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Mauricio De Miranda Parrondo

Mauricio De Miranda Parrondo

Profesor Titular en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali

Vietnam: la democratización pendiente

por Mauricio De Miranda Parrondo 18 febrero 2021
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

En las últimas décadas, Vietnam ha sido uno de los países con mayor ritmo de crecimiento económico en el mundo y particularmente en Asia. Tal situación ha producido un significativo cambio estructural en su economía y ha tenido un impacto positivo en el mejoramiento del bienestar de la población. Este proceso de desarrollo se ha beneficiado de una mejor y más eficiente inserción económica internacional, de la incorporación de la economía del país en importantes cadenas de valor, y de un notable desarrollo de la infraestructura de un Estado que había quedado prácticamente destruido al ser escenario principal de las dos llamadas «Guerras de Indochina» en el siglo XX. En poco más de treinta años pasó de ser un receptor de ayuda alimentaria a convertirse en un importante exportador de alimentos.

Este proceso de desarrollo económico ha sido el resultado de una clara voluntad política del liderazgo vietnamita en el camino de la reforma económica. En 1986, el 6º Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV) adoptó la decisión de impulsar un proceso de reformas. Conocido con el nombre de Đổi Mới (Renovación), el mismo no ha estado exento de problemas, pero ha sido abarcador y sistémico en su intención de reemplazar el modelo de economía centralmente dirigida, —predominante primero en el Norte y después en el país reunificado en 1976—, por un nuevo sistema que los propios dirigentes del país definen como una «economía de mercado con orientación socialista».

Las reformas económicas abarcaron tanto la agricultura como la industria, el comercio exterior y los sistemas monetario y financiero, introdujeron un mercado de capitales, abrieron las posibilidades para el funcionamiento de empresas privadas y han convertido a Vietnam en un país atractivo para la inversión extranjera directa.

En la última década, el producto interior bruto (PIB) de Vietnam tuvo un crecimiento promedio anual de 6,5%. El PIB per cápita a precios constantes de 2015, que era 532 dólares estadounidenses (USD) anuales en 1990, ascendió a 940 en 2000, a 1.648 en 2010 y a 2.604 en 2019 (UNCTAD, 2021). No obstante, en la actualidad se ubica en la mitad inferior del nivel de la región del Sudeste Asiático, superando a Lao, Camboya, Myanmar y Timor-Leste, pero por debajo de Singapur, Brunei, Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas.

De una balanza comercial deficitaria, el país ha pasado a una superavitaria y en la actualidad se ubica entre los  cincuenta primeros exportadores mundiales de bienes. Sus reservas monetarias internacionales han ido creciendo persistentemente, solo entre 2018 y 2019, se incrementaron de 55,8 mil millones de USD a 78,8 mil millones (ADB, 2021).

En el Índice de Desarrollo Humano (IDH), Vietnam transitó de un nivel bajo —de 0,477— en 1990, a un nivel medio —de 0,655— en 2010 y a uno alto —de 0,704— en 2019. La esperanza de vida de la población, que era de 67,8 años en 1998, había aumentado a 75,4 años en 2019 (PNUD, 2020).

Una vista de la Ciudad Ho Chi Minh, la urbe más poblada del país.

Los dirigentes vietnamitas han demostrado pragmatismo a la hora de acometer las reformas económicas, sin embargo, a pesar de que en los documentos de los sucesivos congresos del PCV se insiste en la necesidad de profundizar en la «democracia socialista», poco se ha avanzado en este sentido.

En abril de 1990, un año antes del 7º Congreso del PCV, Tran Xuan Bach, en aquel entonces miembro del Buró Político del CC del PCV, fue expulsado tanto de ese órgano como del Comité Central por expresar libremente sus opiniones respecto a la necesidad de introducir reformas democráticas en el sistema de gobierno. De acuerdo con The New York Times (1 de abril de 1990), había sido destituido por «serias violaciones de los principios organizacionales y la disciplina del Partido». En diciembre del año anterior, en una entrevista en Radio Hanoi, había dicho que «mientras la economía iba mejorando, gracias a la reestructuración, la población demandaba mayor democracia y justicia social», y aunque no realizó propuestas concretas para establecer un sistema multipartidista, advirtió que las demandas de democratización en los entonces países socialistas de Europa Oriental, que también estallaron en China, podrían ocurrir en Vietnam. No sobrevinieron entonces porque, aunque han existido movimientos pro-democracia en el país, esto no ha llegado a constituir una crisis política de la magnitud acontecida en Europa Oriental o en China.

A partir del 6º Congreso del PCV en 1986, que dio inicio al Đổi Mới, y de la adopción de una nueva Constitución en 1992, se establecieron ciertas reglas para garantizar un estilo de dirección colectiva, evitar la concentración del poder en una sola persona y asegurar una renovación sistemática de los principales cargos en el Partido y el Estado. Se decidió que ningún dirigente que ocupara alguna de las principales responsabilidades del país permaneciera en sus cargos más allá de dos períodos consecutivos de cinco años, y que los principales cargos políticos estuvieran ocupados por personas diferentes, de tal manera que ninguna de ellas concentrara en sus manos, al mismo tiempo, las máximas responsabilidades del Partido y el Estado o el Gobierno.

Por otra parte, se establecieron límites de edad para el desempeño de las máximas responsabilidades políticas con el fin de evitar que una persona anciana, o con problemas de salud, asumiera cargos que luego no pudiera cumplir de manera efectiva. Así se mantuvo en los sucesivos congresos del PCV y en las distintas legislaturas de la Asamblea Nacional. De manera general, los equipos de dirección combinaban dirigentes procedentes del Norte con otros del Centro y del Sur, y se volvió una norma que el secretario general del PCV, el Presidente del Estado, el Primer Ministro y el presidente de la Asamblea Nacional, fueran personas diferentes. Sin embargo, esto ha comenzado a cambiar recientemente.

La falta de transparencia característica de países no democráticos, gobernados por un partido único, sin un debate político abierto y sin una prensa independiente, no permite identificar las distintas tendencias que, en opinión de diversos observadores, existen en cualquier organismo político. Esta es una de las herencias del llamado «centralismo democrático» que desde los tiempos de la Revolución Bolchevique se impuso como modelo. Es claro no obstante que a lo largo de estos años han existido en la dirección vietnamita conflictos entre tendencias que, si bien han tratado de equilibrarse en la composición de los órganos de dirección, al final condujeron, aparentemente, al reforzamiento de las tendencias conservadoras dentro del liderazgo.

En el 12º Congreso del PCV, celebrado en 2016, el secretario general, Nguyen Phu Trong logró imponerse sobre el entonces primer ministro Nguyen Tan Dung, de quien se decía que aspiraba a asumir la máxima dirección del Partido después de diez años como primer ministro y al que se le atribuía una línea política más aperturista frente a otra más conservadora ideológicamente, representada por el secretario general. En 2018, Nguyen Phu Trong fue elegido presidente del Estado, tras el fallecimiento del general Tran Dan Quai, y unió en su persona los máximos cargos del Partido y el Estado, por primera vez desde 1986.

El pasado 1 de febrero concluyó el 13º Congreso del PCV y se esperaba una renovación considerable del liderazgo, incluida la elección de un nuevo secretario general, toda vez que Phu Trong había terminado dos períodos en el cargo y además cumplirá 77 años en unos meses. Los observadores especializados en política de la nación asiática hicieron sus cábalas sobre los posibles sustitutos. A pesar de ello, Phu Trong fue reelegido para un tercer período, lo cual rompe con la tradición acordada y establece un nuevo precedente que podría modificar al sistema de «renovación ordenada y sistemática» característico del liderazgo vietnamita hasta ahora.

En 2018, Nguyen Phu Trong fue elegido presidente del Estado y unió en su persona los máximos cargos del Partido y el Estado, por primera vez desde 1986 (Foto: REUTERS/Kham/Pool)

Durante los últimos tiempos, en diversos espacios de la sociedad vietnamita se discute la necesidad de producir cambios políticos que se orienten hacia la democratización. La Asamblea Nacional introdujo, en 2001, una serie de decisiones que, si bien no liberalizaron el sistema político, sí mejoraron los procesos de rendición de cuentas. Se reforzaron sus poderes y se otorgó a la misma un mayor control sobre la gestión de los principales funcionarios del Estado, mediante el establecimiento de un «voto de confianza» al que fueron sometidos el presidente, vicepresidente, primer ministro, viceprimeros ministros, ministros, presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidentes. Sin embargo, resulta curioso que las alternativas con que cuentan los diputados son: de «alta confianza», «confianza media» y «baja confianza», pero no existe la opción de «no confianza», que podría significar la destitución del funcionario.

En 2011 comenzó un proceso de reforma constitucional que condujo a la elaboración de un nuevo proyecto. Este fue sometido a debate público y concluyó, el 28 de noviembre de 2013, con la adopción, por parte de la Asamblea Nacional, de una nueva Constitución, que no fue refrendada por el voto popular. En el proceso de consulta popular se  realizaron diversas propuestas para democratizar el sistema político del país, entre las que destacó la llamada Petición 72, que fue presentada por  esa misma cantidad de académicos, juristas e intelectuales reconocidos, quienes enviaron un documento a la Comisión Redactora de la Enmienda Constitucional, con propuestas tales como: 1) establecimiento de un sistema multipartidista, que eliminara la primacía del PCV; 2) garantías de respeto a los derechos humanos, en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas; 3) creación de un Comité Independiente de Derechos Humanos; 4) reconocimiento de la existencia de múltiples formas de propiedad sobre la tierra; 5) separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; 6) eliminación de la lealtad que las fuerzas armadas le deben al PCV y reemplazarla por la lealtad a la Patria y al Pueblo; 7) refrendar la Constitución mediante el voto popular (Bui Ngoc Son, 2013). Ninguna de estas propuestas fue aceptada.

La nueva Constitución reconoce, formalmente, los derechos políticos, cívicos, económicos, culturales y sociales, así como los derechos humanos; pero a renglón seguido aclara que estos pueden ser restringidos en circunstancias imperativas, «por razones de defensa nacional, seguridad, orden social, moralidad social y por la salud de la comunidad».

En el sistema vietnamita la población solo elige de forma directa a los diputados a la Asamblea Nacional por circunscripciones territoriales. Luego, estos son los que eligen al Presidente y al Vicepresidente del Estado, al presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional, y designan al Primer Ministro, viceprimeros ministros y ministros del gobierno. En las elecciones de 2016 se postularon más de cien candidatos independientes, no obstante, la Comisión Electoral invalidó a todos aquellos considerados opositores del PCV y solo permitió la presentación de once.

En Vietnam se mantiene un sistema político totalitario, controlado por el PCV y en el que existen una serie de organizaciones sociales que responden a su línea política y que junto a este hacen parte del llamado Frente de la Patria, que es la «coalición» que presenta las listas únicas oficialistas para la elección de la Asamblea Nacional. Hasta 1988 existieron otros dos partidos no comunistas en Vietnam, el Partido Democrático de Vietnam y el Partido Socialista, los cuales se incluían en el Frente de la Patria, pero fueron disueltos. En 2006 se creó una organización opositora denominada Partido Democrático, con una plataforma a favor de la democracia multipartidista.

Las reformas económicas han avanzado exitosamente, sin embargo, el desarrollo económico y el mayor bienestar material no han estado acompañados por una mayor democratización de la sociedad. Desde el punto de vista económico, el liderazgo vietnamita ha desmontado, en lo esencial, la mayor parte de los dogmas que tipifican a una economía socialista centralizada desde la Revolución Bolchevique de 1917. A pesar de ello, han sido reacios a aceptar la democratización de la sociedad, de forma que el PCV pierda el control social que ejerce sobre la misma, con el agravante de que el propio Partido carece de democracia en su vida interna.

Vietnam, Cuba y los arquitectos

Por todas estas razones, Vietnam hace parte del grupo de «regímenes autoritarios» en el Índice de Democracia 2020, que elabora The Economist Intelligence Unit. En dicho informe, quedó ubicado en la posición 137 entre 167 países. Este índice promedia calificaciones desde 0 hasta 10 en cinco aspectos tales como: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. De acuerdo con el referido índice, los regímenes autoritarios se caracterizan por ausencia de pluralismo político o fuertemente restringido; puede que existan instituciones típicas de sistemas democráticos pero carecen de «sustancia»; las elecciones, si existen, no son libres o confiables; se restringen las libertades civiles; los medios de prensa y divulgación se encuentran en manos del Estado o de grupos afines al gobierno; se censura y reprime la crítica al gobierno; y no existe un sistema judicial independiente (The Economist Intelligence Unit, 2020: 57).

Además del déficit democrático, la sociedad vietnamita enfrenta otra serie de problemas institucionales, entre los que destacan los altos niveles de corrupción, excesiva discrecionalidad en manos de las autoridades locales en la aprobación de proyectos de inversión, subsistencia de obstáculos para el desarrollo de los negocios, así como un escaso grado de libertad económica, debido al mantenimiento de diversos mecanismos de control gubernamental.

