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Mauricio De Miranda Parrondo

Mauricio De Miranda Parrondo

Economista cubano. Doctor en Economía Internacional y Desarrollo. Profesor Titular e Investigador de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.

Discrecionalidad

Discrecionalidad y opacidad en el mercado cambiario cubano

por Mauricio De Miranda Parrondo 16 mayo 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

El gobierno cubano parece decidido a seguir haciendo las cosas mal. Como he escrito en varias oportunidades, la unificación cambiaria se produjo a destiempo, a una tasa de cambio sobrevaluada y en medio de una re-dolarización parcial de la economía que no condujo a la soberanía monetaria del peso cubano en las transacciones domésticas.

Ahora se anuncia un nuevo desatino, la venta de divisas por parte del gobierno a «ciertos actores económicos» a un precio superior a los 24 pesos por dólar de la tasa oficial pero inferior a los 125 pesos promedio del mercado informal para el dólar depositado en cuentas, o a los 115 en que se vende el efectivo, según la tasa representativa del mercado que publica El Toque.

El gobierno insiste en administrar centralmente la economía porque es la única forma de mantener el alto nivel de discrecionalidad que caracteriza su gestión y que institucionaliza la falta de transparencia con la que se está construyendo el mercado en Cuba, lo que constituye un camino expedito para el fomento de la corrupción.

El regreso a los tipos de cambio múltiples

El único elemento positivo de la llamada Tarea Ordenamiento fue la unificación cambiaria, es decir, el establecimiento de un tipo de cambio único. De hecho, no se produjo la eliminación de la dualidad monetaria que varios economistas reclamábamos desde hace varios años. Con esta nueva decisión que acaba de anunciarse, se abandona esa unificación cambiaria y se regresa a un sistema de tipos de cambio múltiples que hace algunos años se establecieron para las relaciones entre el Estado y ciertos productores que suministraban mercancías al sector turístico.

La mayor parte de los textos de Economía, y la experiencia práctica de la política cambiaria en muchos países, demuestran que los tipos de cambio múltiples tienen efectos económicos nocivos porque favorecen a los grupos beneficiados con un tipo de cambio «preferencial» frente al resto de la sociedad y, en consecuencia, añaden incertidumbre en el mercado cambiario. Al mismo tiempo, son una forma de extraer recursos de la actividad económica por parte del Estado.

En cualquier mercado cambiario existe una diferencia entre el tipo de cambio de compra —que es al que los bancos o casas de cambio adquieren las divisas extranjeras— y el tipo de cambio de venta, que es al que las ofrecen. Ese diferencial constituye la utilidad por la gestión de intermediación en los mercados de divisas.

En los países con mercados transparentes el diferencial suele ser muy pequeño, y en la medida en que las divisas extranjeras se vuelven más escasas suele incrementarse esa diferencia. Sin embargo, esto es algo que ocurre de forma normal en cualquier mercado cambiario. No obstante, el actual anuncio del gobierno cubano no se refiere a la intermediación, sino al uso de un tipo de cambio diferente al oficial para «ciertos» actores económicos, lo cual indica que se estipularía para algunos y no para todos, añadiendo más opacidad a la forma en que opera la economía centralmente administrada.

Discrecionalidad

Por otra parte, esta medida significa el reconocimiento implícito del error cometido al establecer un tipo de cambio oficial sobrevaluado que no tenía en cuenta las condiciones del mercado, lo que favoreció la dinamización del mercado informal en el que las divisas extranjeras se venden a un precio varias veces más alto que el oficial. Sin embargo, en lugar de corregir el error, las autoridades optan por usar su discrecionalidad para beneficiar a unos sobre otros a través de los tipos de cambio múltiples.

Mientras tanto, se sostiene una tasa de cambio oficial ficticia a través de la cual se extraen recursos a los exportadores, inversionistas foráneos, receptores de remesas y a los turistas que decidan convertir sus divisas en pesos cubanos a través de los bancos o entidades que se establezcan a esos efectos.

Soberanía del peso, tipo de cambio flexible y mercado formal transparente y unificado

Las acciones erróneas del gobierno cubano han estimulado un mercado informal muy dinámico, en el que se reflejan las expectativas pesimistas que la ciudadanía tiene respecto al futuro de la economía nacional.

Si un gobierno decide imponer precios a bienes o servicios por debajo de lo que sugiere la correlación entre la oferta y la demanda que determina el equilibrio del mercado, el resultado es la escasez en los mercados formales y la comercialización de dichos bienes y servicios en los mercados informales a un precio más alto.

Este es un hecho irrefutable de la economía, cuyo desconocimiento por parte de las autoridades de un país tiene efectos negativos para los consumidores, porque usualmente esos precios suelen ser superiores a los que habría en un mercado formal que no estuviera intervenido por precios topados. Mientras tanto, los mercados informales suelen beneficiar a quienes operan en los mismos, gracias a las ganancias extraordinarias que obtienen.

El tipo de cambio es el precio de las divisas extranjeras expresado en unidades de la moneda nacional de un país. Cuando los mercados cambiarios funcionan de forma transparente, es la correlación entre la oferta y la demanda la que establece ese precio. Si un gobierno decide intervenir en dicho proceso y establece un precio de las divisas por debajo del que asegura el equilibrio del mercado, estas desaparecen del mercado formal y se comercializan en el informal a un precio superior. Eso es lo que ha ocurrido en Cuba.

Ni estancada, ni en retroceso, nuestra economía avanza gradualmente. @MEP_CUBA https://t.co/Zp9eMOyz8r

— Alejandro Gil Fernández (@AlejandroGilF) May 15, 2022

Existen una serie de condiciones que explican el alto precio de las divisas extranjeras en el mercado informal. La primera es precisamente la inexistencia de un mercado institucional transparente, que garantice la convertibilidad doméstica del peso cubano. En segundo lugar, la incapacidad de la economía nacional de generar suficientes ingresos por exportaciones de bienes y servicios que generen mayor oferta de divisas en el mercado doméstico, lo que se agrava ante la demanda creciente de importaciones que resulta de la parálisis de la industria nacional y de los problemas que afectan a la agricultura.

En tercer lugar, la creación y defensa a ultranza de las tiendas en monedas libremente convertibles (MLC) por parte de las autoridades, elevó la demanda de divisas extranjeras para satisfacer necesidades básicas en el mercado interno. Esto, en condiciones de una fuerte escasez de las mismas constituye una razón evidente para el aumento de su precio.

En cuarto lugar, y muy relacionado con lo anterior, al no ser soberano en todas las transacciones domésticas, el peso cubano pierde valor ante la ciudadanía. Adicionalmente, la depreciación del peso cubano también es consecuencia de la nueva sangría migratoria, que resulta de la pérdida de confianza de la población respecto al futuro del país, porque las personas que desean abandonar la Isla generan una demanda adicional de divisas.

Las nuevas medidas adoptadas por el gobierno, lejos de constituir una solución al problema cambiario lo agravan, porque crean las condiciones para el fomento de la corrupción al otorgar un tratamiento preferencial a ciertos actores del mercado, fomentan la información asimétrica y añaden opacidad al mercado.

Existen países que, ante la imposibilidad de sostener un sistema monetario propio, han escogido usar las monedas de otros para sus transacciones domésticas. Tales son los casos de Panamá, Ecuador y El Salvador, que usan el dólar, y de Montenegro que usa el euro. El balboa panameño solo existe como unidad de cuenta y en la circulación de monedas fraccionarias.

Cuba usó monedas extranjeras en sus transacciones domésticas en los primeros años de la República. Solo a partir de la Ley de Defensa Económica, del 29 de octubre de 1914, estableció el peso cubano como moneda nacional, aunque el dólar estadounidense conservó fuerza liberatoria plena hasta el triunfo de la Revolución. La moneda cubana estaba atada al patrón oro a través de su anclaje nominal al dólar, y así se mantuvo hasta que con la implantación de la economía centralmente dirigida, el peso se tornó inconvertible en el mercado doméstico hasta la década de los noventa del siglo pasado.

Discrecionalidad

(Foto: Cibercuba)

En varias oportunidades he señalado que no es correcto dolarizar parcialmente el mercado porque, entre otras cosas, se dolarizan los gastos pero no los ingresos y se profundizan las brechas sociales entre quienes tienen acceso a las divisas y quienes no. Si un país requiere dolarizar debe hacerlo de forma completa.

Sin embargo, es necesario tener claro que al hacerlo se está cediendo la soberanía monetaria al país cuya moneda se adopta, y el banco central pierde la posibilidad de conducir la política monetaria. Al mismo tiempo, cuando existan choques externos y se debilite la balanza de pagos internacionales, al carecer de una moneda nacional propia no puede utilizarse la devaluación como válvula de escape de esos desequilibrios externos.

Por eso, en mi opinión, es necesario conservar el peso cubano, pero no tiene sentido hacerlo si no se le dota de soberanía total en las transacciones domésticas a través de su curso legal forzoso y fuerza liberatoria ilimitada dentro del territorio nacional.

Por otra parte, no considero adecuado que exista un tipo de cambio fijo artificial y sobrevaluado que no refleja las condiciones reales del mercado. En consecuencia, es preferible establecer un sistema flexible, en el que el tipo de cambio esté determinado por un mercado formal al que acudan todos los actores del mismo, a saber: exportadores, importadores, inversionistas, receptores de remesas y ciudadanos en general, con una banda de intervención que permita al Banco Central evitar operaciones especulativas contra el peso cubano.

No es admisible seguir adoptando medidas conducentes a crear mercados distorsionados, de los que se benefician unos mientras que la excesiva discrecionalidad y opacidad de las instituciones extractivas afectan a otros, por lo general a la mayor parte de la población. Esta es una demostración más de la urgencia de democratización de nuestro sistema político, de forma tal que la sociedad disponga de mecanismos para ratificar o rechazar la gestión de quienes gobiernan y los pueda elegir directamente.

16 mayo 2022 35 comentarios 967 vistas
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Problemas

Los problemas de las empresas y los mercados en Cuba

por Mauricio De Miranda Parrondo 6 mayo 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

En días pasados, el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil presentó un informe sobre el desempeño de las empresas estatales en los dos primeros meses del año que, de alguna manera, muestra los graves desequilibrios del sistema empresarial cubano en condiciones de fuertes presiones inflacionarias y mercados desabastecidos.

De acuerdo con el informe, entre enero y febrero de 2022, de 1.355 empresas estatales informadas, 479 (35,4%) reportaron utilidades superiores al 150% por encima de su plan, en tanto 467 (34,4%) reportaron pérdidas. De ellas, 124 en la agricultura, 55 en industria azucarera, 27 en alimentaria, 19 en construcciones, 14 en industria manufacturera, 15 en transportes y 136 de subordinación local.

Así las cosas, dos tercios de las empresas estatales fueron rentables, aunque con resultados notablemente dispares, debido a que 849 obtuvieron niveles de utilidades superiores al 15% de las ventas y de ellas 129 superaron el 50%, mientras que 297 solo tuvieron beneficios inferiores al 2%. Resulta inexplicable entonces que con tales niveles de ganancias los mercados en Cuba continúen desabastecidos en una amplia gama de bienes.

Problemas

Alejandro Gil (Foto: Estudios Revolución)

Los problemas del sector empresarial estatal cubano

Si bien los resultados del ejercicio de los dos primeros meses del año no son suficientes para evaluar al sector empresarial, sí constituyen indicios de una serie de problemas estructurales que lo afectan.

Entre los más importantes, resulta necesario mencionar: 1) el predominio de estructuras monopólicas de las que disfrutan las empresas estatales en una parte muy importante de la economía nacional; 2) persistencia de altos niveles de ineficiencia en una parte considerable del sector; 3) sobrecostos debidos al sostenimiento de estructuras burocráticas; 4) insuficiente autonomía económica, financiera y de gestión; y 5) ausencia de una cultura de emprendimiento empresarial.

Las empresas estatales que disponen de condiciones de monopolios se benefician de la ausencia de competencia en el sentido de que no se ven retadas por otras empresas que produzcan con menores costos, mejor calidad u ofrezcan mejores servicios o menores tarifas. Eso les permite obtener utilidades extraordinarias incluso cuando no satisfacen la demanda del mercado. ETECSA es un ejemplo de esta situación.

Los altos niveles de ineficiencia están asociados con altos costos de producción, insuficiencia de disponibilidad de materias primas que en muchas ocasiones producen la interrupción de los procesos productivos, mientras deben asumir los costos fijos, así como una grave obsolescencia tecnológica que afecta a gran parte del sector productivo del país.

Las empresas estatales carecen de autonomía en su gestión, lo cual tampoco les permite asumir la responsabilidad que deriva de esa autonomía. La tradición directiva desde los ministerios y las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y las escasas competencias de que disponen los gerentes han determinado una ausencia de cultura de emprendimiento empresarial en el sector estatal cubano.

La solución de estos problemas no puede lograrse con cambios cosméticos o parciales, sino con una profunda reforma de los mecanismos de funcionamiento del sistema económico.

Los problemas del naciente sector empresarial privado y cooperativo

En agosto de 2021 se adoptaron los decretos leyes que regulan el funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y cooperativas no agropecuarias (CNA). De acuerdo con las cifras publicadas por Cubadebate, hasta mediados de enero de 2022 se habían aprobado 1.422 MiPymes privadas, 27 estatales y 22 CNA.

El 58% de las MiPymes provienen de antiguos trabajadores por cuenta propia. El 22% se dedica a la producción y comercialización de alimentos, 25% a otras producciones, 9% a servicios informáticos y 31% a otros servicios y solo 32 de ellas realizaron operaciones de exportación. Mientras tanto, aún no se observa un impacto notorio en el empleo, puesto que se reportaron 36.650 trabajadores entre socios y contratados.

