Daniel Rafuls Pineda

Art.1: “Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos…”

Así, con el enunciado exergo, se inicia el nuevo Proyecto de Constitución de la República de Cuba que, desde el pasado 13 de agosto y hasta el 15 de noviembre del año en curso, ha comenzado una etapa de discusión popular, masiva e inédita en relación a otras partes del mundo. Pero, más allá de lo novedoso de su formulación, convendría recordar cuándo surge el término “estado de derecho”, cómo es entendido política y académicamente hoy y qué de particular puede tener su empleo en el contexto actual de construcción del modelo económico y social cubano.

La expresión Estado de derecho, en términos convencionales, es equivalente al concepto hispano “imperio de la ley” o a lo que los anglosajones denominan “Rule of law” que significa regular la existencia del Estado a partir de leyes concretas[1]. Pero aunque algunos autores se refieren a Inmanuel Kant como precursor intelectual del concepto[2], tampoco es falso que su origen etimológico parece remontarse a la doctrina alemana del “Rechtsstaat” (Estado constitucional o de derecho) que se hizo pública, próximo a la segunda mitad del siglo XIX, para oponer el naciente estado burgués a la política estatal aristocrática[3].

El Estado de derecho, sin embargo, vinculado, sobre todo, a resaltar valores de los sistemas políticos capitalistas, pero utilizado también para denigrar la legitimidad de estados como China, Vietnam, Corea del Norte o Cuba, ha sido presentado a través de dos dimensiones básicas.

Una primera dimensión, más formal, que hace depender el poder del Estado, con todas sus estructuras y funciones, de procedimientos legales establecidos, lo que no necesariamente excluye los llamados estados autoritarios[4] por su potencial apego a determinadas normas y regulaciones jurídicas[5]. Y otra dimensión, más compleja aún, predominante en los espacios políticos y académicos contemporáneos, y “cuantificada” por lo que se ha dado en llamar Índice del Estado de Derecho[6], que considera no solo la existencia formal de leyes que regulen, globalmente, el Estado, a través de sus estructuras, mecanismos y funciones, sino que normen también sus contenidos y límites, lo que llega a precisar, con mayor profundidad, su relación con el ciudadano en concreto y la sociedad civil en su conjunto.

Esta segunda manera de entender el Estado de derecho que, expresamente excluye los llamados estados totalitarios[7]y que, según los medios de difusión y la convicción conformada en millones de personas, suele llamarse “democracia plena”, se articula alrededor de tres ideas esenciales que no deben ser soslayadas:

• Primero, la existencia de la división clásica de los tres poderes: Legislativo, ejecutivo y judicial que no solo cumplan funciones autónomas y diferentes, y despersonalicen las decisiones, sino que tampoco, por separado, puedan tener jurisdicción decisional sobre los otros poderes.
• Segundo, la habilitación de un conjunto de mecanismos y procedimientos que, al tiempo que regulen, legalmente, la elección de representantes a las distintas instancias de poder del Estado, también normen, desde el punto de vista legal, las vías para revocarlo.
• Y tercero, la garantía de que toda norma jurídica y cualquier funcionario del Estado cuando las aplica, respete, promueva y consagre los derechos esenciales que emanen de la naturaleza de las personas y de los cuerpos intermedios que constituyen la trama de la, tradicionalmente llamada, sociedad civil. Es lo que exige la existencia de regulaciones jurídicas que protejan a los ciudadanos (independientes o agrupados en empresas privadas o cooperativas,  ONG, iglesias, asociaciones sindicales, partidos políticos y, entre otros grupos humanos, los movimientos sociales) de los potenciales desmanes del poder público.

En este sentido, para legitimarnos, en Cuba, como “Estado de Derecho” y democrático, no basta con declarar políticamente que tenemos un Estado institucionalizado, con funciones y límites, bien diferenciadas legalmente, que nada tiene que ver con la  tripartición de poderes[8] defendida, en particular, desde Occidente. Tampoco es suficiente recordar que disponemos de una Ley (No.89/ 14-sept.-1999) de Revocación del mandato que, por diferentes causas, y a diferencia de la mayoría de los Estados, permite poner fin, en cualquier momento, a la condición de representantes públicos.

