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Autor

Alina Bárbara López Hernández

Alina Bárbara López Hernández

Profesora, ensayista e historiadora. Doctora en Ciencias Filosóficas

Socialismo (1)
Democracia

Cuba: destino, socialismo y disensos

por Alina Bárbara López Hernández 19 octubre 2021
escrito por Alina Bárbara López Hernández

La negativa del gobierno cubano a la solicitud de autorización para una manifestación pacífica a celebrarse el 15 de noviembre, y los argumentos jurídicos que se ofrecieron para justificar dicha prohibición, generan las siguientes reflexiones.

El destino, ¿fatalidad o determinación?

Si un texto legal no pudiera modificarse, aún estaría vigente el Código de Hammurabi, compendio de leyes y decisiones judiciales del imperio babilónico que se creía dictado por los dioses y, por ello, inmutable. Si las sociedades no pudieran transformarse, las comunas esclavizadas del Egipto Antiguo —con su estado absolutista, teocrático y centralizado— existirían todavía.

Como afirmaba el filósofo alemán Ludwig Feuerbach en La esencia del cristianismo: aun cuando el hombre lo ignorase, él mismo es el motor de la historia. Marx, por su parte, fundamentó que entre el hombre y la historia hay una acción recíproca y una reacción dialéctica.

El devenir de la humanidad ha mostrado que ningún tipo de sociedad es inalterable. El derrumbe del campo socialista dejó muy claro que ningún sistema social es definitivo. Son los hombres y mujeres, como sujetos activos, los que pueden decidir sobre sus condiciones de existencia y, mediante la práctica política, transformarlas.

Declarar irreversible un sistema social es un enfoque mecanicista y antimarxista de la historia. Es también pesimista y pretende transformar al sujeto social en un ente pasivo, obediente a una voluntad superior, dirigido hacia un destino inexorable —especie de fatalidad histórica—, del cual no puede escapar. 

No será el artículo de un tratado legal, sino la implicación de las personas que logren encontrar en el sistema socialista la encarnación de sus aspiraciones, lo asuman como opción consciente y participen activa y directamente en su construcción, lo verdaderamente decisivo. Recordemos que la constitución soviética también declaraba la irreversibilidad de ese sistema.

Socialismo (2)

Un hombre ataviado con uniforme prerrevolucionario quema una bandera de la URSS en una protesta en Moscú tras el intendo de golpe de estado de agosto de 1991.

 Paradójicamente en Cuba, once años después del derrumbe del socialismo europeo fue que se modificó la Constitución de 1976, al adicionar este párrafo al artículo 3 del capítulo I:[1]

El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.

Para aprobar dicha modificación constitucional, como expliqué en el artículo «Crónica de un meteorito», no se siguieron los pasos de un referéndum: informado y secreto. Se hizo en forma de convocatoria política, con firmas públicas en libros abiertos. Tampoco fueron avaladas por notario alguno, como se exige actualmente.

Esa declaración, que daba la espalda a la ciencia y la experiencia, fue considerada desde entonces contenido pétreo, es decir, jamás modificable. Así lo estipuló el artículo 137 del capítulo XV. Por tal razón, en la consulta popular para la Constitución del 2019 tampoco se admitieron planteamientos de la ciudadanía encaminados a variaciones del sistema político y electoral.

El principal dilema de esta cláusula —denominada de intangibilidad—, no es que se convierta en una inconsecuencia teórica con el marxismo y contradiga el preámbulo de la Constitución, que nos considera «guiados por el ideario de José Martí y las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin». Más grave es que, al declarar irrevocable (inevitable, inapelable, irremediable, necesario, fatal, indefectible, irreparable) no solo al socialismo, sino al sistema (método, régimen, técnica, procedimiento, gobierno, medio, vía, rumbo) económico, político y social vigente en esa constitución, cierra el camino a transformaciones sustanciales o reformas.

Este tipo de cláusula intenta eternizar en el poder a la burocracia dirigente y subordinar la voluntad popular al mandato de un grupo privilegiado. Cuando un grupo de poder —afianzado como nueva clase—, despoja al marxismo de su método científico, lo reduce a su dimensión ideologizante y lo convierte en ideología de Estado, este deja de ser una corriente liberadora y revolucionaria para instrumentarse en mecanismo de dominación. A ese punto hemos llegado en Cuba. Es una postura contrarrevolucionaria y debe ser denunciada.

Casi veinte años han trascurrido desde que el socialismo insular mutara en un requerimiento legal de perspectiva autoritaria y enfoque teleológico. Muchos de nuestros hijos y nietos no habían nacido en el 2002 o no tenían edad para firmar aquella determinación. Ahora se les obliga a acatarla por la fuerza de la coerción. 

En el grupo de Facebook «Utopía Revolucionaria», Daniela Rojo, joven participante en el estallido social del 11-J, indagaba con toda lógica: «¿Si en Cuba no hay socialismo, que es lo irrevocable?» —«Buena pregunta», le respondí.

Socialismo (3)

«¿Si en Cuba no hay socialismo, que es lo irrevocable?»

Socialismo, ¿concepto o realidad?

Hasta hoy, en los países en que ha triunfado una revolución que se ha proclamado socialista, a lo más que se ha llegado es a la estatalización de los medios de producción. No somos una excepción.

La burocracia dirigente aprovechó la nueva Constitución para deslizar astutamente un término que no contenía su predecesora. En el artículo 22, al estipular las formas de propiedad, explica en el inciso a) que la socialista de todo el pueblo es aquella «en la que el Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario».

En consecuencia, no bastándole ser administradora de hecho, ahora nuestra burocracia lo es también de derecho. Pero un administrador tiene que rendir cuenta a los dueños y esta es una deuda pendiente. En las asambleas de trabajadores, cuando excepcionalmente se celebran, se anuncian disposiciones verticales.

Además, como argumenté en el artículo «Economía militar en Cuba», una parte sustancial del patrimonio económico nacional está sustraído al control popular y se encuentra bajo la égida del Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), empresa adscrita al Ministerio de las FAR y no subordinada a la Contraloría General de la República.

La noción de «propiedad de los trabajadores sobre los medios de producción» se difuminó ante una realidad en la que es imposible designar a los que administran directamente tales medios. La falta de democracia política consustancial al modelo es secuela directa de la falta de democracia en la gestión y administración de la economía.

Las Asambleas de trabajadores de los primeros años fueron cediendo a decisiones impuestas, hasta desaparecer o convertirse en actos formales. En el proceso, los sindicatos, con una larga y prestigiosa historia anterior a 1959, se convertirían en la Boca de Sauron de las administraciones. A ello me referí en el texto «Ventrílocuos».

En los debates del proyecto de Constitución se resaltó la necesidad de implementar el control obrero, lo que además fue incluido en el artículo 20: «Los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. La ley regula la participación de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas».

Socialismo (4)

Los sindicatos, con una larga y prestigiosa historia anterior a 1959, se convertirían en la Boca de Sauron de las administraciones. En la foto, Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba. (Foto: Ariel Cecilio Lemus/Cubadebate)

No obstante, ni en el congreso posterior de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), ocurrido en abril de 2019, ni en la reunión celebrada el 8 de enero del pasado año, se debatió, o se hizo siquiera referencia, al modo en que el referido artículo será concretado en leyes claras y precisas, que permitan a trabajadoras y trabajadores tener un protagonismo real en los planes de la economía, y no uno que solo viva en el discurso y en los conceptos. Así lo reafirmé en el artículo «Puesta en escena».

Sin un efectivo control ciudadano en la vida política, en el modo de nominar y elegir a quienes gobiernan, no podremos sustituir a los incompetentes, atajar a los corruptos y controlar los medios de producción fundamentales, que en teoría son de todos pero en la práctica son gestionados y administrados por una capa burocrática.

El socialismo burocrático de Partido único ha creado una especie de deidad que escapa al imperio de la ley al situarse por encima de ella, acentúa el extremismo político y se separa de la ciudadanía. Hasta ahora todos los modelos con estas características, lejos de conducir a una sociedad socialista, han disimulado un capitalismo de Estado con rasgos de corrupción y elitismo.

¿Y es eso lo que se anuncia como irreversible? ¿Ese es el futuro eterno que se nos ofrece? Es perfectamente lógico entonces que existan entre la ciudadanía sentimientos de inconformidad y rechazo y actitudes discrepantes. Sin embargo, ¿puede hablarse de una disidencia en Cuba?

Los disensos

Como en el modelo de socialismo burocrático de partido único no se admite la participación real y espontánea de la ciudadanía en la actividad política, todo disenso ha sido reducido a una categoría: el enemigo. Por lo general se acompaña de apelativos muy variados: pagados (por el imperialismo, Soros, o la CIA); mercenarios del imperio, u otros.

Comprendo que para la dirigencia política sea más pragmático luchar en un frente que en varios. Pero en Cuba es más realista hablar de disensos, en plural. En mi percepción, que no pretendo imponer, existen tres tipos reconocibles. Sin intentar una clasificación pormenorizada, solo identificaré tendencias generales: 

1. Socialistas democráticos (un amplio espectro ideológico que abarca desde marxistas críticos, anarquistas, católicos y cristianos de izquierda, socialdemócratas, ecologistas, feministas, afrodescendientes…). Son proclives a un socialismo inclusivo y participativo, con respeto a la pluralidad y ajeno al modelo burocrático vigente.

2. Pro-capitalistas democráticos (con diferentes matices desde el liberalismo al neoliberalismo e incluyen también algunos de los sectores y minorías mencionados). Se distinguen por su pluralismo político y no rechazan la convivencia con posturas de izquierda.

3. Pro-capitalistas radicales y extremistas (son el otro lado del espejo del Partido único). No admiten la legitimidad de las posturas de izquierda y proclaman la censura del Partido Comunista en un país futuro, favorecerían una supervisión de los Estados Unidos en Cuba.

Socialismo = Represión.

El socialismo es represión de libertades económicas, políticas, educativas, religiosas, de conciencia… Todo en nombre del bien social y común-ISTA#SocialismSucks #BigGovSucks #LibreMercado #Paleolibertario @CubaDerecha pic.twitter.com/GNTo2vHrot

— Pastor Adrian Pose (@PstorAdrianPose) May 2, 2021

Cuando se debatía el proyecto de Constitución publiqué el texto «Disonancia», en el que manifestaba mi preocupación porque si bien el artículo 1 del proyecto reconocía:

Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva;

se apreciaba una notoria incoherencia en el hecho de que en el artículo 40, entre los derechos, libertades y oportunidades que recibían la protección de las autoridades y que no podían ser objeto de discriminación, se habían omitido las creencias políticas.

Advertí al respecto: «Esta incongruencia no puede ser justificada por ningún argumento. Todas las ideologías deben tener igual protección ante la ley, más si el propio artículo 1 reconoce su disfrute como uno de los objetivos de la República».

El modo en que nuestra burocracia resolvió la susodicha incoherencia puede pasar al libro de Records Guinnes del cinismo. Simplemente omitieron una palabrita, una simple palabrita del artículo 1. Donde antes decía «libertad política», quedó escrito en el documento definitivo de la Constitución: «para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva».

Saber qué entiende la burocracia por libertad a secas es más de lo que puedo discernir. Lo cierto es que el cambio de redacción le dio ínfulas para ejercer la discriminación sin ningún tipo de límites.

Cuando se niega el derecho a manifestación que la Constitución proclama —y que es interpretado de un modo en que el Estado Socialista de Derecho deviene quimera—, se le está negando a todas estas tendencias. Vale reflexionar entonces en la fuerza real de un modelo que teme a sus críticos, que cree posible que una manifestación lo derroque, que anuncia su confianza en el pueblo y asegura estar apoyado por la mayoría; pero no se atreve a probarlo en la práctica política.

La respuesta de las autoridades del Gobierno entregada este martes a la notificación para la realización de la Marcha Cívica por el Cambio el día 15 de noviembre informó a los integrantes de Archipiélago que “no se reconoce legitimidad en las razones que esgrimen para la marcha” pic.twitter.com/rfNNxoNS8k

— Archipiélago (@ArchipielagoCu) October 12, 2021

Haber gobernado tanto tiempo desconociendo el sentir real de la ciudadanía, sin dar espacio a la crítica profunda y a la participación popular, aislados de las bases sociales, justificando sus errores y desaciertos con el bloqueo de los Estados Unidos, sin ver retada su permanencia en puestos de dirección; ha debilitado al poder. Esta negativa a manifestación es evidencia de debilidad, no de fuerza.

Yo creo en el socialismo, pero no como un destino impuesto por la fuerza de la ley, tampoco como un futuro de prosperidad siempre inaccesible que exija fidelidad y constantes sacrificios a sus seguidores; sacrificios que no son compartidos por la clase burocrática.

El socialismo debe ser una opción consciente y ratificada por el pueblo, no solo por un artículo constitucional. Debe ser efectivamente un sistema de justicia social, que genere equidad pero que no esté reñido con la prosperidad y la empresa privada, que tenga en cuenta a los débiles y vulnerables, que erradique la pobreza extrema y favorezca un presente de transformaciones para que nuestros hijos deseen permanecer en este país.

Si la protesta pacífica hubiera sido una práctica política desde el inicio del proceso, es muy probable que no se hubieran acumulado los enormes problemas que tenemos hoy. Pero este modelo no lo permite, por eso es necesario transformarlo y para ello se requiere normalizar el disenso. En caso de que la Constitución sea una barrera impermeable, habría que proponerse cambiarla.

***

[1] Ley de Reforma Constitucional, dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Palacio de las Convenciones, Ciudad de La Habana, a los 26 días del mes de junio del 2002, «Año de los Héroes Prisioneros del Imperio». (Publicada en la Gaceta oficial de la República de Cuba: 27-06-2002).

19 octubre 2021 101 comentarios
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Derecho (1)
Democracia

Ingenuos y confundidos: el derecho a manifestación pacífica en Cuba

por Alina Bárbara López Hernández 30 septiembre 2021
escrito por Alina Bárbara López Hernández

De acuerdo a Miguel Díaz-Canel, secretario general del PCC y presidente de la república de Cuba —opinión que encuentra resonancia en medios oficiales—, las personas que han comprendido que la participación en la vida política de la nación es, no solo un deber, sino un derecho, son ingenuos o están confundidos.

Pueden parecer denominaciones poéticas si se las compara con los términos vulgares e incriminatorios que usan otros sitios dizque revolucionarios; pero no debemos engañarnos, su intención es sembrar dudas y desmovilizar a la ciudadanía ante una crisis nacional en la que se juega, no ya el futuro sino el presente de la Patria. Sin embargo, ¿quiénes son los verdaderos ingenuos y confundidos en este sentido?

De la gratitud a la crítica, la manifestación pacífica en Cuba

La memoria histórica nos convence muy pronto de que este no es un pueblo de ingenuos ni confundidos. En 1899, Matanzas, como toda Cuba, estaba regida por un gobierno interventor norteamericano. Aunque el mayor general Pedro Betancourt fue designado gobernador civil de la provincia, también existía un gobernador militar, que era siempre un oficial estadounidense y quien verdaderamente tomaba las decisiones principales. En nuestro caso fue el coronel H. Noyes.

Las reacciones iniciales de una buena parte de los citadinos a la ocupación se reflejan en la prensa de la época. El diario Aurora del Yumurí trasluce una postura de agradecimiento, casi un canto de gratitud, que reconoce el apoyo del Norte a la causa independentista y que se aprecia en el artículo «Los Americanos», de 1899 y sin autor declarado:

¿Quiénes pusieron fin a una desastrosa guerra que hubiera terminado con la total ruina de la Isla y con el exterminio de todos sus habitantes?

