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Autor

Leonardo Fernández Otaño

Leonardo Fernández Otaño

Historiador y laico católico. Intento construir la Casa Cuba.

Proyecto

Breve historia de un proyecto doctoral

por Leonardo Fernández Otaño 7 junio 2022
escrito por Leonardo Fernández Otaño

Luego de terminar mis estudios de maestría, y al asumir como opción personal permanecer en Cuba —aun contemplando cómo mis compañeros de universidad salían al extranjero a estudiar en becas—; he rechazado varias propuestas y decidí iniciar este proceso de formación en la Universidad de La Habana, en la cual me gradué como Licenciado en Historia en el año 2016.

En enero del 2020 discutí mi proyecto de investigación con fines de tesis doctoral, que fue aprobado de modo satisfactorio por el tribunal competente de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana. Para su elaboración había viajado a Italia entre los meses de febrero y abril del 2019, mediante una beca de la Compañía de Jesús. Allí pude acopiar información en el Archivo Secreto Vaticano y en el Archivo Romano de los jesuitas.

Proyecto

En el 2020 viajé también a España, donde permanecí diez meses investigando en los principales fondos documentales existentes sobre el tema. A lo largo de este período, la Universidad de La Habana reformuló su plan de formación doctoral y, como resultado, mi investigación y las de varios colegas quedaron en un limbo docente.

Enterado de esta situación, a lo largo de aquella etapa escribí a la Dra. Leidys Abreu, secretaria del Programa de doctorado, para expresarle mi preocupación por el asunto. La docente respondió en varias ocasiones que mi plaza estaba totalmente asegurada. Este proceso, que para nada interrumpió mi ritmo de investigación, se extendió entre los años 2020 y 2021, período de muchos ajustes docentes a todos los niveles en Cuba producto de la pandemia.

Proyecto

En septiembre del 2021 realicé la matrícula oficial del Doctorado en Ciencias Históricas en la Secretaría Docente de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana. Se me pidió entonces elaborar el plan de trabajo con la tutora y otros aspectos burocráticos.

La última comunicación que recibí por parte de la coordinación del programa de doctorado fue en noviembre del 2021, cuando se me orientó avanzar en el ejercicio final del módulo «Tendencias actuales de la investigación histórica». Después de esta fecha, me mantuve profundizando en mi tema de investigación doctoral, titulado: «La Compañía de Jesús y sus vínculos sociopolíticos con las élites habaneras y santiagueras mediante su espacio colegial (1901-1940)». Ello incluyó el acopio de información en el archivo de la Compañía de Jesús en La Habana y las lecturas encaminadas a la realización de mi ejercicio evaluativo.

A la par de mi labor académica y laboral, y sin menoscabo de ella, he desarrollado una activa participación cívica en la vida pública de la nación, en consonancia con mis derechos fundamentales. Con tal objetivo ejerzo la crítica ciudadana y exijo pacíficamente la democratización de las estructuras de poder en mi país, siempre respetando la otredad y en apego a la ética cristiana que mueve mi vida.

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Comunicación – Plan de Trabajo

Matrícula Doctorado en Historia aspirantes – La Habana

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Por tal razón, la Seguridad del Estado y sus ramificaciones en la Academia Cubana, que debería estar llamada a respetar la diversidad de pensamiento por su apego a las ciencias sociales y humanísticas, han desplegado un grupo de acciones encaminadas a excluir mi presencia en un espacio de formación doctoral al cuál accedí por méritos científicos y en conformidad con derechos ciudadanos. Su evidente intención es presionarme, mediante el acoso, la violencia y el chantaje emocional, con el fin de que un día marche al exilio, como han logrado con otros tantos amigos.

Desde el mes de enero había intentado contactar vía WhatsApp a la Dra.C Leidys Abreu, secretaria del Programa de formación doctoral, pero nunca obtuve respuesta. Ante la inefectividad de esta vía le escribí a sus dos emails e inclusive la llamé al teléfono de su casa, dejándole mensaje de mi intento por localizarla con el fin de enviar el ejercicio del módulo de la asignatura «Tendencias actuales de la investigación histórica»

Finalmente, el día 13 de febrero del 2022, recibí un email de la Dra. Abreu. A instancias de mis requerimientos confirmaba que en un último proceso de selección yo no había sido escogido para el Programa doctoral en Ciencias Históricas. Además, indicaba que concertara una cita con el Dr.C Sergio Guerra Vilaboy, coordinador del Programa.

Proyecto

El miércoles 16 de febrero me dirigí a la Universidad de La Habana para entrevistarme con el profesor Guerra. La entrevista se extendió por aproximadamente cuarenta y cinco minutos. El académico me comunicó dos cuestiones: 1) que la Dr. Yoana Hernández, quien se ocupaba de la tutoría de mi investigación, había renunciado a dicha función, y 2) algo que según él constituía el motivo principal de la decisión: que yo no poseía vinculación laboral en el sector estatal, lo que impedía que cursara estudios doctorales.