Además, no obstante ser cierto que disponemos de un amplio historial práctico de beneficios sociales, en las esferas de la salud, la educación, la cultura, así como en la seguridad y asistencia social, igualmente debemos probar que, desde el punto de vista legal, tampoco hay impunidad para ningún funcionario del Estado, en especial, cuando viola derechos ciudadanos plasmados en nuestra Constitución, lo que requiere un análisis más detallado.

[1]Según los autores J. Mark Payne y Pablo Alonso, para que exista un Estado de derecho debe coincidir que el Derecho, sea el principal instrumento del gobierno, que la ley sea capaz de guiar la conducta humana y que los poderes la interpreten y apliquen congruentemente. Ver: República del Perú: Evaluación de la gobernabilidad democrática. Madrid (2007): Universidad Complutense, Instituto Complutense de Estudios Internacionales. p. 66.

[2]Sobre todo, por ejemplo, a partir de su propuesta acerca de que los hombres tienen la obligación absoluta- imperativo conceptual- de regular su conducta y de su defensa del principio de separación de poderes en ramas legislativa, ejecutiva y judicial.

[3]Fue a partir de esa fecha, con la publicación del libro “La ciencia de la política alemana de acuerdo a los principios de los Estados de derecho” (Tübingen, 1833), de Robert von Mohl que comenzó a utilizarse el término. Para mayor precisión ver del autor Antonio Javier Abellán (2015), La doctrina del Estado de derecho. Montesquieu ha muerto, parte IV, http://entierradeinfieles.blogspot.com/2015/04/la-doctrina-del-estado-de-derecho.html> [10/2/2016].

[4]La Ciencias Política occidental considera “autoritario” a aquellas ideologías, movimientos y estados, cuyo liderazgo, no admite crítica. Se caracteriza por el abuso de poder en detrimento de las libertades ciudadanas. El término toma relevancia con el nacimiento del fascismo. Para ampliar ver: “Autoritarismo”, en Diccionario de la lengua española(23.ª edición). Madrid: Espasa (2014)

[5]Autores como Joseph Raz son partidarios de usar el término Estado de derechoen sentido formal, reduciendo el estado de derecho al principio de legalidad. Él decía: “Un sistema jurídico no democrático, basado en la negación de los derechos humanos, en una gran pobreza, en segregación racial, en desigualdad sexual y en la persecución religiosa puede, en principio, conformarse a los requerimientos del Estado cualesquiera de los sistemas jurídicos de las más ilustradas democracias occidentales. Esto no significa que este sistema sea mejor que aquellas democracias occidentales. Sería un sistema jurídico inconmensurablemente pero sobresaldría en un aspecto: en su conformidad al Estado de derecho”. Ver: La autoridad del Derecho. Ensayos sobre derecho y moral, 2ª ed., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, (1985), México, pág. 264

[6]Según el World Justice Project (WJP), la referida segunda dimensión del Estado de Derecho “Justicia Mundial”, se mide por 47 criterios agrupados en los sgtes 8 parámetros: el control de los poderes gubernamentales; ausencia de corrupción; orden y seguridad; protección de derechos fundamentales; gobierno abierto; cumplimiento de la ley; acceso a la justicia civil; y acceso a la justicia penal (Project, WJP Rule of Law Index 2014, 2014), lo que hoy se evalúa en unos 100 países.

[7]El término “totalitarismo”, cuyo origen también se vincula al denominado estado “totalitario” que se promovió bajo el mandato del fascista Benito Mussolini en Italia, parece haberse empleado, por primera vez, a partir de 1941, para denominar al nazismo alemán. Una parte no despreciable de la literatura universal llama estados “totalitarios”, como otros autores los denominan “estados autoritarios”, a países donde, se considera, existe una negación de la libertad y los derechos individuales, desconociendo además la dignidad de la persona humana. Esa misma literatura no solo considera “estados totalitarios” a las monarquías absolutas, sino también a todas las experiencias de construcción del socialismo conocidas hasta hoy, comenzando por el mandato de Stalin en la antigua URSS.

[8]La tesis fue promovida por el Barón de Montesquieu, en su obra de 1789 El Espíritu de las leyes (Edit. Porrúa, México, 1992, p.104). Allí auguró acerca de la necesidad de crear toda una estructura del Estado, conformada por instituciones de carácter ejecutivo, legislativo y judiciales, que garantizara la existencia de un balance adecuado y justo, respectivamente, entre los poderes del Monarca, el parlamento y los jueces, de manera que ninguno impusiera sus prerrogativas sobre el otro.