Entre los problemas de este naciente sector en la economía cubana están las excesivas restricciones en actividades permitidas, pues se prohíben 112 de ellas, entre las cuales están una lista considerable de categorías profesionales.

Solo se considera la figura de «sociedades con responsabilidad limitada» como forma de organización mercantil, descartando la posibilidad de crear «sociedades anónimas» que podrían conducir al surgimiento de un mercado de capitales en el país.

También resulta negativa la imposibilidad de participar como socio en más de una MiPyme o CNA y la obligatoriedad de residir en el territorio nacional para crear una empresa.

La primera de estas restricciones, unida a las limitaciones impuestas al tamaño y magnitud de los negocios constituyen barreras al desarrollo de dichas empresas y de la capacidad que podría tener un inversionista exitoso de combinar su prosperidad personal con un mayor aporte al empleo y al desarrollo de la economía nacional. La segunda, obliga a los cubanos residentes fuera de Cuba a actuar a través de familiares y amigos, lo cual lesiona la transparencia de los negocios o a actuar como inversionista extranjero siendo cubano. En este último caso, hasta ahora al gobierno cubano no parecen interesarle pequeñas inversiones extranjeras.

Los nuevos negocios privados y cooperativos carecen de la posibilidad de operar directamente en el comercio exterior, debido a que el gobierno persiste en mantener el monopolio de esta actividad en empresas estatales, las cuales ofrecen sus servicios a un mercado cautivo ausente de competencia.

Por otro lado, aunque no se prohíbe expresamente la creación de empresas privadas y CNA en el comercio mayorista y minorista, el Estado, con la discrecionalidad de sus decisiones, asegura su monopolio mientras que sus limitados recursos no permiten abastecerlos adecuadamente. Esta posición de monopolio en el comercio doméstico conlleva al establecimiento de precios altos que aseguran beneficios, aunque no se satisfagan las demandas del mercado.

Problemas

Los problemas de los mercados en Cuba

Los mercados en Cuba adolecen de graves problemas, unos de carácter estructural y otros derivados de las decisiones de política económica.

La persistencia de los monopolios estatales en diversos tipos de producciones, servicios básicos, acopio, comercio mayorista, minorista y exterior, banca, entre otros, es un pesado lastre sobre el desarrollo de la economía nacional, la productividad y la eficiencia. Como quiera que las entidades monopolistas disponen de un mercado cautivo, no se ven obligadas a la innovación tecnológica, a la reducción de los costos y precios, y a la calidad de la producción o los servicios. Adicionalmente, en muchos casos conduce a la dilapidación de recursos y a prácticas corruptas.

La ausencia de un marco legal adecuado para el desarrollo de la actividad empresarial y la amplia discrecionalidad con la que cuenta el gobierno para autorizar tanto la creación de nuevas MiPymes y CNA, como proyectos de inversión extranjera otorga a los decisores un poder inmenso que en muchas ocasiones ejercen a partir de consideraciones subjetivas, lo cual puede acarrear decisiones erróneas frente a las cuales la sociedad carece de mecanismos para controlar.

A ello se suma que el mercado cubano se caracteriza por falta de transparencia y asimetría de la información. En él participan empresas que disponen de condiciones especiales de funcionamiento, integradas horizontalmente en varios sectores de la economía nacional que, además, están por fuera de la auditoría de los órganos de control del Estado, como es el caso del Grupo de Administración Empresarial S. A. (GAESA).

El mercado cubano sufre una persistente escasez de capitales, que se agrava con un insuficiente ahorro bruto interno, ambos aspectos limitan el desarrollo de las inversiones con recursos domésticos. Frente a esto la opción es promover la inversión extranjera directa. Sin embargo, para lograrlo debe mejorar considerablemente el riesgo-país, afectado en la actualidad por fenómenos como la incertidumbre, inestabilidad e inconsistencia de las políticas económicas, además de las limitaciones que ciertamente imponen las sanciones económicas desde los Estados Unidos.

Finalmente, en los últimos tiempos se han cometido graves errores políticos y de política económica que he analizado en otros textos, tales como la creación de las tiendas en moneda libremente convertible; la llamada Tarea Ordenamiento que estableció un tipo de cambio fijo sobrevaluado y sin un adecuado fundamento económico; las restricciones impuestas a los sectores privado y cooperativo; así como la alta concentración de las inversiones en el sector hotelero que ha contribuido al severo estancamiento y/o el deterioro de la industria, la agricultura, la infraestructura y los servicios sociales, incluso en las condiciones de la pandemia.

La solución de estos problemas no se asegura solo con reformas económicas, sino que requiere un profundo cambio institucional que permita la democratización de la sociedad y haga valer el principio constitucional según el cual la soberanía reside en el pueblo.

6 mayo 2022 25 comentarios 1.278 vistas
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Primavera de Praga

La Primavera de Praga. Realidades y lecciones

por Mauricio De Miranda Parrondo 28 abril 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

El 5 de abril de 1968, el Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia (PCCH) adoptó en sesión plenaria el Programa de Acción para una profunda reforma económica, política y cultural que debería conducir a un «socialismo con rostro humano».

El documento contenía las transformaciones que se pretendían como parte de lo que entonces se llamó la Primavera de Praga. Como es sabido, la dirección del PCCH, encabezada por Alexander Dubček, no pudo aplicarlo debido a la invasión de tropas soviéticas y de otros países del Pacto de Varsovia, ocurrida en agosto de ese mismo año bajo el argumento de «evitar la restauración del capitalismo».

Las reformas de Checoslovaquia se planteaban en momentos en que la dirigencia soviética, encabezada por Leonid Brezhnev, descartaba algunas de las medidas adoptadas bajo la dirección de Nikita Jruschov y prácticamente engavetaba las reformas económicas que trató de impulsar Alexei Kosyguin a fines de 1964, al asumir el cargo de primer ministro.

El rechazo soviético fue compartido por los líderes de Alemania Oriental, Polonia, Hungría y Bulgaria. La Rumania de Ceaușescu defendió el derecho de cada partido a adoptar soberanamente sus políticas, pero no apoyó las reformas de Dubček, y, al igual que en los demás países, impidió la publicación del Programa de Acción.

La crisis checoslovaca

Checoslovaquia fue uno de los países que menos profundizó en el proceso de desestalinización impulsado por Jruschov. Klement Gottwald, principal dirigente comunista checoslovaco, y representante fiel del estalinismo, falleció el 14 de marzo de 1953. Fue sucedido por Antonín Novotný, miembro del grupo más conservador y pro-estalinista del Partido. En 1957, tras el fallecimiento de Antonín Zapotocký, asumirá también la presidencia de la República como era usual en otros estados socialistas.

Bajo su gobierno se mantuvo una fuerte censura sobre la literatura, las artes y los medios de comunicación, así como métodos de administración centralizada de la economía. En materia económica, la versión checoslovaca del estalinismo fue un modelo de desarrollo basado en la industria pesada, a pesar de que ese país contaba, a diferencia de la mayor parte de los de Europa Oriental, con una tradición industrial en la parte checa que se remontaba al siglo XIX, cuando integraba el Imperio Austrohúngaro, pero centrada principalmente en la industria ligera y de bienes de consumo.

Primavera de Praga

Alexander Dubček

El cambio de modelo, unido a la ruptura de vínculos comerciales tradicionales con Occidente, trajo consecuencias negativas al desarrollo económico del país y al nivel de vida de la población. La atención a las demandas del mercado fue reemplazada por directrices centralizadas del Partido y del Gobierno. La dirección del país, parafraseando al Premio Nobel Paul Samuelson, escogió cañones en lugar de mantequilla. Para fabricar armas y otras maquinarias, redujo la producción de bienes de consumo y alimentos.

En la década de los sesenta, la economía checoslovaca había perdido dinamismo. El crecimiento promedio anual del producto material neto (PMN) (1) descendió de 8,1% en el quinquenio 1951-55,  a 7,0% en el período 1956-60 y a solo 1,9% entre 1961-65. (2) Ese descenso se notó especialmente en el bienestar de la población que, no obstante, era uno de los más altos de los llamados países socialistas.

Entre los principales problemas estructurales se identificaban: deficiencias del sistema de planificación centralizada que llevaba a decisiones voluntaristas sin considerar las realidades económicas; severos problemas logísticos; escasa diferencia salarial entre trabajadores con formación profesional y técnica y aquellos que no la tenían; escasez de materias primas; retraso tecnológico; escasa iniciativa empresarial en las empresas estatales; ralentización de la producción agropecuaria debido a la colectivización y a falta de incentivos de los agricultores.

En consecuencia, comenzaron a escucharse dentro de la academia y los sectores reformistas del Partido, voces favorables a la adopción de reformas que impulsaran el crecimiento y mejoraran el bienestar de la sociedad. En 1963 se creó una comisión de expertos encabezada por el economista Ota Šik, director del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia y miembro del Comité Central del Partido, con el fin de proponer medidas que permitieran superar el estancamiento.

Las conclusiones de la comisión resultaron una severa crítica a la burocratización de la economía, debido a la administración centralizada. Plantearon la necesidad de introducir mecanismos de mercado en la regulación de la producción, junto al mantenimiento de una planificación sustentada en realidades económicas y no en los deseos subjetivos de la burocracia; el uso de estímulos económicos para el impulso de la producción; el reconocimiento de la función económica de los precios y de su flexibilidad; que los colectivos laborales eligieran a los gerentes y existiera una mayor democratización de las decisiones económicas; entre otras cuestiones fundamentales de la construcción socialista.

El XIII Congreso del PCCH, en 1966, puso en marcha algunas propuestas de la comisión, pero no se obtuvieron resultados significativos, debido a que —de acuerdo con Luis Zaragoza en Las flores y los tanques. Un regreso a la Primavera de Praga— las medidas se aplicaron «de manera parcial, retardada e inconsecuente». El grupo conservador encabezado por Novotny, frenó las reformas porque ellas desmontaban el sistema centralizado en que se sustentaba su inmenso poder. El inmovilismo político se impuso a la reforma económica. Sin embargo, dentro de las máximas estructuras del poder político apareció un sector partidario de cambios económicos profundos.

En aquellos tiempos la idea del socialismo no era cuestionada por la mayor parte de la sociedad, pero se discutía sobre la gestión de la dirigencia y especialmente respecto a la desvinculación del partido con el resto de la población. Asimismo, se planteaba la necesidad de introducir cambios conducentes a una democratización, de ahí que, en la medida que se mantenían el estancamiento económico y la censura ideológica, crecieron los reclamos para una profunda reforma política.

Primavera de Praga

Antonín Novotný

Durante el 4º Congreso de la Unión de Escritores Checoslovacos, en junio de 1967, varios destacados miembros demandaron la eliminación de la censura e hicieron duras críticas a la política nacional e internacional. Entre ellos estuvieron Milan Kundera, Pável Kohout, Ludvík Vaculík, Jan Procházka, Antonín Liehm y Václav Hável. Esto desató una respuesta represiva por parte del aparato ideológico partidista, consistente en estigmatizaciones públicas y expulsiones del Partido.

El 30 de octubre comenzó la sesión plenaria del Comité Central, en la que el equipo dirigente presentó una resolución «sobre la posición y el papel del Partido en la fase actual de desarrollo de nuestra sociedad socialista» que, según Luis Zaragoza, causó decepción en un grupo importante de miembros del Comité Central por su enfoque conservador.

En dicho Pleno, Alexander Dubček —entonces primer secretario del PC de Eslovaquia—, pronunció un discurso crítico con el estancamiento y el conservadurismo; insistió en que potenciar los logros del socialismo significaba alcanzar victorias económicas y sociales; planteó la necesidad de adoptar nuevos métodos de dirección política y gestión económica; señaló la acumulación de funciones en el Partido y el Estado; reclamó la participación de las organizaciones de base en la vida del Partido, y un cambio de actitud de las autoridades centrales respecto a las demandas eslovacas.

Novotny y sus aliados atacaron a Dubček acusándolo de «nacionalismo» y «reformismo burgués», pero varios miembros del Comité Central lo apoyaron, lo cual marcó una fractura en este órgano e incluso también en el Presídium —equivalía al Buró Político en otros partidos—, que se tradujo en una lucha por el poder.

El siguiente pleno, entre el 3 y el 5 de enero de 1968, aprobó la separación de funciones en la máxima dirección del Partido y el Estado. Antonín Novotný fue reemplazado como primer secretario del PCCH por Alexander Dubček, sin embargo, en esencia persistía la falta de unidad entre el grupo partidario de las reformas y el grupo conservador.

Entre enero y abril de 1968, se desató un amplio debate en medios de comunicación y círculos intelectuales. Dentro de los temas en discusión estaban, tanto el modelo económico como el sistema político y el rol del Partido. Se publicaron en tal sentido numerosos artículos que exigían revisar los procesos judiciales de los años cincuenta y la rehabilitación total de las víctimas de represión estalinista.

También se expresaron opiniones que cuestionaban abiertamente al socialismo y eran favorables a restablecer el sistema de democracia representativa. Sin embargo, una parte considerable de la sociedad estaba a favor del establecimiento de una verdadera democracia socialista. La cuestión de la democracia pasó inmediatamente a primer plano, pues su ausencia era entendida como la razón que obstaculizaba los cambios necesarios en el modelo económico.

Los debates en medios culturales y académicos no se tradujeron en protestas populares o manifestaciones, como las ocurridas en Berlín Oriental en 1953 o Hungría y Polonia en 1956. Tampoco se produjeron protestas en fábricas ni revueltas campesinas.

