación en la Gaceta Oficial.

Una sucinta historia de la necesidad de ese tipo de empresa, especialmente la privada, fue publicada por algunos académicos desde el Centro de Estudios de la Economía Cubana, sobre todo desde los 90’s, en pleno Período Especial.

Mpymes

Sobresalen entre ellos los siguientes textos:

  1. (1998) «La pequeña y mediana empresa cooperativa o privada en Cuba: viabilidad o utopía». Donde se planteaba la necesidad de las pymes (pequeñas y medianas empresas) en la economía desde una perspectiva histórica y, en segundo lugar, exploraba las potencialidades y las alternativas institucionales (forma cooperativa, capitalista, semi pública, otras formas mixtas) de este tipo de empresas en aquel contexto de reestructuración de la economía en el Período Especial.
  2. (2012) «El desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Cuba: Una necesidad impostergable», donde se explicaba que, además, no era algo novedoso en la realidad nacional, si se tenía en cuenta que antes de 1959 lo que prevaleció en Cuba fueron las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas.
  3. (2012) «Apertura al cuentapropismo y la microempresa, una pieza clave del ajuste estructural». Se exponía ahí que la categoría «trabajador por cuenta propia» era muy específica y ello frenaba la iniciativa individual. Que sería preferible una lista de categorías generales que dieran espacio a otros cuentapropistas y microempresarios. Se afirmaba que las actividades permitidas eran poco intensivas en conocimiento y no permitían aprovechar la inversión en educación que había hecho el país por décadas.
  4. (2016) «Cuba en 2030: el papel de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la aspiración al desarrollo». Las principales reflexiones del trabajo eran que las actividades aprobadas por el Gobierno para ejercer las actividades por cuenta propia hasta la fecha, eran insuficientes y no habían tenido en cuenta el potencial profesional con que cuenta Cuba; que sería provechoso el crear un Banco de Desarrollo u otras instituciones financieras de microcrédito, especializadas en atender el segmento de mercado de las mpymes, y que en la nueva ley de empresas a  promulgarse en el 2022, apareciera un acápite que fomentara el establecimiento de conexiones entre la empresa estatal y las mpymes.
  5. (2017)  «Small and Medium Sized Enterprises in Cuba: A Necessary Step», en el cual se insistía en la aprobación de una vez de las necesarias pymes para el incremento de ciertas producciones.
  6. (2020) «Las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo: ¿Cuba y su espera?». Se lamentaba de que en el país no se hubieran desarrollado las pequeñas y medianas empresas, a pesar del aval político que poseían y del hecho de que, aun al estar incluidas en la conceptualización del modelo económico aprobado por el Partido Comunista de Cuba (PCC) en 2016, no se les había dado prioridad en la política industrial en curso.

Una parte de la opinión pública y académica tenía el convencimiento de que en todos esos años la aprobación de las mpymes no avanzó por conflictos ideológicos en el seno del PCC y del Estado acerca del papel del sector privado en su modelo de sociedad.

El desacuerdo condujo a la inconsistencia y discontinuidad de las políticas económicas y a la obtención de magros resultados económicos. Si ese tipo de empresas hubiera logrado muy rápidos efectos en las comunidades donde están enclavadas, habrían permitido mejorar el empleo a nivel local por vía extensiva, o sea, generar nuevos empleos especialmente para los jóvenes con el consiguiente aumento de ingresos a esa población, y tal vez los jóvenes emprendedores no valorarían la opción migratoria.

Como dijera más de una vez el colega Pedro Monreal, la legalización de las pymes privadas fue, por amplio margen, el «eslabón perdido» del programa oficial de cambios económicos en Cuba.

La realidad es que al fin se aprobó la Gaceta Oficial No. 94 Ordinaria de 19 de agosto de 2021, que contiene seis Decretos Leyes del Consejo de Estado y un decreto del Consejo de Ministros, más diecisiete resoluciones de diferentes ministerios, en calidad de documentos rectores que permitirán obtener los resultados que la economía cubana espera de ellos. Valga decir que su contribución para incrementar producciones de bienes y servicios será posible si no se entorpece su funcionamiento.

Por fin las personas naturales cubanas pueden constituir una empresa del tamaño que expresa el Decreto ley, bajo la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada (SRL)

En la legislación aprobada aparece el artículo 5.4, que expresa: «Las mipymes como sujeto de derecho contratan bienes y servicios como los demás sujetos reconocidos en la legislación vigente, en igualdad de condiciones y les son aplicables las disposiciones vigentes en la materia». Esto es muy positivo pues las colocaría en igualdad de condiciones con el resto del tejido empresarial.

El artículo 6  define que las mipymes tienen, como parte de su autonomía, las facultades siguientes:

  • Exportar e importar de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
  • Gestionar y administrar sus bienes.
  • Definir los productos y servicios a comercializar, así como sus proveedores, clientes, destinos e inserción en mercados.
  • Operar cuentas bancarias y acceder a cualquier fuente lícita de financiamiento.
  • Definir su estructura, plantilla y cantidad de trabajadores.
  • Determinar los ingresos de sus trabajadores respetando los mínimos salariales establecidos en la legislación laboral vigente; entre otros.

El artículo 48 aclara que pueden ser socios de las mipymes de propiedad privada las personas naturales residentes permanentes en Cuba, mayores de dieciocho años, lo cual en sí ya anulaba a las personas físicas cubanas no residentes en la Isla; es decir, a los cubanos que viven fuera; en concreto, a la emigración. Niega entonces la posibilidad a las mpymes privadas de establecerse directamente como empresas mixtas o cualquier modalidad similar.

Las actividades que podían realizar las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia, son aquellas consideradas lícitas, con excepción de las incluidas en el listado de actividades no autorizadas que están dentro del Clasificador Nacional de Actividades Económicas. Es decir, hay diecinueve secciones de ese clasificador que tipifican las prohibiciones.

