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Alexander Hall Lujardo

Alexander Hall Lujardo

Licenciado en Historia y activista afrodescendiente. Milita por el socialismo democrático.

Obra

Para una obra de justa reparación histórica

por Alexander Hall Lujardo 6 diciembre 2022
escrito por Alexander Hall Lujardo

Las obras para la realización del monumento a José Miguel Gómez fueron iniciadas en 1935 bajo el mando presidencial de su hijo Miguel Mariano, quien logró establecer una suscripción popular per cápita de 18 ctvs., de acuerdo a la magnitud de la población habanera de la época. Desde los inicios de las labores constructivas, los medios de prensa afrocubanos y sus principales representantes políticos repudiaron esta idea, al tiempo que exigieron a la clase gobernante el cumplimiento de las promesas en torno a un monumento al abolicionismo que jamás fue erigido.

De igual forma, varios diarios antirracistas denunciaron la perpetuación escultórica a la memoria de una figura contradictoria en la historia nacional, pues ordenó la masacre del Partido Independiente de Color en 1912, una organización que contaba con importante presencia de antiguos combatientes independentistas. La responsabilidad del general-presidente en estos hechos, es análoga a la de otros militares que desempeñaron un papel activo en la aniquilación, como fueron José de Jesús Monteagudo, Arsenio Ortiz y José Francisco Martí Zayas-Bazán, quienes, tras la masacre, resultaron eximidos de toda responsabilidad judicial.

La derrota sobre los independientes de color fue celebrada en la capital con un banquete público en el que participaron importantes figuras de la burguesía cubana, con el consentimiento de la vanguardia negra, cuyos exponentes se desligaron de toda responsabilidad con el alzamiento. Es necesario apuntar que en ello influyó la narrativa de los medios de comunicación, que sembraron la matriz de opinión en torno a los alzados como sujetos «vulgares», «racistas», «apátridas», «anexionistas» y «salvajes», que constituían un peligro para «la democracia y la civilización» (moderna/occidental).

Esa injusta clasificación fue validada por representantes de la elite afrocubana, la cual asumió un paradigma liberal como referente en el orden social, que mantenía en condiciones de exclusión política, relegación y marginación económica a la mayoría de la población afrodescendiente.

Obra

En consecuencia, las personas negras debieron enfrentar los desafíos de la segregación racial en establecimientos públicos, plazas, parques, playas y empleos institucionales o comerciales durante el período considerado por algunos historiadores como «primera república». Esta etapa se caracterizó por su carácter oligárquico y caudillista en el ejercicio del poder contra los sectores desposeídos, aunque las demandas de estos últimos, en gran medida, serían acogidas en el marco de ampliación democrática posterior al proceso revolucionario de los años treinta, aun sin que se materializaran plenamente.

Con el triunfo revolucionario, en enero de 1959, se avizoraba un futuro promisorio para los sectores humildes, excluidos entre 1902-1958 del proyecto político de la burguesía local en alianza con el capital extranjero. Si bien dichos estratos habían sido protagonistas en la consagración transformadora, y se convirtieron en centro de la retórica reivindicativa del liderazgo ascendente, gran parte de sus demandas, derechos políticos, autonomía grupal y reivindicación económica quedarían nuevamente relegados bajo la autoridad del aparato gubernamental.

Durante décadas, en la narrativa del discurso político y los distintos niveles de enseñanza, predominó la percepción de que el pasado republicano fue una etapa imbuida de los más denigrantes valores sociales, alimentados bajo un manto de calificativos que imposibilitaban la realización de un análisis objetivo, estructural y sistémico de dicho proceso.

En el apuntalamiento de tales imaginarios, en marcos académicos se difundió una serie de etiquetas para distinguir a esa etapa: pseudorrepública, república mediatizada, república entreguista, entre otros cuyo empleo se encuentra en desuso por los cientistas sociales, pues su intención era exaltar al proceso revolucionario y denigrar el pasado político, restando así objetividad al análisis histórico.

Ese conjunto de calificaciones motivó a nivel inconsciente un imaginario negativo sobre la totalidad del período poscolonial, sin un balance analítico en los medios de comunicación que problematizaran en torno a la referida etapa y sus principales protagonistas en su justa magnitud. Dicha práctica ha estado acompañada por el silencio respecto a hechos de trascendencia para los sectores marginados en los distintos proyectos de liberación nacional. Igual suerte han tenido numerosos políticos del pasado republicano, debido a razones asociadas con la corrupción, el tráfico de influencias, la profundización del subdesarrollo y la dependencia político-económica de la Isla hacia los Estados Unidos.

La restauración de los símbolos republicanos vs la pobreza de los sectores populares en la Cuba posrevolucionaria

El 10 de septiembre de 2022, sin embargo, fue reinaugurado en La Habana el monumento al general José Miguel Gómez, emplazado en la avenida de los presidentes, en la barriada capitalina del Vedado. Esta obra arquitectónica, deslumbrante debido a su esbeltez y belleza estética, había sido recolocada en dicho espacio urbanístico a finales de la década del noventa por la Oficina del Historiador de la Ciudad, encabezada por Eusebio Leal Spengler.

Tal decisión se produjo en un contexto en que se invertían cuantiosas sumas como parte de la preservación y rescate del patrimonio. Una de las disposiciones en ese sentido fue devolver a su lugar de origen la efigie del líder villareño, derribada por la población ante la vorágine que significara la victoria de 1959.

En aquel momento, las estatuas de otros presidentes, como Tomás Estrada Palma y Alfredo Zayas Alfonso, resultaron igualmente demolidas por la euforia de las masas, que las identificaba cual símbolos de un pasado lamentable por lo que representaban en materia de relegación social y económica. Sin embargo, las de los otros mandatarios no gozaron de igual suerte en los recientes planes de conservación estipulados por las autoridades encargadas de resguardar la memoria.

Han sido numerosos los activistas, académicos, artistas e intelectuales negros/as que han discutido sobre la procedencia de suprimir las manifestaciones simbólicas del racismo y el pasado colonial. La legitimidad de ese acto se sustenta en las acciones llevadas a cabo en otros países contra aquellos dispositivos que actúan como reflejos en las masas de la neocolonización, la dominación imperial o cultural hacia determinados grupos sociales relegados.

No obstante, en Cuba persiste la invisibilización mediática en torno al predominio del racismo estructural, el sostenimiento de una parte importante de la población negra en condiciones de pobreza, la carencia de un marco legal adecuado para el asociacionismo afrodescendiente, la supremacía económica de personas blancas en las principales actividades lucrativas, las barreras socioculturales para la extensión de valores que refuercen los rasgos de identidad ancestrales, así como la marginación, en las páginas de la historia, de líderes y lideresas negros/as de proyección antirracista. Ese conjunto de factores, entre otros que podrían enunciarse, atentan contra el despliegue de condiciones que proyecten el imaginario de una sociedad posracial.

Obra

Momento de la inauguración del Monumento a José Miguel Gómez., 1936.

Todo ello posibilita que los patrones discriminatorios se reproduzcan a nivel social, al tiempo que esos postulados resultan de difícil identificación por quienes padecen sus efectos, que es además un sector con déficits en materia de instrucción y consiguientes dificultades para el acceso a la educación superior debido a razones socioeconómicas e históricas, según han certificado investigaciones de especialistas como Mayra Espina, María del Carmen Zabala, Yulexis Almeida Junco y Rosa Campoalegre.

La violencia epistémica que las clases dominantes han ejercido contra las comunidades negras en la represión de su identidad, apropiación cultural y/o marginación de saberes, explican por qué los aparatos simbólicos de opresión pasen inadvertidos ante sus problemáticas cotidianas. En este contexto, caracterizado por una profundización de la crisis económico-social, son escandalosas las millonarias inversiones hacia la industria hotelera, el embellecimiento de la monumentalidad patrimonial o la restauración de emblemas coloniales.

Ellas contrastan con la ausencia de políticas públicas dirigidas a dignificar espacios habitacionales empobrecidos —en los que existe presencia notable de personas negras—, así como con la falta de voluntad para el desembolso de sumas encaminadas a materializar formas de gestión empresarial que tengan por propósito la generación de riquezas de forma colectiva y sustentable, en medio de un escenario de inseguridad alimentaria y aumento de la vulnerabilidad económica.

La restauración de numerosos símbolos republicanos —el monumento a José Miguel Gómez, el Capitolio Nacional, el Palacio Presidencial—, así como la realización de megaproyectos constructivos con fines de explotación turística, como 23 y K, 1ra y 70, Packard, Paseo del Prado y Manzana de Gómez, por solo citar algunos; resultan contradictorios ante los escasos recursos destinados a potenciar espacios urbanísticos precarizados, en los que existe sobrerrepresentación de personas negras. Dicha práctica política reproduce el esquema de acumulación de las élites y oligarquías tradicionales, en detrimento de un modelo económico socializador del bienestar, el poder y la equidad como paradigmas de justicia social.

De igual forma, resulta evidente la postergación de ámbitos dedicados a reivindicar la memoria de los afrodescendientes que participaron en las gestas emancipatorias, cuya narrativa se maneja en los tópicos del nacionalismo, pero sin incluir sus pronunciamientos y/o actitudes frente al racismo de la época. En idéntico estatus se encuentra la población afrocubana que desempeñó un papel relevante en la lucha por el abolicionismo y contra el racismo sistémico, como fueron las víctimas de la esclavitud, la Conspiración de Aponte (1812), la Conspiración de la Escalera (1844) o los miembros del Partido Independiente de Color (1912).

En cambio, figuras que se distinguieron por sus prácticas excluyentes contra la población negra poseen múltiples sitios dedicados a la exaltación de su legado, como son los casos del ex presidente José Miguel Gómez, o el senador Martín Morúa Delgado, cuya enmienda sirvió de instrumento jurídico para ilegalizar al PIC y como herramienta de la clase política dominante para respaldar la masacre. De igual forma Alejandro Rodríguez, primer alcalde de La Habana, cuenta con un imponente monumento en la intersección de las avenidas Línea y Paseo. El referido político tomó partido de forma directa en los acontecimientos que provocaron la muerte del general Quintín Bandera durante el alzamiento de 1906 ante el intento de reelección fraudulenta de Tomás Estrada Palma, hechos bautizados como guerrita de agosto.

Obra

General Quintín Bandera

La memoria de los abolicionistas, esclavizados, independientes de color y pensadores antirracistas, ha quedado relegada debido a la persistencia de un esquema colonial. El mismo ha sido trazado por los escritores de la historiografía hegemónica, así como por las autoridades políticas e institucionales que asignan grandes sumas a la inversión hotelera y la restauración de monumentos de ese tipo, mientras se agudiza la precariedad de las clases populares y se invisibiliza la memoria de las/os afrocubanas/os, que padecen, al decir de Gustavo Urrutia, las consecuencias del «plusdolor» como resultado del fenómeno racial que atraviesa su existencia.

