La portada del diario mexicano La Palabra correspondiente al 6 de junio de 1933, hizo pública la desesperación de un padre de familia. Preso de vértigo ante la magnitud de los desastres morales que según él ocasionaría el plan de Educación Sexual dispuesto para las escuelas primarias de Ciudad de México, el señor Adolfo Peña fue intransigente al expresar: «Creo tener por derecho propio, natural y social la facultad exclusiva y única de tratar este asunto en el seno de mi hogar».
El reclamo de Peña, ventilado en la prensa nacional, fue reforzado en multitudinarias marchas, declaraciones oficiales por parte de la comunidad religiosa y sonantes amenazas al gobierno, que contemplaban la posibilidad de retirar a los menores de las escuelas. Tal fue la presión, que menos de un año después y sin haberse establecido, se descartó el programa y fue forzado a dimitir su artífice, el Secretario de Gobernación y Educación Pública Narciso Bassols.
A raíz de este intento fallido, la inclusión de la sexualidad en las políticas educativas destinadas a los jóvenes en Latinoamérica ha proliferado y convertido a la Educación Sexual Integral (ESI) en objeto de estudio de particular relevancia para las ciencias sociales y humanas. Los debates acerca de la temática, que por su extrema complejidad inquieta y provoca a más de uno, forman parte de un arduo proceso de negociaciones y disputas que, tras ocho décadas de iniciado, está lejos de resolverse.
Así lo demuestra una reciente polémica con escenario en Cuba. El Ministerio de Educación (MINED) informó, el pasado 14 de septiembre, que la aplicación de la Resolución 16, del 26 de febrero de 2021, que había aprobado el Programa de Educación Integral en Sexualidad (PEIS) con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos, sería aplazada debido a que «la tensa situación económica y epidemiológica presente en el territorio nacional, no ha permitido garantizar la producción de libros de textos, planes, programas, orientaciones metodológicas y cuadernos de trabajo».
El motivo de la prórroga —ofrecido por la jefa del Departamento de Salud Escolar del MINED, Mary Carmen Rojas Torres—, generó de inmediato un estado de suspicacia en varios sectores de la población, sobre todo en el activismo LGBTIQ+ independiente cubano, pues, desde que se hizo pública la resolución ministerial, especialmente entre los meses de mayo y junio, una veintena de iglesias fundamentalistas habían manifestado descontento con el nuevo PEIS.
A través de comunicados oficiales, varios sectores religiosos solicitaron puntualmente al gobierno «no exponer a nuestros niños, niñas y adolescentes a la ideología de género», porque «sería doloroso que muchos ciudadanos dignos se vean en la disyuntiva de no llevar a sus hijos a la escuela (asumiendo las consecuencias de ese acto de desobediencia civil)».
Al decir del activista LGBTIQ+, Ulises Padrón Suárez, la «excusa barata» de la carencia de recursos ni por asomo logra disimular el pánico de las autoridades a las amenazas fundamentalistas.
De modo que, a las puertas del debate y aprobación del nuevo Código de Familias, el conservadurismo insular se apunta otra victoria contra los intentos gubernamentales de transformación del modelo heteropatriarcal vigente. Aparentemente, algunas cosas nunca cambian.
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El 21 de mayo, desde su página de Facebook, la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba «Asambleas de Dios» (DAD) rechazó la formación inclusiva y de género como parte del plan de estudios en los diferentes niveles del sistema de educación nacional.
La declaración, que comparte elementos con los posicionamientos fundamentalistas de otros grupos religiosos, no mostró demasiada inquietud por la nueva resolución ministerial o los contenidos a impartir en las aulas. Sin embargo, «siguiendo el ejemplo y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo», DAD hizo firme su rechazo «a todo proyecto o anteproyecto de leyes que, ya sea en forma sutil o abierta, intenta legalizar el homosexualismo o el matrimonio igualitario (…), ya que tenemos la responsabilidad de promover la moralidad pública de toda la sociedad civil, sobre la base de los valores bíblicos y morales fundamentales establecidos por Dios en su Palabra».
Curiosamente, horas antes de publicada la carta, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel adelantaba en Twitter que, dentro de poco, íbamos «a tener un #CódigoDeLasFamilias moderno, que responda a todos los preceptos constitucionales y de avanzada en cuanto a concepción de la familia en #Cuba».
