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Alina Bárbara López Hernández

Alina Bárbara López Hernández

Profesora, ensayista e historiadora. Doctora en Ciencias Filosóficas

Justicia social

Justicia social e inminente transición política en Cuba: un intercambio enriquecedor

por Alina Bárbara López Hernández 24 enero 2023
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Desde hace varios meses sostengo un intercambio bastante frecuente con Hubert Klement, miembro de la agrupación Opción Marxista Internacional. Con su venia decido divulgar esta opinión respecto al más reciente artículo que publiqué en LJC, replicado asimismo por OMI. Creo que sus consideraciones, aun cuando no concuerde por completo con todo el enfoque, pueden ser de mucho interés en las actuales circunstancias que vive Cuba.

***

Hola Alina. Buen día.

Le hago llegar algunos comentarios a propósito de su artículo La justicia social en Cuba: muerte en tres tiempos. De conjunto, como le mencioné ayer, pienso que se trata de un muy buen documento. Serio, fundamentado y bien orientado, para reflejar la cruda y siempre ocultada realidad, de injusticia social que impera en la isla.

Así vea algunos matices y diferencias del enfoque respecto de las causas del proceso que ha llevado a esta situación tan lamentable o del momento de su inicio, el artículo es un muy buen instrumento de denuncia acerca de la crítica y angustiante situación en la vida y trabajo de la mayoría de los trabajadores y la población allá. Los videos son de mucha ayuda en esa denuncia, especialmente el de la compañera Esmeralda Cárdenas.

Si bien el centro de su artículo por la temática central que aborda, correctamente no desarrolla o no se centra en esta ocasión en el aspecto de las libertades y la ausencia de democracia, veo una coincidencia muy importante en su acertada afirmación «que el proceso fue autoritario desde sus inicios» y «que cercenó libertades individuales que conducirían con el tiempo a un Estado todopoderoso». 

Esa ha sido nuestra definición de tiempo atrás sobre el régimen político y del tipo de estado que se inauguró desde el triunfo de la revolución. Esto a consecuencia de que si bien no fue protagonizada sí fue liderada, según nuestra definición, por un «partido ejército guerrillero». Organización que trasladó la imprescindible disciplina militar necesaria en la guerra, en disciplina política. Primero sobre las opiniones políticas y decisiones de los combatientes pero que luego trasladó al conjunto de la sociedad, empezando por amordazar las organizaciones de base de los trabajadores, los campesinos y la población.

Justicia social

Y luego cuando señala un hecho muy importante:

…la gente contó por muchos años con una serie de beneficios, entre los cuales los sólidos y eficaces sistemas de Salud, Educación y Seguridad Social fueron pilares. Hubo una época en Cuba en que la consigna: «Nadie quedará desamparado» no era, como hoy, una burla cruel…

Y lo que acertadamente luego señala:

…lo que permite explicar el mantenimiento de altas cotas de consenso frente a evidentes errores de política económica y social, y a prácticamente ninguna libertad política.

Ud. reseña una situación análoga a lo sucedido en la URSS, China y Europa del Este, aunque por más tiempo: mientras hubo «prosperidad» o crecimiento económico de la economía mundial, con el «boom» de posguerra (ciclo que se expresó también en la economía de esos países), hubo, como dice, «altas cotas de consenso» y las masas soportaron la represión, la ausencia de democracia y libertades, etc. No había libertades, pero se vivía más o menos holgadamente. Aunque no había democracia política, había «democracia de los nervios y los músculos», según nuestra definición.

En esos estados eso se modificó negativamente, primero lentamente a partir de finales de los años 60s, pero luego, a finales de los 80s, estalló como «paquetazos» contra la población que condujo a la indignación y furia de grandes sectores de los trabajadores y la población, en lucha contra los gobiernos y las calamidades y miseria que les significaba lo que ellos conocían como «socialismo» o «comunismo». Crisis que fue hábilmente aprovechada por el imperialismo y ciertos sectores de la casta gobernante para conducir esa indignación y movilización contra el «comunismo», hacia las «bondades de la democracia occidental», es decir burguesa, con sus derechos y libertades formales, es decir no reales sino aparentes.

La «democracia de los nervios y los músculos» llegó a su fin. Y los imperialistas (junto a los Gorbachov, Yeltsin y sus símiles burócratas de China y el Este), ofrecieron algo menos costoso: democracia política, formal. ¿A cambio de qué? A cambio de restaurar “el mercado”, es decir el capitalismo. Pero no un capitalismo de los pequeños empresarios y comerciantes o de las cooperativas (emprendedores, según el leguaje de hoy), sino bajo el dominio de las grandes trasnacionales, es decir del capital financiero internacional. Al respecto existe bastante documentación que, si lo considera y requiere, le puedo adjuntar más adelante.  

Algo similar, aunque a otra escala, es lo que desde ese momento vienen padeciendo allá y que salió a flote, más allá de sus limitaciones o defectos, en el 11J.

Y esa realidad de crisis, como Ud. lo señala, sin los subsidios de la URSS o los acuerdos con Chávez y su petróleo a U$140 el barril, que le permitió recabar apoyos, ya no está. Chávez al tratarse de solo un gobierno nacionalista pero que no llegó a tocar las bases del capitalismo venezolano fue efímero. Y hace años terminó. Todas esas maniobras económicas acordadas entre los gobiernos, tuvieron patas cortas.

Justicia social

Los fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro. (Foto: Presidencia de Venezuela)

Por eso y desde hace años la casta gobernante, como Ud. sabe y señala, se encuentra desarrollando a fondo un profundo proceso de restauración capitalista de la mano de capitales europeos (españoles, italianos, canadienses, brasileros, hasta yanquis, etc.) y todo bajo el manejo y control de las fuerzas armadas.

Todo al servicio de conducir el maltrecho barco de la economía hacia el imperio de las leyes del mercado y criterios capitalistas, buscando eso sí no perder el control político y restaurando criterios «democráticos» sólo formales, criterios burgueses y pequeño burgueses. Criterios de buen recibo y aceptación entre capas acomodadas de la población, la casta gobernante, nuevos empresarios y burócratas devenidos en empresarios.  

Mientras ese proceso avanza se notan los estragos que causa. Tanto a degradación, miseria y niveles insoportables de desigualdad social que su artículo retrata de excelente manera, es la consecuencia de ese desastre económico y social causado por la gestión burocrática tanto de los planes económicos y políticos, así como de la política exterior, que «desde sus inicios» ha afectado a la Revolución. Y su correlato: la represión política con saña a los opositores políticos, mientras se extiende la mano a las trasnacionales capitalistas del turismo mundial.

Durante los primeros años de «prosperidad» la justificación de la existencia del criminal bloqueo yanqui, sirvió como excusa para todo. Hoy se muestra inútil para explicar cabalmente el desastre económico y social, así como para contener la inconformidad y acusar a todos los opositores por igual, como agentes de la contrarrevolución imperialista o de los gusanos de Miami.  

Un aspecto importante es acerca de las posibles salidas a esta situación. Algo que, por la complejidad del problema y ante todo por nuestro desconocimiento de lo específico de la realidad allá, sería muy atrevido desarrollar de nuestra parte en solitario y desde la distancia. Se podrían elaborar hipótesis que sin duda requieren de un diálogo más detenido y profundo, así como un mejor acercamiento a la realidad. Algo que sólo Ud. y tal vez los compañeros de la LJC podrían aportarnos y que estamos dispuestos a escuchar y dialogar.

Me despido por ahora con un abrazo y saludo fraternal, extensivo a los amigos de la LJC.

Hubert K. por OMI

19-01-2023

24 enero 2023 12 comentarios 1k vistas
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Justicia Social

La justicia social en Cuba: muerte en tres tiempos

por Alina Bárbara López Hernández 16 enero 2023
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Pocas imágenes ilustran la deriva del proceso sociopolítico en Cuba con tanta claridad como la de Esmeralda Cárdenas Hidalgo —mujer negra, trabajadora de Servicios Comunales, que protestaba por los apagones, la falta de alimentos y la pobreza—; abofeteada y tirada al pavimento de una calle habanera por un hombre que se presentaba como defensor de la Revolución.

Si alguien hubiera profetizado algo así en la época de los actos multitudinarios, cuando Fidel Castro declaraba que esta era la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, nadie le hubiera creído. Pero no se trata de juzgar un hecho que indica el alejamiento de ideales y principios por mucho tiempo compartidos; es más importante explicar cómo se ha llegado al punto en que la justicia social ha desaparecido como meta del horizonte político cubano.

Primera estocada

La noción de justicia fue una de las apelaciones de la Revolución que más impregnó el imaginario social. Aun cuando era evidente que el proceso fue autoritario desde sus inicios, que cercenó libertades individuales que conducirían con el tiempo a un Estado todopoderoso en detrimento absoluto de la autonomía ciudadana; también es cierto que la gente contó por muchos años con una serie de beneficios, entre los cuales los sólidos y eficaces sistemas de Salud, Educación y Seguridad Social fueron pilares. Hubo una época en Cuba en que la consigna: «Nadie quedará desamparado» no era, como hoy, una burla cruel.

Esa noción fungió como amalgama que permite explicar el mantenimiento de altas cotas de consenso frente a evidentes errores de política económica y social, y a prácticamente ninguna libertad política.

El derrumbe del socialismo europeo, fuente nutricia del modelo insular, dio su primera estocada a la justicia social entre nosotros. Como se ha repetido hasta la saciedad, todos entramos en similares condiciones en el Período Especial, pero no todos salimos igual… y muchos jamás salieron. Desde entonces, la clase burocrática que nos dirige ha recargado en los sectores más pobres su incapacidad para reformarse y desarrollar la economía.

La pobreza ha crecido no solo debido a las restricciones del bloqueo norteamericano y a las medidas del gobierno de Donald Trump —como se afirma con ánimo justificativo—, sino motivada por los propios paquetes de políticas y medidas que en los últimos treinta años, y de manera paulatina, han olvidado la esencia de lo que debiera ser una revolución socialista. Porque concebir como socialismo el control de la propiedad estatal y la planificación económica centralizada, olvidando al humanismo y la justicia social; es lo mismo que pretender disfrutar de una bella melodía únicamente leyendo su partitura.

Fidel Castro estuvo convencido siempre de que defender la justicia social era la forma de mantener, contra todo pronóstico adverso, una base social que sustentara con su apoyo al sistema político. A tenor con ello confirió un peso decisivo al tema, incluso en los años noventa, en que la realidad mostraba los contrastantes modos de vida de personas y familias que recibían o no remesas del exterior; o que trabajaban en el turismo y las firmas extranjeras, con presencia creciente en la Isla.

Las reformas de los noventa incidieron en el aumento de la desigualdad social y la pobreza. Primero, al legalizarse el uso y tenencia de divisas, en agosto de 1993, y cuando en septiembre del propio año fue autorizado el trabajo por cuenta propia. Tales determinaciones, necesarias y positivas, evidentemente beneficiaban más a ciertos sectores sociales.

El surgimiento de tiendas que vendían ropas y alimentos en dólares, dejó fuera de ese mercado a los sectores más humildes, obligados a subsistir con los escasos productos que se podían adquirir por la libreta de racionamiento.

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Durante el Período Especial hubo mayores niveles de protección social que los actuales. (Foto: Hakan Ronnblad)

En 1994, durante los meses de mayo y julio, se determinaron dos nuevas directrices: el aumento de precios y la eliminación de gratuidades. El Estado debía enfrentar un gran déficit presupuestario, intentó entonces sanear sus finanzas incrementando precios y disminuyendo gastos. Anunció con ese fin un considerable aumento de precios en el transporte público, agua, electricidad, servicios postales, combustible y artículos de amplio consumo popular, como tabaco y bebidas alcohólicas.

Subieron un 566 % las dos cajas de cigarros mensuales por libreta de racionamiento; un 270 % el galón de gasolina, un 116 % el costo del pasaje del transporte interprovincial, y 122 % en la electricidad para los núcleos familiares que consumían más de 100 kilovatios hora al mes. Se empezó a cobrar por primera vez treinta centavos mensuales por persona a cada núcleo familiar para sufragar gastos de alcantarillado.

Así lo valoraba Pablo Alfonso en un texto de ese año:

«A mediados de julio el gobierno dio un nuevo paso en su reorganización financiera que algunos observadores han calificado como “política de choque progresivo”.

Apremiado por la dramática realidad económica que enfrenta, el régimen comunista cubano dejó a un lado los sueños del estado paternalista que durante tres décadas fueron acuñados por el respaldo de la ex Unión Soviética. Esta vez el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros suspendió un amplio número de servicios que se ofrecían gratuitamente a la población en las áreas de educación, deportes, cultura y salud pública».

Las gratuidades eliminadas se evidencian en las siguientes medidas:

1.Cobro del almuerzo a estudiantes de la enseñanza pre-escolar, primaria y media, con una tarifa de siete pesos mensuales por alumno.

2.Los matriculados en cursos de idiomas, fuera del sistema regular de educación o de los programas de capacitación de las empresas estatales, tendrían que pagar 20.00pesos

3.Los estudiantes becados debían comprar sus uniformes en la red comercial y recibirían un estipendio para gastos personales con carácter de préstamo.

4.Empezaron a cobrarse las tabletas de Neovitamin 2 que desde 1993 se distribuían gratuitamente para combatir la neuropatía epidémica. Las personas que recibían treinta tabletas mensuales, para cuya producción Cuba recibió ayuda humanitaria, debían pagar 1.50 pesos.

5.Cobro de entradas a museos, actividades, espectáculos y exposiciones en las Casas de Cultura, Comunales y Galerías de Arte.

6.Cobro de servicios en los gimnasios de cultura física, clases de gimnasia musical aeróbica y artes marciales.

7.Cobro de la entrada a competencias deportivas en estadios y salas, de acuerdo a una tarifa de entre 3.00 pesos para palco y 0.50 centavos para gradería.

A lo anterior se agregaba el establecimiento del pago de impuestos por razones diversas y el pago de derechos fiscales para la obtención de numerosos documentos públicos.

Aunque en esa oportunidad no fueron incrementados los precios de la canasta básica normada, los aumentos mencionados representaban un duro golpe al presupuesto familiar de los trabajadores. Si tomamos en cuenta que el salario mínimo en la etapa era de cien pesos, y que un trabajador promedio devengaba aproximadamente 150 pesos mensuales, podremos calcular lo que significaban esas medidas para familias de bajos salarios, con varios hijos, que no recibieran remesas, laboraran en el sector estatal y no se vincularan con el emergente sector turístico.

Las medidas se aplicaron sin distinción a toda la sociedad. Ese sería un enorme error, pues al partir de una serie de privilegios existentes, aumentaban la pobreza de determinados sectores y familias. Es justo reconocer, no obstante, que incluso en medio de la crisis los sistemas de Salud y Educación, si bien muy afectados, no cayeron en los niveles de precariedad actuales.

El programa del médico de la familia se había inaugurado en 1984 y funcionó perfectamente. Contaba con instalaciones apropiadas, excelentes profesionales e interconsultas de especialistas que hacían innecesaria la afluencia y hacinamiento en policlínicos y hospitales. Por su parte, la mayoría de los municipios disponía de servicios de obstetricia y cirugía, lo que permitía que los hospitales provinciales no tuvieran que asumir toda la responsabilidad en esos casos.

Hubo asimismo mayores niveles de protección social que los actuales. Por ejemplo, en 1994 las mujeres embarazadas tenían un programa de apoyo alimentario, que puedo describir con propiedad pues fui una de las beneficiadas. Una vez por semana, y organizado por consultorios, se garantizaba el acceso a un restaurante para una comida gratuita que incluía: fruta, carne y productos lácteos.

La oferta de papa y huevos, sin incremento sustancial de precios, permitió que las familias más pobres, sin acceso a los nuevos mercados en dólares, tuvieran al menos un sustento alimentario elemental, que no existe hoy por la ruina de la agricultura estatal.

