No puedo hablar con propiedad de los sucesos ocurridos durante la marcha alternativa convocada el 11 de mayo en La Habana, pues no estuve allí. Sin embargo, he leído con atención varios artículos que presentan puntos de vista muy objetivos y profundos, como los de Alberto Roque Guerra, Rubén Padrón Garriga, Miguel Alejandro Hayes y un autor que firma como Boris, entre otros. Nada que intente aportar a la narrativa sobre el tema superará a lo que he leído, de ahí que solo pretenda vislumbrar ciertas cuestiones que van más allá de la prohibición, la celebración y la represión de la marcha.
La cuestión política
He planteado en varias oportunidades que no es viable lograr una actualización del modelo económico y social en Cuba sin que se produzca al mismo tiempo una actualización del modelo político. Ello pasa por el sensible asunto de la asesoría que deben recibir, para la toma de decisiones, las personas que detentan altos cargos.
Ha sido una práctica de las últimas décadas que los dirigentes nombren como sus asesores a figuras de su misma generación o que provienen del mismo círculo burocrático, ya en declive por su edad o porque han concluido sus mandatos. En estas determinaciones han primado más la confiabilidad partidista y las relaciones personales que la competencia y la habilidad como estrategas políticos que debieran tener esos consejeros.
Es ineludible variar esas rutinas y lograr que en los lugares donde se adopten medidas como la de prohibir la marcha —y todos sabemos que no fue en el Cenesex—, existan asesores capaces de desafiar, con opiniones informadas y agudas, las antiguas costumbres del puñetazo en el buró y la espontaneidad arrogante, que no medita más allá de un argumento de autoridad inmediata. Se requiere, en las altas esferas gubernamentales y partidistas, de buenos analistas que sopesen las consecuencias de las determinaciones que se pretenda adoptar.
Aquí nos sobran los analistas políticos internacionales. Capaces de hablar por horas de la situación en… Chipre, pero carecemos de analistas nacionales que cumplan esa función tan importante. Cuba atraviesa actualmente una etapa de gran complejidad, y no es solo económica como parece creer nuestro gobierno. Están confluyendo al mismo tiempo, por una parte, la limitada capacidad de los que dirigen para impulsar con éxito reformas inmediatas desde arriba al socialismo y, por la otra, una capacidad social sin precedentes para luchar por ellas desde abajo.
El monopolio de la información y el control de las opiniones por parte del partido y el gobierno hacen agua por todas partes. Las personas se convierten en factores activos y pueden apoyar causas y agendas de transformación social, aun dentro del sistema socialista. Por si fuera poco, la convocatoria a los debates para la aprobación de la nueva Constitución abrió un capítulo que solo alguien muy ingenuo podrá considerar concluido.
Un buen analista debía haber convencido a los decisores de lo inconveniente de prohibir esa marcha: 1) porque el Cenesex que había capitalizado con éxito tales convocatorias, podría debilitarse; 2) porque era lógico que una parte de la comunidad LGBTI, acostumbrada a desafiar y a lidiar a contrapelo de las opiniones, dada la larga lucha por sus derechos a nivel mundial, no aceptaría pasivamente la decisión; 3) porque aunque se corriera el riesgo de que se escuchara alguna consigna contra el gobierno ello era menos probable si el Cenesex organizaba la marcha como siempre había ocurrido, y aun así era un riesgo menor si se comparaba con la posibilidad de una represión.
La cuestión simbólica
En el imaginario social cubano del período revolucionario, la unanimidad ha sido erigida como valor intrínseco del patriotismo, mientras, la unidad y la disciplina —llámese obediencia—, son actitudes políticamente correctas a las que convocan constantemente los dirigentes.
Hasta ahora, los actos de desobediencia civil ocurridos en Cuba correspondían a agendas las más de las veces sufragadas desde el exterior, lo cual restaba credibilidad a sus demandas por razonable que hubiera sido alguna de ellas. Sin embargo, un acto de desobediencia civil como el ocurrido el 11/5, tan apoyado por figuras significativas del arte y la cultura y por personas que asistieron sin ser parte de la comunidad LGBTI pues simpatizaban con su causa, y a los cuales no es posible presentar como “agentes extranjeros”; potencia la desobediencia civil ante la opinión pública, como un valor que también puede ser positivo.
La cuestión legal
Se acaba de aprobar en Cuba una constitución en la que se introduce por primera vez el concepto Estado Socialista de Derecho y que en su artículo 56 reconoce: “Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”.
La convocatoria alternativa tenía un fin lícito, por el que se lleva marchando una década; era pacífica, nadie ha podido demostrar que llevaran armas o que provocaran algún acto de agresión a los agentes del orden. ¿Qué le faltaba?, ¿cuáles son las preceptivas establecidas por la ley? Ahora que el MININT tiene su sitio digital podrían publicar en él la “metodología para manifestarse”, al decir de un amigo. Ello ahorraría tensiones innecesarias e imágenes tan deplorables como las que todos observamos ese día.
La cuestión de la credibilidad
“Mi querido enemigo” es el título de un libro que leí en la infancia y que vuelve a mi memoria cada vez que percibo el modo en que se denigra, por parte de los que gobiernan, cualquier inconformidad social. “Agentes de EE.UU.”, “mercenarios”, “show orquestado desde…”, son estas algunas de las etiquetas que más se utilizan. En muchas ocasiones tienen razón, es irrefutable que existen organizaciones financiadas desde el exterior. Pero la generalización liviana y sin fundamentos de esa terminología ya funciona como el cuento de “viene el lobo”.
En el caso de la marcha, la directora del Cenesex planteó que era un show orquestado “desde Miami y Matanzas”. Y eso sí es algo novedoso, no por lo de Miami, que es usual, sino por lo de Matanzas. Es el nombre de una provincia y de una ciudad. ¿En cuál de ellas?, ¿quiénes?, ¿la comunidad LGBTI matancera?, ¿qué pruebas tienen de que sea un grupo financiado desde el exterior?, ¿quiénes están detenidos?, ¿cuánto dinero recibieron? En Matanzas nadie sabe nada del tema y muchos preguntan lo mismo que yo.
Es muy cómoda la posición de mostrar lo ocurrido como un trasplante exótico de opiniones foráneas. Ello intenta aliviar las responsabilidades propias y justificar los errores de una decisión que puede seguir teniendo muchas lecturas.
Ojalá muy pronto, en el calificador de cargos de las instancias del Gobierno y el Partido aparezca este: analista político de información nacional.