Los americanos

¿Quiénes han enviado a Cuba millones de toneladas de víveres para restaurar las fuerzas de todos y tantos cubanos que se estaban muriendo de hambre?

Los americanos

Pues si a ellos debemos tan inmensos favores, despreciemoz (sic.) el laborantismo de los que quieren entronizar la discordia entre los Americanos, que han sido nuestros salvadores, y nosotros, que, por haber sido por ellos salvados y redimidos, no debemos abrigar otros sentimientos por los mismos que el de la gratitud.

El artículo, no obstante, concluía con una advertencia: «Si ellos, olvidándose del providencial papel que el Dios de los pueblos desgraciados les señalara, se portasen mal, que no lo creo, si ello sucediese… ¡peor para ellos!».

La exigencia de la Enmienda Platt indicó muy pronto que «los Americanos» se portaban mal —Cuba era, apenas, su primera aventura imperialista fuera del continente. La reacción de los matanceros pasó en poco tiempo de la gratitud a la condena. Un diario local, El Republicano Federal, convocaba «¡A protestar!» en titular correspondiente al 7 de marzo de 1901.

Al siguiente día, El Heraldo Español publicaba el artículo «La manifestación», que reportaba la ocurrida el referido 7 de marzo. La misma se había dirigido al Ayuntamiento para comisionar a las autoridades a entregar una protesta en la residencia del gobernador militar estadounidense, ubicada en la barriada de Versalles. El alcalde y los concejales se sumaron a la marcha, que atravesó las principales arterias viales.  

El periódico comentaba: «Esperábamos mucho del patriótico pueblo de Matanzas, que siempre acude lleno de enorme entusiasmo a demostrar su amor a la patria y su vehemente deseo por la independencia; pero en esta ocasión, las demostraciones de patriotismo han superado con exceso a todo lo que esperábamos».

El funcionario militar no recibió a la comisión que, en representación de los matanceros, consideraba como una afrenta a la soberanía nacional la exigencia de la Enmienda Platt por parte del Congreso de EE.UU.

Nótese que solo cuatro meses antes de junio de 1901, fecha en que se aprobaría finalmente la primera Constitución republicana, ya la sabiduría popular y la participación política se imponían ante la ingenuidad y la confusión.

El ejemplo de Matanzas no fue una excepción, ni siquiera la primera muestra de inconformidad cívica en el período. El pueblo de Cuba ha presionado por sus derechos a lo largo de la historia, a veces con demora pero siempre con determinación. La manifestación pacífica ha sido una de sus sendas.

Las Constituciones de 1901 y 1940 reconocieron a la manifestación en tanto derecho ciudadano. Ellas se utilizaron con el fin de presionar a los gobernantes por decisiones económicas y políticas impopulares y ante violaciones a la legislación constitucional. Fueron importante estrategia en la oposición a los gobiernos dictatoriales de Machado y Batista.

Para prohibirlas debían suspenderse las garantías constitucionales, algo muy ejercitado desde 1952 por la dictadura batistiana. Las hubo estudiantiles, obreras, femeninas, gremiales… Hoy justamente se cumple el 91 aniversario de una de las más importantes manifestaciones estudiantiles antimachadistas, acaecida en 1930.

Reprimida violentamente por la tiranía, en ella murió el líder estudiantil Rafael Trejo y fue herido el periodista y revolucionario Pablo de la Torriente Brau. Precisamente aquella represión radicalizaría al movimiento estudiantil, que creó el Directorio Estudiantil Universitario (DEU) del 30.  

La presión social es lo que ha hecho evolucionar a los sistemas políticos desde la antigüedad. Si no fuera así, Cuba posiblemente fuera todavía una colonia de España o un protectorado de los Estados Unidos.

En gran parte de la época republicana, sobre todo en las primeras décadas, se recurrió a las manifestaciones a pesar de la inmovilizadora consigna: «Contra la injerencia extraña, la virtud doméstica»; añeja tesis que se enuncia en la actualidad menos eufemísticamente: «en plaza sitiada, toda disidencia es traición».  

Estándares internacionales

Según instancias de la ONU, «la manifestación pacífica es uno de los derechos que más pone en evidencia el grado de respeto y responsabilidad de un Estado con los derechos humanos y la fortaleza de sus instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público en contra de los ciudadanos». (El Derecho a la Manifestación Pacífica CivilisDDHH, 2014)

Se define como un ejercicio de acción cívica para expresar, de forma pública, inconformidad o insatisfacción con problemáticas no resueltas de diversa índole. Puede estar motivada por la indignación, la disidencia o la resistencia ante políticas públicas o conductas de los poderes públicos que afectan de manera significativa el ejercicio de derechos ciudadanos.

Casi siempre la manifestación pacífica es un punto de llegada y no un punto de partida. Aparece después que se agotan otras vías de solución, durante un tiempo prolongado que excede los límites de espera, porque los problemas se agravaron o porque hay daños inminentes a las personas.

Pueden tornarse violentas cuando se cierran los caminos de diálogo y la resolución de conflictos por vías institucionales; o también cuando su ejercicio provoca medidas de represión o criminalización que atentan contra la vida, integridad o libertad de las personas.

Como derecho protegido, las garantías a la manifestación pacífica deben cumplir con diversos estándares, citaré algunos:

Los Estados deben abstenerse de:

a) presumir de antemano su carácter desfavorable, incluso si hubiere antecedentes,  o descalificarlas como actos de «desorden público» o «desestabilización»;

b) ilegalizarlas mediante la delimitación de zonas de reserva que justifiquen su criminalización y la respuesta violenta de los cuerpos de seguridad;

c) ordenar toques de queda, medidas de bloqueo de las rutas o impedir el acceso a las sedes de las instituciones públicas;

d) utilizar «infiltrados» con el objeto de  provocar desorden y justificar el empleo de la violencia;

e) la cercanía de grupos contrarios a los manifestantes y protegidos por los cuerpos de seguridad;

f) la colocación de mensajes y música en los lugares de concentración, contrarios al de los manifestantes.

– No se justifica invocar la seguridad nacional o el orden público con el fin de prohibir, impedir o restringir manifestaciones localizadas o relativamente aisladas; ni impedir el ejercicio de manifestaciones por la prevención de posibles enfrentamientos entre grupos o su frecuencia en un lugar específico.

– Los manifestantes pueden expresarse con libertad, independientemente del contenido de sus discursos y de su mayor o menor aceptación social y estatal. Es una obligación del Estado la neutralidad ante los contenidos y garantizar que no existan personas, grupos, ideas u opiniones excluidos a priori.

– Los Estados deben asegurar el acceso a Internet en todo momento, también en los períodos de malestar político.

– Aun cuando se protege la libertad de expresión en el decursar de una manifestación pacífica, ello no incluye:

a) la propaganda de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que inciten a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional;

b) la incitación directa y pública al genocidio;

c) la pornografía infantil.

En Cuba, la manifestación pacífica es un derecho establecido por las Constituciones de 1976 y 2019. Sin embargo, durante la vigencia de la primera no se gestó un movimiento como el que existe en estos momentos en pro de reivindicar dichas prácticas cívicas. ¿Qué ha cambiado?

La real ingenuidad

Hace más de dos años reflexionaba en un artículo: «(…) no es lo mismo ser libre que sentirse libre. Ser libre depende más de un contexto jurídico que garantice determinadas prerrogativas ciudadanas, pero sentirse libre requiere de una actitud cívica en que no se tema practicar esos derechos». A ese punto se ha llegado en Cuba.

La clase política que rige la nación, acostumbrada al apoliticismo, apatía y unanimidad que logró sedimentar durante décadas —a través de una enseñanza conductista y doctrinal, medios oficiales acríticos y complacientes con el gobierno y mecanismos de control sobre la ciudadanía— no se percató de la enorme trampa que se tendía a sí misma al clamar un Estado Socialista de Derecho y explicar que el mismo fue incorporado «a fin de reforzar la institucionalidad y el imperio de la ley, dentro de ello la supremacía de la Cons­titución».

Adaptada a crear y desechar conceptos sin ser cuestionada, no se ubicó en un contexto cambiante en el que se presentaban, a la vez:

– El extraordinario desgaste del modelo de socialismo burocrático, que no logró reformarse en el período más que extenso de tres décadas, contadas a partir del derrumbe del socialismo europeo.

– Un relevo generacional: por un lado, una vieja generación de dirigentes que, o fallecen o no están en condiciones de asumir un estilo de dirección basado en liderazgos de constante interrelación con la ciudadanía; y, por el otro, generaciones jóvenes, sin relación inmediata a la épica del proceso en su fase de hegemonía y que han crecido en un período de escasez extrema y decadencia simbólica.

– La entrada de internet y las redes sociales que han permitido: instruirse sobre el ejercicio de derechos a nivel internacional, establecer estados de opinión y debates a contrapelo de los medios oficiales, visibilizar problemáticas de interés común, denunciar violencia e incumplimiento de la legislación.

Como bien afirmó el jurista cubano Michel Fernández en su texto «El derecho de manifestación en Cuba», que data de julio del pasado año:

A pesar de que el derecho de manifestación tiene reconocimiento jurídico en Cuba, este se ha realizado casi exclusivamente en los casos en que las manifestaciones son de interés del Estado y este ofrece todos los recursos para su concreción. Las excepciones a esta regla han sido la ejecución de determinadas actividades religiosas, tales como procesiones, y la marcha contra el maltrato animal del 7 de abril de 2019, autorizada por el Gobierno municipal de Plaza de la Revolución.

El especialista enfatizó en el hecho de que aunque la manifestación pacífica es un derecho constitucional, no existe en Cuba ninguna ley que lo desarrolle y regule:

Han transcurrido 44 años sin una ley que mencione cómo es el procedimiento para hacer una manifestación y que esta no sea ilícita, que disponga las autoridades facultadas para tomar la decisión, regule los límites en el ejercicio de este derecho y el resto de los aspectos necesarios. Ese ha sido un periodo bastante prolongado, que finalmente se interrumpirá si, como está previsto, en septiembre de este año se aprueba el decreto ley sobre derechos de manifestación y reunión.

Más de un año dista de ese análisis. Entre dilaciones del cronograma constitucional y ausencia de sesiones, la Asamblea Nacional no ha cumplido con el mandato decimotercero de la Ley de leyes, que la obligaba a habilitar los derechos constitucionales en el plazo de dieciocho meses después de su entrada en vigor, ocurrida en abril de 2019.

En el ínterin ocurrieron los hechos del 11 de julio. La mayor parte de los manifestantes pacíficos, presos aún o sujetos a proceso, lo están bajo el cargo de «desorden público». Pero realmente, más que una manifestación, aquello fue un estallido social.

Hace pocos días, grupos de ciudadanas y ciudadanos han presentado cartas a las gobernaciones e intendencias de varias ciudades cubanas, en ellas se solicita autorización para una manifestación pacífica, a efectuarse el 20 de noviembre. Quizás nuestra burocracia partidista y gubernamental pensó que ese momento no llegaría jamás. Con lo cual demostraron gran ingenuidad y confusión.

En un próximo artículo analizaré las reacciones de diversos sectores a esta convocatoria.

30 septiembre 2021 53 comentarios
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Dialogar (1)
Democracia

Cuba: dialogar o no dialogar, he ahí el dilema

por Alina Bárbara López Hernández 13 septiembre 2021
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Desde antes del 11 de julio, era evidente que Cuba necesitaba enrumbar una senda que produjera cambios sustantivos en su desgastado modelo económico y político. El estallido social descubrió la urgencia de ese itinerario. Tal camino puede seguirse con la anuencia del gobierno, que debería entonces mostrar señales de interés; o responder a presiones desde abajo, —de las que el 11-J fue apenas un ejemplo—, que serían perfectamente lógicas si no son modificadas las condiciones que abonan de inconformidades el escenario nacional.

Si un conflicto social deriva de determinadas causas sobre las que no se opera, podrán aplazarse sus expresiones pero no hay dudas de que estas se revelarán en mayor o menor tiempo. En ese sentido las Ciencias Sociales no son menos exactas que las Matemáticas. La manera de conducir la situación en Cuba por parte del gobierno ha sido superficial, pues no se enfoca en atender las causas de la crisis estructural, sino en paliar ciertos efectos que son circunstanciales.

La narrativa oficial sostenida —una conspiración financiada desde el exterior para derrotar al gobierno—  ha quedado en entredicho. Por un lado, ante la falta de pruebas concretas; por la otra, ya que la constante referencia mediática a la presencia del presidente de la república y otros dirigentes en barriadas pobres, indica que se supo apreciar muy bien —aun cuando no se reconozca en su verdadera dimensión—, que el abandono, la vulnerabilidad extrema y la falta de participación, fueron componentes clave del descontento.   

Dichas acciones han tenido evidente cariz asistencialista y populista: promesas de mejorar viviendas, vías y servicios; marcha de los dirigentes por calles destruidas saludando a los pobladores, visitas a santeras de la comunidad; pero sabemos bien que el asistencialismo es una ruta ficticia —y por lo general poco duradera—, para atender a todas las familias y comunidades que en la Isla viven desde hace décadas bajo condiciones de pobreza y, en algunos casos, de pobreza extrema. Ellos abarcan mucho más que las sesenta y dos barriadas diagnosticadas.

Dialogar (1)

El presidente Díaz Canel durante su visita al barrio habanero La Güinera, en el cual murió una persona baleada por la policía durante las protestas de julio. (Foto: ACN)

 Esas actitudes, y la aprobación de medidas engavetadas por años, como la autorización de las micro, pequeñas y medianas empresas, la importación de medicamentos y alimentos libres de aranceles en los aeropuertos o un aumento en la cantidad de arroz de la canasta básica; apuntan hacia la preeminencia del economicismo en la mentalidad de la dirigencia, que ha decidido ignorar el contenido político que debe impregnarse a los cambios.

Todavía se espera un análisis político y estratégico del Partido acerca de lo ocurrido. Esta falta de perspectiva política será fatal a corto plazo, especialmente porque el terrible costo en vidas de la pandemia—evidentemente subdeclarado en las estadísticas pero ya denunciado hasta por científicos y personal de salud—, la crisis sanitaria y de medicamentos y los constantes cortes de electricidad, avivan el descontento.

A lo anterior se unen otros factores que pesarán, y con inmediatez, en la ecuación política:

– pronto se abren las fronteras a los visitantes y a la temporada turística, lo que puede acelerar los contagios de Covid y la crisis sanitaria, ya inmensa;

– Cuba no cuenta ahora con un país-pilar que sustente su perenne insuficiencia de combustible, por lo que los recortes de electricidad aumentan sostenidamente, aunque ello se siga justificando con roturas sistemáticas y mantenimientos planificados a las centrales eléctricas, es lógico que esa situación se deteriore cuando la demanda proveniente del turismo incida en pocos meses en mayores afectaciones al sector residencial;

– deben amortizarse los plazos de una deuda externa negociada y vuelta a renegociar, y que pagamos todos aunque no sintamos de igual modo el rigor de los ajustes;

– por mucho que se haya dilatado la aprobación de leyes que habiliten los derechos cívicos de manifestación pacífica, debe hacerse en un plazo breve, según mandato constitucional demorado excesivamente;

– la imagen del gobierno, dada la gran represión al estallido social del 11-J, ha quedado malparada ante la comunidad internacional, incluidos prestigiosos líderes y sectores de la izquierda; esa violencia, de repetirse, pudiera ser inaceptable para muchos países que posiblemente reevaluarían sus relaciones con nuestro gobierno;

– por último en el análisis —pero no en importancia—, luego de su retirada de Afganistán, de la baja en la popularidad que ha sufrido, el gobierno de Biden está necesitando un impacto de su política exterior. Una Cuba debilitada puede ser una tentación, no me refiero a la posibilidad de una intervención armada, que no sería en mi opinión una salida que esa administración maneje, pero sí de que pueda aumentar presiones económicas, más allá de las existentes, para obligar a cambios.