El censo correspondiente al 2002, ya ofrecía datos preocupantes en cuanto al desempleo, el limitado acceso a la educación superior de sectores empobrecidos y la grave situación de la vivienda. Sin embargo, la alianza con Hugo Chávez había dado a Fidel los recursos para maniobrar en función de lo que sería su última gran campaña social, conocida con el nombre de Batalla de Ideas. Alrededor de 179 programas se establecieron con el fin de mantener la adhesión de trabajadores y jóvenes al proceso. Uno de los más significativos fue la universalización de la enseñanza.

Se ampliaron las oportunidades educacionales y el acceso a la cultura como vías de superación humana. No obstante, consignas políticas como: «La cultura salva» o «la cultura como escudo de la nación», daban fe de una óptica idealista que romantizaba la situación de personas, familias y barriadas venidas a menos. Entre tanto, se mantenía apartadas a esas personas, barriadas y familias, con preeminencia de población negra, de las nuevas formas productivas. Esos eran los que no podían entrar en la categoría de emprendedores, cuentapropistas y empresarios, pero tampoco de socios de cooperativas jamás creadas.   

La Batalla de ideas tuvo su óptica asistencialista, como evidenció la creación en 2000 de la Escuela de Trabajadores Sociales de Cojímar. Recuerdo que por aquellos años, como profesora de la Universidad de Matanzas, debí asesorar metodológicamente a un grupo de trabajadores sociales. Era en el municipio de Jovellanos, donde un diagnóstico arrojaba resultados alarmantes: personas viviendo en condiciones paupérrimas, familias que dormían en el suelo por carecer de colchones, viviendas en precario estado y carencia de artículos electrodomésticos básicos, como refrigeradores y ventiladores.

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Fidel en la inauguración del primer curso de Trabajadores Sociales en la Escuela de Cojimar, el 10 de septiembre del 2000. (Foto: Fidel, Soldado de las Ideas)

Las inversiones en salud, educación y asistencia social en la referida etapa ayudaron a paliar la situación. La pobreza crecía, pero las personas aún podían acudir a servicios médicos sin necesidad de comprar medicamentos e insumos para ser atendidos. Esto marcaría la diferencia en unos años.    

Segunda —y profunda— estocada

En 2006, con la enfermedad y consecuente retiro de Fidel, quedaba sellada la etapa heroica de la Revolución cubana. Demasiados errores habían lastrado la utopía. Raúl Castro, aún sin ser presidente en funciones ni primer secretario del Partido, favoreció un escenario de enorme expectativa. Su autocrítico discurso del 26 de julio de 2007, generó confianza en muchos sectores.

Su acceso al poder gubernamental tuvo dos períodos bien definidos: uno interino, entre julio de 2006 y febrero de 2008, y uno formal desde esa fecha y hasta 2018. En el primero, lanzó la campaña pro-reforma conocida como Actualización del modelo económico y social cubano, y tomó medidas que devolvían derechos constitucionales a los cubanos: viajar fuera del país, alojamiento en nuestros propios hoteles, compra-venta de casas y autos; todas muy positivas, pero que beneficiaban más a sectores sociales con la solvencia requerida para ejercer tales derechos.

A partir de su nombramiento oficial como presidente del Consejo de Estado, en febrero de 2008, enfatizó en la necesidad de recortar gastos y «gratuidades indebidas». Bajo la consigna «sin prisa pero sin pausas», pronto se constató que la prisa se dirigía más a transformar al modelo social que al económico.

Las medidas adoptadas por entonces afectaron a las personas y familias más pobres: cierre de 24 000 comedores obreros; aumento de la edad de jubilación en cinco años para hombres y mujeres; disminución de la edad de inicio laboral a quince años, es decir, las personas que empezaban a trabajar siendo adolescentes debían hacerlo durante medio siglo para tener derecho a una jubilación.

Más adelante se suspendería el derecho al almuerzo de los estudiantes que no estuvieran becados en los centros de educación superior. Ello afectaba mucho más a las familias pobres, que ahora debían garantizar de sus deprimidos salarios, además del transporte, el gasto que implicaba el almuerzo diario de sus hijos, que a veces tenían dos sesiones de clases o actividades en las universidades.

La situación se agudizaba por la disminución sostenida de inversiones en sectores de impacto social directo, como Salud y Educación, que decrecieron en la misma medida en que aumentaban las inversiones en los sectores del turismo e inmobiliarias.

Justicia social

En un análisis de Mario Valdés para LJC, se explica que el mayor recorte en la inversión de salud ocurrió precisamente durante el gobierno de Raúl Castro (2006-2018), en etapas en que la exportación de servicios médico-farmacéuticos fue la principal fuente de divisas del país, por encima del turismo. Su conclusión lógica es: «Todo indica que una parte sustancial de estos ingresos, lejos de consagrarse a modernizar el sector sanitario, fueron destinados a la inversión en el turismo, rama que apenas cubre sus ingresos por el alto índice de valor importado que tiene por peso de producción».

Ante esto se debió ampliar la asistencia social para proteger a la población más pobre, sin embargo, lo que se hizo fue reducirla. Como demuestra la periodista Karla R. Albert, «entre 2006 y 2018, el gasto del presupuesto asignado a la asistencia social se contrajo de 2.2% a 0.3%, mientras que el número de beneficiarios como proporción de la población decreció de 5,3% a 1,6%».

Según el economista Carmelo Mesa-Lago, ello se explica «por el lineamiento aprobado en el VI Congreso del PCC en 2011 que terminó la asistencia social a los asistidos con una familia capaz de ayudarles». En el referido documento se dejaba claro que el Estado transferiría a las familias y al mercado aquellas responsabilidades sociales que decidió no continuar asumiendo.

La ley de presupuesto para 2011 evidenció el marcado deterioro de indicadores asistenciales entre 2009 y 2010. El número de beneficiarios se redujo un 61 % en comparación con el 2005, y como porcentaje de la población total pasó del 5,3 % al 2,1 %. En el propio 2010 se recortaron 237 millones de pesos por «depuración de beneficiarios».

En esa etapa hubo una campaña desde los medios estatales que culpaba al pueblo de su dependencia al Estado, como si ello no hubiera sido una directriz política incuestionable.

Llegó incluso a eliminarse, al considerarlos gratuidades indebidas, los estímulos a trabajadores vanguardias que les permitían acceder a instalaciones turísticas; a pesar de que en realidad no era gratis pues ellos sufragaban sus gastos, si bien en moneda nacional. Desafiando cualquier rasgo de decoro, la misma prerrogativa se mantuvo para altos dirigentes y sus familias. Evidentemente «algunos animales eran más iguales que otros».

Durante esos años, aun con medidas que encarecían la existencia cotidiana de la población, no se aumentaron los salarios de manera general, solo a determinados sectores como salud, educación y empresas priorizadas.

Los jubilados —alrededor de 1,7 millones en estos momentos— constituyen otro sector que sufrió las consecuencias de esas políticas. El economista Mauricio de Miranda demostró en un artículo el desfase del sistema pensional cubano frente al incremento sostenido del costo de la vida, y concluye que las pensiones actuales son «insuficientes e injustas» y condenan a la pobreza.

En julio de 2013, Raúl Castro se lamentaba ante la Asamblea Nacional del Poder Popular: «Hemos percibido con dolor, a lo largo de los más de veinte años de período especial, el acrecentado deterioro de valores morales y cívicos, como la honestidad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad ante los problemas de los demás». Esa valoración, en realidad, podía atribuirse como anillo al dedo a la política del Partido y el gobierno cubano, especialmente bajo su mandato, respecto al aumento de la pobreza y el olvido de la justicia social.

Tiro de gracia

Con la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros en 2018 —luego de la Constitución de 2019 sería presidente de la República—, se proclamaba la continuidad de esa política antipopular. Tres evidencias apuntaban a ello: la apertura de comercios en MLC que han discriminado a una enorme cantidad de personas, la negativa a depósitos bancarios en dólares físicos si no es desde fuera de Cuba, y la tristemente célebre Tarea Ordenamiento, que disparó los precios y la inflación para convertir en nada las pensiones, jubilaciones y salarios.

En fugaz alocución televisiva del 11 de diciembre de 2021, el presidente expresó como objetivos del Ordenamiento: «este proceso se propone ofrecer a los cubanos mayor igualdad de oportunidades, a partir de promover el interés y la motivación por el trabajo». Los políticos dicen una cosa, los datos muestran otra. Al respecto, el economista cubano Pedro Monreal valora: «los datos de ventas minoristas y de inflación en Cuba en el primer semestre de 2022 evidencian dos cosas: un ajuste económico apoyado en la inflación, y distribución desigual del costo del ajuste, con sesgo contra los hogares pobres».

No creo necesario reiterar lo que todos conocemos sobre este fracaso, cuya única consecuencia política fue el traslado de Marino Murillo, cara visible del fallido experimento, a un puesto de menor categoría para el que fue despedido con una ovación por el Parlamento que dice representarnos.  

No obstante, más allá del Ordenamiento, existen consecuencias sociales debidas a décadas de empobrecimiento y ajustes económicos. Las más notorias son: aumento de la mortalidad general, infantil y materna; disminución sostenida de la natalidad; incremento del número de suicidios; crecimiento de la población carcelaria hasta ubicarse entre las mayores per cápita del planeta; un éxodo de proporciones dramáticas y acentuación de la desigualdad.

La insensibilidad de la dirigencia política ante este escenario, llegó al punto de que en el Informe Central al 8vo Congreso del Partido, Raúl Castro —denominado en los últimos tiempos Líder de la Revolución, para asombro de muchos—, reprochó con molestia la «cierta confusión» de algunos cuadros de dirección al emprenderla contra la «supuesta desigualdad» creada por la comercialización dolarizada.

El Partido ha vuelto la espalda a un problema de primera magnitud, que debió ser analizado profundamente y que condujo, menos de tres meses después del referido congreso, a un estallido social nacional. Pero esta no parece ser su intención. Prefiere catalogar los hechos del 11j como una operación financiada desde el exterior para no admitir su responsabilidad histórica y la razón que asistía a los que salieron a manifestarse ese día.

Durante 2018, en la versión original del proyecto de Constitución, la comisión redactora, en un repunte de honestidad, había decidido eliminar el comunismo como horizonte de aspiración futura, lo cual me pareció muy realista pero poco coherente con un partido que se designa con ese nombre. En la versión final sería devuelta a su lugar la referida aspiración, pero ya todos comprendemos que una cosa es la letra de la Constitución y otra la actitud de las autoridades ante ella, sobre todo cuando esas autoridades no tienen las mismas condiciones de existencia de las mayorías.

Justicia social se ha convertido en una frase usada en foros internacionales con el fin de recabar simpatía hacia el gobierno cubano, y también en medios oficiales para un discurso demagógico; pero no en los documentos y declaraciones programáticas partidistas.

Mientras el Canciller Bruno Rodríguez Parrilla, en su intervención ante la ONU del 3 de noviembre del pasado año, aseguró «que Cuba nunca renunciará a su sistema socialista de justicia social (…)», y en el sitio Cubadebate Agustín Lage afirmó hace poco que: «La concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado, el que garantiza además, una cada vez más justa redistribución de la riqueza, con el fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social»; las proyecciones del Comité Central del Partido para 2023 no mencionan NI UNA SOLA VEZ esas palabras.

La proyección no. 16 afirma la intención de: «Desarrollar políticas públicas para la atención a situaciones de vulnerabilidad y la eliminación de desigualdades, y también orientándonos hacia las políticas públicas para atender diferenciadamente un grupo de problemáticas de nuestra juventud». No obstante, es difícil creer realizables tales políticas en una sociedad cuya pobreza crece exponencialmente, dado que la proyección no. 20 será: «Reducir los gastos y orientar estos a la atención a las situaciones de vulnerabilidad».

En esencia, el Estado pretende el imposible de reducir sus gastos y a la vez orientarlos a una pobreza en expansión, porque eso es aunque la disfracen eufemísticamente de vulnerabilidad. Y lo peor es que no hace partícipe a las ciencias sociales cubanas de estudios que puedan diagnosticar la situación real y proponer soluciones viables, a pesar de que el gobierno de Díaz-Canel se presenta como un gobierno de ciencia e innovación y que la proyección no. 9 es: «Apoyar todos los procesos con la ciencia y la innovación, desarrollando la capacidad de acudir a la ciencia y a la investigación para resolver y atender nuestros principales problemas».

Lo cierto es que las estadísticas hablan de una década perdida para la economía cubana que se extiende desde 2010 a 2020. Pero desde antes, como hemos visto, comenzó el deterioro del pacto social del Estado con la ciudadanía.

El punto de vista de los científicos sociales

La socióloga cubana Elaine Acosta, en su enjundioso texto «Yo quiero fundamento. El 11j en Cuba y la necesidad urgente de una Sociología que incomode», analiza el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad y los límites de las ciencias sociales en la Isla para abordar esa cuestión. Ella se hace eco del criterio del economista Pedro Monreal acerca de que existe un «apagón estadístico nacional sobre la pobreza y la desigualdad».

En intercambio con la Dra. Mayra Espina, especialista en Sociología de las desigualdades, me explica que «no hay datos públicos de pobreza desde los estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE) del Ministerio de Economía y Planificación, fueron investigaciones oficiales realizadas en 1994 y a inicios de los 2000, esta última identificó una franja de 20% de pobreza urbana. Colegas me han dicho que se siguen haciendo las encuestas de hogares y se calcula la línea de pobreza, pero no se publica». También aclara:

«El informe voluntario que Cuba ha hecho sobre los ODS para Naciones Unidas ha incluido un cálculo a partir del índice de pobreza multidimensional, pero considero que subvalora por margen amplísimo la magnitud real de la pobreza y declara que el indicador ingresos no es relevante para Cuba, error grande si se considera que el régimen de bienestar vigente ha tenido un corrimiento hacia el mercado y la familiarización, con lo cual los ingresos se han vuelto decisivos para las satisfacción de necesidades».  

La opinión de Espina sobre la importancia de los ingresos es compartida por Monreal, que considera:

«El análisis de la desigualdad social en Cuba, además de los datos que hoy no se divulgan, debe reconocer que la desigualdad no es un accidente social. Es el síntoma de causas “estructurales”: funcionamiento de instituciones que crean privilegios y exclusiones.

Es plausible asumir que parte de la explicación del incremento de la desigualdad en Cuba radica en el efecto distributivo del paquete de política económica conocido como “reordenamiento”, específicamente el efecto diferenciado de cambios en precios relativos.

Asumir que la desigualdad en Cuba tiene causas “estructurales” equivaldría a reconocer el alcance limitado que tendrían las medidas de “ayuda” dirigida a grupos e individuos».

A finales del 2022, una nota del periódico Granma anunciaba que desde el 16 de octubre y hasta el 26 de noviembre se realizaría una Encuesta Nacional sobre la Situación Económica de los Hogares (ESEH), a cargo de la Oficina Nacional de Estadística e información (ONEI) cuyo objetivo era recabar información sobre los gastos e ingresos de la población cubana. Se explicaba que se efectuaría a partir de una muestra probabilística en alrededor de 12 000 viviendas de zonas urbanas en diferentes provincias.

En sus redes sociales, Monreal compartió esta noticia con la siguiente observación: «Con los datos de esta encuesta puede calcularse un indicador de pobreza y también indicadores de desigualdad. Veremos si los publican o si continúa la narrativa de la equidad».

Los economistas Omar Everleny Pérez Villanueva y Mauricio de Miranda comentaron respectivamente: «Hasta ahora nunca fue publicada esta encuesta. Ojalá hayan cambiado los tiempos», y «Amigo, cuando lo vea lo creo. Ya veremos qué pasa. Ojalá hayan cambiado los tiempos pero hasta ahora los cambios que veo no son para bien».

¿Tendrá razón tal escepticismo? Lo cierto es que casi dos meses después no se conocen todavía los resultados de la encuesta, cuyos datos serían de fácil tabulación mediante programas informáticos. Ocultar esa información, que debería estar al alcance de expertos y ciudadanos, indica falta de voluntad política para enfrentar con claridad la situación de la pobreza en Cuba, conocimiento sin el cual será imposible hablar seriamente de justicia social y socialismo.