Desde 1961 el intelectual marxista Walterio Carbonell, en su libro Crítica: cómo surgió la cultura nacional, dedicado a Fidel Castro, alertaba sobre los peligros de reproducir en la concepción del poder los esquemas de una visión libresca y aristocrática de la cultura que se extendiera hacia todos los sectores de la sociedad, como resultado de un legado de pensamiento elitista procedente de la república, cuya funcionalidad podría permanecer enquistada en el grupo de jóvenes revolucionarios al frente del país. La tesis de Carbonell apuntaba a que si bien el territorio nacional se transformaba en lo político, tales cambios debían destacarse por su integridad y entender a los subalternos como protagonistas de la praxis libertaria, en lugar de responder ante sus demandas como meros objetos instrumentales.

La preservación de la memoria cultural negra en los distintos niveles educativos, su reconocimiento en hechos históricos fundamentales desde los orígenes de la nación, y la perpetuación escultórica de sus aportes dentro de la monumentalidad nacional; constituyen deudas pendientes con dicho grupo social, a la espera por una obra de reparación histórica reivindicativa de la igualdad y la justicia.

De igual forma, persiste la opacidad sobre los avances concretos del denominado Programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, encabezado por el propio presidente Miguel Díaz-Canel. Entre tanto, se divulgan estrategias populistas de reanimación barrial de marcado carácter epidérmico, pues no responden a las necesidades básicas de la población residente ante la agudización de la crisis socioeconómica, la inseguridad alimentaria, el deterioro del déficit habitacional, la dolarización de la economía y la caída en los rendimientos productivos. Ello se debe a la persistencia de un esquema de acumulación rentista/importador, amparado en la exportación de servicios médicos, la inversión extranjera, la recepción de divisas por vía remesas y la explotación turística.

La promoción del emprendimiento privado ha sido otra de las posibles vías de solución fomentadas por la dirigencia para paliar la crisis. Esta estrategia, sin embargo, no favorece a los afrodescendientes, que por lo general carecen de capital y, por razones culturales, pasan a ocupar los peores espacios de remuneración salarial en un sector enteramente desregulado en materia de derechos laborales.

De igual forma, es notoria la ausencia de acciones afirmativas y políticas públicas desde el Estado que se enfoquen en redimir los entornos más afectados por la crisis sistémica/estructural. Esto agudiza la problemática, mientras persiste un escenario de ineficiencia generalizada, malestar social y escaso crecimiento económico con patrones de equidad.

6 diciembre 2022 9 comentarios 970 vistas
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Ku Klux klan

Las huellas del Ku Klux Klan en Cuba o la persistencia del racismo estructural

por Alexander Hall Lujardo 3 noviembre 2022
escrito por Alexander Hall Lujardo

Los primeros indicios documentales sobre la existencia del Ku Klux Klan en Cuba datan de 1928. En tal fecha —según la historiadora camagüeyana Kezia Zabrina Henry Knight— una organización bajo ese nombre oficializó su inscripción en el registro de asociaciones del país. La legislación vigente en la época, a efectos constitucionales, no permitía ese tipo de organizaciones con una proyección abiertamente racista, portadora además de un legado segregacionista influido por las valores supremacistas blancos, que conformaban la ideología extendida entre la población conservadora estadounidense.

Este tipo de hechos, sin embargo, aunque merecían el repudio general de la sociedad, no resultaban ajenos a la realidad del contexto republicano. Desde la intervención estadounidense hasta la conformación de la República en 1902, las personas negras fueron excluidas de los servicios policiales, se les negaba la atención en barberías y establecimientos comerciales, detentaban la más baja remuneración salarial y poseían las peores condiciones materiales en el fondo habitacional.

Diversos hechos atestiguan la discriminación política. En 1906 el general Quintín Bandera fue asesinado impunemente por las autoridades ante el intento de reelección fraudulenta de Tomás Estrada Palma durante la denominada Guerrita de Agosto. A la esposa de Martín Morúa Delgado le fue vetada su participación en una recepción junto a su esposo en el palacio presidencial. En 1912, por órdenes del gobierno del presidente José Miguel Gómez, fueron masacrados los miembros del Partido Independiente de Color ante su intento de conformar una agrupación que respondiera a sus intereses, pues padecían la instrumentalización de su agenda por los partidos políticos de la época.

El intento de neocolonización cultural caracterizó las estrategias del imperialismo y su penetración económica, como aborda la historiadora Marial Iglesias Utset en su estudio Las metáforas del cambio en la vida cotidiana. Cuba 1898-1902. Ello ocasionó la reproducción acrítica por los medios de prensa de patrones de moda y belleza estética acordes al paradigma occidental/blancocéntrico. De igual forma, las altas esferas del poder promovieron políticas de blanqueamiento y des-africanización como parte de un proyecto higienista acorde al paradigma moderno de estado-nación homogéneo, con el propósito de facilitar estrategias de dominación.

La academia desempeñó un rol de segundo orden en las propuestas teóricas inquisitivas contra las manifestaciones de matriz africana y raíces populares, de manera que subsumían un discurso racista en una elucubración pseudo-científica a partir de la antropología física con base en la criminología craneológica. Esta disciplina pretendía la inferiorización de las personas negras, mestizas, asiáticas y otros grupos/culturas o comunidades civilizatorias no europeas. Las bases intelectivas de su teorización están amparadas en los propósitos de sustituir a la teología religiosa como práctica supremacista, por la legitimidad académica y sus aparatos de validación científicos, reproductores de la colonialidad del saber/poder.

En tal sentido, el estudio de José Rafael Montalvo Covarrubias, Carlos de la Torres Huerta y Luis Montané Dardé, sobre el análisis craneológico de Antonio Maceo y Grajales, procuraba demostrar la superioridad del general independentista por el tamaño de su masa encefálica, lo que de acuerdo a los postulados de esta corriente antropológica, era una excepción entre las personas de su color. El sustento ideológico de esa tesis resultaba funcional a los enunciados discursivos del nacionalismo, llevado a cabo por la elite racista que encabezaba los resortes comunicativos, ideopolíticos y económicos en Cuba.

Ku Klux klan

Martín Morúa Delgado (Foto: Fotos de La Habana)

A esta escuela de pensamiento se adscribieron igualmente los trabajos investigativos de Antonio Mestre Domínguez, Agustín W. Reyes Zamora y Vicente Benito Valdés; al igual que las publicaciones de Israel Castellanos González y Fernando Ortiz Fernández. Respecto a Ortiz, es posible apreciar la influencia de esta corriente en sus trabajos pioneros. En sus obras publicadas entre 1906-1939, se distinguen constantes alusiones a la superioridad del componente étnico-racial blanco, así como la denigración de las tradiciones culturales afrocubanas sobre los valores de la cristiandad y la civilización caucásica, sumado a sus propósitos legales de promover en el congreso un Proyecto de Código Criminal Cubano (1926), que desde el ámbito jurídico censuraba tales manifestaciones sociales.

De igual forma, la tradición canónica del constructo político que sostiene al discurso teleológico de la nación cubana, alude a las cosmovisiones orticianas referidas al «engaño de las razas», «el ajiaco criollo», «la epifanía de la mulatez» o «la transculturación», con el fin de mantener inalterable el estatus quo social sobre el que se instaura la dominación estructural económica.

Esa jerarquización social resulta en apariencia inexistente en los discursos marxista-ortodoxo y nacionalista posteriores a 1959, los cuales validarán el sostenimiento de la marginación en el ámbito económico en que se encontraban los afrodescendientes, en función de reforzar el orden instaurado entre las distintas clases y sectores bajo el enunciado patriótico de confraternización.

En consonancia con tales preceptos, aluden a la «convivencia pacífica» de todos los componentes raciales de la Isla, a pesar de las garantías en materia social y acceso gratuito a derechos básicos fundamentales, cuya existencia en ocasiones es instrumentalizada por estrategias paternalistas, asistenciales, instrumentales y populistas.

Ello ocurre en lugar de potenciar alternativas de emancipación popular desde abajo, con el protagonismo activo y consciente de sus beneficiarios para tomar decisiones de manera autónoma y auto-gestionable, sin burocratismos ni mecanismos de ralentización centralizada, que en no pocas ocasiones propician la corrupción, al precio de agudizar las condiciones de precariedad de sectores/comunidades subalternizadas, relegadas al olvido por la institucionalidad oficial o las instancias partidocráticas estatales.

El racismo histórico-cultural y sistémico-estructural en la sociedad cubana

Las denuncias suscitadas en redes sociales a raíz del incidente ocurrido en la provincia de Holguín el pasado 31 de octubre, cuando durante la jornada de Halloween unos jóvenes decidieron usar disfraces propios del grupo supremacista blanco estadounidense Ku Klux Klan, ha provocado una ola de indignación en diversos actores de la sociedad civil cubana.

Su irrupción en el céntrico parque Calixto García con los atuendos de la organización racista, junto a crucifijos e improperios de: «¿dónde están los negros?», demuestra la total impunidad con que actuaron en la vía pública, ante la inacción de las autoridades locales y los residentes de la zona.

Respecto a hechos como este, y desde un análisis estructural más abarcador, el crítico y ensayista Roberto Zurbano ha advertido que se ha instalado en el país un imaginario neo-racista, vinculado a la emergencia de la crisis socioeconómica que estalló en los noventa, acentuó la desigualdad e introdujo nuevas formas de comportamiento social, asociado a la aparición del sector privado. En su descripción del neo-racismo asevera que se trata de:

«(…) un fenómeno que integra gestos, frases, chistes, críticas y comentarios devaluadores de la condición racial (negra) de personas, grupos, proyectos, obras o instituciones. No se trata de simples gestos u opiniones personales marcadas por el prejuicio racial, sino de conductas que ejercen el prejuicio sin miramientos y se producen hoy en espacios públicos institucionales o no —incluyendo los medios de difusión y la publicidad— y que resultan lesivas y humillantes para aquellos contra quienes se dirige, aunque algunos lo aceptan crítica o irremediablemente».

Los hechos acaecidos en la ciudad de Holguín no son solo resultado de esa herencia de colonialidad enquistada en los imaginarios socioculturales como resultado de una educación eurocéntrica, caracterizada por la invisibilización de las figuras protagónicas de piel negra.

Ku Klux klan

Personas disfrazadas del KKK en Holguín. (Foto: Facebook / Paul Sarmiento)

En ellos influyen asimismo la marginación de la tradición emancipatoria previa a 1868 en las luchas contra la esclavitud y la dominación colonial, la banalización naturalizada de las expresiones culturales de matriz africana, así como su folklorización por numerosos entes de la institucionalidad académica, sin entender que tales prácticas constituyeron estrategias de resistencia cultural ante las instancias de poder, cuya perdurabilidad ha sido esencial en función de articular un proyecto nacional de raíces humildes y populares.

