Autor

Alexei Padilla Herrera

Comunicador Social, profesor e investigador. Máster en Comunicación Social por la Universidad Federal de Minas Gerais

Prensa y censura en tiempos de la NEP

por Alexei Padilla Herrera 26 marzo 2021

escrito por Alexei Padilla Herrera

La Nueva Política Económica (NEP) fue la estrategia implementada por Lenin a partir de marzo de 1921 para recuperar la vitalidad de un país devastado por una cruenta guerra civil, en la que el Ejército Rojo derrotó a las fuerzas reaccionarias y nacionalistas que intentaron detener el avance de la Revolución Socialista de 1917.

El crecimiento de los sectores estatal y privado que se alcanzó durante ese período, propició el aumento de la calidad de vida y un despertar cultural. «Nadie puede negar −afirmó el sociólogo ruso Boris Kagarlitski−, que los años veinte (del siglo pasado) fueron una época extremadamente fructífera para la literatura, la pintura, la crítica de arte y la vida espiritual rusa, en general».

No obstante la amplia libertad de expresión, creación y hasta de prensa de que gozaron diversos grupos de artistas e intelectuales en aquella etapa; el ejercicio de esos derechos no se extendió en igual medida al periodismo diario. La relativa autonomía del campo cultural −considerado por los comunistas como un nicho de pequeño-burgueses que con el desarrollo del socialismo se extinguiría−, contrastaba con la subordinación de la prensa y la política informativa a la cúpula del Partido y con la disciplina soldadesca impuesta a los periodistas e intelectuales partidistas.

Vladimir Ilich Lenin era defensor del carácter propagandístico de los periódicos. Los medios revolucionarios −decía− debían actuar como orientadores (informar), organizadores y movilizadores de la clase obrera. En las jornadas que precedieron a la Gran Revolución Socialista de octubre de 1917, ya había elaborado una parte de los principios que orientarían la labor de la prensa cuando los bolcheviques tomaran el poder político.

En cualquier sociedad la prensa sirve a la clase dominante.
El financiamiento de los periódicos debe ser controlado por el Estado, dirigido por el partido que representa al proletariado.
Los periódicos forman parte de las organizaciones políticas y sus periodistas son activistas políticos.
La libertad de prensa depende del acceso y uso, por parte de todos los segmentos de la sociedad, de los medios tecnológicos para la publicación de periódicos.
Permisibilidad de la diversidad de opiniones solo dentro de los límites del pensamiento tenido como marxista.

Después del derrocamiento del gobierno provisional, y a la espera de la contraofensiva de las fuerzas burguesas encabezadas por Kerensky, los aliados de Lenin presentaron ante el Comité Ejecutivo Central Panruso (TSIK) un proyecto de resolución sobre la prensa.

Alexander Kerensky

El documento denunciaba los vicios de la libertad de prensa burguesa y aseguraba que para el gobierno de obreros y campesinos ese concepto significaba liberar a la prensa de la dominación del capital. En consecuencia, se proponían estatizar las imprentas y fábricas de papel, y ponerlas al servicio de aquellos grupos de ciudadanos que tuviesen un mínimo de 10 mil integrantes.

El proyecto no contó con el apoyo unánime de todos los bolcheviques ni de las distintas agrupaciones que participaron en el llamado Octubre Rojo. León Trotski argumentó que los adversarios de la revolución aún no habían sido derrotados, que los periódicos eran armas en sus manos y, por tanto, su clausura era una «medida de legítima defensa».

Lenin, por su parte, consideró que no se podía brindar a la burguesía la posibilidad de calumniar a los revolucionarios y que, como cuestión de principios, la libertad de la prensa dependiente del capital no debía ser admitida.

Tras una intensa deliberación −documentada por el periodista John Reed en Diez días que estremecieron al mundo−, el proyecto de resolución fue aprobado y dio paso a la publicación de un decreto. A tenor con ello, desde el 10 de noviembre de 1917 fue prohibida la circulación de cualquier órgano de prensa que abogara por la oposición abierta o la insubordinación al gobierno, faltara a la verdad en la cobertura de eventos o promoviera cualquier actividad criminal.

Antes de concluir el convulso 1917, los bolcheviques tomaron otras medidas para asegurarse el control de la palabra impresa. El 21 de noviembre, una norma legal dispuso la estatización de los servicios publicitarios con el fin de privar a la prensa burguesa de su principal fuente de ingresos y, consecuentemente, abolir la propiedad privada sobre los medios de comunicación. En tanto, el 18 de diciembre fue establecido el Tribunal Revolucionario de la Prensa, cuya función era investigar y punir los delitos cometidos contra el pueblo, mediante el uso de la misma. La corte podía imponer a los infractores sanciones que iban desde multas y confiscación de imprentas hasta cárcel y destierro.

El investigador británico Brian McNair explica que la bolchevización de la prensa en la Rusia soviética significó la virtual eliminación de los medios de comunicación privados. Entre 1917 y 1918, unas tres mil doscientas publicaciones fueron clausuradas, por medio de medidas legales y administrativas dictadas por el gobierno, y otras cerraron por falta de financiamiento y por la disminución de ventas.

Aunque las primeras que desaparecieron fueron las publicaciones antisoviéticas y antibolcheviques −durante la guerra civil (1918-1921) −, el resto de los partidos socialistas fueron excluidos igualmente del juego político y sus órganos de prensa censurados primero y prohibidos después.

En marzo de 1919, el aparato mediático del país ya estaba en manos de los bolcheviques y se consolidó un sistema de prensa al servicio exclusivo del partido en el poder. Finalmente, en 1922 todos los partidos de oposición fueron ilegalizados.

La bolchevización de la prensa no estuvo exenta de críticas. A las suscitadas durante la sesión que en noviembre de 1917 había discutido el referido proyecto de Resolución sobre la Prensa, y las provenientes de los periódicos burgueses afectados por las medidas impuestas después de la publicación del citado decreto, se añadió la asumida por el escritor Máximo Gorki, el cual se opuso públicamente a la censura y el control estatales de los medios de comunicación.

Máximo Gorki

El autor de La madre argüía que las medidas decretadas comprometían la democracia revolucionaria y creaban mártires políticos. Fue previsor cuando expresó que en el futuro las restricciones a la libertad de prensa provocarían «una vileza que no solo se volverá contra toda la democracia, sino principalmente contra la clase obrera», y sentenció que «la clase obrera será la primera en pagar y pagará más que nadie por la estupidez y los errores de sus dirigentes».

**El canto de cisne de la libertad de prensa**

Durante los meses previos a la implementación de la Nueva Política Económica, las restricciones a la libertad de prensa impuestas en el curso de la guerra civil serán relegadas temporalmente. En ese período resurgieron editoras privadas y publicaciones no bolcheviques que permitieron la difusión de los intensos debates. Tal escenario contrastará con el silencio y el unanimismo que poco después, y por más de seis décadas, distinguirán a los medios soviéticos.

Este brevísimo oasis de libertad de expresión y prensa dentro de la Revolución rusa, tenía sus días contados. En el X Congreso del Partido, celebrado en marzo de 1921, Lenin logró que fuera aprobada una resolución encaminada a prohibir el divisionismo y a limitar el debate en las filas de la organización. Es probable que los máximos dirigentes soviéticos pensaran que las desavenencias políticas e ideológicas entre las diversas tendencias que existían al interior del Partido podrían salirse de control y provocar luchas por el poder, un cisma, e inclusive, un nuevo conflicto armado.

En ese mismo año, Gavril Myasnikov, obrero metalúrgico en los Urales y militante comunista, envió un manifiesto al Comité Central del Partido para demandar que los propios soviets de productores administraran la industria y que fuera restaurada la libertad de prensa para todos los trabajadores. Myasnikov consideraba que con la victoria de «los rojos» en la guerra civil y el fin de la situación de emergencia, nada justificaba la restricción de ese derecho.

Gavril Myasnikov

Lenin objetó la afirmación de que la libertad de prensa ya no existía en la Rusia soviética y la redujo a la categoría de «eslogan mundial» que «expresaba las ideas de la burguesía progresista, en su lucha contra reyes, sacerdotes, señores feudales y terratenientes». Desde esa perspectiva, profundamente instrumental y simplista, la reclamación Myasnikov no tenía lugar, pues en la Rusia soviética, según el líder soviético, se estaban empleando otros métodos para liberar a las masas de la influencia de clérigos y terratenientes.

Finalmente, explicó que la burguesía continuaba siendo muy fuerte fuera de las fronteras de Rusia, y que poner en sus manos un arma como la libertad de organización −que él igualaba a la libertad de prensa por su papel en la organización política−, facilitaría la tarea del enemigo de clase.

Insatisfecho con la respuesta de Lenin, Myasnikov realizó una campaña por el restablecimiento de la libertad de prensa a nivel local. Con ese fin publicó, al margen de las editoriales partidistas, el libro Materiales de debate. El trabajador metalúrgico, acusado de cometer esa y otras indisciplinas, fue expulsado del Partido en 1922.

La censura de prensa sería restablecida también en ese año. Entre sus primeras víctimas estuvo las revistas disidentes Mysl (Pensar) e Economist. El Partido decidió clausurarlas y expulsar a sus principales colaboradores.

Fiel a los postulados que había elaborado para orientar el funcionamiento de los medios en un estado socialista, Lenin nunca aceptó que la libertad de prensa era un derecho vulnerado en la Rusia soviética y, hasta su muerte, se resistió a restablecer lo que, en sus palabras, era «un mito burgués».

Glosas de lo político en tiempos de la NEP

Tal vez no imaginó, o quizás sí, que de la total subordinación de la prensa al Partido surgiría un aparato mediático que en lugar responder a la institución, se supeditaría a la de sus máximos dirigentes. La falta de autonomía de los medios de comunicación los hizo muy vulnerables al abuso de Stalin y sus acólitos.

Bajo el terror estalinista, la libertad de prensa no fue permitida ni siquiera en los términos definidos por Lenin. Su idea de un monopolio mediático en manos de la clase obrera −justo lo que Myasnikov defendió a su manera−, fue subvertido y la libertad de expresión absolutamente eliminada.

A medida que el exseminarista georgiano consolidó su liderazgo en el Partido Comunista, los medios comenzaron a funcionar como instrumentos de su poder personal. El «nuevo zar de todas las Rusias», apunta el comunicólogo Mark Hopkins, instituyó un modelo que exigía una prensa funcional, ideológicamente pura y que actuara como un obediente servidor del Partido.

Durante casi tres décadas, la crítica constructiva y partidista prácticamente desapareció de los medios. Stalin usó el monopolio mediático contra el Partido y el pueblo, concluye el investigador inglés.

Ese modelo de prensa fue el paradigma de los adoptados en los países que, por voluntad propia, coerción o al borde de la debacle económica, asumieron regímenes políticos y modelos económicos inspirados en la experiencia soviética, sobre todo del período que se inició después del ascenso de Stalin y el desmontaje de la NEP.