Mi respuesta al Dr. Guerra Vilaboy fue argumentar la falsedad de ambas cuestiones: pues en conversación con la Dra. Hernández, el día anterior, me había afirmado que no tenía conocimiento de dicha medida y que se mantenía como mi tutora; le aseguré asimismo al académico que conservaba mi vínculo laboral con la Academia de Ciencias de Cuba, lo que confirmaban los avales extendidos por esa institución para que yo efectuara la matrícula en el Programa de formación doctoral y que constaban archivados en mi expediente como doctorante en la Secretaría de la mencionada facultad de la Universidad.

Proyecto

Durante la conversación, el profesor Guerra expuso los verdaderos motivos de mi expulsión: mis ideas políticas. Según me dijo, le molestó mi exigencia a la revista Alma Mater (aunque alegó no haber visto el documento) de que se visibilizaran los criterios de los egresados de la Universidad de La Habana que estuvieron vinculados al estallido social del 11 de julio del 2021. Estas son algunas notas del intercambio que sostuvimos:

L.F: Profe, lo vengo a ver, porque me dicen que no estoy seleccionado para el doctorado. Y yo defendí el proyecto.

SG: Nosotros empezamos un proyecto de doctorado nuevo, que empezó de cero, pero cometimos el error de empezar a matricular y defender algunos proyectos sin aprobar el programa. A partir de que la rectora lo firma es que comienza el programa. En tu caso hubo dos dificultades: la primera que no teníamos tutor para ti.

LF: Yoana Hernández.

SG: Yoana Hernández no aceptó ser tu tutora, pero el motivo más complejo, es que tú no tenías una institución estatal que te amparará.

LF: Pero profesor, yo sí tengo una institución que me ampare: la Academia de Ciencias de Cuba, y ahí está la documentación en Secretaría Docente. A mí me parece que lo que está sucediendo conmigo, es que por mis ideas políticas se me está separando del programa. Me avergüenza que mis profesores se presten para esto. Porque yo hice la matrícula en la Universidad y aquí está la constancia, firmada por usted., donde dice que mi proyecto es de los más adelantados. Yo lamento mucho que un académico de su calibre se preste para esto, y sepa que voy a exigir hasta donde tenga que ir, porque esto es una injusticia, profesor, porque aquí lo que está sucediendo es que la Seguridad del Estado está obligando a mis profesores.

SG: Perdona, perdona, a mí nadie de la Seguridad del Estado vino a verme.

LF: Pero es lo que estoy viendo. Porque mire los correos que yo recibí firmados por usted, ¡mire! Esto es una injusticia, parece mentira que en una institución de pensamiento se sigan discriminando a las personas. Porque además hay personas en los listados que se encuentran fuera del país con carácter definitivo.

***

SG: Cuando comenzamos a revisar el caso tuyo, que ya habíamos aprobado un tutor, dijo que no aceptaba, pero eso no fue lo decisivo. Lo decisivo fue que Secretaría informa que no te podemos aceptar a ti porque no tienes una institución que te ampare y que, por tanto, tú no podías ser matrícula. Y por esa razón no estás en el programa doctoral.

LF: Yo solo le digo que ahí está la documentación, que yo entregué en Secretaría. Porque quien me conoce sabe de lo riguroso que soy con mi trabajo. Entregué el aval firmado por el presidente de la Academia de Ciencias. Le voy a escribir a la rectora, al ministro de Educación Superior y esto se va a saber en su momento. Porque es vergonzoso que la comunidad académica se preste para esto. Detrás de todo, lo que hay son profundos motivos políticos. Aquí tengo las capturas de pantalla de mis conversaciones con Leidy Abreu, donde a mí se me asegura que mi matrícula está garantizada.

SG: Yo no sabía eso.

LF: Estoy muy avergonzado. Porque Leidy Abreu tiene mi teléfono, me podía haber llamado o hubieran visto realmente la documentación que está en Secretaría.

SG: Se revisó.

LF: Pero ¿cuándo? Porque el 21 de septiembre hice la matrícula, a las 9.00 am., y Maira Vistel está de testigo.

SG: Entonces la información que me dieron está equivocada, porque a mí me dijeron que Yoana se había negado.

LF: Ayer hablé con ella. ¿Entonces, a quién creo?

SG: Te digo por la información que me baja Secretaría. Lo otro que te quería decir: a mí en lo personal, lo que no me gustó, que no tiene nada que ver en esta decisión, porque yo no tomé esa decisión; a mí lo que sí no me gustó, y te lo digo porque lo vi, fue un post tuyo en Facebook diciendo que eres estudiante del programa. Si tú quieres dar una opinión puedes darla a título personal, pero no arrastrando el programa contigo.

LF: Se refiere a la carta de Alma Mater.

SG: Yo lo vi en Facebook.

LF: Pero muéstreme el archivo. Yo le escribí una carta a Alma Mater, diciendo que soy estudiante de la Universidad, graduado de la Universidad, porque a mí me golpearon y me tiraron encima de un camión de basura el 11 de julio.

SG: Yo no te he golpeado, yo no te he amenazado.

LF: Pero me está excluyendo de un proceso formativo en el que llevo años trabajando.

