Pasado el mediodía del lunes 4 de enero, Ernesto Sangüinety, inquieto, miraba a su anciana madre, Mercedes Ruíz, dar vueltas por la sala de su deteriorada casa de Maloja, entre San Nicolás y Manrique, en la barriada centrohabanera de Los Sitios. Ella, nerviosa, se disparaba a la garganta el salbutamol con el que combate el asma que la ha agobiado toda la vida.

Los pozuelos vacíos sobre la mesa del comedor eran los culpables de la ansiedad de la señora y su hijo. Ese lunes tampoco tuvo suerte Mercedes en el mercadito comunitario Águila de oro. Sus reclamos del día anterior, y del anterior a ese, no surtieron efecto alguno.

Considerado un núcleo económicamente vulnerable y comprendidos en la categoría de «casos sociales», Ernesto y Mercedes forman parte desde hace años del Sistema de Atención a la Familia (SAF); medio que garantiza el servicio de alimentación a aquellas personas protegidas por la Seguridad Social en el país.

Sin embargo, desde el primer día del año en curso, esta familia de dos lleva haciéndose a la idea de renunciar a la certeza del alimento diario.

A finales de los noventa, Mercedes dejó de trabajar. Los últimos años de vida de sus padres la alejaron definitivamente del mundo laboral, por lo que no pudo jubilarse. Es asmática severa y necesita medicación permanente para su problema crónico de nervios.

Su hijo de 49 años, Ernesto, también depende de medicamentos para tratar su depresión y otros problemas nerviosos. Por orden facultativa, jamás podrá ejercer laboralmente de nuevo después de que hace casi diez años dejara de hacerlo como informático en una compañía canadiense.

Anteriormente, la compleja situación de estas personas era «aliviada» por la Seguridad Social con casi cuatrocientos pesos entre los dos. Ahora, en virtud del ordenamiento monetario, sus ingresos mensuales ascienden a dos mil pesos –mil por cada uno–, cinco veces más que antes. Sin embargo, esa suma se queda muy por debajo de la pensión mínima de 1260 pesos, que malamente alcanza para costear la canasta de bienes y servicios de referencia.

Esta familia cubana, como otras muchas, sucumbe ante lo que Reinaldo García Zapata, Gobernador de La Habana, ha calificado como un «proceso ineludible y necesario para la economía», que ha llegado «para hacer feliz al pueblo, no para causarle problemas».

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La Tarea Ordenamiento (TO) ha supuesto uno de los procesos económicos más complejos de las últimas décadas en Cuba. Entre los componentes de la dimensión social de la estrategia se encuentran la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas y una modificación en la distribución de los ingresos. Estas transformaciones, junto al aumento salarial y de pensiones y el alza de precios a bienes subsidiados, ratifican la máxima del Estado de que «es mejor subsidiar personas que productos».

Para el economista Joaquín Benavides –quien además ocupó, entre otros altos cargos de gobierno, la cartera de Ministro de Trabajo y Seguridad Social entre 1980 y 1986– este proceder «es beneficioso para las personas vulnerables económicamente y también para el Estado. El principal error de subsidiar a través de la libreta de abastecimiento fue auxiliar a toda la población, al que lo necesitaba y al que no. Subsidiando personas se puede llegar a personalizar el subsidio, según las necesidades más urgentes del sector vulnerable. De no hacerlo así, además de no incentivar al trabajo, se desvían fondos del presupuesto del Estado que pueden ser empleados en otros gastos sociales».

Sobre esta base, la TO supone que el aumento del monto de las pensiones compensará al incremento de precios por la inflación a causa de la unificación monetaria. Sin embargo, de acuerdo al catedrático Carmelo Mesa-Lago, Profesor Emérito de la Universidad de Pittsburg y una reconocida autoridad mundial en la materia, es casi imposible que esto suceda porque el valor de las pensiones entre 1989 y 2018 descendió a la mitad ajustado a la inflación. Si eso ocurrió aún con menores condiciones –después de la crisis de los noventa–, es dudoso que se pueda hacer ahora.

