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Rechazo a la nueva Constitución en Chile

por Redacción 5 septiembre 2022
escrito por Redacción

El plebiscito para aprobar una nueva constitución en Chile celebrado este domingo concluyó con un aplastante triunfo para el Rechazo, opción que acumuló el 61.86 % de los votos frente a un 38.14 % de los ciudadanos que respaldaron el Apruebo.

Luego de conocerse los resultados, el presidente Gabriel Boric —quien asumiera en marzo como abanderado de un periodo de transformación estructural de la sociedad chilena— convocó a todos los representantes de partidos políticos y del Congreso a una reunión en el Palacio de la Moneda para impulsar un nuevo proceso constitucional desde este lunes.

Gabriel Boric

Gabriel Boric, presidente chileno

La respuesta de los presidentes de Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, ambos de derecha, fue que no acudirían. Ello contrasta con el compromiso anterior de los sectores opuestos al proceso, que expresaron su disposición a continuar trabajando en el cambio constitucional aunque se impusiera el Rechazo.

Si bien los sondeos apuntaban a la victoria del no, el pronóstico vislumbraba un escenario de mayor equilibrio. Entre los puntos medulares que introducía la nueva propuesta figuran la declaración de Chile como un Estado ecológico y plurinacional, el reconocimiento de los pueblos originarios, la democracia paritaria, así como el derecho humano a la educación y al agua; este último de especial relevancia por tratarse del único país del mundo en que dicho recurso es manejado por capital privado.

El rechazo acumuló el 61.86 % de los votos

Sin embargo, aun cuando el proceso contara con gran apoyo popular en sus inicios, factores como la inseguridad ciudadana y la inflación interanual superior al 13%, unido a la ausencia en el texto de referencias a los partidos políticos y el sistema electoral, abrieron el margen a que ganara la opción del no. Llama la atención igualmente para un gobierno de izquierda que la preferencia por el rechazo fue más amplia en los municipios de ingresos más bajos, los que a su vez destacaron por aportar una alta participación.

Algunas lecturas apuntan que el Rechazo es también un llamado a la actual administración de Boric, quien lleva seis meses en el cargo y entró a la escena política de la nación durante las protestas estudiantiles de 2011. Asimismo, fue uno de los principales defensores de la nueva Carta Magna y una de las firmas más visibles del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, tras meses de estallido social.

Aunque en aquel entonces existió consenso en el país para convocar a una Asamblea Constituyente, el mensaje enviado este domingo por el pueblo chileno señala una profunda división social. El futuro inmediato exigirá cohesión, diálogo y trabajo por parte de las fuerzas progresistas que aspiran a un rompimiento simbólico con el legado de la dictadura de Pinochet.

5 septiembre 2022 18 comentarios 1,2K vistas
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Cláusulas

¿Cláusulas latinoamericanas en la nueva constitución de Chile?

por Andrés Kogan Valderrama 8 enero 2022
escrito por Andrés Kogan Valderrama

A solo meses de que se realice el plebiscito de salida para una nueva constitución en Chile, la discusión que se tendrá este 2022 sobre los contenidos de la carta magna en el país se comienzan a dilucidar. Sucede luego de la presentación de más de cuatrocientas iniciativas populares de norma constitucional y de 183 mil firmas en apoyo a cada una de ellas.

Entre esas propuestas ciudadanas destacan algunas para la regulación de derechos sexuales y reproductivos, educación feminista y no sexista, desprivatización del agua y derechos de la naturaleza; reconocimiento a pueblos indígenas, plurinacionalidad, diversas formas de familia, así como la incorporación de los animales como sujetos de derecho, entre muchas otras.  

No obstante, lo llamativo de este proceso participativo en curso, es que aún no se presenta ninguna iniciativa relacionada a la integración latinoamericana o regional, luego de revisar las presentadas hasta el momento en las siete comisiones existentes.

Esta ausencia de latinoamericanismo no se ha puesto en discusión en medios de información, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil ni en las constituyentes, lo que evidencia la escasa importancia que se le ha dado a un tema que debiera ser central en la discusión que se tendrá próximamente.

Es lamentable, como bien plantea el investigador colombiano Juan Camilo Herrera, ese desapego de Chile por la región, que distancia al país del resto de las naciones, las cuales en su gran mayoría han incorporado en sus constituciones cláusulas de integración latinoamericana, impulsadas tanto por sectores liberales, conservadores, como progresistas.

