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Mauricio De Miranda Parrondo

Mauricio De Miranda Parrondo

Economista cubano. Doctor en Economía Internacional y Desarrollo. Profesor Titular e Investigador de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

Crisis

Crisis económica, crisis de confianza y crisis de esperanza

por Mauricio De Miranda Parrondo 27 julio 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Para nadie es un secreto que la crisis económica que vive Cuba es de carácter estructural y solo puede remontarse con cambios radicales. Cada día es más evidente que las transformaciones económicas estructurales deben acompañarse de importantes cambios políticos e institucionales que permitan la democratización de la sociedad.

No cabe dudas de que la pandemia tuvo un efecto devastador y que el endurecimiento de las sanciones por parte del gobierno de Trump creó nuevas dificultades económicas, pero a diferencia de lo que expresan algunos funcionarios del gobierno cubano, en ningún caso son la causa de la crisis estructural que, insisto, está determinada por antiguos y sucesivos errores de política económica que hicieron al país más vulnerable y contribuyeron a la profundización del subdesarrollo.

El actual gobierno heredó una etapa de inmovilismo y ha seguido el guión trazado desde hace décadas, según el cual, las transformaciones solo se producen cuando la crisis llega a un grado extremo y, en lugar de abordar una reforma estructural sistémica, ha optado por medidas puntuales, con errores de diseño, secuencia e implementación. A tenor con ello, su política económica ha tenido carácter reactivo frente a la agudización de la crisis, en lugar de anticiparse mediante cambios estructurales.

Errores de política y crisis económica

En otros textos he abordado los errores cometidos en la política económica reciente. Estos errores definen las principales medidas adoptadas en medio de la pandemia. La creación de tiendas en moneda libremente convertible (MLC) echó por tierra cualquier esperanza de unificación monetaria, —aprobada como un lineamiento de política económica en el 6º Congreso del PCC y ratificada por el 7º—, porque revitalizó la segmentación de mercados establecida desde que el dólar comenzó a utilizarse en transacciones domésticas para acceder a bienes y servicios de primera necesidad.

La llamada «Tarea Ordenamiento», en lugar de conducir a la unificación monetaria y cambiaria, logró una pseudo-unificación cambiaria a una tasa de cambio oficial fija y sobrevalorada, por ende, ficticia, porque al precio de 24 pesos cubanos (CUP) por dólar era imposible que la autoridad cambiaria pudiera satisfacer la demanda de divisa extranjera. En consecuencia, ese mercado informal de divisas, que cobrara fuerzas desde que las CADECA dejaron de venderlas, adquirió mayor impulso ante una situación económica especialmente desfavorable y se cotizan a cifras entre cuatro y cinco veces más respecto al valor oficial.

El reajuste de salarios, pensiones y precios, derivado de la devaluación sin respaldo en la oferta de bienes y servicios, condujo a una inflación que ha superado las expectativas de quienes diseñaron la medida, sin considerar adecuadamente los factores de incertidumbre que afectan a los diferentes actores económicos. La necesidad de adquirir bienes de consumo en los mercados en MLC propicia que las divisas se aprecien sostenidamente en el mercado informal, lo que ocasiona que la devaluación se traslade en forma de incremento de los precios por encima de los valores que muestra la estadística oficial, contrayendo significativamente el ingreso real de los cubanos.

Crisis

El impacto negativo de la «Tarea Ordenamiento», junto al hastío acumulado por las inmensas dificultades de la vida cotidiana y la incapacidad para canalizar políticamente el descontento de la ciudadanía, están en la base de las protestas sociales del 11 y 12 de julio de 2021, en las que participaron, desde trabajadores sencillos hasta artistas e intelectuales, así como cubanos y cubanas que expresaron abierto rechazo a su situación de pobreza.

Pocos días después, se anunció la adopción de decretos que autorizaban las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las cooperativas no agropecuarias. Desde hace años, varios economistas insistimos en la necesidad de aprobar una ley de empresas que garantizara igualdad de condiciones con independencia del carácter de su propiedad; así como en la pertinencia de autorizar micro, pequeñas y medianas empresas privadas y potenciar las cooperativas no agropecuarias.

Personalmente considero que no debe restringirse la creación de empresas por el tamaño de las mismas, ni por sectores de actividad. Soy partidario del establecimiento de un mecanismo de libertad de emprendimiento, con un marco regulatorio preciso y transparente que evite la formación de monopolios de cualquier tipo. La libertad y la competencia propician un clima adecuado al desarrollo de actividades económicas que se traduzcan en mayor bienestar para la sociedad, especialmente cuando la regulación estatal permite que el bienestar se generalice mediante mecanismos redistributivos.

La apertura de mipymes y cooperativas no agropecuarias fue una decisión correcta pero lamentablemente demorada y con demasiadas restricciones. Este debió ser el primero en la secuencia de cambios económicos para dinamizar el emprendimiento y, sobre todo, la oferta de bienes y servicios.

Política económica y crisis de confianza y de esperanza

El pasado 21 de julio se anunciaron setenta y cinco medidas «para recuperar la economía cubana», una larga lista de buenos deseos pero que no precisa cómo van a lograrse. El gobierno apuesta nuevamente a cambios cosméticos, con algunas opciones que ciertamente representan un avance y otras que contradicen los objetivos propuestos. La redacción de muchas de ellas despide el tufillo burocrático típico de los documentos soviéticos, tan bien asimilados por la burocracia criolla. Me referiré a ejemplos concretos, pues sería imposible abordarlas todas en este texto.

En la presentación del ministro Alejandro Gil, se observa que la primera medida es «Identificar todas las posibilidades para incrementar los ingresos en divisas e implementar las acciones que correspondan». ¿No se supone que eso es lo que debería hacer siempre un gobierno con una concepción estratégica del desarrollo? Pero al margen de esto, una vez identificadas esas posibilidades ¿qué se hará con ellas? ¿Implementar por decreto cuáles son los sectores a desarrollar? Eso es lo que normalmente hace un mercado de forma objetiva, no una oficina gubernamental con alto nivel de discrecionalidad y criterios subjetivos.

Otra muestra: «Implementar un programa para la disminución gradual del déficit presupuestario y alcanzar el equilibrio financiero interno del país». ¿De qué manera? Para disminuir el déficit hay dos opciones: reducir el gasto público o aumentar los ingresos presupuestales. La sociedad cubana está perdiendo oportunidades de ingresos fiscales con las restricciones que se mantienen al emprendimiento, porque por vía de un sistema progresivo de impuestos podrían obtenerse importantes recursos resultantes de la dinamización de la actividad económica.

En realidad, resulta imprescindible una nueva ley tributaria que apunte a un sistema fiscal progresista e incluyente y permita que un gobierno —ojalá elegido democráticamente— cumpla su función de asegurar la oferta de bienes públicos y desarrollar un programa orientado a la superación de la pobreza que hoy afecta a tantas familias cubanas.

La idea de reducir el gasto público se pretende con una medida enunciada, pero sin mayor concreción: «Redimensionar el sector presupuestario, optimizando su funcionalidad». Sería mejor si se aceptara de forma clara lo que realmente hay que hacer, que es disminuir el excesivo gasto resultante de una administración central y territorial abultada, ineficaz y con funciones paralelas en muchos casos; del cargo al presupuesto estatal de las organizaciones políticas y sociales; y del sostenimiento de los diversos mecanismos de control político y social, entre otros.

Tienen mucho sentido las medidas relativas a la reducción —que podría ser mayor— de las tasas arancelarias para la importación no comercial de ciertos bienes, así como la posibilidad de formar empresas mixtas entre entidades estatales y privadas, entre privadas y extranjeras y entre las tres.

No obstante, en este último caso se percibe el mecanismo del cuentagotas utilizado para realizar transformaciones económicas, así como el carácter improvisado con el que se adoptan medidas que deberían tener enfoque estratégico y sistémico y ser resultado de una construcción colectiva en la que participaran diversos actores sociales, incluidos especialistas. Resulta necesaria la elaboración de una ley de empresas que no tenga como objetivo determinar sus límites, sino expandir sus posibilidades.

Sin embargo, la perla del paquete es el anuncio de la apertura de un mercado cambiario «diferenciado» para la población y los turistas, sobre lo cual he insistido antes. Reitero ahora que se trata de un error más que generará nuevas distorsiones económicas.

Hasta hace pocos meses, los funcionarios cubanos insistían en que la tasa del mercado informal no reflejaba la realidad pues el monto principal de transacciones cambiarias se realizaba a través del sistema estatal. También afirmaban que no podían vender divisas porque no las poseían, e incluso, llegaron a prohibir los depósitos de dólares en efectivo en las cuentas en moneda libremente convertible, aludiendo que había reservas que no podían ser utilizadas dadas las sanciones de Estados Unidos, lo cual contradecía el otro argumento que mencionaba la inexistencia de suficientes reservas para operar el mercado. ¿Qué cambió desde entonces en cuestión de poco más de un año?

Crisis

«Identificar todas las posibilidades para incrementar los ingresos en divisas e implementar las acciones que correspondan», aseguró Alejandro Gil.

Para nadie es secreto que el mercado informal de divisas permite la obtención de beneficios a sus operadores. Pareciera que el gobierno, que tozudamente, defendió la irracional tasa de 24 CUP por USD, ahora está decidido a recoger rentas con el establecimiento de un mercado diferenciado para la población y los turistas, con un tipo más al alto que el oficial.

Con ello se produce un retorno a los tipos de cambio múltiples, que generaron distorsiones macroeconómicas y de precios y han probado su ineficacia donde quiera que se han implementado y, de paso, se aspira a participar de la apropiación de rentas emanadas de los diferenciales cambiarios. A la par, se refuerza la discrecionalidad de los decisores, que históricamente se ha caracterizado por la opacidad.

Por otra parte, el mantenimiento de una tasa sobrevalorada en el comercio exterior contradice los objetivos de aumentar las exportaciones y reducir las importaciones, porque los productores de bienes exportables no hallarán estímulos en recibir 24 CUP por cada dólar exportado en tanto los turistas reciben muchos más pesos por sus dólares vendidos. Los importadores, mientras tanto, se benefician de una tasa que les permite importar a precios más bajos en pesos porque logran obtener dólares —si se los asignan— a un precio relativamente más bajo al que se opera en otros mercados. Esta medida impugna los objetivos de promover exportaciones y sustituir importaciones.

En mi opinión, es imprescindible eliminar el tipo de cambio fijo y adoptar uno flexible, único para todas las transacciones dentro del país, que resulte de un mercado libre, aunque inicialmente, para evitar la especulación, se establezca una banda de intervención del banco central cuando el tipo oscile excesivamente por encima o por debajo del central.

Para ello se necesita un banco central independiente que adopte sus decisiones con fundamento técnico y en función de facilitar el crecimiento y controlar la inflación. En ese escenario, considero imprescindible que se garantice la soberanía del peso cubano en todas las transacciones del país y se elimine el mercado en moneda libremente convertible que, además de constituir un error económico, es un grave error político porque mantiene a una parte importante de la población, que no recibe ingresos en divisas, al margen de la posibilidad de satisfacer necesidades básicas.

Los vaivenes de la política económica en Cuba, la excesiva discrecionalidad que se reservan los decisores y el prácticamente inexistente control social sobre la gestión del gobierno e incluso del parlamento, han cimentado a lo largo de los años una crisis de confianza de una parte importante de la sociedad respecto a quienes dirigen el país. Esto no puede ser demostrado por un estudio sociológico científicamente fundamentado, entre otras cosas porque no se permite realizarlos fuera de los canales oficiales y jamás se divulgan los resultados de los encargados por las autoridades.