Es ahí donde creo que se dejaron de aprovechar reservas importantes de la sociedad. Existen actividades que por razones evidentes deben ser reguladas en esta etapa inicial; pero hay otras que se encuentran limitadas en exceso, con la agravante de que se descartan las mayores potencialidades intelectuales del país; es decir, los profesionales (sobre todo los jóvenes), que tendrán que seguir buscando en la emigración una forma de reconocimiento a su capacidad de trabajo.

Mpymes

Hay actividades, como la arquitectura, que se encuentran limitadas en exceso, con la agravante de que se descartan las mayores potencialidades intelectuales del país.

¿Cuál es la realidad actual de los negocios ya aprobados para ser Mpymes?

En unos ocho meses —después de la aprobación del primer grupo el 29 de septiembre del 2021— Cuba transitó, de no tener empresas privadas a tener más de 3.375 para finales de mayo del 2022. Puede decirse que fue la luz verde a su creación, pero aún están cargando con muchos tropiezos iniciales. En un contexto con bajo crecimiento económico, un mercado mayorista insuficiente —en moneda local y libremente convertibles—, y compras que deben hacerse en el exterior, en moneda extranjera que el estado no le facilita a los emprendedores y estos deben adquirir en el mercado informal, entre otros factores.

El 29 de septiembre del 2021 se aprobaban las primeras treinta y cinco Mpymes, de ellas treinta y dos privadas en once de las quince provincias. Del total, trece eran de producción de alimentos, seis de manufactura, tres de reciclaje y otras tres incubadas en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana. Por su origen, veinte eran una reconversión de trabajadores por cuenta propia y otras quince de nueva creación.

Debería producirse un mayor apoyo a las localidades más vulnerables para la concreción de pequeñas y medianas empresas a lo largo del territorio nacional, porque es lógico  que en el despegue estarían en mejores condiciones las que mejores estaban, especialmente el grupo más grande por territorio a nivel de Mpymes que se encontraba en La Habana y en ciertas capitales provinciales.

Como promedio, en los negocios aprobados el cincuenta y siete por ciento corresponde a la reconversión de emprendimientos de trabajadores por cuenta propia que ya existían, mientras el cuarenta y tres por ciento son de nueva creación. Esto significa que, aunque las reconversiones implicarían un mayor nivel de actividad, se trata de algo que ya funcionaba (Cafeterías o Restaurantes), en tanto lo nuevo deberá ser visible de cara al público, ya que aún no se ven los resultados en términos de mayor volumen de producción y en reducir la inflación existente. El estado está intentando favorecer a los empresarios privados con una tasa de cambio más favorable respecto al cambio informal para las compras de sus insumos en las tiendas en MLC, que podría repercutir en bajar algunos precios de ventas. El tiempo dirá la conveniencia de esa propuesta.

Hasta el 25 de mayo del 2022 se habían aprobado treinta y tres grupos de solicitudes, que abarcan más de 3200 empresas, entre micro, pequeña y mediana, siendo el grupo más numeroso el de las pequeñas empresas de hasta diez trabajadores. N o se incluyen las cooperativas.

Mpymes

Total de MPYMES aprobadas por el Ministerio de Economía y Planificación, por grupos de aprobaciones.

Resalta que una gran parte de esas empresas ya autorizadas a funcionar,  se encuentra en el grupo de las pequeñas, es decir hasta treinta y cinco trabajadores. Aunque se mantiene la aprobación de las medianas empresas que pueden llegar hasta cien trabajadores.

En la información analizada no aparecen desglosados por tipos los grupos 1, 2, 5, 7, 8 y 10. Del resto de los grupos se puede observar que el veinticuatro por ciento corresponde aproximadamente a las microempresas con menos de  diez trabajadores, el cuarenta y nueve por ciento a las pequeñas, y un veinticinco por ciento a las medianas, que pueden llegar hasta cien trabajadores.

MpymesUna parte importante de las nuevas empresas privadas se dedica a los servicios, en primer lugar la gastronomía; le siguen servicios de construcción, reparaciones varias (equipos electrónicos, ordenadores, relojes, equipos de refrigeración, maquinaria, programación informática), y están también la transportación de pasajeros y carga.

En el caso de la producción, se destacan las empresas de materiales de la construcción, y las dedicadas a fabricar artículos de plástico, madera, metales, caucho, jabones y detergentes.

Una de las prioridades del país, la producción de alimentos, está representada en ciertos negocios de elaboración y conservación de carnes, incluido el pescado; conservación de frutas, legumbres y hortalizas; producción de lácteos y miel.

La constitución y desarrollo de nuevos actores-agentes económicos, como parte de un proceso que deberá crecer, necesitaría urgentemente de correcciones y adecuaciones.

¿Lecciones a tener en cuenta?

Las Mpymes deberán actuar bajo nuevas concepciones de dirección y gestión que abarquen el diseño del producto, la adquisición de medios para la producción, la calidad del mismo; de manera que lo haga competitivo con niveles crecientes de personalización del consumidor, entre otros aspectos.

Deben encaminarse los esfuerzos en la utilización del recurso humano altamente escolarizado que tiene Cuba y dársele la atención especializada a las empresas en las que se haga un mayor uso del conocimiento. Ello evitaría la descalificación de un capital humano que está emigrando hacia esferas donde se obtienen mejores ingresos, pero de poca calificación. Incluso, podría frenar la emigración al exterior, tanto para países con mayor nivel de desarrollo que Cuba como de menores niveles de desarrollo en América Latina.

Debería ofrecerse más apoyo para la creación de las Mpymes a los territorios vulnerables del país, especialmente en aquellas medianas empresas que son las que generan empleos, e incluso, proponer políticas de condonación de impuestos en los dos primeros años de creación de las empresas, con el propósito de que se consoliden y generen empleos, que es una de las aristas principales de estas entidades.

Es sumamente provechoso crear un Banco de desarrollo u otras instituciones financieras de microcréditos, especializadas en atender dicho segmento de mercado, y hasta pertenecer, o aceptar que actúen en Cuba, instituciones de microcrédito que operan a nivel internacional.

La legislación en ciernes sobre política industrial o sobre la ley de empresas —a aprobarse en 2022—, debe fomentar el establecimiento de conexiones entre la empresa estatal y las Mpymes, de forma tal que estas pudieran intervenir en alguna fase del proceso de producción con vista a la exportación.