Aunque no existen cifras oficiales sobre pobreza en el país, una encuesta referenciada en el texto Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad: Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana, de la socióloga cubana Mayra Espina, indicó que entre 1988 y 2002 el índice de pobreza en la capital aumentó del 6% al 20%, con altas probabilidades de ser esta cifra mayor en el resto de las provincias. Se estima que ese valor ha crecido en el último decenio a causa de la caída del salario medio estatal y su insuficiencia para cubrir las necesidades básicas de la población, las reformas estructurales sin resultados tangibles, y el inevitable deterioro de la economía del país –agravado aún más en el último año por los efectos colaterales del coronavirus y la situación internacional.

Los jubilados y pensionados se encuentran entre los grupos más pobres de la población. Su situación ha demostrado que no pueden subsistir solo con el auxilio del Estado, razón por la cual aún con edades avanzadas y padecimientos de salud muchos han tenido que volver a trabajar como cuentapropistas (vendedores callejeros) para mantenerse, sobre todo aquellos que carecen de familiares que los ayuden.

Con estos precedentes, el pronóstico para los primeros meses del 2021 no era prometedor y las contradicciones aparecieron temprano a través de las redes sociales. Facebook fue la plataforma escogida para exponer el descontento generalizado del país en torno a la situación de los más débiles. El causante de tal inconformidad fue el aumento de precios en los comedores SAF, debido a la eliminación del subsidio del sistema.

«No tienen Facebook. Exige por ellos», dice el llamado de atención que se viralizó. El reclamo, multiplicado también en estados de WhatsApp, salió en defensa de las 76 810 personas que en Cuba resultan beneficiadas por las 1445 unidades SAF habilitadas. Del total de consumidores, 12 018 son subsidiados por la asistencia social.

 Muchos de ellos, como Mercedes y su hijo Ernesto, han tenido que prescindir del servicio de alimentación porque la mayoría de sus pensiones, que quedan por debajo de la mínima, simplemente no alcanzan para pagar todo lo que deben con el aumento general de los precios. Según la denuncia en línea, el costo de los servicios de esos centros había pasado de ser de dos pesos a veintiséis.

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Reiteradas visitas al mercado comunitario Águila de oro, emplazado en la barriada de Los Sitios, permitieron conocer que con un total de 113 compradores diarios, este centro capitalino reunía al 20% de los beneficiados por el SAF en el municipio Centro Habana. Solo en las primeras semanas del 2021, el establecimiento sufrió las bajas de 58 comensales.

La dependienta del local, Elianys López, contó que desde la implementación de las nuevas tarifas el primero de enero, ella y el cocinero reciben a diario sonantes quejas de los adultos mayores y, no pocas veces, el llanto de aquellos que ya no pueden permitirse comprar los alimentos.

Pero, a decir verdad, los habituales del Águila de oro han corrido con más suerte que los clientes de otros mercados comunitarios, pues los precios del establecimiento centrohabanero jamás han rozado la criticada cifra del reclamo en Facebook. Eso sí, los costos diarios menores de dieciséis pesos no se deben a un espíritu benefactor de la administración.

Como una especie de puñal de doble filo, las «bajas» tarifas de este comedor SAF se deben a la inexistencia de hortalizas, viandas, pan y postre en sus ofertas, aun cuando el sitio oficial del Ministerio de Comercio Interior deje claro que «las viandas, frutas y vegetales se garantizan en coordinación con la agricultura a través de las diferentes formas productivas; y se distribuyen de forma balanceada, de manera que el aporte nutricional cubra la necesidad de 1200 kilocalorías (kcal), de las proteínas, grasas y carbohidratos necesarios en las dos ingestas diarias (almuerzo y comida)».

Al respecto, el coordinador de Objetivos y Programas de Alimentos del Gobierno de Centro Habana, Julio Cruz, explicó que «esos productos casi nunca llegan al municipio y como no tenemos manera de producir desde la base, solo podemos garantizar 627 kcal diarias para nuestros comensales».

La Organización Mundial de la Salud califica de peligrosas las dietas por debajo de 1200 kcal, al ser deficientes en algunos nutrientes vitales para el correcto desarrollo del organismo.

Cruz también señaló que, ante la ola de bajas del sistema, el municipio se comprometió a que el importe diario nunca fuera mayor a 18 CUP, lo que mensualmente representaría un importe total de 540 pesos, una cantidad permisible con respecto a la pensión mínima.