A pesar de ello, la crisis de confianza se hace evidente en la nueva estampida migratoria de los últimos meses, que ya superó la cantidad de los que emigraron por el Mariel en 1980, en las opiniones vertidas por muchos cubanos en diversos medios alternativos que resultan de la diseminación de las redes sociales, así como en la cotidianidad de los ciudadanos sencillos.

crisis

La crisis de confianza se hace evidente en la nueva estampida migratoria de los últimos meses. (Foto: Cubacute)

Nuevamente se desangra el país al perder miles de jóvenes con capacidad productiva y de emprendimiento, muchos de ellos profesionales, en medio de una verdadera crisis demográfica determinada también por el descenso de la tasa de natalidad y la elevada esperanza de vida, que refuerzan una marcada tendencia al envejecimiento de la población. Esta situación tendrá impacto nocivo en las posibilidades de crecimiento económico y en la superación del subdesarrollo y la pobreza.

La crisis de confianza presente en parte de la sociedad cubana, se ha convertido además en una crisis de la esperanza. Varias generaciones han realizado un inmenso sacrificio personal en sus vidas con la expectativa de que estaban contribuyendo al desarrollo y, en consecuencia, a mejorar el bienestar de la sociedad con el fin de impactar positivamente en la vida de sus hijos, nietos y demás descendientes.

Lejos de lograrse esto, la economía cubana ha retrocedido notablemente, al punto de comprometer la sostenibilidad de las principales conquistas sociales de la Revolución de 1959. Mientras tanto, el pleno desarrollo de las libertades individuales y la construcción de una sociedad democrática y plural son una quimera en el sistema político del país.

Las condiciones actuales en que se desenvuelve la vida en la Isla son suficientes para explicar un nuevo estallido social, que podría rebasar las proporciones del anterior y cuyas consecuencias serían terriblemente dolorosas para muchas familias.

El gobierno debería reconocer que los tiempos cambiaron, que los discursos y la propaganda vacua no son suficientes para asegurar la estabilidad social, y convocar a toda la sociedad a un proceso libre, pacífico e incluyente de transformaciones económicas y políticas que conduzcan a la construcción de una verdadera República democrática «con todos y para el bien de todos», basada en el respeto a las libertades humanas, la pluralidad de ideas y posiciones políticas y el derecho de todas ellas a constituir una opción de gobierno.

O de lo contrario, persistir en el desconocimiento de estas realidades, creer que es suficiente con expulsar a los disidentes más visibles y amedrentar a quienes protestan, y en algún momento enfrentar una nueva crisis política. La alternativa es entre el sentido común y la soberbia.  

27 julio 2022 24 comentarios 2,7K vistas
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Economía

La economía cubana un año después del 11-J

por Mauricio De Miranda Parrondo 11 julio 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

La economía cubana en 2022 muestra signos evidentes de debilidad. Aunque no se dispone de toda la información sobre su desempeño en 2021 —ya que no se han publicado hasta la fecha los capítulos del Anuario Estadístico relacionados con las cuentas nacionales, la agricultura, el sector externo, el turismo o las finanzas públicas—, las cifras de la industria, la agricultura y las inversiones no permiten suponer un buen desempeño.

En el mes de diciembre de 2021, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, anunció que se esperaba un crecimiento del 2% para ese año. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estimó en su Balance Preliminar de 2021 que el Producto Interior Bruto (PIB) de Cuba crecería solo un 0,5%, mientras en su informe del segundo trimestre de 2022, The Economist Intelligence Unit estimó una variación de -0,2% del PIB. Esta última entidad calculó la inflación anual en 255,2% y un balance fiscal en torno a -16,2% respecto al PIB, todo lo cual muestra un panorama macroeconómico muy negativo.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en 2021 el volumen físico de la producción azucarera se contrajo en 63,7% respecto a 2020, y el de la industria manufacturera no azucarera en 2,3%. La zafra azucarera de 2021/2022 cerró con una producción aproximada de 431 mil toneladas de azúcar, la más baja desde 1900, al punto de resultar insuficiente para asegurar el consumo doméstico.

Para 2022, el ministerio de Economía y Planificación anunció un crecimiento previsto del 4% que, vistos los datos anteriores, muy difícilmente se logre.

La situación actual

Más allá de las cifras, la realidad cotidiana que marca la vida de la inmensa mayoría de los cubanos es muy grave. Han regresado los largos y sistemáticos cortes de energía, que no solo provocan gran malestar en la población, sino que están ocasionando la rotura de equipos electrodomésticos que es muy difícil y costoso reparar y mucho más adquirir nuevos. Se ha agravado la escasez de alimentos y de bienes de consumo en general. Los precios de los alimentos continúan en una espiral ascendente, en tanto los ingresos obtenidos por la población a partir del trabajo resultan insuficientes para asegurar condiciones básicas de vida.

La escasez de combustible ocasiona, además de los cortes de energía, una notable reducción del transporte de pasajeros, servicio en crisis desde hace varios años. En reciente entrevista al medio digital El Toque, el doctor Omar Everleny Pérez afirmó que en La Habana solo estaba funcionando el 30% del parque automotor.

Economía

(Foto: EFE/Yander Zamora)

Aunque hasta el mes de mayo se habían recibido 811.479 viajeros, de los cuales 564.847 eran internacionales, lo que representó un 591,7% de incremento respecto al mismo período de 2021 —un año impactado aún por las restricciones de viajes causadas por la pandemia de Covid-19—, esta cifra es considerablemente inferior a la alcanzada en 2019, que ya mostraba un descenso respecto a la de 2018.

Dicho fenómeno constituye una significativa limitación a la oferta de divisas en el país. Mientras tanto, su demanda crece ante las evidencias de una nueva estampida migratoria, causada por la percepción de muchos cubanos —sobre todo jóvenes— de que no existen en la Isla opciones de prosperidad, o incluso, de satisfacer necesidades elementales para la vida moderna.

Frente a esto, el gobierno ha continuado concentrando sus inversiones en el sector inmobiliario, los servicios empresariales y de alquiler, que en 2021 recibieron el 51,2% de toda la inversión pública. En contraste con la cifra anterior, la industria no azucarera apenas recibió el 13,5%, la azucarera el 0,5%, la agricultura el 2,6%, educación el 1.0% y salud el 1,7%. De acuerdo con un informe elaborado por Ricardo Torres y Ricardo González para el Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA) «para 2022 las autoridades prevén construir más de 4.000 habitaciones adicionales, sin embargo el nivel de ocupación en 2021 fue de solo 11,9%, incluyendo el turismo nacional».

En esta crítica situación, se profundizan las desigualdades y la pobreza. Las familias que pueden obtener remesas en divisas tienen oportunidades que parecen negarse a quienes deben vivir por cuenta de sus salarios y pensiones. Especialmente difícil resulta la situación de los adultos mayores, dependientes de pensiones que solo pueden reproducir condiciones de pobreza extrema.

Los errores de política económica

El contexto internacional es especialmente complicado para Cuba, debido a factores como: la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha ocasionado entre sus efectos el encarecimiento de varias materias primas esenciales, en particular combustibles, fertilizantes y alimentos; la persistencia de las principales sanciones económicas estadounidenses —aunque recientemente el gobierno de Biden desmontó algunas de las que había estipulado Trump— y el encarecimiento de los pasajes aéreos, lo que limita el movimiento de turistas; entre otros.

Sin embargo, los problemas de la economía cubana tienen un componente estructural asociado a errores de política económica de larga data no resueltos. Las autoridades han persistido en una posición inmovilista respecto a los pilares principales sobre los que pretenden conducir la economía del país, a saber: la planificación central, que se ha tornado en realidad administración centralizada, y el predominio de las empresas estatales, que en varias actividades poseen una condición de monopolio. Ello demuestra el desconocimiento de la experiencia histórica.

Economía

(Foto: Diario de Cuba)

En tal sentido, los cambios producidos han sido parciales y carentes de integralidad sistémica. Ni siquiera fueron capaces de cumplir los Lineamientos de política económica y social adoptados en el 6º Congreso del Partido Comunista y actualizados en el 7º, y jamás rindieron cuenta de ello ante la ciudadanía.

Históricamente, los principales cambios económicos se adoptan cuando el país está inmerso en crisis profundas. Así ocurrió a fines de los años sesenta, en los noventa y a inicios de la actual década. Mientras tanto, las medidas adoptadas apuntan siempre a problemas puntuales, sin tomar en cuenta adecuadamente el carácter sistémico de la economía y su relación con el nivel de consenso político de la sociedad.

La política económica implementada ha demostrado el desconocimiento de importantes postulados de la economía política marxista y de algunas reglas básicas de la ciencia económica moderna. No se ha afrontado con contundencia una transformación estructural del sistema productivo y se ha pretendido solucionar los graves problemas económicos desde la esfera de la circulación y no desde la producción.

Por otra parte, no se tuvo en cuenta adecuadamente el impacto inflacionario que tendría el incremento de la oferta monetaria resultado de una reforma de salarios y pensiones en condiciones de estancamiento productivo y escasez de oferta, con lo cual el incremento de los ingresos se ha diluido en los altos niveles de precios, produciendo un deterioro del ingreso real de la mayor parte de la población.

Los principales errores de la política económica reciente han sido:

1) el decreto que permite la creación de micros, pequeñas y medianas empresas y cooperativas no agropecuarias fue adoptado de forma tardía y con excesivas restricciones;

2) no ha existido una política para la reconstrucción y el desarrollo de la industria y la agricultura y, en el caso específico de la industria azucarera, su descalabro actual es resultado de errores de la más alta dirección del gobierno en su momento, de los cuales no ha rendido cuentas ante la sociedad;

3) no se ha producido una unificación monetaria toda vez que persiste la existencia de un mercado segmentado, en el que el uso de monedas libremente convertibles crece sustancialmente e impide al peso cubano cumplir adecuadamente con las funciones del dinero;

4) la unificación cambiaria se produjo de forma ficticia, con un tipo de cambio sobrevaluado artificialmente y al cual el banco central no puede vender las divisas extranjeras, lo que ocasiona la potenciación de un mercado informal en el que el peso cubano se deprecia sistemáticamente;

5) la política inversionista ha estimulado la deformación estructural de la economía al no priorizar el desarrollo de actividades productivas y de la infraestructura, y ha conducido a reforzar la vulnerabilidad externa; y

6) persisten los monopolios estatales en las comunicaciones, la banca y el comercio exterior, que mantienen un considerable nivel de subdesarrollo respecto al resto del mundo y funcionan con elevados costos de operación que se trasladan a los clientes y conducen a altos niveles de ineficiencia.

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Aglomeración de personas ante una oficina comercial de ETECSA. (Foto: AHORA!)

La economía ineficaz y subdesarrollada y la ausencia de democracia

Los errores de política económica mencionados se cometieron a pesar de las opiniones de la mayor parte de especialistas en economía, con independencia de su lugar de residencia, cuyos criterios y recomendaciones no fueron considerados a la hora de diseñar dichas medidas. Pero, al mismo tiempo, debido al sistema político e institucional existente, no se produce una rendición de cuentas del gobierno ante la sociedad. La ineficacia de la Asamblea Nacional del Poder Popular como órgano supremo del poder del Estado —que no cuestiona ni controla la gestión del gobierno, sino que limita su papel a la aprobación unánime de cuanta medida propone el ejecutivo—, ha contribuido sustancialmente a la debilidad institucional que padece Cuba.