Cuando en 2002 se aprobó la Ley de reforma constitucional que modificó la Constitución al adicionar este párrafo al artículo 3 del Capítulo 1: «se propone que el carácter socialista y el sistema político y social contenido en ella sean declarados irrevocables», ya ese sistema, en lo social, había empezado a cambiar aceleradamente. Lo ha seguido haciendo a lo largo de más de veinte años. Actualmente no se parece en nada al proyecto social por el que tantos se han sacrificado. ¿Qué es lo irrevocable entonces?  

16 enero 2023 45 comentarios 2k vistas
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Articulación Plebeya

La articulación pendiente de la ciudadanía cubana

por Alina Bárbara López Hernández 28 noviembre 2022
escrito por Alina Bárbara López Hernández

El jueves 26 de noviembre de 2020 había comenzado un evento de intelectuales convocado por el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Cuba, con sede en la ciudad de Cárdenas (CCRD). La pandemia obligaba por entonces a evitar los viajes interprovinciales y las reuniones personales, pero Rita García Morris, directora de esa institución —que con gran vocación ecuménica auspiciara durante años los talleres que dieron lugar a la Red de intelectuales por los derechos humanos—, tuvo la iniciativa de mantener el encuentro vía WhatsApp. Debía durar dos días. El segundo de ellos fue el 27 de noviembre, fecha inolvidable de la que ayer se cumplió el segundo aniversario.

Debatíamos nuestras ponencias cuando alguien del grupo alertó sobre lo que ocurría en la capital. La aglomeración de un pequeño grupo de artistas e intelectuales ante el Ministerio de Cultura, la negativa de sus funcionarios a recibirlos y la constante afluencia de gente del gremio, estudiantes y habaneros, que llegó a reunir cientos de personas; recabó la atención de los participantes virtuales.

Como diría más adelante en un artículo:

De los que pudimos estar al tanto de la manifestación, pocos dormimos esa noche. El poder de convocatoria que lograron los congregados ante las puertas del MINCULT, no se explica solo por las redes sociales. Había mucha necesidad de ser auténticos, de dejar de ser meros espectadores y de participar en la vida nacional. Décadas de disciplina y obediencia, de manejos internos y discretos del disenso en el sector, murieron en esa calle del Vedado habanero.  

Al concluir el foro virtual, algunos de los asistentes quedamos conversando acerca del significado de aquel hecho, de la evidencia de factores subjetivos para una transformación de la sociedad cubana. ¿Estaba nuestra ciudadanía preparada para el diálogo? Un diálogo que no podía ser responsabilidad solo de sectas ilustradas. Esa era una gran preocupación.

¿Cómo podríamos aportar desde nuestros campos y saberes? Fue así que decidimos crear un nuevo grupo de WhatsApp, ya independiente del CCRD. El nombre que se le puso sería ampliamente mencionado, para bien y para mal, durante los próximos meses: Articulación Plebeya (AP).  

El inicio

Amalia Pérez Martín, jurista cubana que cursaba estudios doctorales en Estados Unidos, fue la creadora del grupo de chat. A ella se debe el nombre por el que sería conocido el proyecto. Nueve personas lo integramos en un primer momento: Ahmed Correa Álvarez, Alina B. López Hernández, Amalia Pérez Martín, Eloy Viera Cañive, Julio Antonio Fernández Estrada, Lilian Rosa Burgos Martínez, Mario Juan Valdés Navia, Michel Fernández Pérez y René Fidel González García.

Articulación Plebeya

Esa tarde quedó redactada una declaración colectiva que se publicó en un perfil homónimo de Facebook creado al efecto, y fue replicada asimismo por los medios independientes El Toque y La Joven Cuba. Dos días después fueron incluidos Julio César Guanche y Ariel Dacal. Entre esa fecha y el 9 de diciembre se incorporaron Yunior García Aguilera, Ailynn Torres Santana, y Juan Pin Vilar.

A las catorce personas que llegamos a formar parte no nos vinculaba una organización o medio, ni siquiera una ideología o un campo profesional (juristas, historiadores, psicólogos, sociólogos, un dramaturgo y un creador audiovisual). Todos éramos compatriotas, pero siete de nosotros residíamos en Cuba mientras el resto estaba en becas fuera de la Isla, o radicados en otros países.

Nuestro vínculo quedaba explicado de esta forma: «(…) un grupo de intelectuales interesados e interesadas en el presente y el futuro político, económico y social de Cuba. La Articulación intentará ser una plataforma de diálogo que propicie el encuentro de personas y colectivos cubanos y cubanas con el único fin de aportar temas, metodologías, espacios, principios y valores para un diálogo provechoso sobre Cuba».

Luego seríamos acusados de recibir fondos de Open Society y tildados de mercenarios, pero la realidad es que durante los meses que funcionó el grupo, lo hizo por la absoluta dedicación de sus miembros que destinaron su escaso tiempo, con altruismo y sin recibir un solo centavo, más bien gastando en conectividad, muy cara en Cuba.

El esfuerzo colectivo

La primera declaración de AP se hizo pública el propio 27 de noviembre y tuvo una recepción muy positiva. Cientos de personas se adhirieron durante las próximas semanas, lo que despertó la atención inmediata del aparato ideológico y de la Seguridad del Estado.

El 30 de noviembre creamos pequeños subgrupos con el fin de elaborar una propuesta de petición en el orden social, económico, político, jurídico y migratorio. La intención era redactar un documento breve y contundente con puntos claros que solo se acompañaran de argumentación cuando fuera indispensable. El mismo sería sometido a la opinión pública para enriquecerlo y presentado como una iniciativa ciudadana. En ese empeño estuvimos trabajando hasta la disolución de AP.

Articulación Plebeya

El 4 de diciembre en el Noticiero del Mediodía se acusó a AP de ser un grupo de mercenarios. En particular se ensañaron con Julio Antonio Fernández Estrada, que había aceptado la asesoría legal del grupo que entró a dialogar en el Ministerio de Cultura, conocido como 27-N. Ese mismo día se anunció la ruptura del diálogo del Ministerio de Cultura con el referido grupo.

Hubo en las redes una campaña en apoyo a Julio Antonio Fernández Estrada que se hizo viral. Decidimos entonces, ante los asesinatos de reputación que se hacían cotidianos, elaborar un escrito de queja y petición por los ataques a personas en medios públicos. Mientras tanto, el sitio Cubadebate publicaba un cartel donde se leía: Machete, machete que son poquitos. Ante el estupor y crítica colectivos lo retiró poco después, pero se entendía el mensaje.

Articulación Plebeya

El 9 de diciembre las personas que conformaban AP hicimos una reunión por videochat. Ese día supimos que Julito estaba siendo presionado por Seguridad del Estado.

El 10 de diciembre salió publicada la queja y petición, dirigida a Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado; Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República de Cuba; Oscar Manuel Silveira Martínez, ministro de Justicia y Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión. La misma, luego de ser subscrita por 478 personas, se entregó once días más tarde.

Lejos de comedirse, la campaña de acusaciones contra AP escaló. Granma, Cubadebate, La Jiribilla, La Pupila Asombrada, La Tizza, se prestaron para aquel proceso de descrédito al que sumaron sus voces: Enrique Ubieta, Ernesto Estevez Rams, Karima Oliva, Iroel Sánchez, Javier Gómez Sánchez, y un por entonces poco conocido estudiante de periodismo espirituano: Pedro Jorge Velázquez, entre otros.

Eran ataques desproporcionados y absurdos, en los que se hacía todo tipo de acusaciones sin pruebas. Pero se tornó incluso internacional. Sumaron sus voces los argentinos Atilio Borón y Néstor Kohan y el mexicano Fernando Buen Abad.

Pronto, este tipo de presiones, a las que había que dedicar un precioso tiempo en desmontar, provocó que algunos de los miembros del grupo decidieran abandonarlo. En algunos casos se debió a compromisos de trabajo irreconciliables con un esfuerzo que era muy demandante. La pequeña cofradía se redujo a ocho, pero continuó con entusiasmo. Ya teníamos más de mil seguidores en Facebook. 

Trabajamos en elaborar una lista de temas y personas que pudieran participar en mesas de diálogo coordinadas por AP. La propuesta era que las mismas fueran ejemplo de seriedad, profundidad, respeto, diversidad e importancia de los temas. Creamos un canal de YouTube y un sitio web y el 11 de febrero se realizó lo que creíamos la primera Mesa, y que en realidad fue la única.

Articulación Plebeya

Estábamos eufóricos. Este es apenas uno de los comentarios del chat: «Estamos viéndola de nuevo también y estamos contentxs porque al final hicimos la primera mesa!!! Y fluyó bien a pesar d todas las limitaciones, y tuvimos diversidad, y más allá de las intolerancias y troles del chat, se lograron exponer criterios diversos en un mismo espacio. La audiencia fue buena y estable». Uno de los trolles era la doctora Karima Oliva, cuya hostilidad hacia AP fue evidente y a quien hubo que responder con un esclarecedor mensaje.

Organizamos varias propuestas de Mesas más que pueden ser observadas con sus posibles invitados.

Listado de Temas y personas vinculadas a ellos, para mesas de la Articulación Plebeya

La próxima sería dedicada a la Tarea Ordenamiento. Estas eran algunas de las aspiraciones:

Michel: “Necesitamos al menos dos invitadxs más. No tienen que ser economistas. Idealmente necesitamos a alguien que esté en Cuba y pueda hablar desde la experiencia personal del impacto de las medidas”.

Alina: “la periodista Katia Siberia es muy buena en temas económicos, Monreal siempre comparte sus textos”.

Michel: “Dile que lo que queremos es organizar una mesa sobre la Tarea Ordenamiento, que permita hacer una valoración de la misma, y de los efectos que ha tenido en la gente. La idea es que puedan cada quien resaltar lo que quieran, en una pequeña Presentación inicial (5-8 minutos) y después hacemos una ronda de preguntas que lógicamente les pasamos por adelantado. Están confirmadas Anamary Maqueiras, Tamarys Lien, Mario Valdés y Mauricio de Miranda. Es posible que invitemos a alguien más. Más que un debate académico lo que queremos es que sirva como un espacio de reflexión que la gente pueda ver e informarse, y quisiéramos que puedan defenderse puntos de vistas diferentes, o sea algo de ‘contrapunteo’ que permita dar una visión integral del proceso de reforma económica”.

El final

El 27 de febrero Julito escribiría en el chat grupal:

«Queridos y queridas de la Articulación Plebeya.

Para mí ha sido un honor todo este tiempo con ustedes. Ha sido poco pero lo he sentido como mucho tiempo. Hoy tuve mi cuarto encuentro con oficiales de la seguridad del estado. Me ordenaron cerrar inmediatamente Articulación Plebeya después de amenazas y mucha humillación.

No quiero repetir los feos detalles del encuentro. Me dijeron que les mandara hoy mi propuesta de cierre de la articulación. Les dije que este cierre no dependía de mí pero ellos insisten que sí. Tampoco aceptan que me vaya yo de la Articulación. También me dijeron que la Fiscalía me respondería la queja que pusimos.

Me dijeron que yo era un traidor, etc. Como lo que está en juego es, también, mi familia y especialmente mi hijo e hija, no puedo dilatar esto. Les pondré aquí mi propuesta de cierre de la articulación, aunque les dije hoy que esta sería una decisión de la mayoría. No les puedo decir cómo me siento hoy

Un abrazo para siempre».

Luego supimos con detalle que habían usado crueles métodos de tortura psicológica contra Julito en varios interrogatorios, uno de los cuales se extendió por siete horas: poseían su expediente médico y amenazaron explícitamente con violencia física contra sus hijos menores. Lo más aberrante del asunto es que, aun cuando él aceptó salirse de AP, le dejaron claro que esas amenazas contra sus hijos surtirían efecto si no obligaba a que todos abandonáramos el proyecto y sin denunciar las verdaderas razones.

Aunque me comprometí a borrar las conversaciones del chat, no lo hice, pido disculpa a mis amigos de AP, pero me alegra haber incumplido esa decisión.  Ellas me han servido para rememorar el dolor y la humillación que sentimos todos al tener que replegarnos, abandonar algo en que habíamos puesto tantas esperanzas para el cambio cívico, y saber que íbamos a decepcionar a todos los que nos habían apoyado y creído en la posibilidad de esos espacios de participación. El 28 de febrero, la publicación en Facebook rezaba:

«Articulación Plebeya (AP) ha querido ser una plataforma de diálogo en Cuba para propiciar el debate de ideas y propuestas al interior del país. La apuesta de AP ha sido por el respeto a los derechos humanos y al estado de derecho como vía para el diálogo en Cuba. Sin embargo, AP ha sido objeto de ataques, presiones y tergiversaciones. AP no se propuso ser un actor político pero ha sido tratada como tal, no ha promovido una particular ideología pero ha sido estigmatizada como contrarrevolucionaria, se ha sostenido con el aporte voluntario de sus colaboradores pero ha sido acusada públicamente de mercenaria. La persistencia de estos ataques hace muy difícil nuestra tarea de organizar mesas de debate. Como cubanos y cubanas dignos y dignas, y sin claudicar en la defensa de la soberanía del pueblo de Cuba, decidimos suspender los trabajos en Articulación Plebeya. Nuestros esfuerzos individuales no se frenarán y así continuaremos trabajando por un país mejor para todos y todas».

Quedaba listo el Petitorio que ha estado guardado hasta hoy. Creo justo darlo a conocer aquí por vez primera. Fue elaborado en el sueño de una Cuba mejor, un país donde no se rechace a nadie por sus ideas, donde primen la justicia social y la defensa a la integridad nacional. Era una deuda pendiente con la ciudadanía.

* Petitorio *

Trataron de silenciar lo que se veía venir. Indignada ese día dije en el chat: «Mientras cierran AP, en Caibarien y Camagüey la gente sale a manifestarse en las calles, eso es lo que prefieren, algún día podremos contar la verdad, ese día va a llegar, un abrazo enorme a todos, hermanas y hermanos, uno enorme a Julito».

Menos de cinco meses más tarde ocurrió el estallido social del 11 de julio.

28 noviembre 2022 28 comentarios 1k vistas
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Totalitarismo

La muerte del totalitarismo

por Alina Bárbara López Hernández 31 octubre 2022
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Se muere el totalitarismo en Cuba y lo hace de muerte natural. Carece ya del oxígeno que había mantenido su vitalidad. Se han quebrado los pilares en que se sostenía: un consenso mayoritario explicado por la existencia de ciertos beneficios sociales aun en ausencia de libertades políticas, y el control absoluto de la información, las comunicaciones y la opinión pública.

Si bien no era un estado totalitario clásico —pues según la teoría de Hannah Arendt no lo distingue «el terror total»—; la sociedad cubana fue maniatada durante décadas mediante dispositivos de control ideológico sumamente efectivos, a través del discurso político, la escuela, el arte y los medios; ellos desmovilizaron a la sociedad civil.

Tales dispositivos se establecieron como parte de un proceso popular, pero autoritario y vertical desde su génesis. Con el tiempo, la sociedad se tornó obediente, manejable a través de supuestas instituciones populares —si bien no puede negarse el origen popular de muchas de ellas—, y poco cuestionadora; hasta difuminarse y perder la capacidad de actuar como actor político. En consecuencia: el término ciudadano devino tratamiento peyorativo, usado apenas por oficiales de la policía o funcionarios de la ley.

Agoniza el totalitarismo y no es una muerte digna. Avivan la hoguera de sus cenizas el abandono desde hace ya tiempo de la justicia social como horizonte real de las políticas gubernamentales (aunque mantenido en su discurso), con el consiguiente aumento exponencial de la pobreza y la desigualdad; sumados a una época tecnológica en que los mensajes ideológicos no pueden ser monopolizados por el Partido Comunista.

