Para nadie es un secreto que la crisis económica que vive Cuba es de carácter estructural y solo puede remontarse con cambios radicales. Cada día es más evidente que las transformaciones económicas estructurales deben acompañarse de importantes cambios políticos e institucionales que permitan la democratización de la sociedad.
No cabe dudas de que la pandemia tuvo un efecto devastador y que el endurecimiento de las sanciones por parte del gobierno de Trump creó nuevas dificultades económicas, pero a diferencia de lo que expresan algunos funcionarios del gobierno cubano, en ningún caso son la causa de la crisis estructural que, insisto, está determinada por antiguos y sucesivos errores de política económica que hicieron al país más vulnerable y contribuyeron a la profundización del subdesarrollo.
El actual gobierno heredó una etapa de inmovilismo y ha seguido el guión trazado desde hace décadas, según el cual, las transformaciones solo se producen cuando la crisis llega a un grado extremo y, en lugar de abordar una reforma estructural sistémica, ha optado por medidas puntuales, con errores de diseño, secuencia e implementación. A tenor con ello, su política económica ha tenido carácter reactivo frente a la agudización de la crisis, en lugar de anticiparse mediante cambios estructurales.
Errores de política y crisis económica
En otros textos he abordado los errores cometidos en la política económica reciente. Estos errores definen las principales medidas adoptadas en medio de la pandemia. La creación de tiendas en moneda libremente convertible (MLC) echó por tierra cualquier esperanza de unificación monetaria, —aprobada como un lineamiento de política económica en el 6º Congreso del PCC y ratificada por el 7º—, porque revitalizó la segmentación de mercados establecida desde que el dólar comenzó a utilizarse en transacciones domésticas para acceder a bienes y servicios de primera necesidad.
La llamada «Tarea Ordenamiento», en lugar de conducir a la unificación monetaria y cambiaria, logró una pseudo-unificación cambiaria a una tasa de cambio oficial fija y sobrevalorada, por ende, ficticia, porque al precio de 24 pesos cubanos (CUP) por dólar era imposible que la autoridad cambiaria pudiera satisfacer la demanda de divisa extranjera. En consecuencia, ese mercado informal de divisas, que cobrara fuerzas desde que las CADECA dejaron de venderlas, adquirió mayor impulso ante una situación económica especialmente desfavorable y se cotizan a cifras entre cuatro y cinco veces más respecto al valor oficial.
El reajuste de salarios, pensiones y precios, derivado de la devaluación sin respaldo en la oferta de bienes y servicios, condujo a una inflación que ha superado las expectativas de quienes diseñaron la medida, sin considerar adecuadamente los factores de incertidumbre que afectan a los diferentes actores económicos. La necesidad de adquirir bienes de consumo en los mercados en MLC propicia que las divisas se aprecien sostenidamente en el mercado informal, lo que ocasiona que la devaluación se traslade en forma de incremento de los precios por encima de los valores que muestra la estadística oficial, contrayendo significativamente el ingreso real de los cubanos.
El impacto negativo de la «Tarea Ordenamiento», junto al hastío acumulado por las inmensas dificultades de la vida cotidiana y la incapacidad para canalizar políticamente el descontento de la ciudadanía, están en la base de las protestas sociales del 11 y 12 de julio de 2021, en las que participaron, desde trabajadores sencillos hasta artistas e intelectuales, así como cubanos y cubanas que expresaron abierto rechazo a su situación de pobreza.
Pocos días después, se anunció la adopción de decretos que autorizaban las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las cooperativas no agropecuarias. Desde hace años, varios economistas insistimos en la necesidad de aprobar una ley de empresas que garantizara igualdad de condiciones con independencia del carácter de su propiedad; así como en la pertinencia de autorizar micro, pequeñas y medianas empresas privadas y potenciar las cooperativas no agropecuarias.
Personalmente considero que no debe restringirse la creación de empresas por el tamaño de las mismas, ni por sectores de actividad. Soy partidario del establecimiento de un mecanismo de libertad de emprendimiento, con un marco regulatorio preciso y transparente que evite la formación de monopolios de cualquier tipo. La libertad y la competencia propician un clima adecuado al desarrollo de actividades económicas que se traduzcan en mayor bienestar para la sociedad, especialmente cuando la regulación estatal permite que el bienestar se generalice mediante mecanismos redistributivos.
La apertura de mipymes y cooperativas no agropecuarias fue una decisión correcta pero lamentablemente demorada y con demasiadas restricciones. Este debió ser el primero en la secuencia de cambios económicos para dinamizar el emprendimiento y, sobre todo, la oferta de bienes y servicios.