Vamos a tener un #CódigoDeLasFamilias moderno, que responda a todos los preceptos constitucionales y de avanzada en cuanto a concepción de la familia en #Cuba. Ya trabaja la Comisión encargada de redactarlo. pic.twitter.com/dvPPyRWdo9
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 20, 2021
Elementos de este tipo justifican la preocupación de Yuniel de la Rúa, máster en Ciencias en Estudios Sociales y Filosóficos sobre Religión. El investigador comentó a La Joven Cuba que los pronunciamientos de las iglesias fundamentalistas sobre el tema en específico están manipulados por intereses políticos más que por convicciones religiosas.
Las demandas contra el nuevo PEIS, además de politizar el derecho humano a recibir Educación Sexual Integral, han dado al activismo religioso conservador el pretexto perfecto para rediscutir las fronteras morales sobre las que se asienta la ciudadanía del país y, de paso, marginar las identidades y prácticas que se alejan del cuerpo hegemónico —masculino y heterosexual— que, en su opinión, debe tener la misma.
Al respecto, el investigador auxiliar del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), máster en Ciencias Pedro Álvarez Sifontes, explicó que el fundamentalismo religioso no solo busca evangelizar y socializar un conjunto de valores y creencias milenarias, también sale a defender un proyecto cultural y una identidad política. A lo que añadió:
«Así, mediante postulados simples y dualistas imponen su verdad, satanizan cualquier alternativa e imposibilitan el dialogo racional. Detrás de todo eso está la búsqueda del poder y hegemonía, a través del control subyacente de la masa de seguidores lograda mediante un proceso de carismatización del liderazgo donde prima el botón emocional o sentimental por encima del racional. Todo justificado con un literalismo parcializado, donde toman las enseñanzas bíblicas que se avienen a su discurso y las intentan imponer, sin adecuación histórica o con la adecuación a sus intereses».
En efecto, presentar como religiosa una agenda política ha sido históricamente una de las estrategias del fundamentalismo. Cuba no es una excepción. Es válido revisitar la experiencia vivida durante la reforma constitucional de 2018, en que el despliegue público y mediático de los grupos conservadores logró entorpecer el proceso de transformaciones sociopolíticas que buscaban legislar el matrimonio igualitario.
Por otra parte, los repertorios discursivos y políticos utilizados por los actores fundamentalistas en los debates acerca de la ESI llegaron a calificar al nuevo programa educativo como «bombardeo sectario de una ideología que rechazamos».
El catedrático Yuniel de la Rúa apuntó que el temor a la supuesta ideología de género no se sustenta bajo ningún término. Considera que es un pánico irracional e inducido provocado por el desconocimiento. Y es que la ideología de género no existe como propuesta ideológica. Dicho concepto es una construcción realizada desde los sectores neoconservadores y fundamentalistas con el objetivo de satanizar criterios equitativos y de justicia social que modernizan y humanizan las sociedades y, a su vez, hacen perder terrenos de influencia a los sectores de poder patriarcal.
En este sentido, Álvarez Sifontes advirtió que aunque los sectores religiosos más radicales hayan protagonizado la ola de rechazo al PEIS, existen otros grupos fundamentalistas no creyentes que reproducen similares discursos y posicionamientos retrógrados. El fundamentalismo no es único de las expresiones religiosas, existe el fundamentalismo político, intelectual, cultural, económico. Es un estado mental y, por tanto, no excluye ninguna esfera de la vida.
Lo planteado por el investigador del CIPS es preocupante, sobre todo por estar tan cercana la aprobación mediante el voto popular del nuevo Código de Familias. En tal dirección, el accionar de grupos menos visibles y organizados puede ser extremadamente perjudicial y frustrar la batalla que se libra desde 2018.
Acerca de los reparos que puedan existir sobre los contenidos de ESI, de la Rúa insistió en que ningún programa de estudio impondrá prácticas sexuales de tipo alguno a los alumnos. Todo está dirigido a la mejor aceptación de las diferencias y a la eliminación de prejuicios dañinos para todas las partes. Sentenció al respecto:
«Así mismo como muchos de los que ayer ciñeron su pañoleta bajo la consigna de “seremos como el Che” no han logrado acercarse al paradigma o no lo asumen por convicciones políticas posteriores, hoy ningún niño o joven que no tenga ese tipo de preferencias sexuales asumirá una homosexualidad que le es ajena solo porque aprendió a respetar al otro y a aceptarlo en su condición de ser humano con iguales derechos».