La opción de responder bajo presiones nunca ha dado resultados en la historia del proceso, pero el gobierno de la Isla siempre contó con estrategias económicas y geopolíticas que hoy no posee.    

La posibilidad de encontrar una solución mediante el diálogo nacional, que realmente haga participante activa a la ciudadanía en las decisiones políticas —lo cual sería totalmente coherente en un sistema que se autodefine socialista—, es aceptada por una parte de las cubanas y cubanos. Los sectores extremistas, que no me parecen mayoritarios al interior del país, no la admiten bajo el argumento de que no se dialoga con una dictadura.

Dialogar (2)

Los sectores extremistas, que no me parecen mayoritarios al interior del país, no admiten la posibilidad del diálogo bajo el argumento de que no se dialoga con una dictadura. (Foto: Pedro Portal/Miami Herald vía AP)

El gobierno, a mi juicio, es un interlocutor válido por diversas razones:

1. Porque no ha sido derrotado y tiene al ejército a su favor.

2. Porque, aun con las falencias del sistema electoral, fue instituido por vías constitucionales.

3. Porque en Cuba no existen condiciones para un levantamiento armado popular, para empezar, el uso de armas es ilegal.

4. Porque gran parte de la sociedad civil desea cambios pero no admite la violencia como medio para lograrlos.

5. Porque una guerra civil es algo que debe evitar cualquier sociedad siempre que sea posible.   

No obstante, es obvio que se requiere la anuencia del gobierno para que sea viable la celebración de un diálogo nacional. Podría ser una propuesta de la sociedad civil, desde abajo, hecha al gobierno y aceptada por este; o a la inversa, generarse desde el propio gobierno.

¿Cuál ha sido la actitud del gobierno acerca de esta posibilidad?

Intercambiar entre pares ideológicos y hacia el interior de las instituciones reconocidas es lo que entiende como dialogar la dirección del país. Pero aún en esas condiciones, ideales para el gobierno, cualquier crítica que profundice más de lo debido se considera excesiva, como pudimos observar en la reunión del presidente con la prensa oficial.

Durante el año 2020, y en lo que va de 2021, son varios los textos publicados en el periódico Granma, órgano oficial del PCC, que explicitan ese talante. Algunos se deben a la doctora en Psicología Karima Oliva, entusiasta detractora de la fugaz iniciativa cívica Articulación Plebeya —que fomentaba precisamente la creación de espacios de diálogo.

En sus textos: «Por un diálogo», «Diálogo en Cuba para la defensa de la revolución o las voces en la Tángana del Trillo» y «¿Diálogo o el negocio del cantinfleo?», por citar algunos, asevera que apartarse de la tesis —considerada por ella una invariante— de la continuidad y de la defensa en bloque al gobierno, es inaceptable. En aquel momento respondí al último de esos artículos con el análisis: «¿Calumnias o el negocio del continuismo?», donde expresé:

[…] es interesante observar de qué modo utilitario Oliva Bello crea y desecha conceptos a conveniencia y tensa el ambiente en la medida en que la crisis ideológica interna, en la que prima un componente simbólico muy fuerte, se agudiza. A finales del 2019 la misma autora englobaba a todo el pensamiento crítico insular en una corriente que denominó Progresismo. Pronto abandonó el infeliz pero comedido intento, para lanzarse a las procelosas aguas de los sectarios radicales, vieja especie importada que aquí echó raíces profundas.

Ahora no se anda con medias tintas la psicóloga —devenida analista política por obra y gracia de la falta de intelectuales que se presten a desempeñar el rol innoble de infamadores de sus propios colegas— al afirmar: “Resulta que el ′diálogo′ es la última bandera levantada por la contrarrevolución en Cuba que, con nombre de Articulación Plebeya, sin respaldo en la calle, se muda a internet para, en forma de ′mesa redonda′, mantener viva la tarea de deslegitimar la institucionalidad cubana (…).

La publicación de Oliva data de febrero de 2021. Cinco meses después miles de personas, desesperadas porque sus voces fueran tenidas en cuenta, se echaron a las calles. La psicóloga resultó muy mal analista.

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Karima Oliva. (Foto: Las Razones de Cuba)

Algunas opiniones han sido incluso más categóricas. En enero pasado, y de la autoría del filósofo mexicano Fernando Buen Abad, Granma difundió el artículo: «¿Dialogamos?» en el que se afirma dogmáticamente que bajo las actuales condiciones de dominación capitalista, acudir a una mesa de diálogo es una trampa. Es difícil que el autor ignore que Cuba ha sido por años garante de mesas de diálogo entre la guerrilla colombiana y el gobierno de aquel país.

El pasado 10 de septiembre, con la prosa que lo distingue y que intenta infructuosamente ser poética, el doctor en ciencias Físicas Ernesto Estévez Rams nos precisa desde la portada del Granma que el arte de dialogar es revolucionario. Propone un extenso listado de ejemplos, cual interrogantes, al que faltaría este: ¿Quién secuestró la voz de las ciudadanas y ciudadanos a nombre de la unanimidad?: el Partido.

En una visita a Nueva York en el 2018, el presidente Miguel Díaz-Canel  expresó que era necesario derrumbar muros y tender puentes. En aquel momento me preguntaba: ¿Cómo vamos a tender puentes al exterior si dentro de la isla vivimos separados por barreras?  Ahora confirmo que al presidente le resulta más fácil dialogar y derrumbar muros con el gobierno norteamericano que con la ciudadanía que lo rodea. ¿Creerá que sus encuentros, difundidos por el NTV, pueden considerarse diálogos reales?

El documentalista Juan Pin Vilar, muy razonablemente, observa: «Si el presidente cree, espero que sinceramente lo crea, que reunirse con esa franja de jóvenes universitarios, periodistas, artistas, público en general, va a impedir que vuelva a salir a la calle otra franja diversa de jóvenes universitarios, periodistas y artistas, a la que se sumará público en general, Dios nos coja confesados».

La historiadora Ivette García González, articulista de LJC, ha dedicado varios análisis en este medio a la conveniencia y metodología aceptadas internacionalmente para organizar un Diálogo Nacional.

Los ataques extremistas a tal propuesta han provenido lo mismo del fundamentalismo que pretende una guerra civil en Cuba y al que toda resistencia cívica le resulta insuficiente si no se usan sus conceptos, sus consignas y sus métodos y, sobre todo, si no se repudia la idea del socialismo; que desde las posturas oficiales del gobierno, que prefiere situar en la categoría de enemigo, pro-imperialista y mercenario, a cualquiera que se atreva a disentir.

En el foro de comentarios al último de los artículos de García González, participó el también historiador y analista Carlos Alzugaray. El profesor y ex diplomático considera interesante la propuesta, no obstante menciona varios obstáculos para instrumentarla que son, a su juicio, de difícil solución.

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Carlos Alzugaray

A continuación glosaré sus principales argumentos:

Ante todo el gobierno tendría que estar dispuesto a aceptar que esta es una buena idea y que vale la pena echarla a andar para lo cual tendría que reconocer la legitimidad de los actores de la sociedad civil.

Para que el gobierno no considere el diálogo una buena idea —aunque sea una idea que no preferiría— tendría que ofrecer otras. Hasta el momento ello no ha ocurrido. Se mantiene el discurso de defender conquistas y ser continuidad, no existen evidencias internas que muestren una hoja de ruta generada desde el gobierno. Incluso, el 8vo. Congreso del Partido dejó enormes interrogantes respecto al cambio radical de los Lineamientos, que había sido presentado como esa hipotética hoja de ruta. A lo que se añade que ninguno de los Lineamientos apuntó jamás a cambios políticos, y estos son imprescindibles para amplios sectores de la ciudadanía.

Respecto a la legitimidad de los actores de la sociedad civil, ¿qué impide que el gobierno los reconozca? La propia Constitución refrenda la libertad de expresión, reunión y manifestación pacíficas, lo cual sería un primer paso para legitimar actores que existen de hecho. 

Segundo, en esa sociedad civil hay una diversidad y atomización de actores con credenciales de representatividad dudosos. No hay partidos políticos representativos, ni siquiera clandestinos. Hay un sector extremista que parece imponer su narrativa que básicamente dice que el gobierno es una dictadura con la cual no se puede dialogar.

Ante una convocatoria a DN hecha por el gobierno —o por la sociedad civil y aceptada por el gobierno—, los que acudan a ella estarían admitiéndolo como una de las partes implicadas en el diálogo, lo cual excluiría de inicio a los actores fundamentalistas y extremistas que no lo aceptan como interlocutor.

Cierto que hay una diversidad de actores y también una atomización, pero esto último es una gran responsabilidad del gobierno, que prohíbe la creación legal de Partidos u organizaciones. Sin embargo, es dogma superado por la práctica política que los partidos sean necesariamente la única forma de asociación de la sociedad civil.

Ante ello el gobierno puede argumentar que la consulta popular fue un diálogo nacional como resultado del cual se redactó una constitución y que esa constitución se sometió a referendo y fue aprobada por 6 millones 800 mil ciudadanos. Por tanto, puede reclamar que los participantes en el diálogo tienen que aceptar la legitimidad de ese cuerpo legal y no comenzar por negarlo.

El gobierno no tendría suficientes argumentos para sustentar esta tesis, aunque es lo que hace. No existió un diálogo sino una consulta popular no vinculante. La redacción final de la Constitución y las decisiones respecto a lo que quedaba o no en su articulado, estuvieron en manos de ocho personas.

En el artículo «Reciprocidad», que data de aquel momento, apunté: «La exposición de Acosta [intervención televisiva de Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado y miembro de la comisión redactora] fue muy clara: “esta no es una consulta vinculante, la opinión de los ciudadanos que debaten el documento, aun en aspectos en que sea mayoritaria, no incidirá obligatoriamente en la transformación de determinados aspectos del mismo, pues el enfoque no es cuantitativo”». A confesión de partes…

Respecto al argumento que emplaza la legitimidad de la Constitución en el voto mayoritario de la población cubana, tengo los siguientes criterios:

1) en el proceso de consulta previo, los medios oficiales solo presentaron el punto de vista de la burocracia política e impidieron que el debate que se suscitó en las redes sociales, y que contó con análisis informadísimos de especialistas, juristas, historiadores, economistas, entre otros, fuera de dominio público y permitiera una mayor y más profunda reflexión popular. Así lo apunté en el artículo: «Mundos paralelos».

2) Que Cuba debe actualizar no solo su economía, sino modernizar su proceso de votaciones. El mismo continúa en condiciones que no garantizan una confiabilidad mayor que el lápiz y la boleta de papel, y no tenemos muchas razones para confiar en las estadísticas oficiales luego de su manejo durante la pandemia.

3) Si la cantidad de personas que apoyan una decisión electoral fuera siempre sinónimo de una buena decisión, no podríamos criticar, por citar un ejemplo, a Jair Bolsonaro, elegido por el voto mayoritario en Brasil.

También acotaría que la Constitución de 2019 declaró a Cuba un Estado Socialista de Derecho, concepto que, para sorpresa de muchos, el presidente informó hace pocos días que debe ser conceptualizado. Si ello puede hacerse tan a la ligera, no veo obstáculo alguno en valorar la redacción de una nueva Ley de leyes, Asamblea Constituyente mediante. Estoy segura que sería un punto a debatir en el diálogo nacional, de ser celebrado.

Finalmente, está el problema de la injerencia extranjera que, para muchos cubanos como yo, es fundamental resolver en primer lugar (…) Es imprescindible que Estados Unidos adopte una relación de prescindencia lo que significaría lo siguiente: reconocimiento de la legitimidad del gobierno cubano, abandono total, sin excepciones de la política de cambio de régimen y reinicio del proceso de normalización iniciado por Raúl Castro y Barack Obama en el 2014. Esto último requiere el cese de las medidas coercitivas multilaterales o bloqueo y del financiamiento y promoción política de grupos opositores, incluyendo los que actúan fundamentalmente desde Miami.

Entiendo que para el profesor Alzugaray la posible convocatoria a un diálogo nacional con su ciudadanía, requiere que el gobierno cubano deba ser legitimado antes por el reconocimiento del gobierno norteamericano. Esta tesis es un ejemplo fehaciente de la falta de independencia nacional. Solo recuerdo que las medidas más radicales de la Revolución del Treinta fueron tomadas por un gobierno que no fue reconocido jamás por los Estados Unidos, y, por el contrario, la Mediación de Welles fue una de las páginas más oscuras de la intromisión norteña en la Isla.   

Cuba cuenta con muchos analistas, pero su especialidad por lo general son las relaciones internacionales o el diferendo con EE.UU. Necesitamos que ejerzan su importante función también a lo interno, para estudiar las relaciones del gobierno y la sociedad civil.

La propuesta de un diálogo nacional podría ser una vía soberana e independiente para transformar la sociedad cubana, apegada a la legalidad y buscando convertirlo en un país próspero, sostenible y realmente democrático y participativo. Los integrantes de la mesa de diálogo podrían presionar ante la opinión pública internacional y ante el gobierno norteamericano para el cese de la hostilidad hacia Cuba.

Ahí sí se estaría operando sobre las causas de la crisis nacional.

13 septiembre 2021 69 comentarios
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Libertad de expresión
Ciudadanía

Ciberseguridad y libertad de expresión en Cuba

por Alina Bárbara López Hernández 30 agosto 2021
escrito por Alina Bárbara López Hernández

En una resolución no vinculante del 2016, la ONU declaró el acceso a Internet como un derecho humano cuya prohibición o impedimento será considerado una violación de los derechos humanos. El texto expresa que los mismos derechos que tienen las personas offline, deben ser protegidos online, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión.

La aprobación del decreto-ley 35 —«De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del espectro radioeléctrico»—, ha avivado el debate sobre las consecuencias de tal normativa en el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba, una especie de Santo Grial que los modelos de Socialismo burocrático no logran encontrar aunque sus constituciones la anuncien.

Amén de esa preocupación existen diversas interrogantes: ¿deben los estados desentenderse de las derivaciones que el uso de internet y las redes sociales ocasionan? ¿Cuál ha sido la práctica internacional al respecto? ¿Cómo coligar los intereses de los estados y de la ciudadanía? ¿Lo legal es justo per sé?

Delitos en el ciberespacio y cómo combatirlos

En el ámbito del ciberespacio se manifestaron muy pronto delitos tradicionales: fraude, robo, chantaje, falsificación y malversación. Surgieron entonces términos como cibercrimen, ciberdelito o ciberdelincuencia, a los que se añadieron luego otros de naturaleza más política, como ciberterrorismo.