No obstante, entre los líderes soviéticos y del Pacto de Varsovia existía preocupación por la eliminación de la censura y la posible pérdida de control por parte del Partido, así como por el efecto de contagio que esto podría tener en sus propios países. Por ello presionaban a Dubček y a otros dirigentes checoslovacos en la línea de frenar las críticas al pasado y prohibir los cuestionamientos al «socialismo realmente existente». En sus memorias, tituladas en inglés Hope Dies Last, el dirigente checoslovaco expone sus intentos por tranquilizar a los líderes de los «partidos hermanos» sin ceder en el objetivo de transformar la sociedad checoslovaca.

Novotný, a pesar de no dirigir el Partido, conservaba un poder considerable desde la jefatura del Estado y contaba con importantes aliados entre los países del Pacto de Varsovia. A pesar de ello, en marzo de 1968 uno de los principales apoyos internos del presidente, el general Jan Šejná —jefe del secretariado del Partido en el Ministerio de Defensa—, escapó a Occidente antes de ser apresado por una investigación de corrupción, según la cual se había apropiado ilegalmente de 300.000 coronas checas. La prensa comenzó a exigir la renuncia del presidente, que finalmente fue reemplazado por el general Ludvík Svoboda, héroe en ambas guerras mundiales y represaliado durante el estalinismo.

Primavera de Praga

Ludvík Svoboda

El Pleno de abril y el Programa de Acción

Tras la caída de Novotný, el grupo reformista logró la mayoría en el pleno del Comité Central a principios de abril, donde se ratificó a Dubček como primer secretario, se eligió un nuevo Presídium y se adoptó el Programa de Acción. Este último planteó una profunda reforma en el sistema político, el mecanismo económico, el rol del Partido en la sociedad, el papel del Estado en la economía, la política exterior, así como las cuestiones relacionadas con la ciencia, la educación y la cultura.

Es pertinente que mencionemos a continuación las principales cuestiones abordadas en el Programa de Acción, con el fin de que los lectores extraigan lecciones adecuadas de las ideas que inspiraron la Primavera de Praga.

– En la reforma del sistema político, la principal decisión se centró en el establecimiento de una «democracia socialista», garantía de la libertad de elección de los cuerpos colegiados del Estado; así como en la libertad de reunión, asociación y expresión para todos los ciudadanos y grupos sociales en la vida política del país, y en la eliminación de todo tipo de censura ideológica.

También se decidió establecer una estructura federal del Estado, con una república checa y otra eslovaca que detentaran autonomía e igualdad de derechos y representación en los órganos federales de poder. Además, se defendían los derechos de las minorías nacionales húngara, polaca, ucraniana y alemana. En tal sentido, se consideró la necesidad de elaborar una nueva Constitución.

El Programa incluyó la separación de funciones entre el Partido y el Estado, y trasladaba a los órganos estatales y de gobierno la responsabilidad de las funciones que les eran inherentes. Encaminado a ello, se conminaba a la Asamblea Federal a ejercer su función como órgano supremo del poder del Estado y controlar la gestión del gobierno. Por otra parte, se establecía la obligatoriedad de rendición de cuentas de los dirigentes del Estado, no solo ante el parlamento sino ante la sociedad, a través del escrutinio de su labor en los medios de prensa.

-En la reforma económica se promovió un modelo de desarrollo intensivo, orientado a mejorar el nivel de vida de la población a partir de una mayor productividad y calidad de la producción, utilizando incentivos económicos en lugar de mecanismos de movilización ideológica y métodos coercitivos.

El Programa le apostaba a un cambio estructural de la economía a través del despliegue del «mercado socialista», combinado con un sistema de planificación que tuviera en cuenta «las condiciones objetivas» y estuviera desprovisto de su tradicional estilo directivo. Al mismo tiempo, se insistía en la independencia y total responsabilidad de las empresas en su gestión, así como en que los cuerpos directivos de las mismas fueran elegidos por los trabajadores.

También incluía el derecho de los consumidores a determinar su consumo y estilo de vida, a la libre selección de su actividad laboral, así como la posibilidad real de los grupos de trabajadores y ciudadanos a formular y defender sus intereses en la determinación de la política económica.

Por otra parte, instaba a democratizar la labor de los sindicatos y a rescatar su primordial función de defender los intereses de los trabajadores. Exhortaba a los miembros del Partido dentro de estas organizaciones a cumplir con esa función, debido a que la simbiosis entre el Partido, el Estado y la administración había desnaturalizado su razón de ser.

Primavera de Praga

Ciudadanos no armados les gritan “Fascistas” y “¡Regresen a sus casas!” a los militares soviéticos. (Foto: PhotoQuest/Getty Images)

En el caso de la producción agrícola, defendía la independencia de las granjas estatales y las cooperativas en sus decisiones económicas, financieras y operativas, así como la responsabilidad de las mismas sin la tutela de organizaciones estatales, planteaba igualmente una política de apoyo a los campesinos privados.

También enfatizaba en el desarrollo de un marco legal que permitiera la creación de pequeñas empresas privadas en el sector de los servicios.

El Programa analizó con amplitud el rol del Estado en la economía. El proceso de toma de decisiones respecto al plan y la política económica debía ser resultado tanto de un proceso de confrontación mutua, como de armonización de los diversos intereses —empresas, consumidores, empleados, diversos grupos sociales, naciones, etc.— y de la combinación entre el desarrollo a largo plazo de la economía y la ineludible prosperidad inmediata.

Se atribuía especial importancia a la fundamentación científica del proceso de planificación frente al tradicional subjetivismo de decisiones sin fundamento económico. Se convocaba a desmontar monopolios estatales que generaban sobrecostos, ineficiencia e insuficiente calidad en la producción de bienes y la prestación de servicios. Por otra parte, se pretendía que la economía checoslovaca ganara en flexibilidad y adaptabilidad ante los cambios del mercado internacional, a partir del desarrollo científico y su aplicabilidad a la producción.

De manera especial, el Programa de Acción insistía en que la política económica debería centrarse en el mejoramiento del nivel de vida de la población, sumamente deteriorado, para lo cual era forzosa la adopción de una política inversionista que favoreciera a los sectores que influyen directamente en esto, además de una política que permitiera la elevación de salarios de acuerdo a los niveles de calificación y resultados del trabajo.

De igual modo se fundamentó que los precios en el mercado se basaran tanto en los costos de producción como en la correlación entre oferta y demanda. Se reconoció la existencia de bajas pensiones de jubilación que debían ser incrementadas, como también debía  facilitarse el empleo a las personas jubiladas e incrementar las provisiones de Seguridad Social, considerando el envejecimiento de la población. Los subsidios a la maternidad se incluían en estos aumentos.

-Respecto al rol del Partido Comunista en la sociedad, el Programa insistía en que su posición solo debería asegurarse a partir del libre reconocimiento a la calidad de su labor, su comprensión de los problemas reales y su capacidad de solucionarlos mediante su participación en los órganos de decisión del país.

En el documento puede leerse: «El Partido no puede hacer valer su autoridad. La autoridad debe ser ganada una y otra vez por la actividad del Partido. No puede forzar su línea a través de directivas. Debe depender del trabajo de sus miembros, de la veracidad de sus ideales».

Se rechazó así la concentración monopólica del poder en manos de la dirigencia del Partido, que se correspondía «con la falsa idea de que el Partido es el instrumento de la dictadura del proletariado», la cual debilitaba la iniciativa y la responsabilidad de los órganos estatales y de las instituciones económicas y sociales.

Incluso se planteó la necesidad de que el Partido fuera capaz de defender los derechos y las libertades de los no comunistas en la sociedad. Finalmente, en la definición de su rol en una sociedad socialista desarrollada, como se había proclamado en el 13º congreso del PCCH, resultaba imprescindible la democratización de la vida interna del Partido, reemplazando el «centralismo burocrático» por la democracia interna, de forma tal que se garantizara a los militantes de base influir en las decisiones principales de los órganos de dirección, que deberían ser elegidos democráticamente. Se planteó establecer mecanismos encaminados a  una dirección colectiva que impidiera la concentración del poder en una persona.

Teniendo en cuenta las graves violaciones a la legalidad cometidas en el pasado estalinista, se exigió investigar con toda transparencia los procesos de fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta, que llevaron a condenas injustas y, en muchos casos, a la pena de muerte.

Primavera de Praga

Partido Comunista de Checoslovaquia.

Entre las esperanzas de la población y el rechazo de la burocracia

Con los aires de libertad que se respiraban en el país, también crecía la confrontación de ideas entre los partidarios de las reformas —que veían en ellas la esperanza de salvación del socialismo—, y sus oponentes, para quienes los cambios conducían al derrumbe del sistema.

Ambas posiciones podrían estar en lo cierto. El carácter burocrático del «socialismo real» era incapaz de construir una verdadera sociedad socialista, y su persistencia solo iba a conducir a lo que finalmente ocurrió veintiún años después: su derrumbe. Pero, al mismo tiempo, el socialismo únicamente podía tener esperanzas de éxito si era capaz de transformarse en una sociedad libre y democrática.

En otros países de la llamada comunidad socialista, aunque la población no disponía de información suficiente y precisa acerca de los cambios que tenían lugar en Checoslovaquia, comenzaron debates en ciertos medios intelectuales, e incluso dentro de los partidos dirigentes sobre la pertinencia de dichas transformaciones.

No cabe dudas de que la propuesta del Programa de Acción representaba una profunda sacudida al sistema predominante durante dos décadas, pero reflejaba la convicción de sus autores de que las reformas debían ser integrales, sistémicas y estructurales, porque los cambios parciales no conducirían a resultados positivos y demorarían excesivamente las transformaciones.

El Programa de Acción atacaba precisamente los fundamentos del «socialismo burocrático», que se impuso como único modelo posible a partir de la experiencia generalizada del estalinismo y que aún predominaba en la Unión Soviética y la «comunidad socialista».

El tipo de socialismo que proponía recogía los avances políticos y las libertades logradas en las democracias burguesas —de las que Checoslovaquia hizo parte entre 1918 y 1938—, y proponía construir sobre ellos una democracia socialista, en la que la clase trabajadora —obreros, campesinos, intelectuales y trabajadores en general—, no fuera una simple espectadora del proceso, sino que participara libre y directamente de la vida política. Pero ese tipo de socialismo atacaba los fundamentos del poder de la burocracia y amenazaba severamente sus intereses de clase.

En sus memorias, Dubček menciona la reacción negativa de la dirigencia soviética frente al Programa de Acción del PCCH. Brezhnev directamente los acusó de pretender la restauración del capitalismo. Reacciones similares se produjeron en los círculos de poder de Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria y en menor medida en Hungría. Y también dentro de los grupos conservadores que aún permanecían en la dirigencia checoslovaca.

A diferencia de Hungría en 1956, Checoslovaquia no se planteaba en 1968 cambios esenciales en su política exterior. El programa ratificaba la alianza y cooperación con la Unión Soviética y los demás países socialistas como eje central del estatus internacional del país y aseguraba su permanencia en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y en el Tratado de Varsovia, con lo cual no se afectaba, en principio, el equilibrio político y militar europeo.

Sin embargo, de haber podido aplicarse este Programa de Acción, se habría erosionado la idea del único camino posible al socialismo que Stalin había impuesto a través del culto a su personalidad y a una despiadada represión ante cualquier tipo de disidencia, muy especialmente las que se producían desde posiciones revolucionarias y que, en lo fundamental, seguían existiendo en los países que se autodenominaban socialistas.

La supresión de la experiencia checoslovaca significó el triunfo de la contrarrevolución burocrática, que ha sido el peor enemigo del ideario socialista, porque al desvirtuarlo creó las condiciones para su incapacidad de transformación en otro modelo que pudiera rescatar sus valores en un clima de democracia y libertad, que fuera capaz de desplegar plenamente las capacidades productivas, intelectuales y creativas de los miembros de la sociedad en medio de relaciones basadas en la cooperación.

Por esa experiencia que fue vedada, la siguiente crisis, a fines de los años ochenta, arrasó con el sistema, pero propiciando, ahí sí, la restauración del capitalismo y en muchos casos en ausencia de democracia.

28 abril 2022 16 comentarios 1.341 vistas
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Monopolios

Monopolios, mercados y «liberación» de precios en Cuba

por Mauricio De Miranda Parrondo 18 abril 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

El pasado 11 de abril, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó la Resolución 81/2022 del Ministerio de Finanzas y Precios. Mediante ella se confiere «a los jefes de las cadenas de tiendas y otras entidades comercializadoras afines, la facultad de aprobación de los precios minoristas en pesos cubanos», excepto los de aceites comestibles, pollo (muslo y contramuslo, lo cual indica que la pechuga sí estaría dentro de las novedosas prerrogativas), picadillos de ave y de res, rones Havana Club, y una selección de productos de higiene y aseo de «producción nacional y línea económica».

En su acápite tercero, la Resolución faculta al presidente del Grupo de Administración Empresarial (GAESA), «para establecer regulaciones de precios minoristas de productos de venta por las Cadenas de Tiendas de su atención, cuando puntualmente se requiera».

Llama la atención que tales potestades se otorguen a los jefes y no a organismos colectivos de dirección en empresas que supuestamente son propiedad «de todo el pueblo». En cualquier caso, una medida como esta, en lugar de constituir un freno a la inflación, puede resultar la invitación a un incremento descontrolado de los precios minoristas.

Aparentemente parece ser una «medida liberalizadora» o «descentralizadora», pero no en la dirección correcta. Es contraproducente y fue adoptada con un criterio economicista que no considera las realidades socioeconómicas y políticas del país, y mucho menos apunta al bienestar del pueblo, que debería ser el objetivo de un buen gobierno.

Monopolios

La medida  recientemente aprobada es contraproducente y afecta al pueblo. (Foto: ACN)

El problema de los monopolios, los oligopolios y el mercado

La teoría económica demuestra que los monopolios y los oligopolios tienen efectos nocivos sobre la economía nacional y, en especial, sobre los consumidores. Estructuras monopólicas son aquellas en las que en un mercado concurre un solo oferente, mientras que en las oligopólicas la oferta se concentra en un grupo reducido de empresas.