La Constitución de 2019 ha reforzado el carácter autoritario del régimen político, y su validez ha quedado cuestionada en los últimos tiempos ante el incumplimiento por parte de las autoridades de los derechos reconocidos por la Carta Magna. En consecuencia, no es posible que se cumpla la soberanía plena que la Ley de leyes reconoce al pueblo y que este pueda hacer valer su condición de soberano y de propietario colectivo de los medios de producción fundamentales.

Tampoco existen mecanismos legales para expresar pacíficamente el disenso o la insatisfacción por la gestión de las autoridades, ni la posibilidad real de elegir a otras, lo cual deja solo el expediente de la protesta social como mecanismo para expresar el descontento frente al desempeño gubernamental. Y este derecho, que está reconocido en países democráticos en los que los ciudadanos disfrutan de libertades políticas, es violado por las autoridades cubanas a pesar del reconocimiento constitucional de dichas libertades.

En 2021 estaban creadas las condiciones para que estallara la protesta social que finalmente se produjo los días 11 y 12 de julio, la cual fue reprimida de forma violenta por las autoridades a través de fuerzas policiales y para-policiales. Sin embargo, las causas reales de dicho estallido social persisten.

La vida cotidiana es cada vez más difícil, la precariedad en la satisfacción de necesidades materiales de la sociedad se agrava, la emigración parece ser la opción más viable para quienes no desean que su vida transcurra sin expectativas de mejoramiento, las desigualdades sociales se agrandan y ellas no resultan de las diferencias de esfuerzos productivos, sino del acceso a vínculos con el poder o a remesas desde el exterior; se refuerza el carácter parasitario del sistema económico y político y se ha incrementado el nivel de pobreza, especialmente en la población mayor y en importantes sectores de la población negra.

Mientras tanto, se han reforzado la represión contra las expresiones de descontento respecto a la gestión gubernamental y la política de exclusiones a quienes desafían al pensamiento único que pretende imponerse. La coerción social y la represión política, junto a una persistente crisis económica que eterniza la insatisfacción de necesidades elementales, constituyen una mezcla explosiva que podría volver a estallar si no se adoptan las transformaciones necesarias para encaminar al país hacia una sociedad más libre políticamente y próspera económicamente.

11 julio 2022 18 comentarios 2,2K vistas
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Industria

La crisis estructural de la industria no azucarera en Cuba

por Mauricio De Miranda Parrondo 30 junio 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Para nadie es un secreto que la economía cubana afronta una crisis estructural desde hace más de tres décadas. En este tiempo ha aumentado considerablemente la vulnerabilidad externa y se ha reforzado el subdesarrollo, entendido como incapacidad para el desarrollo. Desde los años noventa, tras la implosión del llamado campo socialista, comenzó a derrumbarse el tejido productivo nacional, tanto en la industria como en la agricultura. La dirigencia cubana apostó por un cambio estructural a favor del desarrollo del turismo, con escasos encadenamientos productivos internos.

En la actualidad, se ha deteriorado notablemente el patrón de inserción internacional del país, que depende de las importaciones para mal afrontar la mayor parte de sus necesidades, tanto de materias primas como de bienes de consumo en general, y muy especialmente de alimentos. Esto es insostenible económicamente, pero también desde el punto de vista social y político. Por eso resulta imprescindible superar la crisis que afecta al sistema productivo y abarca a la agricultura, la industria azucarera y la industria manufacturera no azucarera. Al análisis de esta última está dedicado el presente texto.

La industria no azucarera cubana: entre el desarrollo y el estancamiento

Antes de 1959 la economía cubana era altamente dependiente de la industria azucarera y aseguraba su inserción internacional a través de exportaciones de azúcar, tabaco y algunos otros bienes primarios. Sin embargo, es sabido que a partir de la década del cuarenta se habían comenzado a desarrollar varias ramas de la industria transformadora, entre ellas, la producción de alimentos, bebidas, manufactura del tabaco, textiles, prendas de vestir, calzado, papel y sus productos, imprenta e industria editorial, madera y sus productos, muebles y accesorios, cuero y sus productos, jabonería y perfumería, caucho e industria del plástico, productos químicos, metalurgia y manufacturas diversas.

A partir de informaciones del Tribunal de Cuentas, puede constatarse que en 1954 dichas industrias solo requerían un 11,5% de componentes importados.(1) Entre 1952 y 1956 se habían creado 154 nuevas plantas industriales, dieciséis generaban exportaciones y 117 sustituían importaciones.(2) Según datos del Consejo Nacional de Economía, en 1958 el 21% de la fuerza laboral empleada lo hacía en actividades industriales, y de acuerdo con Claes Brundenius, en su libro Revolutionary Cuba: The Challenge of Economic Growth with Equity (1984), en el año anterior al triunfo revolucionario, la industria no azucarera representaba el 32,2% de la producción material estimada.

El Gobierno Revolucionario —a través de la ley 890 de octubre de 1960— nacionalizó, mediante expropiación forzosa, la mayor parte de las empresas industriales, comerciales y de trasporte del país. Luego las nacionalizaciones se hicieron extensivas a otras empresas subsidiarias y colaterales, con lo que la estatización de los medios de producción fue casi total desde inicios de la Revolución. La mayor parte de las empresas, algunas previamente intervenidas, fueron puestas bajo la dirección de revolucionarios con escasos conocimientos profesionales y técnicos, lo que unido al idealismo predominante condujo a graves errores en su dirección, a la caída de la producción y de la eficiencia.

Industria

No obstante, la industria ocupó un lugar central en la estrategia económica de los primeros años de la Revolución, en correspondencia con las ideas desarrollistas predominantes en América Latina y teniendo en cuenta la experiencia de otros países socialistas. Sin embargo, la excesiva centralización de las decisiones operativas y administrativas, el abandono de criterios financieros, los excesivos costos y el despilfarro predominante, lastraron rápidamente la actividad industrial.

La ruptura de vínculos económicos con Estados Unidos obligó a la mayor parte de la industria cubana, tanto a una reconversión tecnológica como a un cambio radical de proveedores de materias primas, maquinarias y equipos de repuesto. Pasó entonces a depender de suministros recibidos desde la Unión Soviética y otros países de Europa Oriental, en muchos casos tecnológicamente inferiores a sus similares procedentes de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón.

De hecho, se incrementó el componente importado en una serie importante de industrias. En su artículo «La planificación del comercio exterior» —Cuba Socialista, # 28 de 1963—, el futuro presidente del Banco Nacional Raúl León Torras, afirmaba que en 1962 la dependencia de insumos importados afectaba al 79% de la refinación de petróleo, 58% de la industria química, 44% de la metalurgia, 40% de la minería, 22% de la textil, 21% de la energía eléctrica, 12% de la construcción, 8% de la industria alimenticia y 4% de la azucarera.

A pesar del énfasis en el desarrollo industrial, la producción bruta de este sector tuvo una caída promedio anual de 2,7% entre 1960 y 1964. En consecuencia, a partir de la segunda mitad de los sesenta la estrategia de desarrollo se reorientó hacia la industria azucarera, aprovechando así el establecimiento de acuerdos ventajosos con la Unión Soviética, que posteriormente se readecuaron con el ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) a partir de 1972.

Ello no significaba abandonar la idea de la industrialización, sino utilizar la industria azucarera y a su mercado seguro y estable en los principales socios económicos de Cuba, como pivote del desarrollo posterior de una industria más diversificada. Más allá de tales intenciones, el resultado fue un reforzamiento del carácter monoproductor y monoexportador de la economía cubana.

No obstante, la industria no azucarera cubana se benefició de inversiones estatales y, sobre todo en los años ochenta, aparecieron algunas producciones industriales de relativamente baja calidad, orientadas al consumo nacional. Entre los principales rubros pueden mencionarse la industria alimentaria, con producciones de lácteos, embutidos, pastas alimenticias, cervezas, rones y aguardientes, maltas y refrescos, carnes deshuesadas y en conserva, pescados y mariscos; jabonería y perfumería; textiles; pinturas; materiales de construcción; fertilizantes; ensamblaje de ómnibus, camiones, vagones de ferrocarriles, montacargas; así como aparatos electrónicos para el hogar: televisores, radios y refrigeradores.

También se inició la fabricación de combinadas azucareras, aunque hacia el final de la década comenzó su descenso. En la segunda mitad de los ochenta se apreciaban descensos sostenidos en varios de los rubros industriales no azucareros.

Con el advenimiento del llamado Período Especial, la industria manufacturera cubana entró en su más profunda crisis, debido a múltiples factores, sobre todo: obsolescencia tecnológica; alta dependencia de componentes importados; escasez de combustibles, materias primas, maquinarias y demás insumos; así como escasa capacidad de ahorro e inversión del Estado cubano, propietario de todas las fábricas industriales de envergadura.

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(Foto: Cibercuba)

A ellos debe añadirse el escaso interés de inversionistas extranjeros por dicho sector ante las dificultades del país para conectarse a cadenas globales, debido tanto a las restricciones impuestas por las sanciones económicas estadounidenses como a dificultades tecnológicas.

La situación actual de la industria manufacturera en la Isla es catastrófica. De acuerdo con cifras de UNCTADStat, basadas en datos oficiales cubanos, ella ha tenido una variación promedio anual de -1,14% en el período comprendido de 1989 a 2020. Entre 1990 y 1999 fue de -1,95%, desde 2000 hasta 2009 de 3,4% y entre 2010 y 2020 de -0,3%.(3) 

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) de Cuba ha publicado recientemente el capítulo dedicado a la industria manufacturera del Anuario Estadístico 2021. El índice físico de producción de la industria no azucarera en 2021, respecto a 1989, es de 60,5, el más bajo del último lustro.

Ciertas industrias, como las de bebidas, productos del tabaco o fabricación de muebles, que en los últimos años habían logrado superar los niveles de 1989, volvieron a caer por debajo de la producción alcanzada en aquella fecha, que resultó previa al Período Especial pero que ya reflejaba una tendencia hacia el descenso. En algunos rubros, como equipos de transporte, aparatos eléctricos, papel y sus productos, cuero y sus productos, fertilizantes, productos textiles y prendas de vestir; los niveles de producción varían entre 0,1% y 8,8% del alcanzado a fines de los años ochenta.

El relanzamiento de la industria no azucarera cubana

La economía cubana en general y la industria en particular, enfrentan una grave crisis de la que no podrán salir si no se producen profundos cambios estructurales. El modelo de una industria estatal administrada centralmente probó su ineficacia porque la estatización de los medios de producción no condujo a su socialización, algo que ha lastrado toda la experiencia socialista contemporánea. No tiene sentido persistir en un modelo fracasado que lo único que hace es perpetuar y profundizar el subdesarrollo y agravar el deterioro del nivel de vida de la población.   

Con una economía esencialmente en manos del Estado, la inversión bruta fija ha sido de solo 8,28%(4) respecto al producto interno bruto entre 2000 y 2020, lo cual resulta a todas luces insuficiente para conducir a un proceso de crecimiento económico sostenido. Como es sabido, en los últimos años la prioridad inversionista del gobierno han sido los servicios empresariales, las actividades inmobiliarias y de alquiler, que incluyen todo el andamiaje de hoteles y servicios asociados al turismo; ello, a pesar de la persistencia de niveles insuficientes de ocupación hotelera.