El carácter de red global indica una dimensión supranacional, y a ello tendieron los tratados y convenios multilaterales para combatir la ciberdelincuencia. El más importante de ellos es el «Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest» (2001), que cuenta con un Protocolo adicional, firmado en Estrasburgo en 2003, para penalizar actos racistas y xenófobos.

En su preámbulo reconoce la necesidad de aplicar «una política penal común, con objeto de proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia». A tenor con ello, se estipularon tipos de delitos y se determinó que serían: acceso ilícito, interceptación ilícita, ataques a la integridad de los datos, ataques a la integridad del sistema, abuso de los dispositivos, falsificación informática, fraude informático, delitos relacionados con la pornografía infantil, delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines y tentativa y complicidad.

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En el ámbito del ciberespacio se manifestaron muy pronto delitos tradicionales: fraude, robo, chantaje, falsificación y malversación.

Las sanciones podían ser penales y no penales, e incluían la posibilidad de privación de libertad. Pero se aclaraba entre las condiciones y salvaguardas, la protección adecuada de los derechos humanos y de las libertades, en particular las derivadas de las obligaciones que cada parte hubiera contraído en los diferentes pactos internacionales.

El 12 de agosto de 2013, una nueva Directiva de la UE actualizó el listado de tipicidades al incluir: el «cibergrooming» (acoso sexual infantil), el «ciberstalking» (acoso predatorio o acecho) o el «ciberbullying» (hostigamiento, agresión o maltrato), con distintas variantes como el «sexting» (difusión inconsentida de imágenes íntimas), el «revenge porn» (porno revancha) o el «spoofing» (suplantación o uso de identidad de terceros).

El ciberterrorismo

Atención especial ha despertado el ciberterrorismo, un delito que puede alterar la estabilidad política de los estados. El FBI lo define como: «el uso ilícito de la fuerza o la violencia contra personas o bienes para intimidar o coaccionar a un gobierno, a la población civil o a cualquier segmento de la misma, en apoyo de objetivos políticos o sociales».

Javier Lesaca, de la Universidad de Columbia, en su artículo «Terroristas en la red: el modelo de comunicación digital que hace temblar las democracias», considera las trasformaciones que han ocasionado las redes sociales en el ámbito comunicacional.

Hasta finales del siglo XX, la opinión pública se formaba mediante la interacción de tres actores sociales: instituciones públicas, medios de comunicación y ciudadanos. En el proceso de creación de mensajes hegemónicos existía una relación vertical: las instituciones por lo general enfocaban el debate público y los medios ejercían de mediadores entre la administración y los ciudadanos.

La expansión de internet y las redes sociales, así como la democratización en el acceso a tecnologías para grabar, editar y difundir material audiovisual; han dejado obsoletos estos modelos de comunicación. Como resultado, las instituciones públicas han perdido el monopolio en la creación de mensajes hegemónicos y los medios no desempeñan el rol de mediadores, ya que nuevos agentes políticos pueden comunicarse directamente con los ciudadanos.

Ese nuevo panorama ofrece oportunidades para que grupos violentos y extremistas desarrollen guerras de comunicación que erosionan la base de los estados nacionales y de los sistemas políticos establecidos, de cualquier signo ideológico.

Dos ejemplos dan fe de lo anterior: la estrategia de comunicación de Al Qaeda a inicios del siglo XXI, y la del Estado Islámico en 2014. Esta última manifestó particular eficacia en la construcción de una narrativa de construcción nacional alternativa en torno a un proyecto político totalitario y extremista.

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Ese nuevo panorama ofrece oportunidades para que grupos violentos y extremistas desarrollen guerras de comunicación.

Ante tales contextos, ¿deben los estados defenderse de intentos desestabilizadores y extremistas? A mi juicio la respuesta es afirmativa. ¿Cómo lo harán?, ese es el quid del asunto.

En su texto «Delincuencia informática: estándares internacionales para su tipificación y límites para su persecución», Marcelo A. Riquert —catedrático de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata—, ofrece algunas pautas.

Según él, la forma en que se consolida en cada país o región la propuesta internacional para evitar la impunidad de los delitos en el ciberespacio, es condicionada por filtros valorativos propios, en los que intervienen factores de distinta naturaleza: ideológicos, políticos, económicos y culturales. A su juicio:

«El acento en la vigencia de las garantías constitucionales propias de un “Estado de Derecho” o en la “eficacia” en la persecución penal es el resultado de ese condicionante multifactorial, y la ley penal con relación al ciberespacio funciona del mismo modo que respecto de la criminalidad tradicional en el mundo material: tensionada entre el derecho penal liberal o de acto y el derecho penal autoritario o de autor. En síntesis, una concepción del poder punitivo que se corresponda con la visión de su destinatario como un ciudadano o como un enemigo».

¿Cómo un ciudadano o cómo un enemigo? Es evidente que esto dependerá de dos aspectos fundamentales: el grado de participación de la ciudadanía en la elaboración de la normativa y el grado de libertad que se le reconozca. Veamos algunos ejemplos.

Normativas para la ciberseguridad en algunos países

La ley que regula el uso de Internet en Brasil fue aprobada en 2014, luego de un proceso de deliberación que incluyó dos consultas públicas. Lleva el nombre de «Marco civil de Internet» y es considerada una ley de vanguardia a nivel mundial. Dichas consultas online generaron 2.095 comentarios —disponibles en el fórum que las hospedó— y 4.177 tweets con la etiqueta #marcocivil.

Leticia Capone y Sergio Lifschitz, especialistas en Comunicación e Informática respectivamente, en su investigación «El marco civil de Internet: contribuciones de las consultas públicas online para el debate sobre el tema», hacen un exhaustivo análisis de los comentarios y tweets.

El análisis resultó en 322 indicadores y a partir de ahí fue estudiada su relación e influencia en los contenidos de los discursos y pronunciamientos parlamentarios: 167 en la Cámara de Diputados y ocho en el Senado. Como resultado de esa construcción colectiva, e incluyendo todas las vías de participación, se establecieron principios, garantías, derechos y deberes para el uso de internet en Brasil. Entre ellos:

1) La neutralidad de la red, que garantice que todas las informaciones circulen de modo isonómico, independientemente de su contenido, origen o destino, servicio, terminal o aplicación.  

2) La protección de los registros, siempre preservando la honra, la vida privada y la imagen de los usuarios.

3) La responsabilidad de las publicaciones, que solamente pueden ser retiradas por el proveedor de los servicios de internet en el caso de una orden judicial, garantizando la libertad de expresión de los usuarios e impidiendo la censura.

4) La guarda de dados, que responsabiliza al proveedor en ese sentido.

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En NetMundial, Dilma Rousseff firma la ley Civil Marco de Internet. (Foto: Roberto Stuckert Filho / PR)

El artículo 2do de la ley expresa: «La disciplina en el uso de Internet en Brasil tiene como fundamento el respeto a la libertad de expresión». Otro aspecto abordado se enfoca en la actuación del poder público, al que se apremia, en todas las instancias, a priorizar la tecnología, los formatos abiertos y libres; a divulgar públicamente datos; a desarrollar acciones de capacitación para el uso de internet; a establecer mecanismos de gobernanza transparente; y a usar Internet para promover la educación y el fomento cultural, democratizando el acceso a las redes.

Existen ejemplos de menor participación ciudadana en la elaboración de las normativas, pero ellos implican, por lo general, a diversas instancias. Chile es un caso. La filtración de tarjetas de crédito que sufrió el banco de ese país, aceleró la preocupación en materia de ciberseguridad.

La cronología del proceso abarcó, desde octubre de 2018 en que se presentó vía mensaje presidencial el Proyecto de Ley, y pasó por una serie de filtros intermedios —profesores de universidades, instituciones financieras, Corte Suprema y Senado—, hasta abril de 2019.

La normativa argentina reconoce el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información, a la privacidad de las comunicaciones y a la seguridad de los datos. Del mismo modo que se reconocen estos ciberderechos, también hay una serie de obligaciones que se exigen a los ciudadanos: la no discriminación, el respeto a la privacidad e integridad de terceras personas, la convivencia civilizada y el debate sin amenazas.

Una buena parte de los países ha creado —en el caso de Italia mediante un decreto Ley—, Agencias Nacionales para atender ciberseguridad, pero esa nación lo complementará con una Comisión Parlamentaria de Vigilancia.

Alemania estableció igualmente mecanismos de defensa ante ciberataques. Pero tiene tres elementos clave en su agenda digital: seguridad del ciberespacio, derechos humanos universales y oportunidades económicas. De hecho, en 2013 y 2014, la Asamblea General de Naciones Unidas —mediante una iniciativa germano-brasileña—, adoptó resoluciones sobre el derecho a la privacidad en la era digital.

En esencia, ha sido práctica internacional —con gradaciones, como acabamos de ver— la implicación de instancias ciudadanas, privadas y gubernamentales en la elaboración de las normativas sobre ciberseguridad. También lo es la primacía de la defensa de los ciudadanos y sus derechos de expresión constitucionalmente reconocidos.

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En 2013 y 2014, la Asamblea General de Naciones Unidas —mediante una iniciativa germano-brasileña—, adoptó resoluciones sobre el derecho a la privacidad en la era digital.

El caso de Cuba

Como en el minicuento de Augusto Monterroso, cuando los cubanos despertamos ya el decreto-ley 35 estaba allí. Incluso publicado en la Gaceta Oficial, donde a veces otros decretos y leyes, después de aprobados, han debido esperar días para presentarse. ¿Es legal hacerlo de esa forma? Totalmente legal. ¿Es justo y legítimo? No lo creo.

No siempre lo legal es legítimo, ello depende de la eticidad y de la justicia en el contenido de la ley. Lo legal se apega al Derecho, está dentro de un marco jurídico establecido. Fueron legales los campos de concentración en Alemania, la segregación racial en los EE.UU., el Apartheid en Sudáfrica y, aún lo es la lapidación por adulterio en algunos países. Pero no fueron, ni son, justos o legítimos.

No haber tenido en cuenta a la ciudadanía en el proceso de elaboración de la norma, ni siquiera haberla consultado; no someter a debate en la Asamblea Nacional del Poder Popular un documento de tanta importancia, resta legitimidad al decreto ley al mostrarlo como resultado de las prácticas de un Estado autoritario.

Como bien afirma Alexei Padilla, especialista en temas de comunicación:

«A diferencia de sus homólogas de Bolivia, Brasil y Ecuador, la Constitución de Cuba no reconoce derechos y garantías imprescindibles cuando de democratización de la comunicación se trata. Son ellos: la prohibición de la censura previa, la cláusula de conciencia de los periodistas (inviolabilidad del secreto de la fuente) y el derecho de réplica. No se puede separar lo anterior del texto y espíritu del Decreto-ley 35».

De catorce objetivos declarados en el Decreto-ley 35, el primero de ellos es: «Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un ins­trumento para la defensa de la Revolución». Entiéndase, para la defensa del gobierno.

Igualmente se pretende: «Satisfacer las necesidades generales del Estado y el Gobierno y las relacionadas con la Seguridad y la Defensa Nacional, el Orden Interior y la Defensa Civil en materia de las telecomunicaciones/TIC y del uso del espectro radioeléctrico»

Solo el séptimo se enfoca en «Proteger los intereses de los ciudadanos y asegurar el acceso a los servicios de te­lecomunicaciones/TIC y los derechos constitucionales; en particular el principio de igualdad, privacidad y secreto en las comunicaciones».

En ningún objetivo se explicita el respeto a la libertad de expresión. Cuba no ha ratificado el Pacto internacional de Derechos civiles y políticos, que permite convertir en vinculantes los contenidos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Lo dice #Cuba soberana y lo confirman los expertos honestos de cualquier parte del mundo: nuestro #DecretoLey35 va contra la desinformación y la ciber mentira. https://t.co/3woT4yJJwT

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 18, 2021

El decreto contiene también la Resolución 105, o «Reglamento sobre el modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad», que se encarga de su tipificación. Gran parte de estos incidentes corresponden con las normativas internacionales. Sin embargo, en la categoría «Daños éticos y sociales», y tenida como de nivel alto de peligrosidad, se incluye la «Difusión dañina» que se categoriza como:

«Difusión a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones/TIC de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas».

Esta tipificación es ambigua e imprecisa, cosa muy peligrosa en materia legal, pues en interpretaciones posteriores de funcionarios y agentes del orden, podrá penalizarse la crítica social y política que hacen los ciudadanos en las plataformas virtuales.

Al respecto, apunta el traductor, guía de turismo y activo usuario de Facebook, donde realiza agudos análisis sobre la realidad cubana, Arturo Mesa, refiriéndose al tratamiento que se hizo del asunto en el programa televisivo Mesa Redonda:

 «Leída bien la parte que decía que resulta altamente peligroso difundir contenidos que atentan contra los preceptos económicos, a lo cual nadie allí se refirió, mientras seguían ejemplificando con decretos similares (manipulación de ellos) en países en donde no está explicitado nada de eso. ¿Qué significa ese postulado? Pues yo lo veo como: “Acepta el ordenamiento que to’ está bien, cuidadito con criticar el plan”. ¿Es eso? ¿O quién va a definir qué significa subvertir el orden constitucional?   ¡Interpretaciones todas las que quieras!».

Este decreto y su resolución 105 privilegian un enfoque de seguridad y dan la espalda a las perspectivas que resaltan el derecho a la comunicación y al funcionamiento democrático y trasparente de las instituciones públicas. El jurista Julio César Guanche, desde la aparición del fenecido decreto-ley 370, dedicó a esta problemática su artículo «La biblia de la libertad de un pueblo».

Internet y las redes sociales, con sus inconvenientes reconocidos, son esenciales para cubanas y cubanos, pues se han convertido en el ágora pública por excelencia. En ausencia de espacios reales de participación, las plataformas virtuales son las que miden el termómetro de la opinión ciudadana, por ello, cualquier intento de coerción atenta contra la libertad de expresión en un nivel más alto que en países que disponen de otros espacios políticos y cívicos. 

Me parece pertinente en tal sentido, este análisis del jurista Eloy Viera:

«La Resolución 105/2021 contrasta con las regulaciones europeas no solo por su alcance, sino porque en el caso cubano —a diferencia del europeo en el cual predomina la pluralidad— algunos de los contenidos protegidos por la norma como “los principios constituciones, sociales y económicos del Estado cubano”, justifican la existencia de una única ideología, de un único partido político y de la centralización de la economía como vías exclusivas para el futuro del país. Cualquier idea contraria a esos principios —que deberían considerarse un ejercicio de la libertad de expresión y de pensamiento— podría ser entonces —de acuerdo con la Resolución 105/2021— monitoreada, investigada y criminalizada de ser necesario, así como removida del espacio virtual si el Gobierno cubano pudiese».

Es deseable que en el ciberespacio no se propaguen noticias falsas, que se penalicen los perfiles simulados o anónimos, que no se calumnie o se denigre a las personas, que los debates no sean groseros u ofensivos en sus términos, que no se discrimine, que no se difundan mensajes de odio. Pero es necesario respetar el criterio ajeno, la opinión discrepante y la crítica social y política ante decisiones gubernamentales y partidistas.

Desde antes que aparecieran el decreto-ley 35 y la resolución 105, periodistas independientes, opositores y personas que hacían críticas en redes sociales ya habían sido multados y sus medios de comunicación incautados. Ahora la situación será peor. Tengo un amigo médico al que se le levantó hace pocos días un «acta de advertencia» en base a la nueva normativa. Su «Difusión dañina» fue haber compartido una carta de galenos cienfuegueros que hacían fuertes críticas al gobierno por el manejo de la pandemia.