La corrupción se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los negocios. Entre 179 países, Vietnam ocupa el lugar 104 por el índice de percepción de la corrupción en 2020, que publica Transparencia Internacional, con una calificación de 36/100 (a mayor calificación, menor corrupción) lo que significa que el país tiene un alto nivel de corrupción. En la última década, su calificación ha oscilado entre 31 y 37 puntos (Transparency International, 2020).

En el Doing Business 2020, publicado por el Banco Mundial, ocupa la posición 70 entre 191 países. Los aspectos en los que el país se halla peor ubicado son: el inicio de los negocios, la resolución de la insolvencia y los impuestos; mientras que los que están mejor situados a nivel mundial (de los primeros 30) son: la facilidad crediticia, los permisos de construcción y el suministro de electricidad (Banco Mundial, 2020).

A pesar de los avances económicos, el país muestra un débil resultado en el índice de libertad económica, publicado por The Heritage Foundation, en cuyo último informe clasifica en el 105º lugar con una calificación de 58,8 puntos (de un máximo de 100). Se sitúa así en el grupo de países considerados «economías mayormente no libres», que solo supera a los que son denominados «economías reprimidas». En este último indicador, se incluyen: el Estado de derecho (derechos de propiedad, efectividad del sistema judicial e integridad del gobierno), la eficiencia regulatoria (libertad en los negocios, libertad en el mercado laboral, libertad del sistema monetario), el tamaño del gobierno (nivel impositivo, gastos del gobierno y salud fiscal) y la apertura de los mercados (apertura del comercio exterior, apertura de las inversiones y apertura financiera). De hecho, en el último año, la calificación de Vietnam ha bajado en aspectos tales como la eficiencia del sistema judicial, la integridad del gobierno, la libertad del mercado laboral y del sistema monetario, así como el nivel impositivo. En el ranking de la región asiática, Vietnam califica en el lugar 21 entre 42 países (The Heritage Foundation, 2020).

En resumen, Vietnam ha tenido un considerable éxito económico en las últimas tres décadas, pero esto no puede ocultar que la democratización de la sociedad, a partir de la creación de instituciones incluyentes que conduzcan al disfrute de las libertades civiles internacionalmente reconocidas, sigue siendo una tarea pendiente. La emancipación de la que hablaban los fundadores del socialismo marxista es aún, como en otros países, una entelequia carente de contenido real.

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Referencias: 

ADB (2021) Key Indicators for Asia and the Pacific. http://www.adb.org 

Bui Ngoc Son (2013). Petition 72: The Struggle for Constitutional Reforms in Vietnam, Int’l J. Const. L. Blog, Mar. 28, 2013, available at http://www.iconnectblog.com/2013/03/petition-72-the-struggle-for-constitutional-reforms-in-vietnam/

PNUD (2020) Human Development Report 2020. http://hdr.undp.org/en/2020-report

The Economist Intelligence Unit (2020). Democracy Index 2020. In sickness and in health?. http://www.eiu.com 

The Heritage Foundation (2020) 2020 Index of Economic Freedom. https://www.heritage.org/index/pdf/2020/book/index_2020.pdf 

The World Bank (2020) Doing Business 2020. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf

Transparency International (2020). Corruption Perception Index, 2020. https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/

UNCTAD (2021) UCTADStat. http://www.unctad.org 

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Súmese a la iniciativa del Consejo Editorial de La Joven Cuba y firme la Carta Abierta al presidente de Estados Unidos solicitando el fin de las sanciones contra Cuba.

Carta Abierta al presidente Joseph R. Biden, Jr.

18 febrero 2021 14 comentarios 1744 vistas
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Los jubilados de la Revolución

por Mauricio De Miranda Parrondo 4 enero 2021
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

En las escenas finales del filme-poema cubano «Suite Habana» (2003), del realizador Fernando Pérez, se relatan los sueños de cada personaje, todos ellos reales. El sueño de Francisquito era «subir a las alturas»; el de su papá, «no faltarle nunca a Francisquito»; el de Norma, «encaminar a Francisquito para que no sea una carga para nadie»; el de Waldo, «tener salud para vivir»; el de Iván, «actuar en un gran escenario»; el de Raquel, «viajar para regresar»; el de Heriberto, «ser músico en una orquesta»; el del médico Juan Carlos, «ser actor»; el de Jorge Luis, «reunir a su familia»; el de Julio, «tener cada noche un traje distinto»; el de Ernesto, «arreglar la casa para que su mamá viva cómoda y ser un gran bailarín».

Mientras, Amanda, obrera textil retirada que vendía maní para sobrevivir, ya no tenía sueños. La escena de Amanda con los cucuruchos de maní bajo la lluvia parte el alma.

La reciente decisión del gobierno cubano de establecer la unificación cambiaria en medio de un proceso de re-dolarización parcial de la economía cubana, vino acompañada de una reforma de salarios y pensiones, así como de precios y tarifas. A todo este conjunto de medidas se le ha llamado, eufemísticamente, «Tarea Ordenamiento».

De acuerdo con esa «Tarea Ordenamiento», el nuevo tipo de cambio unificado se establece en veinticuatro pesos cubanos (CUP) por dólar estadounidense (USD), mientras que los salarios aumentarían, como promedio, en 4.9 veces y las pensiones de jubilación, alrededor de cinco veces –aunque ya estaban profundamente deprimidos tanto unos como las otras, frente al coste de la vida que se ha venido incrementando sustancialmente desde la crisis de los noventas.

La canasta básica de bienes y servicios «de referencia» se ha calculado en  1528 CUP –sería muy útil conocer en profundidad este cálculo, porque sólo se ofreció una información demasiado agregada sobre el costo estimado de bienes y servicios– y a partir de esto se ha establecido el salario mínimo en 2100 CUP –que resulta de aplicar al valor de la canasta básica un factor de multiplicación de 1.3 más un 5% de contribución a la Seguridad Social, aproximando hacia arriba– y se formuló una  escala salarial de 32 niveles, con un valor máximo de 9510 CUP. Así las cosas, el salario mínimo sería equivalente a 87.50 USD y el máximo a 396.25 USD.

Mientras tanto, los montos de las jubilaciones se establecieron en seis niveles, entre 1528 CUP y 1733 CUP. Los primeros cinco niveles reajustan las pensiones que estaban entre 280 CUP y 500 CUP y a quienes recibían una pensión superior a 501 CUP se les estableció un monto de 1528 CUP más el valor anterior. Así las cosas, una persona con una pensión de 500 CUP recibirá 1733, mientras que otra con 501, recibirá 2029. De una diferencia de un CUP se pasa a una diferencia de 296. La inmensa mayoría de las pensiones quedan por debajo del salario mínimo, a pesar de que una parte de esos pensionados actuales, cuando trabajaban, tenían salarios en torno al salario promedio o incluso, salarios altos.

Se ha informado que, como promedio, los precios en el comercio estatal subirán 1.6 veces, mientras que el aumento de los precios en el sector no estatal «solo se permitiría», como promedio, hasta tres veces. Mientras tanto, se anunció un incremento considerable de las tarifas eléctricas, pero días después fueron rectificadas a la baja por decisión del gobierno ante las protestas expresadas por la población.

Según el discurso oficial, la población en general se beneficia de este «ordenamiento» porque sus ingresos aumentan más que los precios o tarifas. Sin embargo, no se está tomando en cuenta que una gama importante de bienes ya se estaba comercializando en las llamadas Tiendas de Recuperación de Divisas (TRD) a precios, primero en USD y luego en los llamados pesos convertibles (CUC), que estaban muy lejos de las posibilidades de los consumidores cubanos con los niveles de ingresos que obtenían por sus salarios.

A dichas tiendas accedían, fundamentalmente, los turistas, los cubanos residentes en el exterior, los diplomáticos y personal técnico radicado en el país y los residentes cubanos que recibían remesas de sus familias en el exterior o que tenían ingresos en CUC debidos a su actividad por cuenta propia. En la lógica de los funcionarios, estos precios no se alteran, porque al estar denominados en CUC, simplemente se multiplican por 24.

No obstante, la realidad es que aunque no se modifiquen, ya estaban a unos niveles inaccesibles para las personas que viven de sus salarios en alguna empresa estatal o unidad presupuestada, o de sus pensiones. Por otra parte, la idea peregrina de controlar el mercado a punta de precios topados es ya un error de partida, porque lo único que logra es reforzar la escasez.

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En medio de todo esto, quienes llevan la peor parte son los jubilados. En Cuba existen alrededor de 1.7 millones de jubilados, algunos de ellos se han re-contratado para poder obtener ingresos adicionales. La mayor parte de los pensionados de hoy han realizado importantes contribuciones al país y asumieron con estoicismo una alta cuota de sacrificio personal. Muchos lucharon en la guerra revolucionaria o en la clandestinidad; otros se incorporaron rápidamente a las tareas que les impuso su tiempo –campaña de alfabetización, sucesivos «trabajos voluntarios» en la agricultura, zafra azucarera y construcciones, así como noches sin dormir por guardias en centros de trabajo y barrios–; padecieron la escasez generalizada de bienes, se abstenían de consumir bien para mejorar el consumo de sus hijos; deterioraron su salud por una altísima consagración al trabajo; y perdieron sueños de vida pospuestos por un ideal que ya es, en la actualidad, una quimera.

Ellos mismos y otros se consagraron laboralmente en la educación, la salud, la ciencia, la cultura, la defensa del país, la industria, la agricultura o los servicios, e intentaron construir ese país mejor que tantos hemos soñado, pero que cada día se hace más lejano. Ellos son los jubilados de la Revolución.

Para cualquier economista es claro que el sistema pensional tiene que ser sostenible. Los sistemas privados en América Latina han demostrado su inviabilidad para el pensionado y son un negocio lucrativo para los fondos de pensiones y las aseguradoras. Sobre estos temas, el profesor Carmelo Mesa-Lago ha escrito muchísimo y de mucho valor para que repensemos en Cuba como estructurar un sistema pensional adecuado, que realmente le dé seguridad a las personas que han dedicado su vida a trabajar y que, al mismo tiempo, sea sostenible financieramente.

Muy lejos de una y otra condición está el sistema pensional cubano. Sin embargo, tanto desde el punto de vista humano como político, es necesario abordar este tema de una forma distinta a como lo ha hecho el gobierno cubano. Todo ello debe hacerse partiendo de la realidad de un país subdesarrollado, pobre y cuya población envejece, como resultado de tres factores principales: 1) el aumento de la expectativa de vida, 2) la disminución de la tasa de natalidad, y 3) el aumento de la emigración de la población joven.

El sistema pensional cubano tiene un desfase considerable frente al incremento sostenido del coste de la vida. Desde los sesenta, cuando los gobernantes de la Isla comenzaron a desconocer las leyes económicas, cargaron las pensiones al presupuesto del Estado. En aquellos años, todos los trabajadores cubanos tenían asignado un salario bruto y percibían directamente un salario neto que resultaba de descontar al salario bruto el aporte a la seguridad social. Por decisión del gobierno cubano, todos los salarios quedaron establecidos en los niveles netos y con ello, el sistema pensional empezó a depender del presupuesto.

Cuando en aquellos años se eliminaron hasta los presupuestos, los que se pensionaban recibían su dinero de acuerdo a las tarifas de entonces, directamente del Estado, como resultado de la emisión de papel moneda. Eran los tiempos en los que las finanzas y la contabilidad no importaban. Estas y muchas otras cosas más fueron reconocidas como errores por Fidel Castro en su Informe Central al Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en 1975. Posteriormente, se restablecieron los presupuestos, pero no se replanteó profundamente el sistema de pensiones, hasta que nuevamente se establecieron las contribuciones empresariales a la seguridad social.

La crisis de 1990-1993 no solo produjo una caída considerable del PIB, sino una gran escasez de bienes y servicios, así como una profunda devaluación del CUP en el mercado negro –sin que se corrigiera el tipo de cambio oficial, lo cual fue un grave error de los gestores de política económica–. La vida se encareció significativamente, mientras tanto, no se rectificaron los salarios ni las pensiones.

En el estudio de la CEPAL sobre la economía cubana en los años noventa se calculó que en el mercado informal –donde casi todos los cubanos debían completar sus necesidades más elementales–, los precios crecieron de forma acumulada entre 1990 y 1993 en un 458.2% (CEPAL, 1997: Cuadro III.1 y 1999: Cuadro 1), mientras tanto, los salarios y las pensiones se mantuvieron sin variación. Años después se hicieron varias reformas salariales y ajustes en las pensiones en las que, de manera general, el valor real del ingreso de las personas en lugar de crecer, descendió como resultado de un incremento del coste de la vida superior al incremento de los ingresos.