En el primer caso, el monopolista tiene todas las condiciones para imponer sus precios, porque no tiene competencia. En el segundo, los pocos oferentes están en capacidad de llegar a acuerdos de precios e imponerlos en el mercado, aprovechándose de una situación colusiva.

Esto es especialmente grave en las condiciones de un mercado con oferta escasa, pues permitiría a los vendedores obtener ganancias extraordinarias al imponer los precios. En el caso específico de Cuba, podría darse el contrasentido de que empresas ineficaces y con debilidades de competitividad y calidad resultaran financieramente rentables al disponer de un mercado cautivo y de la libertad para establecer precios.

Liberar los precios minoristas en condiciones de grave escasez de oferta es potenciar la inflación, ya considerablemente alta.

Varios economistas, entre los que me encuentro, hemos insistido en la necesidad de que las empresas estatales cuenten con la imprescindible autonomía económica, de gestión y financiera para desarrollar su labor.

Pero también he enfatizado en que es preciso que el mercado funcione de forma transparente, con reglas claras y que se estimule el emprendimiento, tanto privado como cooperativo, sobre todo para sacar de la parálisis a muchas empresas afectadas por insuficientes recursos de capital y tecnología. No obstante, una vez más se apuesta por soluciones desde la esfera de la circulación, sin adoptar medidas que impulsen la producción.

Al parecer, el gobierno ha decidido lavarse las manos en el tema de los precios, abandonando la determinación centralizada de los mismos y facultando para ello a los jefes de las tiendas y, en última instancia en las «tiendas de su competencia», al verdadero poder económico del país: el presidente de GAESA.

La fijación centralizada de precios, sin tener en cuenta las condiciones de mercado crea, como ya se ha visto en la economía cubana, una serie de distorsiones que alejan la realidad doméstica de las condiciones de competitividad internacional. Pero resulta aún peor liberalizar precios en mercados poco transparentes y dominados por uno o unos pocos oferentes en medio de una situación de escasez de oferta.

Monopolios

El mercado cubano dominados está dominado por uno o unos pocos oferentes en medio de una situación de escasez de oferta(Foto: Twitter/@Rafrsr)

Los monopolios existentes en la economía cubana actual son monumentos a la ineficacia y al carácter extractivo de las instituciones económicas predominantes en el país. Disponen de mercados cautivos, no se ven obligadas a concurrir a un mercado competitivo y resultan rentables incluso ofreciendo un mal servicio.

Para colmo, supuestamente son «empresas socialistas», aun cuando los aparentes propietarios colectivos carezcan de mecanismos para controlar la gestión de su supuesta propiedad. En realidad, los gestores de la propiedad de «todo el pueblo» se convierten en usufructuarios de la misma, sin rendir cuenta ante sus dueños legales.

Esto es especialmente grave en el caso de GAESA, un emporio que nada tiene que envidiar a una corporación monopólica capitalista, cuyas finanzas están fuera del alcance de los órganos de control del Estado y, aún más, de la sociedad, y cuyo presidente está facultado para establecer los precios que entienda convenientes. Considerando la magnitud y variedad de negocios que maneja la entidad, esto implica poner en manos de su presidente una parte significativa de la economía nacional.

Mercados y precios en Cuba

Los mercados en la Isla distan mucho de ser competitivos y transparentes. En realidad, están distorsionados por una escasez crónica de bienes, una estructura monopólica y oligopólica y un excesivo control estatal que frena el desarrollo de las fuerzas productivas y que se traduce, por tanto, en estancamiento económico.

El establecimiento de tiendas en moneda libremente convertible (MLC), los errores del llamado «Ordenamiento monetario» y las inmensas limitaciones que aún persisten para el desarrollo del emprendimiento privado y cooperativo, afectan negativamente la actividad adecuada de los mercados.

Tales distorsiones se expresan en el caso cubano en un potente y dinámico mercado informal, en el que sin dudas los beneficios de los que operan en él se traducen en pérdida de bienestar de quienes deben acudir para satisfacer necesidades perentorias y en el carácter cautivo del mismo desde el lado de la oferta.

Una vez más vale la pena considerar la experiencia de las reformas de China y Vietnam, donde los mercados domésticos se liberaron cuando las transformaciones económicas habían producido un incremento notable de la producción de bienes y servicios.

De hecho, en ambos países se adoptaron de manera transitoria mecanismos duales de precios en ciertos bienes de primera necesidad y, poco a poco, el incremento de la producción hizo innecesarios tanto el mantenimiento del racionamiento como la existencia de precios oficiales relativamente más bajos. Sin embargo, no puede decirse que estos países se caractericen precisamente por mercados muy transparentes, dados los niveles de corrupción que los afectan.

Adoptar una medida de liberalización de precios en las condiciones de Cuba, con escasez crónica de oferta, ineficiencia productiva y opacidad en el funcionamiento de los mercados, conducirá al reforzamiento de prácticas corruptas. Será una especie de patente de corso entregada a funcionarios que, en lugar de rendir cuentas a la sociedad sobre su gestión, consolidarán posiciones como usufructuarios de la supuesta propiedad de «todo el pueblo”, además de que lograrán enmascarar su ineficiencia en los aumentos de precios.

Como esto ocurre en condiciones de escasez y ausencia de competencia, el resultado previsible será el incremento sostenido de los precios y el aumento de la brecha entre el costo de la vida y el ingreso de las familias cubanas.

Monopolios

La carreta delante de los bueyes

Los actuales gestores de la política económica en Cuba no acaban de comprender que si se coloca la carreta delante de los bueyes, esta no avanza. De nada vale toda la economía política que alguna vez debieron estudiar. ¿Lo hicieron? En cualquier caso no es posible identificar la existencia de un pensamiento marxista en las decisiones adoptadas.

Toda la teoría económica enseña, y en ello Marx fue insistente, que la producción es el proceso del que se derivan la circulación y el intercambio. La esfera de la circulación es un complemento imprescindible de la producción, pero no determina a esta última, todo lo contrario.

Las autoridades económicas cubanas, sin embargo, persisten en abordar los problemas de la economía desde la circulación, sin realizar cambios estructurales que conduzcan al incremento de la producción. De este modo no van a lograr resultados positivos. Por el contrario, se eternizará el estancamiento económico, continuará deteriorándose el nivel de vida de la población y, sobre todo, la esperanza y la paciencia.

No es posible realizar reformas parciales sin abordar los cambios que requiere la economía desde una perspectiva integral y con enfoque sistémico.

Liberar las fuerzas productivas podría traducirse en eliminar el acopio estatal de bienes agrícolas y permitir el funcionamiento de empresas comercializadoras, tanto privadas como cooperativas; eliminar los monopolios estatales en los mercados mayoristas y minoristas, así como del comercio exterior; otorgar verdadera autonomía empresarial en las empresas estatales, pero asegurando una gestión colectiva de las mismas. 

Igualmente, suprimir las persistentes restricciones al desarrollo de actividades privadas y cooperativas y crear los incentivos necesarios para reorientar la inversión hacia las actividades industrial y agropecuaria; crear condiciones legales que favorezcan la participación de toda la Nación cubana en la reconstrucción de la economía y la sociedad.

Esto, solo para empezar. A ello debiera añadirse el restablecimiento de la soberanía monetaria del peso cubano dentro del territorio nacional y, en consecuencia, la eliminación de ventas en divisas que vuelven a segmentar los mercados y la ciudadanía.

A riesgo de resultar reiterativo, considero ineludible insistir en la necesidad de un nuevo contrato social que permita construir instituciones inclusivas y democráticas encaminadas a que la sociedad corrija los excesos o faltas que tengan, desde los jefes de las tiendas que menciona la resolución hasta los más importantes funcionarios del Estado.

18 abril 2022 29 comentarios 1.557 vistas
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Instituciones

Instituciones no inclusivas y subdesarrollo en Cuba

por Mauricio De Miranda Parrondo 8 abril 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

La teoría económica y la experiencia histórica demuestran que las instituciones importan y que su calidad constituye uno de los principales factores que impulsan o frenan el proceso de desarrollo. El estudio del papel de las instituciones en el proceso económico ha sido el objetivo de la llamada Escuela Institucionalista y de su versión más reciente Neo-institucionalista del pensamiento económico.

En 1859, en su Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, Marx había definido la relación entre lo que denominó la estructura económica de cualquier sociedad, esto es, las relaciones sociales de producción, que constituyen «la base real sobre la que se alza el edificio jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social».

Respecto a esta relación apuntó: «No es la conciencia social la que determina su ser, sino por el contrario, es su existencia social lo que determina su conciencia», algo sobre lo que también había escrito junto a Engels en La Ideología Alemana. Este excesivo determinismo les impidió considerar los posibles efectos de las instituciones jurídicas y políticas, e incluso religiosas, en las relaciones económicas.

Para Douglass C. North, Premio Nobel de Economía, «las instituciones son las reglas de juego en una sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que da forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, ya sea político, social o económico». Más adelante afirma que el cambio institucional «conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico».

En el establecimiento de esas reglas influyen los valores, las tradiciones culturales y religiosas y, en general, las convenciones sociales existentes. Para que ese conjunto de reglas se convierta en instituciones, resulta necesario que sean conocidas y aceptadas por la sociedad de forma voluntaria, a través de un determinado contrato social o por imposición del Estado. Pero evidentemente existe una notable diferencia entre una y otra forma de establecer determinado orden institucional.

Los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson han analizado durante años el carácter inclusivo o extractivo de las instituciones y la medida en que las primeras contribuyen al progreso económico mientras las segundas lo frenan. Las instituciones inclusivas son aquellas que promueven sociedades plurales, que facilitan la participación soberana de los ciudadanos en la vida económica, social y política de un país, con poderes distribuidos y existencia de contrapesos entre ellos. En contraposición, las extractivas son las que favorecen a una parte de la sociedad que ejerce el poder y a través de él extrae rentas al resto de la sociedad.

En la lógica de estos autores, las instituciones políticas inclusivas crean condiciones para que se desarrollen instituciones económicas también inclusivas. Existe consenso en la escuela institucionalista en el sentido de que la garantía de los derechos de propiedad, el imperio de la ley y el orden, la libertad y facilidades para la creación de empresas, el buen funcionamiento y transparencia de los mercados, el cumplimiento de los contratos y la igualdad de oportunidades para el desarrollo de los negocios; crean un clima adecuado que se traduce en progreso económico.

En oposición a las visiones neoliberales que apuestan a la existencia de mercados desregulados «libres», Dani Rodrik afirma: «esas instituciones son necesarias porque los mercados no se crean, regulan, estabilizan ni legitiman a sí mismos».

Instituciones

Dani Rodrik

Instituciones políticas y jurídicas no inclusivas de Cuba

Cuba tiene severos problemas estructurales que limitan su desarrollo y ahora mismo agravan la más profunda crisis económica de las últimas tres décadas. A ello se une el efecto nocivo del recrudecimiento de las sanciones económicas que estableció el gobierno de Donald Trump y que Joseph Biden no ha desmontado. Estas últimas no son modificables por Cuba, solo las autoridades estadounidenses pueden realizar cambios en el sentido de una normalización de relaciones entre ambos países. Mientras tanto, las autoridades cubanas sí están en la capacidad de adoptar medidas de política económica que contribuyan a remontar la crisis.

No obstante, incluso en el caso de que sean adoptadas políticas económicas que corrijan los errores más recientes y apunten a la solución de los problemas estructurales, ello no sería suficiente porque el sistema de instituciones políticas y económicas de Cuba no es incluyente.

Aunque es necesario reconocer que la Constitución de 2019 fue ratificada por una innegable mayoría de votantes, el proceso de debate previo no permitió una pedagogía del NO en los medios de comunicación a los que accede toda la población. Adicionalmente, la elaboración del proyecto constitucional no fue resultado de una Asamblea Constituyente elegida democráticamente, sino de una comisión designada por las autoridades y de la que hacían parte los principales dirigentes del país.

En consecuencia, el texto constitucional adoptado refleja los intereses del grupo de poder y está lejos de constituir un esfuerzo integrador del amplio espectro político real del país que, por demás, no es reconocido por las autoridades que insisten en una visión totalitaria y monolítica del sistema político. Esto queda demostrado claramente en los artículos 4 y 5, que establecen la irrevocabilidad del llamado sistema socialista y el carácter del Partido Comunista como único y fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.

Es decir, esta Constitución, elaborada desde el centro del poder, impone el modelo político y de Estado no solo a toda la sociedad cubana actual, excluyendo a la parte de ella que no apoya el sistema dominante; sino que prohíbe a las generaciones venideras decidir soberanamente sobre el sistema político y la organización estatal que consideren convenientes.

Una vez más, vale la pena resaltar que el ejercicio democrático no resulta del simple voto, sino de un proceso en el que se pueda construir un contrato social desde el proceso mismo de su concepción. En la elaboración de ese «nuevo» contrato social se excluyó una parte considerable de la Nación, sobre todo porque no se permitió el voto de los cubanos no residentes en la Isla, a pesar de que como ciudadanos están obligados a cumplir los deberes que les impone la ley fundamental pero no gozan de todos los derechos. A partir de aquí, toda la arquitectura del sistema institucional cubano resulta no inclusiva.

Los rasgos no inclusivos de este sistema de instituciones políticas y jurídicas son los siguientes:

1. Las reglas de juego no se han establecido como resultado de un contrato social alcanzado democráticamente, sino impuestas por el centro del poder.

2. El sistema institucional no garantiza la pluralidad y reprime toda participación económica, política o social que no se acomode al «modelo» diseñado desde el poder.

