Este 6 de abril, mientras caminaba junto a su esposa Laideliz Herrera Lasa, el humorista y escritor cubano Jorge Fernández Era fue detenido y conducido a la Unidad de Policía de Aguilera, en La Habana. Según le comunicaron los oficiales que lo interceptaron, se encontraba «circulado» tras haberse negado a comparecer ante la Seguridad del Estado, que lo había citado en reiteradas ocasiones en los últimos meses por las sátiras dominicales publicadas en La Joven Cuba y publicaciones críticas en su perfil personal de Facebook.
Ante esas presiones, Fernández Era había interpuesto un recurso a la Fiscalía Provincial en el que denunciaba el proceder ilegal del órgano. Sin embargo, su queja no recibió respuesta.
Como muestra de solidaridad por la detención, la profesora, ensayista y editora cubana Alina Bárbara López Hernández acudió al Parque de la Libertad, en la ciudad de Matanzas, para protestar de forma pacífica, amparada en el artículo 56 de la Constitución de la República, que reconoce los «derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos (…) siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento de las preceptivas establecidas por la ley».
Durante su permanencia en el parque, se acercaron a ella funcionarias del Gobierno que se interesaron por el caso. Alina Bárbara accedió a acompañarlas con el propósito de dialogar sobre la situación de Era y se dirigieron hasta la sede del gobierno provincial, ubicado en las inmediaciones de la plaza.
Más tarde, cuando se disponía a salir del Salón de Conciertos White —donde esperaba al director de Cultura, quien luego de la conversación en el gobierno, le había sugerido permanecer allí mientras él supuestamente llamaba a La Habana para tener actualizaciones sobre el caso— fue interceptada por tres agentes de la Seguridad del Estado, que intentaron subirla por la fuerza a un auto. En el altercado, los agentes vestidos de civil agredieron físicamente a la profesora, su hija y yerno. Tras este hecho, Alina, acompañada por su hija, fue conducida en una patrulla de la PNR hasta una estación policial.
Según el artículo 95 de la Carta Magna, un ciudadano no puede ser privado de su libertad sino por una autoridad competente. Además, en tal caso deberá ser informado sobre la imputación en su contra, y tratado con respeto a su integridad física, psíquica y moral. Por otro lado, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal, quienes tienen capacidad legal para proceder a una citación oficial son la policía, el instructor penal, fiscal o tribunal, mas no agentes u órganos de contrainteligencia.
En la noche de este jueves tanto Jorge Fernández Era como Alina Bárbara López Hernández se encontraban en libertad, esta última con una advertencia por las posibles consecuencias violentas de sus acciones, que se negó a firmar.
Las detenciones arbitrarias de ambos intelectuales cubanos, denunciadas en redes sociales por familiares, amigos y colegas, representan una violación de derechos fundamentales consignados en la Constitución aprobada en 2019, al tiempo que evidencia la falta de voluntad gubernamental para emprender un camino cívico de diálogo con su ciudadanía.
En los últimos años, y especialmente luego de las manifestaciones del 11J, la Isla ha experimentado una escalada de tensiones entre el Estado y sectores críticos de la sociedad civil, más un crecimiento exponencial de los presos políticos. Asimismo, activistas por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, colectivos feministas, artistas y periodistas de medios independientes, han enfrentado presiones y amenazas de la Seguridad del Estado, y en no pocos casos el exilio forzoso.
La nación, sumida en la mayor crisis sistémica de los últimos treinta años, vive también el éxodo migratorio más grande de su historia. A ello se suman problemas que demandan políticas públicas efectivas de carácter urgente, como son los feminicidios registrados en los últimos años y en particular en este 2023, las condiciones de vida de colectivos, sectores y comunidades marginadas y empobrecidas, el deterioro del fondo habitacional, la crisis energética, la inseguridad alimentaria y la precariedad del sistema de salud, por solo mencionar algunas de las más apremiantes.
Mientras el Estado de Derecho no se traduzca en expresión real de las garantías políticas y civiles de todos los ciudadanos y, por el contrario, se normalice y tolere el irrespeto y la arremetida violenta contra la libertad de expresión; el país no podrá avanzar hacia la necesaria reconciliación nacional y la edificación de la patria con todos y para el bien de todos que soñó el Apóstol.
La Joven Cuba reitera su solidaridad con Jorge Fernández Era y Alina Bárbara López Hernández, así como el reclamo por la libertad de las personas presas por motivos políticos. Además, rechaza cualquier manifestación de violencia con fines políticos, entre las que se incluyen la detención arbitraria de colaboradores de su plataforma o cualquier otro ciudadano por parte de entidades gubernamentales en respuesta al ejercicio de expresarse libremente.