La resolución de la ONU del 2016 expresa que los mismos derechos que tienen las personas offline, deben ser protegidos online, especialmente en lo que respecta a la libertad de expresión. En Cuba, paradójicamente, son las personas online las que luchan por los derechos que no tienen las personas offline, por eso es imprescindible mantener la libertad de expresión en el ámbito del ciberespacio, cuestión que puede afectarse con la nueva normativa cubana.

Cualquier intento por detener las críticas y la participación ciudadana en las redes sociales será en vano, como bien afirmara en su muro de Facebook la economista y profesora Katia del Llano:

«Una mala noticia (para algunos): las redes sociales llegaron para quedarse. No importa que se les bautice con otro nombre, son el presente y el futuro espacio donde hay que librar batallas. Si los obreros no pudieron detener la revolución industrial, luchando contra las máquinas, menos se podrá detener el avance de la revolución digital».

Estaremos atentos a la aplicación del decreto-ley 35. Sabremos denunciar cada caso en que se violente un derecho. En ausencia de otro que nos represente, el ciberespacio es nuestro Parlamento.

30 agosto 2021 49 comentarios
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Partido único
Democracia

Cuba: el Partido único ante la crisis

por Alina Bárbara López Hernández 30 julio 2021
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Un partido político que gobierne en solitario, no compita con otra organización, ni deba presentarse a un proceso electoral para ser ratificado, pareciera tener una gran ventaja. Paradójicamente, esa prerrogativa es, al mismo tiempo, su mayor debilidad.

No tener que negociar el poder, dar por sentado que no le será disputado, despliega a nivel político una perniciosa actitud que supone inaceptable cualquier indicio de presión social y, cuando ella ocurre, la reacción consiguiente muestra una ineptitud absoluta bajo un disfraz de temeridad.    

Esa perspectiva autoritaria se fortalece asimismo con el enfoque teleológico, mecanicista y antimarxista de la historia que asume que la revolución socialista, una vez victoriosa, no puede retroceder. Este optimismo a ultranza clausura la posibilidad del éxito a cualquier proceso de perfeccionamiento o reformas.

El derrumbe del campo socialista hizo trizas muchas constituciones que lo declaraban irreversible. No es la letra en un tratado legal, sino la implicación de las personas que encuentren en ese sistema la encarnación de sus aspiraciones, y que puedan modificarlo con ese objetivo, lo que permitirá el éxito del mismo.

La presión de las mayorías desde abajo es lo que ha hecho evolucionar a los sistemas políticos de la antigüedad hasta hoy. En el modelo de socialismo burocrático de partido único no se admite la participación real y espontánea de la ciudadanía en la actividad política. Esta condición discriminatoria es la que explica que, ante el estallido social del 11 de julio, el Partido reaccionara con brutalidad, de manera policial y no política.

Partido (2)

(Foto: Adalberto Roque/Agence France-Presse/Getty Images)

En Cuba no se aprendió la lección de hace treinta años. En 2002, más de diez después de la desintegración de la URSS, un artículo constitucional declaró irreversible al socialismo, en tanto, la Constitución de 2019 estableció que el Partido es la «fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado (…)». Desde la cima de esa especie de atalaya, el Partido debió estar en mejores condiciones de divisar que en Cuba existían las condiciones para un estallido social. Pero no solo no lo estuvo, sino que ha demostrado también su incapacidad para interpretar las verdaderas causas del conflicto y para actuar consiguientemente sobre ellas.

Las verdaderas causas del 11- J

Las contradicciones internas en los procesos sociales son las fundamentales y determinantes. Ese principio de la dialéctica materialista no es aplicado por el Partido a pesar de su enunciada filiación marxista. Por ello, ante el estallido social ha preferido ceñirse a una narrativa que explica los hechos en base únicamente a factores externos, reales pero no determinantes: las presiones del bloqueo norteamericano sobre Cuba, un golpe blando, una guerra de cuarta generación.

No ha existido hasta ahora un análisis profundo y autocrítico del Partido sobre sí mismo y su responsabilidad frente a la crisis. De haberlo, deberían admitir que ninguno de los hitos que en los últimos tiempos creó esperanza de cambios para transformar el socialismo desde arriba se materializó. Ellos fueron:

1. Un proceso de reformas anunciado en 2007, hace ya catorce años, que prometió —aclarando que lo haría «sin prisas»— «cambios estructurales y de concepto» que aún se esperan en la economía cubana. Y digo en la economía porque el proceso de reformas jamás incluyó la dimensión política.

2. Una Constitución aprobada en 2019 que, a pesar del debate que suscitó y del nivel de expectativas por la inclusión en ella del concepto Estado Socialista de Derecho, no aceptó planteamiento alguno que apuntara a la transformación del sistema político.

Partido (3)

3. Tres congresos del Partido: el 6to, el 7mo y el 8vo, que fueron, durante tres lustros, de más a menos en la idea de reformar al modelo. En el último de ellos, hace poco más de tres meses, prácticamente se echó un balde de agua helada sobre la ciudadanía al perpetuar la tesis del inmovilismo y no atender los graves problemas sociales y políticos que habían generado inquietud, no solo en los jóvenes sino en la sociedad toda.

Un sistema socialista que no pueda ser influido desde abajo es una entelequia, y el nuestro está atrapado en una contradicción flagrante: hemos aprobado una Constitución que no es viable pues una parte de ella tiende a sostener una situación de vulneración de libertades —concretada sobre todo en su artículo 5 que declara la superioridad del Partido único— mientras otra parte reconoce tales derechos y libertades en un Estado Socialista de Derecho.

Ningún proceso reformista exclusivamente económico es factible, pues cuando no se implica activamente a la ciudadanía como controladora de la dirección, resultados y velocidad de las transformaciones, estas corren el riesgo de ser desmanteladas o frenadas. Cuba no ha sido una excepción. La burocracia se ha convertido entre nosotros en una «clase para sí» y obstaculiza cambios y reformas que, aunque acepta en el discurso, ha ralentizado en la práctica.

Un gran conflicto irresuelto donde quiera que se entronizara el socialismo burocrático, es el de convertir la propiedad estatal en verdadera propiedad social. Esta aspiración ha sido utópica por la falta de democratización, los fallos de la participación ciudadana en las decisiones económicas y el hecho de que los sindicatos dejan de ser organizaciones que defiendan los intereses de los trabajadores. 

La actitud arrogante del Partido es propia de un modelo político que fracasó. En febrero de 1989, la revista soviética Sputnik dedicó un número al inmovilismo que caracterizara al período de Leonid Brezhnev, allí se hacían estas preguntas:

«¿Debe la dirección del Partido convertirse en un órgano especial del poder, que estará por encima de los restantes órganos? ¿Si el Comité Central es un órgano especial de poder, cómo controlarlo? ¿Se puede protestar su resolución por inconstitucional? ¿Quién responde en caso de fracasar una medida decretada? Si este órgano superior de hecho dirige al país, ¿no debe entonces todo el pueblo elegirlo?».

En este modelo político el Partido es selectivo, «de vanguardia», y no un partido popular abierto a todos, de modo que si se declara como fuerza Superior a la sociedad también se erige por encima del pueblo. Para que no fuera así, el pueblo debería poder elegir a los que encabezan al Partido, y ello no se permite. Si está por encima de todos, y no es «un partido electoral», queda fuera del control popular. Ese modelo político es el que hay que cambiar.

Los sectores más jóvenes no tienen memoria de las etapas iniciales y más exitosas en política social del proceso. A ellos, la épica revolucionaria, las evidentes transformaciones y los beneficios de las primeras décadas no les dicen nada.

Han conocido los últimos treinta años, con la secuela de pobreza, aumento sostenido de la desigualdad, proyectos de vida fallidos y expectativa por el éxodo a edades cada vez más tempranas. La llegada de internet los ha coordinado como generación, les permite contrastar opiniones, construir espacios virtuales de participación, que el modelo político les niega, y generar acciones.

Entonces hay que reconocer que las contradicciones principales que llevaron al estallido del 11-J son eminentemente políticas. Las demandas no fueron únicamente por alimentos y medicamentos o por rechazo a los cortes de electricidad. Estos pueden haber sido el catalizador, pero las consignas de «libertad» que recorrieron la isla indican la exigencia de la ciudadanía de ser reconocida en un proceso político que la ha ignorado hasta hoy.

Partido (3)

(Foto: Divergentes)

Pan, circo… y Senado

Las brutales escenas de represión contra los manifestantes, las declaraciones llamando a la violencia del recién nombrado primer secretario del Partido —después matizadas—, una reunión urgente del Buró Político al día siguiente de los hechos —de la cual nada ha trascendido— y los actos de reafirmación revolucionaria con enfoques tradicionales casi una semana después, indican que el partido quedó totalmente descolocado ante el 11-J. No obstante, aunque jamás lo reconozca ni pida disculpas, sabe que cometió un costosísimo error.

Desde sectores de la izquierda, en algunas prestigiosas figuras y organizaciones, se han levantado voces que exigen el respeto a los derechos políticos de manifestación pacífica y libertad de expresión en Cuba. Diversos gobiernos, y la Unión Europea como bloque, han criticado la violenta represión, anticonstitucional por cierto.

Ya empiezan a notarse medidas paliativas para aliviar la dramática situación de carestía: aumento, desde este mes y hasta diciembre, del arroz, un alimento básico en la canasta normada; distribución gratuita de productos donados a Cuba (granos, pastas, azúcar, y en ciertos casos aceite y cárnicos); rebaja de precios de algunos servicios de Etecsa, el monopolio de las comunicaciones.

A ellas se suma la aprobación de solicitudes de vieja data que hubieran funcionado como atenuantes de la crisis desde mucho antes: importación de alimentos y medicamentos sin restricciones y libre de cargos en la aduana; venta a plazos en las tiendas. Quizá en los próximos días se anuncien otras.

No caben dudas de que se aliviará en algo la situación, pero el Partido debe estar muy ubicado en que ninguna de esas determinaciones va a resolver el dilema cubano que es, como ya afirmé, de naturaleza política.

Quizás crean que al aplicar estos paliativos estén descubriendo nuevos caminos en la política. Se equivocan. El poeta latino Juvenal, hace miles de años, eternizó, en su Sátira X, una frase que designaba la práctica de los gobernantes de su época: «Pan y circo». Era el plan de los políticos romanos para ganarse a la plebe urbana a cambio de trigo y entretenimientos con el fin de que se despojara de su espíritu crítico al sentirse satisfecha por la falsa generosidad de los gobernantes.

Partido (4)

«Necesitamos ser el Senado, ya que el nuestro ha desaparecido de la escena política». (Foto: CubaSí)

En Cuba necesitamos pan y circo, somos un pueblo sufrido, pero —sobre todo—, necesitamos gobernar desde abajo. Necesitamos ser el Senado, ya que el nuestro ha desaparecido de la escena política. No hay una sola declaración de alguna diputada o diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en cuanto a tal, a pesar de la gravedad de los hechos violentos contra una parte del pueblo que se supone ellos representan.

Han violado el cronograma legislativo justificando la imposibilidad de reunirse en plena pandemia. No obstante, en esas mismas condiciones el Partido celebró su 8vo congreso y, luego del 11 de julio, fueron convocadas actividades masivas de apoyo al gobierno en todas las provincias.

Todavía no ha ocurrido un pronunciamiento oficial de la dirección partidista donde se analicen los hechos, se ofrezcan cifras exactas de ciudades y pueblos implicados, participantes en las protestas, personas detenidas y enjuiciadas. No le sirvió al Partido único haber analizado en el Buró Político, pocos días antes del 8vo congreso, un informe denominado: «Estudio del clima sociopolítico de la sociedad cubana». No entendieron nada de ese clima, o los que escribieron el informe no reflejaron la realidad.

El socialismo burocrático de Partido único crea una especie de demiurgo político que escapa al imperio de la ley, ya que se sitúa por encima de ella, acentúa el extremismo político y se separa de la ciudadanía. Hasta ahora todos los modelos con estas características, lejos de conducir a una sociedad socialista, han disimulado un capitalismo de Estado con rasgos de corrupción y elitismo.

Es hora de debatir sobre esto y organizarnos para cambiarlo. Ahora se puede. Como bien declaró a la prensa internacional el presidente del Tribunal Supremo Popular, en Cuba la Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica.

30 julio 2021 78 comentarios
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estallido
Ciudadanía

Estallido social en Cuba: las señales ignoradas

por Alina Bárbara López Hernández 15 julio 2021
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Duele ver el estallido social en Cuba; sin embargo, no asombra en lo más mínimo. Las ciencias sociales no serán exactas pero no son ciegas. Si quienes dirigen  cierran los ojos a la realidad, las mujeres y hombres de ciencia no debemos hacerlo. Está en juego nuestra credibilidad y, lo más importante, la vida de muchas personas y el futuro de la Patria.

Las señales

En entrevista para OnCuba hace poco más de un año, Alex Fleites me preguntó si creía que en la Isla se incubaba un nuevo momento histórico y cuáles serían sus señales más visibles. Esta fue mi respuesta:

«Sí, lo creo. Una crisis no es tal hasta que los actores sociales no toman cuenta de ella, ahí es determinante el factor subjetivo. Es una especie de malestar de época, por decirlo de un modo que ciertos críticos hallarán metafórico. Casi siempre se relaciona con el agotamiento de un modelo, fíjate que no digo de un sistema (…)

Para la llegada a ese momento de malestar existen hoy, en mi opinión, dos condicionantes. Por un lado la incapacidad de nuestros gobernantes de encauzar un camino de reformas exitoso. Ya son más de tres décadas del derrumbe del campo socialista y dos períodos de intento de reformas, uno en los noventa y otro a partir del 2010, este último incluso de modo formal y con una gran cantidad de documentación confirmatoria. Por otro lado, existe la capacidad ciudadana de someter a juicio público esa incapacidad, eso es algo novedoso. La ruptura de un canal de información unidireccional permite visibilizar las señales de alarma. Y los que dirigen lo saben bien pero han sido incapaces de responder adecuadamente.

Mi opinión es que presenciamos el agotamiento definitivo de un modelo económico y político, el de socialismo burocrático. Quienes dirigen no logran hacer progresar la nación con los viejos métodos, pero no son capaces de aceptar formas más participativas, con un peso mayor de la ciudadanía en la toma de decisiones».

Estallido (1)

El 27 de noviembre de 2020 tuvo lugar frente al Ministerio de Cultura una protesta de artistas, intelectuales y activistas (Foto: Ismael Francisco/AP)

Doce meses después, publiqué en LJC el artículo «Cuba, los árboles y el bosque», donde afirmé:

«En Cuba están maduras desde hace tiempo las condiciones objetivas para una transformación. Es indudable que la nación dejó de avanzar: la economía no crece desde hace años, la deuda externa aumenta constantemente, igual que los niveles de pobreza, y, a pesar de ello, las reformas han sido demoradas de manera inexplicable. Es evidente que los de arriba no pueden seguir administrando y gobernando como antes. Pero ¿qué ocurre con los de abajo?

Sin la maduración del factor subjetivo esa transformación no era posible. Se requería la voluntad de querer cambiar de las personas, una energía cívica que había sido aplastada por condicionamientos políticos, educativos y mediáticos. La «indefensión aprendida» también existe en un modelo socialista en el que el sistema controla en cierta medida la manera de comportarse de sus ciudadanos.