Según la clasificación más usual, Cuba es un estado autoritario. Pero no todos los estados autoritarios poseen rasgos de totalitarismo. Es un asunto complejo, porque el totalitarismo no depende únicamente de cierta estructura del estado y determinadas características de un sistema electoral; requiere también de una actitud en la ciudadanía que la inhiba de la práctica de algunos derechos que pueden estar, incluso, declarados de manera formal en las Constituciones.

Como expliqué en un análisis de hace varios años:

«La esencia del asunto radica en que no es lo mismo ser libre que sentirse libre. Ser libre depende más de un contexto jurídico que garantice determinadas prerrogativas ciudadanas, pero sentirse libre requiere de una actitud cívica en que no se tema practicar esos derechos. Si ser libre depende del entramado jurídico en que se desenvuelvan las personas, sentirse libre obedecerá más a prácticas culturales que involucran a la familia, la escuela y los medios de comunicación».

En un estado totalitario las personas no se sienten libres para ejercer los derechos que puedan atribuirle como propios los textos legales. De hecho, la Constitución de 1976 admitía, en su artículo 53, «(…) la libertad de palabra y prensa (…)». Es cierto que el artículo 62 aclaraba que ellas no podían ser ejercidas contra «lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista (…)», y sabemos que muchas leyes decretadas anularon las libertades reconocidas en ese documento, pues la determinación sobre qué es ser fiel o contrario a los fines del Estado socialista es algo que se decide en las oficinas de la burocracia política.

Totalitarismo

Sin embargo, al redactar la Constitución que sería aprobada en 2019 —y con el fin de hacerla atractiva en un entorno que era ya de menor consenso, para lograr que muchos pasaran por alto (como en efecto ocurrió) las notables prerrogativas que adquirían los funcionarios (ahora administradores no solo de facto, sino de jure) en el manejo de la propiedad estatal, dixit que de todo el pueblo—, el aparato de poder cometió un costoso error que ayudó a un cambio sustancial en la perspectiva ciudadana sobre sí misma: declaró a Cuba un estado socialista de Derecho. Y si bien sobre lo qué es el socialismo hay disímiles definiciones, sobre lo que es un Estado de derecho la interpretación es más recta.

Tampoco tuvo en cuenta, al anunciar el armonioso concepto, que si en 1976 la voz ciudadana no existía, en 2019 la situación era otra. Y muy diferente. Ahora podíamos reclamar lo que antes no hicimos.  

El cazador cazado

En otro artículo argumenté que a Fidel Castro nunca lo hubieran colocado en esa situación. «Jamás habría concordado con la aprobación de una Constitución tan osada. Lo suyo no era la hipocresía. “Al pan, pan y al vino, vino”. Con él nunca fue declarado en Cuba un Estado Socialista de Derecho. Como no lo tuvo ninguno de los países del desaparecido socialismo real».

El poder quedó de este modo aprisionado en un contrasentido. En el afán de presentar una Constitución más avanzada que su predecesora, se fabricó una trampa de la que no le es posible escapar. En su disposición decimosegunda, la propia Constitución obligaba a la Asamblea Nacional a habilitar los derechos ciudadanos en un plazo de dieciocho meses. Han pasado casi cuarenta y dos, y apenas el verano pasado quedó habilitado uno de esos ellos: La Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales.

Pocos meses después ya existe una demanda interpuesta ante esa sala. El ciudadano René Fidel González García demandó al presidente Miguel Díaz Canel y a la fiscal general Yamila Peña Ojeda por violación de sus derechos.  Fue difícil hallar un abogado y, como dice el también jurista, está por ver la eficacia real de este paso, pues hay factores normativos y extra normativos que afectan su eficacia.

Pero lo novedoso no es solo que exista esa demanda, sino que todos conocemos de su existencia, hemos visto una copia del contrato y podremos conocer si la sala de amparo constitucional la engavetará. Es decir, podemos seguir este caso, desde el inicio hasta el fin.  

Totalitarismo

La demora de la Asamblea Nacional en la habilitación de los derechos refrendados por la Constitución es ya escandalosa, y el poder lo sabe. Les falta habilitar derechos políticos como el de reunión y manifestación. También derechos económicos, elementales en un sistema que se presenta como socialista, como el que estipula que: «Los trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía. La ley regula la participación de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas».

En la actualidad —y dado el enorme abismo entre la realidad cotidiana y el discurso político—, el aparato ideológico, tan importante en este tipo de sistema, no logra ser efectivo. El tiempo y esta época tecnológica son sus enemigos más poderosos. En presencia de un pensamiento crítico, otros actores políticos, medios de prensa alternativos y redes sociales de comunicación; ha perdido la relativa sutileza que tuvo en otras épocas. Se advierten cada día «las costuras de la manipulación mediática» y «la dictadura del algoritmo» en sus intentos por mantener, a toda costa y a todo costo, el poder.

Una protesta por apagones en la vía pública, un panel literario que reuniría a jóvenes con ideas críticas en una institución de la cultura, un cartel con la consigna «Socialismo sí, represión no»; son potencialmente presentados como tan peligrosos cual en su momento fueran una red de espías de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, o un sabotaje armado contra la Seguridad del Estado.   

Ya la propia Constitución, que crearon a su imagen y semejanza, les resulta incómoda y dejan muy claro que penalizarán la «práctica abusiva de derechos constitucionales». Pero es precisamente practicándolos que se podrá influir en el presente y el futuro de la nación.

Hace pocos días fui citada bajo coacción por la Contrainteligencia que pretendía entrevistarme. Lo denuncié en las redes sociales, busqué asesoramiento legal y me dirigí a la Fiscalía provincial de Matanzas para presentar una queja y solicitar una acción de nulidad de procedimiento. La cita en la estación de la policía fue cancelada. Estoy segura de que el inmediato apoyo nacional e internacional ayudó a que la queja fuera atendida. Comprendo que algo así no es la regla, sino la excepción. Pero no deja por ello de aportarme útiles lecturas que a continuación expongo.  

Participación política en Cuba: ¿carretera de una sola vía?

Cuando recomendé la necesidad de estudiar las leyes como un medio —jamás afirmé que fuera el único— para defendernos ante atropellos como ese, varias personas vieron en mi consejo una pose altanera, intelectualista, que ignoraba olímpicamente aquellos cuyos derechos han sido violentados de manera arbitraria durante mucho tiempo y que, o no han podido apelar a la ley, o habiéndolo hecho no fueron protegidos por los pocos recursos legales a su alcance dado el carácter discrecional de la misma.

Sin embargo, no era a mí a quien faltaba humildad. Haber interpretado que mi sugerencia era para el sector abiertamente activista, que se ha desmarcado del gobierno, fue un error. Yo le estaba hablando a TODA la ciudadanía. Los activistas no pueden creerse el ombligo del mundo. Ese quizás ha sido su error. Ellos representan a la ciudadanía, sus demandas le competen, son parte de ella. Pero no logran entenderla. Por esa razón no logran encabezarla. Demasiado ego. Demasiada necesidad de liderazgos, sea de personas, tendencias o movimientos.

Totalitarismo

El activismo digital se ha convertido en una tendencia para tratar de generar un cambio social. (imagen: Getty Images)

El activismo es la dedicación intensa a alguna línea de acción de la vida pública, sea en el ámbito político, social, ecológico, religioso, etc. Aunque muchos usan el término como sinónimo de protesta o manifestación, no son equivalentes. En el ámbito político indica por lo general algún tipo de militancia, partidista, sindical u organizativa.   

El activismo militante es una de las vías de participación y presión para lograr cambios en el ámbito de la política. Ella no existe únicamente en sistemas autoritarios de cualquier signo. No obstante, en contextos totalitarios el activismo presenta enormes retos.

Al existir una ciudadanía desmovilizada, las arbitrariedades que sufren los activistas y periodistas independientes por parte de los órganos represivos del Estado los debilitan, desgastan y conducen en muchos casos a los más mediáticos y relacionados con redes intelectuales y académicas a salir del país, ya sea por decisión propia o por presiones del aparato; en tanto los que no tienen esas posibilidades, son acusados en procesos judiciales arbitrarios que los llevan a prisión por mucho tiempo. En ambos casos eso no permite que su acción política sea efectiva.

En un entorno con rasgos totalitarios, es crucial pensar la política también para las mayorías. Hay que dirigirse a las personas que quieren transformar su realidad pero no se suman al activismo, sea por temor, por condicionamientos y prácticas disuasorias, por conflictos existenciales, o por la falta de un claro mensaje estratégico de los activistas hacia la ciudadanía, pues por lo general estos suelen ser muy explícitos en lo que no quieren, pero muy pocas veces dejan claras las estrategias viables para lograrlo.

Un ejemplo de activismo de esta índole es el llamado a salir a las calles. O el de aquellas tendencias que convocan a desconocer al gobierno como interlocutor en un hipotético proceso de diálogo. Son utopías que dejan pequeño a Tomas Moro.

Conocer bien las características del contexto político que se pretende transformar es el primer paso para hacerlo. Las manifestaciones, congas, toques de calderos y consignas críticas al gobierno indican a las claras la irritación de amplios sectores sociales de la ciudadanía. Sin embargo, aunque muchos se animan al percibir que al gobierno le es cada vez más difícil lidiar con el disenso y creen que su caída está a la vuelta de la esquina, les recuerdo que por lo general, cuando mejora la situación económica, o se restablece en alguna medida el servicio electro-energético, esas protestas se debilitan.

¿Quién puede apostar que muchos de los que en su desesperación salen a gritar hoy consignas antigubernamentales, lo que están añorando es una situación como la de cinco años atrás: con el CUC asequible; pollo, aceite y detergente en las tiendas y pan por la libre? Y sin ninguna libertad política, sin ninguna participación. En una sociedad inmersa por décadas en el rigor de la cotidianidad; una mejoría, por leve que sea, es vista como una esperanza.  

¿Alguien duda de que si el estado consigue atraer a grandes inversores de capitales —así tenga que entregar cayos, propiedades, terrenos, puertos y minas (ya estamos viendo algunos ejemplos)— y se presentara una mejoría de su capacidad económica; muchas personas descontentas asumirían la actitud que describe el refrán: «Barriga llena corazón contento»?

El cambio político para Cuba no es exclusivamente conseguir transformaciones para el corto plazo, sino también para el futuro. Es lograr que la ciudadanía se empodere, se implique como actor político. Quizá no de manera frontal, como hacen los activistas, pero sí disputando por medio de los recursos legales de que dispone, por escasos que ellos sean.

Si cada persona que ha sido amenazada en entrevistas con órganos de Seguridad —y créanme que conozco muchísimas que nunca han hecho activismo y jamás han denunciado tales presiones a pesar de recibirlas—, puede argumentar que son ilegales y negarse a ellas solicitando atención de las Fiscalías, empezarán a sentirse más seguras para no callar.

Solo se aprende a tener derechos ejercitándolos. Por ello es importante que las personas adquieran cultura jurídica. Y que recuperen la libertad de su expresión cívica. Cuando esa actitud se acerque a la regla y no a la excepción, ganaremos todos. También los activistas.

¿Cuántos ciudadanos, si se sintieran seguros, no exigirían por vías legales la liberación de los presos políticos condenados como resultado del estallido social del 11-J o al menos la revisión de sus causas? Tengo amigos, intelectuales y de otros sectores, que en privado aceptan que son penas arbitrarias y abusivas, pero en público no lo ratifican porque temen buscarse un problema en sus trabajos y en sus centros de estudio, o simplemente, ser mal mirados por sus vecinos.

¿Cuántos científicos sociales exigirían acceso a información que controla el Estado sobre la verdadera situación de la economía y la sociedad cubana? ¿Cuántos no escribirían valiosos análisis en sus redes sociales y en medios independientes? Ya algunos lo hacen.

¿Cuántos ciudadanos secundarían la recogida de firmas para una iniciativa legislativa si se supieran a salvo (muchos recordarán el Proyecto Varela, pero en aquella época pocos sabían de aquello y se pudo tergiversar mucho de lo que planteaba)? ¿Cuántos irían a tocar las puertas de la Asamblea Nacional para presenciar sus sesiones, derecho constitucional jamás reclamado? ¿Cuántos no se dejarían presionar por los llamados puerta a puerta para ir a votar a las elecciones a escoger diputados que jamás nominamos y que luego no nos representan?

Hay personas que quieren el cambio, y lo quieren ya. Los entiendo perfectamente. Pero esa no es la política. Es apenas una vía. La política en Cuba pasa además por empoderar a la ciudadanía. En un modelo como el nuestro, una ciudadanía activa y dispuesta a participar en los asuntos públicos es, ni más ni menos, una garantía para el hoy y el mañana.

A los que argumentan que apelar a esa vía es pedir peras al olmo, pues en Cuba no existe un Estado de Derecho, ni socialista ni capitalista, quisiera dejarles estas palabras del profesor y jurista René Fidel González García: «El Estado de Derecho es algo más que una declaración constitucional. Tiene que serlo en tanto meta de muchos de nosotros, de nuestras luchas históricas por alcanzar la justicia toda y la dignidad del hombre de la que hablara José Martí, no depende de un momento de su desarrollo y expansión».

El totalitarismo se muere. Pero toca a la ciudadanía cavar su tumba. Es una tarea colectiva. No de elegidos.

31 octubre 2022 68 comentarios 3k vistas
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Matanzas

Matanzas. Radiografía de un incendio

por Alina Bárbara López Hernández 22 agosto 2022
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Desde el momento en que se percibió la magnitud del incendio en la Base de Super Tanqueros (BST) de la ciudad de Matanzas, donde resido, urbe con el enclave geográfico más bello de Cuba, comprendí que estábamos en presencia de un desastre humano, económico y ecológico. En efecto, diecisiete personas fallecidas (entre bomberos profesionales, jóvenes reclutas del SMO y civiles), decenas de heridos y lesionados, una costosa pérdida material para el país en el peor momento posible y una afectación al medioambiente aún no esclarecida.

El sitio se ubica a orillas de la bahía, una parte de la franja de costa de unos 128 km pertenecientes a las provincias de La Habana, Mayabeque y Matanzas donde se exploran y operan pozos de petróleo. La rada, amplia y de aguas profundas, resulta ideal para que los super tanqueros descarguen miles de toneladas de combustible que se almacenan en ocho enormes depósitos, junto al pesado crudo nacional. Su destino: alimentar las termoeléctricas de Matanzas y Mayabeque y ser distribuido a diversos lugares del país mediante carros cisternas.

El incendio

Las teorías comenzaron a la par de las llamas: ¿fue o no un rayo el detonante? y tener que soportar que algunas personas  insistieran en presentarlo como 1) un sabotaje que reforzara la imagen de inestabilidad política, 2) un auto-sabotaje del gobierno, 3) o de «la mano siniestra de los medios enemigos», y dudaran de quienes presenciamos una tormenta eléctrica, breve en el tiempo pero de gran intensidad, con un incendio desatado en ese mismo lapso.

¿Era parte de la salación a la que se ha referido el presidente Miguel Díaz-Canel?, ¿el efecto de un karma colectivo como afirmaron varios?, ¿un castigo de Dios que envió sus siete plagas como aseguraron otros?, ¿o el resultado de cuanta mitología criolla o foránea distrae de la verdadera cuestión? Para nada, la respuesta era muy materialista. Sí hubo un rayo, fenómeno habitual en temporada de verano, y fallaron los sistemas de respuesta contra incendios y los protocolos de seguridad que debían evitar la magnitud del desastre.

Asegurar que falló el sistema de protección contra incendios de la BST no es tener un «prejuicio contra el gobierno», «una perspectiva amarillista que termina en especulación», y mucho menos actuar de «mala fe», como han afirmado algunas personas. La propia prensa oficial, que el primer día del incendio notificó lo ocurrido, dejó muy claro eso, más por lo que calló que por lo que dijo. Los silencios también hablan.