SG: Yo no excluyo a nadie, porque a mí la facultad me pasa los listados y en tu caso es lo mismo.

LF: Yo lo invito a que revise mi muro, porque usar un elemento que se publica en mi muro…

SG: Yo soy un poco distraído.

Proyecto

Sergio Guerra Vilaboy

Después de concluido el encuentro con el profesor Guerra Vilaboy, me dirigí a la Secretaría Docente de la Facultad, donde verifiqué que toda la documentación se encontraba en regla. Entre los documentos existentes estaba el aval de mi centro laboral.

Debo precisar además, que al menos tres de los miembros del Consejo Académico del programa doctoral tenían mis contactos telefónicos y emails para contactarme, bastaba una simple llamada.

En el camino de la reclamación

El 17 de febrero, al siguiente día de la entrevista con el doctor Sergio Guerra, dirigí un expediente con todos los documentos que poseo a la Dra.C. Mirian Nicado, rectora de la Universidad de La Habana. Desde esa fecha han transcurrido los sesenta días reglamentarios para recibir respuesta sin que haya tenido contestación alguna. Igual expediente remití al ministro de Educación Superior José Ramón Saborido.

Los motivos para la expulsión del doctorado estaban claros: mis criterios políticos en el espacio público, la participación en la manifestación frente al ICRT el 11 de julio, mi papel como coordinador de la Plataforma Archipiélago y el acompañamiento que realizo a las familias de los presos políticos del 11 de julio.

Como parte del proceso de discriminación política en el ámbito académico, se han empleado contra mí todos los métodos posibles, que incluyen difamar en las redes sobre mi labor investigativa y exponerme en la televisión sin mi consentimiento. El acoso no solo se ha ceñido al plano intelectual, pues ha implicado asimismo siete interrogatorios policiales (desde junio del 2021 hasta la fecha), presiones sobre mi familia que abarcan el acoso sobre mi madre mediante visitas o llamadas de la Seguridad del Estado a su hogar, y el intento de dinamitar la relación con mi padre a través de llamadas anónimas a su celular y acoso en las redes sociales.

De igual modo, he recibido todo tipo de intimidación, que va desde cercos policiales en los bajos de mi edificio hasta amenazas contra mi integridad física por parte de agentes de la Seguridad del Estado en la puerta de mi domicilio a altas horas de la noche; interrogatorios a mi círculo de amigos e inclusive la detención exprés de un vecino en el mes de octubre de 2021. Asimismo, seis meses de prisión domiciliaria por mi participación en los sucesos del 11 de julio.

Este proceso es evidencia de lo vivido por un joven cubano que decide no emigrar y permanece en Cuba, exigiendo la democratización de los poderes públicos del Estado.

Nada importó a los censores y represores académicos el tiempo y esfuerzos que dediqué a mi proyecto doctoral. Lo que he experimentado en estos meses demuestra que en Cuba las posturas políticas y cívicas diferentes al canon dictado por el Partido Comunista son un signo de exclusión para el acceso a la Educación Superior, pues la Universidad sigue siendo para las personas que se abstienen de participar en la vida política de la nación, entiéndase para aquellas que no disienten de las políticas del Estado.

Reconozco, sin embargo, que este derecho que hoy reclamo es un privilegio, pues en las cárceles cubanas permanecen cientos de presos políticos. Por ende, si el costo de mi compromiso social y afectivo con sus familiares, la justicia y mi opción de fe fuera la limitación de este derecho fundamental y constitucionalmente reconocido, lo asumo con entereza, no sin que intente luchar asimismo por el derecho que tengo a cursar estudios doctorales en mi país.

7 junio 2022 22 comentarios 2k vistas
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Comunidad

Sentenciando a una comunidad empobrecida

por Leonardo Fernández Otaño 27 mayo 2022
escrito por Leonardo Fernández Otaño

La justicia es igual a las serpientes: 

Sólo muerden a los que están descalzos.

Monseñor Romero

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El 12 de julio del 2021 la ciudadanía protestó de forma masiva en La Güinera, barrio del municipio habanero de Arroyo Naranjo. Esta manifestación se debe situar en el contexto del estallido social que sacudió el archipiélago desde la jornada anterior, y que tuvo como resultado más de mil personas detenidas en los días siguientes, la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, así como un amplio despliegue de la violencia de Estado.

A estos hechos ha seguido el desarrollo de varias causas judiciales contra un total de 161 ciudadanos residentes en la comunidad en cuestión, según datos aportados por la ONG Justicia 11J. Los delitos más frecuentes en las condenas han sido sedición, propagación de epidemias, desacato, desordenes públicos y atentado.

Un patrón que se repite en las sentencias se basa en que los testigos presentados por fiscalía, en su inmensa mayoría, fueron oficiales del Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria. Además, si bien se observan en estos documentos referencias a los episodios de violencia por parte de los manifestantes, se omite toda información concerniente al ejercicio de la fuerza policial y de los funcionarios gubernamentales, visibles en los videos grabados por la ciudadanía y en el testimonio de los familiares.