Política económica y crisis de confianza y de esperanza
El pasado 21 de julio se anunciaron setenta y cinco medidas «para recuperar la economía cubana», una larga lista de buenos deseos pero que no precisa cómo van a lograrse. El gobierno apuesta nuevamente a cambios cosméticos, con algunas opciones que ciertamente representan un avance y otras que contradicen los objetivos propuestos. La redacción de muchas de ellas despide el tufillo burocrático típico de los documentos soviéticos, tan bien asimilados por la burocracia criolla. Me referiré a ejemplos concretos, pues sería imposible abordarlas todas en este texto.
En la presentación del ministro Alejandro Gil, se observa que la primera medida es «Identificar todas las posibilidades para incrementar los ingresos en divisas e implementar las acciones que correspondan». ¿No se supone que eso es lo que debería hacer siempre un gobierno con una concepción estratégica del desarrollo? Pero al margen de esto, una vez identificadas esas posibilidades ¿qué se hará con ellas? ¿Implementar por decreto cuáles son los sectores a desarrollar? Eso es lo que normalmente hace un mercado de forma objetiva, no una oficina gubernamental con alto nivel de discrecionalidad y criterios subjetivos.
Otra muestra: «Implementar un programa para la disminución gradual del déficit presupuestario y alcanzar el equilibrio financiero interno del país». ¿De qué manera? Para disminuir el déficit hay dos opciones: reducir el gasto público o aumentar los ingresos presupuestales. La sociedad cubana está perdiendo oportunidades de ingresos fiscales con las restricciones que se mantienen al emprendimiento, porque por vía de un sistema progresivo de impuestos podrían obtenerse importantes recursos resultantes de la dinamización de la actividad económica.
En realidad, resulta imprescindible una nueva ley tributaria que apunte a un sistema fiscal progresista e incluyente y permita que un gobierno —ojalá elegido democráticamente— cumpla su función de asegurar la oferta de bienes públicos y desarrollar un programa orientado a la superación de la pobreza que hoy afecta a tantas familias cubanas.
La idea de reducir el gasto público se pretende con una medida enunciada, pero sin mayor concreción: «Redimensionar el sector presupuestario, optimizando su funcionalidad». Sería mejor si se aceptara de forma clara lo que realmente hay que hacer, que es disminuir el excesivo gasto resultante de una administración central y territorial abultada, ineficaz y con funciones paralelas en muchos casos; del cargo al presupuesto estatal de las organizaciones políticas y sociales; y del sostenimiento de los diversos mecanismos de control político y social, entre otros.
Tienen mucho sentido las medidas relativas a la reducción —que podría ser mayor— de las tasas arancelarias para la importación no comercial de ciertos bienes, así como la posibilidad de formar empresas mixtas entre entidades estatales y privadas, entre privadas y extranjeras y entre las tres.
No obstante, en este último caso se percibe el mecanismo del cuentagotas utilizado para realizar transformaciones económicas, así como el carácter improvisado con el que se adoptan medidas que deberían tener enfoque estratégico y sistémico y ser resultado de una construcción colectiva en la que participaran diversos actores sociales, incluidos especialistas. Resulta necesaria la elaboración de una ley de empresas que no tenga como objetivo determinar sus límites, sino expandir sus posibilidades.
Sin embargo, la perla del paquete es el anuncio de la apertura de un mercado cambiario «diferenciado» para la población y los turistas, sobre lo cual he insistido antes. Reitero ahora que se trata de un error más que generará nuevas distorsiones económicas.
Hasta hace pocos meses, los funcionarios cubanos insistían en que la tasa del mercado informal no reflejaba la realidad pues el monto principal de transacciones cambiarias se realizaba a través del sistema estatal. También afirmaban que no podían vender divisas porque no las poseían, e incluso, llegaron a prohibir los depósitos de dólares en efectivo en las cuentas en moneda libremente convertible, aludiendo que había reservas que no podían ser utilizadas dadas las sanciones de Estados Unidos, lo cual contradecía el otro argumento que mencionaba la inexistencia de suficientes reservas para operar el mercado. ¿Qué cambió desde entonces en cuestión de poco más de un año?
«Identificar todas las posibilidades para incrementar los ingresos en divisas e implementar las acciones que correspondan», aseguró Alejandro Gil.
Para nadie es secreto que el mercado informal de divisas permite la obtención de beneficios a sus operadores. Pareciera que el gobierno, que tozudamente, defendió la irracional tasa de 24 CUP por USD, ahora está decidido a recoger rentas con el establecimiento de un mercado diferenciado para la población y los turistas, con un tipo más al alto que el oficial.