En palabras de Aylén Besada González, máster en Psicodrama y Procesos Grupales, el derecho y la necesidad de ser educados sexualmente no contrapone los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a los de sus padres, madres, tutores y guardadores; por el contrario, concibe la participación efectiva de las familias, como vínculo indisoluble que siempre ha estado presente. La psicóloga declara también:
«Sin embargo, la intervención directa de las familias cristianas en el proceso educativo formal de un menor debe ser moderada. Un estado que se pretenda justo no puede propiciar que se reproduzcan al interior de sus centros de enseñanza, que son públicos y laicos, los prejuicios y discriminaciones que algunos progenitores mantienen en el marco estrecho de su hogar».
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Recurrentes en cada una de sus cartas, los planteamientos y reclamos del conservadurismo religioso presentaron un perfil de modelo social vertical y autoritario, que aprovecha la ocasión para recordar que en el país, desde hace sesenta años, no existen «instituciones alternativas educacionales que posibiliten brindar a la familia cubana la instrucción responsable de sus hijos».
Sobre el particular, los académicos Yoel Cordoví y Dayana Murguia, en su artículo «La regulación de la enseñanza privada en Cuba. Principales proyectos, normativas y polémicas», explican, desde una perspectiva histórica, que los conflictos alrededor de las normativas reguladoras de la educación en Cuba no son nuevos ni deben su origen a la aprobación de políticas sexuales en la enseñanza general. El inicio del debate se remonta a 1842, cuando el gobierno español aprobó la primera Ley General de Instrucción Pública para las Islas de Cuba y Puerto Rico.
No fue hasta 1901 sin embargo, con el establecimiento del laicismo en la Isla, que se abrió la primera puerta en defensa de los modelos educacionales laicos y la escuela pública, por encima de la privada. De esta forma se logró limitar progresivamente la influencia de las instituciones religiosas en el ámbito docente, hasta que en 1961, con la nacionalización de la educación, la religión quedara confinada al espacio íntimo del templo y el hogar.
Las instalaciones y dependencias del Colegio de Belén pasaron a manos del Estado cubano en el año 1961 tras nacionalizarse la enseñanza en el país y prohibirse las escuelas privadas a todos los niveles.
Al decir del psicopedagogo Alejandro Báez: «este fue el comienzo de una lucha lenta y fría por la hegemonía política y pedagógica en Cuba, donde dos concepciones antagónicas de la moral se enfrentan dispuestas a utilizar cualquier argumento para opacar lo justo del reclamo del otro».
Mantener la democracia, el pluralismo y la vitalidad de la razón laica implica definir la dicotomía entre lo público y lo privado. En el caso puntual de la educación, el rol de la enseñanza estatal es garantizar los niveles de instrucción deseables a través de la implementación de políticas incluyentes que permitan el desarrollo de sectores de la sociedad marginados anteriormente. No obstante, esto debe ser hecho desde el respeto a la esfera privada del estudiante, sin imponer o someterlo a ninguna doctrina, argumentó el también psicopedagogo Mario Toirac.
El objetivo fundamental de la política educacional cubana es alcanzar la formación multifacética de la personalidad de los alumnos. La sexualidad se inscribe armónicamente en esta aspiración pedagógica y ocupa un papel importante en el proceso de enseñanza integral de la niñez al ser «un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida», como estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por lo tanto, «compete y es responsabilidad de directivos, funcionarios, docentes y trabajadores no docentes, fortalecer desde una visión holística y positiva de la sexualidad, el proceso de educación integral de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en las instituciones y modalidades educativas», según orienta el texto de la diferida Resolución no. 16/2021 del MINED, al que pudo acceder La Joven Cuba.
El especialista Toirac advirtió asimismo que la sexualidad:
«(…) es una de las aristas de la ciencia que cruza al lado privado de la persona, invade el espacio íntimo familiar. Es lógico que existan reparos sobre el tema por parte de las familias, porque nunca se dialogó abiertamente con los padres, ni siquiera fue de dominio público el nuevo plan de estudios.
Cada quien tiene el derecho de protestar cuando una ley o programa influye de manera negativa, o es considerado perjudicial, en cualquier esfera importante de su vida. Por lo tanto, sí es necesario escuchar sin prejuicios las preocupaciones de la familia».