Aun cuando existe un alto cúmulo de información sobre los sucesos del 11 y 12 de julio, en este texto nos concentraremos en analizar la compleja situación social de la comunidad La Güinera, reflejada en los propios dictámenes judiciales y en la información aportada por los familiares de los presos. Con ese fin se seleccionaron como muestra las sentencias de las causas 13/21; 14/21 y 19/21. En esos procesos fueron juzgados sesenta y un ciudadanos, con edades comprendidas entre los diecisiete y los sesenta y cuatro años. Las penas impuestas por los jueces oscilaron entre seis y veintiséis años de prisión.

Durante la visita del presidente Miguel Díaz Canel a La Güinera, el 20 de agosto del 2021, los medios oficiales intentaron presentar al barrio «como un espacio social donde las problemáticas poblacionales estaban resueltas o en vías de solución». En cambio, las sentencias ofrecen información que permite constatar la enorme complejidad de las dificultades existentes en el tejido social y la vida comunitaria, que tienen como denominadores comunes la agudización de la pobreza y la exclusión social.

Comunidad
Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)
Comunidad
Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)

Escolarización, empleo y relación con las instituciones gubernamentales

En el texto que publiqué en este espacio el pasado mes de marzo, afirmé que los efectos de las continuas crisis económicas y del deterioro del modelo socio-político cubano, han influido en el débil mercado laboral de los residentes en este barrio. Tal proceso tiene su expresión más apreciable en tres características comunitarias: elevada tasa de abandono del sistema educativo al concluir la enseñanza media, auge del empleo informal y desconfianza en las instituciones públicas o gubernamentales.

Si bien en la sentencia de la causa 13/21 no se ofrece información sobre el nivel educativo de los imputados, los expedientes 19/21 y 14/21 aportan datos que permiten develar la naturaleza social del estallido en cuestión. El alto índice de abandono escolar se encuentra motivado por la precarización del nivel de vida, la disfuncionalidad de los hogares y la falta de acceso a elementos tecnológicos, como computadoras o discos externos, que permitan responder a las necesidades de los procesos docentes en la educación superior. Esta tesis es verificable a simple vista en las sentencias, pues de los acusados analizados ninguno posee titulación universitaria.

En un país en que la escolaridad obligatoria es hasta el noveno grado, los datos presentes en las sentencias ofrecen un panorama educativo desolador: cuatro detenidos poseen 6to grado de escolaridad, veintisiete concluyeron el 9no grado y solo nueve poseen el duodécimo grado. Dicha información muestra la presencia de un alto índice de escolarización elemental, pero también revela una abrupta deserción escolar, que, lejos de favorecer la continuidad de estudios al menos hasta el preuniversitario, potencia la incorporación de adolescentes al mercado laboral, en especial en el sector informal.

El otro elemento que evidencia la situación de vulnerabilidad económica que incentivó a la ciudadanía a tomar el espacio público, es la informalidad del mercado laboral, que se agudizó aún más con la «Tarea Ordenamiento», la crisis de desabastecimientos y el proceso de hiperinflación que se vive en el país. El agravamiento de esta realidad condujo a las protestas, pues empeoraron el acceso a la alimentación, los medicamentos y otros insumos básicos en medio del peor pico de la pandemia de covid-19.

La inestabilidad del mercado laboral se observa en el alto nivel de desocupación declarado en los procesos judiciales. Esta información ha sido empleada por el Gobierno para criminalizar a los manifestantes, sin ofrecer las causas sociológicas y económicas que la originaron. Los datos y la realidad de la comunidad demuestran el difícil panorama laboral de sus habitantes: en el momento de la manifestación, treinta siete personas se encontraban desempleadas, solo quince tenían vinculación laboral reconocida, tres eran estudiantes y uno estaba atendido por la Seguridad Social.

Estos datos deben ser contrapuestos con la información aportada por los familiares de los detenidos. De las ocho familias consultadas, se pudo constatar que sus hijos realizaban distintas actividades en el sector de la economía informal, obligados por la situación de vulnerabilidad de sus núcleos familiares, integrados por madres solas o compuestos por un elevado número de miembros.  

A este panorama debe añadirse el efecto causado entre esas personas por la apertura de tiendas en monedas libremente convertibles (MLC), que complejizó aún más su situación. Estos comercios expiden productos en una moneda a la que no tiene acceso la mayoría de los manifestantes, y habían reforzado el mercado informal de reventa de insumos básicos para una vida digna, los cuales llegaron a precios inconcebibles para familias que, en muchos casos, están en el umbral de la pobreza extrema.

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Elizabeth León (Foto: María Lucía Expósito)

Si analizamos la composición de los grupos etarios predominantes en las causas, es patente que el grupo más numeroso de manifestantes oscila entre los dieciocho y los treinta años, con un total de treinta y cuatro enjuiciados; mientras, entre los treinta y uno y cuarenta años fueron sentenciados catorce.  Únicamente trece detenidos exceden las cuatro décadas de vida.

La presencia mayoritaria de una ciudadanía joven, millennials, que ha vivido en carne propia las continuas crisis de la economía y se ha distanciado de los metarrelatos políticos gubernamentales, demuestran un panorama distinto en los posicionamientos cívicos y políticos de los manifestantes, que se alejan del discurso que atrajo a sus abuelos.

