Raúl Castro se despide del liderazgo oficial en el Partido Comunista de Cuba (PCC), con la presentación de un «Informe Central» que demuestra la escasa voluntad política de la dirigencia cubana de adoptar los profundos cambios estructurales que requiere el país.
Los límites del proceso de cambios económicos
Al referirse a la «flexibilización» del trabajo por cuenta propia, mencionó que:
«(…) sin siquiera haber implementado esta importante decisión, se ha demandado el ejercicio privado de algunas profesiones, mientras a las demás no se les permite. Parecería que el egoísmo, la codicia y el afán de mayores ingresos, provocan en algunos el aliento para desear que se inicie un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista construida a lo largo de más de seis décadas».
¿Entonces la máxima dirección partidista considera que los trabajadores por cuenta propia son egoístas y codiciosos y tienen afán de mayores ingresos? ¿Quienes defendemos la expansión de la empresa privada para bien de la economía nacional somos apologistas de un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista construida a lo largo de más de seis décadas? ¿Significa esto que, una vez más, los trabajadores por cuenta propia serán usados para resolver problemas graves y luego nuevamente anatematizados?
Desde que se estableció el sistema socialista en la Rusia bolchevique se trató de argumentar que, puesto que el Estado es «de obreros y campesinos», la propiedad estatal sería expresión de la propiedad social en el socialismo. Sin embargo, para que una propiedad pueda realizarse plenamente, el propietario debe tener los mecanismos que le permitan gestionarla o controlar dicha gestión.
Ni en la Rusia bolchevique primero, ni en la URSS después, ni en los países socialistas de Europa Oriental, ni en China, ni en Vietnam, ni en Cuba, esto ha funcionado así. Las decisiones económicas se toman centralmente por parte del grupo de poder y la sociedad carece de los mecanismos democráticos para pedir cuentas a los dirigentes o, llegado el caso, elegir a otros gestores de esa propiedad.
No se está proponiendo la privatización de la economía nacional, sino la eliminación de los monopolios estatales, que son manejados como si fueran privados y que tanto daño han provocado a la economía, de forma que existan opciones de competencia entre empresas de distintos tipos de propiedad.
Esto obligaría, por supuesto, a una gestión más eficiente y transparente de la propiedad pública, pero al mismo tiempo, por vía de los impuestos, permitiría al Estado recibir ingresos que podrían destinarse al desarrollo social. En ningún momento estamos proponiendo destruir las conquistas de la Revolución cubana, sino fortalecerlas y, además, hacerlas viables económicamente.
En su «Informe Central», Raúl Castro defendió como una cuestión inexcusable la decisión de no abandonar el monopolio estatal sobre el comercio exterior, como tampoco renunciar al monopolio estatal del comercio minorista y mayorista. ¿Qué tiene esto que ver con el socialismo? Nada. El monopolio estatal solo tiene que ver con una concepción estatista de la sociedad que no necesariamente fortalece al socialismo.
El primer secretario del PCC, Raúl Castro, da lectura al Informe Central al VIII Congreso. (Foto: Estudios Revolución)
Los errores estratégicos y la destrucción del socialismo o de la independencia nacional, no están en las supuestas confusiones o ingenuidades relacionadas con la aparición de un sector privado robusto, comprometido con el desarrollo del país, sino en la persistencia de modelos fallidos que han llevado a la bancarrota del socialismo y a su reemplazo por un capitalismo neoliberal en el que, además, se han pisoteado muchos derechos sociales.
En estos momentos, la batalla por la sobrevivencia del socialismo está precisamente en su transformación, para que puedan justificarse las aspiraciones de la sociedad cubana que abrazó la Revolución como su proyecto de vida, el cual no podrá realizarse mientras la economía no se encamine por una senda de crecimiento que beneficie a todos. Para que resulte sostenible el modelo social al que aspira una parte considerable de la población, es necesario sobrepasar ciertos límites que, al ser impuestos como camisas de fuerza, solo conducirán a la implantación de un capitalismo neoliberal que, incluso, puede asumir la forma de «capitalismo de Estado».