Mientras, la industria, la agricultura, la educación y la salud han recibido muchos menos recursos de inversión. Entre 2017 y 2021, las actividades inmobiliarias y hoteleras atrajeron el 50,5% de la inversión del país, en tanto la industria no azucarera ha recibido el 11,3%, la azucarera 1,2%, agricultura 2,8%, educación 0,8% y salud 1,3%.

Industria

Más allá de los insistentes cuestionamientos realizados por algunos economistas y otros profesionales sobre lo erróneo de esta política, la dirección del gobierno no ha sido conminada a explicar sus decisiones ante los organismos de control político —como debería ser la Asamblea Nacional— o de control fiscal —como debería ser la Contraloría General de la República—, a pesar de que los errores en política económica se traducen normalmente en deterioro del bienestar de la población.

Sin duda alguna se impone una reorientación de la política inversionista del gobierno hacia los sectores productivos y aquellos que tienen un mayor impacto en el bienestar material y social. Sin embargo, hasta ahora el reconocimiento público de sus errores y el enfrentamiento de sus responsabilidades no ha sido el punto fuerte de las autoridades cubanas.

Después de una larga sucesión de errores entre los cuales vale mencionar la Zafra de los Diez Millones que nunca se cumplió, la infructuosa siembra de café en el Cordón de La Habana, el desmonte de la mitad de las tierras sembradas de caña y el cierre de la mitad de los centrales azucareros, la dolarización parcial de la economía, unidos a los defectos de los mecanismos de dirección de la economía impuestos a contrapelo de la realidad; no quedan opciones diferentes al desmonte de una economía estatizada que no funciona.

La industria cubana no tiene futuro en manos de una burocracia incompetente. Sin embargo, entregarla a manos privadas sin la existencia de mecanismos democráticos transparentes, lo único que facilitará es que la supuesta propiedad del pueblo sea feriada a favor de intereses corruptos, no importa de dónde provengan. Por tanto, será necesario pensar en la combinación de alternativas verdaderamente socialistas con el estímulo a la inversión privada.

Ello podría lograrse, entre otras medidas, mediante la creación de  cooperativas obreras en ciertas empresas industriales; establecer el control democrático y directo de los trabajadores como representantes de la sociedad en aquellas que no se establezcan como cooperativas; «equitización» de empresas industriales, como ocurrió en Vietnam, donde se convierte a los trabajadores en propietarios de una parte considerable de las acciones emitidas por las empresas; arriendo mediante contratos a largo plazo de empresas estatales o de las partes que mantenga el Estado de las empresas «equitizadas» a inversionistas y gerentes privados para su gestión.

Finalmente, es imprescindible abrir la posibilidad al sector privado nacional y extranjero de crear empresas industriales privadas, eliminando las inmensas restricciones que pesan en la actualidad sobre las micros, pequeñas y medianas empresas.

Un proceso de esta naturaleza debe producirse en el contexto de la democratización de la sociedad, de forma tal que se evite la privatización corrupta de la propiedad que la Constitución define como «de todo el pueblo», pero que no lo es en realidad si el pueblo no puede decidir sobre ella.

***

(1) Cálculos del autor a partir de datos del Tribunal de Cuentas de Cuba, citados por José R. Álvarez Díaz et al (1963) Un estudio sobre Cuba. Grupo Cubano de Investigaciones Económicas, University of Miami, página 1101.

 (2) Banco Nacional de Cuba. Programa de Desarrollo Económico. Informe 2, Ibídem, página 1102.

 (3) Cálculos del autor con base a UNCTADStat (2022) a partir de datos oficiales cubanos.

 (4) Ibídem.

30 junio 2022 24 comentarios 2,1K vistas
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Colombia

Colombia ante una nueva era política

por Mauricio De Miranda Parrondo 22 junio 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Por primera vez en su historia, el pasado 19 de junio Colombia eligió, en la persona de Gustavo Petro, a un presidente ubicado en la izquierda del espectro político. Con ello se abre, sin dudas, una nueva era. Petro y su compañera en la fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, activista y lideresa social, obtuvieron 11.281.013 votos (50,44%) frente a los 10.580.412 (47,31%) conseguidos por la fórmula integrada por Rodolfo Hernández y Marelen Castillo.

El Pacto Histórico, coalición ganadora en estas elecciones, incorporó 2.753.245 votos más a los obtenidos en la primera vuelta, mientras que el caudal electoral de Rodolfo Hernández se incrementó en 4.615.077 votos respecto a la ronda anterior. La segunda vuelta convocó a 22.363.412 votantes (58,09% del padrón electoral), 1.217.089 más de los que sufragaron en la primera, que logró un 54.98% de participación.

La mayor particularidad de esta segunda vuelta fue que ambos contendientes decían representar un cambio y mantuvieron un discurso crítico contra el establecimiento político tradicional colombiano que, de manera general, se había alineado detrás de la candidatura de Federico Gutiérrez. Sin embargo, es de suponer que gran parte de los votos de Gutiérrez, así como los de John Milton Rodríguez, Enrique Gómez, Ingrid Betancourt y Luis Pérez fueron a parar a las toldas de Hernández.

A pesar de ello no fueron suficientes, entre otras cosas, porque lo único que les reunía era el «anti-petrismo». Hernández, más allá de mensajes breves y efectivos sobre cierta parte de la población, carecía de un discurso coherente y demostró su escaso conocimiento de las instituciones del país, que para él podía gobernarse como una empresa.

De igual forma, Petro logró reunir los votos del «anti-uribismo», aunque no necesariamente compartan su proyecto político. El Pacto Histórico no solo ha reunido a la mayor parte de las fuerzas de izquierda y algunas del centro en Colombia, sino que cobijó también a varios políticos tradicionales —como Roy Barreras y Armando Benedetti—, que han migrado desde el «uribismo» al «santismo» y ahora al «petrismo», y cuyo compromiso con el cambio es claramente cuestionable.

A ellos se une la senadora Piedad Córdoba, quien además de una trayectoria cuestionada, ha añadido actualmente el nefasto incidente de los 68.000 dólares en efectivo que pretendió sacar de Honduras sin declarar y que le fueron confiscados. El reciente episodio de los videos en que varios estrategas de la campaña del presidente electo debatían cómo destruir a los contrincantes de la primera vuelta, demostró hasta qué punto la estrategia electoral del Pacto Histórico estuvo permeada por los sucios métodos de la politiquería tradicional.

Colombia

La senadora Piedad Córdova fue detenida el pasado mes de mayo, en Palmerola. (Foto: La Prensa)

¿Hacia dónde se orienta el cambio?

Más allá del eslogan de campaña presentado por Petro, de convertir a Colombia en «Potencia mundial de la vida», y la invitación a «Vivir sabroso» de la vicepresidenta electa, el programa político del Pacto Histórico presenta una serie de medidas que conducirían a un profundo cambio en la sociedad colombiana, afectada por una inmensa deuda social con parte considerable de la población.

Entre los elementos conductores del programa de gobierno están:

  • Trasformación de la economía altamente dependiente de la actividad extractiva hacia una basada en la industria y la agricultura.
  • Fomento del turismo en una concepción amplia, que incluye: naturaleza, cultura, salud, ciencia y las comunidades, y su conversión en importante fuente de divisas para el país.
  • Desarrollo de la infraestructura y la conexión de diversos territorios, especialmente a través de una red ferroviaria nacional eléctrica y de la recuperación de la navegabilidad de los ríos.
  • Creación de las bases para transitar de una matriz energética basada en combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, a una asentada en energías limpias y renovables.
  • Reforma agraria y acuaria en sintonía con el medio ambiente, que elimine latifundios improductivos y garantice el derecho a la tierra para las familias rurales, así como la formalización de propiedades pero sin aclarar si esto favorecerá invasiones que han afectado a pequeñas propiedades privadas.
  • Impulso estatal a la conectividad de todo el territorio nacional a través de Internet, mediante la adquisición de satélite y agencia espacial que la administre, y ampliación de la oferta de acceso gratuito en zonas colectivas y con prioridad en áreas rurales.
  • Desarrollo de un sistema de banca pública que complementaría a la banca privada para fomentar el desarrollo de micros y pequeños emprendimientos.
  • Fomento a la industria y la agricultura nacionales para sustituir importaciones e integrar la producción nacional a las cadenas productivas globales.
  • Reforma de los sistemas de pensiones y salud.
  • Fortalecimiento de la educación pública, incluyendo la gratuidad en la educación superior pública.
  • Reforma del sistema tributario mediante la ampliación de la progresividad de los impuestos para financiar el incremento del gasto que implicarían las medidas anunciadas.

El programa incluye también el compromiso de que al menos el cincuenta por ciento de los cargos públicos sean ocupados por mujeres, así como la prioridad para el acceso a las políticas de empleo, vivienda, tierra, salud y educación y la creación de un Sistema nacional del cuidado que garantice los derechos laborales y de pensión a quienes desarrollan estas actividades. De igual forma, se declara el compromiso del gobierno de respetar y promover los derechos de las comunidades vulnerables, entre las que se mencionan los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, comunidad LGTBIQ+, entre otros.

Se anuncia la decisión de cumplir con los Acuerdos de Paz con las FARC, así como la finalización del conflicto interno, mediante un proceso de paz con el ELN y la reincorporación de los grupos armados ilegales a la vida civil. En esta línea se produciría una reforma de las instituciones armadas y la eliminación del ESMAD, que ha sido la fuerza de choque contra las protestas sociales.

Colombia

Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). (Foto: AFP)

La lucha contra la corrupción tiene un lugar especial en la reforma institucional, del nuevo gobierno, entre cuyas medidas se conciben: una reforma electoral del Congreso «para permitir a los ciudadanos exigir cuentas a sus representantes y participar activamente en las decisiones que los afectan»; reforma a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República encauzada a evitar duplicidades en sus actividades, reforma de la Registraduría General del Estado Civil y de la Comisión Electoral Nacional, creación de un Tribunal Electoral independiente de los demás poderes del Estado y de dos nuevos ministerios: de Igualdad y de Industrias.

Puntos débiles del programa

La principal dificultad del programa de gobierno de Petro es su inmensidad. Si se cumpliera en un porcentaje significativo, representará una profunda revolución para Colombia, pero es poco probable que la distribución de fuerzas en el Congreso de la República, que desempeña el poder legislativo, favorezca la adopción de las leyes necesarias para producir dichos cambios. Ello, al margen de que el propio Pacto Histórico es una coalición que carece de unidad ideológica.

El ascenso de Petro al poder podría provocar asimismo una estampida de capitales, que busquen salir del país antes de que una posible confrontación enturbie el clima de negocios. Es posible igualmente una actitud expectante del capital extranjero, a partir de una disminución, o incluso de la retirada, de proyectos de inversión extranjera directa. En tal coyuntura se debilitaría la posición exterior de la nación y se depreciarían, tanto el peso colombiano como los activos del país.

En cambio, si Petro asegura el funcionamiento normal de la economía, garantiza la independencia del Banco de la República, sustituye su estilo autoritario por uno que busque un consenso incluyente y, sobre todo, combata la inseguridad y logre finalizar la guerra; se recuperaría la confianza y se superaría el actual escepticismo que ya reflejan los mercados respecto a su presidencia.

Debe reconocerse además que algunas de las medidas resultan poco viables económicamente, o posibles de llevar a cabo solo mediante una expansión exagerada del gasto público, lo que comprometería la sostenibilidad fiscal.