El otro aspecto que llevó a la ciudadanía al espacio público el 12 de julio, fue la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del Estado. La situación de fragilidad presente en los escenarios de la vida cotidiana de estas personas, las ha obligado en distintos momentos a acercarse a las dependencias gubernamentales para solicitar ser beneficiarios de políticas sociales, que pueden ir desde requerir círculos infantiles para sus hijos hasta subsidios por concepto de familias numerosas o por el mal estado de sus viviendas. Según refieren estas personas en nuestros intercambios, sus planteamientos han sido desoídos la mayor parte de las veces, lo cual les demostró la ineficacia de «los canales establecidos».

Esta situación ha cobrado mayor intensidad después del 12 de julio, pues los padres y familiares han remitido quejas sobre la instrucción de causas o sobre el propio proceso legal a instancias fiscales y a la presidencia de la República, que solo en algunos casos han tenido contestaciones escuetas; en otros, aún esperan respuesta.

Disenso político y criminalización gubernamental

A raíz del estallido social de julio pasado, importantes figuras políticas han empleado una serie de calificativos peyorativos para referirse a los manifestantes: «mercenarios, vándalos, lacayos o pagados del imperialismo». Tales expresiones han sido usadas indistintamente por Miguel Díaz Canel y otros funcionarios públicos con el fin de criminalizar el disenso, pero lo que hacen en realidad con estas etiquetas es pasar por alto la situación de pobreza y marcada desigualdad social de gran parte de los sectores que se manifestaron esos días. Para caracterizarlos, utilizan el suave término de «población vulnerable».   

Comunidad
María Luisa Fleitas y Migdalia Padrón (Foto: María Lucía Expósito)
Comunidad
María Luisa Fleitas (Foto: María Lucía Expósito)

En el firme intento de incluir a los manifestantes de La Güinera en la categoría de vándalos, uno de los aspectos alegados por el discurso político y los medios oficiales, es que la mayoría de los procesados de esa comunidad poseían antecedentes penales. No obstante, al examinar las tres causas seleccionadas, se verifica que, de un total de sesenta y un ciudadanos, cuarenta y cuatro, poco más de las dos terceras partes, no posee antecedentes penales; mientras, diecisiete de ellos sí ha tenido en algún momento de sus vidas una condena judicial.

En el caso de estos últimos, en su inmensa mayoría habían cumplido las sentencias, lo cual motiva dos cuestionamientos: ¿tener antecedentes penales constituye causa de limitación de los derechos políticos?, ¿acaso la justicia no debe tener carácter reeducativo, por qué criminalizar el disenso político, cuando el ciudadano ya ha pagado su pena?

Las condenas a los ciudadanos de esta comunidad reflejan la ausencia de una capacidad de negociación política, que, en lugar de apuntar a la búsqueda de soluciones para revertir la fragilidad social y económica presentes en dicha colectividad, optan por el uso punitivo de la justicia, sentenciando y criminalizando a los habitantes de barrios empobrecidos a penas ejemplarizantes.

Este panorama, lejos de resolver conflictos, agudiza la vida comunitaria y sienta precedentes en la mentalidad de una ciudadanía que hace décadas vive bajo el efecto de la crisis del modelo político y económico imperante en Cuba.

27 mayo 2022 9 comentarios 1k vistas
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La Güinera

12 J: ¿Por qué La Güinera?

por Leonardo Fernández Otaño 7 marzo 2022
escrito por Leonardo Fernández Otaño

El pasado 12 de julio del 2021, La Güinera, localidad ubicada en el habanero municipio de Arroyo Naranjo, fue uno de los epicentros del estallido social que sacudió a Cuba desde el día anterior. Las condicionantes para este proceso de desobediencia civil fueron diversas: las consecuencias de la «Tarea ordenamiento», la incapacidad de democratizar las instituciones públicas, o la dolarización de la economía; combinadas con las disconformidades cívicas de una generación millennials hiper-conectada a redes sociales como Facebook o Twitter. Estos factores desembocaron en un panorama sociopolítico que desafía al autoritarismo del estado cubano, cada vez más expuesto mediante una directa en una red social.

Estas realidades, a su vez, pudieron ser denominadores comunes para otras comunidades donde el estallido social tuvo altos niveles de participación popular. Desde la implementación de la «Tarea ordenamiento», se fueron produciendo una serie de sucesos que apuntaban a la explosión de la desobediencia civil: el alza desmedida de precios y la inflación; la ofensiva contra «los coleros» y el sector privado; el desabastecimiento y el aumento de tiendas en monedas libremente convertibles, en detrimento de la oferta en pesos cubanos; la prohibición de depositar en dólares físicos en las unidades bancarias.

Los efectos de las medidas anteriores coincidieron con la crisis de la pandemia y su insuficiente gestión gubernamental, de modo que estas problemáticas se convertían en combustible en un granero cada vez más repleto de heno. Solo era cuestión de una chispa para que estallara el incendio. Ese momento llegó en San Antonio de los Baños la mañana del domingo 11 de julio.