En un interesante trabajo publicado en 2008, en la conocida revista Nueva Sociedad, Mesa-Lago, mencionaba que el costo de las pensiones como proporción del PIB había aumentado en Cuba, entre 1986 y 2006, de un 4.6% a un 6.3% del PIB. En 2019, seguía siendo un 6.3% del PIB (ONEI, 2020). Por otra parte, en dicho artículo afirmaba que la pensión promedio en 2005 era de 179 CUP –equivalente a 9 USD–, mientras que la pensión mínima, que era de 150 CUP –7.50 USD–, la recibían la mitad de los pensionados.

Para entonces la suma de gastos relacionados con la canasta de bienes normados en la libreta de abastecimiento, el costo mensual promedio de electricidad, el costo del transporte, los gastos de teléfono y agua, oscilaba entre 60 y 115 CUP. Con lo restante debían acceder a adquirir los demás bienes necesarios en los mercados agrícolas o los servicios, donde los precios excedían claramente sus recursos disponibles (Mesa-Lago, 2006). A esto debe añadirse la dificultad que tienen las personas ancianas de Cuba para enfrentar las penalidades de la vida cotidiana, con fuerzas físicas mermadas.

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Es evidente que la situación pensional en Cuba es insostenible, pero también es insostenible la situación económica en general del país, que entre 2010 y 2020 tuvo un crecimiento promedio anual del 0.8% en el PIB, mientras que entre 2015 y 2020 la variación fue de -0.5% promedio anual (1). La razón matemática entre trabajadores activos y pensionados, que Mesa-Lago (2008) calculaba que había descendido de 3.7% a 3.1% entre 1986 y 2006, en 2019 fue de solo 2.7% (2).

Las pensiones actuales son insuficientes e injustas. Han sido niveladas por lo bajo y calculadas a partir de un supuesto valor de la canasta básica que podría ser muy discutible si consideramos las condiciones normales de la vida moderna, que no son las que existen en Cuba. Es injusto y además, lejano al ideal del Socialismo, que la recompensa después de trabajar en muchos casos más de tres décadas de sus vidas sea de un ingreso por debajo del salario mínimo del país. Esto sería condenarles a una condición de pobreza.

De hecho, si consideramos el umbral internacional de pobreza que ha establecido el Banco Mundial en 2 USD diarios, la mayor parte de los jubilados cubanos estarían rozando esa línea –los niveles de pensión inferiores a 501 CUP en 2020 quedarían entre 2.12 y 2.40 USD diarios en las pensiones a partir de 2021–. Sin embargo, la realidad es que la tasa de cambio oficial de 24 CUP por un USD ya está muy por debajo de la cotización real de la divisa estadounidense en el mercado subterráneo, lo cual en la práctica reduce las cifras anteriores de manera considerable.

El país está en crisis y existe una fuerte tensión en el presupuesto del Estado en el que, en 2021, los ingresos al sistema de seguridad social cubrirán solo el 65% de los gastos, generando un déficit del sistema de 11 549 CUP. No obstante, resulta necesario reconsiderar el nivel de las pensiones actuales. Tal y como se ha expresado antes, la fórmula es injusta porque en primer lugar establece los niveles de las pensiones por debajo del salario mínimo, y además, porque impone un salto considerable entre el quinto y el sexto nivel de pensiones, mientras que la diferencia es mínima entre los primeros cinco niveles. Por otra parte, también resulta injusto que quienes se han pensionado con mayor anterioridad, cuando sus salarios eran mucho más bajos a los actuales y el coste de la vida también, no se beneficien de una corrección de su pensión a partir al menos del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Es injusto que profesionales y técnicos cubanos que hoy tienen 70 u 80 años o más, y que trabajaron más de 30 años con salarios que variaron muy poco en ese tiempo, tengan jubilaciones actuales en niveles mínimos cuando otros que empiezan a jubilarse ahora, lo harán con pensiones más altas por el simple hecho de haberse beneficiado de reformas salariales. Y también es injusto que esas personas que lo dieron todo por el proyecto de país que inspiró la Revolución Cubana, tengan que vivir con ingresos inferiores al salario mínimo que es el que se paga por el menor nivel de complejidad en el trabajo. Esta decisión burocrática está muy cerca del puro «economicismo» y muy lejos de la justicia social.

Esta como muchas de las decisiones recientemente adoptadas por el gobierno cubano, a pesar de la constante alusión al profundo estudio que las precedió –en algunos casos casi diez años, aunque no estemos seguros de que el estudio haya durado todo ese tiempo, sino más bien parece que estaban durmiendo el «sueño de los justos»–, muestra, al parecer, un cierto nivel de improvisación.

El establecimiento de un tipo de cambio a un nivel que no refleja en realidad las condiciones de precios relativos ni de competitividad internacional, ni las condiciones del mercado doméstico de divisas y que, por tanto, parece estar lejos de su nivel de equilibrio, es una muestra de una decisión equivocada en la que no se aplicó un análisis económico debidamente fundamentado.

El caso de las tarifas eléctricas en el que tras las críticas de la población, hubo que rectificar a solo unos días de haberlas establecido, está demostrando improvisación por parte de quienes han adoptado medidas económicas que afectan a millones de personas que, además, llevan décadas asumiendo una cruenta lucha por la subsistencia. Rectificar las pensiones de los jubilados de la Revolución, es lo que, en justicia, el país y las nuevas generaciones de cubanos les deben a esas personas que están en el ocaso de sus vidas.

En tal sentido, debería producirse una reforma general del sistema de pensiones, combinando la justicia social con la sostenibilidad financiera. Sin embargo, de momento es necesario solucionar la situación crítica en la que se encuentran la mayor parte de los pensionados en las condiciones actuales y que no se resuelve con esta reforma.

El sistema actual de pensiones (Ley 105 de Seguridad Social de 2008) establece un régimen general que fija la cuantía de las pensiones ordinarias en el 60% del promedio de los mejores cinco años entre los últimos quince, más un 2% por cada año trabajado sobre los treinta que establece la ley. Muy probablemente, en las condiciones de hoy, muchos trabajadores cercanos a su edad de jubilación esperarían a completar cinco años con los niveles de salario actuales –que incluso podrían indexarse de acuerdo al costo de la vida–, pero ese no es el caso de los pensionados que superan los setenta u ochenta años y en los que cualquier promedio con los niveles anteriores de salario sería bajísimo.

Por tanto, para estas personas –los jubilados de la Revolución– se podría establecer un régimen especial que determine el monto de la pensión como el 60% de lo que ganaría si estuviese trabajando, sin considerar los incrementos del 2% anual que la ley establece por cada año adicional que supere los treinta años de trabajo –como compensación al no uso de promedios con niveles muy bajos–.

Así por ejemplo, una maestra jubilada hace veinte años después de 35 años de servicio y con título universitario, en el nuevo sistema tendría un salario de 5060 CUP. El 60% de esta cifra serían 3036 CUP. Seguramente, la pensión de esa maestra por el sistema adoptado recientemente estaría en los más bajos niveles de pensión actuales –1528 o 1578–, que equivalen a un nivel límite inferior del coste de la vida. Para el caso de los pensionados cuya actividad laboral estaba ubicada en los niveles más bajos de complejidad y a quienes el cálculo del 60% del nivel actual en el que se establecería su actividad no alcanzara a los 1528 CUP de la canasta básica, podría establecerse ese nivel mínimo.

Podrá decirse que muchos pensionados en Cuba viven con otros familiares que trabajan, pero no es el caso de todos ni tampoco resulta justo con ellos que después del esfuerzo de toda una vida tengan que ser mantenidos por sus hijos o nietos.

***

Ahora bien, ¿cómo puede el Estado incrementar sus ingresos o reducir los gastos para acometer las medidas sociales necesarias que son de su responsabilidad? Resulta necesaria la adopción de las normas correspondientes para estimular el emprendimiento y la creación de empresas de producción y servicios, privadas y cooperativas. Esta medida, aun «en estudio», no se ha adoptado y podría contribuir significativamente a la recuperación de la actividad económica, a la reorganización del mercado de trabajo y del empleo y, además, ayudaría a incrementar los ingresos del presupuesto por medio de impuestos y de contribuciones a la seguridad social.

Además, sería necesario incrementar el porcentaje de descuento de los salarios brutos y de los aportes de las empresas para contribuir al fondo de la seguridad social, realizando los cálculos actuariales necesarios para establecer los niveles adecuados de contribución. Adicionalmente, la aparición de un pujante sector productivo y de servicios no estatal, debería ir acompañada de la racionalización del aparato del Estado, lo que eliminaría cargos superfluos que, además de fortalecer la densa burocracia, son una excesiva carga para el erario público.

En este sentido, el Presupuesto del Estado debería dejar de asumir el pago de salarios de los funcionarios de organizaciones políticas y sociales, las cuales deberían funcionar de forma autosuficiente y ser pagados directamente por esas organizaciones, como ocurre en cualquier otro lugar del mundo sin sistemas de Partido-Estado.

Los jubilados de la Revolución, mujeres y hombres que hicieron una contribución significativa a Cuba con un inmenso sacrificio personal, pero estimulados por la esperanza de construir un mejor país para las generaciones venideras, merecen ser tratados con justicia y con dignidad, para que puedan recuperar, al menos, algunos de sus sueños.

  1. Cálculos con base a cifras de la ONEI (varios Anuarios Estadísticos de Cuba).
  2. Ibídem.

Referencias:

  • CEPAL (1997) La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa. Fondo de Cultura Económica, México.
  • CEPAL (1999) Cuba: evolución económica durante 1998. LC/MEX/R. 712, 31 de mayo de 1999.
  • Colina Hernández, Henry (2020) Sistema de pensiones de la seguridad social en Cuba: un debate presenta para el futuro. Friedrich Ebert Stiftung. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/16174.pdf
  • Mesa-Lago, Carmelo (2006) ¿Es viable terminar con medio siglo de racionamiento en Cuba? Revista Vitral, Año XIII, Número 74.
  • Mesa-Lago, Carmelo (2008) La carga creciente. Nueva Sociedad, Número 216, Julio-Agosto, 2008. https://nuso.org/articulo/la-carga-creciente/
  • ONEI (varios años) Anuario Estadístico de Cuba. http://www.onei.gob.cu/
4 enero 2021 53 comentarios 2283 vistas
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La unificación cambiaria y la reforma de precios y salarios

por Mauricio De Miranda Parrondo 11 diciembre 2020
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Finalmente, a partir del día 1 de enero de 2021 se producirá la tan dilatada unificación monetaria y cambiaria que, en la práctica, significa que desaparecerá el llamado «peso convertible» (CUC) y se establecerá una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos (CUP) por dólar (USD), que es la tasa de cambio de compra que ha existido entre el CUC y el CUP desde la implementación del primero en 2004.

En realidad, ésta no será una unificación monetaria total porque con la apertura de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) se mantiene la dolarización parcial de la economía y la segmentación del mercado doméstico de ciertos bienes que sólo se venden en dichas tiendas usando depósitos bancarios en esas monedas. Así las cosas, el peso cubano aún no recupera su soberanía plena como moneda nacional porque no cumple con las funciones del dinero en todo el territorio, no tiene curso forzoso ni fuerza liberatoria ilimitada.

Por esta razón, en mi opinión, se mantiene la situación de dualidad monetaria entre el peso cubano y las monedas libremente convertibles permitidas para realizar estos depósitos y que se resumen en el dólar estadounidense porque, a fin de cuentas, las otras –euros, libras esterlinas, dólares canadienses, francos suizos, etc.– son convertibles en esa moneda y es en dólares que se establecen los precios de esos productos en dichas tiendas.

La tasa de cambio

La tasa de cambio anunciada de 24 CUP por un dólar estadounidense indica que el régimen cambiario será el de un tipo de cambio fijo oficial, es decir, se devalúa la moneda nacional en 24 veces y el nuevo tipo de cambio queda fijo hasta que dicha tasa oficial se modifique. Este régimen cambiario implica, en la práctica, el establecimiento de un «anclaje nominal», donde el peso se mantendrá fijo respecto al dólar y variable frente a las demás monedas, siguiendo el curso de la moneda estadounidense. Para expresarlo con un ejemplo, en el día de hoy 1 USD equivale a 0,8225 euros (EUR), por lo que, de mantenerse ese tipo de cambio entre esas monedas, 1 EUR sería igual a 29,18 CUP. Si un día después, 1 USD se cambiara por 0,81 EUR, entonces 1 EUR equivaldrá a 29,62 CUP. Es decir, la tasa de cambio del peso con el dólar será fija, pero con las demás monedas libremente convertibles será variable en la proporción en la que cambia el valor del USD respecto a ellas.

El adoptar esta tasa significa que el gobierno ha optado por mantener la paridad de 1 USD igual a 1 CUC, puesto que esta es la tasa oficial que existe en la actualidad, pero en la cual no se encuentran dólares para la venta. Por esta razón, ha surgido un mercado subterráneo en el que un USD se cotiza entre 1,50 y 1,90 CUC, esto es entre 36 y 45,60 CUP. Y podría seguir subiendo en la medida en que se profundice la escasez de divisas. El mercado subterráneo aparece cuando en los precios no se reflejan las condiciones del mercado. De la misma forma que se pueden transar bienes en el mercado subterráneo, se transan monedas.