En este sentido creo necesario destacar las dificultades que tendría la política de «empleo garantizado», que ofrecería un salario básico a quienes no puedan encontrar empleo de otra manera, y la conversión del Estado en «empleador de última instancia», así como la creación de un «stock amortiguador de empleos», todo lo cual suena muy bien pero es sumamente difícil de lograr en las condiciones de una economía subdesarrollada como la de Colombia; al margen de los problemas sociales que podría generar en una economía en la que una parte considerable de su fuerza laboral opera en condiciones de informalidad.

Colombia

Por otra parte, resulta cuestionable a partir de la experiencia internacional verificable, que el Estado asuma el volumen de actividades concebidas en este programa, sobre todo teniendo en cuenta los altos niveles de corrupción y clientelismo que afectan al país y están enquistados en los distintos estamentos del poder, tanto a nivel nacional como territorial.

Con la creación de nuevos ministerios e institutos y de un sistema bancario y crediticio estatal, crecería el empleo público con el consabido impacto en las finanzas públicas, al tiempo que podría constituir una nueva fuente de corrupción y clientelismo político.

Otra gran debilidad la constituye el factor tiempo. Es prácticamente imposible que todas las transformaciones declaradas puedan desarrollarse en cuatro años. En Colombia se decidió eliminar la reelección inmediata del presidente, por lo que, a menos que se produzca una nueva reforma constitucional como la que en su momento promovió Álvaro Uribe y que restablezca la posibilidad de reelección, no sería posible que Petro pueda ser candidato de nuevo.

Él mismo ha dicho que no buscaría ese cambio —pero ya sabemos que todo puede variar— y ha declarado públicamente que es un programa para doce o quince años, por lo que cabría esperar que el Pacto Histórico sobreviva como fuerza política y sea capaz de mantenerse en tanto opción de poder dentro de una sociedad democrática, y no violentando la democracia para perpetuarse.

En cualquier caso, la realidad es que Colombia se halla ante una nueva era política, en la que coexisten la esperanza y el escepticismo, para no hablar del rechazo que la figura de Petro, por sí sola, genera en casi la mitad del electorado. Amanecerá y veremos, dice un conocido refrán popular colombiano.

22 junio 2022 23 comentarios 1,6K vistas
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Incertidumbre

Incertidumbre económica y volatilidad cambiaria en Cuba

por Mauricio De Miranda Parrondo 15 junio 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

En la segunda quincena de mayo dos anuncios, uno de Cuba y otro de Estados Unidos, produjeron una breve variación de tendencia en el comportamiento de los tipos de cambio del mercado informal.

El ministro cubano de Economía y Planificación anunció la posibilidad de vender divisas a «ciertos actores económicos a un precio más alto que el oficial y más bajo que el informal». Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos decidió adoptar una serie de medidas para reversar algunas de las adoptadas por la administración de Donald Trump respecto a Cuba, entre las que destacan el restablecimiento del Programa de Permisos para la Reunificación de Familias Cubanas; ampliación de los viajes y contactos educativos entre ciudadanos de ambos países; eliminación del límite de mil dólares trimestrales de remesas familiares y autorización de remesas destinadas a emprendedores cubanos independientes.

En pocos días se observó un descenso de los tipos de cambio en pesos cubanos, tanto de la divisa estadounidense en efectivo como del dólar bancario (MLC) y el euro. El 15 de mayo estas divisas se cotizaban en el mercado informal a 115, 125 y 128 pesos cubanos (CUP) respectivamente, de acuerdo con la tasa representativa que calcula El Toque. El 31 de mayo dichos valores habían descendido a 95, 106.5 y 110 CUP, lo que significó una apreciación temporal del peso cubano de 17.4%, 14.8% y 14.1%, respectivamente. Sin embargo, en menos de quince días, las divisas extranjeras han vuelto a apreciarse y el 14 de junio se cotizaron a 100, 114.3 y 115.5 pesos cubanos.

Incertidumbre

(Fuente: El Toque)

Lo ocurrido es demostración de la influencia de las expectativas en el comportamiento de ciertos indicadores económicos en los mercados, sobre todo cuando pende sobre ellos una gran incertidumbre.

El mercado cambiario informal reaccionó brevemente hacia la baja en los precios de las divisas, debido a la expectativa a una mayor oferta de dólares en el mercado nacional por el incremento posible de remesas provenientes de Estados Unidos y por la hipotética venta de dólares por parte del gobierno. Algunos tenedores de divisas creyeron que los precios bajarían demasiado y se apresuraron a ofrecerlas; a tenor con ello, los demandantes comenzaron a reducir sus ofertas de compras. No obstante, la realidad es que no existen condiciones para que mejore el precio de la moneda cubana.

Razones de la incertidumbre

En Cuba existen múltiples razones para que predomine la incertidumbre económica. Entre las más importantes podrían mencionarse: profundo estancamiento de la industria, agricultura e infraestructura; alta dependencia y vulnerabilidad externa; inconsistencias en la política económica y falta de voluntad política para el desarrollo de una profunda reforma que conduzca a cambios estructurales; falta de garantías jurídicas tanto en el caso de litigios civiles como penales, que involucren al Estado como parte litigante; así como inmovilismo del sistema político a pesar de su incapacidad no solo para construir una sociedad próspera, sino incluso para asegurar la satisfacción de las necesidades materiales más elementales.

Otro factor de incertidumbre está determinado por el nivel de las relaciones con Estados Unidos. Ambos gobiernos parecen incapaces de establecer puentes a partir de unas relaciones maduras entre los pueblos respectivos. Por otra parte, el signo político predominante en Washington suele marcar el endurecimiento o una mayor flexibilidad en sus relaciones con Cuba.

Mientras tanto, dada la experiencia más reciente cuando el expresidente Obama produjo un cambio significativo de la política hacia Cuba, la respuesta del gobierno cubano —al menos en declaraciones de algunos de sus principales dirigentes— estuvo lejos de propiciar el deshielo y contribuir al establecimiento de un clima de cordialidad diplomática. Este factor afecta de forma inmediata las expectativas relacionadas con la migración y las remesas y, en una perspectiva más amplia, las posibilidades de una relación normal con un mercado cercano y de inmenso potencial.

Incertidumbre

Otro factor de incertidumbre está determinado por el nivel de las relaciones con Estados Unidos. (Foto: EPA / Alejandro Ernesto)

Efectos nocivos de la incertidumbre en el caso de Cuba

La incertidumbre económica genera expectativas negativas en los actores económicos, los potenciales inversionistas foráneos y la sociedad en su conjunto, eleva el riesgo país y deteriora los índices de confianza para el desarrollo de negocios.

En el caso específico de Cuba, la salida del atraso secular de varias décadas de estancamiento económico y deterioro del consenso político, requiere de cambios profundos que conduzcan al fomento del emprendimiento empresarial en un clima de libertades políticas y económicas garantizadas por un sistema jurídico que funcione adecuadamente y con independencia de las estructuras de poder.

El alto nivel de dependencia y vulnerabilidad externa de la economía insular está determinado por su deficiente estructura económica y por su insuficiente capacidad de ahorro interno. Por tales razones, el país requiere importar ahorro externo a través de inversiones directas y de remesas, que no solo estimulen el consumo sino que resulten un vehículo para fomentar el emprendimiento productivo doméstico.

En esas condiciones sería de esperar que una mayor afluencia de divisas extranjeras, por las vías antes mencionadas y por el incremento de las exportaciones de bienes y servicios, permitiera estabilizar el mercado cambiario a partir de mayor confianza en las posibilidades de mejoramiento económico y de la vida en general en el país. Sin embargo, la realidad dista de este objetivo.

La crisis actual no es solo económica, sino también política y social. Es una crisis general del sistema, que se expresa no solo en el deterioro de las condiciones de vida, sino en la pérdida de la esperanza en un mejoramiento, debido a la escasa confianza que un sector considerable de la población tiene sobre la capacidad y voluntad de la dirigencia política para producir los cambios que el país necesita. Esta situación se complejiza ante la incapacidad de la ciudadanía de cambiar esa dirigencia mediante un ejercicio electoral pacífico.

La incertidumbre y la falta de esperanza son factores determinantes para el incremento de la emigración de cubanos, que buscan cualquier opción —así sea de alto riesgo para la vida, y con un elevado costo económico—, con el fin de salir del país. Muchos abandonan propiedades y carreras profesionales. Cambian de este modo, una incertidumbre sin perspectivas por otra con posibilidades de mejoramiento.

Incertidumbre

La incertidumbre y la falta de esperanza son factores determinantes para el incremento de la emigración de cubanos. (Foto: Reuters)

La volatilidad cambiaria

La volatilidad cambiaria reciente estuvo relacionada con las expectativas generadas por los anuncios antes mencionados, no obstante, es de esperar que se mantenga la tendencia a un peso cubano fuertemente depreciado respecto a las divisas internacionales. De hecho, como ya se dijo, la tendencia se ha invertido, y si bien no ha superado los picos de depreciación alcanzados a mediados de mayo, es posible que se acerque nuevamente, o incluso lo supere, si no se incrementa la oferta de divisas, al menos por las vías tradicionales.

Los fundamentos que explican la depreciación del peso cubano son estructurales y se deben, esencialmente, a los factores siguientes: ausencia de soberanía plena de la moneda nacional, debido a la existencia de un mercado estatal que opera en monedas libremente convertibles y en el que la población cubana debe asegurar necesidades materiales elementales; inexistencia de un mercado formal de divisas regulado por el Banco Central; insuficiente oferta de divisas, debido al bajo nivel de inversión extranjera directa y a la caída de las exportaciones de bienes y servicios; alta demanda de divisas debido a los crecientes requerimientos de importación de bienes de todo tipo y la emigración creciente de cubanos, así como la seguridad que las divisas representan en tanto activos de reservas en condiciones de creciente incertidumbre.

Cuba, como cualquier nación, necesita una moneda fuerte y estable, pero ello solo será expresión de la fortaleza y estabilidad de su economía, de la confianza y credibilidad de la política económica del gobierno y del clima de negocios que se logre crear. Nada de eso se consigue por decreto, requiere de voluntad política y acciones concretas que se traduzcan en una economía generadora de expectativas de prosperidad, tanto para la población residente como para los inversionistas externos. Lamentablemente, esa no es la situación actual del país.

15 junio 2022 26 comentarios 2,1K vistas
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Elecciones

Primera ronda de elecciones presidenciales en Colombia

por Mauricio De Miranda Parrondo 31 mayo 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Se ha producido la primera ronda de las elecciones en Colombia. El pueblo se ha expresado, y como ningún candidato obtuvo la mitad más uno de los sufragios, la presidencia se dirimirá en segunda vuelta el próximo 19 de junio. Enfrentará entonces a dos aspirantes que representan el anti-establecimiento político tradicional, aunque ambos incluyen a políticos tradicionales en sus huestes.

Algunas cifras son ilustrativas. El líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico, Gustavo Petro, obtuvo 8.526.292 votos (40,32% del total). Sorpresivamente —aunque en los últimos días venía ascendiendo en las encuestas—, la segunda posición, con 5.952.724 votos (28,15%), correspondió al independiente Rodolfo Hernández, que representa a la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien, no obstante, tiene un proceso pendiente por corrupción. En consecuencia, entre Petro y Hernández estará el próximo mandatario del país.

En tercer lugar —a pesar de que las encuestas le otorgaban la segunda posición—, finalizó Federico Gutiérrez (Fico), con 5.057.858 votos (23,92%) y respaldado por las estructuras de los partidos Liberal, Conservador, Unidad Nacional y del Centro Democrático; por tanto, el favorito del gobierno.