En sus artículos 18 y 53, respectivamente, la Declaración de los Derechos Humanos y la Constitución de la República de Cuba, aprueban que los ciudadanos creyentes ventilen de forma pública sus inconformidades con argumentaciones religiosas y que demanden cambios necesarios, de acuerdo con sus convicciones. Por su parte, el artículo 73 de la Carta Magna reafirma la responsabilidad y el derecho de las familias a influir y contribuir en la educación de los menores.
A pesar de lo anterior, el derecho de los ciudadanos a tener y expresar sus creencias religiosas en contraposición a la ESI, pierde validez cuando se usa para desconocer el papel formador de la escuela y promover la inasistencia a los centros educativos, explicó la doctora en Ciencias Pedagógicas Margarita González. «En esta y en cualquier sociedad moderna, academia y familia han de caminar juntas, para formar seres humanos preparados y decentes», puntualizó.
El investigador Pedro Álvarez Sifontes concuerda con la experta González y añade que los reclamos de grupos religiosos acerca de la resolución 16 perdieron legitimidad al estar influenciados por discursos y prácticas patriarcales que actúan en detrimento del derecho de cada niño/joven a recibir educación pertinente acerca de su sexualidad.
«Esta polémica no fue más que una abierta campaña de desprestigio contra nuestro sistema educativo, una oportunidad para hablar nuevamente de la privatización de la educación y ensombrecer el impacto de otros proyectos progresistas que se gestan en la nación. Objetivo claramente logrado, pues ya la ejecución del PEIS fue aplazada por tiempo indefinido», declaró el especialista en religión a La Joven Cuba.
La cobertura educacional cubana es absoluta, el acceso a la educación es gratuito en todos los niveles y obligatorio hasta la secundaria y, además, existe un sistema consolidado de enseñanza especializada. Estos logros indiscutibles son de sobra conocidos por los grupos religiosos que protestaron y jamás han sido negados en sus declaraciones oficiales.
Sin embargo, los mismos justificaron sus demandas de diversificar las propuestas educativas al denunciar la politización o ideologización de la enseñanza ejercida por el Estado como único organismo rector de la educación en la Isla. Aunque ese debate en particular excede los propósitos de la presente investigación, es válido destacar que el adoctrinamiento al cual se exponen los niños/jóvenes en las escuelas impide el reconocimiento a la pluralidad política y el respeto a la diferencia de criterios, lo cual es parte del fundamentalismo y de posiciones intolerantes a lo diferente, y ello también abona las posturas conservadoras en el terreno de la sexualidad.
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La OMS define a la ESI como:
«(…) un proceso que cuenta con un plan de estudios para dar a conocer los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su finalidad es dotar a los niños y los adolescentes de conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que les permitan disfrutar de salud, bienestar y dignidad, establecer relaciones sociales y sexuales respetuosas, ser conscientes de la manera en que sus elecciones afectan a su propio bienestar y al de otras personas, y conocer sus derechos y velar por su protección durante toda su vida».
Sobre esta base, un estudio publicado en 2015 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, destaca que la política pública de ESI destinada a niños/jóvenes en Cuba es pionera en la región desde el propio triunfo revolucionario. Además, la Isla destaca por su accionar en torno a la construcción de políticas públicas, a partir de programas de educación sexual de cobertura nacional.
La sociedad cubana, sin embargo, sigue siendo muy retrógrada. En la carrera del desarrollo de la humanidad como grupo, nuestro país va rezagado en comparación con otras naciones y eso quedó demostrado en la actual polémica por la implementación del PEIS y en la falta de transparencia del MINED, explicó el psicopedagogo Alejandro Báez. El especialista también considera que:
«El principal motivo de que una sociedad esté en el punto del declive civilizatorio en el que estamos los cubanos es la educación, y no solo la del maestro hacia el niño, sino la de todas las generaciones que educan a alguien. La educación es el principal motor de esta sociedad y además es la principal responsable del futuro y del presente de un país. Esto causa que sigamos manteniendo un patrón que no funciona, un patrón contra la naturaleza humana».
Al respecto, el Licenciado Mario Toirac comentó a La Joven Cuba:
«(…) nuestros docentes carecen de preparación en muchísimas cosas, entre ellas está la ESI. Porque además de profesores, somos seres humanos, y como seres humanos reflejamos nuestra propia educación, la cual, se quiera o no, presenta patrones de conducta retrógrados que son llevados a la psiquis del estudiante, a través de la propia conducta del educador o de sus mensajes subliminales».