De ahí que a pesar de las grandes diferencias existentes entre procesos y momentos políticos en la región, países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, tienen preámbulos y artículos en sus constituciones donde América Latina aparece mencionada.

Cláusulas 2

(Foto: AntonIvanov / Shutterstock.com)

En consecuencia, tal desinterés sólo retrata el profundo racismo histórico e institucional de Chile, el cual con la constitución dictatorial y neoliberal de 1980 impuso violentamente un nacionalismo de mercado. Este ha estado marcado los últimos treinta años por una política exterior economicista, que privilegió múltiples tratados de libre comercio con naciones fuera de la región, en vez de liderar procesos de integración latinoamericana.

Si se revisa el texto constitucional de 1980, aparece explícitamente en el artículo 32, que es el presidente quien debe «conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país».

Es decir, ha habido una mirada completamente subordinada a los grandes poderes imperiales (Estados Unidos, China u otros), en desmedro de la construcción de un bloque regional autónomo, que haga cierto contrapeso a esos países y a las grandes empresas transnacionales existentes, las cuales concentran cada vez más la riqueza.

De hecho, revisando la investigación de Juan C. Herrera, en su libro «Las Cláusulas durmientes de integración latinoamericana», muestra cómo la discusión previa a la constitución de 1980, a través de la Comisión Ortúzar, estuvo marcada por posiciones ultra conservadoras. Incluso compararon a Chile con Inglaterra: «en este momento en este país no solo existe desencanto por lo que pasó, por lo que le pasó a esta democracia nuestra tan orgullosa: “ingleses de América Latina”, el país más sólidamente organizado de América del Sur».

La idea de ser «los ingleses de la región» solo reproduce un patrón eurocéntrico y un desprecio por el resto de los países, como si Chile viviera en un oasis de desarrollo dentro de un mal barrio. Ello se ha traducido además en su errático rol en América Latina las últimas tres décadas, caracterizado por beneficiar a los grandes grupos económicos del mundo.

Chile ha sido parte de varios de los distintos organismos regionales creados históricamente (OEA, ALALC, SICA, Parlamento Latinoamericano y Caribeño, CAN, SELA, ALADI, Mercosur, Unasur, Celac, Alianza del Pacífico, Prosur), pero mientras no incorpore de forma explícita en la nueva constitución, cláusulas de integración latinoamericana, siempre cumplirá un rol secundario.  

Por otro lado, si bien esos organismos han servido para agrupar a países de la región, muchas veces han sido meros medios para agendas propias de algunos Estados, como ha pasado imperialmente con la OEA (Estados Unidos), pero también gubernamentalmente con la Unasur (Venezuela y Bolivia) o con Prosur (Colombia y Chile).

La integración latinoamericana y la idea de un constitucionalismo transformador, tiene que ser impulsado contra cualquier tipo de injerencismo (estadounidense o chino), pero también más allá de los gobiernos o caudillos de turno de la región, los cuales han cooptado procesos políticos.

Las razones para impulsar aquel derecho común latinoamericano, van mucho más allá de algo nostálgico en nuestra historia (sueño bolivariano) o pragmático (integración económica), sino que tienen que ver con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.

América Latina (Abya Yala) es la región más biodiversa en el planeta, con mayores reservas de agua, con una alta migración interna y con múltiples pueblos indígenas. Más que una opción se vuelve una necesidad el tener una política regional centrada en proteger las enormes riquezas naturales y humanas existentes.  

Cláusulas 3

(Foto: La Sexta)

Nos encontramos como región en un proceso muy complejo para quienes vivimos en este gran territorio del sur global. Padecemos el extractivismo imperante, la violación a los derechos humanos por parte de gobiernos, la crisis humanitaria de miles de migrantes, la violencia de los narcotraficantes, el racismo contra pueblos indígenas y afrodescendientes, la violencia patriarcal contra mujeres y disidencias sexuales; así como los efectos sociales y para la salud mental que ha generado la pandemia actual.

Frente a esto, que la integración regional nos permita impulsar políticas que pongan en el centro el cuidado de los bienes comunes y una ecología de saberes entre distintos pueblos. Que la plurinacionalidad, la sustentabilidad y los buenos vivires, nos conviertan en referente mundial dentro de un planeta amenazado por una crisis climática (antropoceno) y civilizatoria de más de quinientos años.