Faltando el factor subjetivo, las condiciones objetivas por sí solas no determinarían nada. Sin embargo, actualmente existen señales muy claras de su existencia. Tales signos no han sido entendidos por el aparato ideológico, que se equivoca al reducir las manifestaciones de descontento a «un golpe blando», a «una manipulación generalizada», o a la «creación de matrices de opinión negativas sobre el gobierno»; sin que yo niegue de plano que ello también ocurra. La dirección del país no termina de ubicarse en:

– El novedoso entorno que ha creado el acceso masivo a internet y las redes sociales, que los ha privado del monopolio absoluto de la información que tuvieron por décadas y ha democratizado su difusión y generado la posibilidad de campañas y denuncias ante arbitrariedades.

– Un estado de permanente polémica, visible en las redes y fomentado por la propia dirección del país a raíz de la consulta popular para la redacción de la nueva Constitución; quizás pensaron que al concluir la referida consulta y no requerirse más de nuestros puntos de vista cesaríamos de ofrecerlos, ingenuo de su parte, ahora tenemos cómo y no necesitamos de sus convocatorias.

– La declaración de Cuba como un Estado Socialista de Derecho que visibilizó mejor las prerrogativas de cubanas y cubanos y los compulsó a exigir libertades que la propia Constitución garantiza.

– La existencia de generaciones jóvenes, cuestionadoras per se, que han encontrado repercusión en generaciones mayores, ya cansadas de promesas incumplidas y reformas demoradas o interrumpidas.

Esta coexistencia de condiciones objetivas y subjetivas para una trasformación social es totalmente novedosa en el devenir del modelo socialista cubano. La cuestión que está en juego ahora no es si hay que cambiar, sino cómo hacerlo (…)

Llegados al punto en que se encuentra Cuba hoy, los caminos para un cambio social pueden ser dos: pacífico o violento. El primero de ellos, al que me adscribo totalmente, significaría aprovechar los espacios legales —muchos de ellos que habría que crear primero—, para presionar por cambios económicos, políticos y jurídicos dentro de un diálogo nacional en que no haya discriminación por motivo de credos políticos (…)

Alerto que es un momento gravísimo en este país. Se reúne un potencial conflictivo en un escenario que está siendo muy mal analizado, no solo por el gobierno sino también, infelizmente, por intelectuales y científicos sociales a los que su formación teórica y su habilidad para interpretar los hechos sociales debería separarlos de una declaración meramente ideológica (…)

Son nuestras muchachas y muchachos, dialoguemos con ellos y con la sociedad civil cubana que desea caminos de cambio y de paz. Si se escoge por el gobierno la confrontación violenta como respuesta, puede ocurrir, a gran escala, lo que ya vimos en el Vedado: un grupo pacífico de jóvenes rociados con gas pimienta; o lo que ocurrió en el Parque de la Libertad de Matanzas en la noche del sábado: un pequeño grupo que fue golpeado por miembros de la Seguridad del Estado. No importa que impidan el acceso a internet por algunas horas. Todo se conoce, y se enjuicia.

Mi conciencia no me permite callar.

Cuba soberana no acepta injerencias. Algunos se empeñan en protagonizar shows mediáticos contra la Revolución, envenenando y mintiendo en las redes. El pueblo revolucionario cubano dará el combate. #Somos🇨🇺 #SomosContinuidad https://t.co/QDJSfUfCP8 Via @Granma_Digital

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 28, 2020

El resultado

Los intelectuales que alertamos durante meses al gobierno sobre la posibilidad de un estallido social de mayor magnitud fuimos denominados mercenarios. El aparato partidista y gubernamental desconoció con negligencia las señales de alarma. Este es el resultado de su actitud.

El domingo 11 de julio, miles de personas se manifestaron en numerosas ciudades y pueblos de la Isla. Junto a los que solicitaban cambios, mejores condiciones de vida y libertades políticas; como es común en todo conflicto de estas dimensiones, también se sumó el que pretendía únicamente delinquir y vandalizar, pero esa fue la excepción, no la regla.

El presidente y primer secretario Miguel Díaz-Canel reaccionó a esos hechos, inéditos en la historia reciente de Cuba, con la siguiente convocatoria: «La orden de combate está dada. A la calle los revolucionarios».

En su primera comparecencia televisiva reconoció que entre los manifestantes había personas revolucionarias y confundidas. En la segunda aparición, el día 12, aseveró que todos eran contrarrevolucionarios y mercenarios y que lo acaecido era resultado de un plan diseñado en el exterior. Esa es la narrativa que se ha sustentado desde entonces. Para él, los miles de manifestantes no son parte del pueblo. Gran error.

Las fuerzas del orden —del Ministerio del Interior, las FAR, Tropas Especiales, los cadetes de las Academias militares y hasta la reserva—, han reprimido con violencia. También algunos grupos de manifestantes han sido violentos.

Se sabe de al menos una persona muerta y otras heridas, golpeadas y detenidas. Una parte de ellas fue liberada al siguiente día. No sucedió así en otros casos, como el de Leonardo Romero, joven estudiante de Física de la Universidad de La Habana que fue preso hace dos meses por alzar un cartel que decía «Socialismo sí, represión no». Transitaba cerca del Capitolio con un alumno suyo de preuniversitario. El muchacho intentó grabar la enorme manifestación que se había congregado allí. Lo agredieron con saña. Era un menor de edad y Leonardo lo defendió. Fueron detenidos ambos.

Estallido (2)

Leonardo Romero fue detenido en las cercanías del Capitolio. Su familia aún desconoce su paradero. (Foto: Yamil Lage/AFP)

Es imposible conocer con exactitud lo ocurrido, porque desde las 3 de la tarde de ese día fue quitado el servicio de internet en Cuba. Somos un pueblo a ciegas, sin derecho a información y sin posibilidad de expresarnos. Los periodistas oficiales demuestran con su actitud que apenas son meros propagandistas del gobierno. Caiga sobre ellos toda la vergüenza del gremio.

Declaraciones justificativas, y en ocasiones incoherentes, han marcado la tónica del gobierno. El Buró Político se reunió hoy con la presencia de Raúl Castro pero nada trascendió de lo tratado. Al parecer, no existe una hoja de ruta diseñada para resolver una situación interna como este estallido, que es presentada ante la opinión pública como una gran conspiración internacional que emergió a partir de la etiqueta SOS Cuba.

Se han limitado a pedir la eliminación del bloqueo norteamericano. Ni una admisión autocrítica acerca de reformas postergadas y transgresiones constitucionales. Ni una invitación al diálogo. Creen, o quieren hacer creer, que los incómodos apagones de las últimas semanas son los responsables de la molestia ciudadana, sin reconocer las inmensas deudas sociales acumuladas que datan de décadas.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Exteriores, dijo en una conferencia con la prensa extranjera acreditada que en Cuba «nadie pasa hambre». Esa afirmación es otra evidencia del nivel de desconexión del gobierno con la gente de a pie. Solo es comparable con la crítica que hiciera Raúl en su «Informe Central» al 8vo. Congreso como secretario general saliente, a la «cierta confusión» que tuvieron algunos cuadros de dirección al emprenderla contra la «supuesta desigualdad» que ha creado la comercialización dolarizada en Cuba.

La desesperación de la gente la ha lanzado al estallido, a protestas masivas en medio del peor momento de la pandemia en la Isla. Es previsible esperar un enorme crecimiento de contagios, tanto entre los manifestantes como entre las fuerzas del orden y en los grupos de respuesta rápida convocados en los centros de trabajo para mostrar apoyo al gobierno.

A todo esto se une el oportunismo político de algunas voces en el exilio que piden una solución militar para Cuba. Deben saber que afectar la soberanía nacional con la tesis de una intervención humanitaria es totalmente inaceptable para una enorme mayoría de este pueblo, incluso para muchos de los que se manifiestan hoy contra el gobierno.

Al dirigirse a la prensa extranjera, Rodríguez Parrilla argumentó con ligereza que este no era el peor momento que se ha vivido en Cuba. Es cierto que en los noventa tuvimos una crisis terrible y un maleconazo; no obstante, le recuerdo que en aquella etapa teníamos un líder con visión suficiente para ofrecer cambios a corto plazo y un pueblo con esperanzas de que ante la caída del socialismo real en Europa el gobierno tendría la inteligencia suficiente para encauzar una vía expedita y continua de cambios.

Ninguna de estas cosas existe hoy. Pero pedirle al gobierno cubano que atienda a las señales es, ya lo hemos visto, arar en el mar.

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Palabras (1)
Democracia

Palabras descontextualizadas

por Alina Bárbara López Hernández 30 junio 2021
escrito por Alina Bárbara López Hernández

La línea previa

Exactamente sesenta años atrás, en un salón de la Biblioteca Nacional, el líder del gobierno revolucionario, Fidel Castro, concluyó una serie de reuniones con figuras de las artes y las letras. Su intervención final, bajo el nombre Palabras a los intelectuales, es presentada como la base de la política cultural revolucionaria. Sin embargo, fue mucho más que eso.

Apenas dos meses antes, en abril de 1961, había sido declarado el carácter socialista del proceso. La Revolución cubana no fue concebida y dirigida por un Partido —como ocurriera con la soviética—, pero, desde muy temprano, dirigentes del Partido Socialista Popular (PSP) se convirtieron en funcionarios clave en áreas donde se decidía sobre la producción cultural y simbólica.

Y si algo sabían bien los dirigentes comunistas era recabar disciplina y posicionamientos incondicionales ante lo que denominaban la línea del Partido. Palabras a los intelectuales se adelantó en cuatro años a la refundación, sobre nuevas bases y dirección pero también sobre antiguos dogmas, del Partido Comunista de Cuba (PCC) en 1965. Pero con ellas, desde junio del 61, quedó establecida la futura línea ideológica partidista en sus relaciones con el sector, que ha permanecido con pocos cambios hasta hoy.

Un Partido único —que no tiene siquiera facciones—, requiere mantener controlada la opinión de la ciudadanía. Es condición sine qua non para una existencia prolongada y sin disturbios. La intelectualidad es, por lo general, la avanzada díscola de aquella, de ahí que las relaciones de subordinación de los intelectuales a esa disciplina sean esenciales.

Las consecuencias posibles de esa relación no eran desconocidas entre nosotros. En fecha tan temprana como 1930, el joven Juan Marinello publicó su ensayo Sobre la inquietud cubana. La intelectualidad insular se hallaba entonces en el centro de una encrucijada histórica, pues al combatir la tiranía machadista tenía tres caminos ante sí: subordinación al imperialismo, fascismo o socialismo.

Palabras (2)

Juan Marinello

Su perspectiva sobre la experiencia soviética —que sopesada con interés en los inicios fue criticada en la medida que el estalinismo se entronizó—, sometió a debate el tema de la libertad de creación en el socialismo. Esto generó las siguientes interrogantes de Marinello:

«Y, llegados a ese falansterio de nuevas proporciones y de nuevo tipo, ¿tendremos la libertad esencial, la que nos movió desde su encierro a echar abajo las dominaciones dolorosas? ¿No habremos entrado, queriendo salir de ella, en una cárcel de hierros invencibles porque todos seremos hierros en nosotros mismos?».

Dudas muy razonables estas, que tendrían respuesta en 1934, con la celebración en la URSS del Primer Congreso de Escritores Soviéticos. Dicho cónclave impuso límites estrictos a la creación artística e intelectual, condenó al ostracismo a destacadas figuras de la literatura y el arte, como Mijaíl Bulgakov, Serguei Eisenstein y Yuri Olesha, entre otros; creó una Comisión de Arte y Literatura presidida por Stalin y un premio con su nombre.

Cuatro años más tarde, en 1938, el primer Partido Comunista de Cuba fue legalizado. Con los nombres de Unión Revolucionaria Comunista (1939-1944) y PSP (1944-1953), se mantuvo durante quince años, hasta su prohibición por Batista. En esos tres lustros participó en el sistema parlamentario, con representantes en la Cámara y el Senado, órganos oficiales de prensa y una política cultural muy activa aunque poco estudiada.[1]

Sus transformaciones, derivadas de cambios políticos y alianzas coyunturales —que se explican por el comienzo de la II Guerra Mundial, la entrada de la URSS en ella, la postguerra y la Guerra Fría—, provocaron que tanto su política cultural como la crítica artística, funcionaran cual escenario de negociación.

Su vínculo con los intelectuales se subordinó más a consideraciones políticas, estratégicas y tácticas que a percepciones estéticas; de ahí sus abruptos cambios y el modo que osciló, entre actitudes plurales y dogmáticas, a lo largo de esos años.

Cuba fue el único país capitalista del hemisferio occidental en que un partido comunista llegó a ser parte actuante de su sistema parlamentario, incluso durante el período de Guerra Fría. No obstante, el PSP era uno más dentro de un sistema político en el que coexistían otros, algunos con bases populares más amplias, de ahí que los comunistas aprendieran a ejercer la negociación política. Eso cambiaría después de 1959.

¿Qué se dirimía en junio de 1961?

Si se analizan las Palabras a los intelectuales vinculadas a su contexto —el de una revolución recién nacida, con apoyo mayoritario no solo por las medidas tomadas en beneficio de las mayorías, sino por las promesas futuras; en una nación amenazada y atacada por una potencia vecina mucho más poderosa— se entiende la necesidad de garantizar, por parte del gobierno, el apoyo de un sector como el intelectual, que es, por su naturaleza, rueda de trasmisión entre él y la ciudadanía.

Vistas en perspectiva, el famoso fragmento de la intervención de Fidel, citado hasta el infinito —«dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada, porque la Revolución tiene también sus derechos y el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir y frente al derecho de Ia Revolución de ser y de existir, nadie»—, camuflaba, lo hace aún, que lo que se dirimía allí en realidad era el derecho del gobierno a tomar decisiones sin ser abiertamente confrontado por parte de la intelectualidad.  

Palabras (3)

Se olvida, sin embargo, que a continuación de esa frase seguía esta: «Por cuanto la Revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la Revolución significa los intereses de la Nación entera, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella».

Entonces, no era un posicionamiento a elegir entre la política y la creación artística. Tampoco un cheque en blanco el que se entregaba y en el cual se cedían de por vida el pensamiento crítico y la capacidad de interpelación de los intelectuales y de los ciudadanos al poder, como parecen creer algunos.

De acuerdo a la frase completa, la Revolución exigía esa incondicionalidad porque también reconocía obligaciones y compromisos: comprender los intereses del pueblo y los intereses de la Nación.

A tenor con ello, más importante que determinar el significado de los conceptos dentro y fuera, como posturas de los intelectuales respecto a la Revolución, sería pertinente analizar si la Revolución, tras seis décadas de pronunciado este compromiso, lo ha cumplido cabalmente.

Las revoluciones son procesos coyunturales que se caracterizan por su corta duración, que implican la toma del poder y la creación de nuevos mecanismos de gobierno. El breve período de una revolución se distingue por la desarticulación de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales; muchas decisiones son espontáneas, carecen de tiempo para el análisis antes de su aplicación, y por ello pueden ser desorganizadas y experimentales. No puede haber, por tanto, una revolución que dure sesenta y dos años, mucho menos sesenta y dos mil milenios.

¿Qué se dirime en junio de 2021?