Esta mayor devaluación en el mercado subterráneo se debe a varias razones, entre las que se destacan: 1) la escasez de oferta de USD en el mercado oficial que no se refleja en un cambio en los precios y 2) en la excesiva emisión de CUC, rompiendo la anterior «caja de conversión», según la cual cada CUC que circularía en la economía nacional representaría a un dólar en las reservas del país.

Así las cosas, la tasa de cambio oficial adoptada por el gobierno es, frente a las condiciones del mercado, una tasa de cambio sobrevaluada y esto es un error de entrada. Una tasa de cambio sobrevaluada significa que la moneda nacional vale más de lo que debería valer y eso afecta la competitividad de las exportaciones y abarata las importaciones, por lo que no se solucionaría plenamente los problemas que llevaron a adoptar la medida de devaluar que, dicho sea de paso, debió adoptarse hace muchos años.

Es muy difícil determinar cuál debería ser el nivel adecuado de la tasa de cambio, pero la teoría económica sugiere que tendría que estar en torno a las condiciones de equilibrio que permitan establecer los precios relativos que conectan a la economía nacional con la economía internacional. Pero la economía cubana tiene muchísimas distorsiones de precios, debido al sostenimiento por mucho tiempo de una tasa de cambio oficial totalmente irreal, a causa también a la segmentación de los mercados y, en consecuencia, por la desconexión de la economía nacional con la internacional. A falta de esto, lo recomendable habría sido adoptar un tipo de cambio que se acercara a las condiciones del mercado actual, tal y como ocurrió cuando se crearon las CADECA, después de superarse la gravísima devaluación del peso en el mercado negro cuando el dólar estadounidense llegó a valer entre 120 y 130 pesos cubanos a principios de los años noventa del siglo pasado.

Con la escasez actual de divisas y con la imposibilidad por parte del Estado de ofrecer dólares estadounidenses a 24 pesos cubanos, lo lógico es que aparezca un mercado paralelo en el que el dólar se cotice a un valor mayor. Entonces, seguimos en las mismas, los dólares se canalizarán hacia el mercado informal en lugar de dirigirse a los canales del mercado formal. En esas condiciones puede crearse un diferencial considerable entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado negro, que beneficiará a los operadores de este último y creará nuevas distorsiones.

Por otra parte, para establecer un tipo de cambio fijo en un sistema de «anclaje nominal» es necesario que existan condiciones macroeconómicas que permitan que ese tipo de cambio esté económicamente fundamentado y esto es, entre otras cosas, una inflación moderada en torno a la del país emisor de la moneda de referencia; un tipo de interés cercano al tipo de interés del banco central del país cuya moneda es la referencia; así como que los precios relativos permitan conectar a la economía nacional con la economía internacional y, en consecuencia, con ese tipo de cambio se asegurarían tanto la convertibilidad interna como externa de la moneda nacional. Si la convertibilidad interna se rompe al tipo de cambio establecido por escasez de oferta de la divisa extranjera, quiere decir que ese tipo de cambio no es el adecuado.

En las condiciones de la economía cubana, habría sido preferible colocar un tipo de cambio de partida más alto y en torno a los niveles en los que está en el mercado paralelo e irlo ajustando hacia la baja en la medida en que la economía mostrara signos de recuperación en términos de crecimiento, así como a partir del mejoramiento de su nivel de inserción internacional y siempre siguiendo la tendencia del mercado.

Los precios, los salarios y las pensiones

Además del anuncio relacionado con la nueva tasa de cambio entre el dólar y el peso, se promulgaron varias normas legislativas, tales como decretos-leyes del Consejo de Estado sobre la implementación del llamado ordenamiento monetario, sobre el cálculo del sistema de pensiones y de subsidios a la seguridad social, modificaciones a la Ley del Sistema Tributario, establecimiento del arancel de aduanas para las importaciones sin carácter comercial y otras normas legislativas. También, decretos y acuerdos del Consejo de Ministros sobre precios y tarifas, sobre la modificación de la Ley de Seguridad Social, entre otros; así como resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para establecer el nuevo sistema de salarios y de pensiones.

El espíritu de las normas responde a la lógica de una economía centralmente administrada en la que los precios y los salarios son establecidos por la autoridad de gobierno central y no por el mercado. Así, por ejemplo, se establecen los precios máximos de acopio de una amplia gama de productos agropecuarios, también los precios minoristas de la casi totalidad de la canasta básica alimenticia de la población. Se anunció que se mantendrían temporalmente subsidios a ciertos bienes relacionados con dietas de personas enfermas y de niños pequeños, a pesar de que se anuncia que la lógica de los subsidios es orientarlos a las personas necesitadas y no a los bienes que adquiere toda la población, lo cual es una medida correcta.

Se estableció una nueva escala salarial compuesta por 32 niveles que van desde 2.100 pesos (87,50 USD) a 9.510 pesos (396,25 US), con ciertos pagos adicionales por formación académica postgraduada –maestrías y doctorados– o por «condiciones laborales anormales». Adicionalmente, se ajustaron los niveles de pensiones de los actuales jubilados y que quedan entre 1.528 y 1.733 pesos, valores que están por debajo del salario mínimo, aunque se multiplican por entre 3,5 y 5,5 veces respecto a los niveles actuales.

La realidad es que desde los noventa del siglo pasado se acumuló en Cuba una considerable brecha entre los niveles de ingreso promedio de la población y los niveles de precios de los bienes necesarios para la vida, y los aumentos salariales que se han producido a lo largo de estos años en reformas parciales no han compensado esa brecha.

Por otra parte, la fijación estatal de precios y el establecimiento de topes máximos no garantizan que no se produzca inflación, porque este fenómeno que es uno de los desequilibrios macroeconómicos que más afecta directamente a la población, no solo se manifiesta a través del incremento de los precios, sino también a través de la  escasez de bienes en los mercados formales, mientras que en los informales aparecen dichos bienes con precios considerablemente más altos, lo cual se vivió en Cuba ya durante el llamado Período Especial.

En las condiciones actuales, en las que se aumentarán los salarios a la inmensa mayoría de la población ocupada, que son las personas empleadas en el sector estatal, se eliminarán subsidios y se aumentarán los precios de la canasta de bienes y servicios a tono con el nuevo nivel del tipo de cambio oficial, pero con una escasa oferta de bienes agropecuarios e industriales, lo más probable es que suban los precios de todos los bienes y servicios que no se ofertan en los canales estatales, porque también aumentan considerablemente costos muy importantes como la energía o la fuerza de trabajo empleada, para poner solo dos ejemplos básicos.

Lo más grave de la situación de un aumento generalizado de precios que supere el incremento de los ingresos es la vulnerabilidad de la población de bajos ingresos, en la que no solo están las categorías de trabajadores cuyas labores son de menor complejidad, sino también la totalidad de las personas jubiladas, cuyas entradas están alrededor de lo que se calcula como la «canasta básica».

Entre estas últimas personas se encuentran profesionales de alto nivel de formación, científicos, artistas, educadores, técnicos, obreros calificados, muchos de los cuales han trabajado 25-30 años o incluso más y quienes, además, aportaron como generación, una alta cuota de sacrificio personal en el proyecto revolucionario. A estas personas se les ha debido ajustar esa pensión a las condiciones en las que se jubilarían quienes en la actualidad se desempeñan en las funciones que ellos cumplieron en el tiempo en el cual tuvieron una vida laboral activa. No es lógico que esas personas se vean necesitadas de asistencia social cuando deberían recibir ingresos adecuados a su trayectoria laboral.

Lo que falta

Estas reformas estaban identificadas como imprescindibles desde hace mucho tiempo, mucho antes de que la dirección política del país las incluyera en los lineamientos de política económica y social en 2011. Pero desde la fecha en que su necesidad fue reconocida por los dirigentes hasta que se implementen habrán pasado diez años. En todo este tiempo se han agudizado los problemas estructurales de la economía cubana y también se ha enrarecido el contexto internacional. El recrudecimiento del bloqueo estadounidense, los efectos devastadores de la pandemia, así como los problemas estructurales de un sistema económico que no funciona adecuadamente, colocan al país en el peor momento para realizar cambios que, como se dijo, resultan imprescindibles.

Adicionalmente, el gobierno no adopta las medidas necesarias para estimular el crecimiento de la producción. Lo que se ha anunciado hoy afecta a la esfera de la circulación, pero no asegura un aumento de la producción de bienes y de servicios, y su insuficiencia es el principal problema que tiene la economía cubana y esto no se soluciona con llamamientos ni con consignas, sino con medidas económicas.

La liberación de las trabas que frenan la expansión de las fuerzas productivas no puede ser una consigna sin contenido real. Estas medidas podrían resumirse en las siguientes: 1) adopción de una profunda reforma en el funcionamiento del sector agrario, sin topes de precios de acopio, de forma tal que los campesinos y demás trabajadores del sector encuentren estímulos suficientes en el aumento de la producción y el mejoramiento de los rendimientos; 2) estimular el emprendimiento empresarial a partir de la autorización a la formación de microempresas, pequeñas y medianas empresas sin restricciones de tipos de propiedad y de gestión; 3) la adopción de una reforma de la empresa estatal conducente a su autonomía económico-operativa; 4) eliminación de los monopolios estatales del comercio exterior, de la banca y las instituciones financieras, del comercio minorista y mayorista, y de los servicios de comunicaciones, entre otros de forma tal que la actual escasez de recursos del Estado no frenen su desarrollo; 5) creación de un marco legal adecuado para estimular la inversión extranjera directa y, especialmente, la de emprendedores cubanos residentes en el exterior; 6) concentrar la labor del Estado en la conducción estratégica de la economía desde el punto de vista macroeconómico y en la regulación del mercado, para evitar sus fallas sin que ello signifique reemplazarlas por el excesivo control que asfixia el emprendimiento.

Mientras no se aborden las reformas necesarias que conduzcan al incremento de la producción de bienes y de servicios, será prácticamente imposible salir del estancamiento en el que se encuentra la economía cubana.

11 diciembre 2020 17 comentarios 122 vistas
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Los peligros del trumpismo para la democracia estadounidense

por Mauricio De Miranda Parrondo 6 noviembre 2020
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Al parecer, en las elecciones estadounidenses de 2020 no solo se están enfrentando los dos partidos tradicionales de los Estados Unidos –Demócrata y Republicano-; ni dos concepciones ideológicas que, en otra época, no eran sustancialmente diferentes, sino que la disputa en esta ocasión es además entre la defensa de las instituciones democráticas y el intento de destruirlas.

En su intervención desde la Casa Blanca el pasado jueves, el presidente de los Estados Unidos dijo, literalmente, que «Detroit y Filadelfia son dos de los lugares más corruptos del país» y, antes de realizar semejante afirmación, dejó claro que «nuestro sistema es corrupto». Todo esto para negarse a aceptar lo que ya es evidente: perdió las elecciones. Las perdió en el voto electoral y en el voto popular. La tendencia ya parece ser definitiva en los Estados de Pensilvania y de Georgia, en los que la inmensa mayoría de los votos que se están reportando y que pertenecen a los que fueron enviados por correo, se inclinan por Joseph Biden.

Desde hace meses, Trump ha insistido en que habría un «fraude masivo» en su contra, sin aportar evidencia alguna. Incluso ahora, cuando abiertamente acusa de fraude a los Estados en los que se invirtió la tendencia en su contra y al Partido Demócrata mismo, no ha aportado ni una sola prueba.

Trump no es el primer gobernante que pretende destruir las instituciones democráticas, usándolas o acusándolas de corruptas. Varios en el pasado y en diversos países han utilizado la democracia para alcanzar el poder y luego la han suprimido, estableciendo sistemas totalitarios.

Ése es uno de los peligros del trumpismo. El presidente de los Estados Unidos es una persona autoritaria y autocrática, acostumbrada a usar la ley en su beneficio. Así se comportó como empresario y así se ha comportado como presidente. Entre los gobernantes de ese país en los últimos años tiene un récord de despidos de sus colaboradores más cercanos, a quienes no les ha aceptado criterios diferentes al suyo. De acuerdo con muchos de sus excolaboradores, es del tipo de líderes que no los necesita como asesores, sino para que cumplan sus órdenes.

Antes de las elecciones, se negó a confirmar que aceptaría una derrota, en caso de que se produjera. Para él esto no era una opción. Solo lo era la victoria o un litigio en las cortes, aludiendo un supuesto fraude que ya desde antes de la elección estaba denunciando.