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Referencias

Hopkins, M.: Lenin, Stalin, Khrushchev: Three Concepts of the Press. Journalism & Mass Communication Quarterly ,42, 4, 1965.

Mcnair, B.: Glasnost, perestroika and Soviet media. London & New York: Routledge, 2006.

Lenin, V.I.: Acerca de la prensa. Moscú: Editorial Progreso, 1979.

26 marzo 2021 13 comentarios 1493 vistas

El síndrome del perro del hortelano

por Alexei Padilla Herrera 16 febrero 2021

escrito por Alexei Padilla Herrera

Hace unos días, el jurista y profesor universitario Julio Antonio Fernández Estrada tuvo a bien invitarme a la primera mesa de debate coordinada por Articulación Plebeya. El tema a debatir abordaría las formas y los retos para un diálogo en Cuba, no entendido únicamente como encuentros, formales o no, entre instituciones estatales y sus públicos con el fin de analizar determinadas demandas; sino también como el intercambio respetuoso, pacífico, honesto y constructivo entre diferentes actores que hacen parte de una sociedad civil mucho más diversa, plural y conflictiva.

Compartir el espacio con los investigadores Ailynn Torres Santana y Carlos Alzugaray, con el educador popular Ariel Dacal, el dramaturgo Yunior García Aguilera y la artista visual Camila Lobón, fue una experiencia gratificante y enriquecedora. Aunque en Brasil he participado en diversos debates académicos y políticos con colegas que defienden diferentes visiones del mundo y militan en disímiles causas, por primera vez tuve la oportunidad de ser parte de algo parecido en Cuba.

Aceptamos la convocatoria de Articulación Plebeya sensibilizados unos y afectados otros por la escalada de violencia simbólica y física, así como por la puesta en práctica de diferentes formas de asedio contra artistas e intelectuales. Todo eso frente a la actitud de un Estado que, en lugar de dar pasos para resolver conflictos que no son insalvables, contribuye a agudizarlos.

Transmitida a través del perfil de Articulación Plebeya en Facebook, la Mesa fue una suerte de ensayo —práctica de laboratorio— de lo posible. Un experimento en el que los actores convocados expusieron sus argumentos sin ofensas, zancadillas, descalificaciones ni unanimidades. No estuvimos allí para discutir sobre ideologías y teoría democrática, sino para defender la importancia y necesidad del diálogo y de la formación de una cultura cívica y democrática en la sociedad cubana.

La transmisión no estuvo exenta de tropiezos. A duras penas Yunior García y Camila Lobón pudieron contar sus experiencias como integrantes del 27N, el colectivo de artistas e intelectuales que, a fines de noviembre de 2020, justo después del operativo policial contra la sede del Movimiento San Isidro, se reunió espontáneamente frente a la sede del Ministerio de Cultura, no para tomarlo violentamente sino para exigir la apertura de un proceso de diálogo con las autoridades culturales de la Isla. Tal vez por azar o de forma deliberada, los móviles de Yunior y Camila dejaron de conectarse a la red de datos móviles. El dramaturgo pudo acceder por medio de otro teléfono, pero la artista visual debió enviar un audio de su intervención.

Durante la emisión, junto a los comentarios, preguntas, demostraciones de solidaridad y críticas fundadas; no faltaron los esperados mensajes de odio, las amenazas veladas y descalificaciones, especialmente dirigidas a Yunior, Camila y Julio Antonio Fernández Estrada, nuestro moderador. Horas después, Alexis Triana, funcionario del Mincult, compartió un regalo que agradezco: un meme para ridiculizarme. Por su parte, el domingo 14 de febrero, Granma publicó un escrito con acusaciones sin fundamento y repleto, eso sí, de lugares comunes y frases hechas. Su mensaje se reduce, en esencia, a afirmar que todo diálogo al margen de la institucionalidad es una actividad contrarrevolucionaria y que todos los que disienten son mercenarios.

El gran número de mensajes recibidos, el poco tiempo del que disponíamos para intervenir y los imprevistos que se presentaron durante la directa, no permitieron una mayor interacción con los internautas. No se censuró a nadie ni se borró ningún comentario, y al final de la Mesa, la profesora Ailynn Torres respondió cinco preguntas enviadas por una usuaria.

En la primera de mis dos intervenciones, me referí a los habituales juicios mediáticos contra opositores, artistas e intelectuales críticos. Expresé que si bien no se trataba de un fenómeno exclusivo de Cuba, la discusión acerca de la naturaleza ética y la legalidad de los juicios paralelos o mediáticos no se limita al derecho de los medios estatales —y del Estado mismo— a la libertad de expresión, de prensa y a divulgar información de interés público, sino que incluye igualmente un juicio justo a los supuestos infractores de las normas de convivencia social apreciadas por los detentores del poder real, que debe respetar derechos como: la presunción de inocencia, el derecho al honor, a la intimidad, la privacidad y el derecho a la réplica.

Afirmé además, que allí donde existen, el objetivo de los juicios mediáticos no es otro que influenciar y predisponer a la opinión pública a favor o en contra de los imputados, sin esperar las decisiones de los órganos encargados de impartir justicia. Tales prácticas minan la credibilidad de un sistema de justicia que, en el caso de Cuba y hasta donde sabemos, no ha procesado ninguna de esas denuncias por motivos tampoco explicados.

Antes del cierre de la Mesa de debate, expresé que un régimen político que no reconozca el pluralismo político, desmerezca el diálogo y criminalice el disenso, no puede presentarse como una democracia. Por «democracia sin apellidos», sin etiquetas, me referí no a una democracia desideologizada, sino a la necesidad de corroborar empíricamente, a partir de indicadores bien definidos, el carácter democrático o no de un determinado régimen político.

Al instante, la frase «democracia sin apellidos», provocó comentarios oportunos de los colegas Ailynn Torres e Hiram Hernández, al tiempo que, sacada de contexto, dio combustible para turbinar la reacción airada de quienes con frecuencia alternan su rol de presuntos defensores de las causas más nobles de la humanidad en sus columnas de la prensa oficial, con el de haters, manipuladores, falseadores de discursos ajenos y apologistas del estalinismo neoliberal. En pocas palabras, de los ejecutores —desde la seguridad que ofrecen las redes sociales y el aval estatal—, del trabajo sucio que figuras de mayor abolengo intelectual, burocrático o partidista no pueden realizar para no faltar al decoro que sus cargos exigen.

Nosotros, que también tenemos decoro y sentido cívico, no nos dejaremos llevar al estercolero al que no pertenecemos y en el que habita la hornada que redujo el simbolismo de la Revolución cubana a dos expresiones bien yanquis: sexy y cool, sin que los cancerberos ideológicos allí presentes se inmutasen. La banalización de la propia Revolución que dicen defender es otro de los recursos de lucha.

En otro momento comenté, que en países como China y Vietnam, la legitimidad del modelo social no dependía de la naturaleza del régimen político establecido, sino de los niveles de desarrollo y prosperidad individual y social alcanzados en los últimos treinta años, y que por tanto, las autoridades cubanas tenían dos problemas muy serios. Uno político, dadas las prácticas que delatan los déficits democráticos de un modelo que se presenta, o es presentado, como la superación en todos los sentidos del modelo de democracia adoptado por la mayoría de los países occidentales. Otro económico, a tenor de las dificultades que obstaculizan —bloqueo incluido— la concreción del «socialismo próspero y sostenible» del que, por cierto, hoy poco se habla.

Durante la mesa, Carlos Alzugaray atribuyó la falta de una cultura del diálogo a dos factores fundamentales: la política agresiva de los Estados Unidos contra Cuba, bloqueo incluido, y una serie de errores internos que van desde lo económico hasta lo político. Aunque nunca he negado la materialidad de los factores mencionados por el doctor Alzugaray, nuestra principal divergencia radica en el peso otorgado a cada uno de ellos.

La expresión que se atribuye a Ignacio de Loyola, según la cual en una fortaleza sitiada cualquier disidencia era traición, aplicada al caso cubano, sostiene que el estado de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, determina a su vez el clima de las relaciones Estado-sociedad civil en la Isla. Sin embargo, la ponderación del bloqueo y del historial de agresiones y planes de cambio de régimen ejecutadas o patrocinadas por Washington, tiende a negar las características inherentes a un proyecto social que tuvo como principal referente, sobre todo a partir de la década del setenta del siglo pasado, al fracasado modelo soviético.

Dicho modelo, desde la guerra civil, pasando por el posterior ascenso de Stalin y hasta la Perestroika de Mijaíl Gorbachov, se caracterizó precisamente por la ampliación de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, la industrialización acelerada —con alto costo en vidas— y grandes hazañas científicas y tecnológicas; pero supeditó la ampliación de los derechos políticos y civiles a la obtención de la victoria sobre el capitalismo y al posterior establecimiento de una sociedad comunista. Fue un Estado que asumió una interpretación del marxismo que consideraba burguesas, y por tanto prescindibles, nociones como estado de derecho, y que subordinó los derechos y libertades de los individuos a los objetivos políticos del partido único.

Así las cosas, si un pecado han de purgar los fundadores y dirigentes de los antiguos regímenes socialistas de Estado, es que en ninguno floreció la democracia política. Al respecto, el filósofo político V. P. Mezhuev consideró que «para un país situado en la periferia, es difícil combinar modernización con democracia y libertad». El socialismo soviético, aseguró por su parte el filósofo y escritor ruso Nikolai Berdiaev, fue realmente «un “capitalismo a la rusa”: capitalista en su contenido tecnológico y anticapitalista en la forma». O sea, capitalismo en la práctica y socialismo en el discurso.

Socialismo con características chinas es tal vez uno de los pocos eufemismos que podemos achacarle a los dirigentes del país que, en menos de tres décadas, se convirtió en la segunda economía del planeta y hoy le disputa la hegemonía económica y política a los Estados Unidos. El Partido Comunista de China, como apuntó Moshe Lewin, combinó la modernización por medio de la economía de mercado sin que hasta hoy renunciara a su sistema político antidemocrático. Reitero, sin ambages y sin venderse como un modelo de democracia verdadera.

En Cuba, donde desde 1991 la prioridad del Estado y de la sociedad no es más la consecución del comunismo —si bien de forma simbólica se mantiene en la Constitución—, sino la preservación de los derechos sociales y económicos adquiridos después del triunfo de la Revolución; ha quedado muy claro que la restricción de derechos políticos y civiles a todos los ciudadanos, en especial, a aquellos que divergen de los postulados y prácticas defendidos por el Partido Comunista, como en la URSS, responde a una cuestión muy pragmática: la preservación del Estado y del poder del grupo, casta o clase que lo dirige.