Chile no puede estar ajeno al proceso integrador en su nueva constitución. Le hemos dado la espalda a la región por demasiado tiempo, por lo que es el momento propicio para hacer un giro latinoamericano constituyente, que vaya acompañado por políticas de Estado en directa relación con el resto de los países de América Latina.

8 enero 2022 12 comentarios 1,5K vistas
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Poder

Cuba: poder, sistema, modelo y Constitución

por Mario Valdés Navia 13 octubre 2021
escrito por Mario Valdés Navia

Tengo ante mí la respuesta del poder a la solicitud de ciudadanas y ciudadanos para efectuar una manifestación política pacífica el 15 de noviembre, a tenor con derechos postulados en la Constitución de 2019. No por esperada la respuesta deja de ser indignante dada la soberbia que destila. La negativa rotunda se escuda en una interpretación maniquea de los artículos constitucionales, que pretenden blindar el modelo de socialismo estatizado y burocrático ante cualquier reclamo de transformación que no provenga del propio Gobierno/Partido/Estado.

Una interpretación constitucional de tal naturaleza hace tabla rasa del Estado Socialista de Derecho y los convenios internacionales sobre derechos humanos, pero su contenido revela una verdad de fondo que es aún más peligrosa. ¿Acaso el Gobierno/Partido/Estado considera equivalentes los términos de poder/sistema social/modelo? ¿Es eso lo que dice la Constitución de 2019? ¿Será preciso luchar por una nueva carta magna para que sea posible promover cambios al actual modelo cubano desde la sociedad civil?

-I-

Con perdón de Roa, la Revolución del Treinta no se fue a bolina totalmente. La nueva república que salió de ella, más inclusiva y pluralista que la anterior, halló su conformación en la Constitución del 40, una de las más modernas y progresistas del mundo al cierre de la década. Todos los movimientos políticos transformadores y reivindicativos que surgieron a partir de entonces la tuvieron, al mismo tiempo, como ara y pedestal. Los derechos humanos de primera y segunda generación (políticos y económico-sociales) estaban representados en ella con tintes radicales, lo cual empoderó a diversos sectores sociales.

Cuando en las elecciones de 1952 el movimiento progresista amenazó con romper el modelo tradicional de dominación de la oligarquía cubana, se impuso el gobierno de facto de Fulgencio Batista, quien se apresuró a proclamar sus propios «Estatutos Constitucionales».

La lucha contra la tiranía tuvo como bandera el retorno al imperio de la Constitución de 1940. No obstante, al triunfar la Revolución, la Ley fundamental de 1959 adoptó el cuerpo teórico de la del 40 pero otorgó el poder legislativo al Consejo de Ministros (Artículo 119), extinguiendo así la trilogía de poderes del Estado. Entre otras potestades adicionales, se facultaba al Gobierno Revolucionario Provisional (GR) para:

c) Discutir y aprobar los presupuestos de gastos, inversiones e ingresos del Estado; d) Resolver sobre los informes anuales que el Tribunal de Cuentas presente acerca de la liquidación de los presupuestos, el estado de la deuda pública y la moneda nacional; e) Acordar empréstitos y autorizar, asimismo, la prestación de garantía estatal para las operaciones de crédito. (Artículo 121)

Con ello se otorgaba al ejecutivo un poder tan grande en la república que eclipsaba a los anteriores, y recordaba, por un lado, al Comité de Salud Pública de los jacobinos durante la Revolución Francesa; por otro, al régimen de las Facultades Omnímodas otorgadas por la Corona a los gobernadores coloniales para mantener sujeta por la fuerza a la «Siempre fiel isla de Cuba».

Poder (1)

Fidel Castro toma posesión como Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, el 16 de febrero de 1959, en el Palacio Presidencial de La Habana.

 Desde entonces, y hasta hoy, la voluntad política del grupo de poder militar hegemónico, representado directamente en las diferentes instancias del GR, ha actuado como un poder omnímodo que subordina todo el andamiaje del Estado y la sociedad a sus mandamientos. En 1965, al surgir el PCC como «fuerza política dirigente», aparentemente lo hacía como subordinante —según el modelo oficial del socialismo real— sin embargo, en la práctica, era un subordinado del GR y su correa de trasmisión más importante a nivel social.