3. No existe un equilibrio de poderes independientes que permita el contrapeso entre ellos, sino que todos están sometidos a la autoridad de un Partido que pareciera estar por encima de la Constitución.

4. El pueblo, en el que supuestamente recae toda la soberanía y del que dimana todo el poder del Estado (artículo 3), carece de los mecanismos para hacer valer esa soberanía: no puede elegir directamente a las máximas autoridades del país; nies libre de crear movimientos sociales, políticos o profesionales que no estén bajo el control del Partido Comunista.

Asimismo, carece de los medios reales para hacer valer incluso una serie de libertades que la Constitución reconoce, tales como las de pensamiento, conciencia y expresión, de reunión, manifestación o asociación, o una supuesta libertad de prensa que no es posible ejercer porque los medios de comunicación se definen como «propiedad socialista de todo el pueblo», eufemismo con que se alude a la propiedad estatal.

Instituciones

5. La Asamblea Nacional está formada por diputados elegidos en listas únicas cerradas, conformadas en cada territorio por comités de candidatura, por lo que la sociedad carece del derecho a elegir verdaderamente a sus representantes entre alternativas diferentes. La obediencia de los diputados, manifiesta en la unanimidad y el escaso debate real de informes y proyectos de leyes, impide a este órgano ejercer su función como órgano supremo del poder del Estado (artículo 102).

6. El Banco Central de Cuba hace parte de el gobierno, por lo que debe cumplir sus directrices, a diferencia de las mejores experiencias internacionales que sugieren su necesaria independencia como órgano técnico responsable de la política monetaria y el control de la inflación.

7. Tanto los Tribunales de Justicia como la Contraloría General de la República carecen de independencia, pues ambas rinden cuenta ante la Asamblea Nacional y al Partido que ejerce el poder pareciera que por derecho divino, lo que afecta su credibilidad y transparencia, sobre todo cuando se trata de litigios en los que se involucra al gobierno como una parte en el caso del sistema jurídico, o cuando se constata la existencia de cotos cerrados en los que el órgano de control y auditoría del Estado carece de competencias.

En semejante arquitectura institucional, las garantías de los derechos ciudadanos dependen de la «buena voluntad» del centro de poder y no de un sistema legal con pesos y contrapesos, que evite que el gobierno desconozca las leyes cuando se trata de reprimir opciones políticas disidentes.

Instituciones económicas no inclusivas y extractivas en Cuba

El sistema de relaciones sociales de producción predominante en Cuba padece de una contradicción estructural que conduce a la conformación de instituciones económicas no inclusivas, e incluso extractivas; y es la no realización de la propiedad sobre los medios de producción a través de la propiedad estatal.

La propiedad social solo puede realizarse como tal si los supuestos propietarios colectivos, esto es, los miembros de la sociedad, recibieran la rendición de cuentas y tuvieran la capacidad de ejercer, al menos, un control sobre la gestión del gobierno o sus representantes, y de revocarlos si fuera necesario. Sin embargo, la sociedad cubana carece de esas posibilidades y, en consecuencia, la propiedad estatal está muy lejos de tener un verdadero carácter socialista.

Esta contradicción económica está relacionada con la inexistencia de un sistema democrático en el que existan mecanismos que aseguren tanto la soberanía del pueblo, sus libertades, así como su carácter de propietario colectivo de los medios de producción fundamentales.

En la historia del socialismo «realmente existente» se ha demostrado que la no realización de la propiedad social sobre los medios de producción ha impedido que se supere la enajenación de los trabajadores típica de los sistemas basados en la propiedad privada, que para Marx significaba una contradicción con el carácter cada vez más social de la producción.

Instituciones

(Imagen: Filip Hellman)

Esa enajenación desincentiva la producción y afecta la productividad y calidad del trabajo. En consecuencia, el modelo de socialismo real se ha caracterizado por la estatización y no por la socialización de los medios de producción y por la conformación de un sistema burocrático que, en ausencia de democracia, ha permitido la conversión de la burocracia de una «clase en sí» en una «clase para sí». Y su existencia y conservación solo son posibles mediante instituciones no inclusivas y a través de mecanismos de extracción de rentas procedentes del resto de la sociedad.

En el caso de Cuba, los mecanismos de extracción de rentas se evidenciaron desde el programa de «nacionalizaciones», a través de expropiaciones y confiscaciones que, al estatizar sin socializar, han permitido a la naciente burocracia usufructuar dichos recursos sin que ello se traduzca en un mayor desarrollo económico del país y, por tanto, en un mayor bienestar material para la sociedad. La llamada «Ofensiva Revolucionaria» terminó por destruir lo que quedaba de emprendimiento e iniciativa empresarial y ello se tradujo en un notable retroceso en la satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad.

A partir de estos procesos originarios, la dirigencia política cubana ha impuesto su visión de un modelo de desarrollo encerrado en una serie de dogmas que la historia se ha encargado de refutar. No existe experiencia alguna que demuestre que la empresa estatal debe ser el actor principal del modelo económico en el socialismo, y sí existen evidencias de la ineficacia de tal estructura productiva, sobre todo cuando estas empresas están sometidas a un entramado burocrático que frena su autonomía económica y financiera y su capacidad de gestión.

Por otra parte, no por controlada centralmente una economía es realmente planificada. Desde los años sesenta del siglo pasado hubo serios cuestionamientos a los sistemas de planificación centralizada en los países europeos con economías centralmente dirigidas, que llevaron a reformas fracasadas porque fueron incapaces de superar los dogmas que resultan del modelo burocrático más que de la teoría económica del socialismo.

En realidad, la supuesta planificación centralizada se ha manifestado como administración centralizada de la economía, en la que el centro de poder pretende decidir la asignación de recursos y factores de producción a nivel microeconómico, en lo cual no es eficiente pero además cercena la iniciativa empresarial y el emprendimiento.

La concepción dogmática es la que propicia que cada medida de «reforma» que se adopte tenga tantas restricciones que limitan considerablemente sus posibilidades de transformación positiva de la realidad. Tales son los casos de los decretos leyes que permiten la creación de micros, pequeñas y medianas empresas privadas y cooperativas no agropecuarias, o de los errores conceptuales y de diseño de la llamada «Tarea Ordenamiento».

Finalmente, el enfrentamiento de las crisis recientes de la economía cubana se ha producido en lo fundamental a partir de medidas que producen transferencia de rentas desde la sociedad hacia el Estado, que resulta rentista toda vez que percibe esas transferencias pero no logra traducirlas en mejoramiento del bienestar, a pesar de que ese es su supuesto argumento para captarlas.

Es la lógica que determina medidas como: el establecimiento de tiendas en monedas libremente convertibles; la obligación de los pequeños y medianos empresarios de operar en el comercio exterior solo a través de empresas estatales, pagando por los servicios de intermediación tarifas establecidas en condiciones de monopolio; o las altísimas tarifas que el Estado cobra por servicios consulares, expedición de pasaportes y diversos trámites que soportan la existencia de una densa e improductiva burocracia.

La transición desde instituciones no inclusivas y extractivas a instituciones inclusivas para superar el subdesarrollo, solo puede producirse a partir de la construcción democrática de un nuevo contrato social que favorezca el desarrollo pleno de las libertades políticas, económicas y sociales, reconozca la pluralidad de la sociedad y la aproveche como un bien colectivo.

8 abril 2022 37 comentarios 1.373 vistas
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Demonios

Los demonios de Rusia

por Mauricio De Miranda Parrondo 29 marzo 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Los demonios es una de las obras más importantes del gran escritor Fiódor Mijáilovich Dostoyesvski. En ella, el también autor de Crimen y Castigo, Los hermanos Karamázov y El idiota, entre otros textos notables de la literatura rusa y universal, se plantea una reflexión crítica sobre el nihilismo, el anarquismo, el socialismo y otras corrientes llegadas a su país desde Occidente, ante los que contraponía una cultura auténticamente rusa, basada en la espiritualidad y religiosidad del pueblo.(1)

A lo largo de su historia, la sociedad rusa ha sido en gran medida refractaria a la modernización. Los cambios profundos han debido realizarse con violencia y a partir de un fuerte poder autocrático. Desde Iván IV el Terrible, Pedro I el Grande y Catalina II la Grande; hasta los zares del siglo XIX y principios del XX, el Imperio Ruso se convirtió en una gran potencia política y militar, al tiempo que no destacaba en el progreso económico.

Rusia fue una potencia industrial tardía. La revolución industrial llegó al vasto imperio impulsada por el Estado, como respuesta al retraso económico respecto a otros países imperialistas que amenazaban erosionar su influencia geopolítica. Las derrotas que sufrió en la Guerra de Crimea (1853-1856), la Guerra Ruso-Japonesa de 1905 y la Primera Guerra Mundial (1914-1918), fueron expresión de esa debilidad económica; aunque también de un relativo retraso militar.

A pesar de tener el ejército más numeroso del mundo, no era el mejor preparado pues dependía de las conscripciones de campesinos, a quienes se sacaba de las tierras que proporcionaban el escaso sustento familiar. Asimismo, los zares interferían a menudo en las decisiones militares, sin contar con la suficiente preparación.

Tomando como base el título de la referida novela de Dostoyevski, es que propongo abordar los demonios de Rusia a partir de dos elementos principales: la autocracia y el autoritarismo del sistema político y el retraso económico.

Demonios

Retrato (frag.) de Fiódor Dostoievski, por Konstantin Vasilyev. (Foto: Yuri Prostyakov/Sputnik)

La autocracia y el autoritarismo del sistema político

Al referirse al país euroasiático en su libro Orden Mundial. Reflexiones sobre el carácter de las naciones y el curso de la historia, el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger afirma:

«Cuando se sentía fuerte, Rusia se conducía con la dominante certidumbre del poder superior e insistía en recibir muestras formales de deferencia a su estatus. Cuando se sentía débil, enmascaraba su vulnerabilidad en taciturnas invocaciones a sus vastas reservas de fortaleza. En ambos casos suponía un desafío especial para las capitales occidentales, acostumbradas a tratar sus asuntos con un estilo en cierto sentido más elegante».

También señala:

 «Al mismo tiempo, las asombrosas hazañas expansionistas rusas partieron de una base demográfica y económica no muy desarrollada para los estándares occidentales: con muchas regiones escasamente pobladas y aparentemente inmunes a la cultura y la tecnología occidentales. El imperialismo que conquistaba al mundo transmitía una paradójica sensación de vulnerabilidad, como si estar en medio del planeta le hubiera generado más enemigos potenciales que seguridad adicional».

En la época en que Europa Occidental y Estados Unidos desarrollaban un pujante capitalismo industrial, con un inmenso progreso económico que, sin embargo, iba aparejado con altos niveles de explotación de la clase obrera; las propias luchas obreras y la aparición de fuerzas progresistas con fuerte arraigo tanto en la intelectualidad como entre los trabajadores, fueron llevando a estos países al establecimiento de un orden liberal, no solo en sus relaciones económicas sino también en sus sistemas políticos.

Mientras, en Rusia se fortalecía un régimen autocrático, basado en la autoridad incuestionable del emperador y en la represión violenta y despiadada a cualquier oposición o disenso. Con ello se intentaba asegurar la unidad territorial a través de la sumisión al monarca y a la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Es esta la razón de que tanto las tentativas revolucionarias como las reformistas hayan sido rechazadas históricamente, incluso por gran parte de la sociedad, y solo prosperaron aquellas impulsadas desde el poder; aunque las mismas, por lo general, terminaban o perdían el ritmo cuando sus impulsores fallecían o eran sacados del poder. Tales fueron los casos de las reformas de Pedro I y Catalina II, o de Jruschov y Gorbachov en época de la Unión Soviética.

Tras la abdicación de Nicolás II en 1917, y luego del breve interregno del Gobierno Provisional, en medio de la guerra, el régimen bolchevique impuso un sistema autoritario comunista. Cuando Stalin logró derrotar a sus potenciales oponentes, a fines de la década del veinte del siglo pasado, el Estado soviético regresaría a un sistema autocrático.

La sumisión al zar fue reemplazada por el culto y el sometimiento a Stalin, en tanto la influencia cultural e ideológica de la Iglesia fue sustituida por la entronización de una interpretación dogmática del marxismo-leninismo como filosofía oficial. El régimen comunista no permitió el desarrollo de una sociedad civil, debido a que el Estado, controlado por la dirigencia del Partido Comunista, resultaba omnipresente en la sociedad.

Demonios

Última familia imperial rusa. (Imagen: La Vanguardia)

Con la desaparición de la Unión Soviética, la aparente democratización de la sociedad rusa estuvo acompañada por la privatización mafiosa de buena parte de las empresas estatales; la aparición de una oligarquía asociada al crimen organizado y a las antiguas estructuras del Partido Comunista y la Seguridad del Estado; y la reaparición de la pobreza y la mendicidad. En los años noventa sobrevino una grave crisis económica que abarcó prácticamente toda la década. Como resultado de estos factores, la posición geopolítica de Rusia en el escenario internacional se debilitó considerablemente.

En consecuencia, en el imaginario de buena parte de la sociedad, la democracia se asocia al período en que el país perdió la condición de potencia global y el nivel de vida de su población retrocedió.

La renuncia de Boris Yeltsin, el 31 de diciembre de 1999, y su reemplazo por Vladimir Putin, designado primer ministro dos meses antes, abrió un nuevo capítulo en el que poco a poco el nuevo gobernante fue consolidando su posición a partir de medidas tendientes a fortalecer nuevamente el papel del Estado en la economía; incrementar el rol del gobierno central respecto a las entidades federadas; limitar la influencia de los oligarcas en la política, a cambio de apoyarles en el desarrollo de sus negocios; robustecer el aparato militar y de Seguridad del Estado y el poderío militar del país; así como restringir la democracia política.