Las autoridades cubanas han emprendido acciones para hacer crecer el segmento de las Mpymes en el mercado insular, pero aún quedan vacíos. Hasta que el país no avance hacia un mayor bienestar de su población, y se sustituyan las palabras «esfuerzo» por «resultados medibles», y que esa concreción se logre con un único tejido empresarial, no podremos valorar la aceptación de las Mpymes en términos de resultados.

Todavía el pasado reciente pesa en las mentes de los agentes privados. Apenas dos años atrás se criminalizaba a los emprendedores privados y se le decomisaban sus negocios, esa realidad deberá ser cosa del pasado, pero debe legislarse para que no vuelvan a ocurrir tales desaciertos.

Sin un mercado real y garantizado de insumos de materias primas (mayoristas), con pocas relaciones con la exportación o importación de materias primas o producto final, sin una tasa de cambio justificada para estos empresarios que acuden al mercado informal y sin una claridad de lo que el gobierno se refiere cuando establece que «no se permitirá la concentración de la riqueza», resulta muy difícil que este tipo de empresas contribuya al desarrollo económico que se desea a futuro.

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Vivienda

La construcción de la vivienda en Cuba. Antecedentes y situación actual

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Cuando el gobierno cubano tomó el poder en 1959, se encontró con una parte del sector de la vivienda muy deteriorado debido al déficit habitacional existente, las notables diferencias entre el campo y la ciudad, la variabilidad de los materiales usados y la existencia de cordones de pobreza en las principales urbes, sobre todo en La Habana.

Esto lo impulsó a priorizar el mejoramiento de las condiciones de vida en el campo y a intentar erradicar los asentamientos informales en las ciudades. Sin embargo, la vivienda urbana continuó su proceso de deterioro y esto permitió que el déficit habitacional creciera.

Un sucinto análisis histórico permite conocer que en 1802 existía en la capital un promedio de cincuenta personas por viviendas, lo que demostraba el elevado hacinamiento. El censo realizado en 1899, durante la intervención del país por Estados Unidos, arrojó la cifra de 262 724 casas para más de un millón y medio de habitantes, lo que significaba 5.3 personas por edificación, aunque bajo el término casas se incluían las de una sola pieza o cuarto, los bohíos en el campo y los barracones de guano y piso de tierra.

La Habana inicia su configuración hacia zonas periféricas de entonces, fuera de escala respecto a una parte de la realidad nacional y con el deseo de competir con el vecino del Norte. Un ejemplo evidente fue la construcción del lujoso Capitolio Nacional, imitación estilística del de Washington.

Durante la primera mitad del siglo XX, la arquitectura se fundamentaba en la iniciativa constructora de la burguesía cubana, con la construcción de edificios públicos y grandes residencias privadas. El objetivo era multiplicar el capital, ya que esos edificios fueron convertidos en viviendas de alquiler. En esa época, el 74.5 % de las moradas habaneras no pertenecían a quienes las habitaban, pues estos lo hacían en calidad de arrendatarios.

A partir de la década del treinta, debido al aumento demográfico de las ciudades, especialmente La Habana, y por el creciente desarrollo comercial e industrial, comienza a registrarse un alza en la demanda de viviendas. Como paralelamente aumentaban el costo de los terrenos y el de la construcción, la casa individual empezó a ceder en preferencia ante al edificio de apartamentos colectivos, mayor en conjunto y menor en espacio habitable.

A partir de 1940, aparecen innumerables residencias privadas en lugares como Varadero, los repartos Miramar, Playa, Habana, Río Almendares, entre otros. Tales mansiones eran de alto lujo.

Vivienda

Reparto Miramar. 5ta Avenida desde el reloj de calle 10. 1931.

El promedio anual de construcción en el período 1946-1953 fue de 26,827 viviendas. Entre 1953 y 1958 creció de forma acelerada, no obstante que el déficit habitacional continuó ascendiendo y la población de más bajos ingresos carecía de domicilio apropiado. Fueron formuladas diversas políticas que buscaban la reducción de asentamientos informales en los alrededores de La Habana, así como la disminución del déficit habitacional, pero ninguna tuvo los resultados esperados.

Desde 1945 a 1958 —considerada la etapa de mayor actividad constructiva antes de 1959—, las viviendas erigidas con niveles buenos o aceptables solo pudieron satisfacer un tercio de la demanda por crecimiento demográfico.

Durante todo el siglo XX, y hasta 1958, el estado cubano construyó algunos conjuntos urbanos de importancia en la capital: en 1910 el de Pogolotti, en Marianao, y el Barrio Obrero de Luyanó, a partir de 1945. Debe señalarse también la agrupación de viviendas en el reparto Lutgardita, en Boyeros.

En ese período prerrevolucionario el estado, bajo el programa de Fondos Hipotecarios conocidos como FHA, estimuló la construcción de casas individuales en el país. Por su parte, se erigieron viviendas en barrios alejados del centro de la ciudad de La Habana, como los de Fontanar y Altahabana.

Según la investigación censal realizada en Cuba en 1953 —dirigida y coordinada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos—, solo el 13 % de las casas existentes en el país podrían considerarse como buenas.

Buenas

13
Aceptables 20
Regulares 21
Malas 32
Ruinosas 15

Tabla 1: Estado de la Vivienda en 1953 en porcientos.

En Cuba se edificaba donde la rentabilidad fuera elevada. Ello explica que el 80 % de las construcciones consideradas buenas se ubicaran en la Ciudad de La Habana, lo que evidenciaba un desequilibrio en el desarrollo urbano del país.

La referida desproporción se repetía dentro de la misma ciudad, ya que por un lado existían un ostentoso litoral, exclusivas urbanizaciones de la burguesía, lujosos edificios de apartamentos y grandes residencias y, por el otro, enormes zonas de construcción espontánea y barrios insalubres con condiciones inapropiadas para vivir. En zonas rurales las condiciones eran más adversas, con los llamados bohíos y la insalubridad por falta de agua potable, alcantarillado y depósitos de aguas negras.