Resulta deplorable la naturalización cultural de este tipo de hechos. Ellos merecen una sanción legal debido al mensaje de exaltación de valores racistas que podrían atentar contra este sector en el ámbito cotidiano. Sin embargo, el recurso punitivo no debe ser la única herramienta para combatirlo. Es crucial despojar los planes de enseñanza de sus soportes eurocéntricos, arrojar luz sobre los estudios de ciencias sociales en la temática, fomentar un amplio debate para potenciar la cultura sobre el fenómeno e inducir nuevas formas de comportamiento que permitan concientizar a la ciudadanía.

Resulta igual de lamentable la ausencia de análisis que conciban la extensión del racismo como parte de un proceso estructural que mantiene —por razones históricas y políticas aún vigentes— a la población afrodescendiente en condiciones de relegación económica, sobrerrepresentada en centros penitenciarios, barrios de migrantes internos y comunidades empobrecidas. A la vez, su presencia resulta escasa en centros universitarios o puestos administrativos, según las cifras del último censo publicadas en 2016.

La reversión de tales patrones de subalternidad requiere el desmontaje integral mediante el empoderamiento consciente de sus pobladores, a través de políticas públicas que reclaman inversiones sociales destinadas a la generación de riquezas de forma sustentable, ecológica, racional y colectiva, orientado a la prosperidad social. Esto implica el quiebre de las lógicas de dominación existentes, signadas por el afán de lucro de las empresas que refuerzan la acumulación de capital. De igual manera, exige la renuncia de la centralización estatal (no socializada) sobre los medios de producción, cuyo esquema no está exento de reproducir lógicas desarrollistas, explotadoras, autoritarias y empobrecedoras, como dictaminan los soportes de funcionamiento clásicos en el modelo (neo)liberal.

Acorde a esta tradición de pensamiento, se inscribe una zona invisibilizada del marxismo negro y el republicanismo socialista popular, con notables exponentes como Ángel César Pinto Albiol, Juan René Betancourt y Walterio Carbonell, quienes desde diferentes temporalidades, pero en una sinergia de proyección antirracista radical, resultaron capaces de producir una elaborada articulación teórico-intelectual, esencial para acometer un proyecto que recupere un legado comprometido con las clases populares, en función de la emancipación de los sectores tradicionalmente oprimidos por los proyectos de dominación occidentales, sobre el que se construye el racionalismo racista de la modernidad.

3 noviembre 2022 21 comentarios 1k vistas
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Revolución de los indecentes

La revolución de los indecentes o la descolonización del pensamiento social

por Alexander Hall Lujardo 29 octubre 2022
escrito por Alexander Hall Lujardo

La colonización europea se caracterizó por la dominación de territorios mediante el sometimiento físico con intereses de extracción económica. Dicho proceso estuvo acompañado de normas cívicas, patrones de pensamiento y tradiciones importadas desde el Viejo continente e impuestas a las comunidades sojuzgadas como resultado del uso brutal de la fuerza, dada la superioridad tecnológica de los conquistadores.

En esta empresa, el papel de la ideología –ora como manifestación religiosa o como ciencia revestida de autoridad cognitiva–, desempeñó un rol trascendente en el apuntalamiento de estructuras que los sectores hegemónicos establecieron sobre las colectividades y/o grupos sometidos.

La antropología y la etnología, entre otras disciplinas, sirvieron como instrumento ideológico para el perfeccionamiento de los aparatos opresivos. La descalificación de expresiones culturales ajenas al continente europeo, se convirtió en práctica recurrente, lo que puede constatarse en gran parte de la documentación administrativa de las autoridades, así como en los enunciados discursivos de su dirigencia.

Tales postulados enfatizaban en el carácter supuestamente inferior de las manifestaciones religiosas de indígenas y africanos; considerados «vagos», «perezosos», «incivilizados» e «indecentes» por quienes sustentaban las riendas de las actividades productivas.

La esclavitud moderna fue una empresa efectiva en el proceso de acumulación originaria del capital. Ello impuso una racionalidad que asumía como natural la desigualdad entre personas, acorde a condicionamientos que instauraban en la cúspide de la representación universal al hombre blanco.

En consecuencia, las figuras más reconocidas en los distintos campos del saber tuvieron dicha condición racial y sexo-genérica, por lo que disfrutaron de prestigio y notoriedad, aun cuando su bienestar se sustentara en el sometimiento de millones de personas a la esclavitud o en la masacre de poblaciones indígenas.

Los sectores populares en el capitalismo latinoamericano y el papel histórico del marxismo con la emancipación social

El proceso de independencia de las repúblicas latinoamericanas se caracterizó por el predominio de oligarquías de poder conservadoras, aristocráticas y corruptas. Ellas intensificaron la explotación de las clases desposeídas, pactando con los poderes neocolonial e imperiales del capitalismo mundial, lo que agudizó las condiciones de dependencia y subdesarrollo económico que limitaban la prosperidad de sus habitantes.

Revolución de los indecentes

El proceso de independencia de las repúblicas latinoamericanas se caracterizó por el predominio de oligarquías de poder conservadoras, aristocráticas y corruptas. (Imagen: Revolución Mexicana)

La subordinación económica en muchos casos adquirió expresiones de sujeción política hacia los centros de poder internacionales, bajo el paradigma occidental/blancocéntrico, caracterizado además por su distinción clasista, racista y patriarcal en las formas en que se establecían las relaciones de poder.

Bajo el predominio de ese orden sistémico, la clase obrera y grupos subalternos vieron postergados sus ideales de realización existencial, al estar sometidos a las múltiples formas de explotación que impone el régimen del trabajo asalariado ante la maquinaria del capital y la dominación cultural que el sistema imperante dictó a la ciudadanía bajo sus propias lógicas de funcionamiento mercantil.

Los procesos revolucionarios del siglo XX arrastraron consigo rasgos de colonialidad y trans/posdominación. A tenor con ello, las autoridades reprodujeron prácticas de preterición social gestadas en tiempos coloniales. De este modo se mantuvieron múltiples prejuicios y patrones discriminatorios que requieren de un desmontaje integral, para lo cual pueden ser útiles teorías revolucionarias como el marxismo.

La perversión autoritaria/estalinista de esta última durante el siglo XX la apartó de todo compromiso social con la clase trabajadora, para apuntalar  regímenes oligárquicos que, aunque autoproclamados socialistas, adoptaron una estructura anti-democrática propia del capitalismo de estado e incorporaron en su ordenamiento unipartidista numerosas formas de subyugación obrera que ha sido analizada por marxistas heterodoxos como León Trotsky, Tony Cliff, Milovan Djilas, entre otros.

En la concepción de esa variante hegemónica, la cuestión racial, así como de las mal llamadas «minorías sexuales», desempeñó un rol de segundo orden, al relegar sus derechos cívicos e intereses grupales.

Tales elementos incidieron en la reproducción de prácticas imperiales como la rusificación de los pueblos europeos del este, o el socavamiento de la soberanía nacional de estados vecinos, invadidos por la orden del mando moscovita, auto-considerado centro mundial de las ideas socialistas y marxista-leninistas. Esta vertiente fue proclamada única teoría continuadora de las ideas de Marx, con lo que se estableció una teleología que encontró su origen en la revolución rusa de 1917 y su liderazgo político.

A ese corpus interpretativo, el intelectual argentino Néstor García Canclini —en su libro Las culturas populares en el capitalismo—, lo denominó «marxismo esencialista». Esta tradición intelectual estableció reflexiones marcadamente economicistas caracterizadas por diálogos solo vinculantes con el poder político, lo que condujo a la desatención de conflictividades que abarcaban la realidad de las clases desposeídas.

A su vez, la militancia autodenominada comunista en el siglo XX, se distinguió por la implementación de patrones de consumo industrial/desarrollistas y recreó visiones de empoderamiento obreristas, que desatendían las problemáticas de diversos grupos sociales como: indígenas, población negra y mujeres.

No obstante, a lo largo de la contemporaneidad se llevaron a cabo interpretaciones de proyección anticapitalista que abarcaron zonas del pensamiento invisibilizadas por la hegemonía soviética, entre cuyos exponentes resulta notorio destacar a los intelectuales marxistas José Carlos Mariátegui, Eric Williams (afrodescendiente) y Angela Davis (feminista negra), que desarrollaron visiones particulares de la transformación social, acorde a su contexto y realidad geográfica.

Revolución de los indecentes

Angela Davis

La revolución de los indecentes como praxis contrahegemónica frente a las estructuras dominantes del pensamiento occidental

La clasificación como otredad, el disciplinamiento del cuerpo, y la homogeneización social, han sido prácticas acometidas tanto por las elites burguesas como por las vanguardias políticas anti-sistémicas, encabezadas por elementos de la ciudad letrada, según acuñara el escritor uruguayo Angel Rama.

Dichas prácticas reniegan de las cosmovisiones alternativas a los conocimientos que la academia considera universales, otorgándoles un carácter de universalidad inmanente, del cual extrae las emociones y sentipensares; no pocas veces sustentados en procedimientos clasistas, darwinista-sociales y despreciativos de los subalternos, a los que exige el cumplimiento de patrones previamente normados para la «convivencia cívica».

En la conceptualización de ese proyecto, las capas populares son entendidas como «indecentes», «violentas» e «irracionales» en sus manifestaciones frente al carácter extractivo de los recursos por la clase poseedora de capital y medios productivos, no sin el proceso de desposesión previa que antecede a toda acumulación capitalista.

De igual forma, desde emplazamientos de privilegio se invoca al sostenimiento de la «paz ciudadana», para el predominio de un pacto extractivo únicamente sostenible sobre el trabajo de los asalariados. Estos se ven obligados a ofertar su fuerza laboral en el mercado para competir con otros sujetos en idéntica condición. Todo a cambio de jornales arbitrarios que impone el orden anárquico de producción, cuyo perfeccionamiento ha agudizado las consecuencias sociales del intercambio desigual, debido a las reglas dictaminadas por la globalización neoliberal.

En este contexto, los anhelos de quienes se han visto privados de satisfacer las más elementales necesidades humanas como resultado de la enajenación del trabajo que impone la apropiación privada de las riquezas, es resultado del predominio mundial de ese sistema que adquiere formas sofisticadas de dominación burocrática bajo las lógicas estatalistas del partido único, proveniente de una tradición de pensamiento autoritaria/estalinista en sus nociones y preceptos conceptuales del socialismo.

Dicha proyección ha sido incapaz de materializar los anhelos poscapitalistas que la teoría emancipatoria ha propuesto. De esta forma, han quedado relegados los derechos de quienes permanecen en condiciones de preterición respecto a los postulados del proyecto histórico de la modernidad. De ahí que la revolución de los subalternos e «indecentes», se proponga el desmantelamiento de todo el andamiaje que soporta la racionalidad de esa estructura civilizatoria, hasta alcanzar los ideales más amplios e inclusivos de liberación social y control popular de la producción frente al orden sistémico del capital.

29 octubre 2022 10 comentarios 1k vistas
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Son Gálvez

Oda para Son Gálvez

por Alexander Hall Lujardo 17 septiembre 2022
escrito por Alexander Hall Lujardo

La Primera Jornada de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, celebrada entre el 15 y el 25 de julio de 2022 en La Habana, ha venido a enriquecer el panorama sociocultural de la Isla abriéndole paso a las expresiones artísticas que se han caracterizado por ocupar el detritus en los espacios de visibilidad y promoción mediática.

