Barcelona, 30 de diciembre de 2020. Las maletas estaban todas listas, el pasaje ya comprado: un ticket one way a Buenos Aires, Argentina. Mi segundo proceso migratorio desde que salí de Cuba en 2018. De nuevo empezar de cero. De nuevo, enfrentar todo lo desconocido que trae consigo mudarse a un país que no es el tuyo. Lo único diferente era que este viaje venía acompañado de algo más. Venía acompañado de «varias semanas de atraso» y la alerta ante un posible embarazo no deseado.

Mientras la Cámara de Senadores se reunía en Buenos Aires para decidir la aprobación —o no— de la La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) No 27.610 y la marea verde inundaba los alrededores del Congreso de la Nación, yo salía por las calles del Raval en busca de una prueba de embarazo. Todo apuntaba a dos posibles respuestas: un fallo positivo o negativo de la legislación, un test positivo o negativo. No había opción «c» en ninguno de los casos.

Finalmente, solo una franja azul se asomó en el plástico y La Ley de Interrupción Voluntaria fue aprobada por 38 votos afirmativos. Ese día lloré por muchas razones. Lloré de felicidad porque me dirigía a un país con aborto legal, seguro y gratuito. Y lloré porque gracias a —inserte aquí deidad de su preferencia— no iba a ser madre. Podía empezar esta nueva etapa un poco más tranquila. Pero también lloré por el «y si». Y si hubieran salido dos franjas azules, en lugar de una. Y si, no hubieran aprobado la ley.

Lloré porque, por un segundo, me acordé que no estaba en mi país. En Cuba, las veces que se asomó la posibilidad de un embarazo no deseado sabía de antemano qué hacer y a dónde acudir. Nunca lo cuestioné, todo lo contrario, lo di por sentado. Me parecía completamente obvio tener a mi alcance las herramientas necesarias para, dado el caso, interrumpir la gestación.

Ahora, lo miro desde lejos y nada me parece tan obvio. Nada relacionado con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un mundo patriarcal es tan obvio. Ni siquiera en Cuba.

En un contexto regional e internacional marcado, tanto por avances como por retrocesos en lo que respecta a derechos sexuales de las mujeres, Cuba parecería ser un oasis donde la interrupción voluntaria del embarazo no solo se concibe a nivel social como una práctica legítima sino también a nivel institucional. «No es tabú», se escucha decir una y otra vez.

Sin embargo, ni Cuba se encuentra aislada en el mundo, ni es un espejismo en el desierto. La Isla se encuentra insertada en un complejo escenario donde un día celebramos con pañuelos verdes la despenalización del aborto en Colombia hasta las 24 semanas de embarazo y al otro, leemos como una mayoría de jueces conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos anuncia, en una sentencia histórica, la derogación de Roe vs. Wade. ¿Por qué pensar entonces que Cuba está exenta de esta disputa?

El estado actual del aborto en Cuba

Hace más de cinco décadas que el aborto en Cuba se encuentra institucionalizado. Fue el primer país en América Latina en lograrlo. Aunque era una práctica extendida y hasta cierto punto tolerada en la nación caribeña, el aborto salió de la clandestinidad en 1961, y cuatro años después, se creo su marco regulatorio y protocolar bajo los apartados del Sistema Nacional de Salud.

Se reconoció, entonces, como un derecho humano y como una medida para disminuir las muertes maternas. Sin embargo, la despenalización oficial no llegó hasta 1987, cuando entró en vigor el entonces Código Penal que lo estableció como «delito» única y exclusivamente cuando se comete por lucro, fuera de las instituciones sanitarias, por personal no médico o en contra de la voluntad de la mujer.

A la par, el ejercicio se encuentra amparado en el Artículo 43 de la actual Carta Magna, el cual establece que «el Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello».

Hoy en día, la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra bajo los reglamentos de la actual Ley de Salud, vigente desde 1983 y propensa a una próxima actualización. De acuerdo con las guías metodológicas, cualquier persona gestante en Cuba puede tomar la decisión dentro de las primeras 12 semanas de embarazo —si supera esta franja de tiempo queda a criterio médico.