En 1959, solo por reposición de viviendas ruinosas o malas, la demanda era de 700 000, teniendo en cuenta la población y el número de viviendas existentes en ese momento.

Desde 1959 se planteó el enorme déficit habitacional que tenía Cuba, por ende, entre las primeras medidas que se estipularon en tal sentido, resaltan el intento de erradicar algunos barrios y la ley de Reforma Urbana.

Algunos de los principales barrios insalubres eliminados fueron el Manzana de Gómez en Santiago de Cuba, con la creación del Reparto 26 de julio; del habanero barrio Jesús María fueron trasladados a sectores residenciales de la propia ciudad unas 242 familias, por solo citar ejemplos.

En apenas cuatro años, hasta 1962, el llamado Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas (INAV), construyó un conjunto de barrios representativos, a los que se sumarían los construidos posteriormente, hasta mediados de los setenta:

  1. Habana del Este (1959-1961), con edificaciones de cuatro y doce pisos.
  2. Distrito Urbano José Martí, iniciado en 1964 en Santiago de Cuba.
  3. Conjunto Alamar, a partir de 1971
  4. Edificios Apartamentos en Altahabana.
  5. Micro-distrito Central Plaza de la Revolución, con edificios altos.
  6. Reparto Lenin, en Holguín.
  7. Reparto Caribe, en Guantánamo.
  8. Nuevo Manzanillo.
  9. Los Olivos, en Sancti Spiritus.
  10. San Rafael, en Matanzas.
  11. Reparto Hermanos Cruz, en Pinar del Río.
  12. Repartos Armando Mestre (Naranjal)  y Camilo Cienfuegos, en Matanzas.
Vivienda

Construcción del reparto Alamar. (Foto: Twitter/@Memoire2cite)

Otros barrios aparecieron a lo largo de la Isla, e inclusive, los conjuntos urbanísticos mencionados se ampliaron en fechas posteriores.

Ya en los setenta comienzan a edificarse asentamientos en todo el país, sin mucho diseño arquitectónico, el único fin era construir viviendas para los trabajadores con mano de obra garantizada por ellos mismos. La consecuencia de esta política se reflejó en la baja calidad constructiva y el pobre diseño de ciudades o asentamientos, sumado a que muchas instituciones empezaron a levantar edificios cercanos a su área laboral, los ejemplos son variados.

El proceso de urbanización en Cuba fue uno de los más antiguos en el continente latinoamericano. Si bien su ritmo de crecimiento no fue tan intenso como en aquellos países, se considera alto, con valores que oscilan entre el 57 % de la población urbana para el Censo de Población y Viviendas del año 1953; 75.9 % en el Censo de Población y Viviendas del 2002 y 76 en el Censo del 2012.

Diferencias entre las provincias

El proceso de urbanización no se produjo de forma homogénea en Cuba, por lo que existen diferencias marcadas entre provincias. Ya en el censo de 1953, la provincia de mayor grado de urbanización armonizado era La Habana, con el 98.9 %, en tanto la de menor grado era las Tunas, con el 25.4 %. Pero en el censo del 2012, la provincia más urbanizada continuaba siendo la ciudad de La Habana con el 100 % de su población residiendo en zona urbana; al tiempo que la menos urbanizada era la provincia Granma, con el 60 % de urbanización.

Hasta 1971 se habían levantado mas de 100 000 viviendas en el campo. Al llegar a 1980 esta cifra ascendía a más de 295 000. Ese nivel de construcciones fue posible por la creación del llamado Movimiento de micro-brigadas, surgido en 1971 en el reparto Alamar, al este de la capital, y por el plan inversionista ejecutado en la industria de materiales de la construcción.

En el ritmo de construcción de viviendas que ha tenido Cuba, debe destacarse el rol de la población. A partir de 1980, esta construyó el 24.1 % del total de casas terminadas, llegando a representar el 34.59 % en 1984. Tal ritmo se iría incrementando por años. Así, en el quinquenio 1981-1985 se construyeron casi 200 000 viviendas. No obstante, seguía siendo insuficiente dado el nivel del déficit acumulado y el crecimiento poblacional.

El economista Carmelo Mesa Lago estimó en 1997 que el déficit de viviendas era de un millón de unidades, o 110 por mil habitantes (Mesa Lago 1997).

Hasta 1985, en La Habana se construían menos viviendas per cápita que en todas las provincias del país, lo que resultaba una situación inversa respecto a la década del  cincuenta. Asimismo, se daba menos mantenimientos a la planta existente, lo que provocó, entre otras causas, el deterioro acelerado de determinados municipios de la capital, como La Habana Vieja, Centro Habana y el Cerro, entre otros.

El desmantelamiento del sistema socialista en los países europeos, especialmente en la URSS, afectó la vida nacional y los programas de desarrollo cubanos, entre ellos el de la vivienda; si bien debe indicarse que el déficit habitacional no se resolvió, ni siquiera se amortiguó, antes de la crisis de los noventa.

No obstante las medidas y acciones tomadas por el estado cubano, el déficit habitacional ha continuado creciendo y el panorama actual muestra amplias necesidades de inversión pública. Es forzoso que nuevas medidas sean adoptadas en el corto plazo, ya que la combinación de lo heredado, más la situación económica adversa, ha complicado la situación actual.

A eso debe añadirse la proliferación de nuevos barrios insalubres que fueron surgiendo dentro de la capital del país y en numerosas ciudades de casi todas las provincias. Para intentar modificar el déficit de viviendas que hoy existe, el ritmo constructivo deberá superar las cien mil por año, y hoy se construye apenas la tercera parte de esa cifra.

A partir de 1997 se produce una caída en el número de viviendas terminadas, y solo  comienza a recuperarse este indicador desde el 2005. Lo interesante en el período es que se manifiesta un cambio de tendencia, pues el sector no estatal de la economía logra concluir viviendas en un nivel más elevado que el estado.

Viviendas

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas. Anuario Estadístico de Cuba. La Habana.