En su segundo período presidencial, Putin adoptó medidas para mejorar la salud, la educación, la vivienda y la agricultura. Entre ellas se destacan el incremento de la inversión para modernizar y equipar los hospitales y centros educativos, y el aumento de salarios a los trabajadores de ambos sectores.

La naciente e imperfecta democracia política, y las libertades existentes durante los dos períodos de gobierno de Yeltsin, fueron reemplazadas por una nueva etapa de autoritarismo y autocracia en torno a la figura de Putin a lo largo de sus más de veinte años en el poder.

Demonios

Boris Yeltsin y Vladimir Putin en 1999. (Foto: Getty)

Entre los cambios principales orientados a reforzar un sistema autoritario y autocrático, pueden mencionarse:

– modificación del sistema para elegir diputados a la Duma Estatal, con la eliminación de las circunscripciones uninominales y el establecimiento, para todos los escaños, del sistema de representación proporcional por listas;

– prohibición a los partidos de conformar alianzas electorales;

– elevación del umbral para obtener representación en la Duma, de un 5% a un 7%;

– supresión de la elección por sufragio universal de las máximas autoridades de las entidades que integran la Federación Rusa y designación de estas por parte del presidente;

– fortalecimiento de los poderes presidenciales;

– ampliación del período presidencial de cuatro a seis años a partir de las elecciones de 2012, en las que Putin volvía a aspirar después de cuatro años como primer ministro;

– hostigamiento a la oposición «no leal», víctima de persecución judicial, asesinato o intentos de asesinato de varios de sus líderes; y

– reforma constitucional del 2020, que permitió a Putin optar por dos nuevos períodos presidenciales de seis años cada uno sin que contaran los cuatro que había desempeñado.

Sin dudas, Putin ha logrado el apoyo mayoritario de la sociedad rusa, que parece aceptar —o incluso favorecer—, un sistema político autoritario en el que el líder posee todo el poder sin contrapeso alguno. Tanto el poder legislativo como el judicial están en sus manos, y la única diferencia con el totalitarismo comunista es la tolerancia limitada de ciertos partidos de oposición «leales». Entre ellos: el Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Liberal-Demócrata de Rusia, Gente Nueva y Partido del Crecimiento.

Otros partidos, como Rusia Justa, Plataforma Cívica y Rodina, han apoyado, junto a Rusia Unida, la candidatura presidencial de Putin. En las elecciones legislativas de septiembre de 2021, Rusia Unida obtuvo 326 de los 450 escaños de la Duma, lo que asegura al presidente el respaldo del legislativo. Mientras tanto, en las últimas elecciones presidenciales, en 2018, el jefe del Estado logró el 76,7% de los votos emitidos, pero sin que se permitiera concurrir a candidatos incómodos para el poder.

Como resultado del retorno al sistema autoritario y autocrático, han sido afectadas no solo las libertades políticas, sino también las individuales y las de diversos grupos sociales, como la comunidad LGTBIQ+ y diversas organizaciones no gubernamentales independientes del gobierno.

Demonios

Bandera de Rusia Unida. (Foto: istock)

El retraso económico

A diferencia de otros países europeos, en los que la acumulación de capitales provenía del desarrollo agrícola, la producción artesanal y manufacturera y el comercio internacional; en Rusia la agricultura era muy atrasada y, a pesar de la eliminación del sistema de servidumbre en 1861, todavía conservaba, a fines del siglo XIX y principios del XX, considerables rezagos pre-capitalistas que no la hacían una potencia económica.

La industrialización, por su parte, fue un proceso tardío e impulsado por el Estado con el concurso de capitales extranjeros. Se concentró geográficamente en grandes ciudades como San Petersburgo, Moscú, Kiev, Varsovia y Lodz —en la parte polaca ocupada por Rusia— y las cuencas del Donetz y el Dniéper. El descubrimiento de petróleo en Azerbaiyán, hizo de Bakú otra zona industrial. Mientras tanto, la mayor parte de la población y el territorio eran agrícolas y predominaban relaciones pre-capitalistas de producción.

No obstante sus inmensos recursos naturales, especialmente mineros y energéticos, en 1913 la producción industrial de Rusia representaba solo el 5,5% del total mundial, detrás de Estados Unidos (35,8%), Alemania (15,7%), Gran Bretaña (14,0%) y Francia (6,4%).(2)

A pesar de ser la quinta potencia industrial del mundo, Rusia no era un país industrializado al producirse la revolución bolchevique, por lo que la prioridad del gobierno comunista, sobre todo después de finalizar la Guerra Civil (1918-1921), fue alcanzar la industrialización.

La estrategia de desarrollo decidida por Stalin a partir de los primeros planes quinquenales fue una industrialización acelerada, especialmente en la industria pesada, esto es: construcción de maquinarias, siderurgia, armamentos, minería y energía. Como fuentes de acumulación fueron utilizadas la explotación del campesinado, al que se había impuesto la colectivización forzosa; la movilización social a partir de la idea de que con ello se contribuía a la construcción del socialismo; así como el trabajo forzado de miles de prisioneros políticos en campos de trabajo administrados por la Seguridad del Estado (GULAGs).

Ciertamente, la URSS logró un nivel de industrialización considerable antes de la Segunda Guerra Mundial, lo cual, dicho sea de paso, le permitió resistir y luego derrotar la invasión nazi. Sin embargo, esto se consiguió a costa de inmensos sacrificios humanos, de un nivel de vida de la población mucho más bajo que el de otras potencias industriales y con una agricultura subdesarrollada. En 1940 la renta nacional a precios constantes se había quintuplicado respecto a 1928.(3) 

El modelo de crecimiento adoptado por la URSS antes y después de la Segunda Guerra Mundial fue de tipo «extensivo», es decir, basado en la abundancia relativa de recursos naturales y humanos y de su financiación, asegurada por la concentración de los recursos del Estado en los objetivos establecidos. La sustitución del mercado por la administración centralizada de la economía llevó a que, en ausencia de competencia, las empresas industriales produjeran con altos costes relativos y con una baja calidad de acuerdo con estándares internacionales.

Demonios

El rezago de la industria de bienes de consumo y de la agricultura provocó no solo una grave deformación estructural en la industria soviética, sino que ralentizó el mejoramiento del nivel de vida de la sociedad. Cuando el modelo «extensivo» de crecimiento agotó sus posibilidades, a partir de la segunda mitad de la década de los setenta del siglo xx, la economía soviética fue incapaz de transitar hacia un modelo «intensivo», basado en mayor productividad de los factores de producción y en mayor calidad de la producción.

Tras el derrumbe del «socialismo burocrático» y la desaparición de la Unión Soviética, sobrevino para Rusia la mayor crisis económica de la época contemporánea.

Entre 1993 y 1999, el PIB se contrajo a un ritmo promedio anual de -4,0%;(4) se produjo una enorme devaluación del rublo; aumentó la inflación; se incrementó la deuda externa; las reformas hacia la liberalización de la economía y la transición hacia una economía de mercado, condujeron al fomento de la corrupción; el enriquecimiento ilícito de funcionarios del Partido, el gobierno, directores de empresas estatales y el desaparecido KGB; el deterioro del nivel de vida de las personas jubiladas y de millones de trabajadores a quienes se les redujeron los ingresos reales. El ingreso per cápita a precios corrientes de 2015, pasó de 6.398 dólares estadounidenses en 1992 a 5.362 en 2000.(5)

El gobierno de Putin, a partir de 2000, ha logrado revertir las tendencias macroeconómicas negativas, al tiempo que restableció el poderío militar del país; pero no ha conseguido conformar una estructura económica ni un patrón de inserción internacional típicos de naciones desarrolladas. En realidad, la economía es altamente vulnerable a los precios del petróleo y el gas, que constituyen el principal rubro de exportaciones.

Entre 2017 y 2021, los combustibles representaron el 47,9% de las exportaciones rusas, los productos de fundición de hierro y acero 5,1% y los metales preciosos, entre ellos oro y platino, 4,8%. Mientras, las máquinas y aparatos mecánicos, incluidos los reactores nucleares, representaron el 2,2%, y las máquinas y aparatos eléctricos 1,2%.(6) Rusia ocupa el primer lugar en la exportación mundial de combustibles y reactores nucleares, pero es importador neto de maquinarias y productos de alta tecnología.

El ingreso per cápita a precios constantes de 2015, pasó de 5.362 USD en 2000 a 9.633 USD en 2020. No obstante, aún continúa siendo un valor correspondiente a una economía de desarrollo intermedio. Su gasto militar, sin embargo, ha oscilado entre el 3,7% y el 4,3% del PIB desde 2017 a 2020; mientras Estados Unidos reporta entre 3,3% y 3,7% y China 1,7%. En el período 2018-2020, Rusia destinó a gastos militares el 11,4% del presupuesto total de la nación. Por su parte, Estados Unidos descendió de 9,6% en 2018 a 7,9% en 2020, y China de 5,1% a 4,7%; ambos con economías mucho más grandes que la rusa. (7)

Bajo el régimen de Putin se ha mantenido la lógica soviética de la época de Guerra Fría, según la cual se prioriza el gasto militar para mantener la paridad estratégica con Estados Unidos a costa de un sacrificio económico considerable. Esta paridad ha incluido el desarrollo de armamentos de nuevo tipo que, de usarse en una conflagración internacional, podrían llevar a la destrucción de la humanidad.

Pareciera que Putin no ha tomado en cuenta adecuadamente las lecciones de la historia. El poderío de las naciones se construye a partir de la economía. Una economía sana macroeconómicamente, competitiva y con un adecuado clima para el desarrollo de los negocios, enfocada en el mejoramiento del bienestar de la sociedad y en una eficiente inserción internacional; es la base sobre la que se construye una potencia sólida.

Esto lo comprendió Gorbachov en su momento y fue abanderado de una serie de acuerdos para limitar la carrera armamentista y, sobre todo, restringir el desarrollo de armas de destrucción masiva. La economía soviética de entonces no podía sostener semejante nivel de gastos. Tampoco la rusa podrá lograrlo en estos tiempos.

Rusia no es solo una gran potencia militar, sino cultural, científica y deportiva. Su aporte a la literatura, el cine, la música, la danza, la ópera, la educación, las ciencias y los deportes; es de relevancia global. Sin embargo, requiere modernizarse económicamente y como sociedad para que pueda cumplir un rol de liderazgo internacional en un ambiente de cooperación global con los otros países, en especial con los de su entorno geopolítico. Pero esto precisa también de un nuevo tipo de relaciones internacionales, en las que la confianza mutua reemplace a los recelos y la marginación.

Rusia necesita derrotar a sus demonios.

***

1.  Ver, de Joseph Frank: Dostoevski, A Writer in His Time, New Jersey, Princeton University Press, 2010, p. 657.

2.  S.B Clough y R.T Rapp: Historia económica de Europa, Omega, Barcelona, 1979. Citado por Enrique Palazuelos: La formación del sistema económico de la Unión Soviética, Ediciones Akal, Madrid, 1990.

3.  Cálculos a partir de Palazuelos: La formación del sistema económico de la Unión Soviética. Ediciones Akal, Madrid, 1990.

4. Cálculos del autor con base a UNCTAD (2022) Unctadstat.

5. UNCTAD (2022) Unctadstat. 

6. Cálculos con base a ITC: Estadísticas de comercio internacional, Cálculos con base a ITC (2022) Estadísticas de comercio internacional.  

7. SIPRI (2022) SIPRI Military Expenditure Database. 

29 marzo 2022 66 comentarios 1.627 vistas
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Guerra

La guerra entre Ucrania y Rusia y la crisis del sistema internacional

por Mauricio De Miranda Parrondo 11 marzo 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

Desde la paz de Westfalia en 1648 hasta el día de hoy, las guerras que involucraron a varios países o continentes han sido el resultado de la quiebra de los sistemas internacionales precedentes, y como consecuencia generaron nuevos sistemas de relaciones internacionales que reflejaron siempre los intereses de las potencias vencedoras.

Los principios del sistema internacional contemporáneo y su persistente violación

El sistema internacional actual derivó del fin de la Segunda Guerra Mundial y se expresó en la constitución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya Carta establece como principios:

1) la igualdad soberana de todos sus miembros; 

2) los miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con la Carta; 

3) arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia;

4) abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado;

5) los miembros prestarán a la ONU toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con la Carta y se abstendrán a Estado alguno, contra el cual la ONU estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva;

6) la ONU hará que los Estados que no son miembros se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida en que sea necesario para mantener la paz y la seguridad internacionales;

7) la ONU no podrá intervenir en los asuntos que constituyen la jurisdicción interna de los Estados.

El capítulo VII de la Carta establece las acciones en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Las mismas se reservan al Consejo de Seguridad, cuyos cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia (después de la disolución de la URSS), Reino Unido, Francia y China, gozan de poder de veto. Entre estas acciones se considera el uso de fuerzas terrestres, aéreas o navales para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Amparada en esta figura, una coalición bajo la bandera de Naciones Unidas participó en la Guerra de Corea (1950-1953), desatada por la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur.

Guerra (2)

Cascos azules de la ONU (Foto: Prensa Latina)

Actualmente, sus Fuerzas de Paz (los llamados «cascos azules») participan en diversas misiones para la observación o el mantenimiento de la paz en Chipre y Kosovo en Europa; conflicto de Cachemira entre India y Pakistán, Timor Oriental y Afganistán en Asia; conflicto árabe-israelí y Líbano en Oriente Medio; Haití en América Latina y Caribe; y Sahara Occidental, Sudán, Sudán del Sur, Congo, Libia, Mali y República Centroafricana. Previamente, desarrollaron numerosas misiones relacionadas con guerras y conflictos militares internos en diversos países.