Con ello se produce un retorno a los tipos de cambio múltiples, que generaron distorsiones macroeconómicas y de precios y han probado su ineficacia donde quiera que se han implementado y, de paso, se aspira a participar de la apropiación de rentas emanadas de los diferenciales cambiarios. A la par, se refuerza la discrecionalidad de los decisores, que históricamente se ha caracterizado por la opacidad.
Por otra parte, el mantenimiento de una tasa sobrevalorada en el comercio exterior contradice los objetivos de aumentar las exportaciones y reducir las importaciones, porque los productores de bienes exportables no hallarán estímulos en recibir 24 CUP por cada dólar exportado en tanto los turistas reciben muchos más pesos por sus dólares vendidos. Los importadores, mientras tanto, se benefician de una tasa que les permite importar a precios más bajos en pesos porque logran obtener dólares —si se los asignan— a un precio relativamente más bajo al que se opera en otros mercados. Esta medida impugna los objetivos de promover exportaciones y sustituir importaciones.
En mi opinión, es imprescindible eliminar el tipo de cambio fijo y adoptar uno flexible, único para todas las transacciones dentro del país, que resulte de un mercado libre, aunque inicialmente, para evitar la especulación, se establezca una banda de intervención del banco central cuando el tipo oscile excesivamente por encima o por debajo del central.
Para ello se necesita un banco central independiente que adopte sus decisiones con fundamento técnico y en función de facilitar el crecimiento y controlar la inflación. En ese escenario, considero imprescindible que se garantice la soberanía del peso cubano en todas las transacciones del país y se elimine el mercado en moneda libremente convertible que, además de constituir un error económico, es un grave error político porque mantiene a una parte importante de la población, que no recibe ingresos en divisas, al margen de la posibilidad de satisfacer necesidades básicas.
Los vaivenes de la política económica en Cuba, la excesiva discrecionalidad que se reservan los decisores y el prácticamente inexistente control social sobre la gestión del gobierno e incluso del parlamento, han cimentado a lo largo de los años una crisis de confianza de una parte importante de la sociedad respecto a quienes dirigen el país. Esto no puede ser demostrado por un estudio sociológico científicamente fundamentado, entre otras cosas porque no se permite realizarlos fuera de los canales oficiales y jamás se divulgan los resultados de los encargados por las autoridades.
A pesar de ello, la crisis de confianza se hace evidente en la nueva estampida migratoria de los últimos meses, que ya superó la cantidad de los que emigraron por el Mariel en 1980, en las opiniones vertidas por muchos cubanos en diversos medios alternativos que resultan de la diseminación de las redes sociales, así como en la cotidianidad de los ciudadanos sencillos.
La crisis de confianza se hace evidente en la nueva estampida migratoria de los últimos meses. (Foto: Cubacute)
Nuevamente se desangra el país al perder miles de jóvenes con capacidad productiva y de emprendimiento, muchos de ellos profesionales, en medio de una verdadera crisis demográfica determinada también por el descenso de la tasa de natalidad y la elevada esperanza de vida, que refuerzan una marcada tendencia al envejecimiento de la población. Esta situación tendrá impacto nocivo en las posibilidades de crecimiento económico y en la superación del subdesarrollo y la pobreza.
La crisis de confianza presente en parte de la sociedad cubana, se ha convertido además en una crisis de la esperanza. Varias generaciones han realizado un inmenso sacrificio personal en sus vidas con la expectativa de que estaban contribuyendo al desarrollo y, en consecuencia, a mejorar el bienestar de la sociedad con el fin de impactar positivamente en la vida de sus hijos, nietos y demás descendientes.
Lejos de lograrse esto, la economía cubana ha retrocedido notablemente, al punto de comprometer la sostenibilidad de las principales conquistas sociales de la Revolución de 1959. Mientras tanto, el pleno desarrollo de las libertades individuales y la construcción de una sociedad democrática y plural son una quimera en el sistema político del país.
Las condiciones actuales en que se desenvuelve la vida en la Isla son suficientes para explicar un nuevo estallido social, que podría rebasar las proporciones del anterior y cuyas consecuencias serían terriblemente dolorosas para muchas familias.
El gobierno debería reconocer que los tiempos cambiaron, que los discursos y la propaganda vacua no son suficientes para asegurar la estabilidad social, y convocar a toda la sociedad a un proceso libre, pacífico e incluyente de transformaciones económicas y políticas que conduzcan a la construcción de una verdadera República democrática «con todos y para el bien de todos», basada en el respeto a las libertades humanas, la pluralidad de ideas y posiciones políticas y el derecho de todas ellas a constituir una opción de gobierno.
O de lo contrario, persistir en el desconocimiento de estas realidades, creer que es suficiente con expulsar a los disidentes más visibles y amedrentar a quienes protestan, y en algún momento enfrentar una nueva crisis política. La alternativa es entre el sentido común y la soberbia.