En 2006 se puso en marcha en Cuba un Programa Especial para la construcción, conservación y rehabilitación del fondo habitacional. El mismo determinó la edificación de cien mil viviendas anuales; sin embargo, solo se cumplió en ese año, fundamentalmente por la existencia de un elevado fondo habitacional pendiente de pequeñas acciones de terminación desde el comienzo del Período Especial. 

Los problemas históricos en la construcción de viviendas se mantienen en Cuba. En estos últimos años podrían mencionarse, entre ellos: la baja productividad de la fuerza constructiva, junto al déficit de fuerza calificada, tanto de constructores como electricistas, albañiles, plomeros, en algunas regiones del país; la mala calidad en la actividad constructiva estatal, lo que incluye las actividades de urbanización; los muy bajos niveles de mecanización y uso de técnicas modernas; el desvío de recursos de las obras en ejecución; y las demoras, trabas y burocratización en los trámites legales  requeridos, que entorpecen la gestión. (1)

Es necesario realizar acciones que permitan alargar la vida útil de las viviendas, por la calidad de la cubierta de los techos y la falta de mantenimientos, sumados a la vejez de muchas edificaciones, especialmente en las grandes ciudades.

Antes de 1920 3.1
1920-1933 1.9
1934-1945 3.01
1946-1958 6.8
1959-1970 7.7
1971-1981 11.5
1982-1989 14.9
1990- 2001 12.2
2002-2012 13.4

No sabe

 25.0

Tabla 2: Viviendas particulares de tipo casas o apartamentos según período de construcción declarado en el censo de Población y Viviendas del 2012 en %.

La tabla 2 demuestra que el 60 % del fondo habitacional del país —2,1 millones de viviendas—, ha sido construido después de 1959, pero a la vez indica que el 40 % de los encuestados, o no sabe cuándo se construyó o afirma que se hizo antes de 1959. La baja calidad de las instalaciones existentes como viviendas, según se muestra en la tabla 3, permite afirmar que es lógico que en otras regiones la afectación más rutinaria sea la destrucción de las mismas por parte de ciclones tropicales.

Del fondo habitacional existente en el momento del último censo de población y viviendas, el del 2012, una parte significativa de las viviendas no tenían buena calidad —dados los materiales predominantes en sus techos— para enfrentar fenómenos meteorológicos de gran envergadura. Solo el 53 %, que son las casas techadas de cemento, poseen mejores condiciones. A la vez, los datos demuestran que se han sustituido las casas de madera y guano por techos de plancha metálica, con las afectaciones consiguientes que ello ocasiona ante adversidades naturales.

  2002 2012
Total 3 198 859 3 620 152

De ellos
Placa 1 576 301 1 941 894
Teja  523 178 293 272
Fibrocemento  791 624 788 770
Madera y Papel   115 848 67 858
Guano   169 963 88 477
Plancha Metálica   412 114
Otro  27 945 27 767

Tabla 3: Casas y apartamentos ocupados con residentes permanentes en el momento censal de 2002 y 2012 (de acuerdo con los materiales predominantes en el techo). Fuente. Oficina Nacional de Estadísticas. Informe Nacional del Censo de Población y viviendas. 2002, Tabla V.7, La Habana. Y Censo de 2012, tabla V.12

La compleja situación descrita permite concluir que:

  1. Cuba debiera darle prioridad a las labores de mantenimiento y conservación del fondo habitacional.
  2. Es imperativa mayor atención al aseguramiento de los programas de viviendas a nivel municipal, a partir de las materias primas existentes en cada lugar y las tecnologías disponibles para fabricar los materiales necesarios.
  3. La construcción de viviendas deberá organizarse sobre la adopción de nuevas modalidades, que incluyan la introducción de nuevas tipologías y el empleo de tecnologías constructivas que ahorren materiales y fuerza de trabajo, y sean de fácil ejecución por la población.
  4. La industria de materiales de la construcción debería satisfacer la demanda para las inversiones, el mantenimiento constructivo y potenciar la exportación de los materiales más competitivos, así como la venta a la población con costos mínimos y sin subsidios.
  5. Es preciso permitir la construcción de viviendas por empresas extranjeras en el país, y a la vez otorgársele créditos por parte de las instituciones nacionales a los arrendadores o compradores interesados.

La actual situación habitacional ha producido un impacto múltiple en la sociedad cubana, y aunque en las últimas seis décadas el Estado ha construido viviendas, el ritmo constructivo ha sido insuficiente para reducir el déficit, por lo que deben incrementarse los niveles de inversión en el sector y desarrollar una estrategia de participación financiera de la comunidad.

***

(1) Betsy Anaya: «Los programas priorizados en Cuba», Mimeo, CEEC, La Habana, 2008

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Economía cubana (2)

La economía cubana y los precios: una relación necesaria

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Hasta dónde llegará el impacto negativo de la pandemia por la covid-19 en la economía de Cuba junto a los efectos del bloqueo, dará mucho de qué hablar en los próximos años. Los escenarios adversos que han dibujado los economistas son poco halagüeños. Antes de irrumpir el nuevo coronavirus, en marzo del 2020, la economía se encontraba casi en recesión, atrapada por la disminuida producción agroindustrial, las deficiencias internas que son estructurales, la poca disponibilidad de divisas y el escaso avance de las transformaciones del modelo económico.

El crecimiento económico de la isla ha sido muy bajo. Entre 2009 y 2019 fue del 2,3 por ciento promedio anual. Entre 2016-2020 esa cifra se redujo a -1,3 por ciento. Apenas creció un 0.2 % en el 2019, para decrecer un -10.9 % en 2020. En 2021 el crecimiento fue aún bajo, un 2%, según reconocen las autoridades.

Los principales sectores afectados en la actualidad son la agricultura, agroindustria cañera, minería y turismo internacional que, terminó el 2021 con 354,470 visitantes, una caída de 67.2 % respecto al 2020 y un desplome de  92.4 % tomando como referencia al 2019.

En el caso de la agricultura, los reportes disponibles publicados por el Anuario Estadístico indican que los volúmenes de producción en el 2020 estaban por debajo de las cifras de 2019, cuando ya exhibían un pobre desempeño.