El diseño conceptual del evento presentó fines claramente reparativos, en interés de la articulación estratégica por los derechos de la mujer negra, allende las fronteras nacionales. De tal forma, es resultado de una lucha que antecede décadas, llevado a cabo por un colectivo que aún posee reclamos sociales por la equidad racial y de género.

Entre la variedad de presentaciones que tuvieron lugar en la cita, me detendré de manera particular en la propuesta del dúo integrado por las hermanas Alba Liria Shand Gálvez y Wendy Oram Gálvez, quienes destacaron por su singularidad, capaz de cautivar a un auditorio integrado por cientos de personas en el Teatro Charles Chaplin.

Estas jóvenes, de formación académica, han trascendido en un contexto adverso para el reconocimiento de su talento, frente al desafío que implica el éxito en un ámbito altamente competitivo y clasista, sumado a los retos que significa abrirse paso ante las variables del género y color de piel.

Su representación armónica está influida por las expresiones más auténticas de la cultura nacional, enriquecida con estándares clásicos que rigen los cánones de la instrucción artística; a pesar de su confesado encanto por la música africana, el pop estadounidense y el rock argentino. De manera que en su sonoridad se percibe una fusión rítmica de influencia caribeña, mezclada con géneros que son parte del patrimonio de los cubanos: la timba, el son, la rumba, el pilón, la salsa, el guaguancó, entre otros.

«Son Gálvez» se aleja de toda vocación purista en busca de un público plural y una acogida amplia en el plano de la crítica, ligeramente distanciada de las expresiones más coloquiales de la música urbana como pueden resultar las letras signadas por una hipersexualización de la mujer, la simpleza en la producción estética o la idealización que roza la fatuidad del erotismo romántico.

Ellas establecen una barrera que marca la separación hacia los usuales recursos de violencia implícita en las composiciones –tan naturalizadas por los medios de comunicación y redes sociodigitales–, que en gran medida condicionan el consumo de las masas en la contemporaneidad.

Mas eso no las hace denostar la influencia e importancia que tales manifestaciones tienen en su repertorio y proyección grupal. Su aceptación se explica por la evidente experticia, junto a la acertada combinación de ritmos e influencias procedentes del arraigo popular como: Celia Cruz, Benny Moré, Chano Pozo, José Luis Cortés, Chucho Valdés, Adalberto Álvarez, Alexander Abreu y Juan Formell.

Legado: un canto a la emancipación de la mujer afrodescendiente

Durante la etapa de confinamiento pandémico (2020-2022) se produjo un giro en lo que hasta entonces había sido la propuesta musical del dúo. En ese momento deciden romper con los resortes proyectados y emprenden el sendero de cantarle a la belleza afro-femenina desde una perspectiva descolonizadora. Tal cambio implica una re-significación identitaria que marca diferencias en su filosofía cotidiana y exposición visual.

Son Gálvez

Este hecho, por lo general acompañado de un proceso de lectura y búsqueda de nuevos paradigmas, vino a reafirmar desde el arte lo que en la praxis había sido el inicio de un nuevo ciclo de introspección conceptual, acompañado por un emplazamiento de orgullo ante las barreras que implica el éxito en un espacio tan marcado por el blanqueamiento de las/os afrodescendientes para su legitimación en tales circuitos.

Esta realidad las convierte en representantes de un sector que no suele escuchar tales narrativas en los recursos que el mercado promueve en sus plataformas, —en el mejor de los casos la industria absorbe a sus referentes convirtiéndolos en modas temporales con fines puramente mercantilistas—, marcados por una agenda lucrativa deshumanizadora.

En tal sentido, «Son Gálvez» es continuadora de una obra que tiene antecedentes como: «El Mola», «Obsesión», «Sekou» y «Robe l Ninho», entre otros que han presentado productos de alta calidad en sus composiciones y arreglos, cuyas letras aluden a la justicia reparativa en términos raciales. En el caso del grupo en cuestión, su trascendencia resulta aún mayor, al incluir en su estandarte los tópicos del feminismo negro por la liberación de la mujer afrodescendiente bajo una lograda fusión antillana.

En sus creaciones se perciben dosis de experiencia personal, al ser parte de un colectivo históricamente subalternizado, cuyo mejoramiento no depende solo del esfuerzo individual de sus miembros, sino de la sociedad y sus múltiples estructuras de funcionamiento, que deben promover un ámbito propicio para la materialización de esos anhelos de equidad y justicia.

Como agrupación, sus ambiciones trascienden estos elementos de abordaje social para abarcar otras complejidades existenciales y sonoras, a pesar de que permanecen en continua superación desde los planos de la poesía, la literatura y la música, en admirable representación de cubanía que ratifica el inagotable acervo cultural que confluye a lo largo de la Isla.

17 septiembre 2022 4 comentarios 1k vistas
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Ejército

Democratización del ejército y milicias populares

por Alexander Hall Lujardo 2 septiembre 2022
escrito por Alexander Hall Lujardo

A mi tutor Fabio Fernández, con cariño, de un historiador en potencia.

***

A raíz de la publicación el pasado 19 de agosto en este medio del artículo El Ejército, la República y el Socialismo, el pedagogo Dayron Roque, miembro del Consejo Editorial de La Tizza, en un post en Facebook, pretendió dar lecciones de historia desde una supuesta moralización política. Es posible apreciar en sus argumentos numerosas inexactitudes y manipulación conceptual, que el presente texto se dirige a desmontar desde el rigor historiográfico.

En mi artículo destaco la importancia que tendría para Cuba la democratización del ejército, así como la implementación de milicias populares voluntarias en sustitución del servicio militar obligatorio, acorde con los preceptos del marxismo y las ideas republicanas socialistas, debido a la condición coercitiva del ejército al servicio de los estados, como demuestra el historiador Charles Tilly en su obra Coerción, capital y los Estados europeos 990-1990.

Lo que aborda Dayron Roque en sus «argumentos»

En su defensa del ejército regular, Roque se lanza al afirmar que la noción moderna del servicio obligatorio no tiene sus orígenes bajo el mando de Napoleón Bonaparte. En respaldo a ese razonamiento, argumenta los antecedentes históricos de conscripción.

Si bien es cierto que desde la antigüedad existieron diversas formas de reclutamiento durante las empresas de conquistas, colonización y enfrentamientos inter-civilizatorios, solo podían integrar los ejércitos permanentes una parte selecta de la población, de manera que estos se encontraban desprovistos de carácter masivo y universal. Así estaba concebido en muchas ciudades-estado helénicas, en los que tenían un reservado carácter clasista —como en Atenas y Esparta. La población militar de esta última, por ejemplo, se encontraba sometida a un riguroso proceso de clasificación para formar parte de la armada permanente, como demuestra el historiador marxista V. V. Struve, en su Historia de la Antigua Grecia.

Por otro lado, en la Roma antigua solo los patricios originalmente podían participar en el ejército, siendo después un reclamo de los plebeyos intervenir en las fuerzas armadas, como puede consultarse en los aportes del historiador soviético S. I. Kovaliov, en su Historia de Roma. Sin embargo, en el Oriente existían mecanismos de conscripción entre los campesinos pobres con fines de servicio en el ejército, aunque no eran preponderantes en todas las civilizaciones, cuyos llamados carecían de carácter universal a pesar de su masividad.

Durante la Edad Media, las levas feudales constituyeron prácticas sistemáticas de reclutamiento, a pesar de que, si se comparan con las dimensiones y el número de víctimas de las conflagraciones bélicas de la modernidad, las de ese período se caracterizaron por ser empresas generalmente de menor intensidad.

Dayron Roque afirma de modo errado que: «la noción moderna del servicio militar llegó cuando un tal Robespierre mencionó por primera vez el célebre “Libertad, Igualdad y Fraternidad” en la Asamblea Nacional en diciembre de 1790 cuando propuso que todos los ciudadanos mayores de 18 años, y no solo los ricos, serían, de derecho, inscritos en la Guardia Nacional de su comuna y en el uniforme iría inscrito esa frase».

Sin embargo, confunde el carácter universal de la defensa con el servicio militar obligatorio. Mientras la primera constituía deber de todos, mediante su inscripción bajo un régimen representativo de los intereses populares —Guardia Nacional—, la noción moderna del servicio militar obligatorio —con carácter universal y nacional— se halla en Francia con la promulgación de la «Ley Jourdan-Delbrel», en 1798, que le permitió a Napoleón Bonaparte abastecerse de soldados durante su período de expansión imperial hasta 1815, tal como se afirma en El Ejército, la República y el Socialismo.

El pedagogo interpelador afirma que se hace una lectura incompleta cuando se exponen las ideas de Marx en torno a la supresión del ejército para sustituirlo por el pueblo armado. Al citar al filósofo alemán confunde el deber cívico-defensivo de la ciudadanía con la concepción —moderna, universal y nacional— del servicio militar obligatorio, en función de intereses distanciados a los del pueblo trabajador.

Por ende, resulta elemental la necesidad de la clase históricamente oprimida de acometer estrategias de auto-defensas ante la agresión de los elementos contrarios a su carácter revolucionario. Si la Comuna de París (1871) fue aplastada, no se debió a su incapacidad de organizar una fuerza de carácter descolonizado, autónomo y carente de jerarquías, sino al poderío mayoritario y tecnológico-militar del gobierno de Versalles, con el respaldo de las tropas imperiales de Bismarck.

De igual modo, Roque comete una grave digresión historiográfica cuando afirma que dos años antes de la rebelión de París, la Asamblea de Guáimaro en Cuba (10 de abril de 1869), enunció en la Constitución derivada de la magna cita en su artículo 25 que: «Todos los ciudadanos de la República se consideran soldados del Ejército Libertador».

Al referenciar ese documento, establece una automática analogía entre los revolucionarios franceses y cubanos, asumiendo un supuesto carácter de obligatoriedad universal para los civiles de la República en Armas, que debían defender los anhelos independentistas contra los intereses coloniales de la metrópoli española, en caso que las autoridades políticas así lo considerasen.

Ese automatismo resulta enteramente falso, ya que en su reconocido «Manifiesto de la Junta Revolucionaria», Carlos Manuel de Céspedes abogó por una abolición gradual y con indemnización de la esclavitud, mientras que el 27 de diciembre de 1868, emitió en Bayamo un decreto en el que plantea en su acápite inicial: «Fuera del curso previsto, se seguirá obrando con los esclavos de los cubanos leales á la causa de los españoles y extranjeros neutrales de acuerdo con el principio de respeto a la propiedad proclamado por la revolución».

Lo anterior demuestra que no existió una voluntad emancipatoria en términos de universalidad e igualdad entre los antiguos hacendados y propietarios de esclavizados, como ha sido demostrado por los aportes del historiador marxista Raúl Cepero Bonilla en su obra Azúcar y Abolición. Apuntes para una historia crítica del abolicionismo (1960).