A los elementos mencionados por Carlos Alzugaray —errores internos y asedio externo—, yo agregaría dos más: la cultura política dominante en nuestra sociedad y los efectos de la crisis económica que nos agobia desde que tengo uso de razón, potenciada ahora por la actual situación sanitaria derivada de la pandemia.

Sobre la cultura política del pueblo cubano, la investigadora Velia Bobes explica que fue resultado de un largo proceso de formación que se inició en el siglo XIX y no ha concluido. Dicha autora, también cubana, afirma que la tolerancia, el diálogo, la negociación, la solución de conflictos y la moderación no son valores fundamentales de nuestra cultura política desde antes del triunfo de la Revolución de 1959.

La práctica política insular sigue la lógica schmidtiana de amigo-enemigo, que se complementa en esta expresión, muy popular en América Latina: «Para mis amigos, todo; a mis enemigos, la ley». No he consultado estudios comparativos sobre el nivel y características de la cultura política de las y los cubanos en diferentes períodos históricos, pero me arriesgo a afirmar que una de las diferencias principales es la incompatibilidad de la cultura política realmente existente con los valores, principios y normas que constituyen las bases de un régimen político democrático.

Por ejemplo, violencia, intolerancia e irrespeto al Estado de derecho, son incompatibles con principios presentes en las Constituciones cubanas de 1901 y 1940. En pocas palabras, la práctica estaba divorciada del deber ser, de la norma.

A partir de enero de 1959, los enfrentamientos clasistas e ideológicos que todo proceso revolucionario provoca, y la posterior adopción del modelo y marxismo soviéticos, mantuvieron, radicalizaron y legitimaron la intolerancia, el enfrentamiento, la violencia simbólica y física, y la falta de moderación como parte de nuestra cultura política. Aclaro que ellos son patrimonio de la mayoría de los ciudadanos cubanos, independientemente de su credo político, origen social, lugar de residencia y posicionamiento en relación al modelo social vigente en Cuba.

La intolerancia, la violencia, la intransigencia y la poca ponderación son males que lastran la normalización de relaciones entre los integrantes de la nación cubana. Tan es así, que en la primera emisión de la Mesa de debate, personas que hablaron en representación de sí mismas, que no presentaron ningún programa político, no hicieron promesas, no llamaron a la insurrección o a una nueva constituyente, ni ofrecieron soluciones salomónicas para resolver de una vez los problemas de Cuba; fueron tildadas de «demagogas» y «secuestradoras de la voz de la sociedad cubana».

La burocracia estatal y partidista está consciente de que el deterioro de las condiciones de vida del pueblo puede ser fuente de inestabilidad social, y perjudicada ella misma por la crisis que nos azota, se vio obligada a implementar medidas económicas postergadas por varios años y que se vuelven más impopulares de lo que ya eran debido a la actual coyuntura.

En momentos en que hasta actores de la izquierda crítica han denunciado el matiz neoliberal de algunas de las medidas del llamado «ordenamiento monetario», también presente en los discursos de algunos dirigentes llamados a defender y explicar la medidas; la maquinaria represiva se ha vuelto más agresiva y ya no distingue la derecha de la izquierda: todos son «enemigos», «mercenarios», «apátridas», «golpistas».

Es curioso que los mismos portavoces oficiosos —voluntarios y a sueldo—, que hace unos años dedicaron semanas enteras a calificar de centristas y neoliberales a economistas prestigiosos como Mauricio de Miranda, Pedro Monreal, Pável Vidal y Omar Everleny Pérez, parezcan hoy más preocupados en contener y denostar las iniciativas de los artistas e intelectuales impertinentes que en rechazar, por ejemplo, la eliminación, de un plumazo, del pago por antigüedad a los trabajadores del sistema de educación general.

Las descalificaciones recibidas en el perfil de Articulación Plebeya, los memes y posts que desde la semana pasada pululan en los muros de los defensores de la fe y comparsa, son de una agresividad equivalente a la del período brezhneviano, cuyo correlato cubano Ambrosio Fornet denominara el Quinquenio Gris, pero se inspiran en la idea estalinista de imponer el orden por medio de la violencia y el miedo.

A sabiendas o no, estos reclutas abrazan las enseñanzas de Steve Banon y acuden a discursos de odio, racistas, machistas y clasistas. En tal sentido, desconocen el valor, los derechos y la legitimidad del criterio ajeno a partir del discurso populista y fascista del «nosotros el pueblo» contra «ellos los no personas», alegato que apela al ninguneo, que manipula, miente y cuando no hay más recurso se victimiza, que es otra forma de mentir.

Los voceros oficiosos de la burocracia padecen el síndrome del perro del hortelano: no dialogan —dicen—, ni dejan dialogar. Nuevas Mesas de debate serán convocadas por Articulación Plebeya para disgusto de los autócratas criollos, sus fieles escuderos y los mercenarios/arribistas de signo inverso. Los émulos cubanos de la derecha iliberal, que seguirán travestidos de socialistas, habrán de acostumbrarse a la idea de que los que no nos conformamos con una Cuba cool y sexy, seguiremos defendiendo la importancia y la necesidad del diálogo.

16 febrero 2021 24 comentarios 2782 vistas

Las derrotas de Bolsonaro

por Alexei Padilla Herrera 25 enero 2021

escrito por Alexei Padilla Herrera

El domingo 17 de enero de 2020, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) autorizó el uso de dos vacunas para el combate al Covid19: la Coronavac y la desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. El anuncio trajo esperanza para un país que se acerca a 850 mil personas infectadas y 220 mil vidas perdidas.

En lugar de comandar los esfuerzos para contener el avance del nuevo coronavirus en uno de los países más desiguales del mundo, —aunque con la ventaja de poseer un sistema público de salud presente en todos los municipios de la Federación—, desde el inicio de la pandemia del SARS-Cov-2 el presidente Jair Bolsonaro emuló el discurso y los gestos de Trump. Afirmó que el Covid19 no era más una gripecita, exhortó el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, se manifestó contrario a medidas de distanciamiento social, en medio del crecimiento exponencial del número de contagios participó en manifestaciones de apoyo a su gobierno y contrarió las orientaciones emitidas por sus propios ministros de Salud —los doctores Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich—, a quienes sustituyó por Eduardo Pazuello, un general del ejército sin formación médica ni experiencia en el sector sanitario, pero que sabe hacer, y muy bien, lo que el presidente necesita: acatar lo que se le ordena.

Bajo el comando del general Pazuello, el Ministerio de Salud mandó a suspender las conferencias de prensa y obstaculizó la publicación de los números oficiales sobre el comportamiento de la pandemia en el país con el fin de ocultar la gravedad de la crisis sanitaria. La falta de transparencia del Gobierno federal obligó a la creación del Consorcio de Medios Prensa, un grupo conformado por las principales empresas periodísticas del país para divulgar diariamente los datos de la pandemia de Covid-19 suministrados por las secretarías de salud de los veintisiete estados brasileños.

Ante la inacción del presidente de la República, el Congreso, Poder Judiciario, gobiernos estaduales y municipales, Consejos de Medicina y diversas organizaciones de la sociedad civil, se unieron para evitar que la situación epidemiológica hiciera colapsar el sistema de salud y llevara al país, de más de 210 millones de habitantes, a una situación similar a la vivida en Italia, España o Nueva York durante los primeros meses del pasado año.

En abril de 2020, el Supremo Tribunal Federal reforzó la autonomía a estados y municipios para coordinar el combate contra el Covid19. De esa forma, la mayoría de los gobiernos locales pudieron ejecutar protocolos en sintonía con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. El Ejecutivo federal se limitaría al envío de los recursos materiales y económicos solicitados por gobernadores y alcaldes, y al financiamiento de vacunas y tratamientos eficaces contra el Covid-19.

Como Donald Trump, Bolsonaro se convirtió en un defensor del uso de la cloroquina en el tratamiento precoz a pacientes infectados con el nuevo coronavirus. Con su venia, el Ministerio de Defensa gastó 1,5 millones de reales —cerca de 280 mil dólares— para ampliar en dieciocho veces la fabricación de ese medicamento, según reveló en mayo pasado el medio Reporter Brasil. Desde entonces, el Ministerio Público investiga si el propio presidente determinó el aumento de la producción de un fármaco cuya eficacia en el combate del Covid-19 no había sido comprobada científicamente.

A finales de octubre de 2020, mientras el virus se expandía por todos los estados de la Unión, en vez de fortalecer el sistema de Salud, el Gobierno federal emitió un decreto que ordenaba la realización de estudios para evaluar la posibilidad de que el sector privado participara en la construcción y administración de las Unidades Básicas de Salud (UBS), equivalente brasileño a nuestros consultorios del Médico de la Familia.

La movilización de varios partidos políticos en el Congreso para derogar la norma jurídica presidencial y las duras críticas de organizaciones de la sociedad civil, como el prestigioso Consejo Nacional de Medicina, hicieron que esa misma tarde Bolsonaro publicara un nuevo decreto derogando el anterior. El rechazo a la privatización de las UBS no solo provino de los sectores de izquierda. Junior Bozella, diputado del Partido Social Liberal (PSL), el mismo que lanzó la candidatura del capitán Bolsonaro a la presidencia de la República, dijo a un medio local que para los 150 millones de brasileños necesitados de los servicios del Sistema Único de Salud, el decreto del presidente significaba una puñalada por la espalda y un atentado a la Constitución Federal, que garantiza a todos los ciudadanos el acceso universal y gratuito a la salud.

El factor Doria

Desde que en marzo de 2020 las autoridades sanitarias reportaran el primer caso de Covid19 en Brasil, João Doria, gobernador de São Paulo, se opuso al negacionismo del jefe del Ejecutivo federal. A tenor con ello, adoptó los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para evitar la sobrecarga de los hospitales en un estado de 44 millones de habitantes.

Afiliado al centroderechista Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB), periodista y publicista, João Doria es miembro de una de las familias de políticos y empresarios más antiguas e influyentes del país. Durante la campaña electoral de 2018, aprovechó el resentimiento de buena parte del electorado hacia el Partido de los Trabajadores (PT) y declaró su apoyo al entonces candidato a la presidencia Jair Bolsonaro. Con ese movimiento táctico, el entonces alcalde de la ciudad de São Paulo consiguió captar los votos necesarios para comandar el estado más populoso y económicamente rico de la Federación. Políticos y analistas coinciden en que la gubernatura del estado paulista ha sido un estadio previo en el camino de Doria hacia a la presidencia de la República, de ahí que ya se perfile como uno de los cuadros de la derecha tradicional para sacar del poder, en 2020, al llamado Trump de los trópicos.

El 25 de marzo de 2020, durante una reunión entre el Ejecutivo federal y los gobernadores estaduales, Doria exigió que el presidente diera el ejemplo y ejerciera su rol de mandatario para dirigir el país y no para dividirlo. Exaltado, Bolsonaro lo acusó de irresponsable, demagogo, de carecer de altura para criticar al Gobierno federal y de ambicionar la presidencia de la República. Comenzaba una rivalidad que perdura hasta hoy.