Al justificar la disposición que restableció los mercados en monedas libremente convertibles (MLC), se argumenta: «Esta necesaria medida tuvo el propósito inicial de asegurar la presencia en el mercado interno de un conjunto de surtidos que a lo largo de los últimos cinco años fueron desapareciendo de la oferta estatal, dejando espacio para la actividad ilegal de la compra en el exterior y la reventa de esos artículos con altísimas tasas de ganancia».
Se hace evidente que el Estado necesitaba reemplazar a los comerciantes privados «ilegales» que importaban tales productos y transferir esos altos beneficios a la arcas públicas, pero habría sido mucho más beneficioso legalizar la actividad económica de dichos comerciantes, convertirla de informal en formal y establecer impuestos adecuados, como es normal en cualquier país. Además de constituir una medida económica que apuntaría a la regulación del mercado, el impacto político habría sido mucho más aceptable que restablecer una barrera económica y social entre los cubanos que tienen acceso a dólares y los que no.
En el esquema escogido por los dirigentes cubanos, se otorga un lugar esencial a las remesas procedentes del exterior, sobre todo en las condiciones de reducción a niveles mínimos del turismo internacional. Sin embargo, nada se dice de la adopción de medidas transparentes para que esos cubanos residentes fuera de la Isla sean finalmente considerados cubanos a secas y les sea reconocida su contribución a evitar el colapso económico.
Mientras tanto, en los temas migratorios y en las relaciones con la comunidad cubana no se ha dado el más mínimo paso encaminado a finalizar la histórica división entre cubanos de aquí y cubanos de allá.
El impacto de la llamada «Tarea Ordenamiento» se analizó superficialmente en el Informe. De hecho, luego de reconocer su complejidad que, aparentemente, fue la causa de que demorara una década en ser implementada, se habla de los «inobjetables logros de la unificación monetaria y cambiaria».
Vale la pena destacar que no se ha producido una unificación monetaria, pues a la par de la moneda nacional, se mantienen el uso del dólar u otras divisas extranjeras como «depósitos a la vista», lo cual, como demuestra la teoría económica, hace parte de la oferta monetaria. La unificación monetaria se producirá cuando la moneda nacional recupere la soberanía a través de un curso forzoso y una fuerza liberatoria ilimitada en todo el territorio nacional. Mientras tanto, seguimos en condiciones de una dualidad monetaria y con un mercado segmentado en el que funcionan diversas monedas.
Lo que sí se ha producido es la unificación cambiaria, pero ha adoptado un nuevo tipo de cambio sobrevaluado que, por demás, está facilitando la aparición de un mercado informal de divisas en el que los dólares se venden a un precio mucho más alto.
Todo esto se acompañó de una reforma general de salarios, pensiones de jubilación y precios, que ha generado justificado malestar en la población, al verificarse que los supuestos incrementos en los ingresos nominales, en realidad significaron una contracción de los ingresos reales de una parte considerable de las personas.
A lo anterior se suma la política de tope de precios para los bienes comercializados en mercados no estatales. Ciertamente, una serie de productos sensibles mantienen niveles de subsidio, pero la realidad es que incluso estos subsidios podrían disminuir o eliminarse si no existieran las cortapisas actuales para el emprendimiento y el incremento de ingresos relacionados con el trabajo.
Un aspecto debatido en diversos medios, y al cual las autoridades solo responden que «nadie quedará desamparado», es el tema de las pensiones de jubilación. En su inmensa mayoría, estas quedaron por debajo del salario mínimo, sin considerar adecuadamente la contribución de esas personas a la sociedad, sin egoísmo ni codicia.
Uno de los problemas más graves del llamado Ordenamiento radica, sin embargo, en la secuencia de las medidas, tal y como han mencionado otros colegas, como es el caso de Pedro Monreal. Era lógico que una modificación del tipo de cambio generaría una modificación de los precios, así como la necesidad de aumentar salarios y pensiones.