Una década más tarde, al finalizar la provisionalidad y crearse las nuevas estructuras del Estado socialista al estilo soviético —durante el llamado «Proceso de Institucionalización»—, estas vinieron no a limitar sino a reforzar el poder del GR. A partir de aquella etapa se constituyó definitivamente la tríada Gobierno/Partido/Estado, que pasaría a detentar —por ese orden— el poder real y efectivo.

Así lo demuestran tanto la letra y el espíritu de la Constitución de 1976, como un vistazo a la composición de los órganos supremos de la república socialista: Buró Político y Secretariado del Comité Central del PCC, Consejo de Estado y Consejo de Ministros; integrados por las mismas personas y sus acólitos.

El poder burocrático centralizado tomaba cuerpo en una sólida estructura de dominación que, amparada por el liderazgo carismático de Fidel y la defensa de la soberanía nacional ante las agresiones e intentonas desestabilizadoras del gobierno de los Estados Unidos, rechazaba de plano cualquier disidencia y atribuía la crítica a sus decisiones a la labor quintacolumnista de «mercenarios al servicio del Imperio», empeñados en destruir la Revolución.

-II-

Cuando se vino abajo abruptamente el modelo de socialismo estatizado y burocrático impuesto por la Unión Soviética en países de Europa, Cuba y Corea del Norte quedaron como sus únicos exponentes a nivel mundial. Mientras los países de Europa oriental y las antiguas repúblicas soviéticas optaron por transitar al capitalismo y China y Vietnam establecieron regímenes de socialismo de mercado que aprovechaban las ventajas de la globalización, Cuba se hundía en la crisis del Período Especial.

Poder (2)

Cuando se vino abajo abruptamente el modelo de socialismo estatizado y burocrático impuesto por la Unión Soviética en países de Europa, Cuba y Corea del Norte quedaron como sus únicos exponentes a nivel mundial.

La estrategia diseñada para superar esa etapa sin renunciar a las «conquistas de la Revolución», pasaba por introducir elementos de la economía capitalista y limitadas cuotas de descentralización interna. El grupo de poder, sin embargo, preservaría su hegemonía política impoluta, exigiendo cada vez mayores cuotas de sacrificio y lealtad al pueblo.

Tras el inicio de las reformas de Raúl, plasmadas en los Lineamientos y la Conceptualización, con su marcha zigzagueante y a trompicones —marcada más por la influencia de la política hacia Cuba de las administraciones estadounidenses que por una voluntad sostenida de transformaciones internas—, se llegó a la aprobación de la Constitución 2019 y a la inédita proclamación del Estado Socialista de Derecho. Pero cada vez se ha hecho más evidente que tal concepto no significa lo mismo para el grupo de poder hegemónico, amplios sectores de la ciudadanía y la práctica internacional.

Cuando el artículo 4 proclama: «El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable», establece una falsa similitud entre sistema y modelo e instaura un principio que petrifica el actual modelo socialista como si fuera único e inamovible. De nada valdría tratar de cambiar todo lo que deba ser cambiado para mejorar el país si cualquier modificación, sustracción o adición a los elementos del modelo es considerada inconstitucional a criterio de un puñado de decisores y académicos.

Menos aún como se hace en la respuesta de las autoridades a la solicitud de permiso a manifestación, en la que se reitera el llamado al pueblo a «combatir por todos los medios» cualquier solicitud de esa índole, aunque sea pacífica y en silencio, sin que se cite el resto del artículo constitucional, que establece una condicionante: «cuando no fuera posible otro recurso».

El referido artículo constitucional tiende a eternizar el actual modelo de socialismo, al impedir cualquier modificación que conduzca a formas de gestión económica, social y política socialistas que respondan a una sociedad menos burocratizada e inmovilizada y sí más dinámica, democrática y participativa. Lo que habría que preservar es el socialismo como sistema, no el estatismo burocrático como modelo.

Hace un tiempo escribí:

La soberbia es considerada por muchos como el pecado capital primario. Su expresión más peligrosa socialmente es cuando se presenta en aquellos que pertenecen al grupo de poder hegemónico en un momento determinado. En esos casos, la alucinación que provoca en la visión de los poderosos respecto a los demás afectará sus modos de gobernar a las grandes masas.