El 28 de junio, hace apenas dos días, se organizó un homenaje que recordaba la intervención de Fidel. Fue en el mismo salón de actos de la Biblioteca Nacional, pero seis décadas después y en un contexto diferente.

Ahora no se trata de una revolución recién nacida, con inmenso apoyo popular y con promesas al futuro. Se trata de una revolución que fue ahogada por un modelo de socialismo burocratizado. De un proceso en crisis dirigido por un grupo de poder que ha sido reacio a reformas que él mismo diseñara y anunciara desde hace trece años. De un anunciado Estado socialista de derecho que solo existe en la letra de una Constitución inviable.

El azote de la pandemia y la hostilidad desmedida del gobierno norteamericano, agravan hasta lo dramático antiguos errores y determinaciones jamás corregidos.

Dentro de la Revolución todo significa que lo único que no está en discusión es la Revolución. No es ella un hecho en disputa. Es el hecho mismo, la razón de ser de aquel encuentro. #PalabrasALosIntelectuales #FidelPorSiempre pic.twitter.com/xBSggsU5xT

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 29, 2021

La intervención de Miguel Díaz-Canel, presidente y desde hace poco primer secretario del Partido, es ejemplo de tal crisis. Un discurso correcto en su forma pero absolutamente inconveniente en su contenido. Un político debe saber trascender ideas ajenas y épocas pasadas.

En 2017, cuando se valoró la posibilidad de un cambio generacional, antes de que se produjera su nombramiento, escribí:

«El posible reemplazo de la primera figura en la dirección del país, prometido para el próximo año, pudiera utilizarse como ícono de cambios, cuando en realidad una simple sustitución de la dirigencia no echa por tierra una filosofía del inmovilismo.

Hay que detectar lo real detrás de lo aparente, y a mi juicio lo aparente es el cambio político, pero manteniendo todo lo demás que sería lo real; es decir, la carencia de un método científico en la planeación de las transformaciones económicas y la existencia de una filosofía escolástica sobre la historia y su devenir, que apela a la pasividad, el conformismo y la incapacidad de reacción para convertir a Cuba en todo lo que los conceptos anuncian: una nación “soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible”».

Hacía votos por equivocarme en aquel momento, desgraciadamente no ocurrió así. Según el presidente/primer secretario: «Hoy estamos como hace sesenta años, hablando de arte y de cultura, de creadores y artistas, de obras y de públicos, mientras el mundo arde afuera».

Si por el mundo entiende el ámbito que existe fuera de ese salón de reuniones, está bien. Si cree que Cuba no es parte de ese mundo que bulle de insatisfacciones y necesidades, está equivocado.

Su insistencia en la secuencia inalterable del proceso se evidencia en la aseveración de que: «La reunión de la biblioteca nacional tuvo una continuidad en el tiempo que llega hasta nuestros días». Ello hace contradictoria esta otra afirmación: «Luchamos todos los días contra el inmovilismo, la parálisis y los posibles retrocesos».

Dice el máximo dirigente: «Para empujar un país hay que leer muchos números»; sin embargo, también apunta:

«Leo todos los días algún post o análisis pidiéndonos liberar las fuerzas productivas, ¿en serio creen que nos interesa atarlas, contenerlas o frenarlas? ¿Cuál es la fórmula mágica por la que creen que podemos, con un decreto presidencial, hacer que todo funcione y broten bienes y productos del cuerno de la abundancia?».

Quizás si el mandatario no creyera que «La Cultura es lo primero que hay que salvar», y se percatara de que sin resultados económicos no se puede salvar la cultura ni ninguna otra cosa en este país, y atendiera a los excelentes economistas que llevan décadas alertando y proponiendo cambios concretos, tendría una fórmula, no mágica pero sí científica.

Dentro de la Revolución sigue existiendo espacio para todo y para todos, excepto para quienes pretenden destruir el proyecto colectivo. #PalabrasALosIntelectuales pic.twitter.com/KdJhanx6eY

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 29, 2021

A su afirmación de que: «Hemos apostado a la innovación, a la ciencia, al talento y a la disposición del pueblo para enfrentar los múltiples desafíos que entraña avanzar rompiendo monte en cueros, como los cimarrones, como los mambises, como los rebeldes»; se le pueden objetar dos aspectos:

1) Los informes sobre inversiones en Cuba demuestran la escasa proporción de ellas en el ámbito científico, y 2) no todos avanzamos rompiendo monte en cueros, quizás a esto se deba la poca prisa y las muchas pausas en cambiar todo lo que debe ser cambiado.  

Considera el presidente/secretario que se honra con estas palabras:

 «“Dentro de la Revolución” sigue existiendo espacio para todo y para todos, excepto para quienes pretenden destruir el proyecto colectivo. Así como Martí excluyó de la Cuba con todos y para el bien de todos a los anexionistas y en sus Palabras en 1961 Fidel separó a los incorregiblemente revolucionarios, en la Cuba de 2021 no hay cabida para los anexionistas de siempre ni para los mercenarios del momento».

¿Cómo puede manipularse el pensamiento martiano y sentir honra? ¿Cómo puede una persona con su responsabilidad política regodearse con ligereza en clasificaciones que estarían bien para Humberto López pero que en él son imperdonables? ¿Cómo referirse a un proyecto colectivo desde el elitismo que no da cabida a la participación política en él?

Sesenta años después, es posible constatar que aquella negociación de 1961 no fue cumplida. La Revolución, entiéndase el Gobierno, no ha logrado, en el largo plazo, representar los intereses del pueblo, ni los de la Nación. De modo que podemos alegar con razón nuestro derecho a recuperar, ya lo estamos haciendo, la capacidad de interpelación de los intelectuales y de la ciudadanía frente al poder. Eso es lo que se dirime hoy en Cuba.

***

[1] Lo más completo sobre el tema: Yinela Castillo: «La Política Cultural del Partido Comunista de Cuba reflejada en el periódico Noticias de Hoy entre 1938–1948», y Liset Hevia: «La crítica artística en las páginas del periódico Noticias de Hoy entre 1938–1948», Tesis presentadas en opción al título académico de Máster en Estudios Históricos y Antropología Sociocultural, Universidad de Cienfuegos, 2017.

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Marquitos 1
Historia

«Caso Marquitos»: una conversación con Newton Briones

por Alina Bárbara López Hernández 10 junio 2021
escrito por Alina Bárbara López Hernández

En el artículo «La delación de Humbolt 7. Temas en conflicto en torno al “caso Marquitos”», publicado hace poco en OnCuba, el investigador Julio César Guanche sistematizó con agudeza los diversos puntos de vista al respecto. Las múltiples hipótesis tejidas sobre el asunto hacen que lo considere, con razón, «un problema para la historiografía profesional cubana».

Demuestra en el texto mencionado que la opinión mayoritaria admite que a los jóvenes del Directorio Revolucionario (DR) masacrados al mes siguiente del asalto al Palacio Presidencial, los delató Marcos Rodríguez (MR).

Sin embargo, mientras una parte acepta que la causa de la traición se debió a iniciativa propia por motivaciones personales, incluso sectarias, relacionadas con su militancia en las filas de la Juventud Socialista y a sus vínculos con el PSP; otra parte la vincula a motivos más complejos que no solo atañen a MR sino al PSP, organización que no aceptaba la estrategia insurreccional contra Batista desarrollada por el DR.

Dos importantes dirigentes del Partido estuvieron involucrados con esta delación: Joaquín Ordoqui (JO) y su esposa Edith García Buchaca (EGB).

Marquitos 2

Edith García Buchaca y Joaquín Ordoqui Mesa

El historiador Newton Briones en su libro Víctima o culpable. La delación de Humboldt 7, es de los que exculpa al PSP y a estas dos figuras.

Este investigador se graduó de Historia en la Universidad de La Habana en 1975. Proviene de una familia de luchadores revolucionarios, su padre fue jefe de acción de la organización Joven Cuba y muy cercano a Antonio Guiteras.

Varios de sus libros, artículos y declaraciones han cuestionado aspectos convertidos en tradición por la historiografía. Entre ellos revalúa quién disparó primero: Casillas Lumpuí o Jesús Menéndez, el día de la muerte del líder sindical; devela los conflictos entre el dirigente comunista César Vilar —que falleció en 1973 prácticamente olvidado—, y la dirección del Partido Socialista Popular; pone en jaque la tesis casi generalizada de que la Revolución del Treinta se fuera «a bolina» o desmiente la existencia de las famosas pruebas que alegaba tener Eduardo Chibás contra Aureliano Sánchez Arango, y cuya supuesta pérdida lo llevara al suicidio. 

En un intento por aportar elementos sobre el «Caso Marquitos» y lo que lo rodea, tuvo lugar este intercambio entre Newton Briones y yo.

***

(AL): Ante todo quisiera preguntar si fue usted en algún momento miembro de la Juventud Socialista o del Partido Socialista Popular.

(NB): Usted misma hace la pregunta y da la respuesta. Si hubiera sido del PSP no habría escrito sobre Jesús Menéndez ni sobre Cesar Vilar. A la única organización que pertenecí antes de 1959 fue al Movimiento 26 de Julio.

(AL): En el blog La Cosa, creado por Julio C. Guanche, han aparecido testimonios que ofrecen otras miradas al controversial tema. Uno de ellos fue brindado por Lela Sánchez Echeverría, bajo el título «El Conflicto de los Días y las Fechas Históricas».

A ella le llaman la atención dos citas que hace Guanche de su libro Víctima o culpable… En una, usted niega que en el juicio se probara «el irrestricto apoyo prestado por el PSP a MR». En la otra, afirma: «Marquitos estuvo detenido durante dos años y medio en Villa Marista en la sede de la Seguridad del Estado. Si Ordoqui y Edith hubieran tenido ese poder para demorar e impedir hacer justicia sobre Marquitos, lo habrían soltado de su encierro y esto no sucedió (…)».

Marquitos (3)

Lela Sánchez señala:

«No sé por qué Newton hace esa observación sin aclarar que cuando Marquitos estuvo preso la primera vez (esta fue la segunda), haciendo uso de un irrestricto apoyo a MR, una parte de los dirigentes del PSP, y en primer lugar Joaquín y Edith, lograron ponerlo en libertad, ubicarlo a trabajar en la dirección de cultura del Ejército Rebelde y luego enviarlo en la beca gestionada por ellos a Checoslovaquia.

Claro que en esa ocasión estaba detenido solamente porque el DR [Directorio Revolucionario] lo acusaba de ser el delator de Humboldt 7, no como un agente de la CIA, tal como fue en la segunda oportunidad en la que vino preso acusado por los checos de trabajar para esa organización.

En ese caso, aclara el propio Newton que no podían contra otras fuerzas porque la acusación era fuerte. Sin embargo no mencionan, ni Newton, ni Guanche, (al menos en este trabajo) que sí lo habían hecho en la oportunidad anterior que les acabo de narrar.

Sería bueno que el articulista averiguara en qué fecha regresó Marquitos de México luego del 59 y por qué. Y tal vez logre conocer algo más de lo que le relato. Para no convertir esto en un tratado se lo dejo de tarea a Guanche si le interesa».

(NB): Después de leer la breve exposición de Lela me quedé sorprendido por la afirmación. O no fui claro con lo explicado en mi libro o no entendió lo expuesto. Ahora respondo al breve párrafo escrito por ella. La llamé para abundarle en más detalles y no quedo convencida. Debo volver a escribir para no dejar dudas sobre el asunto. Además, otros interesados volverán a leer mis puntos de vista y podrán dar sus opiniones.

Marquitos regresó de México el 28 de enero de 1959. Antes, se creó una comisión para organizar el retorno de los exiliados. Las diferentes organizaciones designaron a sus representantes para la vuelta. Ellos se encargarían de darle prioridad en los vuelos a las personas reconocidas en la lucha. Cesar Cuenca y representantes del PSP designaron a Marquitos para la tarea. Ordoqui y Edith García Buchaca ya estaban en Cuba desde el 5 de enero de 1959.

Marcos Rodríguez aterrizó en la Isla después de estar un año, siete meses, cuatro semanas y dos días en el exterior. Un total de 609 días contados desde su salida de la embajada de Brasil en dirección a Costa Rica y después a México. Su confianza en regresar suponía que la verdad de lo sucedido aquel 20 de abril de 1957 jamás saldría a la luz. Al parecer, poseía una convicción sólida en que a su regreso no tendría ningún tipo de inconvenientes. En la prensa no había aparecido nada durante los días de euforia popular desde el 1ro. de enero. Era señal de que no existían cargos contra él.

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Página de la revista Bohemia del 28 de abril de 1957, dedicada a la masacre de Humboldt 7. (Tomada de OnCuba)

Transcurrieron los primeros días de febrero de 1959 y fue cuando el caso comenzó a polarizarse. En un extremo Marquitos y sus defensores, los cuales creían combatir una injusticia. Y en el otro los investigadores del Directorio, convencidos cada vez más de estar sobre el sospechoso, pero sin tener todos los elementos para que nadie dudara de que era el delator.

Si los argumentos hubieran sido suficientemente convincentes, nadie se hubiera atrevido a transgredir esa línea. Menos en aquella fecha, en que los valores de justicia habían alcanzado cotas muy altas. Por eso el título de mi libro, «Víctima o Culpable», pues entre esos dos adjetivos se desarrolló el drama.

Al no existir evidencias de su delación, la imagen de víctima continuó fortaleciéndose. Y en el ambiente reinaba la fábula de una venganza contra él por parte del Directorio Revolucionario. A pesar del tiempo transcurrido, la sospecha de la delación de Marquitos y la venganza del Directorio eran extremos de un mismo problema. El factor subjetivo aportaba un peso específico, solidarizarse con la víctima y oponerse al victimario. En este ambiente se desarrollaba el drama que iría tomando cuerpo con los días.

Angelina Rojas Blaquier, en su texto Primer Partido Comunista de Cuba, t. 1, (Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2005, pp. 87-88), explica que el jueves 29 de enero,

«(…) sin perder tiempo, MR se dirigió a las oficinas del Partido en la avenida de Carlos III. Joaquín Ordoqui, responsable de la Comisión de Educación, lo recibió. Después de los saludos de rigor, ambos se adentraron en el tema.

– ¡Ya sé! En la prensa voy a discutir con el Directorio para probar que sus dirigentes son anticomunistas…

– ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Vete con cuidado —lo interrumpió Ordoqui—. Mira, el asunto contigo y el Directorio no es discutir si tú eres comunista y ellos no. Si tú mismo eres o no lo eres. El Directorio lo que está discutiendo contigo son elementos de una causa criminal. Los dirigentes tienen entendido que tú has delatado a los compañeros de Humboldt 7. Eso… No hay discusión política ni problemas ideológicos, en absoluto. El problema es si cometiste un delito o no lo cometiste. Y la tarea central tuya, si no lo has hecho, es demostrar que no lo has cometido.

–Está bien. Lo demostraré».

Sin embargo, los interesados en poner al descubierto las sospechas no llevaban un inventario sistemático de sus acciones pasadas. Incluso no sabían que Marquitos se encontraba en la Isla. Y menos que buscaba trabajo días después de llegar a Cuba. Como no supieron en 1961 que estaba detenido en Villa Marista.