Por esa razón, aprovechó el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg para designar a la jueza Amy Coney Barrett, e inclinar más a su favor la balanza de la Corte Suprema de Justicia, con seis jueces conservadores frente a tres progresistas. Con ello, pretende asegurar fallos orientados a abolir el Obamacare y el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como una posible querella relacionada con las elecciones en el máximo órgano judicial del país. Sin embargo, sería difícil imaginar que la Corte Suprema, por conservadora que sea, se someta a su voluntad, abandonando su misión de preservar la legalidad.

Cuando aun estaban por contar cientos de miles de votos y permanecían varios Estados sin confirmar quién habría ganado en ellos, se atribuyó la victoria y a partir de allí no ha parado de usar las redes sociales y sus propias intervenciones públicas para denostar la elección, acusar de fraude donde quiera que está perdiendo y al sistema de corrupto.

La acusación de corrupción de las instituciones y del sistema puede ser el primer paso para que sus huestes reclamen su destrucción y reemplazo por otras que se acomoden al «líder iluminado». Puede conducir al peligro de una sublevación de sus seguidores que creen fielmente en sus sistemáticas mentiras, porque le siguen, como fanáticos, sin detenerse a contrastar la certidumbre o no de sus afirmaciones. Esto podría significar el inicio de un desorden social de incalculables proporciones que desestabilizaría al país y profundizaría la polarización política que ya lo divide.

De negarse a reconocer la derrota, se crearía una crisis institucional para la cual no existe precedente en el país.

Si la democracia y la legalidad ceden ante las presiones del actual presidente y de sus huestes enardecidas, podríamos estar ante la posibilidad de un golpe de Estado en los Estados Unidos, que se manifestaría en la destrucción de las instituciones democráticas.

Por esa razón, pareciera que es el momento en el que demócratas y republicanos deben cerrar filas para salvar la institucionalidad del país. Todo sistema democrático es perfectible, pero lo que sí ha resultado muy difícil es establecer o restablecer la democracia por vías pacíficas, a partir de un sistema autoritario y dictatorial. Esperemos que ése no sea el escenario por venir y que las instituciones estadounidenses sean capaces de respetar la voluntad popular, con independencia de las diferencias políticas.

6 noviembre 2020 10 comentarios 84 vistas
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Unificación monetaria y cambiaria en Cuba…

por Mauricio De Miranda Parrondo 14 octubre 2020
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

La Mesa Redonda de hoy se dedicó al tema de la inminente unificación monetaria y cambiaria, con la intervención de Marino Murillo, jefe de la “Comisión de Implementación de los Lineamientos”.

Murillo hizo una presentación acerca del “ordenamiento monetario”, que debería abordar al mismo tiempo, cuatro elementos fundamentales: a) la unificación monetaria, 2) la unificación cambiaria, 3) la transformación del sistema de subsidios y gratuidades y 4) la transformación de los ingresos de la población. En mi opinión, en esta ecuación falta un elemento imprescindible, que es la estrategia para lograr que la producción de bienes y servicios crezca al punto de compensar el incremento que ocurrirá en la emisión monetaria para responder a los incrementos de salarios y pensiones y de los precios, ajustados por nuevos costos de producción multiplicados por varias veces.

Las razones que fundamentan la unificación monetaria y cambiaria son evidentes, pero no son nuevas. Todas las distorsiones mencionadas por Murillo en su intervención, deberían haber sido suficientes para que no se hubiera adoptado una dualidad monetaria y mucho menos una multiplicidad de tipos de cambio, claramente desestimulante para el sector exportador. Es imprescindible reconocer los errores cometidos para que sea claro por qué la economía cubana está en las condiciones actuales y el país se ve obligado a hacer semejante transformación en condiciones claramente adversas.

En la Mesa Redonda se hicieron algunas afirmaciones que, en realidad, son imprecisiones.

  • La cuestión del “Arbitraje”. En realidad, la diferencia cambiaria existente entre el valor del CUC en CUP para las empresas estatales y para el mercado cambiario de la población y los turistas no puede ser considerado un arbitraje de monedas. El arbitraje se produce cuando un agente del mercado se puede beneficiar de una diferencia de precios, en este caso, tipos de cambio, y lo logra mediante la compra de una divisa donde está barata para venderla donde está cara. Como todos los agentes harían lo mismo, al final, se logra la equiparación de los precios y los beneficios extraordinarios son obtenidos por los que primero logran hacerlo. Los circuitos de monedas en el caso cubano no están conectados entre sí, por lo que el arbitraje no es posible.
  • La cuestión de la dualidad. Justificar la dualidad monetaria y cambiaria a partir del momento en que en el Período Especial, el peso cubano dejó de cumplir las funciones del dinero, lo cual llevó a la aparición de otra moneda. Esto fue así en Cuba en los años 90’s del siglo XX, cuando el dólar estadounidense apareció en la circulación y se produjo la dolarización de una buena parte de los gastos de las familias pero no de sus ingresos. Lo que en realidad ocurre en economías en las que se produce una hiperinflación, unida a una devaluación violenta de la moneda (que en el caso cubano se produjo en el mercado negro en los noventa pero que no se reflejó en el tipo de cambio oficial), no es la circulación paralela de monedas sino que la moneda que está en capacidad de cumplir las funciones del dinero lo hace, eliminando a la moneda que está incapacitada para cumplir dichas funciones. Es decir, ocurre la Ley de Gresham[1] al revés. Esto se resume en el abandono de la moneda nacional, asumiendo como moneda la de otro país o grupo de países. En Zimbabwe, en medio de la terrible inflación, en la década de 2000 se abandonó la emisión de dólares zimbabueneses, mientras que el dólar estadounidense y el rand sudafricano se convirtieron en el dinero circulante. Ecuador y El Salvador abandonaron sus propias monedas en circunstancias menos graves que las de Zimbabwe y en la actualidad el dólar circula en ambos países. Montenegro nació como Estado independiente usando el euro como moneda. El costo de esa decisión es la pérdida de la soberanía monetaria y con ello, la renuncia a que a través de la depreciación de la moneda se puedan asimilar los choques externos que resultan muy importantes en economías abiertas.
  • La cuestión de la devaluación en los demás países sin que se considere el impacto social de la medida (cuestión planteada por Randy Alonso en uno de sus comentarios al margen). Desde la crisis del sistema monetario internacional de Bretton Woods, la mayor parte de países ha transitado hacia el establecimiento de tipos de cambio flexibles. Esto significa que lejos de que el tipo de cambio lo determinen las autoridades del país (gobierno o banco central), éste se establece a partir de las condiciones del mercado, es decir, a partir de la contrastación entre la oferta y la demanda. Es por eso que en la mayor parte de los sistemas monetarios de los diversos países, los conceptos de devaluación o de revaluación han sido reemplazados por depreciación o apreciación y los tipos de cambio fluctúan en dependencia de la oferta y la demanda. De esta forma, las economías usan la variabilidad del tipo de cambio para asimilar los choques externos. Así las cosas, cuando un país tiene una balanza de pagos persistentemente deficitaria y sus reservas monetarias internacionales descienden, el tipo de cambio de la moneda de ese país suele depreciarse. Pero esto no es una decisión del gobierno o del banco central, sino que ocurre debido a las condiciones de los mercados. En algunos casos, el banco central interviene el marcado comprando o vendiendo divisas para evitar una volatilidad extrema que pueda afectar a la economía nacional.

No cabe dudas que este tema está produciendo incertidumbre en la población. Los miembros del gobierno tratan de generar tranquilidad, diciendo que habrá un período de tiempo para la desaparición del CUC; que se respetará el tipo de cambio al que se adquirieron los CUC (25 CUP por CUC es el actual tipo de cambio de venta); que nadie quedará desamparado a pesar del aumento de precios que sin duda ocurrirá; que se van a mantener precios centralizados (en muchas economías de mercado ciertos precios son establecidos por el Estado) e incluso en algunos casos se mantendrán subsidios; etc.

Sin embargo, como aporte al debate, resulta importante considerar algunas cuestiones fundamentales:

  1. La eliminación del CUC no asegura la unificación monetaria, toda vez que en el país se ha restablecido el uso de monedas extranjeras en cierto segmento del mercado, reviviendo la experiencia de los años novena, de forma modificada porque en lugar de usarse el efectivo se utilizan medios electrónicos respaldados por depósitos bancarios. El CUC nació como un signo de valor, representante del USD en la circulación interna, pero como es sabido, con el paso de los años, se rompió la “caja de conversión” en la que se basaba, de ahí que en la actualidad sea una “moneda” sobrevalorada, fenómeno que se observa en la actualidad en el mercado paralelo de divisas que ha vuelto a aparecer. Sin embargo, mientras exista un segmento del mercado que opere en una o varias monedas distintas a la del país, se crearán las condiciones para la existencia de un mercado paralelo de divisas. Si la opción es mantener la moneda nacional, lo adecuado es que ésta cumpla plenamente las funciones del dinero y disponga de fuerza liberatoria ilimitada y curso forzoso en el territorio nacional. Para ello, la tasa de cambio, no podría ser un capricho de algún funcionario o grupo de funcionarios, sino que debe resultar de la correlación entre la oferta y la demanda y debe ser flexible para que sirva como conector adecuado de las condiciones de precios relativos de la economía nacional y la economía internacional.
  2. Se puede hacer una unificación monetaria y cambiaria sin considerar el asunto de la existencia real de una “dolarización parcial” de la economía, se pueden modificar los precios y se puede hacer una reforma de salarios, pero si esto no va acompañado de una reforma estructural fundamental del sistema económico, no se logrará el cambio fundamental que requiere la economía cubana. La reforma estructural del sistema económico debe apuntar a lo que se ha denominado, de forma insistente, liberar las fuerzas productivas de las trabas que ya se reconocen por parte de miembros de gobierno cubano. Pero una cosa es reconocer la existencia de trabas y otra es tomar las decisiones que pondrían fin a dichas trabas. ¿Qué podría hacerse? Podría empezarse por lo siguiente: a) autorizar, de manera transitoria, el funcionamiento de empresas privadas y cooperativas en los diversos sectores de la actividad económica, hasta que se elabore una ley de empresa (con el concurso de diversos sectores de la sociedad cubana); b) la expansión de los sectores privado y cooperativo en la producción y los servicios, sin terrenos vedados, lo que debería conducir a una migración de trabajadores a estas empresas y permitiría mejorar los salarios del sector estatal; c) entregar fábricas paralizadas o semiparalizadas a sus trabajadores en forma de arriendo permitiendo su reconversión productiva y tecnológica; d) abolir el monopolio estatal del comercio exterior, de forma que las empresas privadas y cooperativas puedan acceder al mundo en condiciones competitivas sin la obligación de hacerlo a través de empresas estatales; e) invitar, expresamente, a la comunidad cubana residente en el exterior y crear las garantías del caso, para que puedan invertir en el país (lo cual debería acompañarse del restablecimiento de todos sus derechos ciudadanos); f) abrir el sector financiero a la banca internacional, con la debida regulación, para evitar el lavado de activos, de forma tal que la actual insuficiencia de capital pueda ser compensada con la importación de ahorro por la vía de la inversión y no del endeudamiento externo; g) negociar la adhesión del país a los organismos financieros multilaterales en los cuales no está, tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como en los regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, para permitir su acceso tanto a créditos para equilibrio de balanza de pagos como a créditos de fomento.

Las autoridades cubanas reconocen el carácter estructural de los problemas que enfrenta la economía del país. Ante problemas estructurales, la solución debe ser modificar la estructura del sistema económico que es responsable de esos problemas. A estas alturas no deberían perderse de vista las inmensas consecuencias políticas que resultarían de un fracaso de la reforma económica.

[1] En el siglo XVI el mercader inglés, Sir Thomas Gresham afirmó que cuando en un país circulan simultáneamente dos monedas de curso legal, la moneda “mala” desplaza a la “buena” de la circulación porque se prefiere ahorrar la buena y usar la mala como medio de pago.

14 octubre 2020 25 comentarios 54 vistas
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Mucho ruido y algunas nueces

por Mauricio De Miranda Parrondo 13 octubre 2020
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

La Mesa Redonda con el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil, era un acontecimiento altamente esperado por la importancia crucial de medidas económicas que buscan sacar a la economía cubana de su actual crisis. Sin embargo, el tema más polémico y sobre el que más se ha especulado, el del “ordenamiento monetario”, quedó para la segunda de una serie de comparecencias de funcionarios gubernamentales durante la presente semana.

El ministro destacó los cinco aspectos principales de la “estrategia” de recuperación de la economía, a saber: 1) producción y comercialización de alimentos; 2) incentivos a las exportaciones; 3) transformación del sistema empresarial; 4) “perfeccionamiento” del trabajo por cuenta propia; y 5) “ordenamiento” monetario.

Todas estas cuestiones son de gran importancia para la recuperación de la economía cubana pero no solo por el impacto del Covid, sino que eran imprescindibles desde hace muchos años, y algunas quedaron consignadas en los Lineamientos de política económica y social del 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba de 2011 y ratificadas en el 7º Congreso de 2016, pero no habían sido abordados. ¿En algún momento el gobierno rendirá cuentas para explicar por qué razones no se habían adoptado y se abordan ahora ante los imperativos de una crisis devastadora?