Entre los que pagarán esta suma a fin de mes se encuentra el anciano Agustín Blanco, vecino del Consejo Popular Los Sitios. En su nombre habló Carlos Gallardo, amigo y mensajero desde hace varios años, el cual no dudó en mostrar su descontento por la «irrespetuosa» situación. «Desde que empezó el año llevan sirviendo frijoles negros, arroz y croqueta. Cuando no es croqueta, es revoltillo. No es posible que cobren tanto por esa comida, que es bien poca y bien mala», dijo Gallardo.

Lo mismo piensa la dependienta Elianys, quien con tono avergonzado reconoce que tienen razón los que protestan. «Aquí todo sigue igual, la misma comida mala, sin condimentos porque no nos dan, la misma cantidad de gramos insuficientes por persona. No se puede decir que el aumento del precio esté justificado por aumento de la calidad».

Muy a su pesar, Carlos Gallardo explicó también que su vecino no puede prescindir de este servicio, dado que está completamente solo, viejo y enfermo. Lamenta al pensar que «no se va a poder fumar su cigarrito, ni comprarse la tacita de café de por las tardes, ahora todos los quilos de la pensión son para la comida y los medicamentos».

Desde el primero de enero, Agustín pasó a cobrar 1200 pesos por la Seguridad Social. Según las cuentas de su cuidador, solamente en el SAF gastará 540 y para la compra de la canasta familiar normada, otros 180. Menos de la mitad de la pensión –480 pesos– deberá bastar para satisfacer el resto de las necesidades de este anciano que necesita garantizar también los medicamentos para tratar su epilepsia, hipertensión y diabetes.

En una situación parecida se encuentra Ramón Gutiérrez, vecino de la zona, quien también padece de hipertensión y hace poco más de un año sufrió una isquemia. Sin embargo, este anciano de 78 años no esperó a ver el aumento de los precios en el Águila de oro y desde finales del 2020 se sumó a los más de quinientos comensales que el Proyecto Sociocultural Cabildo Quisicuaba atiende diariamente.

Ramón aseguró que el servicio de esta iniciativa es superior al del SAF. «La calidad es óptima, dan buena cantidad de comida con gran variedad en el menú y todo eso de forma gratuita, sin malos tratos». Lo mismo afirmó Luisa Reina, de 76 años residente en el municipio San Miguel, quien vende jabas desechables en Centro Habana para vivir.

Aunque resulta gratificante que todavía existan sitios como Quisicuaba, en los que el alimento diario de las personas necesitadas no suponga una gratuidad indebida, es imposible concebir como agradable un escenario en el que cientos de adultos mayores, indigentes y discapacitados, hagan fila desde las 10:00 de la mañana en espera de una ración de comida.

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Las tendencias demográficas muestran a un país envejecido. En la actualidad, los ciudadanos de 60 años en adelante representan un 21.3% de la población total.

El municipio Centro Habana, a pesar de ser el más pequeño de la capital, es el más densamente poblado con casi 45 mil habitantes por km². En cuanto a los grupos etarios, la población adulta resulta mayoritaria, siendo uno de los municipios más envejecidos del país, con más de 32 mil adultos mayores.

En entrevista telefónica, Isora Montoro, funcionaria a cargo de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, informó que en las dos primeras semanas del año, «debido a las insatisfacciones por el incremento de las tarifas de los SAF, recibimos decenas de quejas diarias y solicitudes de baja del sistema, las cuales intentamos retrasar porque esperábamos de todo corazón una respuesta a nivel gubernamental».

Sobre otra arista de esta situación, Alfredo Lugo, trabajador social del municipio, señaló el peligro que supone la reunión de ancianos en las afueras de la entidad. «Se están formando tremendas colas en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social de Centro Habana, y eso es un riesgo. Imagina esos viejitos, con la Covid andando, y esa aglomeración de gente. Ahí está fallando un factor esencial que es el servicio de asistencia social a domicilio».

En la actualidad, laboran en el país 5515 asistentes en beneficio de 8328 necesitados. De acuerdo con el coordinador Julio Cruz, en Centro Habana están activos alrededor de 45 trabajadores, los cuales son los encargados de recoger las inseguridades del sector más vulnerable referidas a las modificaciones desplegadas con la TO.