Ejército

No existió una voluntad emancipatoria en términos de universalidad e igualdad entre los antiguos hacendados y propietarios de esclavizados.

A su vez, Dayron Roque ignora que la Cámara de Representantes decretó el 5 de julio de 1869 un Reglamento de Libertos con el que se establecían las bases para el sostenimiento de los subalternos en condiciones de preterición, lo que generó obstáculos para el ascenso de la oficialidad afrodescendiente, desmitificando así la supuesta igualdad ciudadana al interior del mambisado revolucionario.

Ello ha sido abordado por múltiples historiadores como Ada Ferrer en Cuba Insurgente. Raza, nación y revolución 1868-1898; Aline Helg en Lo que nos corresponde. La lucha de los negros y mulatos por la igualdad en Cuba 1886-1912; José Abreu Cardet en Los resueltos a morir: relatos de la Guerra Grande (Cuba 1868-1878); Rebeca J. Scott en La emancipación de los esclavos en Cuba. La transición al trabajo libre 1860-1899, y Francisco Pérez Guzmán en Radiografía del Ejército Libertador 1895-1898. Todos han problematizado sobre las jerarquías militares y las estrategias de la «sacarocracia criolla» para agenciarse la hegemonía del conflicto en detrimento de los sectores populares.

Sobre este último punto, los aportes del historiador Antonio Álvarez Pitaluga en Revolución, hegemonía y poder. Cuba 1895-1898, lo colocan como uno de los principales analistas en el abordaje de las relaciones de poder en su simbiótica ilación con el concepto de «subalterno», aportadas por el teórico marxista Antonio Gramsci y aplicados a los desenlaces de las conflictuales relaciones establecidas entre los blancos/adinerados y los combatientes de extracción humilde.

Lo que omite y subsume su emplazamiento político

Dayron Roque afirma que se hace una lectura incompleta de la obra El Estado y la Revolución (1917) de Vladimir Ilich Lenin. En este libro, el líder ruso realiza un minucioso estudio desde la teoría marxista en torno a la abolición del ejército y el estado. Sin embargo, en rechazo a los enunciados que se expresan en dicha obra, Dayron Roque alude a El programa militar de la revolución proletaria (1916) para validar sus posturas.

Al parecer, el pedagogo interpelador no hizo una lectura detenida de esta obra, pues en ella el líder ruso se manifiesta en favor de las milicias, cuando enuncia: «En lo que se refiere a la milicia, deberíamos decir: no somos partidarios de la milicia burguesa, sino únicamente de una milicia proletaria. Por eso, “ni un céntimo ni un hombre”, no sólo para el ejército regular, sino tampoco para la milicia burguesa […] Nosotros podemos exigir que los oficiales sean elegidos por el pueblo, que sea abolida toda justicia militar […]».

A pesar de estas consideraciones, Lenin y Trotsky desempeñaron un papel reaccionario en la represión a los marineros de Kronstadt en 1921 (Paul Avrich, 2006), así como en la solidificación de un cuerpo armado representativo de la burocracia explotadora. Una lectura detenida del programa político de los rebeldes, evidencia que eran partidarios de la autogestión obrera, así como de la máxima «¡todo el poder a los soviets!».

Sin embargo, fueron masacrados por los miembros del Ejército Rojo, cuya forma de gobierno, encabezada por el Partido bolchevique, condujo a la abolición de toda expresión democrática después de eliminada la Asamblea Constituyente en noviembre de 1917.

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Los marineros de la fortaleza naval de Kronstadt habían sido considerados por el propio Trotsky como el “orgullo y la gloria” de la Revolución rusa.

En su lugar, fueron suprimidas las libertades civiles, se consolidó el mando burocrático por la vanguardia política, se implantó el precepto de partido único, se proscribió el derecho a huelga y se consolidó un modelo oligárquico que se expandió hacia otros países europeos, como demuestra el estudio La nueva clase (1953), de Milovan Djilas, quien, siendo vice-presidente de Yugoslavia, fue encarcelado bajo el régimen de Josip Broz Tito.

Dayron Roque se muestra como ferviente defensor del status quo, en contraste a los preceptos de transformación social que dictamina la vocación revolucionaria y emancipatoria del marxismo. Su postura resulta funcional al sostenimiento de una maquinaria burocrático-gubernamental y se aferra a los dictados de una producción orgánica que adopta los fundamentos de una «ideología de estado» mistificadora del proceso revolucionario.

Su abordaje científico-social es un debate superado por la historiografía del pensamiento (des)enajenante, cuyas líneas se sostienen en función de lo que el historiador Rafael Rojas denomina «temporalidad ficticia», asumido también por otros referentes como Julio César Guanche, Ada Ferrer y Carmelo Mesa-Lago.

Dicho emplazamiento resulta incapaz de hallar relación alguna entre los hechos de corrupción del empresariado militar cubano y la impunidad de esa dirigencia. Es exiguo en rebatir la responsabilidad del Ejército Rojo en la masacre de numerosos civiles mediante la implantación del terror bajo Stalin, así como en el socavamiento de la soberanía nacional de Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968) contra el principio de libre determinación de los pueblos.

Su posicionamiento resulta esquivo ante los intentos de problematizar sobre los conflictos entre el campo arte-política, expresados por Rosa Luxemburgo. No es capaz de analizar la crisis sistémica/permanente de las economías sovietizadas a pesar de su abordaje por expertos como Inmanuel Wallerstein, Michael Lebowitz o Michael Löwy. Tampoco ofrece alternativas ante la importancia de la relación estado-sociedad civil, que adquiere en Gramsci una importancia medular en la articulación de un socialismo democrático, que en Cuba tuvo notables exponentes como el filósofo Jorge Luis Acanda.

Las gafas oscuras de cierta izquierda ratifican su vocación autoritaria en defensa acrítica del ejército regular, a pesar de las consecuencias civiles de su sostenimiento bajo el actual diseño, que beneficia intereses de clase muy específicos dentro de la cúpula gobernante. A su vez, opta por darle la espalda a la ciudadanía en sus reclamos para la democratización del ejército, así como en la instauración de milicias voluntarias de carácter popular, en sustitución del servicio militar obligatorio.

Sin embargo, es sabido que el estalinismo ha optado siempre por el trabajo de representante ideológico/instrumental al servicio de la élite capitalista de estado que ha implantado un mando oligárquico y militarista en el ejercicio del poder, apartado de los preceptos de emancipación popular que cercena toda alternativa para la instauración de un orden socialista democrático.

2 septiembre 2022 15 comentarios 1k vistas
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Ejército

El Ejército, la República y el Socialismo

por Alexander Hall Lujardo 19 agosto 2022
escrito por Alexander Hall Lujardo

El incendio ocurrido en la Base de Supertanqueros de Matanzas desde la noche del 5 de agosto de 2022, superó las fuerzas y capacidades de los cuerpos de bomberos pertenecientes al Ministerio del Interior, tanto en su adiestramiento como en la disponibilidad de tecnología para rebasar los efectos destructivos del siniestro, un hecho sin precedentes en la historia reciente de la Isla.

Entre los fallecidos figuran varios adolescentes que se encontraban en cumplimiento del servicio militar obligatorio. Según los familiares de las víctimas, algunos de ellos apenas recibieron una preparación que no superaba los quince días. Sin embargo, fueron enviados a la zona del desastre a pesar de ser un hecho que desafiaba la capacidad de los más aptos profesionalmente para enfrentar una eventualidad de tal magnitud. La muerte de los inexpertos profundiza el infortunio de sus familiares y potencia en la esfera pública el debate sobre la abolición del ejército.

Resultan sobradamente conocidas las alternativas de las familias de clase alta —mediante la corrupción económica y el tráfico de influencias— para evitar que sus hijos pasen por tan exigente periplo. Ello provoca que en las unidades militares estén asignados mayormente aquellos descendientes que provienen de sectores humildes, quienes pierden su vida o sufren lamentables accidentes en períodos de paz.

Eso resultaría evitable con una preparación responsable, así como mediante la instauración de milicias alejadas de prácticas nocivas a la integridad humana. Tal concepción sería enteramente consecuente con los ideales socialistas que el gobierno dice defender. Además, optimizaría los recursos destinados a la defensa del país, al fomentar valores populares en la instrucción de bases formativas que se deben sustentar en la preparación no definida por el abuso de poder, actualmente llevado a cabo por una gubernatura acostumbrada al método de ordeno-mando.

En tal sentido, el presente texto establece un recorrido sobre la abolición y/o democratización del ejército entre diversas corrientes del pensamiento socialista, que en caso de abogar por su mantenimiento, poseen una concepción distanciada de toda idea despótica en torno a la funcionalidad de su proyección republicana.

La abolición del ejército en la tradición del pensamiento socialista

Las fuerzas armadas han servido como herramienta de las burguesías nacionales para acometer procesos bélicos encaminados a la expansión y reproducción del capital, cuya maquinaria deshumanizadora fue calificada por el economista David Harvey como proceso de acumulación por desposesión, llevado a cabo por los países del Norte mediante relaciones desiguales de intercambio. Se establece así una continuidad en las prácticas originarias que dieron lugar al actual sistema capitalista mundial.

Ejército

David Harvey en su despacho de la City University of New York (CUNY) (Foto: Abel Albet)

La instauración obligatoria del servicio militar tiene su génesis en la modernidad, bajo el mando imperial de Napoleón Bonaparte, según refiere el intelectual republicano/socialista Antoni Domènech en su obra El eclipse de la fraternidad (2004). Este edicto generó un profundo malestar entre las clases bajas en Francia a inicios del siglo XIX, al socavar las bases fraternales y populares del republicanismo en función de los intereses de la burguesía.

Las ideas de Marx sobre la abolición del ejército fueron contundentes en sus análisis de la Comuna de París, para la conformación de una sociedad basada en la primacía de preceptos igualitarios. Ellas fueron plasmadas en su libro La guerra civil en Francia (1871), cuando afirma: «…El primer decreto de la Comuna fue la supresión del ejército permanente para sustituirlo por el pueblo armado».

Vladimir Ilich Lenin, en su obra El Estado y la Revolución (1917), aseveró que la abolición del ejército era una de las premisas del régimen socialista como paso necesario para el cese de los antagonismos de clases, al tiempo que pondría fin a la maquinaria burocrático-militar, responsable del sostenimiento de las elites sobre las masas desposeídas. En uno de sus pasajes expresa:

«El ejército permanente y la policía son los instrumentos fundadores de la fuerza del Poder estatal. Pero ¿puede acaso ser de otro modo? (…) Se forma el Estado, se crea una fuerza especial, destacamentos especiales de hombres armados, y cada revolución, al destruir el aparato estatal, nos muestra la descubierta lucha de clases, nos muestra muy a las claras cómo la clase dominante se esfuerza por restaurar los destacamentos especiales de hombres armados a su servicio, cómo la clase oprimida se esfuerza por crear una nueva organización de este tipo que sea capaz de servir no a los explotadores, sino a los explotados».