El incremento de precios en las condiciones actuales de parálisis de la actividad económica, solo podía compensarse con medidas favorables al emprendimiento privado y cooperativo. Aunque existen reservas importantes para incrementar la oferta de bienes y servicios producidos por empresas estatales, para mejorar su contribución a la economía nacional, sería necesario, al menos, asegurar dos condiciones: 1) la autonomía económica y operativa real y 2) la supresión de las condiciones de monopolio.
Es por ello, y por otras razones, que muchos economistas hemos insistido en la necesidad de adoptar medidas que faciliten el funcionamiento de microempresas, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas a las que debe reconocerse su personalidad jurídica. Resulta necesario crear condiciones institucionales para la renovación del tejido empresarial, que premie, a través del funcionamiento de un mercado regulado pero no controlado, tanto el emprendimiento como la productividad y la calidad de la producción y prestación de servicios.
El Estado, la propiedad de todo el pueblo y el poder de los trabajadores
En el «Informe Central» se cita a Fidel Castro cuando afirmó: «No puede olvidarse jamás que la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción constituye la base del poder real de los trabajadores». Ya he cuestionado antes que la propiedad estatal sea realmente «de todo el pueblo». Una cosa es que lo sea formalmente y otra muy distinta es que lo sea realmente. Para que sea en verdad «de todo el pueblo», este en su conjunto debe hallarse en condiciones de ejercer su derecho como copropietarios colectivos. Y ello solo es posible en un sistema realmente democrático.
La experiencia histórica del «socialismo realmente existente», tanto en Cuba como en otros países, muestra suficientes errores en la gestión de la propiedad pública sin que los supuestos propietarios puedan pedir cuentas a los gestores.
En consecuencia, debido al carácter centralizado de las decisiones, se ha mantenido en este tipo de modelo socialista, aunque de forma distinta al capitalismo, la enajenación de los trabajadores respecto a la propiedad que supuestamente les pertenece. Esta realidad constituye una vulneración de los principios sobre los que debería construirse una sociedad socialista.
En la implementación del socialismo a partir del leninismo, con su visión centralista, totalitaria y autoritaria de la organización de la sociedad, se han cercenado los derechos que en teoría tienen los pueblos de ejercer su soberanía.
Engels señalaba en Antidühring: «La fuerza expansiva de los medios de producción rompe las ligaduras con que la tiene sujeta el modo capitalista de producción. Su liberación de estas ligaduras es la única premisa de un desarrollo ininterrumpido, constantemente creciente de las fuerzas productivas y con ello, de un incremento prácticamente ilimitado de la producción misma». Obviamente, no tuvo en cuenta que esto último resulta imposible porque las restricciones de recursos que tiene cualquier sociedad, impiden que la producción pueda crecer de forma ilimitada.
No obstante, cuando las relaciones de producción obstaculizan el despliegue de las fuerzas productivas, sí constituyen un freno al desarrollo económico y social. Y cuando se afirma que existen límites que no se pueden traspasar, estos son los responsables principales de los frenos al desarrollo.
¿De qué forma se expresa en la sociedad cubana el poder de los trabajadores? ¿Pueden los trabajadores elegir de forma directa a los dirigentes del Estado? ¿Pueden revocar de forma directa a los funcionarios electos que incumplen con sus funciones o que cometen severos errores en su gestión? ¿Pueden revocar a los corruptos? ¿Pueden formar asociaciones libres de productores que no estén específicamente diseñadas y controladas por el Partido Comunista? ¿Pueden ejercer su derecho a la huelga cuando consideran que sus salarios o condiciones de trabajo son inadecuados? La respuesta a todas estas preguntas es obvia.
La experiencia histórica del socialismo «realmente existente» ilustra que el tipo de Estado, basado en la «dictadura del proletariado» ha sido reemplazado por la dictadura de un Partido que carece de democracia interna, con lo cual, lo que se impone es la dictadura de su grupo dirigente y, en algunos casos, la dictadura del principal líder. Por ello, defender la unidad en «torno al Partido» ha resultado, en la práctica, la exigencia de aceptar las decisiones del liderazgo, lo cual evidentemente es contrario a un sistema democrático de cualquier signo ideológico.