Seguidamente aparecen el centrista Sergio Fajardo, por la Coalición Esperanza, con 888.518 votos (4,20%); el candidato de la derecha cristiana John Milton Rodríguez con 274.216 (1,29%) por el Movimiento Colombia Justa Libres, y finalmente, Enrique Gómez Martínez, del derechista Movimiento Salvación Nacional, con 50.528 (0,23%).

Elecciones

Lo que muestran los números

En Colombia, tradicionalmente, la abstención alcanza una magnitud considerable. En esta elección votó el 54,89% del padrón electoral, mientras que en las de 2018 lo hicieron el 54% en la primera ronda y el 54,22% en la segunda. Es decir, se mantienen niveles de abstención en torno a la mitad del electorado. Dicho fenómeno muestra la desconfianza de buena parte de la sociedad respecto a que los resultados electorales puedan mejorar o empeorar sus vidas, lo que pone en tela de juicio el sistema político mismo.

Gustavo Petro ha superado ampliamente el resultado obtenido en las primarias del Pacto Histórico, ya que la suma de los cinco pre-candidatos fue de 5.573.894 votos, mientras en las legislativas, su movimiento obtuvo 2.302.847 para el Senado y 2.549.276 para la Cámara de Representantes. Ello significa que, entre marzo y mayo, su propuesta ganó 2.953.874 votos frente a los obtenidos en la consulta.

Es de considerar que la votación lograda por Petro supera en solo 487.319 la obtenida en la segunda ronda de las elecciones de 2018. En aquella ocasión consiguió el 41,77% del total de votos válidos, ligeramente superior a los obtenidos en esta.

Es probable que en la segunda ronda voten menos personas que en la primera, considerando aquellas que no se identifican con algún candidato de los que ha pasado al balotaje. En 2018, en la segunda vuelta votaron 107.272 personas menos. Pero aun si asumimos que participe la misma cantidad, Petro necesitaría algo más de 1.862.233 votos para lograr la mitad más uno de los casi 20.780.000 que votaron en la primera.

Si una parte de los casi 890 mil votos obtenidos por Fajardo va hacia Petro, no alcanzaría, y es muy probable que la mayor parte de los de Federico Gutiérrez, Milton Rodríguez, Enrique Gómez, Ingrid Betancourt y Luis Pérez sean para Rodolfo Hernández. En su discurso de aceptación de los resultados, Federico Gutiérrez anunció que tanto él como su candidato a la vicepresidencia, Rodrigo Lara, votarían por Hernández y no harían parte de su gobierno.

Y desde antes de las elecciones, Ingrid Betancourt se había retirado y adherido a la campaña de Hernández. Por esta razón, para derrotar a Hernández, Petro deberá movilizar al electorado apático que no concurrió a votar.

Rodolfo Hernández ha salido muy fortalecido con estos resultados, a pesar de no haber concurrido a los dos últimos debates entre los más opcionados, lo que evitó que quedara en evidencia ante sus más preparados contendientes y le permitió captar votos a través de una adecuada estrategia en redes sociales, incluso dentro de sectores juveniles.

Federico Gutiérrez incrementó en 1.070.890 votos los obtenidos por todos los precandidatos de la coalición de centroderecha Equipo por Colombia, y probablemente se benefició de parte del casi millón doscientos setenta mil que perdió Sergio Fajardo frente a los que sumaron los precandidatos de su coalición Centro Esperanza. Fajardo no fue capaz de capitalizar el voto centrista debido al alto nivel de polarización que caracteriza el ambiente político actual. Sin embargo, es posible que la mayor parte de esos votos hayan engrosado los de Petro.

Tras ser derrotado en las elecciones de este domingo, ‘Fico’ Gutiérrez anunció su apoyo a Rodolfo Hernández en segunda vuelta. El candidato de derecha aseguró que no será indiferente al futuro del país y no pondrá en riesgo el futuro económico de las familias colombianas. pic.twitter.com/bMAV2XTCLT

— CNN en Español (@CNNEE) May 30, 2022

Aunque el Pacto Histórico resultó la fuerza política más votada en las elecciones legislativas de marzo pasado —14,14% de los votos para Senado y 15,61% para la Cámara—, por el sistema de asignación de curules obtuvo solo veinte escaños de un total de 108 en el Senado y veintisiete de 188 en la Cámara.

Por tal motivo, Petro requeriría el apoyo de los legisladores de la Alianza Verde-Centro Esperanza, aunque de recibirlo completo —y asumiendo que no sería incondicional—  aún resultaría insuficiente, por lo que necesitaría de las fuerzas políticas que apoyaron la candidatura de Gutiérrez para sacar adelante los proyectos de leyes.

Rodolfo Hernández, en cambio, no tiene una bancada que lo apoye en el Congreso de la República, pues solo consiguió dos representantes a la Cámara. Sin embargo, es de esperar que, en caso de que fuera electo en segunda vuelta, cuente con el apoyo de los legisladores pertenecientes a los partidos Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y Unidad Nacional, que tampoco lograron mayoría en el Senado (si bien se acercan), y están lejos de ella en la Cámara. En consecuencia, al parecer, será el Partido Liberal, liderado por el expresidente César Gaviria, el que deba garantizar la gobernabilidad a cualquiera de las dos opciones.

La lectura política

Estos resultados muestran el hartazgo de gran parte de la sociedad colombiana por la persistencia de gravísimos problemas económicos y sociales sin solución durante décadas.

A pesar de su inmensa riqueza natural y de un acceso privilegiado a dos mares, es un país con altísimos niveles de pobreza. De acuerdo con World Development Indicators del Banco Mundial, en 2020 el 42,5% de la población vivía por debajo de la línea nacional de pobreza, frente al 35,7% en 2019. Mientras en términos de ingresos diarios, medidos en dólares de paridad del poder adquisitivo a precios constantes de 2011, el 10,3% recibía ingresos por debajo de $1,90; el 19,9% por debajo de $3,20 y el 38,3% por debajo de $5,50.

En 2020 tuvo lugar un notable empeoramiento de la situación de la población debido a la pandemia. El gobierno optó por apoyar principalmente al sector empresarial y, para cubrir el hueco fiscal, promulgó una fallida reforma tributaria que ocasionó grandes protestas sociales en 2021, sin embargo ya se habían producido otras también graves a fines de 2019.

Elecciones

El candidato a la presidencia de Colombia por la Coalición Pacto Histótico, Gustavo Petro, muestra su voto en un centro de votación en Bogotá. (Foto: Mauricio Dueñas Castañeda/EFE)

Colombia es uno de los países con mayores niveles de desigualdad en la región de América Latina y el Caribe, con un índice de Gini que entre 2018 y 2019 ascendió de 50,4 a 51,3, lo que demuestra que, en lugar de disminuir, la desigualdad aumenta.

A esto se suman problemas estructurales del subdesarrollo entre los que destacan: la exclusión de sectores de la población del acceso a educación y salud públicas de calidad, precarización del empleo y alto nivel de informalidad laboral, corrupción administrativa, abandono de las zonas rurales, evasión fiscal, escasa credibilidad de las instituciones, inseguridad, grandes desigualdades en los niveles de desarrollo entre regiones, problemas de competitividad de la producción, alta dependencia de los ingresos en divisas asociados a las exportaciones de petróleo, carbón y ferroníquel y de las importaciones de maquinarias y bienes de capital, así como subdesarrollo de la infraestructura.

Además de estos problemas, el Estado colombiano no asegura su presencia en todo el territorio nacional, donde ciertas zonas, especialmente las rurales, están controladas por fuerzas delincuenciales asociadas al narcotráfico, incluidos los remanentes de la disidencia de las FARC y el aún no desmovilizado ELN.

Ante este panorama, y en el contexto de las protestas sociales que tuvieron gravísimo impacto en la economía nacional, especialmente en ciudades como Cali y Bogotá, era lógico que se produjera un voto de castigo al gobierno de Iván Duque, a cuyo favor debe abonarse la pronta gestión para asegurar la vacunación de la población contra la Covid-19. Ese voto de castigo se concentró, por razones diferentes, en las campañas de Petro y Hernández.

En apoyo a Petro se nucleó la inmensa mayoría del voto de izquierda, e incluso parte del centro para quienes la posible deriva autoritaria del candidato, una vez en el poder, al parecer no resulta una preocupación fundamental debido a que el sistema político colombiano no asegura la inclusión social que debería garantizar una sociedad democrática.

Mientras tanto, desde la derecha también caló el discurso antisistema de Rodolfo Hernández, que evitó entrar en debates esenciales de política económica y social, más allá de críticas a la corrupción y algunas ideas rocambolescas sobre cerrar embajadas y consulados y quitar camionetas a congresistas para «pagar la educación de los chinos» (niños en el lenguaje coloquial de algunas regiones de Colombia). Sin embargo, lo más probable es que este discurso se difumine cuando se produzcan las adhesiones del establecimiento político tradicional para tratar de evitar que Petro llegue a la presidencia.

En lo tocante a las adhesiones, hay que reconocer que Petro también tiene techo de cristal, debido a las de personajes con fuertes cuestionamientos políticos, algunos provenientes incluso del uribismo.

Se iniciará ahora una carrera contra reloj para la segunda ronda, que ocurrirá en tres semanas. Petro deberá sumar entre 1,8 y 2 millones de votos, preferiblemente entre quienes no concurrieron a las urnas; mientras que Hernández requerirá más de 4,4 millones, pero seguramente reciba el apoyo mayoritario de la clase política tradicional. En un próximo texto analizaremos las principales propuestas de cada candidato.

31 mayo 2022 8 comentarios 1,3K vistas
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Soberanía

Soberanía nacional y del pueblo e independencia económica en Cuba

por Mauricio De Miranda Parrondo 24 mayo 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

El concepto soberanía tiene una connotación eminentemente jurídica y política. En su Teoría del Estado, Hermann Heller define a un Estado como soberano cuando ejerce el «poder supremo, exclusivo, irresistible y sustantivo» dentro de su territorio. El tal sentido «el Estado, como organización territorial soberana, es creador supremo de las normas y tiene el monopolio del poder de coacción física legítima (…)».

Tanto el referido autor como Stefan Kaiser —en su artículo «El ejercicio de la soberanía de los Estados»—, aclaran que «la soberanía es independiente de la forma de gobierno de un Estado». A tenor con ello, se puede ejercer la soberanía desde un Estado democrático o desde una dictadura.

En la dictadura, como en el caso particular de la autocracia —poder del autócrata—, la soberanía se ejerce de arriba hacia abajo; mientras en las democracias suele ejercerse de abajo hacia arriba, aunque es sabido que existen distintos niveles de democratización de las sociedades.

Por lo general, en las constituciones modernas de países democráticos se declara que la soberanía reside en el pueblo y que de él dimana todo el poder del Estado. Sin embargo, para hacer realidad este precepto, resulta imprescindible que existan mecanismos que garanticen que ese poder pueda ser ejercido de forma efectiva. En unos casos de forma directa y en otros a través de representantes.

En este último caso se impone la necesidad de diferenciar cómo se eligen y si se pueden revocar esos representantes a partir de una acción popular legal y pacífica, establecida en las Constituciones, como es el caso de la recolección de firmas de los electores encaminada a revocar a ciertos mandatarios antes de concluir sus períodos o a partir de elecciones periódicas.