En la intervención del ministro Gil hubo una serie de anuncios positivos: 1) la sustitución de la lista de actividades por cuenta propia permitidas por una lista en la que se defina cuáles se prohíben y que “todo aquello que no se prohíba se permita; 2) la autorización de contratación de fuerza de trabajo temporal para la actividad agropecuaria; 3) creación de un banco de fomento agrícola, pero, al parecer, no se crearía una institución financiera especializada, sino que operaría dentro del Banco de  Crédito y Comercio, con apoyo del presupuesto del Estado; 4) transformación de la comercialización de productos agrícolas y, aunque no se dijo claramente, se infiere que se permitiría la actividad privada de comercialización de alimentos; 5) eliminación de la función “balancista” del Grupo Empresarial Acopio (aunque no se precisa cuál será su papel en una “nueva concepción” del mercado de productos agropecuarios); 6) en el reordenamiento del sistema empresarial se concibe la posibilidad de crear empresas mixtas entre el Estado y el sector privado, aunque se esperaría que existan los mecanismos para evitar que este tipo de organizaciones empresariales no sean un nuevo foco de corrupción; y 7) reconocimiento explícito de que se producirá la unificación monetaria y cambiaria (sobre lo que se hablaría en la segunda Mesa Redonda).

Por las palabras del ministro se asume el mantenimiento de una vocación de control estatal que ha caracterizado a la política económica de Cuba desde hace ya más de seis décadas. Una cosa es que el Estado realice una labor de regulación, que puede resultar deseable ante determinadas “fallas del mercado” y otra muy distinta es el control y la intervención que pueden afectar la eficiencia del mercado. Aquí radica un peligro que podría lastrar toda esta “estrategia” y que se manifiesta, por ahora, en tres cuestiones fundamentales: 1) la organización empresarial del sector estatal concibe la posibilidad de que se establezcan filiales de las actuales empresas, pero no se plantea la eliminación de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), que constituyen un nivel burocrático superior de la actividad de las empresas del Estado que limita su independencia operativa y financiera real, independencia que aun no es clara en las medidas de “perfeccionamiento” de las empresas estatales; 2) la decisión de que los productores privados y cooperativos accedan al comercio exterior sólo a través de empresas estatales de comercio exterior, que mantiene el monopolio del comercio exterior en manos del Estado; y 3) la intención expresa de intervenir en los precios, porque, según el ministro, “el precio de oferta y demanda no siempre es justo, porque está a favor del vendedor”, lo cual es una afirmación lejana a la teoría económica demostrada por la práctica cotidiana.

Se anunció que la próxima Mesa Redonda abordará el tema de la unificación monetaria y cambiaria. Esta es una medida imprescindible que corrige un grave error que se adoptó en los años noventa, pero se va a producir en uno de los peores momentos posibles, debido a varios factores, entre los que podrían mencionarse la gran incertidumbre que persiste en la población, la gravísima situación económica y el hecho de que es sabido que existen criterios razonables para esperar una fuerte inflación que puede manifestarse tanto en una subida generalizada de precios como en una inmensa escasez de bienes y en una explosión del mercado negro.

En las condiciones actuales, el principal respaldo del sistema monetario de cualquier país radica en su producción de bienes y servicios, además de las reservas monetarias internacionales. Como no se dispone de cifras sobre estas últimas, se puede suponer que su magnitud está muy por debajo de lo que podría constituir un nivel sano. Si a esto le añadimos la evidente parálisis de la economía cubana, ¿cuál será el respaldo de la cantidad de pesos que será necesario emitir para responder a las necesidades de las transacciones impuestas por una reforma de precios, de salarios y una eventual devaluación de la moneda nacional? Ninguno, si no se adoptan las medidas necesarias para que florezcan el emprendimiento empresarial y las actividades productivas, poniendo fin a todas las trabas que en la actualidad los frenan. Solo de esta forma, el crecimiento de la producción de bienes y servicios podría evitar que el exceso de dinero en circulación conduzca a una inflación galopante que podría conducir a una crisis de mayores proporciones. Ésta, además de una cuestión económica, es una cuestión política de primer orden.

13 octubre 2020 29 comentarios 62 vistas
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¿Unificación monetaria y cambiaria en condiciones de re-dolarización?

por Mauricio De Miranda Parrondo 8 septiembre 2020
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Desde hace varios días en diversos medios de prensa cubanos han comenzado a aparecer argumentos sobre la necesidad de proceder a la unificación monetaria y cambiaria, haciendo énfasis en las consecuencias negativas del establecimiento de una dualidad monetaria en los años 90 del siglo XX.

A esto se suman rumores, no confirmados, que indicarían la posibilidad de que en poco tiempo se suprima la circulación del peso convertible y la unificación de precios en pesos cubanos de los bienes y servicios que se ofrecen en las redes comerciales estatales, así como una nueva tasa de cambio única que devaluaría considerablemente el tipo de cambio oficial actual de 1 USD = 1 CUP que solo funciona para las empresas del Estado, pero que, al parecer, revaluaría la actual tasa de mercado, también oficial, de 1 USD = 24 y 25 CUP (según se trate si es tipo de cambio de compra o venta de moneda extranjera).

A estos rumores se suma la existencia de una supuesta nueva escala salarial que funcionaría para el sector estatal y que multiplicaría en varias veces todos los niveles salariales actuales (sin que se diga nada de las pensiones de jubilación antiguas).

Lo curioso es que todo esto ocurra unos meses después que el gobierno cubano decidiera abrir tiendas minoristas en las que se venderían una serie de artículos, considerados de “alta gama”, pero que después se ampliaron a bienes de primera necesidad, usando tarjetas magnéticas, respaldadas por depósitos en dólares u otras monedas libremente convertibles (MLC). Esto ha significado, en la práctica, una nueva segmentación del mercado en productos que se venden en divisas extranjeras y productos que se venden en las monedas nacionales y que, eventualmente, se venderían en una sola, como resultado de la “unificación”. Así las cosas, vale la pena aclarar que toda vez que circulen diversas monedas en un mercado, así sea a partir de la existencia de depósitos a la vista, no estamos en presencia de una real unificación monetaria.

Uno de los problemas de la dualidad monetaria existente ha sido la multiplicidad de tipos de cambio, pero sobre todo la persistencia, durante 60 años, de un tipo de cambio fijo, artificialmente sobrevaluado, del peso cubano respecto al dólar estadounidense, que no refleja las condiciones económicas reales de la economía nacional en relación con la economía internacional y que ha distorsionado seriamente la competitividad del sistema empresarial cubano.

Se puede establecer una nueva tasa de cambio, se pueden modificar los precios y se pueden reformar los salarios y jubilaciones, pero con ello solo se pondrá un orden momentáneo a las relaciones monetarias y a los sistemas de precio y de salarios en el país, pero no necesariamente se pondrá fin a las distorsiones del sistema económico cubano ni del sistema monetario en particular.

La existencia de un mercado, por limitado que pueda resultar, en el que el peso cubano no cumple sus funciones como dinero va a generar una demanda adicional de las divisas extranjeras en el mercado informal, generando opciones de beneficios extraordinarios para quienes operen este mercado informal. Si, como es usual, se persigue a estos actores económicos con medidas punitivas solo se conseguirá aumentar la brecha entre los tipos de cambio entre los mercados formales e informales. Por tanto, sería prudente adelantarse a este tipo de escenarios con la adopción de medidas económicas adecuadas.

¿Cuáles deberían ser este tipo de medidas?

  1. Será necesario definir qué tipo de sistema cambiario va a establecerse. ¿Una caja de conversión como la que determinó la paridad del peso cubano con el dólar antes del 59 o como la que produjo el establecimiento del llamado CUC? Esto significaría un anclaje nominal del peso con el dólar, en la cantidad que se defina, y la variación del tipo de cambio con las demás divisas, siguiendo el curso del dólar. Esta medida, no evitaría que el país afronte una crisis cambiaria cuando se produzca una nueva crisis de balanza de pagos, lo cual puede ser algo previsible en el caso cubano, si no se solucionan los problemas estructurales, no se alcanza un mayor ritmo de crecimiento económico y no se logra una mejor inserción internacional de la economía. ¿Un tipo de cambio flexible? Podría resultar lo más lógico para que el tipo de cambio fuera el que absorbiera los choques externos y la política macroeconómica no quedara supeditada al sostenimiento de una determinada paridad cambiaria. Sin embargo, en este escenario habría que estar preparados para una depreciación sostenida del peso cubano en la medida en la que no mejoren las condiciones de producción de bienes y de servicios y con las consecuentes presiones inflacionarias.
  2. La realidad indica que tanto el peso cubano como el peso convertible están sobrevalorados, tanto en el tipo de cambio del primero como del segundo, lo cual significa que ambos valen más de lo que deberían valer. El tipo de cambio oficial con el que funcionan las empresas es absurdo y no guarda relación alguna con la realidad. El tipo de cambio de las CADECA, que durante mucho tiempo se ha mantenido estable, parece mostrar signos de sobrevaloración ante la reaparición de un mercado informal con valores que en estos momentos han estado oscilando entre 1,30 y 1,80 CUC por dólar. Esto es consecuencia de dos fenómenos concretos: a) la ruptura de la “caja de conversión” que sustentaba la condición de convertibilidad del CUC a una paridad de 1 USD = 1 CUC y según la cual solo se emitirían CUC como USD existieran para respaldarlos y b) la reaparición de un mercado en el que solo se opera en MLC, por lo que la demanda por las divisas foráneas aumenta considerablemente. La sobrevaloración de una moneda nacional desestimula las exportaciones porque las encarece y estimula las importaciones porque las abarata relativamente. Si se adopta un tipo de cambio de partida, de forma administrativa, que no refleje las condiciones reales de la economía, se reproducirán las distorsiones actuales, porque el tipo de cambio es el precio relativo que permite conectar la economía de cualquier país con la economía internacional. Por esa razón, en lugar de adoptar medidas administrativas sería mucho mejor tener en cuenta las señales que ofrece el mercado. Así las cosas, el CUP podría cambiarse a 25 por CUC actuales para efectos internos, pero el tipo de cambio del USD con el CUP que se establezca como nivel de partida, debería considerar esas señales del mercado y, por tanto, devaluarse en lugar de revaluarse.
  3. Para que el peso cubano (CUP) sea realmente convertible debe asegurar su plena convertibilidad interna, garantizando el funcionamiento adecuado del mercado cambiario y permitiendo que la moneda nacional opere de manera plena con fuerza liberatoria ilimitada y curso forzoso en todo el territorio nacional, lo cual cuestiona el funcionamiento de las nuevas tiendas en MLC, fuertemente criticadas por la población por justas razones.
  4. Nada de esto tiene sentido si no se adoptan las medidas económicas necesarias para impulsar la producción de bienes y de servicios. Si no se adoptan las medidas para aumentar la oferta de bienes y de servicios, se corre el riesgo de una espiral inflacionaria, que si se pretende impedir de forma artificial, con los racionamientos o con topes de precio, se manifestará en la forma ya conocida de “inflación reprimida”, que no es otra cosa que la escasez y las colas y la dinamización del mercado subterráneo. Así las cosas, lo más adecuado sería eliminar todas las cortapisas que han impedido el desarrollo de la producción de bienes y de servicios por parte de productores privados y cooperativos, junto a la autonomía operativa y financiera de las empresas estatales. En tal sentido, es imprescindible adoptar la secuencia adecuada y ello significa que lo primero sería eliminar las restricciones actuales al funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) privadas y cooperativas, las cuales, en un clima adecuado podrían absorber la fuerza de trabajo que actualmente resulta excesiva en el sector estatal y podría producir bienes y servicios que el sector estatal se ha mostrado incapaz de producir. Para ello es necesario crear el clima institucional adecuado para promover el ahorro interno y la inversión tanto foránea como doméstica, sin restricciones de tipo de propiedad. Esto debería ir acompañado de la modificación de las normas adoptadas recientemente para regular la participación del sector privado y cooperativo en el comercio exterior que son, a todas luces, inadecuadas.

El costo económico y político de continuar despreciando las leyes económicas puede ser muy grave para el país. La política económica debería orientarse a la adopción de las medidas que permitan salir de la crisis y conducir a una ruta de crecimiento sostenido que tenga un efecto positivo en el mejoramiento del nivel de desarrollo económico y social, superando las barreras ideológicas derivadas de concepciones dogmáticas.

8 septiembre 2020 26 comentarios 71 vistas
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La “nueva” política económica

por Mauricio De Miranda Parrondo 18 julio 2020
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

El gobierno cubano ha anunciado una serie de nuevas medidas económicas, muchas de las cuáles habíamos sugerido varios economistas desde hace mucho tiempo, pero como dice el dicho: “mejor tarde que nunca”. No obstante, no están todas las que son y algunas, en mi opinión, no son adecuadas. Las medidas se incluyen en lo que se ha denominado una “Estrategia económica y social para el impulso de la recuperación”.