La Guerra Fría o la fractura del sistema internacional de postguerra

Poco después de la constitución oficial de la ONU —en cuya arquitectura se evidenció el desenlace de la guerra en la que los entonces aliados Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China fueron reconocidas como potencias vencedoras—, comenzó la Guerra Fría entre Estados Unidos y el llamado bloque occidental, por una parte, y la Unión Soviética y el grupo de países en su órbita como resultado de la imposición de regímenes comunistas, por la otra.

El enfrentamiento político y la competencia económica y militar de ambos bloques condujo a la formación de dos organizaciones militares enclavadas en el continente europeo, donde se estableció la línea principal de confrontación.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se creó por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949, y se autodefine como un sistema de defensa colectiva en el que los Estados miembros se comprometen a defender a cualquiera de ellos que sea atacado por una potencia externa.

Originalmente fue constituida por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia (se retiró de la estructura militar en 1966 y retornó en 2009), Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Posteriormente se incorporaron Grecia y Turquía en 1952, República Federal de Alemania en 1955 y España en 1982.

Después de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, se produjo la expansión de esta organización hacia el Este al incorporar antiguos aliados de la desaparecida URSS e incluso a ex-repúblicas soviéticas. Hungría, Polonia y la República Checa ingresaron en 1999; Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía en 2004; Croacia y Albania en 2009; Montenegro en 2017 y Macedonia del Norte en 2020.

El 14 de mayo de 1955 se firmó el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, también denominado Pacto de Varsovia, con el objeto de contrarrestar la amenaza que representaba para ellos la OTAN. Sus miembros fundadores fueron la Unión Soviética, Albania (se retiró de facto en 1961 y de jure en 1968, debido al diferendo ideológico de su régimen abiertamente estalinista con la dirigencia soviética), Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía.

Guerra (3)

También se autodefinía como organización militar defensiva. Por entonces Yugoslavia no se integró, debido a la ruptura de relaciones con la URSS y a su expulsión del Kominform en 1948 cuando se produjo el enfrentamiento político entre Stalin y Tito. Mongolia solicitó su ingreso en 1963, sin embargo, conservó un estatus de observador después que su ingreso fue bloqueado por Rumanía, pero tropas soviéticas se estacionaron en su territorio en 1966.

China y Corea del Norte también fueron países observadores, pero el primero se retiró en los años sesenta debido a su diferendo político con la Unión Soviética durante el gobierno de Mao Zedong, y el segundo se distanció para mantener su equidistancia durante el conflicto sino-soviético.

De forma alternativa, en 1961 un grupo de países del llamado Tercer Mundo, —liderados originalmente por el primer ministro de India Jawaharlal Nehru, y los presidentes Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Egipto), Ahmed Sukarno (Indonesia) y Nkwame Nkrumah (Ghana)— decidió constituir en Belgrado el Movimiento de Países No Alineados, que agruparía a los estados no miembros de organizaciones militares.

Aunque inicialmente pretendía la neutralidad entre los bloques militares, la realidad fue que muchas de estas naciones estaban alineadas políticamente con uno de ellos. Los principios de no alineación se resumen en: 1) Respeto mutuo por la integridad territorial y la soberanía de cada Estado; 2) No agresión; 3) No interferencia en asuntos internos de otros Estados; 4) Igualdad y mutuo beneficio en las relaciones entre los Estados y 5) coexistencia pacífica.

En realidad, tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia desarrollaron acciones ofensivas que se tradujeron en operaciones militares no relacionadas con sus objetivos declarados y que, además, resultan violatorias de la Carta de las Naciones Unidas.

La URSS invadió Hungría en 1956 para evitar que su gobierno se retirara del Pacto de Varsovia y se declarara neutral. En 1968, los ejércitos de la URSS, Alemania Oriental, Polonia, Hungría y Bulgaria invadieron Checoslovaquia para frenar las reformas económicas y políticas iniciadas allí. En 1979, tropas soviéticas intervinieron en Afganistán para asegurar su influencia geopolítica y lo mantuvieron ocupado militarmente, debiendo librar una cruenta guerra contra fuerzas nacionales hasta su retirada en 1989, con el balance de más de 15 mil soviéticos muertos y desaparecidos y más de 53 mil heridos y mutilados.

La OTAN por su lado, si bien no desarrolló acción militar alguna durante la Guerra Fría, atacó a Irak en 1991 como respuesta a la invasión de ese país a Kuwait y nuevamente en 2003 amparado en el supuesto de que allí había armas químicas que luego no se encontraron. Intervino en la guerra de Bosnia-Herzegovina (1992-2004), en la guerra entre Serbia y Kosovo de 1999 y lidera las fuerzas de paz establecidas en ese territorio, de conformidad con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También participó en operaciones para desarmar fuerzas insurgentes de origen albanés en Macedonia del Norte, invadió Afganistán entre 2001 y 2021 y se involucró en la guerra civil en Libia en 2011.

Guerra (4)

El presidente de la República de Kosovo, Hashim Thaci, de uniforme militar, ha sido acusado por crímenes de guerra. (Foto: EFE)

El fin de la Guerra Fría y sus efectos sobre el sistema internacional

Tras la desaparición de la URSS y el llamado campo socialista, las ex repúblicas soviéticas del Báltico y los antiguos miembros del Pacto de Varsovia negociaron su incorporación a la OTAN con el objeto de asegurar su defensa en caso de agresión rusa. Mientras tanto, la expansión de la OTAN hacia el Este ha sido considerada por Rusia como una amenaza, teniendo en cuenta la lógica de las esferas de influencia aceptada por Estados Unidos y Gran Bretaña en la Conferencia de Yalta de 1945.

Ese momento ameritaba un reordenamiento del sistema internacional para que el ambiente de Guerra Fría fuera reemplazado por uno de paz y verdadera coexistencia pacífica, estableciendo garantías de seguridad a las dos partes enfrentadas. Sin embargo, se impuso la misma lógica de los vencedores que existió tras las dos Guerras Mundiales.

La disolución del Pacto de Varsovia debió significar la desaparición de la Alianza Atlántica y el remplazo de ambos bloques por un mecanismo institucional derivado de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE). Por el contrario, lo que se produjo fue la expansión de la OTAN.

Para explicar este proceso, es necesario tener en cuenta que las relaciones entre Rusia y sus territorios vecinos han sufrido varios conflictos históricos. Considerando solo el siglo XX, Rusia y Polonia —que recuperó su independencia después de 123 años de estar repartida entre Rusia, Austria y Prusia— se enfrascaron en una guerra entre 1919 y 1921.

En septiembre de 1939 la Unión Soviética invadió Polonia por el Este, días después que lo hiciera la Alemania hitleriana por el Oeste. En 1940 invadió Finlandia (a la que arrebató parte del istmo de Carelia, pero fue frenado por el ejército de ese país), anexó las repúblicas de Letonia, Lituania y Estonia y despojó a Rumanía de la Besarabia moldava, que el imperio ruso había ganado al imperio otomano tras la guerra ruso-turca de 1806-1812 y perdido después de la Primera Guerra Mundial, debido a que el territorio decidió por referéndum su incorporación a Rumanía en 1918.

Esto explica que tras la disolución del Pacto de Varsovia, la desintegración de la URSS y los cambios políticos acaecidos en todos los países del antiguo bloque soviético; la mayor parte de los estados de Europa Oriental se orientaran hacia la OTAN desde el punto de vista político-militar y hacia la Unión Europea desde el punto de vista económico.

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La guerra entre Rusia y Ucrania

La conflagración entre Rusia y Ucrania se enmarca en esta lógica de esferas de influencia que ha definido el sistema internacional contemporáneo. Rusia ha pretendido limitar la soberanía ucraniana al impedir que este país ingrese a la OTAN y, en respuesta a lo que considera una amenaza, decidió invadir. Con ello ha violado todos los preceptos del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

La solución de este conflicto no puede ser otra que un alto al fuego que ponga fin a la inmensa tragedia humanitaria y una salida pacífica negociada que implique un tratado internacional cuyo cumplimiento sea verificable por instituciones internacionales. Sin embargo, tanto el punto de partida del proceso como el resultado de la negociación parecen difíciles en las actuales condiciones.

Rusia exige, para empezar, el reconocimiento de su soberanía sobre Crimea, la desmilitarización de Ucrania y su conversión en un país neutral (estatus que en la actualidad tienen Suiza, Suecia y Finlandia).

Según las declaraciones de Vladimir Putin, la resolución del conflicto «era posible solo si los intereses de seguridad legítimos de Rusia eran tomados en cuenta sin condición». Es decir, la posición del gobernante ruso es de diktat, pues demanda garantías a la seguridad de Rusia sin que ofrezca esas mismas garantías a Ucrania. Muy probablemente Rusia exija soberanía sobre las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk y que se asegure un corredor que le permita el acceso, no solo a los recursos de carbón y hierro de las cuencas de Donbás y Krivoi Rog, sino también una conexión por tierra hacia Crimea.

Ucrania, por su parte, reclama un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas. El gobierno de ese país se muestra reacio a aceptar la pérdida de territorios, sobre todo dada la importancia estratégica de las zonas en disputa. Su entrada a la OTAN resulta poco probable, especialmente por la renuencia del bloque a entrar directamente en la guerra ante la amenaza nuclear de Rusia. Si esto es así, un estatuto de neutralidad podría resultar viable siempre que reciba garantías internacionales.

Esta guerra ha demostrado con claridad la crisis del sistema internacional contemporáneo. Las bases sobre las que este se sustenta han saltado por los aires y no parece que pueda sobrevivir, precisamente debido a que no se reformó cuando fue posible y necesario.

La lógica de esta transformación debería ser el compromiso que garantice la seguridad internacional y que democratice las relaciones internacionales, a partir de fortalecer el rol de las organizaciones internacionales, muy especialmente las Naciones Unidas. De no lograrse semejante reforma, en la que mucho tienen que decir las economías emergentes, el sistema podría tener un final parecido al que resultó del Tratado de Versalles en 1919.

Como todas las crisis, esta puede ser una oportunidad para cambios positivos, de lo contrario podríamos estar presenciando el preludio de una guerra de proporciones inusitadas que comprometería la existencia misma de la Humanidad.

11 marzo 2022 74 comentarios 2.246 vistas
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Rusia

Rusia: el otro imperialismo

por Mauricio De Miranda Parrondo 4 marzo 2022
escrito por Mauricio De Miranda Parrondo

En su milenaria historia, Rusia pasó de un principado que reunió diversas tribus eslavas orientales a fines del siglo IX —que comenzó con la Rus de Kiev—,y después se fragmentó en varios estados que cayeron bajo hegemonía mongola, hasta la conformación de un gran imperio consolidado en torno al principado de Moscovia. Este último fue convertido a su vez en Zarato, durante el gobierno de Ivan IV El Terrible, en 1547, y proclamado imperio por Pedro I El Grande en 1721.

A diferencia de otros imperios, el ruso no fue ultramarino. Unificó primero las tierras rusas y luego conquistó y colonizó territorios de otros pueblos, hasta construir el Estado de mayor extensión territorial no ultramarino desde el siglo XVIII.

La revolución bolchevique y la cuestión nacional

Cuando se produjo la revolución bolchevique, una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue la «Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia», firmada por Lenin el 15 de noviembre de 1917 (según el calendario gregoriano), solo una semana después de asumir el poder. En ella se proclamaron: 1) la igualdad y soberanía para los pueblos de Rusia; 2) el derecho a libre determinación, incluyendo la independencia; 3) la abolición de todos los privilegios y restricciones nacionales y religiosas; y 4) el libre desarrollo de las minorías nacionales y los grupos étnicos que hacían parte del territorio del Imperio.

Este decreto garantizó el apoyo de varias minorías nacionales al bolchevismo en la Guerra Civil, debido a que las fuerzas pro-zaristas y de los llamados «rusos blancos» no apoyaban la autodeterminación de los pueblos no rusos del imperio.

En consecuencia, se produjo la independencia de Finlandia, República Popular de Ucrania (que incluso firmó su propio Tratado de Brest-Litovsk), Moldavia (que se integró a Rumanía), Lituania, Estonia, Letonia, la República Democrática Federal de Transcaucasia (formada por Georgia, Armenia y Azerbaiyán), Polonia y Bielorrusia.

Rusia (2)

(Wikimedia Commons)

Poco después de la toma del poder por los bolcheviques, estallaron la Guerra Civil (1918-1921) y la guerra polaco-soviética (1919-1921). Como resultado de ellas, los bolcheviques retomaron el control de la mayoría de los territorios independizados, con excepción de Finlandia, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia.

En particular, como consecuencia de la guerra entre la Rusia Soviética y Polonia, Ucrania fue dividida. En manos polacas quedó su zona occidental, formada por las actuales provincias de Volynia, Leópolis, Ternópil, gran parte de la actual provincia de Ivano-Frankivsk, y casi la mitad de Rivne. El resto del territorio quedó en manos rusas, en él se constituyó la República Socialista Soviética de Ucrania en 1919, después que las fuerzas nacionalistas ucranianas perdieron el apoyo de los imperios centrales derrotados en la Primera Guerra Mundial.

Entre 1920 y 1921, como efecto de la Guerra Civil, se estableció el dominio soviético en los territorios del Cáucaso y se constituyó la República Socialista Soviética Federativa de Transcaucausia, formada por Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

En diciembre de 1922, las repúblicas soviéticas de Rusia —que incluía a los territorios del antiguo Turquestán ruso dentro de la Federación—, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

A las repúblicas federadas se les otorgó el derecho a la autodeterminación desde el inicio, lo que sería ratificado en las constituciones de 1936 y 1977. Se suponía que ello significaba una unión libre de pueblos, representada en un nuevo tipo de Estado. Desafortunadamente, ese Estado carecía de democracia, lo cual facilitó que primara el «chovinismo gran ruso», como catalogaba Lenin la actitud de los bolcheviques que pretendían restablecer las estructuras de dominación rusa de los tiempos del imperio.