Mientras la socialdemocracia europea apoyó el militarismo nacionalista en la disputa de dimensiones imperiales que ocasionó el desenlace de la I Guerra Mundial, Lenin había manifestado la voluntad de acometer la extinción del Estado —fiel a los preceptos del marxismo—, con el propósito de quebrar la esencia fundamental de su poderío. Al respecto planteó:

«La burocracia y el ejército permanente son un parásito adherido al cuerpo de la sociedad burguesa, un «parásito» engendrado por las contradicciones internas que desgarran a esta sociedad, pero, precisamente, un parásito que «tapona» los poros vitales (…) merece especial atención la profundísima observación de Marx de que la abolición de la máquina burocrático-militar del Estado es «condición previa de toda verdadera revolución popular».

El decursar de la primera revolución proletaria del siglo XX, sin embargo, condujo a la burocratización del Estado, al predominio de jerarquías en el ejército y a su sostenimiento como mecanismo represivo junto a los órganos de Seguridad. De esta forma, el régimen ruso evolucionó hacia la instauración de formas opresivas en sus relaciones de producción predominantes.

Este hecho permitió que algunos especialistas lo calificaran como «imperialismo», debido a: sus intereses expansionistas, que coartaron las libertades democrático-civiles en los países del este europeo; sus pactos de distribución territorial con el régimen nazi-fascista y el socavamiento mediante las armas de movimientos populares como los de Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968), en contra de la soberanía nacional y el principio de «libre autodeterminación de los pueblos».

El giro que adoptara la nomenklatura bolchevique con su influencia en las esferas de poder se consolidó entre 1927-1929, cuando el terror estalinista optó por liquidar toda esencia revolucionaria. Las últimas batallas de Lenin, hasta su muerte en 1924, se concentraron en quebrar el poderío burocrático de la maquinaria política que él mismo había contribuido a establecer.

En esa dirección se encaminaron los esfuerzos de León Trotski antes de que fuera deportado de la URSS. El insigne revolucionario había sido clave en la fundación del Ejército Rojo y un ferviente partidario de su democratización, tiempo antes de que degenerara en feudo de aristócratas distanciados de todo interés de representación social.

Ejército

León Trotski da un discurso a soldados del Ejército Rojo.

El teórico marxista Tony Cliff, partidario de una concepción socialista «desde abajo», de forma que el control de los medios de producción estuviera en manos de la clase trabajadora, en su obra Capitalismo de Estado en la URSS (1947), analizó el fenómeno del militarismo como una de las más plausibles expresiones de su carácter reaccionario, al afirmar: «el fortalecimiento del Estado ruso, su totalitarismo creciente, solo puede ser el resultado de profundos antagonismos de clase y no de la victoria del socialismo».

Cliff era defensor del principio democratizador en las fuerzas armadas como forma de evitar los abusos de poder, la corrupción y el tráfico de influencias en la institucionalidad uniformada, cuya garantía más certera encuentra mayor viabilidad con la instauración de un cuerpo representado por las bases populares. En tal sentido, expresó:

«Los mandos, los comisarios políticos y aquellos que tenían autoridad en el ejército rojo, empezaron a aprovecharse de sus nuevos puestos en beneficio propio. Trotski les lanzó fuertes críticas; el 31 de octubre de 1920, por ejemplo, en una carta dirigida a los Consejos Militares Revolucionarios de Frentes y Ejércitos, condenó el uso, por las autoridades, de coches oficiales “para elegantes fiestas, ante los ojos de los agotados soldados del Ejército Rojo”. Habló furioso de los mandos que se visten con extrema elegancia mientras los luchadores andan semidesnudos, y denunció las juergas de mandos y comisarios».

El Ejército, la República y el Socialismo en Cuba

El triunfo del proceso revolucionario cubano en 1959, estuvo signado desde fases tempranas por las contradicciones de la Guerra Fría. La inviabilidad del liderazgo nacional en acometer vías sustentables para garantizar la independencia económica ante la hostilidad del imperialismo estadounidense, provocó que la Isla quedara vinculada al bloque conocido como «campo socialista», aunque estudios posteriores de economía política aseveran que ese régimen jamás existió al interior de las fronteras de los países que se identificaban bajo dicho signo político, encabezados por sus Partidos Comunistas.

En los referidos modelos se impuso una concepción que defendía el precepto de partido único de vanguardia, y denostaba los principios de representatividad republicanos, considerados como burgueses. En la praxis, tales fundamentos tributaron al anquilosamiento del aparato burocrático-militar de matiz excluyente, expresado tanto en la deficiente participación política de la ciudadanía como en la falta de transparencia de la gestión pública e impunidad de sus cuadros. Así, se echaban al vacío los postulados de la Ilustración sobre los que se sustentan las bases democráticas del republicanismo.

En los denominados modelos del «socialismo real», existió una amplia expansión de las relaciones monetario-mercantiles, predominio del trabajo asalariado bajo una hegemonía sustentada por la propiedad estatal (no socializada) sobre los medios de producción, relaciones verticales de dominación económica, cooptación de los intereses de la clase trabajadora y diversos sectores de la sociedad civil bajo lógicas autoritarias, como analizó el teórico italiano Antonio Gramsci, sumado a una enajenación del fruto del trabajo por parte de los productores.

Ejército

Antonio Gramsci

De igual forma, se establecieron irresolubles conflictos en el campo arte-política que limitaban la plena realización humana —advertidos por notables exponentes del socialismo, como Rosa Luxemburgo—, la extensión de patrones desarrollistas altamente contaminantes que no fueron capaces de generar bienestar social, la represión hacia otras tendencias o corrientes de pensamiento, la instauración de una economía militarizada que sirvió como mecanismo de vigilancia interna, así como la adopción de estrategias intervencionistas en estados vecinos.

Esta realidad ha conllevado a que numerosos autores consideren a tales sistemas como sociedades en las que predominó un régimen «capitalista de Estado» (Tony Cliff), de carácter posrevolucionario/prehistórico (Inmanuel Wallerstein), con un fuerte matiz burocrático (Ernesto Che Guevara), anti-popular (Ernest Laclau), negacionista del marxismo (Herbert Marcuse), con expresiones neo-feudales en su estructura sistémica (Alan Touraine), que demostraron su inviabilidad en establecer ciclos de reproducción de las riquezas bajo formas institucionalizadas eficientes (Michael Lebowitz), lo que condujo al fomento de un mercado paralelo altamente referencial (Eric Hobsbawn).

Por ende, la abolición del ejército en el imaginario político de estos modelos no estaba concebida de acuerdo a los preceptos socialistas. Su existencia era condición necesaria para el mantenimiento de oligarquías que transitaron hacia sistemas neoliberales encabezados por las propias figuras que decían defender los preceptos del «comunismo», aliados a las fuerzas del capitalismo y traicionando los ideales emancipatorios que movilizaron a sus pueblos en defensa de las causas de los oprimidos.

En Cuba, la instauración de milicias voluntarias sería el mejor antídoto contra los anhelos intervencionistas de cualquier nación extranjera y frente a los abusos del poder estatal, que en el caso antillano presenta además escandalosas evidencias de corrupción en su empresariado militar. De igual forma, el actual diseño ofrece escasa preparación técnica a los reclutas y resulta incapaz de sembrar valores humanistas entre los soldados, debido al bonapartismo predominante en su oficialidad, lo que suele transformarse en expresiones de rebeldía por parte de los subordinados.

La adopción de esta forma de ejército reduciría la ocurrencia de hechos lamentables ante la irracionalidad de las órdenes superiores y haría más eficientes los recursos defensivos, al instaurar una mentalidad descolonizada en las tropas dispuestas al sacrificio de sus intereses de clase, contrario a los designios de las autoridades estatales. Dicha proyección está en consonancia con los preceptos del republicanismo socialista y las ideas marxistas, alejada de toda visión oligárquica de la democracia que caracteriza a la actual dirigencia política, revestida de un falso ropaje «progresista y popular».

19 agosto 2022 34 comentarios 2k vistas
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Desafíos

Los desafíos de la cuestión racial a un año del 11-J

por Alexander Hall Lujardo 18 julio 2022
escrito por Alexander Hall Lujardo

La crisis social en Cuba, que halló su punto clímax durante las protestas del 11 de julio del 2021, se debe a razones estructurales padecidas por el modelo político-económico desde hace décadas. Tales elementos no han sido canalizados con la solidez y consistencia que reclama el momento histórico hacia una plena democratización de la sociedad, liberación de las fuerzas productivas y sinergia entre los actores económicos, de manera que sea posible el establecimiento de un régimen de prosperidad colectiva que satisfaga las necesidades materiales de la población, junto a los necesarios niveles de equidad y justicia social.

En el eslabón más débil se encuentran las comunidades pobres, que poseen una presencia mayoritaria de afrodescendientes según los censos realizados en los últimos años. Estas poblaciones sufrieron con mayor impacto los embates de la pandemia, la escasez de productos, las restricciones en sus niveles de consumo, la dolarización económica, la inflación monetaria, el encarecimiento de los servicios públicos, los sistemáticos apagones, los retrasos en el esquema de vacunación y los errores en el diseño e implementación de la «Tarea Ordenamiento».

La complejidad que caracterizó el escenario interno, se vio agravada por la persecución financiera estadounidense —dado el sostenimiento por el presidente Joe Biden de las medidas impuestas bajo el mandato de Donald J. Trump—. No resulta casual entonces que aquellos barrios que padecen con mayor rigor las consecuencias de la crisis, fueran protagonistas en los hechos acaecidos en julio de 2021.

La protesta social como expresión del conflicto de clases en Cuba

Desde el momento en que se reportaron los primeros incidentes de manifestación, ocurridos en el municipio San Antonio de los Baños, la reacción de los medios de prensa y el discurso oficiales fue la deslegitimación de la movilización popular. La mercenarización se convirtió en la estrategia comunicacional implementada por el Gobierno, que justificó de ese modo su convocatoria al enfrentamiento.

El lenguaje elitista, anti-popular y criminalizante del presidente Miguel Díaz-Canel evidenció una retórica similar a la proyectada por líderes políticos de modelos neoliberales en la región. Dicha postura intransigente no estuvo al margen de calificativos denigrantes, vista la composición de las personas que salieron a las calles ante la crítica situación socioeconómica y sanitaria.

Desafíos

Racialización de la pobreza, Marianao, La Habana. (Foto: Alexander Hall)

La racialización de la protesta se percibió en el uso de calificativos como: «vándalos», «marginales», «anexionistas», «delincuentes», «malandrines», entre otros, que recayeron sobre una población contestataria con una presencia importante de personas negras y mestizas, que padeció así las consecuencias de la criminalización a su derecho de libre manifestación pública.