Problemas acumulados

Nacido en el siglo XIX, a lo largo de su historia La Güinera ha presentado una serie de problemáticas sociales nunca resueltas que se agudizaron con la crisis de los noventa. La dinámica de extensión del estallido social apunta a que surgió en un sector intermedio de la calle Agramonte —caracterizada por su precariedad económica—, y los manifestantes se desplazaron hacia el final de esta vía, donde se ubican los mayores niveles de pobreza, para luego dirigirse hacia la zona del Capri. Este esquema, que se repite en la fisonomía del 11J, nos conduce a uno de los ejes del estallido: la precarización de la vida cotidiana en el país, visualizada en el aumento abrupto de la pobreza.

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Lugar donde empezaron las protestas en la comunidad de La Güinera (Foto: María Lucía Expósito)

La pobreza existente en el barrio indica dificultades persistentes a lo largo del siglo XX, que se han venido agudizando en el XXI. El primer elemento confirmatorio se basa en el deterioro del fondo habitacional. Esta situación responde a diversas causas: los bajos ingresos familiares (varios casos de madres solteras), afectaciones parciales por causa de los huracanes, dependencia del mercado laboral informal o derrumbes producto a la temporalidad de los materiales empleados en las edificaciones.

Las viviendas de los detenidos y sus familiares, en un setenta por ciento de los casos observados, presentan una estructura similar: cubiertas de asbesto cemento o zinc con afectaciones parciales, o procesos constructivos inconclusos. El espacio físico de los inmuebles, en el ochenta por ciento de las familias visitadas, no excede las cuatro habitaciones (generalmente sala-comedor, cocina, baño pequeño y un dormitorio colectivo). Además, la generalidad de los hogares estudiados son de numerosos miembros para los estándares cubanos, lo que los ha llevado a compartimentar las viviendas o a que convivan varias generaciones en las mismas.

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La estructura familiar tiene particularidades. Uno de los modelos que más se repite se basa en la prevalencia de la autoridad materna como figura coordinadora del hogar (aunque esta aproximación se realiza después de las detenciones de sus hijos en los meses de julio y agosto pasados). Tal situación tiene su origen en el alto índice de divorcios en la comunidad, o en la ausencia paterna por diferentes motivos, lo cual ha obligado a las madres a capitalizar el sostén familiar.

Otra característica de la comunidad es su alto índice de migración interna, proveniente sobre todo de las provincias orientales. Personas procedentes de provincias como Guantánamo y Santiago de Cuba se han establecido en los últimos sesenta años, pero con mayor intensidad desde la crisis de los noventa.

En estas migraciones, los individuos han vivido un complejo proceso de acogida e incorporación a la sociedad. La primera dificultad que enfrentan es el acceso a la vivienda. Este puede lograrse mediante la adquisición o la ocupación ilegal de un terreno para la fabricación de una casa —que en reiteradas ocasiones no posee los estándares mínimos para acoger a sus familias—, o mediante el alquiler de un inmueble.

Antes del estallido social, esta situación de vulnerabilidad era aún más grave, dada la imposibilidad de acceder a la canasta básica normada por no tener legalizado un domicilio reconocido que garantizara la consiguiente Libreta de abastecimiento, lo que complejizó la precariedad luego del advenimiento de la referida «Tarea ordenamiento» y el panorama de hiperinflación.

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La primera dificultad que enfrentan quienes migran desde la región oriental del país, es el acceso a la vivienda. (Foto: María Lucía Expósito)

La cuestión de la oferta de empleo y la informalidad del mercado laboral resultan terreno escabroso, pues se han detectado redes económicas informales en todas las esferas de la vida cotidiana de la comunidad. Este es un fenómeno de larga data en el barrio que persiste desde inicios del siglo XXI y provoca que varios de los detenidos del 11J sean declarados como «desocupados» por las autoridades. En cambio, la realidad simbólica y antropológica del barrio es otra, ya que para su entorno cultural, ellos son «luchadores», lo que se traduce en personas que han sobrevivido en medio de las ondulaciones económicas y las sucesivas crisis que ha sufrido el país.

En ciertos casos, los manifestantes se empleaban en el sector estatal de la economía, y su participación en la protesta del 12 de julio responde a la precarización de su vida cotidiana y a motivos personales aún por investigar.

Respecto al acceso a la educación en el barrio, un importante núcleo de jóvenes posee niveles de escolarización que oscilan entre 9no grado, técnico medio o el duodécimo grado; siendo más difícil hallar matriculados en la educación superior. Esta realidad responde a que los ciudadanos tuvieron que lidiar con panoramas familiares difíciles y situaciones de vulnerabilidad económica que los obligaron a iniciar un camino en el sector informal de la economía, para lo cual abandonaron el sistema de enseñanza.