El imperialismo soviético

Para Lenin tenía un inmenso valor el principio de autodeterminación de los pueblos, de forma que no fuera la opresión «gran rusa» la base de su permanencia dentro del Estado socialista. Por eso criticó severamente a Stalin, Dzerzhinski y Orzhonikidze a raíz del «asunto georgiano», y en una nota fechada el 30 de diciembre de 1922 se preguntaba: «¿No será de ese mismo aparato ruso que, como indicaba ya en uno de los anteriores números de mi diario, hemos tomado del zarismo, habiéndonos limitado a ungirlo ligeramente con el óleo soviético?».

Más adelante insiste: «Yo creo que en este asunto han ejercido una influencia fatal las prisas y los afanes administrativos de Stalin, así como su saña contra el decantado “social-nacionalismo”. De ordinario, la saña siempre ejerce en política el peor papel». Y finaliza la nota: «A este respecto se plantea ya un importante problema de principio: cómo comprender el internacionalismo».

Stalin se las agenció para hacerse con el poder en la URSS tras la muerte de Lenin. Después de neutralizar e incluso expulsar a Trotski, fue traicionando a sus sucesivos aliados: Zinóviev, Kámenev, Bujarin, Rykov, hasta conformar una dirigencia plegada sumisamente a sus designios y convertirse, en la práctica, en un nuevo zar. Bajo su gobierno se impulsó la rusificación del país, lo que resulta paradójico dado su origen georgiano.

Rusia (3)

Joachim von Ribbentrop (izq.), Stalin y Viacheslav Mólotov (primero a la der.) durante la firma del acuerdo el 23 de agosto de 1939.

Luego del pacto Mólotov-Ribbentrop de 1939, la URSS invadió Polonia dieciséis días después de que Alemania hiciera lo mismo. Ante el Soviet Supremo de la URSS, Mólotov afirmó: «Un golpe corto del Ejército alemán y otro del Ejército Rojo, fueron suficientes para aniquilar esta fea criatura del Tratado de Versalles». (1) En 1940 la URSS, amparada en el referido pacto, invadió Moldavia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia. De todos estos territorios únicamente no pudo anexarse al último, pero le arrebató parte del istmo de Carelia.

Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, en la medida que el Ejército soviético recuperaba territorios, Stalin ordenó la deportación de millones de ciudadanos pertenecientes a diversas etnias, acusados en la mayor parte de los casos de «colaboración con el enemigo». Los alemanes del Volga, calmucos, chechenos, ingushes, tártaros de Crimea, turcos mesjetianos y balakarios; fueron deportados de sus tierras ancestrales y reubicados en territorios de Asia Central y Siberia. Miles perdieron la vida en travesía hacia los destinos impuestos. A la muerte de Stalin se reversó la medida y algunos regresaron a sus regiones de origen.

Concluida la Segunda Guerra Mundial, las fronteras de la URSS como potencia vencedora se establecieron en la mayor parte del territorio que antes constituyera el imperio ruso. Incluso, fueron sumados los llamados Cárpatos Ucranianos (actual provincia de Zakarpatia) arrebatados a Checoslovaquia, y aunque formalmente las repúblicas tenían derecho a separarse de la Unión, se reforzaron los poderes del centro. Adicionalmente, resultado de los Acuerdos de Yalta entre Stalin, Roosevelt y Churchill; la Unión Soviética logró establecer esferas de influencia en Europa Central y Oriental, supuestamente para garantizar su seguridad futura.

Sin embargo, de la garantía de seguridad se pasó a la dominación directa de Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía. Y esto no incluyó a Yugoslavia porque el presidente Tito se negó a cumplir órdenes de Stalin y el país fue expulsado del Buró de Información de los Partidos Comunistas y Obreros (Kominform).

En los países convertidos en satélites se impuso el sistema político totalitario comunista y el sistema de administración centralizada de la economía, se limitó la soberanía nacional al punto de colocar los intereses políticos y estratégicos de la Unión Soviética —a los que eufemísticamente se denominaba «de la comunidad socialista»— por encima de sus intereses nacionales. Lo que en teoría debió ser la expresión internacionalista de los pueblos de esos países, en realidad fue la confabulación de sus grupos dirigentes al servicio del Kremlin.

Por esas razones, ante la impotencia del resto del mundo, tropas soviéticas intervinieron en Berlín Oriental en 1953 para aplastar con sus tanques las protestas populares en respuesta a las excesivas normas de producción impuestas por los burócratas comunistas de Alemania Oriental, contra la escasez de bienes de consumo y la inflación.

En 1956 invadieron Hungría con el fin de impedir su decisión soberana de proclamar la neutralidad y abandonar el Pacto de Varsovia. En 1968 hicieron lo mismo en Checoslovaquia con el objetivo de imposibilitar las reformas de la dirigencia del Partido Comunista y el gobierno de ese país, orientadas a democratizar la sociedad y construir un «socialismo con rostro humano». En 1980 amenazaron a la dirigencia polaca con la invasión, en medio de las protestas generadas por el sindicato independiente Solidaridad.

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Lech Walesa, cofundador de Solidaridad y exmandatario de Polonia, durante la campaña para las presidenciales en 1989. (Foto: Reuters)

Las libertades establecidas durante la Perestroika y la Glasnost, destaparon varias «Cajas de Pandora». Una de ellas fue la ficción de un país construido sobre la base de la igualdad y la hermandad entre las diversas nacionalidades.

Los pueblos de las repúblicas bálticas clamaron por la independencia que ya habían tenido entre las dos guerras mundiales; reaparecieron las posiciones nacionalistas e independentistas de las naciones no rusas, especialmente los ucranianos, georgianos y armenios; así como de ciertos pueblos incorporados dentro de algunas de las repúblicas: los chechenos y los daguestanos dentro de Rusia, los rusos del Donbás dentro de Ucrania, los osetios del sur y los abjasios dentro de Georgia y los armenios del Alto Karabaj dentro de Azerbaiyán; entre otros.

Aún no había desaparecido la URSS y ya había guerra entre armenios y azeríes por el Alto Karabaj. Luego de la disolución de la Unión estallaron diversos conflictos étnicos, en varios de ellos ha intervenido Rusia para asegurar su posición dominante en la región.

El nuevo imperialismo ruso

Tras la desintegración de la URSS se agudizaron los conflictos entre las nuevas repúblicas soberanas y al interior de algunas de ellas.

El sistema de administración centralizada dio paso a una economía de mercado inspirada en el modelo neoliberal, en el que se produjo una alianza entre antiguos funcionarios y elementos del crimen organizado, que se apropiaron de la mayor parte de las antiguas empresas públicas y construyeron oligarquías. En la mayor parte de las repúblicas los grupos de poder mutaron de comunistas a ultra-nacionalistas, muchos adoptaron las posturas confesionales mayoritarias, reemplazando el poder de convocatoria de la ideología marxista por el de la religión predominante.

A pesar de que, desde el punto de vista internacional Rusia heredó el lugar de la URSS en el sistema de relaciones internacionales, quedó muy debilitada, no solo por la pérdida de poder político y militar, sino también por la debacle económica. Entre 1993 y 1999, el producto interior bruto (PIB) tuvo una contracción promedio anual del 4%, (2) y el PIB per cápita  —a precios constantes de 2015— pasó 6.398 USD en 1992 a 4.855 en 1999. La debacle económica de Rusia y todas las repúblicas exsoviéticas se reflejó en un incremento notable de la pobreza y las desigualdades sociales.

A partir de la renuncia de Yeltsin, el último día de 1999, y el comienzo de la «era Putin», comenzó el proceso para eliminar la escasa democracia alcanzada previamente en aras de «ordenar» el país. Para ello, resultaba imprescindible mejorar la economía y fortalecer el poderío militar de Rusia encaminada a recuperar el lugar perdido como gran potencia militar.

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Los cosacos erigen un busto de Putin como un emperador romano (Foto: Maxim Zmeyev/Reuters)

Putin lleva veintidós años en el poder, dieciocho de ellos como presidente (2000-2008 y a partir de 2012) y cuatro como primer ministro (2008-2012). En ese tiempo ha superado en gran medida la debilidad heredada por la desintegración de la URSS.

El PIB tuvo un crecimiento promedio anual del 5,4% en el período 2000-2009, pero se ralentizó en 2010-2019 a solo 1,9%.(3) En 2020, por los efectos de la pandemia, se contrajo a -3,0%. El PIB per cápita, medido a precios constates de 2015, pasó de 5.362 USD en 2000 a 9.935 en 2019 para caer a 9.633 en 2020.

Las relaciones comerciales se diversificaron desde el punto de vista geográfico, si bien su principal socio comercial es claramente China, que en 2020 representó el 14,5% de las exportaciones y el 23,7% de las importaciones.(4) En cambio, desde el punto de vista de la estructura mercantil las exportaciones se mantienen concentradas en las materias primas, especialmente los combustibles, que representan el 42% del total, las materias no especificadas un 11%, fundición de hierro y acero 4,7%, oro 5,5%, cereales 2,7%, platino 2,3%.

Rusia es un importante actor en las exportaciones mundiales de materias primas, algunas de ellas de importancia estratégica. No obstante, depende considerablemente de las importaciones de maquinarias, equipos y bienes industriales de alta tecnología.

Su poderío militar ha crecido notablemente y ha desarrollado armamentos de nueva generación. Un informe reciente divulgado por CNN, que reúne diversas fuentes —entre ellas Stockholm International Peace Research Institute (SIPIRI), el Banco Mundial, Global Firepower y CIA World Factbook—; muestra que mientras Estados Unidos destina al gasto militar el 3,52% del PIB, Rusia destina el 4,2%.

Rusia supera a Estados Unidos en el total de armas nucleares, pero está por debajo en armas desplegadas; supera a EE.UU. en tanques y en buques de guerra, mientras está por debajo en aviones de combate y en el total de tropas en activo (Padinger, 2022).

El sistema político ruso, que nunca fue plenamente democrático, se ha ido transformando de un régimen autoritario a uno cada vez más autocrático, centrado en el poder personal de Vladimir Putin. Se han introducido modificaciones constitucionales para reforzar los poderes del presidente. Mientras, la oposición es reprimida, tanto usando subterfugios jurídicos como de forma cada vez más evidente y abierta. Varios líderes opositores han sido asesinados o se ha intentado hacerlo, sin que esos crímenes hayan sido resueltos.

Mediante la represión militar se ha puesto fin a los conflictos separatistas dentro de la Federación Rusa. Pero al mismo tiempo, Rusia ha intervenido en conflictos regionales ocurridos en varias de las antiguas repúblicas soviéticas. Intervino militarmente en el conflicto georgiano-abjasio del lado de las fuerzas separatistas abjasias y mantiene tropas de ocupación en la región.

Del mismo modo actuó en el conflicto georgiano-osetio, al lado de las fuerzas separatistas de Osetia del Sur. Como resultado, tropas rusas ocupan ilegalmente parte del territorio de Georgia, que es un Estado independiente y cuyas fronteras nacionales reconocidas son las de la antigua república socialista soviética.

Recientemente sus fuerzas armadas fueron decisivas en la represión de las protestas populares contra el gobierno autoritario de Kazajistán. Asimismo ofreció ayuda militar a su aliado bielorruso Lukashenko que denunció sin pruebas la participación de la OTAN en las protestas populares contra el supuesto fraude electoral que le permitió continuar en el poder.

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Lukashenko y Putin (Foto: CNN)

Sin embargo, ha sido en Ucrania, donde el nuevo imperialismo ruso ha mostrado mayor virulencia. Ha exigido a los diversos gobiernos ucranianos, primero, que el país no ingrese a la Unión Europea, lo que motivó las protestas del llamado Euromaidán a fines de 2013 y principios de 2014.

Ellas condujeron a la renuncia de su aliado Yanukóvich y, al mismo tiempo, a la invasión y posterior anexión de la península de Crimea y a la proclamación de repúblicas separatistas en las provincias de Donetsk y Lugansk, pertenecientes a la región del Donbás, rica en carbón, hierro, lignito, antracita y hulla bituminosa; y más recientemente que el país no ingresara a la OTAN. Ante la negativa de la OTAN de rechazar la solicitud de membresía de Ucrania, Putin ordenó una invasión general al país vecino, iniciando una guerra que ya lleva una semana.

Rusia afirma sentirse amenazada ante la expansión hacia el Este de la alianza militar noratlántica, liderada por Estados Unidos, a partir de la inclusión en dicho bloque militar de las tres repúblicas exsoviéticas del Báltico y de los antiguos países del bloque soviético. Estos países, por su parte, solicitaron su adhesión a la OTAN ante el temor ocasionado por el rearme ruso, además de una historia de conflictos geopolíticos con la gran potencia euroasiática.

Por estas razones resulta imprescindible lograr un alto al fuego que respete la integridad territorial e institucional de Ucrania, así como la convocatoria a una nueva conferencia internacional sobre seguridad en Europa, que establezca las condiciones para evitar el estallido de una nueva guerra.

La lógica imperialista de las esferas de influencia conduce siempre a la guerra, y en las actuales condiciones de un mundo con armas nucleares desplegadas en diversos países, un conflicto armado puede significar la destrucción de la humanidad.

***

(1) Robert Tucker: (1990) Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928-1941. New York, W. W. Norton & Company, 1990, p. 612.

(2) Cálculos del autor con base a estadísticas de la UNCTAD (2022).

(3) Cálculos del autor con base a UNCTAD (2022).

(4) Cálculos del autor con base a Trademap (2022).

4 marzo 2022 70 comentarios 3.063 vistas
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