El profesor Carmelo Mesa Lago, en su exposición «Causas de las protestas y medición de la magnitud de la crisis económica en Cuba», comentaba que en la agricultura, ganado, pesca y manufactura: de un total de 24 productos clave en 2020, 19 decrecieron respecto a 2019; y 12 estaban por debajo del nivel de 1989.

La zafra azucarera 20/21 fue de las más bajas en los últimos cien años, por debajo de las 800 000 toneladas, y se esperan resultados nada halagüeños en la zafra 2021/2022.

Lo anterior demuestra que la economía cubana ha estado en recesión durante los últimos años, con destellos alentadores a partir del 2022, pero con una fragilidad muy grande aún para enrumbar el camino.

La teoría económica plantea que es positivo mantener la inflación baja, ya que un nivel de inflación alto distorsiona las llamadas señales del mercado, y además genera ineficiencias con graves afectaciones para la economía y sobre todo encarece la vida a las personas.

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La inflación alta encarece la vida a las personas. (Foto: Roy Leyra / CN360 )

Las causas de la inflación son múltiples, porque están relacionadas al comportamiento de la economía en general y a la interacción de sus variables, oferta y demanda, balances internos y externos.

La crisis económica estructural que atraviesa la economía cubana, junto a  choques externos como el bloqueo económico de Estados Unidos, la pandemia del COVID 19, la carencia de divisas por desajustes o disminución de  exportaciones, el pago de deudas resultantes de los procesos de condonación; han afectado fuertemente la oferta de bienes y servicios, y eso se ha traducido en el aumento de los precios de productos en algunos mercados, como el  agropecuario y los informales.

Los altos déficits presupuestarios financiados mediante emisión monetaria o deuda pública, generan inflación en países llamados en desarrollo, como Cuba. A su vez, la alta inflación afecta los ingresos reales al presupuesto. El déficit fiscal fue de un 18% del PIB en 2020, y se estima en más de un 25 %  para el 2021, el mayor desde los años 90.

Otro factor que influye en la inflación es la credibilidad de la autoridad monetaria (banco central) y la estabilidad y rigor en el manejo de la política monetaria, que de alguna manera queda expresada en la «Teoría de las expectativas racionales».

En el 2005, la cesta de compra de los cubanos había experimentado un cambio. Antes, los productos permanentes en la cuota personalizada mensual —jabón, pan, aceite, café, arroz, azúcar, huevos, carne de pollo y fríjoles—, se compraban por 9,05 pesos cubanos.

A partir del 2005 pasaron a valer 17,45, un aumento del 148%.  Sin embargo, el salario medio mensual era 330 cup. Tal subida estuvo acompañada por un 8% del aumento en las pensiones, un 6,72% del incremento del salario mínimo y un 11,9% del aumento del salario medio. Costaba más porque el nuevo precio incluía un kilo de arroz de mayor calidad y dos huevos adicionales. Lo mismo sucedió con el café, aunque en este caso la subida del precio, por la misma cantidad, fue del 2.400%.

La canasta básica referencial prevista por la «Tarea Ordenamiento» era de 1 528 CUP. Se puede inferir que la misma fue calculada teniendo en cuenta la tasa oficial de CUP a USD de 1 por 25. Recientemente se informó que esa canasta asciende ahora a 3 250 CUP en La Habana y 3 057 CUP en las provincias orientales, mientras el salario promedio del país es de 3 838 CUP.

En el  2019, el costo de la canasta básica representaba el 46.6% del salario, sin embargo, de acuerdo con las autoridades cubanas, en 2021 es casi el 85 % y, dado el nivel de precios actuales, es lógico suponer que el salario promedio no alcance para adquirir los alimentos necesarios para una vida digna. 

El Ordenamiento monetario trajo consigo un significativo aumento de salarios, pero estos representan hoy menor poder adquisitivo que los de años anteriores, debido al desmedido aumento de los precios, aunque no se puede ser absoluto. Un grupo no despreciable de trabajadores está recibiendo altos montos por la distribución de utilidades en sus instituciones.

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Es evidente que la propia escasez de divisas ha producido un desabastecimiento en las tiendas fuera del circuito normado. En los diferentes mercados, tanto los de MLC como los de CUP, faltan los productos necesarios para completar la canasta básica mensual. Para escapar, como se dice en Cuba.

En las tiendas en CUP se observan largas colas cuando son surtidas de algún producto escaso —pollo, detergentes, papel higiénico y puré de tomate, entre otros. La población se desgasta en las aglomeraciones que los cubanos llamamos molotes, a la hora de adquirir esos escasos bienes que tanto se necesitan.

 Las tiendas en MLC están un poquito más abastecidas, pero al ser en MLC o dólares bancarios, cuya tasa de cambio a CUP ronda los 100 en el mercado informal y  único existente, se podrá calcular el costo de cualquier producto que se oferte ahí para la población, entre ellos los menos favorecidos: jubilados, trabajadores del sector presupuestado, entre otros.

Una proporción no despreciable de la dieta alimentaria es importada, y si la economía tiene escasez de divisas, no ha quedado otra opción que recortar ciertas adquisiciones demandadas por los hábitos alimenticios de la población.

Habida cuenta de la situación descrita, el estado debe volcar sus  esfuerzos para facilitar el  aumento de las producciones agrícolas, ya que ahí existen grandes reservas no explotadas. La población requiere, en estos tiempos de crisis epidémica, y hasta existencial, resolver los productos que son vitales para su cotidianidad.

El bloqueo está firme en su pretensión de afectar más a la economía cubana, desde la persecución a empresas que comercian con Cuba, hasta intentos de evitar los depósitos de divisas del país en bancos internacionales. Pero sobre ese aspecto no podemos hacer más que criticarlo, lo que sí se puede es producir más alimentos internamente, por todas las formas de propiedad que existen en la Isla, y eso requiere recursos monetarios.

En efecto, es hora de pensar como país. El momento por el que atraviesa Cuba es muy complejo, y si el Estado no puede reaccionar con la celeridad que se impone para abastecer alimentos o servicios debido a la falta de divisas para importar, tiene entonces que tomar medidas no incluidas hasta ahora entre sus prioridades.