La carrera por la vacuna

El 6 de agosto de 2020 el presidente Bolsonaro anunció que destinaría un crédito de 1,9 mil millones de reales para la adquisición y producción en Brasil de la vacuna contra el Covid19 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Una vez aprobada por la ANVISA, la Fundación Oswaldo Cruz —vinculada al Ministerio de Salud y con sede en Rio de Janeiro—, comenzaría a producir 100 millones de dosis.

También en ese mes, João Doria —quien desde abril de 2020 había conversado con autoridades de China sobre la posibilidad de que el Instituto Butantan de la Universidad de São Paulo produjese el inmunizante desarrollado por el laboratorio Sinovac— comentó que si la tercera fase de estudios arrojaba resultados positivos, previa aprobación de la ANVISA, la Coronvac estaría disponible en el sistema de salud en diciembre de ese año. Capaz de producir 120 millones de dosis de la vacuna necesarias para inmunizar 60 millones de personas, el Butantan ya estaba recibiendo donaciones del sector privado para duplicar la producción de la Coronavac. Según la Agencia Brasil, en junio de 2020, de los 130 millones de reales necesarios para ese fin, el gobierno paulista había el 73% (96 millones).

A finales de septiembre de 2020, João Doria y Weining Meng, vicepresidente de la farmacéutica china Sinovac, firmaron un contrato que previó el suministro de 46 millones de dosis de la vacuna Coronavac y la autorización de su producción en Brasil, a cargo del prestigioso Instituto Butantan

El 20 de octubre, el general Pazuello anunció que el Ministerio de Salud compraría 46 millones de dosis producidas para iniciar la inmunización de toda la población brasileña. Aunque tal noticia recibió el apoyo de los veintisiete gobernadores, Bolsonar desautorizó al ministro Pazuello, cuestionó la eficacia de la Coronavac y pidió a las personas que no la aceptaran por tratarse de una vacuna concebida en China. Para agradar a su base de apoyo —que incluye militantes del movimiento antivacunas y adeptos a toda clase de teorías conspirativas—, Bolsonaro afirmó: «(…) no compraremos una sola dosis de la vacuna de China, del mismo modo que mi gobierno no mantiene ningún diálogo con João Doria en lo relacionado al Covid19». Horas después el mandatario reapareció y, con un tono más comedido, dijo que «cualquier vacuna, antes de estar disponible para la población, debe ser comprobada científicamente por el Ministerio de Salud y certificada por la ANVISA», añadió que «el pueblo brasileño no sería cobaya de nadie» y enfatizó su decisión de «no adquirir la referida vacuna china».

Conforme a un reportaje de la revista Veja, en agosto de 2020 Albert Bourla, gerente global de la empresa Pfizer, comunicó al presidente que a pesar de haberse reunido con representantes de su administración, hasta ese momento no había sido informado sobre el interés del Gobierno en adquirir las vacunas producidas por esa compañía estadounidense. Solo en noviembre pasado, preocupado por los efectos negativos de la pandemia en la actividad económica, la presión de los gobernadores para que el gobierno federal definiese una estrategia nacional de vacunación, la derrota de la mayoría de los candidatos bolsonaristas en los comicios municipales de 2020 y el protagonismo alcanzado por João Doria en la carrera por la vacuna; el gobierno Bolsonaro, que había apostado exclusivamente por la vacuna desarrollada en la Universidad de Oxford y el AstraZeneca, desengavetó la carta de Bourla y orientó negociar con el laboratorio norteamericano. A pesar de ello no consiguió que las dosis del inmunizante de la Pfizer llegaran a Brasil con la celeridad necesaria para neutralizar a tiempo las pretensiones de Doria.

El 19 de noviembre de 2020 llegaron a São Paulo las primeras 120 mil dosis de la Coronavac. En la ocasión, el gobernador paulista afirmó que además de proteger a la población, la vacuna significaba la oportunidad de «una nueva vida» y apuntó que sus gestiones para obtener el inmunizante en el menor tiempo posible, no debían ser vistas como una «carrera por la vacuna», sino como una «carrera por la vida». Veintiún días después, arribaría un segundo lote con 1,6 millones de la Coronavac.

A pesar de no contar siquiera con las dosis necesarias para inmunizar a las personas que integran el grupo de riesgo en el estado de São Paulo, el 7 de diciembre Doria divulgó el plan de vacunación estadual y mencionó la posibilidad de que el resto de los estados brasileños comprasen la vacuna producida por el Butantan, lo que de alguna manera desconocía que la elaboración del plan nacional de inmunización es coordinado por el Ministerio de Salud.

Caos en Manaos

Las muertes de decenas de enfermos de Covid19 por falta de oxígeno medicinal en varios hospitales de la ciudad Manaos, capital del estado Amazonas, ha sido el capítulo más reciente de una tragedia en la que el Gobierno federal tiene una cuota importante de responsabilidad. Informes redactados entre el 8 y el 11 de enero por especialistas del Ministerio de Salud que inspeccionaron hospitales amazonenses, anticiparon la posibilidad de que la red hospitalaria de Manaos colapsara debido a las bajas reservas de oxígeno medicinal. El 7 de enero último, la empresa White Martins, productora y distribuidora del oxígeno necesario en los hospitales, advirtió que el aumento de la demanda —superior a su capacidad de producción— empeoraría la situación de las unidades que atendían pacientes con Covid19.

Dos días después, el gobierno de Amazonas informó que los 373 balones de oxígeno enviados por el Ministerio de Salud alcanzaban para atender a solo 70 de los 2 700 pacientes ingresados con Covid19 en los hospitales de ese estado en aquel momento. Horas más tarde, el ministro Pazzuelo viajó a Manaos, no con el objetivo de llevar oxígeno sino con el de insistir en la aplicación de un tratamiento precoz contra el Covid19 y reiterar la capacidad y prontitud de las autoridades federales para resolver cualquier demanda.

El 14 de enero, cuando las denuncias por la muerte de pacientes en Manaos inundaron las redes sociales digitales, el propio ministro de Salud afirmó que ningún carguero de la Fuerza Aérea estaba disponible para transportar oxígeno al Amazonas. Minutos después, Pazzuelo y Bolsonaro reaparecieron juntos y comunicaron que ya estaban rumbo a Manaos los aviones con oxígeno y parte de la ayuda requerida.

Gobernadores de varios estados, empresarios, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos extranjeros ofrecieron su solidaridad y ayuda a las autoridades de Amazonas. Decenas de pacientes fueron transferidos vía aérea a hospitales de varias capitales brasileñas. Empresas privadas se articularon para hacer llegar oxígeno a Manaos. Por su parte, el estado de São Paulo comunicó el envío de cuarenta ventiladores mecánicos y la disponibilidad de camas en hospitales paulistas para recibir pacientes amazonenses, entre ellos sesentiún bebés prematuros.

Aunque el presidente brasileño ordenó el regreso del embajador de Brasil en Caracas, el cierre de los consulados en territorio venezolano y hasta hoy no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro; no se ha atrevido a rechazar la ayuda enviada por Venezuela. Desde allí llegaron los primeros camiones cisterna con 136 mil metros cúbicos de oxígeno, donados por el estado Bolívar. La embajada de China en Brasil también ofreció apoyo financiero y donación de insumos médicos necesarios para salvar vidas en los hospitales amazonenses.

Durante el anuncio de la disposición de São Paulo para ayudar al Amazonas, el gobernador Doria afirmó: «tengo la sensación de que al gobierno de Bolsonaro le gusta el olor de la muerte y no celebrar la vida». [De lo contrario], «habría contribuido con el estado de Amazonas para ofrecer condiciones mínimas de atención a los brasileños que allá viven, y no habríamos visto las escenas dramáticas (…) en la televisión».

En respuesta a esas y otras críticas, el presidente Bolsonaro aseguró que su gobierno siempre auxilió a Amazonas, y publicó el comprobante de los 2,36 mil millones de reales transferidos por el Gobierno federal para ese estado durante 2020, que incluía recursos para el combate al Covid19.

El pasado domingo 17, el Ministerio de Salud envió al Amazonas siete plantas de producción de oxígeno medicinal con capacidad para abastecer 100 camas de terapia intensiva. A ellas se suman cinco dispositivos similares donados por el Hospital Sirio-Libanés (privado) de São Paulo, según el sitio web G1.

La situación en el estado de Amazonas parece demostrar que en Brasil el principal problema no ha sido la falta de recursos, sino la ausencia de un plano común coordinado entre el Ejecutivo federal y los gobiernos estaduales para enfrentar la pandemia.

Impeachment en el horizonte

Con el caos en Amazonas, el empeoramiento de la situación epidemiológica en varios estados de la Federación, la crisis económica, los ataques de Bolsonaro a la Coronavac y su insensibilidad ante la pérdida de centenas de miles de vidas; ha crecido la presión para que el Congreso abra un proceso de impeachment contra él. De los cincuenta y seis pedidos de destitución recibidos por la Cámara de Diputados, veintiuno se refieren al modo en que el mandatario ha conducido el enfrentamiento a la pandemia.

Entre los pedidos de impeachment, aparece uno firmado por el cantautor Chico Buarque, el escritor y teólogo Frei Betto y otras personalidades de la cultura. De acuerdo al documento, citado por el diario Estado de São Paulo, la denuncia concluye que el Presidente atentó contra la seguridad nacional, la probidad de la administración, la existencia de la Unión Federativa y el libre ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales. A esa petición, presentada en julio de 2020, se sumó esta semana la redactada por cinco partidos de izquierda con asiento en el Congreso: Partido de los Trabajadores, Partido Democrático Laborista, Partido Socialista Brasileño, Red de Sustentabilidad y Partido Comunista del Brasil.

Los pedidos formales para que el jefe de Estado sea sometido a un juicio político que decida su continuidad o no en el cargo, se complementan con los cacerolazos del 15 de enero en decenas de ciudades y una convocatoria a realizar caravanas de autos en diversas capitales, el sábado 23, bajo el lema #ForaBolsonaro. El rechazo al Presidente se ha generalizado a tal punto que movimientos sociales de derecha —como Vem Pra Rua (Ven Pa’ la Calle) y el Movimiento Brasil Libre— que en 2016 lideraron las manifestaciones a favor de la destitución de la presidenta Dilma Roussef, y contribuyeron a la victoria del político ultraderechista en la elección de 2018, ahora presionan para lograr su salida. En la oposición a Bolsonaro convergen políticos neoliberales como João Amôedo, presidente del Partido Nuevo; el petista Fernando Haddad, excandidato del PT a la Presidencia en 2018, y el exministro del Supremo Tribunal Federal Ayres Britto.