Según Lugo, el fallo de este servicio a domicilio justificó la peligrosa concentración de ancianos en las afueras de la entidad municipal por casi un mes. Tan grande fue el número de personas con quejas, que las autoridades de Los Sitios se vieron obligadas a designar un espacio extra, en la plaza de Rayo y Dragones, donde hasta el pasado 15 de enero se recibieron quejas de todo tipo y solicitudes de empleo.

En este lugar se concentraron mayormente personas en busca de trabajo. Universitarios, obreros calificados y desocupados de todas las edades, mostraron su urgencia por integrarse al sector estatal. Urgencia que se traduce, hasta el momento, en más de 48 mil ofertas de empleo en el país –con mayor demanda en el sector industrial–, con la contratación efectiva de aproximadamente 13 mil. Una buena noticia.

Sin embargo, el día 11 de enero, la atención de toda la cola fue acaparada por la imperturbable calma que le imprimía a sus desdichas una señora con bastón. Celeste Pera, asistenciada de 77 años, dijo venir solo a buscar el carnet de impedimento físico para poder realizar sus colas. Con una extraña sonrisa en los labios, contó: «Te tiene que faltar la mitad del cuerpo para que te atiendan. Mira que en la televisión se ha hablado de los asistentes sociales que van a las casas de los asistenciados, pero a mi casa no va la trabajadora social desde que empezó la pandemia. ¡Ya ni me acuerdo de cómo es, fíjate tú!».

«A mí me dieron 1200 pesos y lo que me queda son 50. Pero tengo que comprar qué comer y las cosas están muy caras. Yo no vengo a reclamar por esa parte, sé que es por gusto. Y a los comedores no puedo ir porque mi estómago es bastante delicado. Ahora lo que me queda es esperar el cobro de la luz. Estoy a oscuras, una sola lámpara enciendo para bañarme». Aunque el pasado mes de enero, los 50 pesos le bastaron para el pago de la electricidad, Celeste, resignada, parecía entrenar para febrero.

Entre la historia de esta anciana y la de Mariela Figueroa existen similitudes: el desánimo, las bajas expectativas y la aparente resignación ante la miseria. Figueroa, vecina de la calle Maloja, entre Rayo y San Nicolás, a sus 50 años, es viuda desde 2011 y madre de tres hijos adultos. Pero, a pesar de que su hija menor tenga 28 años, en edad mental no alcanza los 15. Yuliet Vergara nació con hemiplejia y producto a esta padece una grave epilepsia. Desde el momento del alumbramiento, Mariela abandonó la vida laboral.

Al decir del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el trabajo de las madres con hijos discapacitados es cuidar de ellos. Estipulado está que las familias con esa situación tengan asistencia especial de parte del Estado. Sin embargo, Mariela y Yuliet reciben mensualmente una chequera compartida, por la muerte del esposo y padre, la cual asciende a 1384 pesos –692 para cada una–. De esa magra cantidad, se descuentan 69 pesos por el pago de la casa y el refrigerador Haier.

«Al morir mi compañero, una comisión médica determinó que la niña, por su condición, recibiera una pensión por discapacidad, mientras a mí me correspondía una por viudez. Pero eso nunca llegó. Al principio nos daban 135 pesos a cada una, después nos aumentaron a 160 y ahora, a 692. Mi hijo mayor, de 34, también es epiléptico y está preso hace ocho años en una cárcel de Pinar del Río. Mi situación no me permite mandarle nada. ¡Mira que he ido veces a la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y a la Asociación Nacional de Limitados Físico Motores (ACLIFIM), pero no aceptan darnos dos chequeras bajo ningún concepto!», dijo Mariela cansada.

La Ley No. 105, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 27 de diciembre de 2008, ratifica la protección a los ancianos sin recursos ni amparo, a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda, u otros que así lo requieran, ordenando en su artículo 109 que la protección se concede mediante prestaciones monetarias, especies y servicios.

Asimismo, el Acuerdo 7384 aprobado en mayo de 2013 por el Consejo de Ministros, establece la entrega de recursos a familias con situaciones sociales críticas. Este otorgamiento tiene un carácter excepcional, fundamentado en situaciones graves de salud, discapacidad o carencia de ingresos ante la imposibilidad de trabajar.