En el caso de las menores de edad, debe ir acompañado del consentimiento de una figura materna, paterna o tutor legal. Asimismo, el procedimiento debe realizarse en una institución hospitalaria, de forma gratuita y solo puede ser realizada por personal especializado. Para ello, se debe acudir al denominado médico de la familia o dirigirse directamente a hospitales ginecoobstétricos. Una vez se confirma el embarazo, las pacientes tienen una franja de hasta 72 horas para confirmar su decisión.

El método aplicado —regulación menstrual, inducción medicamentosa o aborto quirúrgico— dependerá de las semanas de gestación y será el personal médico quien elija cual utilizar en cada caso. El diagnóstico, que puede realizarse a través de las «tiras reactivas de alta sensibilidad» y en la gran mayoría de los casos viene acompañado de exámenes médicos complementarios como pruebas de VIH-Sida, hematocrito, hemoglobina, serología y Rh, las cuáles también se han dificultado por falta de reactivos en el país.

La regulación menstrual, indicada para las primeras semanas de la gestación, consiste en una aspiración manual y sin anestesia y se describe como un procedimiento doloroso. Mientras que la inducción medicamentosa se realiza con misoprostol, pero como resultado la escasez del fármaco, esta tiende a ser la vía menos implementada. En caso de cualquier fallo, se recurre entonces al aborto quirúrgico, también conocido como «legrado».

Si bien existe todo este entramado legal y protocolar del Ministerio de Salud Pública (Minsap) alrededor del aborto, se puede decir que la práctica está normada pero no cuenta con una ley propia. No existe una normativa a nivel estructural que hable de forma específica de la interrupción voluntaria del embarazo como sí sucede en otros países, como el caso de Argentina, Uruguay o Colombia. Esto ha sido un latente reclamo en los últimos años por parte de voces feministas independientes en la Isla. Necesitamos una ley, pero ¿por qué?

Cuba ¿en peligro el aborto?

A simple vista pareciera innecesario una ley específica para la interrupción voluntaria del embarazo en Cuba. Sobre todo, cuando se cuenta con estatutos a nivel ministerial que atañen el ejercicio. Sin embargo, al igual que el contexto internacional, la situación a nivel país también juega un factor importante.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud del Ministerio de Salud Pública, la cantidad de abortos en mujeres de entre 12 y 49 años ha disminuido en las últimas décadas; pasando de 150 mil —a finales de los 80— a menos de 52 mil en 2021. Sin embargo, los datos oficiales contrastan con una población cada vez más envejecida y con una de las tasas de natalidad más bajas de la región con 99.096 nacidos vivos en 2021. La cifra más baja de las cinco décadas más recientes, poniendo en juego el llamado «recambio generacional».

A la par, según dan a entender los acontecimientos desarrollados durante los últimos años en la Isla, pareciera que en Cuba —país laico por excelencia— circulan por las calles tendencias y retóricas cada vez más conservadoras impulsadas, entre otros factores, por la religión. Y que han llegado incluso a colarse en las salas de los hospitales.

Solo bastaría con recordar el rol que jugaron las iglesias evangélicas a lo largo de 2018 y 2019, cuando se posicionaron alto y claro en contra del Artículo 68 del anteproyecto de la Nueva Constitución, que abría las puertas al matrimonio igualitario en el país. La normativa no fue incluida en la versión final de la Carta Magna pero los carteles por «el diseño original de la familia» quedaron en los postes, puertas y ventanas.

La campaña se retomó el pasado año durante la discusión del anteproyecto del ya aprobado Código de las Familias.

«Creemos que nuestro pueblo, en la materia que nos atañe, fue muy claro en la discusión previa a la aprobación de la Constitución actual de 2019. Es una constatación innegable que la mayoría de los cubanos quiso que se mantuviera la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, tal y como aparece en el actual Código de Familia de 1975», reza una declaración con fecha de 25 de febrero de 2022, firmada por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

En la misiva no solo se rechazaba el matrimonio igualitario sino que también ponía su mira en la Resolución 16/2021 del Ministerio de Educación (Mined) que establecía un programa de educación sexual con enfoque de género y criterios de inclusividad de la comunidad LGBTIQ+. Cabe recalcar que, luego de la presión ejercida por las iglesias y líderes religiosos, dicho Ministerio aplazó indefinidamente la implementación del programa alegando problemas para imprimir los nuevos libros y la capacitación del personal docente.