No obstante, es reprochable desestimar o aplazar proyectos de avanzada por motivos como la falta de experiencia o preparación. Sí, es un tema sensible y complejo porque involucra a menores de edad en formación, pero resulta ya inaplazable. Este programa, más allá del ámbito sexual, podría hacernos mejores seres humanos y eso, de una forma u otra, ayudaría a construir una sociedad más equitativa, igualitaria, desarrolladora y educativa, explicó la especialista en Relaciones Intergenéricas, Elizabeth Pichardo.
Este programa, más allá del ámbito sexual, podría hacernos mejores seres humanos.
La psicóloga Aylén Besada expuso sobre este asunto:
«Verlo todo desde el lado negativo o problemático no es la solución. Aunque no existe una fórmula fija para impartir estos temas, la mejor manera de ser exitosos en esta tarea es a través del diálogo y la reflexión. No asumir una convicción o una idea rígida. Es mostrar las distintas situaciones, los distintos matices que tienen la sexualidad y el género y dejar que a partir de sus propias reflexiones los estudiantes construyan su visión, respetando las opiniones de los demás, aunque no estén de acuerdo con ellas»,
Asimismo, la especialista dejó claro que con las alternativas digitales actuales se puede solucionar la supuesta escasez de materiales para la impresión de bibliografía. Existen muchos métodos didácticos que podrían apoyar en este sentido, totalmente realizables a través de teleclases o softwares educativos en la etapa no presencial.
Más que el material para imprimir, un asunto que debe preocupar es hablar finalmente con las familias, con transparencia y sin tapujos. El vínculo entre escuela y hogar tiene que ser estrecho, los padres deben saber cuáles son los contenidos que les van a impartir a sus hijos y cómo serán impartidos, para así apoyar la educación responsable de los estudiantes, sin imponer fundamentalismos ni trabas, explicó la psicopedagoga Pichardo.
El profesor Mario Toirac afirmó que, incluso cuando es válida la exigencia de muchos padres de que la aplicación del PEIS presentara un carácter optativo, «la mejor solución sería que la comunidad religiosa o la familia en general hicieran aportes al programa y así entre todos construirlo, dejando de lado, por parte de ambos bandos, el fanatismo y la visión ciega y acrítica de los sucesos con los cuales estamos lidiando». Su consejo final fue:
«(…) dialogar de la sexualidad de una manera holística que integre todos los puntos de vistas: desde la dinámica religiosa —¿por qué no?—, desde la dinámica científica, la práctica, la social y desde las experiencias de los grupos familiares, que son la base de la educación de una sociedad. Esto se hace en las escuelas europeas que están a la cabeza en las temáticas de la ESI y es algo que constituiría un reconocimiento directo a la realidad social, aunque por el momento parezca un escenario utópico en Cuba».
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Intercambiar sobre ESI en la Isla es profundamente controversial, pues tenemos una visión de la sexualidad exacerbada; quizás enseñada, pero nunca educada. Hasta este minuto, el tema se aprende a ciegas, basado en estereotipias de origen sociocultural que una vez se llevan a la práctica demuestran ser un fracaso.
Afortunadamente, muchas voces han condenado las presiones ejercidas por sectores religiosos y la falta de transparencia del MINED. Desde la campaña Ahora Sí, activistas independientes de la comunidad LGBTIQ+ expresaron su inconformidad mediante una carta dirigida a la Ministra de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiella. El documento concluyó con exigencias concretas: la búsqueda de vías creativas para implementar el programa y que se haga público un plazo específico para aplicarlo.
El asunto preocupa y no es para menos. Mientras hoy el debate está orientado hacia la ESI y el nuevo Código de Familias, existe el peligro de que mañana entren en discusión el derecho al aborto, la erradicación de las uniones consensuales, imponer la educación religiosa o quién sabe si una representación política de grupos religiosos en el Parlamento, como ocurrió en Brasil.
Avatares como los vividos en la contienda por la aplicación de la Resolución no. 16/2021 del MINED reafirman que, aunque somos una nación altamente instruida, nuestro nivel cultural no lo es. La sociedad cubana es prejuiciosa, acostumbrada al ordeno y mando, a dar y recibir explicaciones lineales. Esto resulta extremadamente dañino para un país que está cambiando y necesita nuevas soluciones para viejos problemas que lo asfixian. Pero el fundamentalismo, en cualesquiera de sus ámbitos, rara vez permite cambios, y eso lo sabemos bien.