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En la comunidad existen profundos problemas socioeconómicos no resueltos o cosmetizados. (Foto: María Lucía Expósito)

Un elemento persistente en la vida cotidiana de la comunidad es la desconfianza en las instituciones públicas y los poderes del estado. Varias familias de las visitadas habían acudido a las autoridades correspondientes para hacer notar la precariedad de su situación económica, sin que recibieran la atención debida o un acompañamiento real. Así, un importante grupo de los manifestantes que aún permanecen detenidos vivía bajo el umbral de pobreza o en situaciones de precariedad económica, por lo cual su participación en el estallido estuvo atravesada por dos elementos: el descontento ante el abandono institucional y la necesidad de cambios urgentes en su realidad.

Entender lo que sucedió en La Güinera el 12 de julio requiere un análisis más profundo. Este texto solo puede esbozar algunas ideas y observaciones del entorno. Falta mucho camino investigativo para comprender la situación de vulnerabilidad y precarización de la vida en este barrio. Sin embargo, sí puede afirmarse que el panorama se agudiza mientras la comunidad tenga más de cien presos políticos y diversas situaciones socioeconómicas no resueltas o cosmetizadas. El próximo estallido puede estar al doblar de la esquina, y bien pudiera ser la ciudadanía de La Güinera la llama que prenda el granero esta vez.

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Este texto es parte del proyecto «Desigualdad, pobreza y sectores vulnerables en Cuba». Puede participar en él, enviándonos recomendaciones, testimonios, comentarios, al  correo jovencuba@gmail.com, con el asunto «Proyecto – desigualdad».

7 marzo 2022 7 comentarios 2k vistas
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La vida de los míos

La vida de los míos

por Leonardo Fernández Otaño 11 octubre 2021
escrito por Leonardo Fernández Otaño

Recuerdo que cuando vi por primera vez la película La vida de los otros,  del cineasta Florian Henckel, lo hice durante mis estudios de Historia Contemporánea en la Universidad de La Habana. Entonces el filme me ayudó  a reflexionar sobre cómo el Ministerio para la Seguridad del Estado alemán (STASI, por sus siglas), era capaz de deshumanizar a los sujetos espiados desestabilizando el mundo de sus afectos.

Aun cuando se haya escogido otro escenario para la historia narrada, a muchos cubanos nos resultó muy fácil establecer similitudes entre nuestra realidad y la expuesta tras la pantalla. Resultaba escalofriante el saber que algo parecido vivíamos los cubanos. Lamentablemente, aún lo vivimos.

La Seguridad del Estado cubana, cuyas prácticas la acercan a las del cuerpo represivo de la desaparecida Alemania Oriental, violenta hoy la débil legislación constitucional y penal existente. Lo hace con la intención de dinamitar las familias de los miembros del movimiento crítico y disidente que cada vez toma más fuerza entre grupos de la sociedad civil, liderada en los últimos tiempos por jóvenes.

Conozco historias de cómo agentes de este cuerpo realizan acciones anticonstitucionales y acosan a las familias de artistas, intelectuales, periodistas independientes, trabajadores…, y de muchos detenidos por expresar su descontento con el régimen que gobierna. Ahora también los míos y yo lo estamos sufriendo.

La vida de los míos (2)

El pasado 11 de julio fui arrestado en la manifestación ocurrida en los bajos del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), como parte del estallido social que sacudió toda la Isla. Después de la represión sufrida por quienes fuimos manifestantes pacíficos se disolvió nuestra ya escasa fe en la posibilidad de una reforma interna del sistema autoritario como vía para llegar a una vida democrática y participativa. Como respuesta, surgió la iniciativa cívica Archipiélago.

En este colectivo coordino con un grupo de amigos el espacio ciudadano Ágora, donde fomentamos el intercambio que busca consensos y propuestas para el desarrollo de la Nación. Mi participación en ese grupo y la injusta reclusión domiciliaria, que según la ley cubana ya concluyó, han sido los motivos empleados por la Seguridad del Estado para hostigar a mis padres y amigos. Por la gravedad de estos hechos, alzo mi voz para denunciarlos públicamente.

El día 17 de septiembre, en un abierto ejercicio de acoso digital que se gestó desde un perfil falso, mis padres recibieron un mensaje donde los emplazaban a realizar acciones de reprimendas contra mí debido a mis proyecciones sociopolíticas y a la queja que había interpuesto ante la Fiscalía General de la República contra el periodista Humberto López por exponer en la televisión pública a dos menores de edad.

Ese reclamo se encuentra amparado por el derecho constitucional a presentar quejas ante las autoridades, por lo ha sido una violación del Código Penal cubano vigente y de los acuerdos internacionales de protección de los adolescentes que infringió López en su espacio televiso.

Este tipo de herramientas difamatorias se ha convertido en una práctica común por parte de los cuerpos de inteligencia cubanos desde la llegada de las redes sociales al país, en franca violación del artículo 46 de la Constitución en vigor, que establece: «El estado respeta y garantiza el derecho de las personas a su intimidad personal y familiar, a su imagen, dignidad y honor».

De igual modo, el pasado 6 de octubre, mientras me encontraba en un interrogatorio policial, un agente de la Seguridad del Estado visitó la casa de mis padres. Aunque solo se encontraban mi madre y mi sobrina menor, la persona en cuestión, atribuyéndose prerrogativas que no le corresponden, amenazó a la familia con un proceso penal sobre mi persona debido a mis planteamientos cívicos.