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Según Joaquín Benavides, el sistema de asistencia social cubano está bien concebido. «No creo que sea fácil encontrar muchos países en el mundo, incluidos los más desarrollados, que puedan mostrar un sistema de asistencia social más inclusivo y universal que el cubano», asegura el economista.

En efecto, para finales de 2008 Cuba tenía el sistema de pensiones más generoso de Latinoamérica y en la actualidad constituye uno de los pocos países de la región que ofrece el beneficio de pensiones asistenciales. Incluso en los tensos años noventa, el Estado mantuvo una firme cobertura a este asunto y, ante las demandas y características del contexto nacional de aquel entonces, surgieron alternativas que hoy siguen activas. El propio SAF fue creado en 1996 por resolución del Ministerio de Comercio Interior.

Pero las secuelas propias del impacto del Período Especial sobre la población, la falta de recursos, las tendencias demográficas del país y, ahora, lo  ocasionado por la TO, justifican coberturas incompletas y desiguales ante una realidad que demanda nuevos programas de seguridad y asistencias sociales personalizadas hacia grupos vulnerables.

La ya mencionada encuesta sobre pobreza en La Habana y otras investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sugieren una expansión del sector más débil en Cuba en la última década. De acuerdo con estos datos, «la asistencia social se debió ampliar a fin de proteger a la población vulnerable, pero ocurrió lo contrario. Entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2% a 0.3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5.3% a 1.6%. Esto se explica mayormente por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles», explicó el economista Carmelo Mesa-Lago.

El artículo Presentación de la ley de presupuesto para el Estado, publicado en 2011 en la revista Bohemia, deja claro que los indicadores asistenciales se deterioraron considerablemente en el período 2009-2010. Entre la cima a la que se llegó en el 2005 y el año 2010, el número de beneficiarios se redujo un 61%, y como porcentaje de la población total cayó del 5.3% al 2.1%. Ese mismo año se recortaron 237 millones de CUP por depuración de beneficiarios «basada en sus reales necesidades y posibilidades».

Por desgracia, los fuertes recortes en un momento de alza de los grupos vulnerables no representan la única contradicción del período.

Entre 2008 y 2012, el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) consignó un estimado de 98 millones de USD para la inversión en cinco áreas de cooperación: desarrollo humano local, desastres naturales y riesgo, medio ambiente y energía, salud y seguridad alimentaria.

Como dos de sus propósitos para 2012, este programa esperaba haber apoyado al mejoramiento de la eficacia de estructuras que brindan servicios sociales básicos y elevar la capacidad de los organismos nacionales encargados de perfeccionar la atención integral de las personas vulnerables. En estos puntos pertenecientes a los campos de la salud y desarrollo humano local, se concentraron 49 millones de USD, o sea, el 50% del monto ofrecido para el lustro. Contrario a lo que podría pensarse, este período coincide con las podas presupuestarias a la asistencia social.

En enero del año en curso, La Joven Cuba presentó vía correo electrónico una solicitud de audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para obtener declaraciones acerca de esta situación polémica y del decrecimiento del presupuesto anual dedicado a la asistencia social en Cuba. La petición a este organismo no obtuvo respuesta.  

Igualmente, el medio contactó con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba (PNUD), al ser este programa una de las agencias asociadas a la implementación del MANUD, con el objetivo de conocer sobre el resultado de la inversión. Tampoco hubo respuesta.

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El gasto social se compone de salud, educación, pensiones, vivienda y asistencia social. Dicho gasto viene a representar este año un 47.14% del importe total, aproximadamente. Con relación a la asistencia social, se cuenta con un importe de 2707 millones de pesos, financiado totalmente por el Estado. Además, se instrumenta una reserva desde los presupuestos municipales que asciende a 716 millones de pesos para asistir a los núcleos y personas vulnerables que, en la implementación del ordenamiento monetario y financiero del país, se identifique que requieran ayuda para cubrir los gastos esenciales de vida, al verse imposibilitados de trabajar y se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Los jubilados de la Revolución