Compás de espera

El 15 enero, un avión de la empresa Azul esperaba la orden de partir en dirección a la India con la misión de traer 2 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Astra-Zeneca y la Universidad de Oxford. Anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 5 de enero, la importación de las dosis no pudo concretarse. El mismo día en que las escenas trágicas de pacientes muriendo en hospitales de Manaos por falta de oxígeno irrumpieron en las pantallas de todo el mundo, un portavoz de la cancillería india comunicó que era muy temprano para dar una respuesta acerca del envío de vacunas a otros países, en momentos en que la campaña de vacunación del país asiático recién comenzaba. En la tarde del 16 de enero el Airbus A330neo que viajaría a Mumbai, llegó a Manaos para entregar balones y concentradores de oxígeno, junto a 700 kg de nasobucos, enviados por el Ministerio de la Salud.

Aunque la decisión del gobierno de la India frustró los planes de Bolsonaro, que esperaba que los 2 millones de dosis estuvieran en Brasil antes del 17 de enero, fecha en que la ANVISA confirmaría si autorizaba el uso de emergencia de las inmunizantes Coronavac y Astra-Zeneca/Oxford, la carrera por el título de salvador de la patria aún no estaba perdida, pues el 7 de enero el Ministerio de Salud había firmado un contrato con el Instituto Butantan para adquirir 100 millones de dosis de la Coronavac, incorporarlas al Plan Nacional de Inmunización y distribuirlas a todos los estados del país. Así las cosas, Bolsonaro sería recordado no como el presidente que negó la gravedad de la pandemia, sino como el mandatario que venció la guerra contra el Covid-19 con la vacuna promovida por su adversario, el gobernador Doria.

Cuarenta y ocho horas antes del dictamen de la ANVISA, João Doria declaró que de los 6 millones de dosis de la Coronavac producidas por el Butantan, 4,5 millones serían enviadas al Ministerio de Salud, mientras que el resto se incorporaría al plan de vacunación estadual, sin la intermediación de ningún ente del Gobierno federal. A pesar de sus esfuerzos para centralizar la distribución del inmunizante, el ministro Eduardo Pazuello no pudo garantizar que el presidente Jair Bolsonaro pasara a la historia como el dirigente político que inició la inmunización contra el Covid-19 en Brasil.

Minutos después de conocerse que la ANVISA había autorizado el uso de la Coronavac y la Astra-Zeneca/Oxford, la enfermera Mónica Calazans, y la técnica en enfermería Vanuzia Santos fueron las primeras personas vacunadas en el país, durante una ceremonia con la presencia de João Doria. La elección de Calazans y Santos, mujer negra la primera e indígena la segunda, representantes de los segmentos de la población brasileña preteridos históricamente, fue un giño político a los partidos y movimientos progresistas comprometidos con diferentes luchas sociales.

Incapaz de prever la emboscada que le tendió Doria, el general Pazuello apareció minutos después en la televisión para criticar la jugada de marketing del gobernador paulista, condenar la politización de la vacuna y reivindicar de alguna forma el protagonismo del Gobierno federal en la lucha contra el Covid-19. Sin embargo, para la mayoría de los analistas, el apresuramiento de João Doria y el hecho de que la ANVISA no autorizara el uso de ningún medicamento para el tratamiento precoz del coronavirus, como durante meses han defendido Bolsonaro y Pazuello, constituyó una de las derrotas más vergonzosas infligidas a la administración Bolsonaro en la carrera por la vacuna.

De los chinos son las cosas

La producción de la Coronavac en una cuantía que permita la inmunización de la mayoría de población, depende de componentes elaborados por laboratorios chinos. La obtención de la materia prima imprescindible para que el Instituto Butantan y la Fundación Oswaldo Cruz puedan entregar los millones de dosis contratadas por el Ministerio de Salud, depende del éxito de las negociaciones entre los gobiernos de Brasil y China. Con todo, desde que Bolsonaro decidió imitar la política exterior de Donald Trump, las relaciones entre Brasilia y Pequín se han enfriado, en parte debido a los ataques contra China proferidos por el propio presidente, integrantes de su gabinete ministerial y por su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro.

El doctor Dimas Covas, director del Instituto Butantan, recordó la semana pasada que antes de que la ANVISA autorizara su uso, la Coronavac era el enemigo número uno del presidente, quien la llamaba «vacuna china de Doria». Ahora que Bolsonaro la rebautizó como «la vacuna de Brasil», para eclipsar el protagonismo del gobernador de São Paulo, Covas exigió que el «presidente tenga la dignidad de defenderla y de solicitar el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores en las conversaciones con el gobierno de China».

Empero, los primeros en dialogar por separado con la embajada de China en Brasil fueron el ministro Pazuello y Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados. Después de ambas reuniones, el embajador Yang Wanming publicó sendos mensajes en Twitter en los que reafirmó la importancia de la colaboración entre los dos países en el combate a la pandemia. Al conocer que el presidente de la Cámara había hecho la tarea que correspondía al canciller, el Ejecutivo emitió una nota en la que afirmó que estaba «tratando con seriedad todas las cuestiones relacionadas con la adquisición de insumos farmacéuticos para la producción de vacunas», y que el Gobierno federal era el único interlocutor oficial con el gobierno de China.

El gobernador João Doria, siempre listo para aprovechar a su favor cualquier falla del Gobierno federal que lo haga aumentar su capital político rumbo a las elecciones de 2022, dijo a los periodistas que si el presidente Jair Bolsonaro y sus hijos parasen de hablar mal de China ayudarían bastante.

En medio del aluvión de derrotas, amenazas de impeachment y pérdida de apoyo popular, por fin una buena noticia para el presidente. En la noche del 21 de enero, el gobierno de la India autorizó el envío a Brasil de los 2 millones de dosis de la vacuna AstraZenca/Oxford adquiridos por la Fundación Oswaldo Cruz con financiamiento del Gobierno federal, lo que podría aliviar temporalmente la situación del gobierno de Bolsonaro. Más temprano, el ministro Eduardo Pazuello aseguraba que en lo que resta de enero e inicios de febrero, se asistiría a una «avalancha de laboratorios» presentando sus propuestas de vacunas contra el Covid-19.

Aunque solo el tiempo dirá si el Gobierno Bolsonaro sobrevivirá a los efectos devastadores de sus propias decisiones, o si João Doria será el próximo presidente, esperemos que el optimismo del ministro Pazuello no sea una jugada de marketing y que el país consiga inmunizar a la mayoría de sus ciudadanos, para que, al margen de intereses políticos y disputas de poder, Brasil pueda finalmente controlar la pandemia y retornar a la normalidad.

Como suele suceder en las telenovelas de la TV Globo, nuevos e inesperados sucesos complican aún más la gestión del Gobierno federal. El sábado 23 de enero, el fiscal general de la República, Augusto Aras, solicitó al Supremo Tribunal Federal permiso para investigar la conducta del ministro de Salud durante las acciones de enfrentamiento a la pandemia en la ciudad de Manaos. La Fiscalía acogió la denuncia presentada por el partido Ciudadanía —referida a la supuesta inacción del ministro y sus funcionarios— y el contenido de un informe preliminar sobre la crisis sanitaria en Amazonas, elaborado por el Ministerio de Salud.

En la noche del propio día, el ministro Pazuello llegó a Manaos para entregar 132,5 mil dosis de la vacuna Oxford/AstraZeneca y dirigir personalmente el enfrentamiento a la pandemia de Covid-19. De acuerdo con una nota del Ministerio de Salud, Pazuello permanecerá en el estado de Amazonas por el tiempo que sea necesario.

Según el último sondeo de la empresa Datafolha, divulgado el pasado viernes 22 de enero, el cuarenta por ciento de la población considera que el desempeño del gobierno es malo o pésimo, mientras que el treintaiún por ciento piensa que es bueno u óptimo. Las cifras sugieren que después de Fernando Collor de Mello (1989-1992), Jair Bolsonaro sigue siendo el jefe de estado brasileño con menor índice de popularidad durante su primer mandato.

No obstante, la misma encuesta arroja que cincuenta y tres por ciento de los ciudadanos se opone a la destitución del Presidente, al tiempo que cuarenta y dos de cada cien apoya su deposición. Si el descontento social con su gestión continuase aumentando y el país no lograra superar la crisis sanitaria y económica en el menor tiempo posible, Bolsonaro podría ser el tercer presidente separado del cargo desde 1988.

La acción de los poderes legislativo y judicial; los gobernantes estaduales y municipales; los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación; ha puesto freno a la conducta errática de un presidente que habría replicado la situación caótica de Manaos en otras capitales y municipios brasileños. La vigencia del Estado de democrático de derecho consagrado en la Constitución Ciudadana de 1988, que entre otras cosas establece que nadie —ni siquiera el presidente de la República— está por encima de la ley, ha sido la razón principal de las derrotas del Jair Bolsonaro.

25 enero 2021 3 comentarios 804 vistas

Sin democracia real el socialismo solo existe en las consignas

por Alexei Padilla Herrera 13 enero 2021

escrito por Alexei Padilla Herrera

Las imágenes de decenas de seguidores del presidente Donald Trump invadiendo el Capitolio de Washington, el mismo día en que el Congreso Federal certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden, lleva a pensar que aunque el resultado nos librará temporalmente de los desatinos del presidente saliente, el trumpismo —secuela, estímulo y fermento de los sectores más reaccionarios de la sociedad estadounidense— debe perdurar por algún tiempo.

Bajo la administración de Donald Trump, la democracia estadounidense y las instituciones llamadas a ejercerla y protegerla pasaron por la que ha sido, tal vez, su más dura prueba desde la constitución de los Estados Unidos, en 1787, o de la Guerra de Secesión (1861-1865). Una prueba muy difícil, considerando que, por primera vez, la principal amenaza al régimen político vigente en ese país era el titular del poder ejecutivo.

Los estragos causados por la política de Trump se extendieron a las relaciones internacionales. La salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia de Covid-19, la guerra comercial contra China, las presiones sobre la Organización Mundial del Comercio, el abandono del Acuerdo de París, y el endurecimiento del cerco comercial contra Cuba y Venezuela, son algunos ejemplos del afán destructivo del magnate neoyorquino.

Si bien es cierto que la salud de la democracia liberal en general, y del modelo democrático norteamericano en particular, no está en su mejor momento, es exagerado afirmar que el régimen político vigente en aquel país se encuentre en fase terminal. El número de votos alcanzado por Joe Biden y Kamala Harris, la movilización de millones de estadounidenses, especialmente negros, para, democráticamente, sacar a Donald Trump de la Casa Blanca; son hechos concretos que contradicen los juicios compartidos por la profesora Karima Oliva Bello en un comentario de su autoría que el periódico Granma tuvo a bien publicar.

Como de costumbre, en lugar de una discusión seria sobre las consecuencias del ascenso del populismo de derecha en varios países del mundo —representado no solo por Donald Trump, sino por Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdogan, Rodrigo Duterte o Andrzej Duda—, Granma optó por la publicación de un escrito muy a tono con algunos de los «11 principios de la propaganda».