Por ejemplo: reducir el gasto en nuevas construcciones hoteleras para turistas en un futuro algo lejano; o autorizar la entrada de cadenas de tiendas extranjeras, aunque les hagan la competencia a las alicaídas tiendas cubanas; o permitir la libre importación a personas naturales que paguen en divisas extranjeras. Pero los precios hay que detenerlos, ya que se está produciendo un deterioro importante en el poder adquisitivo de la familia cubana. 

Se dice que en el socialismo la fuerza de trabajo no es una mercancía,  sin embargo, ¿acaso los trabajadores ni siquiera pueden aspirar a obtener una cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades? Recordemos que a medida que la sociedad y sus componentes son más desarrollados, el costo de reproducción de la fuerza de trabajo aumenta, no debiendo abarcar  únicamente lo imprescindible para alimentar y vestir a los trabajadores y sus familias, sino que también requiere un pago que permita disfrutar mayor tiempo de ocio, una salud más garantizada, unas merecidas vacaciones, ir al teatro, cine, comprar libros, electrodomésticos, entre otros.

Los precios han tenido un aumento exponencial a lo largo del país. En el siguiente gráfico, se observa el movimiento al alza de estos. Tomo, a modo de ejemplo, ciertos productos en la unidad de medida (libras), y, como punto de referencia, algunas zonas de La Habana. Los datos relativos al año 2021 fueron obtenidos de la ONEI, en la publicación «Anexos Índice de Precios al Consumidor».

Economía cubanaPuede apreciarse que el indicador de precios que marca tendencia o brújula en el país es la carne de cerdo, y la misma se incrementó más de un 400 % en el 2021 y se mantiene en el 2022.

Es evidente que la «Tarea Ordenamiento» en ejecución, la situación externa del país y las deformaciones estructurales existentes, han conducido a una disminución sostenida del poder adquisitivo de las personas, con el correspondiente disgusto que el hecho trae aparejado desde el punto de vista político. El cuestionamiento de la población a los decisores de políticas se mantiene y crecerá cada día en que se manifieste la actual inflación. Los economistas, en general, señalan dos razones para perder un gobierno: la alta inflación y el alto desempleo.

Cuba debería seguir los modelos exitosos de China y Vietnam que han implantado un  «socialismo de mercado», y eso les ha generado  tasas de crecimiento económico superiores al 9 % anual durante varias décadas acompañadas de un aumento de los niveles de vida de la población y de mejoría de sus indicadores sociales, como sacar de la pobreza a más de 500 millones de personas en el caso de China.

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Decreto

Primeras impresiones sobre el decreto ley 46 de las MIPYMES

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Resulta esperanzador constatar la reciente aprobación de Decretos-Leyes para el fortalecimiento del modelo económico-social cubano, como los que tratan sobre la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), o sobre las cooperativas no agropecuarias, o el trabajo por cuenta propia. Su aprobación se adelanta al calendario que existía para analizar algunas de estas normativas en próximas reuniones de la Asamblea Nacional.

Son muchos los aspectos positivos que comprenden el Decreto-Ley sobre las MIPYMES, resaltan —entre otros— el reconocimiento de la iniciativa privada mediante empresas con personalidad jurídica propia, bajo la figura de empresas de responsabilidad limitada. Hay muchos otros que se pueden encontrar en la normativa.

No me detengo en el no reconocimiento de la figura de las sociedades anónimas (S.A.), como tampoco en el tamaño de la mediana empresa, partiendo de la cantidad máxima de sus trabajadores, ni en la restricción para que una persona pueda ser socia en más de una MIPYME.

Las S.A. bien podrían ser el vehículo para incentivar la inversión extranjera, pero parece que ya la declaración de la iniciativa privada con carácter empresarial se consideró un grandísimo salto como para tener ahora que ampliar aún más su alcance. Asimismo, en muchos otros países la mediana empresa puede contar hasta con 250 trabajadores para considerarse como tal.

La imposibilidad de poseer varias empresas juega con el afán de no permitir la acumulación de riquezas, como fue aprobado en la Constitución. Se pueden comprender los motivos para ir dando pasos mesurados, aunque no todos estarían de acuerdo con esta lentitud en los procesos.

Me detendré en los aspectos que suscitan, a mi juicio, mayores dudas.

Se menciona que las MIPYMES podrán ser privadas, estatales o mixtas. Más adelante se aclara que las mixtas requerirán un régimen jurídico especial cuando las condiciones lo permitan, pero ya se regula que en las mixtas solo serán socios las personas jurídicas de diferentes tipos de propiedad. De esta forma, se niega la posibilidad de que una persona jurídica extranjera se asocie a personas naturales cubanas para constituir una MIPYME mixta.

Decreto (1)

(Imagen: MEP Cuba)

Esto traerá como consecuencia el estrechamiento del campo de acción para crear empresas de este tipo y ayudar a incrementar la captación de inversión extranjera directa, ya que, o algunos inversionistas extranjeros preferirán como socios a interlocutores privados, o el país podría no autorizar inversiones extranjeras en pequeñas y medianas empresas, con limitada cantidad de trabajadores, habida cuenta de que la inversión sería en un monto pequeño, no interesante para las preferencias de las empresas estatales. Al final, la inversión no se haría ni de una forma, ni de otra. ¿Quién pierde más?

La norma no aclara si las MIPYMES se crearán por tiempo ilimitado, como es normal en cualquier geografía. Sin embargo, al tratarse sobre la disolución de una MIPYME, se menciona que la empresa podrá disolverse cuando se extinga el plazo de vigencia de la misma, sin haberse inscrito la prórroga en el Registro Mercantil, lo que da a entender que las MIPYMES tendrán un plazo de vigencia y deberán someterse a procedimientos de evaluación y aprobación para continuar funcionando.

¿Se vuelve a  incurrir en uno de los problemas que hoy también enfrenta la inversión extranjera en Cuba, cuando los inversionistas no pueden tener seguridad de si al cabo del tiempo se les permitirá continuar con sus negocios?