Si la soberbia se entroniza en un grupo de poder de origen militar, tiende a crecer en progresión geométrica debido a los tradicionales hábitos de ordeno y mando de ese sector. Si a eso se añade el lastre acumulado tras largos períodos de ejercicio de un poder omnímodo, los niveles de soberbia pueden llegar a destrozar la escala de cualquier soberbímetro. Por eso Martí no dudó en advertirle a tiempo a su querido y respetado M. Gómez: «Un pueblo no se funda, General, como se manda un campamento».

Si la tríada poder/sistema social/modelo se encumbra como indivisible, no será posible aspirar a cambios promovidos desde la sociedad civil. Solo descentralizando el poder que ha acumulado el grupo hegemónico, democratizando la vida política y social y empoderando a la ciudadanía y los sectores emergentes, podrán avanzar las reformas que Cuba necesita para encontrar el rumbo de la prosperidad y la democracia.

Para lograrlo, debemos luchar en Cuba por una nueva Carta Magna que defienda la soberanía y el Estado de derecho, no por el actual modelo de socialismo realmente existente, reliquia del pasado y fuente nutricia de la sobrevivencia de un grupo de poder anquilosado y deslegitimado. 

13 octubre 2021 72 comentarios 4,6K vistas
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Desterrada

Desterrada

por José Manuel González Rubines 25 marzo 2021
escrito por José Manuel González Rubines

Hace hoy una semana, a Karla María Pérez González la convirtieron en una desterrada. Si bien en Cuba esa categoría no inicia con ella, la tiene por su víctima más renombrada en los últimos tiempos. En su caso no fue suficiente con que le atribuyeran los calificativos usuales –mercenaria, apátrida, gusana y cualquier otro de los que alimentan esa jerga siempre a mano– y prefirieron dejarla fuera de su país sin que mediaran resoluciones, cargos o procesos legales.

La joven cienfueguera de veintidós años había comenzado su camino al destierro cuando fue expulsada de la Universidad Central «Martha Abreu» de Las Villas por publicar en el blog de una organización opositora al gobierno. Debido a eso, hace cuatro años, se fue a Costa Rica a cursar la carrera de Periodismo. Antes del 18 de marzo pasado, −fecha en que quedara en un limbo migratorio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, que la llevara a solicitar asilo en el país del que venía−, Karla era, para la mayoría de los cubanos, una desconocida.

Ese mismo día, y en los sucesivos, la prohibición de su entrada a la Isla, consiguió crear lo que los voceros oficiales han catalogado de «show mediático». Pero, ¿quién lo armó?, ¿qué intereses pueden existir detrás del mismo?

La palabra show es un préstamo del inglés y significa espectáculo. El término mediático remite a la idea de que ese acto no tiene lugar en los escenarios de un cabaret, sino en los medios de comunicación.

Desterrada

Karla María Pérez González en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá. (Foto tomada del perfil de Facebook de KMPG)

Los voceros oficiales culparon a los medios extranjeros e independientes –¡novedad!– de hiperbolizar con fines políticos un hecho puntual que tuvo a una ciudadana cubana como protagonista. Sin embargo, la parte acusatoria no ha explicado aún las razones y medios legales para sancionar a una persona sobre quien no pesaba cargo alguno, a quien no le había sido notificada la prohibición de entrada al país y que, incluso, poseía su pasaporte debidamente prorrogado por las autoridades migratorias de la Isla y la reservación en un hotel donde pasaría la cuarentena –ambas cosas indican que además de desterrada, fue también estafada.

Las razonas esgrimidas por la directora general de Prensa, Comunicación e Imagen del Minrex, para el destierro son, en esencia, que la «intención de reinstalar a Karla en el país cumplía propósitos subversivos», dado que ella es un «instrumento y no es la primera vez que es utilizada para este tipo de manejos y acciones fuera de la ley y desestabilizadoras contra Cuba».

Sin embargo, hasta la fecha no consta en el expediente de la muchacha cargo alguno por el que haya sido procesada, como ya se dijo. Por tanto, es válido concluir que el castigo en este caso ha sido impuesto no por un delito consumado, sino por la posibilidad de que se consumara. «Prevenir es mejor que lamentar», parece haber sido la máxima seguida.    