Principios de la “Estrategia”

De acuerdo con el ministro de Economía, Alejandro Gil, los principios que guían esta estrategia son los siguientes: 1) Mantener la planificación centralizada (la cual, aclaró, no significa asignación centralizada de recursos); 2) Depender más de la producción nacional y desterrar la mentalidad importadora; 3) Regulación del mercado por métodos principalmente indirectos; 4) Complementariedad de los diferentes actores económicos (estatales y no estatales, todos juntos); 5) Papel dinamizador de la demanda interna; 6) Dotar de mayor autonomía de gestión a las empresas estatales para que sean eficientes y establecer reglas de juego similares para todas las formas de gestión económica; 7) Implementar “aspectos claves ya aprobados” sobre las diversas formas de propiedad (“redimensionamiento” del sector estatal, gestión no estatal, etc), 8) Incentivar la competitividad, el ahorro, el aumento de la eficiencia y la motivación para el trabajo, a través de incentivos y 9) Mantenimiento de una política ambiental activa que se corresponda con el modelo social.

En lo fundamental, estos principios son correctos de acuerdo con el modelo económico del país pero el problema radica en su implementación, porque esos principios deben traducirse en medidas concretas que aseguren su cumplimiento o de lo contrario no pasarían de simples intenciones. Además, creo que valdría la pena hacer algunas precisiones.

Resulta interesante la aclaración de que mantener la planificación centralizada no significa mantener la asignación centralizada de recursos porque varios economistas hemos llamado la atención acerca de que en Cuba pareciera que se realiza una asociación de identidad entre los verbos planificar y asignar. En mi opinión, en Cuba realmente no se ha logrado planificar centralmente sino asignar centralmente los recursos. La planificación de la economía nacional ha adolecido de muchísimas deficiencias, afectadas por fenómenos tales como el excesivo voluntarismo político, el desconocimiento de las realidades del mercado y la excesiva centralización de las decisiones que frena la iniciativa empresarial. La planificación es algo mucho más complejo y requiere de una serie de condiciones técnicas y un preciso sistema de información con el que, en la actualidad, no se cuenta.

Resulta muy importante que se adopten las medidas necesarias para que el país dependa más de la producción nacional y menos de las importaciones. Pero al aludir a la necesidad de “desterrar la mentalidad importadora” pareciera que el problema es subjetivo, mientras que en realidad tiene factores objetivos determinantes. El problema no es de mentalidad sino de que Cuba ha sufrido una involución de su estructura productiva que se expresa, entre otras cuestiones, en la destrucción de la agroindustria azucarera, así como en el debilitamiento del tejido industrial que tenía el país en la producción de bienes tales como alimentos, textiles, confecciones, muebles, enseres y otros bienes de consumo. A esto se le une la escasa producción agrícola, pesquera y ganadera y queda claro un cuadro que define una estructura productiva que está muy lejos de satisfacer las necesidades del mercado doméstico. Entonces, el problema no es de mentalidad, es de estructura del sistema productivo. Cuando se insiste en liberar las fuerzas productivas, justamente se está pidiendo que se adopten las medidas necesarias para facilitar que las empresas nacionales (con independencia de su tipo de propiedad) puedan dedicarse a esas y otras actividades productivas que, por una parte, generan empleo y por otra parte, crean bienes y servicios que cubren necesidades por largo tiempo insatisfechas.

La discusión sobre la necesidad de la existencia del mercado en el sistema que ha sido llamado “socialismo” es tan vieja como el mismo sistema. Pero ya desde los años 20’s del siglo pasado se hizo evidente que abolir el funcionamiento del mercado no solo era una utopía sino un grave error. Sin embargo, esta discusión ha estado presente en la historia el “socialismo realmente existente” de forma recurrente en todos los países y en diversas condiciones históricas. En aquellos países en los que se ha subvalorado el papel del mercado y se ha tratado de restringir su acción, el sistema se ha vuelto económicamente inviable y ello ha conducido a su inviabilidad política. Si algo demuestran las experiencias exitosas, desde el punto de vista económico, de China y Vietnam, ha sido que sus liderazgos respectivos comprendieron que al estimular el desarrollo de los mercados y el emprendimiento se crean las condiciones para el incremento de la producción de bienes y servicios y también para el mejoramiento del bienestar de la población. No comprender esto es un dogma ideológico que debe ser superado si realmente se pretende adoptar una política económica que conduzca a un mayor bienestar de la sociedad.

Ahora bien, algo que incluso se hace en países con economías mixtas que funcionan adecuadamente es “regular el mercado”, lo cual se traduce en que el Estado debe adoptar reglas de juego estables, transparentes y claras que impidan, por ejemplo, la aparición de fenómenos indeseables tales como la formación de estructuras monopólicas u oligopólicas, o fenómenos de marcada desigualdad social, o una proliferación de la pobreza. Valdría la pena conocer cuáles son las medidas de “regulación indirecta” de las que habló el ministro porque hasta ahora lo que ha predominado es el control por asfixia.

Resulta muy importante que se reconozca la necesaria complementariedad de lo que se denominan diversas formas de gestión para diferenciar entre las estatales y “no estatales” (privadas y cooperativas). Al mencionar la frase “todos juntos” esperaríamos que, finalmente, se le ponga fin a la tan manida estigmatización de los trabajadores por cuenta propia, así como de los negocios privados y ésta sea reemplazada por el reconocimiento al positivo papel que todos podemos desempeñar en la superación de la crisis estructural actual, que ha sido agudizada por la pandemia pero que tiene raíces mucho más profundas que afectan la estructura misma del sistema económico. En consecuencia, la regulación “por métodos indirectos” debería conducir a un nuevo sistema de impuestos que estimule el desarrollo de las diversas actividades de producción de bienes y de servicios.

La demanda interna juega un papel dinamizador en cualquier economía. Sin embargo, no debe confundirse el concepto de demanda con el de necesidad. En Cuba la escasez generalizada de bienes esenciales para la vida moderna se combina con una insuficiente demanda solvente de la mayor parte de la sociedad, sencillamente porque los ingresos de la mayoría de la población no son suficientes para asegurar el consumo de una canasta básica de bienes y de servicios adecuados para las condiciones de la vida moderna. En cualquier sociedad, la demanda interna juega un rol fundamental en el crecimiento económico porque la oferta trata de satisfacer esa demanda y en ello, se combinan los intereses de los productores y de los consumidores. Pero Cuba está encerrada en un círculo vicioso, por una parte, la producción no es suficiente para satisfacer las necesidades de consumo y por otra, la capacidad de compra de la mayor parte de la población, a partir de sus ingresos relacionados con el trabajo, resulta insuficiente para que con esos ingresos se puedan adquirir dichos bienes a los precios existentes. Este círculo vicioso no lo resuelven aumentos de salarios por decreto sino que resulta imprescindible que los ingresos por el trabajo sean suficientes para asegurar la satisfacción de esas necesidades esenciales crecientes. El presidente de CIMEX dijo que las ventas de electrodomésticos y otros productos de “gama alta” habían superado las expectativas. Eso puede llevar a cuentas alegres equivocadas. La demanda interna no puede depender de las remesas sino de los ingresos generados por la sociedad mediante el trabajo productivo. Lo otro sería construir una economía parasitaria que necesita permanentemente de los flujos externos para poder funcionar porque es incapaz de sostener su sistema productivo doméstico. Entonces, para que la demanda interna juegue un papel dinamizador en la economía es imprescindible que se creen las condiciones para que aumente el ingreso de la población mediante el trabajo.

La autonomía de las empresas estatales es una necesidad imperiosa en el reordenamiento económico del país y esto no tiene nada de coyuntural, es de la estructura misma del sistema económico. Esto está planteado en los “lineamientos”, en “la conceptualización del modelo” y en el “plan de desarrollo” pero no se ha traducido en medidas concretas. Todo lo contrario. Cuando se crearon las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) se estableció un nuevo eslabón entre las empresas y los ministerios que complicó aun más el sistema de dirección de la economía. Uno esperaría que esta autonomía se traduzca en aspectos tales como: a) facultades a la dirección de las empresas para la toma de las decisiones económicas, financieras, organizativas y operativas fundamentales de las mismas, b) participación directa y real de los trabajadores en las decisiones fundamentales de las empresas y en la elección de sus dirigentes, y c) asegurar la contribución económica de dichas empresas al presupuesto solo a través del sistema de impuestos.

No entiendo por qué un principio de una “estrategia” tiene que ser implementar lo que ya había sido decidido. Así las cosas, declarar que es necesario “implementar” cuestiones ya decididas hace tiempo, tales como el “redimensionamiento” del sector estatal, aspectos relacionados con las “formas de gestión no estatal”, etc, nos lleva a preguntarnos ¿por qué no se ha hecho a pesar de que estaba decidido? ¿cómo se va a hacer? La realidad es que en esto se ha avanzado muy poco y nuevamente se anuncia la intención pero no se precisa cómo se va a implementar. Vale la pena mencionar que, en realidad, el llamado “redimensionamiento” del sector estatal (léase reducción de trabajadores, sobre todo en el sector presupuestario) se podría complementar con la potenciación de las formas no estatales de gestión, si es que se quiere evitar, como es de suponer, que miles de trabajadores se queden sin fuente de sustento.

El sentido común sugiere que es necesario crear las condiciones para el desarrollo de la competitividad y la eficiencia y en ello la política económica puede jugar un rol fundamental a través del sistema de incentivos. Incentivar la motivación por el trabajo no se logra con consignas. Eso está más que demostrado pero en Cuba se ha persistido excesivamente en estos mecanismos de movilización social que se agotan muy rápidamente. La motivación principal para el trabajo, además de lo reconfortante que puede ser que resulte profesionalmente estimulante, reside en que mediante su desempeño se reciban ingresos que permitan satisfacer necesidades de consumo y de ocio, así como asegurar una vida digna. Si el trabajo no permite desarrollar una vida digna no será motivante y, por tanto, se afectará su calidad y su productividad, salvo en el caso de las minorías abnegadas que también puede llegar el momento en que dejen de serlo.

Las medidas asociadas a los “Principios”:

Algunas medidas concretas fueron anunciadas en correspondencia con estos principios:

  1. Fomentar la producción nacional de alimentos. Algunos elementos que apoyarían esto serían: la creación de un Banco de Fomento Agrícola, la flexibilización de la comercialización de este tipo de productos, el impulso a la agroindustria azucarera, el cumplimiento de los sistemas de cobros y pagos y la transformación de las empresas estatales del sector. Mi observación en este punto es que resulta imprescindible crear todos los mecanismos posibles de estímulo a la producción de alimentos. Es inconcebible que el país no pueda asegurar con producción propia la mayor parte de los alimentos que consume. En esto el retroceso que muestra Cuba es inobjetable y se debe a decisiones económicas y políticas erradas que deben ser enmendadas. Nadie sabe mejor que los campesinos qué puede y debe producir. La política agraria debe estar orientada a incentivar la producción para que con la satisfacción de las necesidades de la sociedad los campesinos satisfagan su propio interés.
  2. Autonomía de la empresa estatal. Flexibilización de los objetos sociales de las empresas estatales. Eliminación de la tutela desde los ministerios. Esta medida aun no está suficientemente desarrollada y tendremos que ver cómo se plantea su implementación práctica
  3. Diseño de las Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas, no solo privadas y cooperativas sino también estatales. Finalmente se reconoce la necesidad de dar vía a una necesidad imperiosa del sistema productivo cubano. Se hizo mucho énfasis en que no solo serían formas no estatales sino también estatales e incluso mixtas. En diversas ocasiones varios economistas hemos escrito acerca de la necesidad de promulgar una Ley de Empresa que regule la creación de empresas con personalidad jurídica propia, con independencia del tipo de propiedad. Lo más importante es que tanto el marco legal como el sistema impositivo sean iguales y no privilegien a un tipo de propiedad sobre los otros.
  4. Las empresas no estatales podrán realizar actividades de comercio exterior (exportaciones e importaciones) mediante contratos con empresas estatales designadas para estos efectos. En mi opinión, esta es una medida inadecuada porque cualquier empresa, sea estatal, mixta, cooperativa o privada, debería tener la facultad de exportar e importar con toda libertad sin la necesidad de pasar por el “tamizaje” y mucho menos de pagar el “peaje” que significa el pago de servicios a la empresa del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera que será la que realmente exporte o importe. En realidad, bajo estas condiciones, el Estado conserva el monopolio del comercio exterior que ha demostrado no ser eficaz. Aunque se diga que se desarrollarán estas tareas mediante contratos, es sabido que si solo se puede contratar con el Estado será éste el que impondrá las condiciones, por lo que los contratos no serán establecidos en pie de igualdad. En esos contratos se establece no solo el cobro de una comisión de servicio, además del cobro de trámites logísticos por parte de la empresa estatal, sino que, por ejemplo, para el caso de los exportadores implicará que una parte de sus ingresos en monedas libremente convertibles se consignará en las cuentas en divisas y la otra se cambiará a pesos cubanos (CUC o CUP). Las preguntas que surgen tras esta medida son: ¿a cuál tasa de cambio?, ¿cada dólar ingresado por exportaciones se cambiará por 24-25 pesos cubanos (CUP)?, ¿funcionará esto así para las empresas estatales que exporten? ¿cómo obtienen divisas los que necesiten realizar importaciones de insumos?, ¿podrán comprarlos en el mercado cambiario o necesitarán que se los envíe un familiar o amigo desde el exterior? ¿a cuál tasa de cambio? Esto pone de relieve un eterno problema no resuelto del sistema económico cubano y es el que tiene que ver con su distorsionado sistema monetario y cambiario, cuya solución no aparece en el horizonte de las medidas anunciadas y sin lo cual todo paquete de medidas se queda corto.
  5. Incentivar la participación de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sistema productivo cubano, especialmente en la producción de alimentos para sustituir importaciones. Es sabido que la IED es una variable fundamental en cualquier estrategia que se oriente al fomento de la producción nacional porque proporciona recursos de capital fresco, transfiere “know how” y además puede conectar la producción nacional con cadenas internacionales de valor. China y Vietnam lograron potenciar sus economías, cambiaron positivamente sus estructuras productivas, mejoraron su inserción internacional y lograron incrementar el bienestar de sus sociedades respectivas (aunque estén lejos aun de ser sociedades democráticas y plurales) en gran medida gracias a incentivar la IED sin restricciones. El sistema de autorización de IED en Cuba es aun excesivamente discrecional, se concentra en un portafolio específico, y requiere de trámites largos y complicados. Sin embargo, para fomentar la IED es imprescindible que las reglas de juego sean transparentes, que el sistema judicial y de arbitraje sean realmente independientes del gobierno, que existan mecanismos eficaces de control de la corrupción, lo cual se resume en un sistema institucional transparente, eficaz y abierto.
  6. Perfeccionamiento del sector no estatal. Con esto se pone fin al tan dilatado e incomprensible “experimento” de las cooperativas, lo cual hace suponer que se impulsará la creación de nuevas cooperativas no agropecuarias. Se anuncia una mayor flexibilidad y ampliación del trabajo por cuenta propia. ¿Se pasará del actual sistema de actividades económicas permitidas a uno en el que se permita todo lo que expresamente no se prohibe?

Una de las cuestiones que llama la atención fue la declaración del ministro de Economía de que estas medidas “llegaron para quedarse”. Uno de los mayores problemas de la organización económica cubana, sobre todo desde los años 80’s, ha sido que los cambios económicos se han producido en momentos de crisis muy aguda (y este tiempo lo es) y cuando esa profunda crisis se supera (sin que se llegue a una bonanza que en realidad no ha existido en las últimas seis décadas), entonces se paralizan las reformas, se fortalece la centralización y se refuerza la economía de “ordeno y mando”. La economía de “ordeno y mando” no tiene un futuro promisorio, solo ha demostrado que es incapaz de promover el desarrollo o de asegurar el bienestar de la sociedad.

Venta de productos en divisas y eliminación del gravamen al dólar estadounidense:

Hacía unos días se rumoraba una medida que desató preocupaciones y críticas en diversos medios y era la decisión de incrementar el surtido de productos que se venderían en las tiendas en las que solo se podría operar con monedas libremente convertibles (MLC). Inicialmente estas tiendas fueron creadas ante la escasez generalizada de divisas en el país y la conversión, en la práctica, del peso convertible (CUC) en una moneda realmente sobrevalorada porque su nivel de circulación excede ampliamente la paridad con su supuesto respaldo, el dólar estadounidense. Así las cosas, se decidió permitir la creación de cuentas bancarias en MLC transferidas desde el exterior para que las personas naturales pudieran adquirir esos bienes “de gama alta” (para emplear el concepto utilizado por las autoridades cubanas), mediante el uso de tarjetas electrónicas. Ahora ya no solo serán “bienes de gama alta” sino también alimentos y productos de aseo que, dicho sea de paso, están escaseando gravemente en medio de la pandemia. Y es lógico que escaseen porque buena parte de esos productos son importados, porque no se producen en el país y no se producen, principalmente, porque el sistema económico no solo no ha generado los incentivos necesarios sino que incluso los ha destruido. Si a esto se suma que debido a la pandemia el turismo internacional se redujo a cero, los ingresos en divisas que ha tenido Cuba en los últimos cuatro meses han debido ser muy escasos (lamentablemente, el gobierno cubano no realiza informes periódicos sobre las principales variables de la economía y la situación financiera externa del país sigue siendo considerada secreto de Estado).

Aunque no se quiera admitir, estamos en presencia de una dolarización parcial de la economía y esa dolarización implica el funcionamiento de un mercado en MLC (de las que la más frecuente es el dólar estadounidense) en el que para acceder a él se requiere una transferencia desde el exterior, es decir que con los ingresos del trabajo no se puede acceder a esos bienes que en las condiciones de cualquier país normal se venderían en la moneda nacional del país. Se dolarizan los precios de los bienes que se ofrecen en ese mercado pero no se dolarizan los salarios de los trabajadores.

Desde el punto de vista económico parece una medida de imperiosa necesidad por la casi ausencia de alternativas de captación de divisas, pero desde el punto de vista político es una medida fatal porque profundiza aun más las desigualdades sociales que no son motivadas por diferencias de productividad o de formación profesional y técnica o incluso de esfuerzo o abnegación en el trabajo, sino que están motivadas por la posibilidad o no de recibir remesas desde el exterior. Hace casi treinta años se experimentó con un sistema parecido que al final no dio resultados adecuados porque profundizó las desigualdades por las mismas razones y además, invirtió la pirámide social.

Como paliativo, se anuncia que se mantendrá la venta minorista de estos productos en CUC o en su equivalente en CUP (a una tasa e cambio de 1 CUC = 25 CUP) “a pesar del alto costo que representa para el Estado adquirirlos”. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los productos que se venden en CUC (o su equivalente en CUP) son importados pero el problema principal es que con el salario promedio del país e incluso con los salarios más altos es imposible satisfacer necesidades de manera plena en esos mercados y a esos precios, porque los ingresos de la inmensa mayoría de la población son insuficientes para acceder incluso a esos mercados. ¿Puede un trabajador con un salario de una empresa estatal o de una entidad presupuestada acceder sistemáticamente a esos mercados con sus ingresos derivados del trabajo? ¿Puede un jubilado, incluso profesional, con una pensión de 310 CUP comprar un pollo importado (porque las granjas cubanas son incapaces de producir pollos) gastarse 5 CUC (125 CUP) en un pollo? ¿Cuántos días come un jubilado cubano con semejante ingreso? Y que conste que muy probablemente ese jubilado o jubilada fue una persona que puso su vida al servicio de la Revolución con abnegación y desinterés porque confiaba en un “futuro luminoso” que nunca llegó y que cada día se ve más lejos, hasta el punto de suponerse imposible.

Una medida que resulta muy adecuada es la supresión del gravamen del 10% a las transferencias en dólares estadounidenses. Habría que ver si también la aplicarán a los cambios de dólares por algunas de las monedas nacionales, que sería lo correcto. Se habla de los costos que significaba operar en dólares. Si los costos eran tan altos ¿por qué se aceptaba? o ¿por qué se sigue aceptando? No tiene sentido establecer un gravamen a la adquisición de una moneda que se necesita imperiosamente. En mi opinión, fue un error establecerlo en su momento y ahora se subsana, afortunadamente.

Finalmente, se establece la creación de un mercado mayorista para evitar que los trabajadores por cuenta propia tengan que adquirir sus insumos en las redes minoristas, pero este mercado se establece en MLC.

Una medida eternamente pendiente.

Algunos analistas consideran que la dolarización parcial de la economía en los años 90’s y el establecimiento de la dualidad monetaria cumplió su papel cuando fue establecida pero que después comenzó a crear más problemas de los que resolvía. En mi opinión, fue un error desde el principio. Nunca debió funcionar una dualidad monetaria y cambiaria. China y Vietnam utilizaron sistemas parecidos (tipos de cambio múltiples y diferenciados) pero con bastante celeridad fueron unificando sus sistemas cambiarios en medio de procesos de devaluación.

Al realizarse una dolarización parcial en la economía se dejó por fuera del proceso al resto del mercado que funcionaba solo en pesos cubanos (incluidos los ingresos de los trabajadores) y con ello se estableció una segmentación que desordenó el sistema contable, el sistema de precios y el funcionamiento mismo de la economía y marginó a los trabajadores cubanos de ese mercado “emergente” que funcionaba en la divisa estadounidense. Eso que debió ser algo temporal y específico se fue convirtiendo en permanente y general, con lo cual aquellas personas que no recibían ayuda de familiares o amigos desde el exterior o que no podían dedicarse a actividades por cuenta propia y obtener, por tanto, ingresos mucho más cercanos “a las condiciones del mercado”, fueron engrosando las filas de una pobreza silenciosa y jamás reconocida en las estadísticas oficiales.

Así las cosas, la solución del tema monetario y cambiario no solo es de urgencia económica sino también política. ¿Aceptará la población cubana que con estas medidas vuelve a ser marginada y diferenciada que esto se repita por otras décadas porque la dirección del país sigue buscando enfrentar los problemas persistentes con fórmulas viejas que demostraron su ineficacia a mediano y largo plazo?

Las condiciones actuales dejan sin efecto, en la práctica, el funcionamiento del CUC. No tiene sentido seguirlo emitiendo. De esta forma, el CUP recuperaría su condición de moneda nacional. Sin embargo, para que esto ocurra sin que se creen desequilibrios externos, parecería que la única opción sería devaluar sustancialmente su valor frente al dólar estadounidense o frente al euro. Esta devaluación, por otra parte, podría favorecer a la producción nacional porque encarecería relativamente las importaciones y abarataría relativamente las exportaciones, tanto de bienes como de servicios.

Una solución de anclaje nominal no resulta efectiva, como demuestra la experiencia histórica de su utilización en otros países de América Latina, porque no se avizora una recuperación del equilibrio externo en el corto plazo. Y si el equilibrio externo se rompe, el anclaje nominal deja de funcionar porque la moneda anclada tiende a sobrevalorarse. Esto es justamente lo que ha pasado tanto con el tipo de cambio oficial del CUP como con el tipo de cambio del CUC. Ambas son monedas, ancladas nominalmente al dólar estadounidense con un tipo de cambio fijo y por tanto sobrevaloradas, porque ese tipo de cambio no refleja la realidad económica.

En mi opinión, este proceso debería ir ligado a una reforma profunda del sistema económico, que reduzca significativamente el nivel de empleo en el sector estatal presupuestado, aboliendo una serie de actividades que no deberían desarrollarse con cargo al presupuesto y estimular, en cambio, el traspaso de buena parte de esa fuerza de trabajo empleada a actividades por cuenta propia, o a formas “no estatales” de gestión o también a empresas estatales (cuyo funcionamiento no depende del presupuesto). De esta forma, el sector estatal presupuestario podría reorganizarse incrementando salarios y pensiones.

Una moneda nacional con una tasa de cambio debidamente fundamentada contribuiría significativamente al restablecimiento los equilibrios perdidos en la economía nacional, permitiría el establecimiento de precios relativos que tendrían en cuenta las condiciones internacionales y permitiría que las señales del mercado actuasen eficazmente e incluso faciliten el proceso de regulación estatal de éste.

A manera de resumen.

El gobierno cubano adopta una serie de medidas económicas adecuadas, aunque algunas de ellas están pendientes de ser precisadas en su implementación, especialmente las que se relacionan con la creación de microempresas, pequeñas y medianas empresas tanto estatales como no estatales, las relacionadas con una reforma de la empresa estatal apuntando hacia su autonomía económica y operativa, la creación de mercados mayoristas (aunque no solo deberían crearse en MLC), y la flexibilización del trabajo por cuenta propia.

La venta de mercancías en MLC es una medida de imperiosidad económica pero contiene un peligro político que, probablemente, no se ha considerado adecuadamente.

Continúa dilatándose la solución del problema relativo a la multiplicidad de monedas (agravado ahora con la irrupción de MLC que, en tanto depósitos a la vista son equivalentes a dinero en circulación) y de la multiplicidad de los tipos de cambio que siguen generando distorsiones e incentivos negativos en la economía nacional.

Finalmente, falta un planteamiento integral que permita delinear una estrategia para el fomento de la producción industrial y agropecuaria que modifique la actual cuasi parálisis y los serios problemas de eficiencia, productividad y competitividad de esos sectores.

18 julio 2020 26 comentarios 54 vistas
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