En el Anexo al referido Decreto se establecen las actividades a realizar. Se indica ahí que las MIPYMES privadas no podrán funcionar, por ejemplo, en las áreas de salud, telecomunicaciones, energía, defensa, prensa y otras que ya estaban vetadas para los trabajadores autónomos. Debe entenderse que si este listado de actividades no permitidas es muy amplio, de nada servirá que tengamos la mejor ley del mundo sobre MIPYMES; ella se convertirá en letra muerta y su impacto real en la economía del país será muy bajo.

Dada la estructura social de Cuba, se puede comprender la aspiración de que la empresa estatal continúe siendo preponderante y que los sectores estratégicos sigan en manos del Estado. Pero no parece haber motivos sólidos para limitar las actividades en todo aquello que no sea catalogado como estratégico.

Se debe tener en cuenta que, si la actividad privada se autoriza fundamentalmente para algunos servicios y producciones, no habrá posibilidades de redimensionar a las empresas estatales irrentables, de redirigir a masas de trabajadores a empresas más eficientes, de contar con empresas —estatales o privadas— de mayor dinamismo y MIPYMES con producciones de más alto valor agregado. Según las actividades a realizar, terminarán siendo TCP, con más trabajadores asalariados pero con escaso impacto en la generación del PIB nacional.

Por ejemplo, no se permite la «generación, transmisión y distribución de energía eléctrica», lo que, entendido a gran escala, resulta lógico mantener bajo control del Estado. Sin embargo, si se desea cambiar la matriz energética, cuidar el medio ambiente y ahorrar combustibles importados; parecería sensato permitir que las MIPYMES privadas produjeran/ensamblaran y montaran paneles solares en techos de viviendas y empresas, pudiendo vender a la red eléctrica estatal el excedente de electricidad generado.

Lo mismo sucede con el almacenamiento, el transporte por carretera, el cabotaje, las embarcaciones de placer con tripulación, el alquiler y arrendamiento de equipos recreativos y deportivos, o la gestión de boleras, clubes deportivos y otras actividades deportivas; por citar algunos ejemplos. ¿Son ellas priorizadas hasta el punto que no deban desprenderse de las manos del Estado? ¿No son algunas de ellas actividades donde se advierten deficiencias en el servicio, precisamente por falta de recursos del Estado?

Decreto (2)

(Imagen: Granma)

Se ha tenido que autorizar la presencia de empresas de capital totalmente extranjero, con flotas de camiones que ayuden a dar respuesta a la demanda de transportación de mercancías dentro del país. ¿Por qué una MIPYME privada no pudiera resolver este mismo problema? Probablemente una MIPYME privada autorizada a ejercer tal actividad, compraría y arreglaría camiones en desuso en manos de empresas estatales, o resolvería los problemas del bloqueo para importar camiones, o guaguas de transporte público, desde otros países.

 Si existen actualmente camiones privados —producidos antes de 1959 aunque con múltiples remiendos ulteriores—, que brindan servicios de transportación de mercancías o personas, ¿qué impide que una MIPYME pueda importar un camión y/o una guagua más modernos y ofrecer este mismo servicio con menores roturas y mayor seguridad vial?

Como principio, si para alguna actividad se ha permitido la presencia de inversión extranjera, quebrando así el control estatal absoluto para ese sector, parece lógico admitir, y con mayor razón, que la misma actividad pueda ser gestionada por MIPYMES nacionales, aunque sean privadas.

No menos importante será el funcionamiento de las cuentas bancarias que abran las MIPYMES, y la moneda de facturación. En la actualidad, un TCP puede cobrar algo en su cuenta personal en MLC, o cambiar CUP a MLC en el mercado informal, siendo difícil de detectar esta anomalía realizada por una persona física. Ambas operaciones resultan importantísimas para pagar las materias primas de importación, insumos e inversiones y mantener en funcionamiento la actividad.

Para una empresa, que emite estados financieros y puede ser auditada con  profundidad, esto sería más complicado. Pero está claro que, sin importaciones —da igual si son directas o a través de empresas estatales intermediarias—, la cual demanda divisas para su realización; la actividad de MIPYMES estaría muy restringida o limitada.

Sin cuentas en MLC, sin poder facturar en MLC, o con restricciones para canjear CUP a MLC y realizar pagos hacia el exterior; las MIPYMES tendrían similares limitaciones que las empresas estatales. Y si resulta difícil levantar estas trabas para las estatales, las nuevas MIPYMES no deben nacer lastradas con ese fardo de prohibiciones o limitaciones. 

En este sentido, la normativa también deberá prever la posibilidad de que las MIPYMES reciban financiación desde el exterior, tanto de instituciones como de personas físicas. Para nadie es un secreto que muchos potenciales socios de MIPYMES recibirían financiación de familiares en el exterior con el fin de comenzar el funcionamiento de la empresa.

Esto entraña poder pagar a suministradores externos, desde cuentas en el exterior de terceros, por ejemplo, del familiar que otorga el apoyo financiero para el emprendimiento, lo cual sería una forma de burlar el bloqueo.

No obstante, ello también supone reconocer la necesidad de las MIPYMES de realizar pagos hacia el exterior y amortizar las deudas contraídas. Si el país no cuenta con grandes ahorros, cabría esperar una insignificante creación de MIPYMES privadas, a menos que las mismas reciban apoyo inicial desde fuera de la Isla. En manos de los legisladores y reguladores está que eso suceda tras bambalinas, o de forma ágil y transparente.

Por último, una MIPYMES en Cuba no puede abstraerse del entorno económico en que se desenvuelve, que es el más complejo de los últimos tiempos: la economía decrece desde el 2019 y en 2021 mantendrá esa tendencia; el bloqueo esta aún intacto; la pandemia de la Covid-19 no deja vislumbrar un escenario optimista cercano; las exportaciones turísticas casi nulas y las de azúcar prácticamente en cero, o muy reducidas; las deudas pendientes a corto plazo, producto de las renegociaciones con el Club de París, presionarán muy pronto y la crisis de liquidez es cada día mayor.

Con esas señales es muy difícil prever, al menos inmediatamente, que las MIPYMES sean otro motor impulsor de la economía, a pesar de sus enormes potencialidades.

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