Soberanía

Hermann Heller

Soberanía nacional y del pueblo en Cuba en la experiencia republicana

(1902-1958)

Cuba fue la última de las colonias de Hispanoamérica en obtener su independencia. (1) El ideal independentista se había forjado a la par de la conformación de la nación cubana y había conducido al desarrollo de diversos movimientos independentistas en el siglo XIX, que tuvieron su máxima expresión en las tres guerras de independencia de 1868-1878, 1880-1881 y 1895-1898.

Un elemento significativo y diferenciador de las gestas independentistas cubanas con sus similares latinoamericanas fue la importancia de la organización civil republicana, que llevó a la proclamación de Constituciones y a la creación de un Gobierno Civil de la República en Armas.

Como es sabido, la independencia de la Isla fue retrasada por la intervención estadounidense en la guerra contra España en 1898. La firma del Tratado de Paz de París entre ambos gobiernos, excluyó a la República de Cuba en Armas.

El 20 de mayo de 1902 nació la República de Cuba, con una Constitución fruto de una Asamblea Constituyente elegida en 1900 y a la que, sin embargo, se le impuso el grillete de la Enmienda Platt, adoptada por el Congreso de los Estados Unidos en 1901.

Ella limitaba ciertamente la soberanía nacional porque excluía la Isla de Pinos —hoy llamada de la Juventud—, de los límites de la República y dejaba su destino pendiente a determinarse por un tratado posterior, autorizaba la cesión o arrendamiento de tierras para el establecimiento de bases navales o carboneras estadounidenses, permitía a ese país intervenir militarmente en el nuestro «para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno “adecuado” para la protección de vidas, propiedad y libertad individual (…)», e incluso, limitaba la posibilidad de que el gobierno cubano realizara tratados con otros Estados que significaran el asiento de esos poderes en porción alguna del territorio.

En la práctica, el nuevo Estado no era plenamente soberano, tal y como se verificó con la segunda intervención estadounidense, entre 1906 y 1909. No obstante, a pesar de estas limitaciones y de la frustración del ideal auténticamente independentista, la inauguración de la República, evidenció el fracaso del ideal anexionista, que había existido como una de las corrientes políticas durante el siglo XIX y primeras décadas del XX.

Sólo los anexionistas pueden celebrar el 20 de Mayo. Izar nuestra bandera sin otra al lado, en 1902, fue un acto de independencia simbólica. La soberanía de la República estuvo secuestrada por el imperio hasta 1959. #CubaViveEnSuHistoria #TenemosMemoriahttps://t.co/kohWl6WNDL

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2022

La lucha por la soberanía sobre Isla de Pinos fue un clamor popular en las primeras décadas de existencia republicana. Finalmente se logró en 1925, con la ratificación del Tratado Hay-Quesada por parte de Estados Unidos, en el cual se reconocía la soberanía cubana. Mientras tanto, el Tratado de Relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que 1934 sustituyó al de 1903, aseguraba al país norteño mayores beneficios arancelarios para un universo mayor de productos del que se beneficiaba Cuba; además, mantenía el derecho del poderoso vecino a disponer de la base naval de Guantánamo.

La Revolución del 33, a pesar de haberse ido «a bolina», como escribió Raúl Roa, sentó las bases para el fortalecimiento de la soberanía nacional cubana, así como para la transformación política del país, a partir de la aparición de un espectro político mucho más diverso al existente en décadas anteriores. Esa realidad se constató en la conformación de la Asamblea Constituyente de 1939-1940, que produjo la Constitución del 40, en aquella época una de las más progresistas de América Latina, sobre todo en lo referido a derechos políticos y sociales.

En su Artículo 2 se estableció que la «soberanía reside en el pueblo y de este dimanan todos los poderes públicos». Esa soberanía se planteaba no solo a través de los Derechos Fundamentales, sino también de la capacidad de elección libre, mediante sufragio universal directo y secreto de hombres y mujeres, del presidente y vicepresidente, los miembros del Congreso de la República, gobernadores, alcaldes y concejales municipales.

Mientras tanto, el sistema establecía una independencia de poderes que podían ejercer contrapeso entre ellos y evitar la preeminencia de uno sobre los otros. Adicionalmente, establecía la figura del Tribunal de Garantías Constitucionales independiente de todos los poderes, para determinar la constitucionalidad de las leyes.

La historia política de los doce años posteriores (1940-1952), resulta muy interesante e ilustrativa del desarrollo de la conciencia nacional independentista, democrática y nacionalista en Cuba; si bien persistía una fuerte relación de dependencia respecto a los Estados Unidos. Adicionalmente, en esos años, la economía progresó notablemente, aunque se mantuvieron la exclusión social, las desigualdades y la pobreza, especialmente en el caso del campesinado sin tierras.

El golpe de Estado de Batista, el 10 de marzo de 1952, puso fin a esa experiencia democrática cubana, cuya recuperación fue uno de los principales objetivos del movimiento revolucionario que llegó al poder en 1959 que, sin embargo, no restauró dicha Constitución a pesar de que hacerlo era parte del llamado «Programa del Moncada».

Soberanía

Soberanía nacional y del pueblo en la experiencia del Socialismo Real

El triunfo de la Revolución Cubana significó la indudable recuperación de la soberanía nacional y la independencia política respecto a los Estados Unidos. La política de nacionalizar propiedades estadounidenses enfrentó al proceso revolucionario con aquel gobierno, que decidió aplicar medidas de coerción económica y llegó a la ruptura de relaciones diplomáticas, así como al financiamiento y apoyo directo a movimientos contrarrevolucionarios y de oposición.

La ruptura con Estados Unidos facilitó el acercamiento —que luego se trasformó en alianza política y económica—, con la Unión Soviética y significó el establecimiento, desde arriba, de un sistema socialista similar al predominante por entonces en la URSS, los países de Europa Oriental que pertenecían al bloque soviético, China, Corea del Norte y Vietnam del Norte.

Aunque las relaciones especiales con la Unión Soviética fueron muy profundas, no significaron la pérdida de la soberanía nacional, aun cuando la dependencia económica respecto a Estados Unidos se sustituyó por la de la URSS. La economía insular dependió del trato preferencial otorgado al azúcar en términos de precios, indexándolos a los del petróleo soviético; así como de los suministros de combustibles, materias primas y maquinarias procedentes de la URSS y otros países del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME); así como de recursos financieros en forma de «ayuda económica».

Tan alta dependencia provocaría más adelante la más grave crisis económica en Cuba, entre 1990 y 1994, al desaparecer el campo socialista. El producto interno bruto se contrajo en más de un tercio de su nivel en 1989, y se derrumbaron tanto la industria como la agricultura, con efectos muy negativos sobre el nivel de bienestar de la sociedad, al punto de golpear la viabilidad de beneficios que resultaron de la política social adoptada desde el principio de la Revolución.

El sistema socialista había tardado diecisiete años en institucionalizarse, y lo hizo a través de la Constitución de 1976. Esta norma abandonó la formulación de que la soberanía residía en el pueblo, y en su artículo 4 estableció que «todo el poder pertenece al pueblo trabajador que lo ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado (…)». Es decir, ese poder ya no podía ejercerse directamente.

De hecho, el pueblo trabajador elegía directamente únicamente a los delegados municipales, si bien años después se modificó la ley electoral para establecer asimismo la elección directa de diputados a la Asamblea Nacional, pero mediante listas únicas, elaboradas por «comisiones de candidatura».

Esta norma legal introdujo en su Artículo 5 el carácter dirigente del Partido Comunista respecto a la sociedad y el Estado. Por otra parte, una enmienda que fue aprobada en 2002 por la Asamblea Nacional estableció el carácter «irrevocable» del socialismo como sistema político y social, lo que evidentemente privaba al pueblo trabajador de decidir soberanamente el sistema político, económico y social que considerara más conveniente.

En el Artículo 3 de la nueva Constitución de 2019 se reitera la formulación de la soberanía del pueblo: «del cual dimana todo el poder del Estado», y se aclara que el pueblo la ejerce directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular. Sin embargo, no son establecidos mecanismos a través de los cuales se pueda ejercitar esa soberanía de forma directa.

En realidad, la referida Ley de leyes mantiene la elección indirecta de todos los cargos ejecutivos del país, así como la elección de diputados a través de listas únicas confeccionadas por «comisiones de candidatura» que, claramente, excluyen a candidatos independientes.

Soberanía

Conserva también el Artículo 5, que otorga al Partido Comunista la condición de «fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado». Ello contradice la hipotética soberanía del pueblo, del que asevera igualmente la Constitución dimanan los poderes del Estado. En realidad, los poderes del Estado dimanan del Partido Comunista, y específicamente de un pequeño núcleo de su dirigencia.

Por demás, los Artículos 4 y 229 ratifican el carácter irrevocable del sistema socialista, lo cual es una limitación evidente a la soberanía del pueblo. La nueva Carta Magna incluye asimismo el contrasentido de que la constitucionalidad de las leyes es determinada no por un tribunal independiente sino por la propia Asamblea Nacional, que es el órgano encargado de legislar. Entonces, el legislador es, al mismo tiempo, quien determina la constitucionalidad de las leyes.

Soberanía e independencia económica

En las más de seis décadas de existencia del Socialismo Real en Cuba, se ha reivindicado una mayor soberanía política del Estado —aunque la base naval de Guantánamo permanece en manos estadounidenses en contra del gobierno de la Isla y de una parte considerable de la población cubana—, (2) no solo sobre el territorio nacional sino también en lo referido a su política interna y exterior.

Sin embargo, en la misma medida se ha deteriorado la soberanía del pueblo, a pesar de que ella constituye un precepto constitucional. No existen mecanismos reales que aseguren la participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan su bienestar; no posee el derecho a elegir directamente a sus gobernantes a nivel nacional y territorial; y se carece de mecanismos de control por parte de la sociedad respecto a la gestión de los funcionarios públicos o de los administradores de la propiedad pública.

Los sucesos acaecidos el 11 de julio de 2021, y una serie de acontecimientos ocurridos antes y después, demuestran que los derechos individuales y políticos consignados en la Constitución pueden ser obviados por el Estado y la fuerza pública cuando, a criterio de los gobernantes, se produzca «una práctica abusiva de los derechos constitucionales». La anterior formulación probablemente no tenga igual en el resto del mundo, a pesar de que la Constitución define al Estado cubano como «socialista de Derecho y justicia social (…)».

Mientras tanto, desde hace décadas resulta cuestionable el grado real de soberanía e independencia económica de la nación. Ciertamente, Cuba ejerce soberanía sobre sus recursos naturales, y si bien existe propiedad foránea a partir de la inversión extranjera directa, existen mecanismos legales y políticos para asegurar que se mantenga la soberanía nacional sobre los recursos del país. No obstante, desde los años noventa, cuando se autorizó la circulación interna del dólar estadounidense y la dolarización parcial de la economía —y más recientemente la creación de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC)—, el peso cubano perdió su soberanía como moneda nacional, en la medida en que una parte importante de las transacciones se realiza en divisas extranjeras.

Por otra parte, los sistemáticos reclamos gubernamentales respecto al impacto destructivo de las sanciones de Estados Unidos sobre la economía cubana —que sin duda impactan negativamente—, al punto de presentarlo como principal causa de los problemas del país, llevan a pensar que se ha incrementado la dependencia económica respecto al vecino del Norte, ya que casi nada puede hacerse mientras existan dichas sanciones.

En realidad, el gobierno cubano no ha adoptado las reformas estructurales imprescindibles para remontar la situación de crisis que afecta a la Isla, y que son independientes de dichas sanciones. En consecuencia, ante la incapacidad para estimular el relanzamiento de la industria y la agricultura, el fomento de la infraestructura y los servicios; ha aumentado la vulnerabilidad externa de la economía, lo que constituye una limitación a la soberanía nacional.