La unidad de la Nación y la cuestión del Partido único
Raúl Castro afirmó que: «La existencia en Cuba de un único partido ha estado, y estará siempre, en el foco de las campañas del enemigo, empeñado en fragmentar y desunir a los cubanos con los cantos de sirenas de la sacrosanta democracia burguesa, partiendo de la antiquísima táctica de “divide y vencerás”». Pero ello es así cuando se convierte en enemigos a quienes disienten. La unidad de la Nación es una construcción colectiva que, en principio, no puede ser excluyente, sino a través de consensos.
El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba: razones para trascender
Es ampliamente conocido que la Revolución Cubana no fue una revolución comunista, sino una democrática, nacionalista y antimperialista. La Revolución Cubana no se inspiró en la ideología marxista-leninista, sino en los fundamentos martianos y en el objetivo de recuperar y seguramente perfeccionar la democracia que había sido barrida por el régimen de Batista.
Precisamente, las primeras escisiones importantes en la Revolución Cubana se produjeron cuando el proyecto nacional-liberador fue reemplazado por un proyecto comunista. El surgimiento mismo del comunismo es el resultado de la escisión y, por tanto, del debilitamiento del movimiento socialista.
La experiencia de la Revolución bolchevique y de otros procesos revolucionarios, incluido el cubano, ha significado la marginación de los movimientos revolucionarios no comunistas. Por tanto, en lugar de la unión, lo que se ha producido es la imposición de un tipo de sociedad en la que pareciera que solo existe la alternativa que se impone.
En tiempos de grandes peligros, no solo para la sociedad cubana, sino para el mundo, la unidad no puede ser otra que construir consensos en los que se integre la diversidad. Y esto no puede ser de otra manera que con un proyecto amplio y diverso, basado en la democracia real.
No se apela aquí a la ficción de una democracia basada en elecciones —aunque la capacidad de un pueblo de elegir directamente es la base de cualquier democracia—, sino de un sistema democrático en el que, además de elegir entre opciones plurales, existan los mecanismos para controlar a los elegidos, de forma que se garantice que estos sean en realidad servidores públicos. Esa democracia no podría funcionar adecuadamente sin el imperio de la ley y de la igualdad de todos ante esta.
La oportunidad perdida
El 8vo Congreso del PCC, al parecer, deja escapar la oportunidad de que este partido lidere la profunda transformación que necesita Cuba. Los cambios requeridos, tanto por la economía como por la sociedad no son cosméticos, sino de una trascendencia estructural.
El rechazo y la crítica al bloqueo estadounidense, que es real e injusto, no pueden convertirse en factores paralizantes para producir los cambios económicos y políticos que se necesitan. Una nueva estrategia de desarrollo solo puede construirse mediante la convocatoria al consenso y la cooperación colectivos. Esto puede plantearse de forma retórica, pero llevarlo a la práctica exige una nueva mentalidad, no solo económica sino también política, y, sobre todo, una voluntad orientada al reconocimiento de nuestra diversidad política, cultural y racial, entre otras.
La mayoría legitima su poder cuando se garantizan y defienden los derechos de las minorías. Además, debe existir la garantía de que uno de los resultados lógicos de este tipo de proceso podría ser que las mayorías y las minorías alternen de sentido como resultado del ejercicio democrático.
El bloqueo estadounidense y las políticas de agresión no pueden ser la justificación para no democratizar plenamente a la sociedad cubana. Esta es una necesidad de inmenso calado que, al mismo tiempo, dejaría sin sustento las exigencias estadounidenses que, evidentemente, no responden a una orientación moral de su política exterior, habida cuenta la tradicional cooperación de su gobierno con diversos regímenes dictatoriales.
El liderazgo político de un partido, cualquiera que sea, debe asegurarse en la vida cotidiana de cualquier sociedad moderna a partir de los resultados de su gestión y no a partir de una salvaguarda constitucional. Y esa gestión debería ser contrastada y legitimada en las urnas en una competencia política transparente. Esa no es la realidad actual de nuestro país, pero no sería descabellado pensar que hacia allí deberíamos avanzar.