«Las “democracias” liberales —apunta la columnista—, son una alternativa en decadencia». Y agrega que copiar su modelo agravaría «las contradicciones de la sociedad contemporánea en términos desfavorables para la mayoría de cubanas y cubanos». Por desconocimiento o por el carácter meramente propagandístico de su texto, la profesora Karima hace un esfuerzo para igualar la democracia liberal, que es una forma de gobierno, con el liberalismo económico, doctrina que en esencia defiende el desarrollo por medio del libre mercado y la reducción del intervencionismo del Estado en la sociedad económica.

Además de ocultar las fuentes de las que emanan sus apocalípticas conclusiones, la comentarista Karima Bello no ofrece la definición de lo que entiende por democracia, máxime cuando sentencia que las de cuño liberal en su conjunto, a partir de lo sucedido en Estados Unidos, no son una alternativa.

Vale decir que, no apenas la liberal, sino cualquier democracia, nunca ha sido la ruta a seguir por quienes —desde disímiles puntos del espectro político— abrazan banderas y prácticas autoritarias que emulan con los despotismos que la humanidad ha sufrido a lo largo de su historia.

Cuando el tema de discusión es «democracia», se debe ir más allá de la crítica a los déficits, desvíos, injusticias e incluso aberraciones que se repiten con menor o mayor intensidad en los modelos realmente existentes. Uno de ellos es el mexicano, tan o más violento, corrupto e injusto que el estadounidense, y al que, por cierto, la doctora Oliva Bello no ha dedicado ni uno solo de los análisis que le publica Granma. Los lectores cubanos agradecerían un buen artículo sobre porqué el modelo político montado por el Partido Revolucionario Institucional fue tildado de «dictadura perfecta», y cuántos de sus vicios han llegado a nuestros días.

En su deseo de dar el empujón definitivo para que la democracia liberal se desbarranque, la comentarista devela que el lei motiv de su escrito no es reflexionar sobre la crisis de las democracias contemporáneas, sino deslegitimar a los que hemos afirmado, y mantenemos, que no existe democracia sin Estado de derecho y sin reconocimiento del pluralismo político.

Para el politólogo español Juan Linz, la democracia es un régimen político en el que se distinguen, entre otros aspectos, la existencia de un pluralismo político responsable, fortalecido por la autonomía de los diversos actores y sectores económicos, de la sociedad y de la vida interna de las organizaciones. En el plano ideológico, prevalece el compromiso intelectual con la ciudadanía y con las normas y procedimientos de contestación de las decisiones del gobierno.

A los anteriores se suman el respeto a los derechos de las minorías —políticas, ideológicas, nacionales, étnicas, por color de la piel, identitarias, de orientación social no heteronormativas, etc.—, la defensa del Estado de derecho y la valorización del individualismo. Sobre esto último, suscribo el parecer del escritor y teólogo brasileño Leonardo Boff, quien aboga por alternativas al individualismo que rechaza cualquier iniciativa construida colectivamente, y al colectivismo que ignora las características, singularidades y aspiraciones de cada persona, del otro.

La participación, prosigue Linz, se produce por medio de organizaciones generadas de forma autónoma desde y por la sociedad civil, por sistemas de leyes que garantizan la competencia entre partidos políticos, y la tolerancia a la oposición pacífica y respetuosa del orden legal que reconoce su existencia y su participación en la vida social y política del país. Por último, el investigador agrega la realización de comicios libres dentro de los plazos constitucionales y el Estado de derecho para elegir a los máximos líderes de los poderes ejecutivos y a los representantes parlamentarios.

A esos principios, Robert Dahl añade la libertad de expresión, la existencia de fuentes alternativas de información y la ciudadanía inclusiva, también necesarias para la existencia de la democracia.

Sin embargo, ni las constituciones, ni el funcionamiento de los órganos representativos (parlamentos), ni los procedimientos (leyes, mecanismos, ritos) que rigen el funcionamiento de las instituciones del Estado y las relaciones de estas con la sociedad civil, son suficientes para declarar el carácter democrático de un régimen. No debe olvidarse que por medio de estas formalidades, no pocos regímenes autoritarios de diverso pelaje, incluso socialista, se disfrazan de democracia y como tal se presentan ante la mirada incrédula de sus propios ciudadanos.

Para evitar ese engaño, el politólogo marxista norteamericano Charles Tilly sugiere que a los aspectos señalados por Linz, Dahl y otros pensadores, hay que agregar el análisis de los procesos en sí. La perspectiva de Tilly no significa una ruptura con el liberalismo democrático, sino su complementación y, por qué no, su superación, al menos desde lo normativo. A diferencia de sus colegas liberales y de los académicos e ideólogos afines al marxismo soviético, Tilly no entiende la democracia como un estadio o régimen consolidado o finalizado, sino como un proceso dinámico en el que pueden acontecer avances y retrocesos.

El estudioso distingue el proceso democrático de las normas legales, los procedimientos y de lo bien o mal que los parlamentos representan los intereses de la sociedad. A tenor con ello, afirma que cualquier análisis acerca de la democracia debe tener en cuenta al Estado, a los ciudadanos y la relación entre ambos. Por tanto, un régimen podrá considerarse democrático siempre y cuando las relaciones políticas del Estado y la ciudadanía se basen en procesos consultivos amplios, vinculantes, igualitarios y protegidos de las arbitrariedades. Con todo, si el Estado no lleva a la práctica las decisiones adoptadas durante los procesos consultivos, ni sanciona a quienes incumplen con lo pactado, el régimen no podrá denominarse democrático.

Aunque valiosos, poco parece probar que los debates convocados por el gobierno en 2011 para la discusión de los «Lineamientos de la Política Económica y Social» aprobados en el VII Congreso del Partido, y los del 2018 como parte del proceso de reforma constitucional que resultó en la promulgación de nuestra actual Carta Magna, tuvieron carácter vinculante.

Recuérdese que en una de las sesiones del Parlamento destinada al análisis de los cambios, supresiones e inclusiones al proyecto Constitucional resultantes de la consulta a la ciudadanía, el diputado Homero Acosta explicó que la propuesta de establecer el voto directo y secreto para elegir al presidente de la República fue de las que mayor porciento obtuvo, pero que no sería acogida porque contrariaba «nuestros principios». Jurista militar de profesión y secretario del Consejo de Estado, Acosta nunca explicó cuáles eran esos principios y cómo la elección directa del jefe de Estado los pondría en peligro.

No obstante, al permitir que el reconocimiento legal de las uniones entre parejas del mismo sexo quedara fuera del nuevo texto constitucional, la Asamblea Nacional del Poder Popular sugirió que el conservadurismo social y religioso, contrario a que un segmento de la ciudadanía ejerza un derecho humano elemental, sí parezca compatible con la visión del mundo de la mayoría de los diputados.

Al ser convocados exclusivamente por el gobierno y coordinadas por las organizaciones sociales y de masas —que funcionan como sus poleas y corrientes de transmisión—, de no poseer carácter vinculante, de inhibir la participación de voces críticas o contrarias al modelo social vigente en Cuba; los procesos consultivos de 2011 y 2018 están más cerca de lo que los profesores Boagang He y Mark Warren han denominado «deliberación autoritaria o autoritarismo deliberacionista», un concepto que bebe de la tradición del consultivismo leninista.

Según las investigaciones desarrolladas por estos académicos en China, la deliberación autoritaria, que no es otra cosa que un debate público convocado y controlado por el gobierno, es fuente de retroalimentación para las autoridades y ayuda a medir el apoyo de los ciudadanos a las políticas del gobierno. Al crear la impresión de que los criterios de la ciudadanía impactan la toma de decisiones, la deliberación autoritaria se inscribe como un tipo de acción comunicativa estratégica que puede reforzar el carácter autoritario del régimen político, pero también —venga la esperanza—, contribuir a democratizarlo.

Tras advertir que las democracias liberales son una alternativa en decadencia y que copiar ese modelo agravaría las contradicciones de la sociedad contemporánea y afectaría a la mayoría de las cubanas y cubanos, Karima Bello agrega que «al margen del socialismo, cualquier intento por democratizar más muestra sociedad, no encontrará condiciones de posibilidad para realizarse y será una apuesta fallida de antemano».

¿A cuál socialismo se refiere la autora? ¿Al que recientemente encareció no solo los servicios de agua, electricidad, transporte y gas, sino también el acceso a los teatros, cines y museos? ¿Al que mira con sospecha y se empeña en desarticular casi toda iniciativa que surge al margen del PCC y defiende su derecho a existir? ¿Al que aplazó la elaboración y promulgación de las leyes en que la ciudadanía se apoyará para la defensa de sus derechos ante arbitrariedades cometidas por funcionarios del Estado?

Si en algo coinciden liberales y marxistas, es en que la libertad de los seres humanos depende, entre otros factores, del control que estos tengan sobre los medios de producción y, consecuentemente, de su participación en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés que afectan su existencia. Desde esa premisa es posible identificar no solo las luces y sombras de las democracias liberales, sino también cuestionar en qué aspectos los llamados regímenes socialistas de Estado han sido o no su superación.

Al referirse a la experiencia de la Unión Soviética —referencia del modelo que Cuba adoptó en la década del setenta— el sociólogo ruso Boris Kagarlistky afirma que no basta lo que diga la constitución para que la propiedad estatal sea realmente de todo el pueblo. Se necesita el control social democrático sobre los medios de producción y la administración pública, así como la participación de las masas en la discusión e implementación de las decisiones.

¿Cuán democrático fue el socialismo cubano si, como plantea Kagarlistky, el ejercicio de la democracia socialista requiere de instituciones democráticas del poder del pueblo definidas, tanto indirectas (Parlamento, sistema multipartidario, prensa libre, elecciones libres), como directas (autogobierno local y económico, sistema de participación sindical en la aplicación de las decisiones económicas-administrativas, entre otras)?

La democratización florece en el marco de un proceso de igualdad política que exige la integración y participación de toda la sociedad. Por ello, la demonización del pluralismo político, vinculándolo a la turba de fanáticos que invadió el Capitolio de Washington, es un reduccionismo burdo que al mismo tiempo explica por qué la autora de esas palabras, en lugar de presentar su alternativa a los valores de la democracia liberal, no llega más que a la repetición de alegaciones y vetustas consignas que alimentan la cortina de humo con que se pretende cubrir el tufo neoliberal de un paquete económico que va más allá del ordenamiento monetario que el gobierno implementa en Cuba.