Para fortalecerla, es indispensable asegurar la soberanía del peso cubano en todas las transacciones dentro del territorio nacional, así como adoptar las medidas necesarias para impulsar la industria, la agricultura, la infraestructura y los servicios.

La mayor independencia económica, que no es total debido al alto grado de internacionalización de los procesos productivos, puede lograrse en la medida en que se potencie la producción nacional de bienes y servicios y la moneda nacional cumpla todas las funciones del dinero dentro del territorio nacional.

Finalmente, es imprescindible que el pueblo pueda ejercer de forma directa su soberanía, siendo responsable de la elección libre de sus representantes por períodos delimitados de tiempo; que consiga controlar su gestión, así como la de los administradores de la propiedad pública, y disfrute la libertad plena de decidir democráticamente el futuro del país.

***

(1) Puerto Rico aún no es independiente y, al parecer, la mayor parte de la población prefiere la estadidad dentro de los Estados Unidos, según resultados de los plebiscitos efectuados en 2012 y 2020. En el de 2012, la estadidad obtuvo el 44,61% de los votos totales (61,13% de los votos válidos), contra un 24,32% a favor de un «Estado Libre Asociado Soberano» y un 4,04% a favor de la independencia, mientras que el 26,04% fueron votos en blanco. En 2020 solo se presentaba la estadidad como opción a los votantes a través de un voto: SI o NO. El Sí obtuvo el 52,52% de los votos contra el 47,48% del No.

(2) No existen encuestas publicadas sobre este tema en Cuba.

24 mayo 2022 38 comentarios 2,7K vistas
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Discrecionalidad

Discrecionalidad y opacidad en el mercado cambiario cubano

por Mauricio De Miranda Parrondo 16 mayo 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

El gobierno cubano parece decidido a seguir haciendo las cosas mal. Como he escrito en varias oportunidades, la unificación cambiaria se produjo a destiempo, a una tasa de cambio sobrevaluada y en medio de una re-dolarización parcial de la economía que no condujo a la soberanía monetaria del peso cubano en las transacciones domésticas.

Ahora se anuncia un nuevo desatino, la venta de divisas por parte del gobierno a «ciertos actores económicos» a un precio superior a los 24 pesos por dólar de la tasa oficial pero inferior a los 125 pesos promedio del mercado informal para el dólar depositado en cuentas, o a los 115 en que se vende el efectivo, según la tasa representativa del mercado que publica El Toque.

El gobierno insiste en administrar centralmente la economía porque es la única forma de mantener el alto nivel de discrecionalidad que caracteriza su gestión y que institucionaliza la falta de transparencia con la que se está construyendo el mercado en Cuba, lo que constituye un camino expedito para el fomento de la corrupción.

El regreso a los tipos de cambio múltiples

El único elemento positivo de la llamada Tarea Ordenamiento fue la unificación cambiaria, es decir, el establecimiento de un tipo de cambio único. De hecho, no se produjo la eliminación de la dualidad monetaria que varios economistas reclamábamos desde hace varios años. Con esta nueva decisión que acaba de anunciarse, se abandona esa unificación cambiaria y se regresa a un sistema de tipos de cambio múltiples que hace algunos años se establecieron para las relaciones entre el Estado y ciertos productores que suministraban mercancías al sector turístico.

La mayor parte de los textos de Economía, y la experiencia práctica de la política cambiaria en muchos países, demuestran que los tipos de cambio múltiples tienen efectos económicos nocivos porque favorecen a los grupos beneficiados con un tipo de cambio «preferencial» frente al resto de la sociedad y, en consecuencia, añaden incertidumbre en el mercado cambiario. Al mismo tiempo, son una forma de extraer recursos de la actividad económica por parte del Estado.

En cualquier mercado cambiario existe una diferencia entre el tipo de cambio de compra —que es al que los bancos o casas de cambio adquieren las divisas extranjeras— y el tipo de cambio de venta, que es al que las ofrecen. Ese diferencial constituye la utilidad por la gestión de intermediación en los mercados de divisas.

En los países con mercados transparentes el diferencial suele ser muy pequeño, y en la medida en que las divisas extranjeras se vuelven más escasas suele incrementarse esa diferencia. Sin embargo, esto es algo que ocurre de forma normal en cualquier mercado cambiario. No obstante, el actual anuncio del gobierno cubano no se refiere a la intermediación, sino al uso de un tipo de cambio diferente al oficial para «ciertos» actores económicos, lo cual indica que se estipularía para algunos y no para todos, añadiendo más opacidad a la forma en que opera la economía centralmente administrada.

Discrecionalidad

Por otra parte, esta medida significa el reconocimiento implícito del error cometido al establecer un tipo de cambio oficial sobrevaluado que no tenía en cuenta las condiciones del mercado, lo que favoreció la dinamización del mercado informal en el que las divisas extranjeras se venden a un precio varias veces más alto que el oficial. Sin embargo, en lugar de corregir el error, las autoridades optan por usar su discrecionalidad para beneficiar a unos sobre otros a través de los tipos de cambio múltiples.

Mientras tanto, se sostiene una tasa de cambio oficial ficticia a través de la cual se extraen recursos a los exportadores, inversionistas foráneos, receptores de remesas y a los turistas que decidan convertir sus divisas en pesos cubanos a través de los bancos o entidades que se establezcan a esos efectos.

Soberanía del peso, tipo de cambio flexible y mercado formal transparente y unificado

Las acciones erróneas del gobierno cubano han estimulado un mercado informal muy dinámico, en el que se reflejan las expectativas pesimistas que la ciudadanía tiene respecto al futuro de la economía nacional.

Si un gobierno decide imponer precios a bienes o servicios por debajo de lo que sugiere la correlación entre la oferta y la demanda que determina el equilibrio del mercado, el resultado es la escasez en los mercados formales y la comercialización de dichos bienes y servicios en los mercados informales a un precio más alto.

Este es un hecho irrefutable de la economía, cuyo desconocimiento por parte de las autoridades de un país tiene efectos negativos para los consumidores, porque usualmente esos precios suelen ser superiores a los que habría en un mercado formal que no estuviera intervenido por precios topados. Mientras tanto, los mercados informales suelen beneficiar a quienes operan en los mismos, gracias a las ganancias extraordinarias que obtienen.

El tipo de cambio es el precio de las divisas extranjeras expresado en unidades de la moneda nacional de un país. Cuando los mercados cambiarios funcionan de forma transparente, es la correlación entre la oferta y la demanda la que establece ese precio. Si un gobierno decide intervenir en dicho proceso y establece un precio de las divisas por debajo del que asegura el equilibrio del mercado, estas desaparecen del mercado formal y se comercializan en el informal a un precio superior. Eso es lo que ha ocurrido en Cuba.

Ni estancada, ni en retroceso, nuestra economía avanza gradualmente. @MEP_CUBA https://t.co/Zp9eMOyz8r

— Alejandro Gil Fernández (@AlejandroGilF) May 15, 2022

Existen una serie de condiciones que explican el alto precio de las divisas extranjeras en el mercado informal. La primera es precisamente la inexistencia de un mercado institucional transparente, que garantice la convertibilidad doméstica del peso cubano. En segundo lugar, la incapacidad de la economía nacional de generar suficientes ingresos por exportaciones de bienes y servicios que generen mayor oferta de divisas en el mercado doméstico, lo que se agrava ante la demanda creciente de importaciones que resulta de la parálisis de la industria nacional y de los problemas que afectan a la agricultura.

En tercer lugar, la creación y defensa a ultranza de las tiendas en monedas libremente convertibles (MLC) por parte de las autoridades, elevó la demanda de divisas extranjeras para satisfacer necesidades básicas en el mercado interno. Esto, en condiciones de una fuerte escasez de las mismas constituye una razón evidente para el aumento de su precio.

En cuarto lugar, y muy relacionado con lo anterior, al no ser soberano en todas las transacciones domésticas, el peso cubano pierde valor ante la ciudadanía. Adicionalmente, la depreciación del peso cubano también es consecuencia de la nueva sangría migratoria, que resulta de la pérdida de confianza de la población respecto al futuro del país, porque las personas que desean abandonar la Isla generan una demanda adicional de divisas.

Las nuevas medidas adoptadas por el gobierno, lejos de constituir una solución al problema cambiario lo agravan, porque crean las condiciones para el fomento de la corrupción al otorgar un tratamiento preferencial a ciertos actores del mercado, fomentan la información asimétrica y añaden opacidad al mercado.

Existen países que, ante la imposibilidad de sostener un sistema monetario propio, han escogido usar las monedas de otros para sus transacciones domésticas. Tales son los casos de Panamá, Ecuador y El Salvador, que usan el dólar, y de Montenegro que usa el euro. El balboa panameño solo existe como unidad de cuenta y en la circulación de monedas fraccionarias.

Cuba usó monedas extranjeras en sus transacciones domésticas en los primeros años de la República. Solo a partir de la Ley de Defensa Económica, del 29 de octubre de 1914, estableció el peso cubano como moneda nacional, aunque el dólar estadounidense conservó fuerza liberatoria plena hasta el triunfo de la Revolución. La moneda cubana estaba atada al patrón oro a través de su anclaje nominal al dólar, y así se mantuvo hasta que con la implantación de la economía centralmente dirigida, el peso se tornó inconvertible en el mercado doméstico hasta la década de los noventa del siglo pasado.

Discrecionalidad

(Foto: Cibercuba)

En varias oportunidades he señalado que no es correcto dolarizar parcialmente el mercado porque, entre otras cosas, se dolarizan los gastos pero no los ingresos y se profundizan las brechas sociales entre quienes tienen acceso a las divisas y quienes no. Si un país requiere dolarizar debe hacerlo de forma completa.

Sin embargo, es necesario tener claro que al hacerlo se está cediendo la soberanía monetaria al país cuya moneda se adopta, y el banco central pierde la posibilidad de conducir la política monetaria. Al mismo tiempo, cuando existan choques externos y se debilite la balanza de pagos internacionales, al carecer de una moneda nacional propia no puede utilizarse la devaluación como válvula de escape de esos desequilibrios externos.

Por eso, en mi opinión, es necesario conservar el peso cubano, pero no tiene sentido hacerlo si no se le dota de soberanía total en las transacciones domésticas a través de su curso legal forzoso y fuerza liberatoria ilimitada dentro del territorio nacional.

Por otra parte, no considero adecuado que exista un tipo de cambio fijo artificial y sobrevaluado que no refleja las condiciones reales del mercado. En consecuencia, es preferible establecer un sistema flexible, en el que el tipo de cambio esté determinado por un mercado formal al que acudan todos los actores del mismo, a saber: exportadores, importadores, inversionistas, receptores de remesas y ciudadanos en general, con una banda de intervención que permita al Banco Central evitar operaciones especulativas contra el peso cubano.

No es admisible seguir adoptando medidas conducentes a crear mercados distorsionados, de los que se benefician unos mientras que la excesiva discrecionalidad y opacidad de las instituciones extractivas afectan a otros, por lo general a la mayor parte de la población. Esta es una demostración más de la urgencia de democratización de nuestro sistema político, de forma tal que la sociedad disponga de mecanismos para ratificar o rechazar la gestión de quienes gobiernan y los pueda elegir directamente.

16 mayo 2022 39 comentarios 2,8K vistas
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