Un texto de Ventura de Jesús, corresponsal de Granma en Matanzas, aparecido el mismo día 5 en la versión digital de ese periódico, tras anunciar que el impacto de una descarga eléctrica provocó un incendio en uno de los tanques de combustible, informaba:

Explicó Rigel Rodríguez, director de la división territorial de la Comercializadora de Combustibles Matanzas, que inmediatamente se activaron fuerzas para sofocar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otros recipientes similares situados en la zona.

Con el uso, básicamente, de agua y espuma, medios especializados del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se unieron para controlar y sofocar el fuego (…)

Evert Eduardo Díaz, directivo de esa propia entidad, agregó que para apaciguar las llamas fue necesario, además, acarrear agua desde la cercana bahía.

Aunque las causas del accidente están por evaluarse, al parecer se produjo un fallo en el sistema de pararrayos, que no pudo soportar la energía de la descarga eléctrica.   

Matanzas

Primera fotografía del incendio publicada por el periódico Girón.

Ni el periodista que la redactó, ni uno solo de los directivos citados en esa nota de prensa se refirió a la existencia de un sistema de protección contra incendios instalado en la BST, ni aludió a un fallo del mismo, solo del pararrayos; sí enfatizaron en el intento de sofocar el incendio por vías externas a dicho sistema de protección: medios especializados que se unieron inmediatamente, agua acarreada desde la bahía.

¿No debió asombrarles que el sistema en cuestión no funcionara? ¿Por qué hicieron mutis sobre el asunto en esas primeras informaciones? ¿Y si no se sorprendieron, era porque sabían que dicho sistema de protección no iba a funcionar llegado el caso, como en efecto ocurrió?

A partir de ahí, los medios de prensa se enfocarían propiamente en el incendio, en las estrategias para enfrentarlo, la trágica desaparición de personas en la explosión del primer día, el heroísmo de tantos, el arribo de ayuda foránea, la actitud del gobierno norteamericano… entre otros temas. Y era lógico en aquellos primeros días; sin embargo, el incendio lleva extinguido varios y ningún medio oficial ha introducido el peliagudo tema de ¿qué falló y por qué en el sistema de protección contra incendios?

Un sistema de protección que no protegió

La BST en cuestión pertenece a la Unión Cuba Petróleo (CUPET), empresa petrolera más grande del país, estatal y manejada por el Ministerio de Energía y Minas, aunque opera en conjunto con el conglomerado CIMEX (de GAESA), una cadena de estaciones de servicio en MLC.

En Cuba no existen oficinas independientes del gobierno —no estoy defendiendo que sean privadas, sino que no se supediten a este—, que certifiquen la calidad en el funcionamiento de los sistemas de protección y los protocolos de seguridad. Ignoro si es GAESA quien supervisa las inspecciones —dada su relación con CUPET, vía CIMEX— y si estas son internas como es habitual en las instancias administradas por ese oligopolio. Sin embargo, todos los lugares donde se almacenan portadores energéticos son inspeccionados y deben ser certificados asimismo por la Agencia de Protección Contra Incendios (APCI), subordinada al Ministerio del Interior (MININT).

Sobre la certificación por la Agencia de Protección Contra Incendios de productos que la requieran (PDF)

Las infracciones de los sistemas contra incendios son frecuentes en el país. En una información del 3 de septiembre de 2015, la Agencia Cubana de Noticias (AIN) daba cuenta de cerca de trescientas infracciones detectadas en ochenta y seis centros de interés económico y social de La Habana, entre ellas: «Conexiones eléctricas desprotegidas, terminales “sueltos”, tendederas o tomacorrientes sin fijar adecuadamente», además de «insuficiente número de extintores en lugares de almacenamiento de productos químicos».

Es probable que en estos años de crisis y deterioro constante de la economía se hayan incrementado las infracciones. Los sucesos del Saratoga y de la estación de Felton, entre otros, indican posibles violaciones en los mantenimientos programados y normas técnicas.

No obstante, un lugar como la BST de Matanzas —posiblemente el sitio de Cuba donde se almacenan las mayores cantidades de combustible, contabilizadas en miles de toneladas—, ubicado próximo a sitios urbanizados, algunos incluso de valor patrimonial, como el Museo Nacional Castillo de San Severino; requería un sistema moderno y eficiente de respuesta ante incendios, un mantenimiento sistemático a dicho sistema, un apego absoluto a normas de protección y protocolos de seguridad y una calificación específica para lidiar con ese tipo de siniestros, cuyas estrategias de enfrentamiento tienen particularidades.  

Los tanques construidos en la segunda mitad de los ochenta, con financiamiento y asesoría soviética, contaron con un sistema de protección contra incendios y con normas rigurosas para mantenerlo en funcionamiento óptimo. Así testimonia mi amigo Sergio Peña (Sergito), mecánico de mantenimiento que trabajaba desde 1985 en la terminal original, conocida como 320 (antigua Texaco). Él fue de los primeros técnicos de ese lugar que fueron a Kiev a pasar cursos sobre las bombas y la mecánica. Actualmente reside en Estados Unidos, donde se desempeña en la misma profesión:

«Estoy muy disgustado con todo lo que ha pasado en Supertanqueros. Allí murió Fabián Naranjo, hijo de un amigo y sobrino de otro amigo que trabajamos juntos por doce años ahí mismo desde la primera piedra. Esa catástrofe no debió ocurrir, nosotros dejamos instalado y funcionando todo el sistema contra incendios, enfriamiento y espuma.

Se arrancaba y probaba semanalmente, no en esos tanques nuevos sino en los primeros que se construyeron con las normas soviéticas de acero (…) pero además, por aquella época estaba un inspector de los bomberos, creo que de apellido Bonelli, un señor bastante mayor que andaba en un yipi destartalado, con una maletica. Él no salía de allá y varias veces paró la 320 por violar códigos, por salideros y cosas así. De la vieja guardia quedan pocas personas allí. Me duele porque nosotros trabajamos muy duro, yo con dieciocho añitos, semanas, día y noche, bombeando agua desde el muelle probando todo eso (…)».

En la inversión más reciente, que montó otros cuatro tanques, se concibió un sistema de protección mucho más avanzado. Dos personas, que por motivo de su trabajo actual o antiguas responsabilidades conocen bien la BST, y que pidieron no ser identificadas, me confirman de manera independiente que durante muchos años se respetó rigurosamente el mantenimiento programado y se hacían comprobaciones sistemáticas del funcionamiento de dicho sistema.

Ambas coinciden, sin embargo, que en los últimos tres o cuatro años hubo una disminución ostensible de los mantenimientos programados al sistema de respuesta contra incendios y de las pruebas de comprobación de su efectividad. Aseguran que los censores y el sistema de enfriamiento estaban defectuosos, las tuberías que conectaban el sistema tenían roturas, las bombas no funcionaban y el nivel del agua en las grandes cisternas no era el óptimo.

Según una de estas fuentes, existían trabas burocráticas con las empresas que debían abastecer el agua a la BST, y ello explica la escasa disponibilidad en los depósitos. La misma persona afirma asimismo que la sustancia que al mezclarse con agua provoca la espuma, se substraía ilegalmente para ser vendida como detergente líquido en el mercado negro.

Una tercera fuente, vinculada directamente a la construcción del sistema contra incendios en los tanques más modernos (los que no se quemaron), me aclara que la línea del sistema contra incendios fue interconectada con el abastecimiento del agua y la espuma que se hizo en esa inversión; es decir, los tanques incendiados databan de los ochenta pero el sistema más moderno contra incendios los incluyó también.

— De esto solo puedo decirle que hasta donde tengo conocimiento, sí se hacían las pruebas todas las semanas e inclusive los compañeros de los bomberos, la ACPI, siempre estaban arriba de eso. Hasta donde sé, cada jueves se hacía la prueba del sistema. 

— ¿Sería posible que en los últimos años se hubieran relajado esas normas?

— Totalmente de acuerdo (…) Es un tema que siempre se llevó de la mano. Por el riesgo. Ya le digo. Si había algo que llevaban al pie de la letra era el estado del sistema contra incendio.

— O sea, ¿cree usted que el abandono o descuido del mantenimiento programado sea de los últimos años?

— No lo sé, pero la verdad todo apunta a eso. El sistema estaba preparado muy bien, por qué no funcionó debe de haber sido una irresponsabilidad de alguien, es lo que pienso. Ese es un mal bien profundo que nos ha traído las dificultades. Así está Cuba entera. Es lo que tenemos, y sin nada con que trabajar se hace muy difícil evitar estas cosas. Lo más triste es las vidas que se perdieron por esa causa, que no debió pasar.

— ¿Por qué falló todo el sistema de protección ante el incendio, no solo el segmento del tanque impactado por el rayo, sino de los contiguos?

— Es difícil saberlo, eso me imagino saldrá en la investigación, puede haber sido cualquier cosa, desde una válvula que nunca se abrió hasta una irresponsabilidad.

— En varias fotos se percibe a los bomberos al lado de los cañones de agua, ¿por qué no funcionaron los cañones de agua?

— No había agua en el sistema.

— ¿Por qué?

— Es lo que tendrán que investigar. Los tanques blancos que se ven arriba de los nuevos, uno es de agua y el otro de espuma. El agua es dulce y tienen un sistema de apoyo. Le digo que el rayo también fue fuerte. Yo estaba en La Vigía y las puertas, que son grandes, temblaron como si fueran a caerse. (…) Ahora esperemos una investigación, aprender de la experiencia y honrar a esos valientes temerarios.

Matanzas

Los cañones de agua del sistema contra incendios de la BST no funcionaron. En la foto, algunos bomberos junto a dichos cañones. (Foto: Periódico Girón)

Varias interrogantes emergen de estos intercambios. ¿El Ministerio de Energía y Minas puede demostrar que se efectuaban los mantenimientos programados? ¿Existen dictámenes de APCI que evidencien cuándo fue probado por última vez el funcionamiento del sistema de respuesta contra incendios?

En esta época es muy fácil constatar la veracidad de un informe. Para empezar, por la ubicación de la Base de Supertanqueros respecto a la ciudad, siempre fue visible desde muchas zonas la prueba de los cañones de agua que ahora no funcionaron. ¿Hace cuánto tiempo los citadinos dejamos de ver la imagen de los chorros cayendo?

Por otra parte, el incendio ocurrió un viernes en últimas horas de la tarde, ¿qué día de esa semana se probó el sistema? O más bien, ¿se probó el sistema en esa semana como exigían las normas y como durante tanto tiempo se hiciera? ¿Y si no se probó, quién o quiénes se responsabilizan con esa violación de protocolos? ¿El director de la BST?

¿El director general de CUPET, Juan Torres Naranjo, que acaba de ser promovido —apenas extinguido el incendio— a viceministro de Energía y Minas en lugar de estar con una medida cautelar bajo investigación? ¿El ministro de Energía y Minas, máximo responsable por ser quien dirige la instancia administradora de esa empresa? ¿Qué están premiando los que propusieron el ascenso del director general de CUPET a viceministro?

En entrevista a LJC, el arquitecto Maurys Alfonso Risco argumentaba:

«(…) si yo tuviera que participar de una investigación esclarecedora, la cual existirá sin dudas, haría hincapié en los sistemas y cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento. He podido constatar —no solo en la Isla, también en la región—, que los incumplimientos o deficiencias en el Mantenimiento Preventivo o Proactivo son progenitores de todo tipo de desgracias en inmuebles e infraestructuras. Hay una tendencia, lamentablemente muy extendida, a centrarse en el Mantenimiento Reactivo, o sea, arreglar cuando algo se rompa».

Tal investigación, en mi opinión, debiera ser autónoma del Ministerio de Energía y Minas y del MININT —pues no se puede ser juez y parte. En ella deberían participar expertos independientes, una representación por parte de las familias que sufrieron la pérdida de un ser querido en el incendio y una representación de la ciudadanía local.

El período en que según las fuentes se debilitó la programación de los mantenimientos y se relajó la comprobación semanal del sistema, coincide con el arreciamiento de la crisis estructural, la tensa situación de pandemia y la nueva dirección ministerial. ¿Es posible que todos esos factores en conjunto hayan incidido en lo ocurrido?

Según la fuente relacionada con el montaje del sistema contra incendios, el pararrayo era el plan A, el sistema de respuesta contra incendios era el plan B, cuando ambos fallaron quedó el plan C: los bomberos.

Los bomberos

Pocas ciudades cubanas han enaltecido y preservado más la memoria de sus bomberos que Matanzas. Allí radica el primer museo de esa temática en Cuba, creado el 12 de noviembre de 1998 y denominado «Enrique Estrada». Los bomberos matanceros tienen una historia gloriosa que se remonta a la tercera década del siglo XIX. Participaban no solo en la extinción de incendios, sino auxiliaban en caso de inundaciones, derrumbes y otros servicios de utilidad.

Su actitud cívica de apoyo a los necesitados se materializó en acciones como la creación de una Estación Sanitaria para atender gratuitamente a la población que no contaba con recursos para acceder a otros centros de salud; o la fundación de un Dispensario para niños pobres que incluía un sillón estomatológico.

Leopoldo Torres y López fue el primer bombero matancero que pereció ante un siniestro, el 2 de julio de 1899. La lista de héroes se incrementaría en la madrugada del seis de agosto de 2022. 

En intercambio con el especialista en la instalación del sistema de protección contra incendios, indagué si en su opinión había existido una inadecuada percepción de riesgo por parte de los bomberos:

Bueno, yo no creo que no hubiera percepción del riesgo, más bien valentía en exceso. En parte los entiendo, los bomberos no están para atender ese fuego, para eso es todo el sistema contra incendio, y sin el arma fundamental debieron sentirse impotentes. Ellos son el apoyo para extinguirlos.

Teniendo Matanzas la mayor base de acopio de combustible en Cuba, debió tener el cuerpo de bomberos mejor equipado del país: carros modernos, mangueras de diámetro y extensiones mayores, un avión cisterna al menos, espuma y productos químicos, trajes y calzado más adecuados. Pero, sobre todo, debieron recibir entrenamiento para identificar las mejores estrategias de enfrentamiento a ese tipo de incendio. Con ese fin, bomberos matanceros y de las provincias vecinas debieron haber sido capacitados en países de la región con experiencia en el manejo de desastres similares, como Venezuela, Brasil y México.

Una publicación del grupo de Facebook Ciudad de Matanzas en Fotos explica que este incendio fue:

«(…) la peor catástrofe incendiaria a la que se enfrenta o ha enfrentado un bombero cubano, creo que nadie en Cuba estaba preparado para enfrentar un incendio de esas magnitudes, pudo alguien haber estado preparado teóricamente pero no prácticamente, era algo nuevo a lo que todos se iban a enfrentar por primera vez desde los más experimentados hasta los menos experimentados.

Cuba tampoco tenía los medios necesarios, ni los recursos que hacían falta para apagar este tipo de fuego, un fuego de estas proporciones, en el hidrocarburo, yo me pregunto si alguien alguna vez se tuvo que hacer la pregunta o hizo la pregunta de: ¿Qué haríamos si un tanque grande del supertanquero se incendiaba? ¿Cómo lo apagaríamos? ¿Qué recursos hacían falta, qué medios, qué logística, qué capacitaciones, qué prácticas, qué plan había contra ese tipo de incendio? Al parecer nunca nadie se hizo esa pregunta (…)».

Estas interrogantes finales nos conducen a una cuestión crucial: el manejo de la crisis a partir de que, ante el fallo del sistema de protección de la BST, el incendio comenzara.

La gestión de crisis ante el incendio

Lo sobrevenido en las primeras horas indica que nadie con responsabilidad de dirección y posibilidad de tomar decisiones se había preguntado en realidad qué hacer si ocurría un incendio en los depósitos de hidrocarburos de la BST.

Desde que comenzó, y hasta que acaeció la explosión que causó la muerte a las personas que allí estaban —entre ellos civiles de apoyo y soldados del servicio militar obligatorio sin entrenamiento para estar en primera línea—, transcurrieron alrededor de diez horas. Ese debió ser tiempo suficiente para que se hubieran decidido estrategias adecuadas.