Como cualquier país, Cuba regula la entrada por sus fronteras, pero privar a un ciudadano cubano de la posibilidad de regresar a su patria no es facultad de un funcionario, sino que debe hacerse mediante un proceso judicial, como está establecido en el artículo 94 e) de la Constitución de la República[1], cuyo resultado sea notificado de manera oficial, no mediante una declaración televisiva o una directa de Facebook. La ley no es patrimonio de la burocracia del que se pueda disponer a capricho, pero ese análisis jurídico ya ha sido hecho brillantemente antes[2].

El show

En torno al tema ciertamente se montó un espectáculo, pero lo curioso es que, contrario a lo que se afirma, no fueron los medios extranjeros ni los independientes los que concibieron la coreografía.

La primera condición para que se produzca uno de estos escándalos que se han tornado tan comunes, es la existencia de un hecho explosivo que lo detone. ¿Quién prohibió a una muchacha casi desconocida la entrada a Cuba después de haberle aprobado todos los permisos necesarios para viajar? Ahí está la génesis. Después vienen las oscuras declaraciones de funcionarios –con manipulaciones para enredar la madeja y un discurso que solo tocó el tema central de forma tangencial ante la imposibilidad de explicar lo inexplicable– y, finalmente, la llegada al estrellato definitivo: el momento en que los medios oficiales se involucran. Pero, ¿por qué?

En política todo debe verse en una relación costo/beneficio. ¿Qué se ganaba desterrando a esta muchacha, recién graduada, con una historia de expulsión de la Educación Superior cubana que ya casi nadie recordaba, y sin liderazgo demostrado? Si era parte de las «estrategias de golpe blando», como se dijo en un inicio, blando entonces es el sistema que deba su estabilidad a que una joven sin antecedentes entre al país. Si se tenían noticias de que pensaba atentar de alguna manera contra el Estado cubano una vez dentro, pues existe un Código Penal y los suficientes tribunales para juzgarla.

Como no creo factibles ninguna de esas posibilidades, se me ocurren cuatro explicaciones –podrían perfectamente ser diez o quince, pues resulta imposible saber qué se esconde bajo la manga de cualquiera de los que moran en las alturas del poder– a una actuación que, además de arbitraria, se me antoja rara por desmesurada y cuyo costo político a primera vista parece tan negativo, pero que se inscribe en una serie de hechos de índole similar. 

La primera explicación es la más obvia: se actuó de esa manera por torpeza, crueldad o bravuconería –o todas juntas. Podría ser la decisión errada de un alto funcionario que no se rectificó para no demostrar titubeos o la de algún representante de un sector del poder, de cuyas fracturas no conocemos nada, que opta por la línea dura del estalinismo. Podría explicarse de este modo tamaña chapucería, mantenida para no demostrar fisuras.

La segunda va al otro extremo, al de la teoría de la conspiración, y se inscribe en una tesis que señalé en otro artículo aquí publicado el mismo día que sucedieron los hechos: puede ser un golpe contra el sistema y lo que le resta de credibilidad, gestado desde dentro del sistema mismo.

«Yo soy cubano»

Existen indicios de que algo así pueda estar sucediendo, dado que se han comenzado a dinamitar las bases simbólicas que sustentaron por años el discurso político de la Revolución: la preocupación por el bienestar de los ciudadanos –Estado paternal que atiende la salud, la seguridad social, que escucha las quejas y peticiones de sus hijos–; el respeto por la historia y los veteranos; el consenso –real o aparente–; el uso de la violencia por parte de cuerpos militares uniformados –resalto el término uniformados– para reprimir sin temor al escarnio público. Si este fuera el caso, no lo sabríamos hasta dentro de unos años, cuando algunos de los actores implicados lo confiesen satisfechos.

Otra de las explicaciones posibles es que tales determinaciones se tomen pensando, honestamente, en que redundan en bien de la nación; no obstante, confieso que me resulta complejo entender la lógica que se mueve detrás de esta posibilidad. No es falso, y no lo ha sido nunca, el escenario hostil en el que se encuentra inmersa Cuba, que no solo padece el bloqueo/embargo, sino también agresiones de tipo político; pero esta sería una débil justificación en un caso como el que nos ocupa.

Si tomáramos a un clásico de la política, que desde la lejanía del Renacimiento italiano aún dicta cátedra, se entendería una actitud como esa; sin embargo, para ello primero debemos despojarnos de todo el ideario ético y espiritual heredado de nuestro Martí. Dice Nicolás Maquiavelo que «en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que, dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad».