A dicha estrategia le había precedido una campaña mediática que abarcó los medios estatales dirigida contra las/os denominadas/os «coleras/os» y «revendedores», que por lo general resultan mujeres racializadas e inmigrantes internas en condición de pobreza. Hacia ellas se enfocó la mirada inquisitorial de las instancias policiales, al culpabilizarlas de los déficits en la productividad y distribución de los escasos bienes materiales de que disponía el país.

Tales prácticas, lejos de constituir mecanismos de enriquecimiento humano, resultaron estrategias de supervivencia, pues al carecer de oportunidades convencionales para su sustento, la cotización elevada de esos bienes en el mercado informal les permitía lo indispensable para la reproducción de su vida. De esta manera, resultaban el eslabón más endeble de una cadena de corrupción que se inicia en la gerencia de los comercios estatales.

Durante las jornadas de julio, no fueron pocos los hechos de detención arbitraria que culminaron en actos de procesamiento sobre personas en condiciones de vulnerabilidad que cometieron actos legalmente tipificados como delito. Sin embargo, el régimen punitivo expresado en largas condenas contra los imputados, sumerge las profundas contradicciones estructurales de la población residente en las comunidades empobrecidas, a pesar de las enormes problemáticas sociales que caracterizan sus modos de vida.

Tales aspectos inciden en la extensión de procedimientos apartados de la re-inserción social que, en lugar de optar por patrones de castigo severo, debieran adoptar estrategias encaminadas a disminuir los elevados niveles de población penal —de mayoría afrodescendiente—  en el territorio nacional.

De igual forma, el Partido/Estado ha preferido la cancelación de discusiones vitales, como la necesidad de un debate público en torno al abolicionismo carcelario, y la adopción de mecanismos para la prevención del delito, acordes a las nuevas teorías sociales con resultados comprobados de efectividad, apartados del recurso mimético de importación acrítica.

La estrategia gubernamental, signada por la deslegitimación de los manifestantes, contiene un fuerte carácter reactivo con el propósito de proteger los intereses de la cúpula partidista-estatal. Es desatendida así la grave situación que afecta la vida de las poblaciones residentes, marcadas por la precarización económica, el predominio de patrones de violencia transversalizados, elevados niveles de relegación social, deterioro agudo de la infraestructura habitacional, déficits en las redes de alcantarillado y dificultades en el acceso estable a los servicios de electricidad, agua potable, gas licuado, entre otros.

Desafíos

Racialización de la pobreza, Marianao, La Habana. (Foto: Alexander Hall)

Las dinámicas reales en esos entornos han sido identificadas por los estudios sociológicos realizados desde antes de 1990. No obstante, dichos diagnósticos carecen del consistente amparo político-económico para la reversión de la preterición social y la marginalidad económica, cuyas propuestas resolutivas han sido largamente postergadas por las instancias decisócratas a nivel municipal, provincial y nacional.

La proyección mediática ante las protestas contenía una matriz discursiva criminológica que recibió el sustento de una represión inaudita, desplegada a lo largo y ancho del país. Ante ello, el estado añadió cuotas sustanciales de violencia policial a la violencia sistémica padecida por los habitantes de los entornos barriales que manifestaron de forma espontánea su descontento hacia el régimen imperante.

Si bien es cierto que parte de esa inconformidad se expresó en el saqueo a establecimientos comerciales —inaccesibles para el trabajador local al cotizarse productos de primera necesidad en moneda extranjera—, sumado a la agresión física de la población civil a numerosos agentes uniformados; la violencia estructural del orden social no resulta equiparable a los reclamos populares en la exigencia legítima de mayor acceso a medicamentos, alimentos, bienes de consumo y derechos sociales históricamente vetados.

Diversos enfoques ante la crisis estructural del modelo

Un sector de la intelectualidad orgánica al status quo, reprodujo las tácticas del poder en la deslegitimación de la manifestación social, acudiendo incluso a sustentos neoestalinistas aupados en el ejercicio de un marxismo dogmático. En la satanización de sus actos, se consideró la rebeldía de las masas como expresión de una ausente «conciencia de clase». Según la lógica de tales referentes, los manifestantes atentaban contra sus propios intereses existenciales al responder a los «designios de una potencia capitalista extranjera».

Estas perspectivas intentan identificar el derecho de protesta social contra las insuficiencias en la gestión del Gobierno con las proyecciones de sectores vinculados a la oposición tradicional, defensora en ciertos casos de banderas neoplattistas, cuya presencia en esos eventos resultó minoritaria y escasamente influyente. A pesar de los gritos de «Patria y Vida» en una parte de la ciudadanía, las movilizaciones estuvieron alejadas de los preceptos de absorción cultural o sumersión político-económica a la potencia del Norte que marcan los intereses de actores políticos vinculados a una agenda que persigue el cambio de régimen en la Isla.

Expresiones de ese tipo se sustentan en contra del imaginario sacrificial que ha distinguido el metarelato discursivo de la Revolución Cubana, pues resulta contrastante el modo de vida de su dirigencia con las penurias de la clase trabajadora en sus esfuerzos por contribuir a la productividad del país, abnegada además por los efectos de la hostilidad estadounidense y la incapacidad del Gobierno de la Isla en la articulación de un modelo que genere estabilidad económica para las masas desposeídas.

Los referidos sectores de esa intelectualidad omiten, consciente o inconscientemente, las falencias que tipifican el diseño anti-democrático de la sociedad, a pesar de su reivindicación como «socialistas» a nivel de discurso ideopolítico. Tales posicionamientos resultan incapaces de identificar los elevados niveles de sovietización —perceptibles en el predominio de una planificación autoritaria, centralización excesiva, institucionalización estadocéntrica, burocratización administrativa, unanimidad parlamentaria, restricciones a la libertad de expresión y una regulación institucionalista de la creación artística— que devienen lastres fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural.

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Racialización de la pobreza, Marianao, La Habana. (Foto: Alexander Hall)

La hegemonía discursiva de la propaganda oficial es respaldada por actores influyentes en el ámbito intelectual y académico latinoamericano, como han sido las voces de Néstor Kohan, Atilio Borón, Fernando Buen Abad y Frei Betto, entre otros. Dichas figuras sostienen una visión idílica del proceso de liberación de 1959, al considerar a Cuba una especie de «bastión del proletariado» o reducto del «socialismo internacional» a la altura de la tercera década del siglo XXI.

Esta visión, que asume los rudimentos del marxismo estalinista trasmutado en «ideología de Estado», resulta incapaz de analizar a profundidad las variables que condujeron a la caída de los regímenes de corte soviético durante el siglo XX, al convertirse en herramienta cognitiva para el sostenimiento de una estructura burocrática de tipo capitalista. En consecuencia, dicha elucubración permanece alejada de la realidad, así como de los intereses de transformación que la han distinguido como arma teórica de los movimientos anti-sistémicos del planeta.

En sus perspectivas sobre la situación cubana, las mencionadas figuras establecen atisbos de continuidad en los preceptos igualitarios que definieron las políticas sociales del proyecto histórico revolucionario. Sin embargo, su acomodo intelectual contrasta con la voluntad migrante e inconforme de las masas, las penurias socioeconómicas del pueblo y las reiteradas muestras de inconformidad percibidas en la micro-política del espectro ciudadano. A la vez, sus proyecciones discursivas resultan incapaces de valorar las numerosas expresiones de colonialismo interno, transdominación, y opresiones múltiples que tienen lugar bajo el modelo político insular.

En la antítesis de esta postura se encuentran destacadas figuras de pensamiento socialista, marxista, decolonial, feminista, antirracista y anti-capitalista que se han pronunciado en contra del autoritarismo en la Isla. Entre ellas resaltan: Gayatri Chakravorty Spivak, Alex Callinicos, Noam Chomsky, Eric Toussaint, Michael Löwy, Luciana Cadahia, John Molineaux, entre otros. Algunas de estas personalidades, apartadas de todo posicionamiento dogmático y desde militancias progresistas, han solicitado el cese de la represión política en Cuba y la concesión de una ley de amnistía para la reconciliación nacional que abra las puertas a un socialismo democrático de iguales.

Los desafíos del color ante la crisis político-económica

A un año del 11J la población cubana aún padece los efectos de la dolarización, la especulación de divisas, la escasez de medicamentos, alimentos, combustibles, insumos para el aseo y otros bienes indispensables para la vida. La crisis económica se acentúa ante el deterioro de los servicios públicos y  la pulverización del salario debido al ascenso generalizado de los precios. Sobre las comunidades empobrecidas recae con mayor rigor  las consecuencias de la crisis social.

Desde que fuera anunciado, en marzo de 2020, el Programa Nacional contra el racismo y la discriminación racial, resultan escasas las políticas dirigidas a revertir los efectos de la precarización del «componente racial negro». Si bien resultó de vital importancia para la visibilización del flagelo y su reconocimiento institucional, las pautas desde su creación han estado signadas por la opacidad y la falta de incentivos en la promoción de los aportes científicos, artísticos, bibliográficos, etnológicos, históricos y culturales que respecto al tema se han producido en el país.

El enunciado programa suele recurrir a spots promocionales de carácter didáctico, signados por una retórica amparada en los recursos del mestizaje, el ajiaco ortiziano, el color cubano y la alusión al término «vestigios». El empleo conceptual de esos productos comunicativos evade la profunda dimensión sociológico-cultural que representa el flagelo.

Estos subterfugios se han constituido en métodos efectivos para la subestimación de las diferencias, a pesar de la crítica realizada por los estudios subalternos y decoloniales, que abarcan una presencia importante de exponentes marxistas, que identifican esas tácticas como mecanismos de poder para sostener el status quo y soslayar el abordaje de los abismos socioclasistas que separan a las poblaciones étnico-raciales.

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Racialización de la pobreza, Marianao, La Habana. (Foto: Alexander Hall)

De esta forma, bajo el estandarte monolítico de unidad homogenizante, se acude a la retórica de falsa fraternidad democrática proyectada por las elites nacionalistas decimonónicas para fortalecer sus mecanismos de dominación, continuada en la región como una estrategia de los estados neoliberales mediante la promoción del multiculturalismo para fingir una convivencia afectuosa entre las diversas poblaciones.

La estrategia gubernamental en el manejo de la crisis se caracteriza por el triunfalismo que celebra la presencia negra en instancias parlamentarias y espacios de visibilidad mediática. Ello genera una falsa representatividad y oculta los problemas estructurales que padece su composición civil. Este recurso se refuerza con la implementación de estrategias populistas de «reanimación social», aunque dichas acciones no resuelvan las problemáticas de fondo que laceran la vida en dichos entornos, inducidos por una praxis paternalista instrumental que reproduce la colonialidad del poder.

Procedimientos como esos se apartan de la emancipación económica y ofrecen poca cobertura para la autoorganización, como puede ser la impulsión de valores socialistas, antirracistas, comunitarios y humanistas «desde abajo», que favorezcan el auto-reconocimiento identitario y el emprendimiento; frustrados por la centralización excesiva del poder político, el carácter burocrático de la nomenklatura y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto del estado.