Si nos remontamos a la comunicación ya mencionada del corresponsal de Granma, se menciona la intención de «sofocar el incendio» y «apaciguar las llamas», algo que pronto demostraría ser un costoso error de apreciación.

En lugar de crear inmediatamente una comisión de expertos que tomara decisiones y estableciera un mando único y un plan de acciones para instaurar las pautas que luego demostraron ser efectivas —no intentar extinguir sino controlar, no sacrificar a los bomberos infructuosamente, no permitir la entrada de personas sin preparación a la zona del incendio, erigir muros de contención para evitar la propagación al resto de la instalación de tanques, solicitar ayuda internacional—; se procedió a convocar a las autoridades y a periodistas como si aquello fuera un ciclón que pasaba.

Sucely Morfa, primera secretaria del Partido en la provincia, que había dicho en un tweet: «Autoridades, cuerpo de bomberos, MININT, las FAR estamos en el lugar», contaría después que tuvo que correr por su vida cuando la explosión del segundo tanque hasta el punto que resultó lesionada. El propio ministro de Energía y Minas se lesionó en el lugar. Hubo periodistas que narraron en detalle los momentos de angustia para ponerse a salvo en aquel infierno de llamas y calor intenso.

Incendio provocado por una descarga eléctrica en la base de super tanquero #Matanzas. Autoridades, cuerpo de bomberos, MININT, la FAR estamos en el lugar. Confianza que la situación se va a controlar #FuerzaMatanzas #Cuba #Matanzas @DiazCanelB @DrRobertoMOjeda pic.twitter.com/OCxqMxtIlx

— Susely Morfa González (@SuselyMorfaG) August 6, 2022

Un testimonio de la periodista matancera Lil Rodríguez Jiménez a Cubadebate expone con dramatismo la situación en la zona del incendio en la madrugada del 6 de agosto:

(…) llegamos después de las 4 am a la Comercializadora de Petróleo. Reemplazamos al otro equipo de prensa que estaba en el lugar. El ajetreo no cesaba. Nos dirigimos hacia una zona más cercana. Se hacía todo cuanto se podía para mitigar el incendio. Los camiones cisterna, uno tras otro, iban llegando. Junto a Melisa Blanco, periodista de Radio 26, buscaba información, dialogábamos con quienes hacían frente a aquella situación.

Nos dirigimos hacia el lugar donde se encontraba la primera secretaria del Partido (…). Caminaba y redactaba un pequeño texto para publicar que quedó a medias.

¡Corran! Gritaron. Esto se puso malo. Corrí junto a mi colega (…). El segundo tanque explotó. Sentía que los pies no me daban. Pensaba en Rigo [el camarógrafo] que tomaba unas imágenes más cerca, no lo veía. Seguía corriendo, tenía ardor en los pies producto del calor. ¡Sentía que me derretía!  

El presidente Miguel Díaz Canel había llegado a Matanzas en la madrugada del día 6. Sin embargo, no fue hasta las 9:37 am que un tweet de su cuenta, Presidencia Cuba, anunciara que en ese mismo minuto encabezaba una reunión donde impartía «instrucciones para enfrentar los daños del siniestro». Ya para entonces, hacía más de cuatro horas que diecisiete personas se hallaban desaparecidas y una gran cantidad de lesionados era atendida en el hospital. Habían transcurrido alrededor de quince desde el inicio del incendio.

#ULTIMOMINUTO: Encabeza @DiazCanelB reunión donde imparte instrucciones para enfrentar los daños del siniestro en la Base de Super Tanqueros. 

📍Se reportan hasta el momento 17 personas desaparecidas, bomberos que estaban en la zona más cercana intentando evitar la propagación. pic.twitter.com/JXoOy2yZX7

— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) August 6, 2022

La prueba fehaciente que pone al descubierto a todos los funcionarios mencionados, son sus propios videos y publicaciones. Haberse presentado en aquel lugar en medio del desastre evidenció su total desconocimiento y otorgó  un aval a la negligencia.

Si el presidente, en su calidad de Comandante en Jefe, presidió una comisión casi quince horas después de comenzado el incendio, ¿quiénes estuvieron tomando decisiones desde el inicio ante lo que ya se sabía que era un desastre? ¿Existió un mando único en esa operación? ¿Se trazó una estrategia conjunta? ¿Quiénes ordenaron que el comando del aeropuerto de Varadero se ubicara directamente en una zona de inminente colapso, pues el tanque les explotó casi acabados de llegar y provocó el trágico récord de la mayor cantidad de muertes en un mismo comando en toda la historia de los bomberos en Cuba?

En lugar de que el presidente, el ministro de Energía y Minas y la primera secretaria del Partido estuvieran metidos en la zona de desastre, donde no podían aportar nada, debieron estar desde muchas horas antes atendiendo al criterio de bomberos expertos, que desde las redes sociales alertaban del peligro y de las erróneas decisiones asumidas. Se demoraron además en solicitar ayuda y asesoría internacional, y cuando lo hicieron fue sin la perentoriedad que el caso requería.

Incompetencia, improvisación y precariedad, bajo un halo de patético triunfalismo, son rasgos que han distinguido a este gobierno; un gobierno que dura cuatro años ya, casi los mismos que según las fuentes se relajó el sistema de mantenimientos y de control efectivo en el sistema de protección contra incendios de la BST.

No importa que tales falencias se revistan de conceptos ampulosos, como el de resistencia creativa, es evidente que se está actuando erróneamente en todos los ámbitos de gobierno: desde el económico, que ha condenado a todo un pueblo, hasta el manejo de desastres, que ocasionó la muerte a muchas personas, entre ellas algunos jovencitos en la flor de su existencia.

De modo que es momento ya de que los medios oficiales y el gobierno expliquen cuándo comenzará a funcionar una comisión investigadora que determine claramente y con transparencia lo ocurrido. Es un derecho estar informados según la propia legislación cubana.

Matanzas

¿Quiénes ordenaron que el comando del aeropuerto de Varadero se ubicara directamente en una zona de inminente colapso, pues el tanque les explotó casi acabados de llegar y provocó el trágico récord de la mayor cantidad de muertes en un mismo comando en toda la historia de los bomberos en Cuba? (Foto: Periódico Girón)

El derecho a la información

Un jurista con gran experiencia en temas ambientales me explica que la BST está bajo un régimen de licencia ambiental. Esa base ha sido inspeccionada  por las autoridades ambientales en muchas ocasiones. Todos esos documentos tienen que ser públicos y se deben exigir a las autoridades. Los ciudadanos de esta ciudad no podemos ignorar el peligro latente en esa zona si, como todo parece indicar, no se están respetando los protocolos y normas establecidas para su funcionamiento seguro.

Esas instalaciones tienen estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos, obligado por la Defensa Civil; por otra parte, sin las certificaciones de la Agencia de Protección Contra Incendios (APCI) esa base no podía operar, pero para emitir esas certificaciones se debía comprobar el funcionamiento adecuado del sistema de protección ante incendios.

Los documentos sobre su funcionamiento deben ser públicos según el Decreto ley no. 309 «De la seguridad química», publicado en la Gaceta Oficial no. 15, Edición Ordinaria, el 20 de marzo de 2013, que en su artículo 1 explicita como objetivos: «Proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos que se derivan del manejo inadecuado de los productos y desechos químicos peligrosos, a partir del ordenamiento e integración de las actividades nacionales en materia de Seguridad Química», y «Contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado cubano en materia de Seguridad Química».

Dicha norma dedica la sección quinta al importante asunto De la Información y la Participación Pública. Específicamente en el artículo 22: Sobre el derecho de información, determina: «Toda persona natural y jurídica tiene el derecho a recibir información sobre la naturaleza y los riesgos que representan el manejo de los productos químicos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida, así como las medidas de seguridad a adoptar en caso de emergencia química».

La ley obliga. Una ciudad y un país esperan por los resultados de la investigación. Como ciudadana matancera exigiré que la ley sea cumplida.

22 agosto 2022 34 comentarios 3k vistas
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Empatía

Empatía vs hipocresía

por Alina Bárbara López Hernández 5 agosto 2022
escrito por Alina Bárbara López Hernández

He observado con detenimiento las muchas imágenes y videos que existen en Internet acerca de los hechos ocurridos hace veintiocho años hoy, y conocidos como el maleconazo. No veo niños. No puedo asegurar que no estuvieran, pero no los distingo. Si estaban, evidentemente fueron pocos.

Duele observar a los infantes como parte de acciones de protesta u otro tipo de actividades políticas que impliquen riesgo, en cualquier lugar del mundo, no solo en Cuba. Desde hace algún tiempo, sin embargo, niños y adolescentes son parte de manifestaciones de protesta entre nosotros.

En imágenes transmitidas hace algunas semanas en Los Palacios, localidad de Pinar del Río, se aprecia a varios menores participando junto a sus familiares en la manifestación nocturna que se produjo con motivo de los cortes de electricidad. Pero ni siquiera son los primeros. En abril de 2021, un grupo de madres con hijos menores cerró una calle habanera. Solicitaban se atendieran sus problemas de vivienda.

También fue triste seguir la directa de la madre holguinera que desde una localidad rural deambuló por varias instituciones estatales con sus tres hijos pequeños y dinero en su cartera, según mostraba a todos, pero sin comida para darles porque no había ni pan para que le vendieran. Y retornó a su casa sin que resolvieran su problema, aunque para ser justos, se veía que los funcionarios que la interpelaban estaban muy apenados.

Doloroso ha sido ver durante el último año a niñas y niños cuyas madres o padres fueron condenados a prisión por haber participado en el estallido social del 11-J, pidiendo su libertad o diciendo cuánto los extrañan. ¿Manipulación de la imagen infantil con fines políticos? Es posible. No lo niego. Pero no tengo tampoco la menor duda de cuánto están sufriendo esos pequeños y de lo injusto de la mayor parte de las condenas a sus padres.     

El pasado 2 de agosto se produjo el cierre de una zona de la autopista cercana a La Habana por madres con sus hijos; algunos muy pequeños, otros adolescentes. Ellas solicitaban la atención del presidente Díaz-Canel. Contrario a lo ocurrido en otras protestas —tanto las del 11-J como algunas más recientes—, no ofendían al mandatario (muy bien eso), pero insistían decididamente en verlo.

Diversas personas han explicitado gran malestar porque los niños estuvieran poniendo su cuerpo ante los autos, que tuvieron extremo cuidado con no dañarlos, dicho sea de paso y en beneficio de la civilidad. Frases como «con los niños no se metan», se repitieron en las redes, sobre todo entre periodistas de medios estatales. Una anciana profesora de la Universidad Central de Las Villas, casi histérica, llamó cobardes a quienes llevaron a los niños ese día.

La infancia debería ser sagrada. Y lacera, repito, ver en Cuba algo que juzgábamos superado. Pero aquí, y durante décadas, han emergido muchas cosas que creímos superadas. Si fuéramos personas de bien, no cuestionaríamos solamente por qué los niños están siendo vinculados a tales acciones, sino que indagaríamos asimismo qué nivel de desesperación ha llevado a sus madres a protestar junto a ellos.

Esto no ocurrió en los noventa, aunque es cierto que la pobreza, la depauperación y la desigualdad no existían entonces con el grado que hoy tienen. Un poco de empatía y comprensión, de ponerse en los pies del otro, ayudaría a que seamos más sensibles. Cuando hablo con Mairiobis Zamora, la matancera madre de siete hijos a la que todavía no han entregado una vivienda digna, a pesar del programa nacional para mujeres con más de tres retoños, ella se queja de que sus niños no saben lo que es un juguete.

Quien no haya sentido el dolor de una madre ante un hijo sin juguetes, o sin un poco de leche, o con hambre, o hacinado en un albergue; debiera ahorrarse algunos epítetos y sermones.     

Además, debe quedar claro que eso que indigna a tantos no es un fenómeno nuevo. La historia de Cuba está plagada de casos en que, cuando fue necesario, los niños se involucraron en actividades políticas junto a sus padres. Y ocurre que con el crecimiento de los problemas y la pobreza, se reciclan también viejas estrategias de lucha. Porque al final de todo, la revolución es una sola desde 1868 hasta hoy. Y también porque somos continuidad. ¿O no?

Niños y lucha política

Recuerdo un libro de lecturas de mis años en la escuela primaria que incluía  un relato enaltecedor: «El mambisito era de ley». ¿Ficción? Para nada. Eso lo constato con creces en el excelente texto Los pequeños insurrectos: niños, familia y guerra en Cuba (1868-1878), de la autoría del historiador holguinero José Abreu Cardet. Mucho después, en sus dibujos animados, Juan Padrón daría nombre a los arquetípicos Eutelia y Pepe.

En la década del treinta del pasado siglo, en plena vorágine revolucionaria, durante el tiroteo al velorio de las cenizas de Mella, fue muerto el niño Paquito González, de la Liga de los Pioneros.

En el Ejército Rebelde, en la Sierra Maestra, hubo niños de trece y catorce años. Ese fue el caso, por ejemplo, de Enrique Acevedo, que se recuerda de su libro Descamisados y del serial televisivo Memorias de un abuelo. Ya recién triunfada la Revolución, el 22 de marzo de 1959, en una concentración, Fidel pide a todo el pueblo que se prepare a defenderla.

Empatía

Enrique y Rogelio Acevedo. (Foto: Cubasí)

El 12 de abril se dirige a cientos de campesinos camagüeyanos y los insta a convertirse a todos, «hombres mujeres y niños», en «soldados de la Revolución» desde ese momento. Ante esta exhortación, se recibieron numerosos mensajes de apoyo. Uno de ellos, proveniente de la ciudad de Ciego de Ávila, comunicaba: «Siguiendo las orientaciones del Comandante Fidel Castro de que hasta las mujeres y niños debían aprender el manejo de las armas, hemos constituido en esta ciudad una milicia popular (…)».

Dora Alonso, en su rol de corresponsal de guerra en Girón, dejó testimonios de que en niños de doce y trece años recayó también la responsabilidad de la defensa.

No pretendo dar lecciones de historia, podría incluso poner ejemplos menos nobles, como niña de catorce años que fui durante los tristes meses del éxodo del Mariel, pero prefiero no hablar de eso. Solo deseo recordar que cuando ha sido necesario, los niños cubanos se sumaron, con sus madres y padres, a la lucha política. Glorificar estas acciones cuando conviene y satanizarlas porque ahora se trate de manifestaciones de presión popular ante el gobierno, me parece un extraordinario acto de fingimiento.

Vamos a demandar que los niños no sean involucrados, que no pasen por traumas que pueden dañar sus vidas; pero vamos a exigir con la misma energía que no existan motivos para que esos pequeños sientan, junto a sus familias, que la protesta es el único camino que les va quedando ante medidas que cada vez dan más la espalda a la gente del pueblo, y ahondan la pobreza y las desigualdades. Que en este pulseo cívico, gane la empatía a la hipocresía.  

5 agosto 2022 26 comentarios 2k vistas
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victoria pírrica

La victoria pírrica del 11-J/ 2022

por Alina Bárbara López Hernández 22 julio 2022
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Pirro, rey de Epiro, logró vencer a los romanos en una batalla en la que murieron miles de sus hombres, tantos que, según cuenta la historia, al contemplar el resultado dijera: «Otra victoria como esta y volveré solo a casa». Derrotó a la república romana en dos oportunidades, pero a costa de tal desgaste y de la desmoralización de sus tropas, que finalmente fue vencido en la batalla de Benevento y obligado a retirarse.  

Victoria pírrica ha sido denominado desde entonces un resultado que se consigue con tantas pérdidas para el bando aparentemente vencedor, que puede terminar siendo desfavorable para él. Algunas contiendas famosas clasifican bajo esta denominación: la batalla de Borodino en las guerras napoleónicas (1812), la de Jutlandia en la Primera Guerra Mundial (1916) y la primera batalla del Alamein, en la Segunda Guerra Mundial (1942), entre otras.