A los voluntarios y «asalariados dóciles al pensamiento oficial», léase portavoces oficiosos y defensores acríticos del poder, Charles Tilly les recuerda que es la lucha popular, no las ideas y discursos de los gobernantes, la que construye, sostiene y defiende la democracia. De ahí el silencio de los que, al amparo del poder omnímodo del Estado cubano, se presentan como los más fieles guardianes de un concepto de Revolución en el que los ideales de la gesta de 1959 se igualan a los actos del actual gobierno; en contraste con las voces de los miles de ciudadanos que desde las paradas, los centros de trabajo, las redes sociales digitales y los sitios web de la prensa, exigen la revisión de los exorbitantes aumentos de precios y la reversión de la medida que de un plumazo eliminó el pago por antigüedad a los trabajadores de la Educación.

Aunque la decadencia de las llamadas democracias populares quedó demostrada cuando el mundo contempló atónito la caída el Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, dos años y catorce días después; el carácter no democrático de los regímenes de corte soviético ya era evidente. En 1985 Ernesto Laclau y Chantal Mouffe habían escrito Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia; en ese libro y en algunos de los que sobre todo Mouffe ha concebido posteriormente, se defiende una alternativa progresista al socialismo de Estado.

Resulta difícil resumir en pocas líneas el contenido de una obra tan abarcadora, pero se puede afirmar que para ambos autores la radicalización de la democracia no significa renunciar a todos los principios del liberalismo democrático, sino ampliarlos hasta donde sea posible. Ellos deliberan que ideales como igualdad, libertad, tolerancia, derechos humanos, Estado de derecho, entre otros, han sido de los mayores legados que nos dejó la Ilustración y fuente de inspiración de las más importantes revoluciones sociales de la historia.

Lejos de lo que suele afirmarse en las páginas de Granma y en medios digitales oficiosos, el capitalismo liberal —modo de producción— y la democracia liberal —régimen político—, no son sinónimos. Para los que hemos tenido oportunidad de acompañar las actuales luchas de los pueblos latinoamericanos por la conquista de nuevos derechos y preservación de los ya ejercidos, no hay dudas de que la democracia, como sugiere Charles Tilly, es uno de los instrumentos que usan los menos poderosos en su disputa contra los más privilegiados. Dos ejemplos de ello: la reciente aprobación en Argentina de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y la victoria de Luis Arce en las elecciones de Bolivia.

En el caso de Cuba puede citarse la entrada en vigor del Decreto-Ley 373 que legalizó la figura del creador audiovisual y cinematográfico independiente, la inclusión de representantes de organizaciones animalistas en el equipo de trabajo coordinado por el Ministerio de la Agricultura que elabora una norma jurídica de bienestar animal, y el aplazamiento de la reglamentación del polémico Decreto 349 (de las contravenciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte), han sido modestas victorias de una parte de la ciudadanía cubana que ha demostrado disposición para ejercer sus derechos.

En 1975, el economista marxista polaco Wlodzimierz Brus advirtió proféticamente que «no puede haber socialismo victorioso que no practique una democracia completa». Si el socialismo es la alternativa a la democracia liberal en todos los sentidos, demuéstrese en la práctica y no apenas con consignas vacías, dogmas, las promesas de prosperidad y los llamados a tener fe en nuestros dirigentes. Para un agnóstico como yo, casi seguidor de Santo Tomás Apóstol, creer sin ver, o creer porque sí, puede convertirse en un dilema existencial.

Para contactar con el autor: alex6ph@gmail.com

13 enero 2021 20 comentarios 552 vistas

La paja en el ojo ajeno

por Alexei Padilla Herrera 24 noviembre 2020

escrito por Alexei Padilla Herrera

Desde los medios estatales cubanos, algunos periodistas y analistas del acontecer internacional, acordes a su rol de propagandistas del Partido, suelen simplificar los sistemas políticos y electorales de los países considerados democráticos. Recientemente, durante la emisión vespertina del Noticiero de Televisión correspondiente al día 6 de noviembre de 2020, la presentadora afirmó, al referirse al sistema electoral estadounidense, que «se ha querido vender como el más democrático del mundo, pero que en esencia está diseñado para perpetuar una élite en el poder […] que se diferencia entre distintas facciones, que no coinciden en métodos, formas, etc., pero sí coinciden en esencia».

Es posible que la joven periodista o los editores del noticiero hayan confundido los conceptos de régimen político, sistema electoral y sistema político. Lo cierto es que existe el consenso de que en los Estados Unidos está en vigor una democracia de corte liberal, con un sistema político presidencialista y un sistema electoral que, efectivamente, en la actualidad puede considerarse injusto y anacrónico.

Con todo, afirmar que el sistema electoral fue diseñado para perpetuar una élite en el poder es una simplificación que se vuelve más problemática cuando se habla desde un país con un sistema electoral donde el rol principal no lo ejercen los ciudadanos, sino una Comisión de Candidatura, la cual, tal madre superiora de un convento, preelige, con base en criterios de lealtad política e idoneidad ideológica, a todos los aspirantes a ocupar un asiento en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tal como fue concebido, en el sistema electoral cubano los ciudadanos en lugar de elegir, ratifican o no, una decisión ya consumada. A su vez, corresponde a los diputados y no a los electores, elegir entre ellos quiénes serán los presidentes de la República y de la propia Asamblea Nacional. Este último, según la actual Constitución, asume también la presidencia del Consejo de Estado.

Ese sistema de voto indirecto poco tiene que ver con el establecido en democracias parlamentaristas, como es el caso de España, Holanda, Reino Unido o Canadá, donde no se vota por una figura en sí, sino por el partido político que tendrá la responsabilidad de conformar un gobierno, a veces, en alianza con otros partidos que integran el parlamento.

En otro ejercicio de simplificación, ciertos «analistas» pretenden justificar la reelección presidencial ilimitada en Venezuela, alegando los 15 años que lleva Angela Merkel al frente del gobierno alemán. No hay muchos chances de establecer sinonimias entre sistemas políticos tan diferentes. Tampoco puede decirse que las votaciones en Cuba son una versión tropicalizada del sistema electoral de las democracias parlamentarias, en las que, como se sabe, existe más de un partido político legalizado y apto para disputar el poder a través de las urnas, previa conquista del voto de una parte significativa de la ciudadanía.

Como demuestran Singapur, Emiratos Árabes Unidos, China y Vietnam, la democracia puede no ser un valor universal, ni condición sine qua non para alcanzar indicadores económicos positivos y llevar a buena parte de sus ciudadanos unos mínimos de prosperidad. Una prosperidad esa que sigue pendiente en no pocas democracias de América Latina.

No obstante el pasado marcado por dictaduras y guerras civiles sangrientas, la mayoría de los países de nuestra región parecen convencidos de que la superación de sus problemas sociales y económicos no debe implicar el sacrificio de la democracia. La calidad de esas democracias y su compromiso con la justicia social merecen una evaluación aparte.

Independientemente del sistema electoral establecido en cada país, el aspecto más importante de las elecciones es que son la vía legal para renovar o ratificar la máxima dirección política de las naciones donde con más o menor éxito, rige la democracia en su vertiente liberal, socialdemócrata, etc.

La renovación del poder político no se reduce al cambio de presidente o de la formación política que dirige los destinos de una nación, sino que es reflejo de la evolución y retroceso de las sociedades. En ese sentido, existen ejemplos positivos harto elocuentes, como la elección de Cristina Fernández de Kirchner y de Dilma Rousseff, primeras mujeres electas para la presidencia en Argentina y Brasil, respectivamente; el triunfo de Evo Morales, el primer indígena en presidir Bolivia; y, por qué no, la icónica llegada de Barak Obama a máxima magistratura de Estados Unidos. Y también hay ejemplos negativos, como el ascenso de Viktor Orbán en Hungría, Donald Trump en los Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil.

Con la reciente victoria electoral del candidato Joe Biden, no solo llega a la Casa Blanca Kamala Harris, la primera mujer negra e hija de inmigrantes en asumir la vicepresidencia de ese país, sino que se plantea la conformación de un gabinete con afroamericanos, latinos y con un equilibrio entre el número de mujeres y hombres. Y no solo eso. El presidente electo colocó en su equipo de transición a Shawn Skelly, mujer transexual quien fue, además, veterana de la Marina. Por si fuera poco, en esas elecciones «diseñadas para la perpetuación de una elite en el poder», en Delaware, Sarah McBride, otra mujer trans, fue electa senadora estadual.

En la papilla ideológica que los medios estatales cubanos reparten, se habla del carácter imperialista de Estados Unidos, pero allá, a diferencia de Cuba, la Corte Suprema legalizó en 2015 las uniones de personas del mismo sexo sin que mediara consulta popular alguna, pues los derechos no se plebiscitan. Vale decir que, considerando el carácter laico del Estado cubano y la poca influencia de las iglesias cristianas en el gobierno, otros factores, como el conservadurismo social de los máximos decisores y el cálculo político, determinaron la forma y el tiempo que tomará el reconocimiento legal de las uniones homoafectivas.

Bastante más al sur, más de 147 millones de brasileños fueron convocados para 17 de noviembre pasado a elecciones municipales, calificadas como un referéndum a la gestión del presidente Jair Bolsonaro. Para que se tenga una idea del cambio el mapa político de Brasil y de la renovación que ya está en curso, conviene comentar brevemente unos números. Bolsonaro fue electo con 55.13% de los votos válidos, frente al 44.87% de Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, parte del electorado que en 2018 escogió al llamado «Trump de los trópicos» para presidir la República, en estas municipales impuso una derrota significativa a los candidatos que recibieron su apoyo.

Según el sitio de noticias G1, de los 45 concejales de diferentes municipios que recibieron el respaldo público de Bolsonaro, solo 10 consiguieron la reelección. En la ciudad de Río de Janeiro, apenas Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, mantuvo su curul en la Cámara Municipal. Los 106 mil 647 votos que Carlos Bolsonaro recibió en 2016, la mayor cantidad de la historia, contrasta con los actuales 70 mil que lo dejaron en segunda posición entre los más votados, justo detrás de Tarcíssio Motta, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Para colmo de males, los bolsonaristas candidatos a alcalde consiguieron no ganar las elecciones en ninguna de las principales ciudades del país. En São Paulo, el bolsonarista Celso Russomanno quedó fuera del segundo turno, en el que medirá fuerzas el actual alcalde Bruno Covas, de centro-derecha, y Guilherme Boulos, socialista.

En Río de Janeiro se espera que Eduardo Paes, quien fuera alcalde en la época de los Juegos Olímpicos, se enfrentará en segundo turno al actual alcalde Marcelo Crivella, pastor evangélico fundamentalista, enemigo jurado del Carnaval carioca y tal vez, uno de los peores gobernantes que ese municipio ha tenido.

Y en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais y ciudad natal de Dilma Roussef, Frei Betto y Milton de Nascimento, resultó reelecto Alexandre Kalil con el 63% de los votos válidos. Bruno Engler, pupilo de Bolsonaro, obtuvo el segundo lugar con el 9.95%.