La afirmación de que trabajaba allí es incierta y demostrativa del desconocimiento sobre el sujeto al que consideraban el traidor. Marquitos supo que conocidos de México laboraban allí en la dirección de cultura del Ejército Rebelde. Visitó el lugar para gestionar una plaza de trabajo. Fue atendido por su amigo Chelo Martínez, quien le propuso que regresara en otra ocasión. Las posibilidades del empleo en un lugar emblemático, un edificio de dos plantas, en la Avenida 31, frente a Ciudad Libertad.

Curiosa coincidencia, aquel inmueble dedicado a la enseñanza y a la cultura política y artística, había sido hasta el primero de enero sede de la Agencia Central de Operaciones (J´ACOPns), encargada de la parte operativa, investigaciones y detenciones del BRAC. Su jefatura se encontraba en otro lugar de la ciudad, en quinta y catorce, Miramar, frente a la casa del expresidente Ramón Grau San Martín. La parte operativa y de jefatura estuvieron separadas para conservar el secreto de trabajo.

Edith García Buchaca debía volver a México, al Congreso Continental por la Paz. A mediados del mes de enero se dirigió a la capital azteca. Vilma Espín, destacada combatiente, integraba igualmente la delegación cubana. Marquitos todavía se encontraba atendiendo los asuntos de la repatriación de los cubanos en el Distrito Federal. Cuando se volvieron a encontrar Edith y Marquitos, salió el tema reiterado y conocido, la imputación de delación. Tuvieron una conversación sobre el tema. Y este encuentro volvió a salir en abril de 1963, durante el juicio ante las preguntas del fiscal al detenido. Prefiero contarlo en el momento del juicio, para no adelantar algo tan importante y evitar repetirlo.

A pesar de todo lo explicado, ellos fueron víctimas de Marquitos y no al revés como piensan algunos. Aun, después de tanto tiempo despiertan más dudas Ordoqui y Edith que Marquitos. Al pensar que estaba siendo perseguido por el Directorio lo defendieron, y él aumentó su imagen de persona inocente y sobre la cual se estaba cometiendo una injusticia.

Una observación importante, el Ordoqui de 1959 no será el mismo de 1963, donde había alcanzado el cargo de viceministro y el grado de comandante. En mi investigación para escribir el libro, encontré que la única persona que intuyó su maldad fue la mamá del cineasta Fandiño, cuando se refirió a su mirada. Su manera de hablar y otros elementos hicieron que muchos le cogieran lástima. Sabía engañar y bien.

Volviendo a Ciudad Libertad el día 4 de febrero de 1959, cuando Marquitos visitó el lugar en busca de trabajo. También estuvieron ese día Marta Jiménez y Julio García Olivera. Y por casualidad vieron de lejos a Marquitos. Hablaron con Selma Díaz, esposa de Osmany Cienfuegos.

Marquitos (5)

Marcos Rodríguez durante el juicio en 1964. (Tomada de OnCuba)

–Venimos a ver a Camilo y entonces nos han dicho que no está…

–Espérense un momento –le dijo Selma. Y entró al despacho del Comandante William Gálvez, jefe de la Dirección de Inspección, el G5. Ante la insistencia de Marta Jiménez, Camilo Cienfuegos designó al capitán Reinier Díaz, segundo jefe del DIER, para realizar la investigación. Después de haber hecho múltiples tareas para descubrir la traición, el investigador debió hacer un informe sin mencionar su inocencia, sino explicando no haber encontrado su culpa.

Entonces fue liberado de su prisión en Columbia. Lo soltó Camilo y no Ordoqui. La gestión para estudiar cine en Praga se había hecho en México antes de 1959. Al no tener dinero para el viaje, se pospuso. Ahora estaban dadas las condiciones y marchó a Checoslovaquia.

Durante el juicio, en 1964, el fiscal le preguntó a Marquitos por su conversación con Edith en aquella ocasión en que ella volvió a México al Congreso Continental por la Paz.

–Regresa a La Habana, el Directorio te acusa por la muerte de los compañeros de Humboldt 7. Debes esclarecer tu situación –le dijo Edith a Marquitos. Al oír esta respuesta de Marquitos al fiscal, Fidel intervino y agregó. —Si lo hubiera protegido esa no sería la respuesta, sino quédate y no regreses. En la Revista Bohemia donde se reproduce todo el juicio se puede encontrar el interesante pasaje.

Como no bastó mi libro sobre Humboldt 7 en el que explico mi punto de vista sobre aquel hecho, recurrí al mismo procedimiento realizado en la UNEAC en el 2013 con la «Maleta de Chibás». Cuando combatimos Lela y yo por demostrar que Chibás no tenía pruebas contra Aureliano Sánchez Arango en su famosa maleta. Y donde Miguel Barnet me regañó al decir que yo «no limpiaría el piso de la UNEAC con Chibás». Aunque no me llamó cuando en el 2016 Fidel afirmó en el programa televisivo Mesa Redonda que Chibás no tenía pruebas.

Ante las dudas expresadas por algunos interesados en el caso de Humboldt 7 que no coincidían con mi interpretación en el libro «Víctima o Culpable», propuse en la UNEAC hacer una reunión parecida, a la que asistieran los que tenían dudas y opiniones diferentes. Nadie respondió a la invitación cursada mediante correo. Califiqué el hecho como lo hacen en las peleas de boxeo: nock out por no presentación.

Debo decirle a mi amiga Lela y a otros una frase muy utilizada por los que les gusta la gastronomía: comer pescado requiere de cuidado, tiene espinas. Parece mentira que hayan incurrido en el mismo error de Eduardo Chibás al acusar al padre de Lela, Aureliano Sánchez Arango, de haberse apropiado del dinero del desayuno escolar. Y la respuesta del acusado fue: ¡pruébalo! Como Chibás no pudo demostrarlo recurrió al disparo que le costó la vida.

(AL): La observación de Lela es coincidente con el criterio de Guillermo Jiménez, Jimenito, dirigente del DR y una de las personas que contribuyó a la denuncia contra MR. Este también dijo siempre que existió un «irrestricto apoyo» a MR por una parte de la dirigencia del PSP, especialmente Carlos Rafael Rodríguez, JO y EGB, que lograron ponerlo en libertad y desecharon la posibilidad de realizar un juicio.

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Comandante Guillermo Jiménez Soler, conocido como Jimenito. (Tomada de OnCuba)

(NB): Invocar el irrestricto apoyo a Marcos es desconocer la existencia de otro poder interesado en que el juicio se diera. Se dio comienzo al primer juicio y por las opiniones vertidas, alusión al sectarismo como causa, se suspendió y dio paso a un segundo juicio. Si hubiera existido ese irrestricto apoyo, tan invocado y reiterado, no se hubiera realizado el segundo juicio.

(AL): Según Jimenito, en el propio año 1959, el DR solicitó una reunión, para la que fueron designados él y Alberto Mora, con el objetivo de tratar con el PSP la delicada situación de que MR, un militante de su partido, era el delator. Así lo contó:

«El planteamiento principal que le hice a nombre del Ejecutivo del DR fue nuestra proposición de juzgar a MR de manera conjunta entre el DR y el PSP, para lo cual propusimos designar un tribunal revolucionario integrado por el mismo número de militantes de cada organización, cuya tarea sería dilucidar la culpabilidad o la inocencia del acusado. Una vez alcanzado un consenso, nos dirigiríamos al Cte. Fidel Castro para imponerle de los antecedentes y de la conclusión».

(NB): Lo que no se dice es la opinión de Ordoqui y Carlos Rafael cuando Jimenito y Alberto Mora le hicieron la propuesta. Una de los argumentos que ellos llevaban era el dinero que poseía Marquitos en México. Frente a ese argumento, Ordoqui dijo que iba a comer a su casa por no tener dinero. Algo más, si el Directorio hubiera hecho la propuesta de reunión, esta no se habría realizado en la casa de la mamá de Carlos Rafael. Y algo más importante, a esa altura del proceso revolucionario nadie iba a correr el riesgo de defender a un traidor, que además no era importante desde el punto de vista político.

(AL): Otra cosa que indica apoyo irrestricto fue el fusilamiento de los esbirros de Ventura en 1959 sin que se lograra una declaración legal contra MR. Ellos le aseguraron a Marta Jiménez —esposa de Fructuoso Rodríguez, uno de los mártires de Humboldt 7—, cuando fue a verlos a prisión acompañada por Julio García Olivera, que habían estado presentes en la entrevista del delator con Ventura, e identificaron a MR entre varias fotos de diferentes personas. Marta se entrevistó con Camilo, bajo cuyo mando estaban los prisioneros, y le pidió que no los fusilaran hasta que no se efectuara ese acto.

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Marta Jiménez, viuda de Fructuoso Rodríguez (Tomada de Juventud Rebelde)

(NB): Marta no se entrevistó con Camilo sino con William Gálvez, según Selma Díaz, esposa de Osmany Cienfuegos. Además, el capitán Reinier Díaz nombrado por Camilo para la investigación se entrevistó con Mirabal, la otra persona viva y presente en la entrevista de Ventura y Marquitos.

(AL): Podría argüirse que la euforia de los momentos iniciales del triunfo motivó la descoordinación; pero debe tenerse en cuenta que Osmany Cienfuegos, hermano de Camilo, era un militante comunista reconocido desde sus tiempos de la universidad, que había visitado la casa de JO y EGB en México en el mismo período en que lo hiciera MR, y que pudo incidir en la rápida desaparición de los hombres que habían identificado al traidor.

¿No cree muy raro que la proposición del DR de celebrar un juicio conjunto en la primera ocasión en que MR estuvo detenido no fuera aceptada y, lejos de investigar las pruebas con que contaba el DR, el PSP garantizara la salida del país de MR y le asignara tareas de extrema confianza como ocupar un puesto en la embajada de Cuba en Checoslovaquia?

(NB): Eso está contestado antes.

(AL): JO fue acusado no solo de proteger a MR, sino de haber brindado información a la CIA. Usted sostiene su inocencia a contrapelo de los siguientes elementos:

  1. Fidel crea una comisión para dictaminar la culpabilidad de JO, lo cual se hace público en la prensa. La misma estuvo conformada por Osmani Cienfuegos, Alfredo Guevara, Pepe Abrantes y Emilio Aragonés. Coincidentemente, todos ellos visitaban la casa de Ordoqui y Edith en México estando allí Marquitos; y, con excepción de Aragonés, todos eran miembros del PSP. Si la comisión dictaminó, nunca se ha conocido.
  2. El propio Fidel reprocha a JO que hubiera guardado, sin darla a conocer, una carta que MR le dirigiera por intermedio de su padre, estando ya preso y en la que hacía insinuaciones y afirmaciones muy graves, como que él le había confesado a Edith en México que era el delator.
  3. Existe una reunión del BP que ratifica la culpabilidad de Ordoqui, aunque decide no encausarlo.

(NB): Existen suficientes elementos para concluir que todo es una operación secreta de la CIA. Quien develó el asunto, sin saberlo, fue Philip Agee, al decir que al hombre encargado de la operación le dieron la medalla de oro de la CIA. Miguel Barroso, ministro del gobierno español y autor de uno de estos libros sobre el caso Marquitos, descubrió la diferencia de opinión entre el primer libro escrito por Agee, publicado en Inglaterra, y el segundo publicado en Cuba. Les dejo esa tarea para tener otros elementos al respecto. Agárrense a la silla, no se vayan a caer.

(AL): ¿A pesar de lo anterior, qué elementos lo convencen de la inocencia de JO y EGB?

Existe una duda que usted sembró en mí en la anterior conversación que tuvimos, allí afirma que el PSP buscó un acercamiento a Batista aun después del 10 de marzo, sus palabras fueron:

«Después del golpe los dirigentes del PSP habían establecido contacto con Raúl Lorenzo Ruiz, ministro de Comercio del nuevo gobierno (…) No era un desconocido, en 1937 había militado en las huestes juveniles comunistas. Mantenía relaciones con los miembros del PSP y ellos le habían dado la encomienda de sondear a Batista para ser aceptados. Aunque Batista estaba subordinado a los designios del Departamento de Estado y en ese momento debía obtener la anuencia por el golpe de Estado, la respuesta de Raúl Lorenzo llegó: “los americanos los tienen vetados y no puedo hacer nada”».

El capitán Esteban Ventura Novo era un hombre extremadamente precavido, logró burlar varios intentos de atentados, incluso, monitoreaba a través de la radio de la policía las conversaciones con el alto mando del ejército, lo que le permitió conocer los planes de fuga de Batista, en los que no estaba incluido, ante lo cual se presentó, ametralladora mediante, y logró huir con su familia en uno de los aviones. Me pregunto cómo fue posible que MR, un estudiante poco conocido, hubiera convencido a un hombre así a acceder a reunirse con él sin que terciara una recomendación.

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Esteban Ventura Novo

(NB): Lo primero a saber del hecho, la reunión se dio, los motivos de Ventura para acceder a la entrevista es su interés en ascender. Está explicado en «Víctima o Culpable». Ventura escribe su libro en 1961 y dice que los que dieron la información son Faure y Raúl Díaz Arguelles, cosa incierta. Raúl Díaz no está en Cuba cuando la entrevista de Marcos y Ventura. Hay un interés de la CIA en provocar disidencia interna. Lo que se puede confirmar en el libro de Miguel Barroso, que le escribió a la CIA y esta le respondió. Y dan un dato revelador: al juicio de Marquitos asistió alguien vinculado a la CIA y analizó lo que se le puede sacar a la reunión, la desunión interna.

(AL): También está la famosa visita del agente Castaño a JO y EGB en México. Este era miembro del FBI y se ocupaba de la represión a los comunistas en el BRAC.

¿Qué puntos comunes podría tener un individuo así con dos veteranos comunistas como aquel matrimonio? ¿Por qué no informaron de esa visita tan poco usual a la dirección del PSP, cosa reconocida por Blas Roca y otros ante la Comisión del Buró Político que se creó para esclarecer los hechos?

¿Podrían JO y EGB haber intentado, incluso sin contar con la anuencia de toda la dirección del PSP, ser bien vistos por «los americanos» para que dejaran de vetar un acercamiento del Partido con Batista?

(NB): Explicado también en «Víctima o Culpable», casi todo está explicado ahí.

Aprovecho la oportunidad que me brinda el cuestionario de preguntas sobre el hecho del que no se sabe mucho y está explicado en el libro. Yo no he ahorrado explicaciones en los asuntos que podrían ayudar a entender todo lo relacionado con aquel asunto.

Aquí cabe la pregunta de por qué el Instituto Cubano del Libro no lo publicó. Ello hubiera ahorrado todas estas interpretaciones erróneas, donde tal parece que la Revolución manipuló una verdad para no dar a conocer asuntos que la condenaban. Y es todo lo contrario, la Revolución actuó con total honestidad.

El libro lo revisó el profesor Alfredo Prieto, es uno de los lectores de la editorial para algunos textos. Me dijo que estaba de acuerdo con él. La responsable de la editorial, María de los Ángeles Navarro, también estuvo de acuerdo en publicarlo, después varió su opinión y dio explicaciones que no me satisficieron.

También la cineasta Rebeca Chávez escribió un libro sobre Humboldt 7 y no se lo publicaron. Según me contó Carlos Tablada, encargado de la Editorial Ruth, habló en la oficina del presidente del ICL sobre el mismo. Estaba en la conversación el antiguo director de Ciencias Sociales. Tablada quería asegurarse en no publicar nada en contradicción con la Revolución. Él no me contó las interioridades de la conversación, pero al publicarlo es deducible no tener problemas.

10 junio 2021 20 comentarios
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