A las anteriores debería sumarse ahora la batalla comunicacional del 11-J de 2022, calificada por el gobierno cubano como un nuevo Girón. La psicóloga Karima Oliva resalta como un gran éxito que ese día se posicionaran la etiqueta #Cubavive y las matrices de mensajes favorables al gobierno.

victoria pírrica

Resulta toda una paradoja que sean el gobierno y su aparato de comunicación, que consideran a Internet y las redes sociales como sitios en los que se manipula la realidad cubana, los que presuman ahora de ganar sus batallas precisamente allí. Porque donde había que disuadir de la posibilidad de un nuevo estallido social era operando sobre la realidad, es decir, sobre los factores que condujeron a las protestas sociales del pasado verano. ¿No afirman que la verdad sobre Cuba no está en las redes? Entonces, ¿de qué victoria estamos hablando?  

La historia no es una obra de teatro, con ensayo general y actos bien definidos. Muchos pensaron que este 11-J se produciría en Cuba un estallido similar al del pasado año, y consideran una derrota que no ocurriera; se equivocan. Otros pueden pensar que el hecho de que no se haya producido es una victoria del Estado; también se equivocan.

Lo sucedido resulta totalmente lógico. Durante estos doce meses el Estado se blindó para desestimular cualquier manifestación en su contra. Lo hizo con normativas legales que regulan la comunicación y con un nuevo y mucho más estricto Código Penal. A nivel represivo dictó altas condenas de prisión a muchos manifestantes del 11-J, pero tampoco habilitó ninguna de las leyes constitucionales para que la ciudadanía pueda interpelarlo: derecho a manifestación y Tribunal de Derechos Constitucionales.

Y —para no dejar nada al azar—, desde días antes de la referida fecha fueron desplegados operativos y agentes de Seguridad del Estado con el fin de asegurar que los disidentes no salieran al espacio público, se les encerró en sus casas, se presionó a sus familiares y amigos; se convocó a los colectivos laborales a custodiar plazas y parques y a actividades infantiles desde horas de la mañana.

A ello hay que sumar que la sociedad cubana no tiene posibilidad legal alguna de articularse en asociaciones cívicas, sindicatos u organizaciones independientes de las admitidas por el Estado, que pudieran ser interlocutoras ante este. Presentar como una victoria el haber sobrepasado el día cero sin un nuevo estallido, es pueril. Fue así sin embargo como se anunció por dirigentes políticos, funcionarios del ministerio de Cultura y periodistas en el programa Mesa Redonda dedicado a la gran victoria… comunicacional.

Tal actitud pretende ignorar que el 11-J de 2021 acaeció por un conjunto de circunstancias, no solo presentes hoy sino mucho más potenciadas. Los que confíen en que al evitarlo en fecha fija eliminaron las condiciones para la réplica de similares acciones, pecan de ingenuos o soberbios y, en ambos casos, son políticos torpes.

Aquí habría que recordar las categorías de la dialéctica necesidad y casualidad. Un cambio en Cuba ocurrirá necesariamente, pues está ligado a lo esencial del desarrollo en unas condiciones dadas, y se abrirá paso a través de la realidad de manera inevitable: un modelo económico y sociopolítico sin posibilidades de reproducirse bajo exactas condiciones, deberá dar lugar inexorablemente a una transformación (y no solo en el ámbito de la economía). Sin embargo, el modo exacto en que esto ocurra dependerá de situaciones por lo general casuales y difíciles de predecir.

Para una gran mayoría, muchas veces silenciosa, las circunstancias deseables para tal cambio serían pacíficas y mediante un diálogo nacional. Pero el aparato gobernante ha sido refractario a aceptar a la ciudadanía como interlocutora en pie de igualdad y respeto. Su concepción anti-dialéctica de la historia —que aprecia al desarrollo como una línea recta e irreversible, y ha llegado al punto de incluir esa determinación en la Constitución—, le ha hecho creer que es posible continuar gobernando del modo tradicional, aun en medio de una era tecnológica en que ya no le es dable desconocer y acallar a la opinión pública.

Desde el mismo momento en que la gente tuvo la capacidad de erigirse como interlocutora ante el poder, lo ha hecho. Ha ocurrido paulatina pero sostenidamente. Esa es una transformación radical que torna anacrónicas las usuales prácticas políticas discriminatorias características de un modelo de Partido único en cualquier contexto; amén de los enormes y sostenidos errores en política económica y social de ese Partido en Cuba.    

La consecuencia es predecible: en un escenario como el que existe en la Isla, si se cierra la puerta al diálogo, se le está abriendo a la violencia. El Estado no puede desconocer que durante el año transcurrido, en la misma medida en que se ha naturalizado la represión por parte suya, se naturalizan la protesta social y la desobediencia por parte de la ciudadanía. Es un proceso de adaptación recíproco y una actitud que se reforzará en ambos casos mientras más se practique.

Aunque con medidas de control extremo se logró evitar un estallido de grandes proporciones, no puede ignorarse que a lo largo de estos doce meses se han suscitado diversas formas de protesta y desobediencia social difundidas y documentadas: cartas públicas a dirigentes, cacerolazos, carteles contra el gobierno y su presidente, manifestaciones motivadas por los cortes de electricidad en universidades, barrios y poblados de varias provincias; exigencias de madres ante la falta de alimentos y medicamentos para sus hijos y por fallas en el sistema de salud y de atención ciudadana; acciones de apoyo de los familiares y amigos de presos por el 11-J; y constantes argumentaciones de ciudadanas y ciudadanos en las redes sociales, donde son sometidas a crítica, con argumentos profundos y meditados e interesantes propuestas, las políticas del gobierno y la actitud de sus dirigentes.

De julio a julio, la inflación se ha desatado —con la consiguiente devaluación del salario real y la moneda nacional—, y es mayor la escasez de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Igual incremento es visible en los cortes de electricidad y las restricciones al transporte. Un punto de ostensible mejoría radica en el control de la pandemia, y aunque deben reconocerse la producción de vacunas y la campaña de vacunación organizada por el gobierno, hay que valorar también que el control de la ola pandémica se ha comportado con características similares a nivel global.

Que el número de fallecimientos por Covid sea casi nulo hoy, no indica que el sistema de salud esté en mejores condiciones para un hipotético resurgir de casos, como ya se aprecia en otros países, y más si se tiene en cuenta que desde hace meses proliferan en varias provincias cubanas los enfermos de dengue, incluso de su peligrosa variante hemorrágica.    

 Tras el estallido social del 11-J, el presidente Miguel Díaz-Canel declaró durante meses que la actual crisis no era el peor momento de un gobierno cubano después de 1959, pues la intervención por Playa Girón y el Período Especial fueron coyunturas más complicadas. Desde hace un tiempo ya no se atreve a afirmarlo. No era cierto. Todos lo sabíamos. Él también.

Veamos entonces algunas pautas que permiten explicar el contexto cubano hoy y entender la magnitud de la crisis.

Cinco pautas para interpretar el escenario actual en Cuba

1) Recordemos aquellos viejos y —dados los resultados posteriores— buenos tiempos, en que la economía insular era descrita eminentemente como exportadora de productos agrícolas, materias primas y minerales de escaso valor agregado: azúcar, cítricos, café, tabaco, ron, níquel, entre otros. La relación con el campo socialista no varió en lo esencial dicho modelo exportador, como sí lo hicieran posteriores decisiones en política económica.

En las más de tres décadas desde el derrumbe del campo socialista, se ha venido diseñando en la Isla un modelo que la ha convertido en mucho más subdesarrollada y dependiente. Aunque data de tiempos de Fidel, fue sobre todo con las reformas raulistas que esta situación se reforzó. El turismo y la venta de servicios profesionales fueron presentados como locomotoras de la economía, sin tener en cuenta que ambas son actividades susceptibles a altibajos geopolíticos y globales (económicos, políticos y sanitarios).

Cuba debe importar hoy muchos de los productos que antes se producían para consumo nacional, o se exportaban; solo le resta esperar a que vuelva el turismo, lo que al parecer demorará; y con la venta de servicios profesionales puede continuar perdiendo parte de su fuerza calificada, pues para que esta regrese al país debe existir un mínimo de prosperidad que haga deseable el retorno.  

En los noventa, la agricultura, a pesar de las grandes afectaciones y la subida de precios de muchos productos, pudo garantizar en los agro-mercados estatales ofertas estables y a precios accesibles de productos como la papa y el maíz, que, además de los huevos, se convirtieron en importantes fuentes de alimentación al alcance de todos.

El pasado año fueron informadas sesenta y tres medidas para revitalizar la agricultura, pero no se vislumbra recuperación alguna en ese sector. Según un artículo publicado en La Joven Cuba, la Isla estaría abierta a la importación de numerosos productos agrícolas provenientes de Estados Unidos si se eliminara el bloqueo —lo que sería sin dudas un aliciente para el consumidor cubano en las condiciones de desabastecimiento que hoy vivimos—; sin embargo, no hay que perder de vista que Cuba tendría muy poco que ofrecer a su poderoso vecino en ese sentido para que sea un comercio bilateral y mutuamente ventajoso. Ni cuota azucarera en su mercado podríamos exigir habido el desmontaje de la industria azucarera nacional desde hace veinte años, cuyo corolario ha sido la zafra del 2021, la peor de los últimos cien.

"Tenemos que aprovechar la demanda interna como un motor impulsor de la economía del país." @AlejandroGilF en @AsambleaCuba #CubaLegisla #PoderPopular pic.twitter.com/SNf2vC46to

— Ministerio de Economía y Planificación de Cuba (@MEP_CUBA) July 21, 2022

Cierto que tenemos muchos hoteles (una buena parte cerrados hoy) para los turistas que decidan vacacionar, aunque gestionados por cadenas francesas y canadienses. En resumen, sesenta y tres años más tarde del triunfo de enero, nos encontramos en la situación que describí en el artículo «Antimperialismo en Cuba: reflexión en dos tiempos»:

Tantos años después, aquí estamos: abiertos al capital extranjero al que se presenta como tabla de salvación, con una Constitución que los invita, con su majestad el dólar rigiendo de nuevo, endeudados hasta la médula con poderosos círculos financieros internacionales. Y, lo peor, esperanzados en que el Norte retire el bloqueo y decida hacer negocios en Cuba para, posteriormente, avanzar más en las reformas y llegar a disfrutar de derechos políticos.

¿Díganme si eso no significa la victoria de un plattismo inconsciente en el imaginario social de esta nación? Es la derrota de aquella fuerte corriente de pensamiento que emergió hace un siglo. Eso sí, maquillada con un discurso político que continua siendo profundamente antimperialista. Las palabras por un lado y la realidad por otro.

2) Cuando ocurrió la debacle del campo socialista, la crisis fue profunda y abrupta; pero el país conservaba aún ciertas reservas en infraestructura y sistemas sociales que permitieron que, luego de tocar fondo, se avizoraran cambios. A ello hay que añadir que en aquel período no existían las marcadas diferencias sociales que hoy se aprecian entre personas, barrios, poblados y provincias.

El sistema de salud era muy sólido entonces, desde la atención primaria (médicos de familias situados en miles de barriadas), hasta los policlínicos y hospitales. Por eso, a pesar de múltiples problemas de salud vinculados con la crisis —como las neuritis, ocasionadas por déficits de proteínas en la alimentación—, no mostró las condiciones depauperadas que hoy se advierten.

Durante años se fue invirtiendo cada vez menos en equipamiento para la salud respecto a otras épocas. Se restringieron servicios como los de obstetricia y cirugía, presentes en casi todos municipios, que fueron concentrados en las cabeceras provinciales. Hoy faltan, desde ambulancias, hasta insumos médicos básicos en los hospitales, como guantes, jeringuillas, vendas, mercuro-cromo.

Por su parte, la industria de medicamentos resistió mejor la crisis de los noventa, en que la ausencia de medicinas no fue tan agobiante como ahora. A ello se suma la disminución durante estas décadas —a pesar de las graduaciones constantes—, de médicos, personal de enfermería, técnicos y laboratoristas; motivados por el cumplimiento de misiones en el exterior o por emigración definitiva.

El sistema de Seguridad Social en Cuba cubría a muchas más personas hasta el nombramiento/elección oficial de Raúl Castro como presidente del Consejo de Estado, en febrero de 2008. A partir de ahí se enfatizó en la necesidad de recortar gastos y «gratuidades indebidas», pero fue especialmente entre 2016 y 2020 que la inversión en Salud y Asistencia social disminuiría en dos tercios: de 232,6 a 84,5 millones de pesos. Es alarmante que el recorte en la inversión de salud ocurriera precisamente en etapas en que los ingresos por exportación de servicios médico-farmacéuticos fueron la principal fuente de divisas del país, por encima del turismo (2006-2018).

En consecuencia, aumentaron en esos años la pobreza y la desigualdad. Parámetros exitosos hasta los ochenta, como la «tasa de mortalidad», con tendencia a la disminución —aunque con un repunte durante los noventa—, comenzaron a crecer nuevamente.

3) En los últimos años el éxodo de cubanos es enorme. El modelo habitual de migración ha cambiado, especialmente tras el 11J. La actitud del gobierno convenció a muchas personas de que cualquier tipo de cambios sería obstaculizado, y la falta de confianza en el futuro se observa en el actual modelo, en que familias enteras están emigrando.

Permanecen cerradas o se venden casas porque no resta nadie del núcleo familiar que las habite. Familias a las que quedaban apenas sus ancianos —reacios a emigrar pues confiaban en el sistema de salud y en que las remesas de sus hijos y nietos garantizarían la permanencia en el sitio de sus raíces—, los están sacando de Cuba. El censo nos dirá, correspondía este año pero se ha pospuesto.

victoria pírrica

En los últimos años el éxodo de cubanos es enorme. (Foto: France24)

No obstante, esta mutación del modelo migratorio puede incidir en otro punto de cambio, pues la flexibilización por el gobierno de Biden de las medidas dictadas por Donald Trump en cuanto a los viajes a Cuba y el envío de remesas, pueden no tener los efectos esperados por el gobierno de la Isla. Nadie manda remesas a una casa vacía. La existencia de familias a ambos lados del estrecho de la Florida, es condición esencial para que exista un flujo en tal sentido. Numerosos emigrados están escogiendo gastar de una vez una buena suma de dinero costeando coyotes y viajes ilegales por medio continente, antes de seguir manteniendo a su familia en un lugar en que les resultará más caro a largo plazo.

4) El gobierno de Cuba apuesta con mucha energía por la atracción de capital externo. Incluso para industrias como la azucarera, donde esto jamás se aceptó en los noventa y se optó por desmantelarla antes que abrirla a la inversión privada. A pesar de ello, la pésima infraestructura insular, la desconfianza de los inversionistas en las garantías del gobierno a largo plazo, y la propia crisis en los países emisores de capital, entorpecen esta expectativa.

En resumen: el país no tiene fondos de acumulación, los inversores extranjeros no acuden al llamado y los potenciales inversionistas nativos se están marchando al haber sido postergados por décadas. Solo veo posible una inversión masiva de cubanos emigrados, pero por supuesto que estos exigirán transformaciones en el modelo político, que el gobierno no desea hacer.

5) Ni siquiera el entorno geopolítico regional —en que han triunfado muchos gobiernos de izquierda o progresistas, en todo caso mayoritariamente contrarios a la política hostil de Estados hacia Cuba—, puede interpretarse como punto de inflexión favorable al gobierno cubano.

La Isla ha requerido siempre de un país-pilar para salir de los momentos críticos del proceso desde 1959: la URSS en los sesenta y Venezuela en los noventa. En estos momentos ninguno de los gobiernos de la izquierda emergente en América Latina va a desempeñar ese rol. Primero, porque se trata de una izquierda que no se ha alineado con el modelo antidemocrático insular y ha hecho fuertes críticas a la represión, durante y tras el 11-J. Segundo, porque la crisis de la pandemia ha afectado a todos y Cuba resulta un socio muy costoso.