También se ha conocido la existencia de varios grupos —sobre todo en el oriente y centro del país— que dicen luchar por los «derechos y la vida de los concebidos no nacidos». Entre ellos, el proyecto «Esperanza» en Camagüey, liderado por el sacerdote José Gabriel Bastián Cadalso, y la agrupación «Quiero vivir», en Villa Clara. Ambos entienden que la Constitución cubana, no protege al feto desde su concepción. Para ello, realizan recurrentes visitas a instituciones ginecobstétricas y dialogan con las pacientes, incluso llegando a ofrecer apoyo monetario y emocional si continúan con el embarazo.

O recordemos lo que dijera la doctora María Concepción Morales Peralta, representante del movimiento Pro-vida de la Iglesia Católica cubana en un video publicado en YouTube: «abortar en Cuba, es como sacarse una muela». Dicha frase luego sería reproducida por la periodista Camila Acosta en un artículo publicado en el diario ABC.

Poner nuestras barbas en remojo

A casi tres años de aquel susto inicial donde, confieso haberme sentido desorientada y vulnerable. A casi tres años de celebrar la victoria de las hermanas feministas argentinas, entiendo la imperante necesidad de proteger nuestro derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Porque sí, nosotras las mujeres —cis y trans—, las que vivimos en sociedades patriarcales, tenemos que salvaguardar constantemente nuestras conquistas. Sobre todo, aquellas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.

Esto no pueden estar atados a aumentos o descensos en natalidad de un país, a envejecimientos poblacionales o a las tendencias religiosas. Como diría la investigadora cubana Ayilinn Torres Santana «es un derecho que las personas gestantes tenemos y que es independiente de los cursos demográficos y los procesos políticos de las naciones».

De Ayilinn, me acuerdo de una frase específica por allá en 2018 que decía «podríamos suspirar, viendo arder las barbas del vecino y creyendo que las nuestras están a buen recaudo. Pero quizás nuestras barbas no estén tan a salvo, y es mejor ponerlas en remojo».

Y sí, hay que poner el parche antes que salga el hueco. Necesitamos blindar nuestros derechos reproductivos con una ley que garantice no solo el ejercicio en sí, sino también que sea una práctica libre de violencia obstétrica donde en el centro de todo esté la paciente. Una práctica que, además, venga acompañada de una estrategia integral de educación sexual, que sea llevada a cada escuela y comunidad y aplicada en los medios de comunicación.

Necesitamos una ley que garantice el acceso al aborto, incluso, en las zonas más periféricas del país donde se concentran las tasas más altas de fecundidad, sobre todo, en adolescentes. Una ley que venga a suplir los grandes déficits de información y garantice métodos anticonceptivos.

Ahora, con la reforma de la Ley de Salud, se abre una puerta y la posibilidad de incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la nueva normativa. En agosto del pasado año, durante una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Dr. José Ángel Portal Miranda reiteró que las políticas aplicadas en la Isla buscan facilitar el acceso a esta práctica y así evitar muertes maternas por causa de procedimientos riesgosos e inseguros.

«Donde los abortos están restringidos legalmente, las mujeres tienen más probabilidad de acudir a prestadores del servicio carentes de capacitación o someterse a procedimientos bajo condiciones realmente insalubres», sentenció el titular del Minsap. «Porque lo que sí es seguro es que la que quiera interrumpir su embarazo lo va a hacer de manera clandestina, insegura y en espacios no asépticos».

No basta con hablar de derechos sexuales y reproductivos en la Constitución. Es urgente una ley específica acerca de la interrupción voluntaria de los embarazos —y los derechos asociados—, y que la escude ante cualquier influencia religiosa o corriente conservadora.