A pesar de estas disposiciones del Estado, Benavides refirió que la asistencia social en Cuba presenta importante fallos de gestión que no permiten que la ayuda llegue a buena parte de los necesitados del país. «Estos fallos se han ido enfrentando y solucionando con el tiempo, pero depende no de los recursos, que en el marco de la legislación aprobada se le dedican, sino en lo que siempre es una debilidad en el caso de nuestro país: la eficiencia en la prestación de un servicio que abarca prácticamente a todo el territorio, con una población que tiene una esperanza de vida cada vez más alta y donde los ingresos acumulados en una vida de trabajo no alcanzan para subsistir. El país está obligado a ayudarlos a sostenerse en la adquisición de los bienes más indispensable. Siempre lo estará », explicó.

El investigador Mesa-Lago aseveró que todas estas contradicciones, recortes y fallos en las prestaciones de ayuda, han malogrado los servicios sociales a la población, lo cual ha generado un deterioro de la asistencia social y de las pensiones de la seguridad social. Deterioro que la TO no puede resolver, ya que la reforma por sí sola no es capaz de solucionar los problemas socioeconómicos de la Isla.

El llamado a la «calma, que nadie se va a quedar desamparado» es la única respuesta –si así se le puede llamar– que han recibido Mercedes, Ernesto, Celeste, Mariela y sus semejantes vulnerables después de más de un mes sobreviviendo al ordenamiento monetario. 

Ante las críticas a las nuevas tarifas de los comedores SAF, las bajas pensiones otorgadas por la asistencia social y la inoperancia de la red de trabajadores sociales a domicilio, la máxima representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, no ha presentado aún ninguna solución inmediata. La notable inexistencia de un plan concreto y el llamado repetitivo a la calma, más que tranquilizar al sector vulnerable, lo ha llenado de desabridas esperanzas que a la hora del almuerzo muy poco significado tienen.

Debido a la compleja situación epidemiológica existente en la capital, y al ser Centro Habana el municipio más afectado por su alta densidad poblacional, alrededor de quince manzanas del Consejo Popular Los Sitios amanecen, desde el pasado 28 de enero, en total aislamiento.

La cuadra de Mercedes Ruíz y su hijo es la más afectada de la zona aislada, con casi una treintena de casos positivos, resultado del hacinamiento en uno de los solares del área. Por su parte, Mariela, Yuliet, y todos los vecinos de Maloja, entre Rayo y San Nicolás, corrieron la mala suerte de que uno de los mensajeros designados a asistir a la población resultara sospechoso a la COVID-19, con dos miembros de su familia positivos a la enfermedad.

Hasta el 14 de febrero del 2021, han llegado a las manzanas aisladas tres módulos integrales de aseo y alimentación, con un valor de 168; 273 y 280 pesos cada uno. También llegó un camión lleno de viandas y vegetales, suceso que desencadenó una desagradable y alarmante aglomeración que ni las fuerzas del orden público pudo aplacar. Un descomunal tumulto por comida en medio del estricto aislamiento de la zona. La calle Ángeles, donde el proyecto Quisicuaba abastece a diario a cientos de comensales, permanece abierta, por lo que continúa el servicio con normalidad.

El arribo del coronavirus inició una etapa de resistencia para todos los cubanos vulnerables. Casi un año después, más curtidos en el complejo arte de sobrevivir ante las carencias, los sectores débiles de nuestra sociedad protagonizan un nuevo resistir, aún más peligroso. Personas como las que protagonizan las historias presentadas en este reportaje han adaptado su cotidianidad a base de limitaciones. Sus ejemplos son muestra del cansancio de aquellos que despiertan ya sin sueños a hacerle frente a la desilusión y el desamparo.

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Bibliografía

Espina, M. (2008). Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad: Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana. Buenos Aires, CLACSO.

Mesa-Lago, C. (2012). Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Cuba. Santiago de Chile, CEPAL.

Bolaños, M. (2020). Presupuesto del Estado para 2021 reafirma su carácter eminentemente social. Cubadebate.

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Súmese a la iniciativa del Consejo Editorial de La Joven Cuba y firme la Carta Abierta al presidente de Estados Unidos solicitando el fin de las sanciones contra Cuba.

Carta Abierta al presidente Joseph R. Biden, Jr.