Venezuela envió durante años a Cuba grandes cantidades de petróleo que intercambiaba por servicios de variada índole: médicos y colaboradores en diversos campos, incluyendo militares. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania y el consiguiente encarecimiento de combustibles que ella ocasionó, sacaron a relucir el lado más pragmático de las administraciones norteamericana y Bolivariana.

A pesar de los iniciales pronunciamientos del gobierno de Maduro en respaldo a Putin, y de la crítica ante la violación de derechos humanos en Venezuela por parte del gobierno de Biden (que, ¡oh Maquiavelo! tampoco ha desdeñado a Arabia Saudita); el Norte ve hoy con mejores ojos a sus vecinos del Cono Sur que, casualmente, disponen de las mayores reservas petroleras en la región. Nosotros, les recuerdo, ni azúcar (que está a quinientos dólares la tonelada, dígase de paso). Y ahora, tampoco el petróleo al que estábamos acostumbrados.  

Habría mucho más por decir, sobre todo de los factores subjetivos, pero el espacio no lo permite. Que estas mínimas pautas sirvan a nuestros decisores para que lo piensen tres veces antes de proclamar un triunfo que, parafraseando al anterior primer secretario, es muy indebido. O más bien, para ser coherentes con mi argumento inicial, puede ser considerada la más reciente victoria pírrica en los anales de la historia.

22 julio 2022 29 comentarios 2k vistas
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Tiempo

Cuestión de tiempo

por Alina Bárbara López Hernández 30 mayo 2022
escrito por Alina Bárbara López Hernández

Dos grandes adversarios tiene ante sí la clase política que detenta el poder en Cuba: el tiempo malgastado y la pérdida del monopolio de la información y las comunicaciones. La hostilidad de los Estados Unidos, y el injusto bloqueo que es su secuela más evidente, influyen negativamente pero no representan el principal obstáculo; lejos de eso, han permitido justificar políticas erróneas e ineficacias internas de vieja data.

El tiempo infinito de la burocracia

Cuando en abril del 2011, once años atrás —en medio del 6to Congreso del PCC—, los Lineamientos proclamaron al 2030 como meta hipotética o puerto de llegada a un socialismo «próspero y sostenible» (devenida utopía discursiva) ya el bloqueo estaba allí, era, por tanto, un miembro de la ecuación. Trump no estaba. Ni la pandemia. Otra cosa que estaba era una infraestructura básica en condiciones de franco deterioro.

¿Cómo fue posible entonces anunciar una transformación de la economía nacional sin haberse propuesto asimismo transformar previamente, o al menos en una fase inicial, la infraestructura básica? Esta pregunta es esencial. Nuestra burocracia política es muy dada a definir conceptos generales en pose grandilocuente, pero rara vez consigue operacionalizarlos en estrategias viables que se concreten en el corto, mediano y largo plazos.

Tampoco logra concebir las medidas en forma de sistema. De modo que la lentitud, estancamiento o no realización de proyectos se debe también a que se han aprobado decisiones imposibles de concretar, pues otras debieron ser tomadas antes o al mismo tiempo, y no después. O nunca.

En una isla estrecha y alargada debió haber sido más fácil mejorar el estado de carreteras, autopistas, calles, caminos, viales y ferrocarriles que en extensos territorios continentales. No lo ha sido. Hace pocos meses viajé desde Matanzas al poblado Los Palos, en la provincia de Mayabeque. Fueron necesarias más de dos horas para recorrer apenas setenta y cinco kilómetros por el estado de las carreteras, verdaderos caminos vecinales olvidados de Dios.

Una carretera central construida en tiempos de Gerardo Machado, durante la primera mitad del pasado siglo, y una autopista que llega solo hasta la provincia de Sancti Spiritus —ambas en muy mal estado y testigo de dramáticos accidentes—, son las vías más importantes del país. El resto, mientras más alejadas de la Carretera Central en peores condiciones están. Una excepción es la Vía Blanca que conecta La Habana y Matanzas, construida en tiempos de Batista cuando grupos mafiosos del Norte se interesaron en el turismo insular.  

Tiempo

(Foto: todocuba.org)

Los ferrocarriles, por su parte, presentan pésimo estado a pesar de que el nuestro fue el segundo país del hemisferio en estrenar el innovador medio de transporte en 1835, aun antes que la metrópoli española. Eso en cuanto al transporte interprovincial. Respecto al urbano, ni la capital ni ninguna ciudad importante cuenta con un metro que ayude a descongestionar la transportación citadina, que se convierte en lucha cotidiana de las personas para trasladarse a sus centros laborales.  

De la generación eléctrica, qué decir que no suframos cotidianamente. Cuba produce casi toda su electricidad mediante termoeléctricas que utilizan el petróleo nacional, muy pesado y rico en azufre, con el consiguiente desgaste técnico por mantenimientos y roturas. La más aportadora de todas, la planta matancera Antonio Guiteras, fue construida para producir electricidad con eficiencia por treinta años. Ya tiene treinta y cuatro. El socialismo sostenible requeriría una energía ídem que no parece haber estado entre las prioridades del diseño reformador.

En la época de gran afluencia de recursos provenientes del campo socialista, se comenzaron la autopista y una central electronuclear que quedaron inconclusas. Contamos igualmente con conductoras ineficientes y muy pocos centros de tratamiento de agua; redes telefónicas técnicamente antiguas; y limitado abastecimiento de gas, que se concentra en determinadas ciudades y zonas.    

No sin razón se le denomina infraestructura básica o crítica, pues describe bienes esenciales para el funcionamiento de una sociedad y economía sin los cuales es difícil sustentar otros procesos y cambios. Tal es así, que su estado es uno de los aspectos que tiene en cuenta la inversión extranjera antes de aventurarse en cualquier país. Algo que evidentemente no ha sido una preocupación para los que atienden ese ámbito en Cuba.

No creo que privatizar tales bienes sea la solución para su correcto manejo, ya que por su carácter estratégico deben ser de propiedad pública, o al menos mixta en determinados sectores. Pero su estatalización y la consiguiente falta de democracia en el manejo de lo público en Cuba, impidió a la ciudadanía intervenir en su proceso de administración y gestión, lo que incluye las inversiones necesarias para un adecuado funcionamiento.

Existen experiencias que documentan cómo la sociedad civil cubana funcionó en tanto mecanismo de presión sobre autoridades de gobierno para el manejo de infraestructura básica. Citaré como ejemplos al Comité Pro-calles de Cárdenas y al Patronato Pro-calles de Matanzas durante la República, hay muchos otros.

Este último actuó entre 1941 y julio de 1959 y se caracterizó por su aporte desinteresado y su honradez administrativa. Se financiaba en parte con fondos del gobierno municipal o provincial, y en parte con fondos particulares a través de una cuota mensual voluntaria de un peso, entregada por personas asociadas; escuelas públicas y privadas; negocios, industrias y comercios locales; asociaciones profesionales y obreras; sindicatos, logias masónicas, partidos políticos, medios de prensa, clubes, asociaciones… Su declive tuvo lugar durante el gobierno de Carlos Prío, cuando se prohibió inyectar fondos estatales a proyectos gestionados por particulares.

El prestigio de esa organización cívica fue tan grande, que cuando el 7 de enero de 1959 la Caravana de la Libertad pasó por Matanzas, el pueblo solicitó a Fidel Castro que el acueducto de la ciudad —subastado en 1958 por treinta años a la empresa Servicios Públicos Unificados, como parte de un turbio negocio—, fuera administrado por el Patronato Pro-calles, lo cual se aprobó, aunque por apenas dos meses. (1)

Tiempo   

Los que gobiernan Cuba —devenidos clase política con el decursar de los años—, se adaptaron desde el inicio del proceso revolucionario a administrar mal y a no rendir cuentas. No debían temer nada y, efectivamente, durante décadas nada se les reclamó. No era posible. En buena medida por la confianza en ellos de gran parte de la ciudadanía, pero también porque no existía modo de confrontar decisiones erróneas en el uso de los fondos de inversión de las empresas, el manejo de créditos, inversiones y deudas; la concertación de negocios, licitaciones o contratación de servicios y, más recientemente, en la transferencia y/o disolución de la propiedad pública.

Desde la desaparición del campo socialista hasta hoy, han sido innumerables las estrategias, proyectos y planes anunciados para revertir la situación de la economía cubana. He aquí algunos de los más significativos en orden cronológico: proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas, proceso de Perfeccionamiento empresarial, creación del holding Gaesa, desmontaje de la industria azucarera, Programa electro-energético nacional, proceso de Actualización de la economía cubana, experimento de Artemisa y Mayabeque, Zona Especial de Desarrollo Mariel, Tarea Ordenamiento.

A tenor con su costumbre de dilapidar el tiempo, quizás los decisores no se han percatado (¿o sí?) de que solo restan siete años y medio para el ansiado 2030. En ese breve plazo casi todo está por hacer, de modo que nuestra élite política empieza a reciclar expectativas en lugar de reciclarse a sí misma.

Veinte años después de su decisión de desmontar la industria azucarera, se nos informa que Raúl Castro convocó a salvarla. Dicha convocatoria llega justo a tiempo: la zafra del 2021 es la más baja desde 1959. En esa vuelta en círculos también se apela a la revitalización del ALBA. Nada que no hayamos visto antes.

No obstante tales dejavus, la realidad se muestra implacable, agravada asimismo por más de dos años de pandemia. La temporada turística fue decepcionante, lo que no se explica únicamente por la situación que generó la Covid-19, si se comparan los resultados del año con los de países del área turística caribeña.

Para Cuba, cuyo Estado ha destinado en el último lustro el mayor por ciento de sus inversiones a la construcción inmobiliaria asociada al turismo, esas cifras son elocuentes indicadores del fracaso en la concepción del modelo económico, que como bien ha demostrado el economista Mauricio de Miranda, solo ha conducido a la persistencia del subdesarrollo y al mantenimiento de la pobreza generalizada.

La necesidad de pagar la deuda externa contraída, más las escasas fuentes de financiamiento provenientes del exterior; retroalimentan una situación interna de crecimiento acelerado de la inflación, aumento sostenido de precios, escasez de alimentos y productos esenciales y enorme descontento ciudadano, que se expresó como estallido social hace casi un año.   

A fines de 2019 el presidente Miguel Díaz Canel exhortó a vivir «los próximos días y horas como si triunfara la Revolución otra vez». Su solicitud era congruente con la costumbre, descrita por Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de las generaciones que:

 «(…) aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria [que] es precisamente cuando conjuran temerosos en su exilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal».

En lugar de vivir «como si triunfara la Revolución» deberíamos lograr que triunfara una que nos libere de la «burocracia empoderada», como denomina el estudioso Mario Valdés Navia a esa clase política que ha enajenado para sí el poder al excluir a la ciudadanía de cualquier decisión. Bien la describe un fragmento del ensayo «Los excluidos», del profesor René Fidel González García:

Los que han manejado durante muchos años la información pertinente y objetiva de todas las ramas de la sociedad cubana, los que han podido incluso evaluar e intentar corregir a partir de datos y evidencias suficientes los errores y deformaciones que ellos suponen, los que han podido articular e instrumentar durante todo este tiempo propuestas y decisiones como políticas públicas en un orden de complejidad sistémico, los que han dominado en todo momento los umbrales de incertidumbre y los riesgos de cada escenario, nos han llevado, por la acumulación y calidad de sus actos de gobierno, por los propios límites y la soberbia presentes en sus aprendizajes y desenvolvimiento, por el goce inapelable de la impunidad y la imposibilidad de la exigencia de cualquier tipo de responsabilidad y control de sus actos, por la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas reales, a una situación de desastre estratégico, a una situación potencialmente inestable y catastrófica para futuras generaciones pero de seguro crítica y difícilmente reversible en el orden económico y social (…)   

Ese grupo cree que puede mantenerse exclusivamente mediante la coacción y la instrumentación de la ley a su favor. Se equivoca.

«Los perros metidos en el tabaco»

Con permiso de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, bautizo este epígrafe con una frase coloquial suya, eco de su natal Pinar del Río, que usara en una reunión del 2018 de la cual conocimos hace poco. El funcionario alertaba a sus pares de la Fiscalía y el Minint que con la nueva Constitución los abogados podrían intervenir desde el inicio en la fase de instrucción penal y serían tan incómodos como «perros metidos en el tabaco».

En un modelo político como el de Cuba, una ciudadanía activa y dispuesta a participar en los asuntos públicos es, ni más ni menos, semejante a una enorme jauría. Sobre todo cuando tiene todos los motivos para estar molesta. Dicho modelo detenta, como condición sine qua non, el monopolio  de la información, las comunicaciones y la opinión pública.

En mi artículo anterior argumentaba que «Un partido único se puede mantener si existen estas condiciones: 1) control casi absoluto de la información y de la opinión pública y 2) ciertos niveles de consenso y prosperidad social, incluso en condiciones de austeridad. Puede fallar una de ellas, pero no ambas. Ninguna está presente en Cuba hoy».

El grupo de élite que determina la política insular parece convencido de que con mano dura (evidente en el Decreto-Ley 35, en la severidad de las penas a las personas detenidas el 11 de julio y en el nuevo Código Penal) solucionará el creciente disenso. Ya la propia Constitución, que crearon a su imagen y semejanza, les resulta incómoda y dejan muy claro que penalizarán la «práctica abusiva de derechos constitucionales». Pero es precisamente practicando tales derechos que se podrá influir en el presente y el futuro de la nación para que la burocracia empoderada no siga definiendo proyectos y estrategias que no está en sus manos, ni en su voluntad, cumplir.

Hace unos días se suscitó un interesante debate en Facebook a partir de la valoración de hipotéticas opciones de cambio político para Cuba sugeridas por José Gabriel Barrenechea. Una de ellas cuestionaba la definición de situación revolucionaria, al argüir que el modelo cubano ha demostrado que «los de arriba» pueden mantenerse siempre que «su aparato represivo funcione y la élite se mantenga unida».

No se interpretaba bien ahí el verdadero significado de la frase de Lenin: «que los de arriba no puedan». No se trata de que puedan porque posean la fuerza del aparato represivo; se trata de que puedan continuar en el poder usando los métodos tradicionales de gobierno. Lo cual, para el caso de un Partido y gobierno que se define de izquierda y popular, significaría no abandonar esa actitud para asumir cada vez más un cariz abiertamente anti-constitucional, violento y dictatorial.

Se trata de poder gobernar manejando ciertos niveles de legitimidad, pero esos niveles han disminuido peligrosamente en los últimos tiempos, sobre todo tras el 11 de julio. Si se acudiera única o esencialmente a la fuerza represiva para mantener el poder, ello ocasionaría (ya se está viendo) que el costo político y (no perder de vista) el económico sean tan elevados que no puedan pagarse sin que repercuta en un aumento consiguiente del disenso, que conduciría asimismo a mayor represión, en un proceso de alimentación recíproca o relación directamente proporcional.

Sin embargo, tal proceso no puede ser eterno, pues no existe posibilidad para el gobierno de mantenerse mucho tiempo sin recuperar legitimidad y aumentar el consenso en alguna medida. Eso si pretende continuar presentándose ante los ojos de la ciudadanía y de la comunidad internacional como popular y de izquierda, cosa cada vez menos creíble.  

En el artículo «Cuba, los árboles y el bosque», de finales del 2020 resalté la novedosa coexistencia de condiciones objetivas y subjetivas para una transformación sociopolítica del modelo cubano. Afirmé entonces: «La cuestión que está en juego ahora no es si hay que cambiar, sino cómo hacerlo».

Continúo pensando igual, creo que es una cuestión de tiempo y sigo defendiendo medios pacíficos para el cambio. La incógnita sería entonces: ¿Un cambio para construir un inexistente socialismo democrático o que apueste a una perspectiva pro-capitalista?  Pero eso será objeto de un próximo análisis.

***

(1) Caridad Contreras: El Patronato Pro Calles de Matanzas. Una respuesta ciudadana, Ediciones Matanzas, 2009.

30 mayo 2022 40 comentarios 3k vistas
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