En tal sentido, los aportes de pensadores como Juan René Betancourt sobre el cooperativismo antirracista y la afro-reparación económica desde una crítica anti-capitalista radical, devienen referentes ineludibles para las actuales y futuras generaciones interesadas en la instauración de la igualdad plena entre cubanas/os, partiendo del reconocimiento de las diferencias históricas que separan a los diversos sectores.

La resolución de la problemática racial requiere implementar un debate público —largamente pospuesto por las instancias oficiales—, así como la materialización de una ley de asociaciones que permita el reclamo organizativo de sus demandas sociales, a pesar de ser un derecho refrendado por la Constitución de 2019 que se ha convertido en letra muerta al calor de las circunstancias actuales.

La visibilización de los aportes realizados desde las ciencias sociales sobre el tema, el fortalecimiento de la educación popular ante el blanqueamiento de las universidades, el financiamiento de proyectos económico-sociales para el mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades relegadas, la concesión de mayor autonomía y participación democrática en los gobiernos locales, bajo prácticas socializadoras alejadas de las lógicas de la privatización o la burocratización estatal que conducen a la concentración del poder y la riqueza en pocas manos; así como la puesta en práctica de otras alternativas sobradamente documentadas, constituirían estrategias acertadas para combatir el racismo, basado en la extensión de una cultura que proyecte el bienestar económico bajo preceptos de justicia e igualdad social.

18 julio 2022 23 comentarios 1k vistas
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Lectura antirracista sobre la muerte de otro joven afrocubano

por Alexander Hall Lujardo 5 julio 2022
escrito por Alexander Hall Lujardo

La muerte de Zinadine Zidan Batista Álvarez a manos de las autoridades policiales, fue reportada en horas de la tarde del viernes 1ro de julio de 2022 y ha conmocionado a gran parte de la sociedad cubana. Las primeras noticias que circularon en redes sociales, mediante videos y testimonios de los presentes, ilustran el incidente como resultado de un altercado que ocasionó el despliegue de un operativo policial que culminó en el fatídico suceso.

No pretendo asumir en este texto una perspectiva hechológica de las circunstancias en que se produjo la muerte de la víctima; procuro más bien arrojar luces sobre las condicionantes que ocasionan la reproducción de estos eventos, bajo dinámicas similares de una recurrencia llamativa, que han provocado el deceso de varios ciudadanos de piel negra en intercambios violentos con miembros armados del Ministerio del Interior.

Zidan Batista se suma a otros jóvenes afrodescendientes que recientemente han perdido la vida a manos de la PNR como resultado del uso letal de la fuerza. El listado está precedido por: Hansel Ernesto Hernández Galiano (24 de junio de 2020), Yamisel Díaz Hernández (5 de julio de 2020) y Diubis Laurencio Tejada (12 de julio de 2021). Este tipo de hechos se produce en circunstancias en que la oficialidad alega peligro para su vida como elemento justificativo de tales procedimientos.

En todos los casos predomina en la institucionalidad la ausencia de un protocolo para tramitar demandas ante las autoridades, así como la contratación independiente de profesionales para el esclarecimiento de los hechos e indemnización económica de los familiares afectados. En tal sentido, persiste un escenario de opacidad que favorece al aparato del Estado en detrimento de los derechos ciudadanos.

Este desamparo resulta aún más lacerante cuando quienes se ven involucrados en estos acontecimientos son personas que viven bajo condiciones de pobreza y preterición económica, como resultado de la histórica desventaja que caracteriza la diferenciación socioclasista. Dichos argumentos han sido avalados por estudios sociológicos, históricos y antropológicos que dan cuenta de la desigualdad que persiste entre los distintos componentes del país.

Según una investigación efectuada por el Centro de Antropología de la Academia de Ciencias de Cuba en los años noventa, el 58 % de los blancos considera que los negros son menos inteligentes, el 65 % de la muestra afirma que estos no tienen valores ni decencia, mientras que un 68 % asevera estar en contra del matrimonio interracial. El elevado porciento de personas con esa mentalidad se ampara en una racionalidad que reafirma el predominio de un imaginario racista ampliamente extendido.

En el 2019, un estudio desarrollado por el instituto alemán GIGA arrojó que el 98 % de las empresas privadas en Cuba son propiedad de personas blancas. El mismo análisis ratificó que el 50 % de este componente es poseedor de una cuenta bancaria contra el 11 % de personas negras. En cambio, solamente el 3 % de ellos alega haber viajado al extranjero, mientras el 31 % de las personas blancas ha gozado los beneficios de semejante privilegio.

La realidad descrita evidencia una gran diferenciación clasista por color de piel, elemento que incide en la reproducción de actividades al margen de la legalidad entre personas negras, sector que presenta además elevados niveles de desempleo según las cifras del último censo publicadas en el 2016.

Todo ello provoca que muchas de las actividades realizadas por las personas de mayor melanina en la piel estén ceñidas a normas cívicas que tipifican determinadas conductas en ámbitos carentes de condiciones para una vida digna, lo que contribuye a la extensión de patrones asociados a la marginalidad como elemento intrínseco de su comportamiento. A su vez, esto ocasiona que sean más proclives ante las autoridades a la solicitud de identificación, realización de cacheos, así como detenciones por sospecha de delito. Y aunque el estado cubano no ofrece datos estadísticos al respecto, los especialistas refieren que la mayoría de la población penal está compuesta por sujetos racializados.

El imaginario delincuencial sobre las personas negras y mestizas se encuentra sustentado, además, por condiciones de vida relegadas a los peores sitios de convivencia, caracterizados por el abandono estatal, la insalubridad y el deterioro de una infraestructura que deja pocos márgenes a la inserción social. Este proceder se agudiza por la extensión de estereotipos que visibilizan al negro(a) como no apto para determinadas actividades laborales, por considerarlo carente de condiciones acordes a empleos que demanden la presencia de un paradigma estético apegado a patrones eurocéntricos.

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El imaginario delincuencial sobre las personas negras y mestizas se encuentra sustentado, además, por condiciones de vida relegadas a los peores sitios de convivencia. (Foto: Hacemos Cuba)

¿Necropolítica?

La violencia episódica del accionar represivo está usualmente acompañada por el predominio de una violencia sistémica, que relega a los afrocubanos(as) a los peores espacios de remuneración, lo que incluye sitios de segregación que generan la expansión de desigualdades y una restricción en su capacidad de compra. Téngase en cuenta que por cada dólar que recibe un afrodescendiente, las personas blancas pueden ser capaces de apercibir hasta cinco veces más. A tenor con ello, se perpetúan sus condiciones de marginación, atendidas de manera poco eficiente por las autoridades, que proponen estrategias de reparación y asistencialismo epidérmico no dirigidas hacia la raíz estructural del fenómeno.

El contexto cubano no está caracterizado por la definición necropolítica, propuesta por el teórico y filósofo Achille Mbembe. Este autor enuncia que, como resultado del modelo neoliberal que tiene lugar en el continente africano, la vida humana se convierte en fin mismo de la acumulación capitalista; a diferencia del pasado esclavista de la modernidad, donde el sujeto negro era entendido como mero instrumentum vocale en los ciclos de obtención de las riquezas, a través de las relaciones sociales de producción establecidas.

No obstante, el escenario antillano adquiere expresiones más evidentes de capitalización que endurecen la vida de los afrocubanos(as). Dado su endeble situación económica, estos han pasado a ocupar los peores sitios del trabajo asalariado bajo deprimentes garantías laborales. A su vez, el aumento en los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria inciden en su deterioro económico, al tiempo que los efectos de la escasez tributan hacia una severa restricción en sus niveles de consumo.

Estas condicionantes desvían parte importante de sus actividades al sector no legal del mercado, debido a la incapacidad gubernamental para garantizar la viabilidad de un modelo que ofrezca bienestar social por vías convencionales. De tal manera, esto contribuye a la extensión de estrategias criminalizadas que, sumado a la violencia sistémica en la reproducción de patrones de dominación, obstaculizan las alternativas autonómicas de emancipación y autoorganización, cuyo marco restrictivo lesiona su prosperidad e independencia económica, subordinada al verticalismo estatal y/o la servidumbre que implica la sujeción a las lógicas del capital privado.

El predominio de este depauperado escenario refleja la ausencia de posibilidades para el mejoramiento cualitativo en la vida de los subalternos. De igual forma, predomina la inexistencia de acciones afirmativas dirigidas a revertir los efectos de la desigualdad.

A su vez, resulta evidente la carencia de metodologías adecuadas en los órganos policiales para un tratamiento humanista hacia la población afrodescendiente, como debe caracterizar el desempeño descolonizado de las autoridades. Todo ello reafirma los enormes desafíos para enfrentar el racismo sistémico que predomina en la sociedad cubana, al tiempo que resulta indiscutible la responsabilidad del estado en su sostenimiento.

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El escenario antillano adquiere expresiones más evidentes de capitalización que endurecen la vida de los afrocubanos(as). (Foto: Eliana Aponte / The New York Times)

A pesar de que las instancias gubernamentales alegan la ausencia de racismo institucional, resulta aberrante la forma en que el Ministerio del Interior justifica el uso desproporcionado de la fuerza mediante la emisión de una declaración en la que reproduce los marcos estigmatizantes de la criminalización, cuando exalta —contra toda norma ética y accionar responsable— los antecedentes policiales del fallecido, acto que pretende resaltar un prototipo delincuencial en quien ha sido en realidad la víctima mortal del desenlace y padece las consecuencias orgánicas de la opresión. 

La solución debe ser estructural e inclusiva

Para el abordaje del fenómeno racial, las instancias gubernamentales han optado por atrincherarse en: discursos triunfalistas, omisión de estadísticas, adopción de prácticas excluyentes hacia el activismo crítico, predominio de una concepción paternalista/colonial de matriz estadocéntrica, instrumentalización de la racialidad en función de intereses populistas, a la vez que han adoptado estrategias que promueven la condición de «eterno agradecimiento» que se aparta de los propósitos emancipatorios.

La conjunción de esos factores poco contribuye a la resolución definitiva de un asunto complejo, que requeriría una transformación estructural y participación política inclusiva, tanto de la amplia composición ciudadana como de aquellos actores que han sido fundamentales en la visibilización del fenómeno.

La situación demanda además una extensión de valores antirracistas, potenciación de espacios culturales que reivindiquen las tradiciones afrodescendientes, gestión de alternativas económicas de reparación racial, consecución de nuevas herramientas teórico-metodológicas en los niveles de formación educacional, incorporación a los medios de comunicación de los numerosos aportes realizados desde diversos campos de las ciencias sociales, mayor transparencia de los informes públicos para la realización de análisis certeros y penalización de las acciones discriminatorias, como se ha realizado en otros países de América Latina.

Igualmente, es impostergable la adopción de estrategias integrales dirigidas a erradicar el flagelo de la composición social del país, al ser esta una de las deudas históricas del proyecto revolucionario jamás saldadas con la población residente de la Isla, a pesar de las reiteradas promesas instrumentales sobre su definitiva erradicación.

5 julio 2022 26 comentarios 1k vistas
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