En algunos debates en Cuba se recurre a la supuesta dicotomía entre democracia y economía −como si fuera una discusión de prioridades−, o al atrincheramiento ideológico respecto a lo político. Depende de la visión que se tenga de ambas, y de si ante el bloqueo y la soberanía insular se asumen posturas proactivas o defensivas. Son dos aristas gruesas, me centro ahora en la primera para mostrar su correlación y fundamentar que no hay tiempo para continuar aplazando la apertura democrática.
Democracia y economía: las prácticas al uso
Cuba enfrenta una crisis sistémica hace décadas, agravada actualmente por la pandemia y el trumpismo. Pasaron entre nueve y once años desde que se aprobaron los documentos rectores para los cambios económicos. No se conoce a alguien del Partido/Gobierno/Estado que haya rendido cuentas al pueblo o haya sido revocado de su cargo por semejante yerro. He ahí una muestra del bloqueo interno y la impunidad.
Hoy no se ha resuelto ninguna de las dos cosas. Lo cierto es que la falta de democracia afecta la economía y viceversa, porque la sociedad es un sistema. Para que los cambios económicos se abran paso es preciso la democracia, única vía para imponer la voluntad de la mayoría. De lo contrario, la élite de poder descompresiona la olla cuando la crisis asfixia, pero es quien decide cómo y hasta dónde hacerlo.
Luego, cuando mejora la economía, se revierte o reprime en lo posible la apertura y se usan los resultados económicos hasta donde acuerda ese mismo poder. Somos la variante cubana de lo que explicaba mi profesora Dinorah Hernández sobre el socialismo en Europa: «Es que todos estos modelos de matriz estalinista evolucionan en ciclos permanentes de “crisis-reforma-represión”».
Esto se explica porque la participación popular en la democracia participativa real –como expresé en mi texto anterior− es muy limitada. También porque esa élite –dentro de la cual ha predominado la tendencia burocrática conservadora y estalinista frente a la reformista− medianamente se actualiza, pero no se reforma. Está acostumbrada a no rendir cuentas de cómo opera, distribuye e invierte la riqueza obtenida.
¿Apertura económica = democratización de la sociedad?
Cuando mejor estuvo Cuba económicamente −durante los años ochenta−, ocurrió al contrario en política y democracia. Se expandió y empoderó más la burocracia, y los actos de repudio, por ejemplo, se consideraron oficialmente «victorias políticas, ideológicas y morales (…) de la Revolución», y expresión de madurez política del pueblo. No es cierto que la apertura económica asegura los cambios democráticos. La experiencia sugiere no separar una cosa de la otra ni confiar en tal discurso.
Niño posa ante un cartel usado en un acto de repudio en 1980. (Foto: EFE)
La relación democracia-economía ha concitado atención en diversas épocas, geografías y sistemas. Algunos aportes son incluso más congruentes con la transición al socialismo que lo hecho en Cuba. Por ejemplo, el filósofo indio Prabhat Raijan Sarkar (1921-1990) propuso la «Teoría de la Utilización Progresiva» (1959) que defiende la «Democracia económica» como alternativa al capitalismo, el neoliberalismo y la democracia liberal.
Para la industria, el comercio y los servicios tal diseño se basa en una estructura de tres niveles: 1) empresas privadas pequeñas; 2) cooperativas (espontáneas y derivadas voluntariamente de las privadas más eficientes) al enfatizar que la industria, comercio, agricultura y banca deberían organizarse en cooperativas de productores y consumidores como eje central de una economía participativa y 3) empresas estatales (industrias estratégicas de gran escala): transporte, energía y telecomunicaciones, defensa, minería, petróleo y acero; que deberían funcionar como empresas públicas gestionadas por consejos autónomos.
En Cuba generalmente se alude a los Lineamientos y la Conceptualización del modelo como ruta ideal. Es lo mejor que hemos conseguido, pero invito a contrastar las aspiraciones de entonces −y las de hoy− frente a lo que se logró.
En los debates iniciales, algunos sectores aspiraban a la democratización de las instituciones económicas. Eso implicaba al menos: garantizar los derechos económicos reconocidos; participación efectiva de los ciudadanos y control real de las políticas económicas; debate permanente, público y abierto acerca de las políticas en curso; participación directa de los trabajadores en la gestión económica y de control sobre las empresas[1]. También se aspiraba a que la parte de la economía nacional en manos del sector militar pasara al ámbito civil. Nada de eso derivó en acuerdos.
De las aspiraciones a la realidad
La tendencia reformista abogaba por un nuevo modelo económico socialista que definiera: peso de cada forma de propiedad, autonomía de las empresas, desestatización empresarial que otorgaría mayor importancia al cooperativismo −entre las formas de propiedad, la más coherente con el socialismo−, descentralización y relevancia de lo municipal, y prioridad de la política social universal e integral.
Aquellas aspiraciones insatisfechas siguen siendo reivindicaciones de algunas corrientes políticas en el país. Ahora el escenario es más complejo.
El principal problema de la economía cubana es que se sigue basando en el sector estatal, que margina y oprime a las demás formas de propiedad. Lo peor de él es que no es público ni socialista, sino antidemocrático. Existe como propiedad enajenada, de todos y de nadie, la vieja fórmula «estatización por socialización». Las consecuencias están a la vista.
La ineficiencia de la «empresa estatal socialista» cubana es antigua y conocida, pero se insiste en que será la principal a fortalecer. Una parte importante de ese sector es militar; permanece así fuera de todo control ciudadano y del propio Estado. ¿Lo sustenta la fe del pueblo? ¿Cómo semejante anomalía ha podido crecer tanto y ser intocable delante de todos? A lo que más se parece nuestra propiedad estatal es a la propiedad privada indirecta de la burocracia y el funcionariado, de las élites del poder y las «familias extendidas».
Urge abrir la economía a las diversas formas de propiedad y zafar sus ataduras al Estado. Además del cuentapropismo y las Mipymes, es urgente fortalecer y estimular las formas cooperativas existentes, que hoy continúan viviendo en su mayoría un vía crucis por la burocracia y la sujeción al Estado todopoderoso.
De todas formas, ¿podemos sentarnos a esperar a que «mejore» la economía y cerrar los ojos o permanecer callados ante las violaciones de la Constitución que se están cometiendo impunemente contra derechos humanos fundamentales?
La única manera de sacar adelante el país, de subvertir la inercia y la visión limitada que separa economía de democracia y le confiere prioridad a la primera, posponiendo indefinidamente la segunda; es simultanear la lucha por conquistar la democracia realmente participativa y las transformaciones económicas. Eso sería gestionar la transición desde abajo.
La democracia, como expresa el sociólogo brasileño Emir Sader «no es simplemente un instrumento para obtener otros fines, sino que es en sí misma un fin, un objetivo (…)».Veremos qué pasa en el próximo Congreso del PCC con las prioridades de Cuba.
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[1] Juan Valdés Paz: “Cuba: cambios institucionales que vendrán: 1959-2015”, en Suárez Salazar (coord.): La Revolución cubana. Algunas miradas críticas y descolonizadas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2018, pp. 144-184, p. 164.