La actitud negligente de Jair Bolsonaro ante el avance de la Covid-19, su falta de sensibilidad y de respeto hacia las más de 160 mil víctimas mortales y sus familiares, su forma de [in]gobernar y las denuncias de peculado, lavado de dinero y organización criminal que envuelven a su hijo, el senador Flávio, no solo hicieron naufragar las posibilidades de sus pupilos en las elecciones municipales, sino que, parafraseando aquella canción de José José, es posible que para Bolsonaro, lo que un día de 2018 fue, no será en 2022.

La renovación no solo se hace evidente en el retroceso de los bolsonaristas, sino también de partidos tradicionales, como el PT de Lula y el PSDB de Fernando Henrique Cardoso, en contraste con el ascenso del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), considerado la locomotora de la nueva izquierda democrática, y otras formaciones de la derecha moderada. .

Aunque bienvenida, la derrota de la extrema derecha brasileña no fue el resultado más significativo de estas municipales. Medios locales informaron que varios candidatos transexuales obtuvieron votaciones históricas en São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte, las tres mayores ciudades de la región sudeste. Esto ha sido posible, entre otros factores, gracias a que el órgano electoral permitió por primera vez que personas trans usaran su nombre social, no el que aparece en su registro de nacimiento, en la candidatura.

En São Paulo, hasta hace poco uno de los bastiones del bolsonarismo, de los diez candidatos al legislativo municipal más votados, dos son transexuales. En Belo Horizonte, desde donde escribo, Duda Salabert, una mujer trans y profesora de enseñanza media, fue la candidata a concejal que más votos recibió –37 mil613– en la historia del legislativo de esta ciudad.

Para Duda se trata, según afirmó, de «una victoria de los derechos humanos, porque formo parte de un grupo históricamente excluido y marginado de la sociedad. Pero es, sobre todo, una victoria para la educación, ya que soy profesora desde hace 20 años. Colocar a un docente en el centro de las políticas públicas de esta ciudad demuestra que Belo Horizonte crece desde el punto de vista educacional».

Si bien es cierto que los Estados Unidos a través de la industria cultural, la diplomacia y la guerra se han presentado como una de las naciones más democráticas y libres del mundo, por más que me esforcé, no pude localizar en mi memoria alguna referencia concreta a la presunta superioridad indiscutible del sistema electoral estadounidense. Sin embargo, sí recuerdo perfectamente que Fidel Castro Ruz dijo en más de una tribuna que el cubano era el modelo más democrático del mundo.

Esa afirmación es bastante discutible. Más allá de los procedimientos, de las singularidades del modelo cubano, de sus déficits democráticos y del blindaje que le proporciona a la vanguardia política del país –léase élite–, analicemos en qué medida las votaciones en Cuba coadyuvan a la renovación de las instituciones políticas. Y como de democracia hablamos, pensemos en la participación activa de la sociedad civil cubana en la elaboración de las leyes y normas legales que regulan su día a día. Participación activa no debe confundirse con consulta popular.

La primera significa ejercer la iniciativa legislativa que permite elaborar proyectos de ley para que el parlamento los discuta, y estar en diálogo constante con los legisladores que han de representar nuestros intereses. La consulta consiste en discutir algo ya elaborado y hacer propuestas que, por lo menos en Cuba, no tienen carácter vinculante.

¿Es el parlamento cubano un reflejo de la diversidad y la pluralidad presentes en la sociedad civil cubana? Por supuesto que no. La morosidad de los diputados en particular, y del parlamento en general, contrasta con la resolución de los activismos ciudadanos que demandan una ley que reconozca y proteja los derechos de los animales, la adopción de medidas que prevengan y combatan la violencia contra la mujer, la aprobación de normas que criminalicen el racismo en cualquiera de sus manifestaciones o denuncian la censura que el Decreto 349 y el Decreto-ley 370 imponen a los artistas y los usuarios de Internet, respectivamente.

Sin embargo, las y los diputados seleccionados por la Comisión de Candidatura representan el amplio sector de la sociedad civil a los que la Revolución y el modelo social que la sucedió, acostumbró al ejercicio de una ciudadanía que prácticamente se activa previa convocatoria estatal-partidista. Así lo demuestra el debate de los Lineamientos de la Política Económica y Social y la consulta en torno al proyecto de nueva Constitución. El resto del tiempo, la ciudadanía cubana ha de esperar pasivamente las decisiones del gobierno.

Si aceptamos que la perpetuación de una élite política en el poder es el denominador común de los sistemas electorales aquí comentados, también es verdad que lo que distingue al sistema electoral cubano es la perpetuación del inmovilismo político, incompatible con la evolución y dinamismo de la sociedad cubana contemporánea.

24 noviembre 2020 10 comentarios 407 vistas

Víctimas de la desidia

por Alexei Padilla Herrera 1 febrero 2020

escrito por Alexei Padilla Herrera

Más de veinte años pasando por la avenida 100 fueron suficientes para que mi memoria grabara la expresión que rezaba en la valla propagandística colgada en el puente peatonal que da acceso al Hospital Pediátrico William Soler, de La Habana: «No hay nada más importante que la vida de un niño. Fidel Castro».

Es cierto que incluso en los momentos más difíciles del infinito Periodo Especial se mantuvieron las clases en la mayoría de las escuelas, así como las campañas de vacunación para prevenir el tifus, el sarampión, la meningitis y otras enfermedades erradicadas después del triunfo de la Revolución. También perdí la cuenta del número de veces que me atendieron en el viejo policlínico del barrio a la luz de un quinqué o de un farol chino.

La falta de recursos materiales y financieros no puede aceptarse como justificación para tragedias como la que asistimos 27 de enero de 2020, día en que la desidia y la negligencia segaron las vidas de María Karla Fuentes (12), Lisnavy Valdés Rodríguez (12) y Rocío García Nápoles (11). En todo caso, faltó el sentido común, la empatía y el respeto por la vida de los cubanos y cubanas que a diario circulan por las calles de Jesús María, uno de los barrios más humildes y guerreros de la capital desde los tiempos de la colonia española.

Es inmoral que la caída del balcón de un edificio inhabitable y en ruinas impusiera el luto permanente a tres familias cubanas, una escuela y toda una comunidad. Es inmoral porque según afirmaron familiares de una de las víctimas y varios vecinos, la demolición del inmueble se dilató por meses y solo concluyó con una operación relámpago, justo después del fatídico incidente.

La nota que sobre estos hechos Granma publicó el pasado 28 de enero, se refirió a la presencia en el lugar de Luis Antonio Torres Iríbar y Reinaldo García Zapata, primer secretario del Comité Provincial del Partido y gobernador de La Habana, respectivamente. Bien por ellos. Sin embargo, nada se dijo sobre si el caso está en investigación ni sobre los posibles responsables.

De acuerdo con el testimonio de la tía de una de las víctimas, Secons era la entidad que pudo evitar el luto de esas tres familias. Una vecina del barrio de Jesús María, comentó a Cubadebate que el trabajo de las brigadas de demolición se limitaba a tumbar tres ladrillos y colocar una cinta para evitar que los transeúntes pasaran por debajo de la edificación. Las personas que retiraban la cinta que advertía el peligro también actuaron negligentemente.

Es cierto que la negligencia debe ser compartida entre diferentes entidades y actores, pero la mayor cuota de responsabilidad corresponde a los trabajadores a pie de obra y los directivos de Secons. Es cierto que la preservación de la cinta amarilla pudo haber evitado que las personas se acercaran a la zona de riesgo pero no impediría el desplome del balcón.

Si la empresa responsable por la demolición del inmueble sabía que un balcón no apuntalado era peligro potencial para la comunidad, no estamos hablando de un accidente, sino de un crimen.

Dejo para otro momento el análisis más profundo sobre el tratamiento que los medios partidistas dieron al infausto acontecimiento, si el canciller Bruno Rodríguez hizo bien al darle el pésame a la familia del genio del baloncesto Kobe Bryant y obvió a las de las niñas cubanas, o si las escuetas y tardías condolencias enviadas por el presidente Miguel Díaz-Canel, vía Twitter, fueron resultado de sus sentimientos o de las obligaciones del cargo y la críticas a su silencio que circularon por la media social.

Espero que la omisión a que la prensa partidista nos tiene acostumbrados cuando de ciertos casos se trata, no sea reflejo de la tibieza de las autoridades políticas. Por cierto, no he visto un solo periodista del NTV pedir – tal como hicieron ante tumulto durante la reinauguración del Mercado de Cuatro Caminos – que sobre los responsables de la demolición que llegó tarde caiga todo el peso de la ley. Un peso tan grande como el nefasto balcón.

Aunque vivimos un tiempo en que el cinismo, la simulación y la obediencia parecen ser carta de triunfo en no pocos ámbitos, me niego creer que hayamos llegado al estadio en que un par de puertas rotas, el hurto de productos alimenticios y de latas de bebidas generen más indignación en los medios oficiales que la desidia que provocó la tragedia de Jesús María. ¿Apelará Thalía González a la decencia para que se investigue este caso?

De todo lo anterior he tomado nota, mas sé que los reproches no traerán de vuelta a María Karla, Lisnavy y Rocío, ni le dará paz a esas tres familias. Lo que sí interesa por una cuestión de justicia es la identificación de los responsables de la permanencia de un edificio en harapos a pocos metros de una escuela primaria, ubicada en una calle bastante transitada.

La responsabilidad directa de la muerte de tres inocentes no corresponde a entes abstractos, ni mucho menos al bloqueo de los Estados Unidos, ni al presidente Díaz-Canel. No obstante, este último, junto a sus subordinados del Partido y el Gobierno en el municipio, tiene la obligación moral y legal de exigir a Fiscalía que investigue, identifique y denuncie a los responsables. Cabe a la sociedad civil demandar porque así sea.

Conviene a los dirigentes cubanos ser diligentes y transparentes con el esclarecimiento de los hechos. Nada pido para mí. Todo exijo por esas tres familias y por la seguridad de quienes andan y desandan por La Habana. En tiempos de medios sociales todos sin excepción serán juzgados por sus obras.

Hay quien afirma que esta tragedia no debería utilizarse como indicador de la forma en que el país cuida la vida de los ciudadanos en general y de niños y adolescentes, en particular. Yo les diría que al no hacerlo, se corre el riesgo de naturalizar y/o banalizar la negligencia y la desidia que pululan en hogares, comunidades, centros de trabajo y medios de transporte.

Ojalá que a juzgar por lo sucedido en La Habana Vieja el lunes último, la citada frase de Fidel Castro que da fe de la especial preocupación y ocupación del Estado y sociedad cubanos por infantes y adolescentes, no sea colocada entre signos de interrogación. De los dirigentes y de los dirigidos depende.

Que las vidas de María Karla Fuentes, Lisnavy Valdés Rodríguez y Rocío García Nápoles, y la fuerza que esas tres familias necesitarán para sobrellevar el dolor, movilice la ciudadanía para evitar, en la medida de lo posible, nuevas víctimas de la desidia.

1 febrero 2020 29 comentarios 357 vistas

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