La vida de los míos (3)

Dichas proyecciones se amparan en mis derechos constitucionales de libertad de pensamiento, asociación, expresión y manifestación establecidos en el artículo 59 de la actual Carta Magna y respaldado por el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, en rueda de prensa efectuada en el mes de julio pasado. Esta actitud anticonstitucional y violatoria del artículo 46, sumió a mi familia en una profunda crisis emocional. Mis padres, ciudadanos dignos y honestos, han sido injustamente acosados por una autoridad parapolicial.

Minutos después también fue detenido en plena calle y sin ninguna notificación, mi vecino, cuyo nombre no revelaré para proteger su identidad. Lo sometieron a un interrogatorio conducido por la Seguridad del Estado, en el que constantemente difamaron contra mí, hasta llegar a decir que era agente de la CIA, argumento grotesco para quien me conoce y sabe de mi vocación cívica. Ante tan hiperbólico planteamiento, me pregunto por qué no presentan las pruebas y me llevan a juicio por traición a la tierra que me vio nacer, esa a la que siempre regreso y sueño plural.

Debido a los profundos lazos de afecto que nos unen, el día 7 de octubre también fue citada a la estación de Zapata mi amiga Carolina Sansón Aguiar. En el interrogatorio volvieron a difamar contra mí, pues me calificaron como mercenario financiado desde el extranjero. Debo apuntar que los padres de Carolina también fueron sometidos a dos episodios de acoso por parte de la Seguridad del Estado, los días 6 y 8 octubre, con el fin de «alertarlos» para que aconsejaran a Carol que se alejara de sus amigos, pues podía ser procesada por instigación a delinquir.

Resulta grotesco cómo el Estado cubano, en pleno siglo XXI, emplea estos métodos anticonstitucionales y violatorios de los derechos humanos para intimidar a los ciudadanos que solo alzan su voz para criticar la situación política, económica y social que se vive en el país, con total apego a la legislación vigente.

Debido a la gravedad de estas acusaciones vertidas sobre mí y encaminadas a colapsar mi universo afectivo, me siento en la obligación de hacer precisiones necesarias.

En primer lugar, los planteamientos hasta ahora mencionados son infundados y constituyen ejercicios difamatorios. Soy un trabajador honrado, mis vínculos laborales son con la Academia de Ciencias de Cuba, con el Centro de Estudios Fray Bartolomé de las Casas, donde ejerzo la docencia, y con la Compañía de Jesús en Cuba, estas dos últimas instituciones pertenecientes a la Iglesia católica.

De igual modo, aclaro que mis viajes al exterior han sido los siguientes:

  • Del 7 de septiembre al 7 de diciembre del 2017 a Argentina, cumpliendo una invitación de las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús. Durante esta estancia colaboré como voluntario internacional en el trabajo con infantes y adolescentes vulnerables de las comunidades de Villa Jardín e Ituzaingó, en las periferias de Buenos Aires.
  • En enero del 2019 viajé a Panamá por invitación de la Arquidiócesis de La Habana, para asistir a la Jornada Mundial de Juventud presidida por el Papa Francisco.
  • Entre el 24 de febrero y el 6 de abril de ese mismo año, atendiendo a mi formación doctoral en la Universidad de La Habana e invitado por la Compañía de Jesús, me trasladé a Italia para realizar una estancia de investigación en los Archivos Vaticanos.
  • Entre el 23 de febrero y el 3 de diciembre del 2020, gracias a los padres jesuitas españoles, viajé a España con la debida autorización de la Academia de Ciencias de Cuba, para investigar en los archivos madrileños sobre el proyecto que desarrollo.

Por ello, convido a los miembros de la policía política para que antes de verter formulaciones difamatorias, busquen en sus propios expedientes migratorios.

Si bien nunca he sido dado a denunciar los acosos que he sufrido, excepto los del 11 de julio pasado por creer que ello constituía un deber ciudadano, las recientes situaciones expuestas no solo violan mi integridad, sino que también intentan dinamitar parte de mi círculo más cercano. Como soy un hombre de fe no puedo dejar de compartir tres realidades personales:

A pesar de las lágrimas de mis padres, del sufrimiento generado a la madre de mi vecino, a quien me unen lazos maternales también, a los padres de Carolina y a mis propios amigos, que me afectan mucho; yo solo puedo decirles que los perdono, en mi corazón no hay lugar para el odio.

Denuncio el acoso que padecen otras familias como la mía y que causa un daño irreparable en la sociedad, fracturada de por sí en su dimensión antropológica y afectada por una profunda crisis, que ha hecho perder el sueño a miles.

Invito a los cuerpos militares y represivos a una reflexión basada en que las familias acosadas pueden ser también las suyas, que los jóvenes maltratados de modo continuado, bien pueden ser sus hijos.

A los que me leen, mi invitación es a cultivar una rosa blanca llamada reconciliación, que tiene como abono el respeto a la dignidad vital de los otros, los suyos y los míos.

11 octubre 2021 27 comentarios 3k vistas
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