La última de las posibilidades que identifico es también maquiavélica. Para explicarla debemos remitirnos a hechos del pasado reciente. ¿Qué hubiera sucedido si en lugar de dejar esperando hasta la madrugada a los artistas e intelectuales que se congregaron frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre –por no hablar de cordones policiales, arrestos domiciliarios o uso de gas pimienta–, el presidente de la República hubiera ido personalmente a escuchar qué tenían que decir, cuáles eran sus inquietudes?

No sería nada nuevo, pues todavía están frescas las imágenes de Fidel aplacando, sin arma alguna, a quienes se manifestaban de forma violenta durante el Maleconazo, en agosto de 1994. Seguramente el escenario de cultura e intelectualidad sería menos peligroso para la integridad física del actual jefe de Estado.

A pesar de ello, desde ese 27 de noviembre y hasta hoy se ha optado por algo diferente y sumamente peligroso. El Estado/Gobierno se ha encerrado en una atalaya desde la que vigila y castiga. Siendo David en las relaciones internacionales, se yergue cual Goliat bravucón en el trato con su ciudadanía.

La envergadura de este otro 27 de noviembre

Siguiendo esta lógica se llega a la conclusión de que la medida tomada contra Karla –así como las detenciones arbitrarias, las expulsiones de centros de trabajo, los actos de repudio, los linchamientos mediáticos, etc.– tiene sus miras mucho más lejos. Ella fue solo una oportunidad bien aprovechada para hacer una demostración de fuerza a una sociedad civil cada vez más presente y articulada. No era suficiente con regular a un grupo la salida del país, sino que ahora también se puede prohibir la entrada a quienes están fuera. Es una espada de Damocles que pende sobre cualquiera que salga de la Isla.

Dignidad desterrada

Se ha intentado poner en práctica –y el caso de Karla Pérez es ilustrativo al respecto–, la máxima de Maquiavelo de que «(…) la ofensa que se hace a un hombre debe ser tal que le inhabilite para hacerlo temer su venganza». Solo que, para ello, en el camino también se ha ofendido e inhabilitado una Constitución en cuya discusión y aprobación participamos muchos.

Aun cuando tiene evidentes sombras y contradicciones, debe ser el deseo de que Cuba se constituya en Estado Socialista de Derecho lo que prime en las políticas públicas de nuestro gobierno. Quizás ahora, más holgado de tiempo después de haber discutido su tesis doctoral, el presidente Miguel Díaz Canel pueda ocuparse de estos asuntos que competen al Estado que dirige.

Intentar impedir desde el poder la exigencia de derechos constitucionales y humanos por parte de la ciudadanía es un método que ha demostrado ser fallido. El efecto de este deseo de estrangular la sociedad civil generalmente redunda en una articulación y radicalización que crea enemigos donde antes había posturas reformistas. Léase con cuidado la historia de Cuba y se encontrarán muchos ejemplos de eso.

Todos tenemos derecho a volver a casa

La acumulación de errores políticos, independientemente de las causas que los provoquen, es nefasta para cualquier gobierno pues mina la base de credibilidad y ata su accionar. Cualquier gota puede ser la que colme el vaso. Con estas decisiones que se han sucedido una tras otra, no necesita la CIA tener espías aquí, ni la NED destinar un solo dólar a la subversión. Flaco favor le hacen a Cuba, a los ciudadanos y al propio gobierno que representan.

En medio de este campo de batalla donde cualquiera puede resultar una víctima, no debe olvidarse –a veces la política diluye esa realidad– que hay personas que cargan a cuesta como una cruz muy pesada los resultados de esos errores que rara vez se rectifican y por los que nunca se pide perdón.

Sin ánimos de parecer inocente ante las muchas implicaciones que tiene asumirse como sujeto político, no puede desconocerse que la desterrada no fue solo una opositora al gobierno, sino una muchacha que no pudo abrazar a sus padres que la esperaban después de cuatro años; quien sufrió un acto de repudio no fue solo una activista, sino una madre que difícilmente logró calmar a sus hijos ante la turba que les gritaba las peores ofensas; el médico que no pudo regresar no es un desertor, es una persona que quizás tenga familia y que optó por una camino diferente y no por ello, menos legítimo.

La confrontación es una apuesta peligrosa. Transitar dejando víctimas y dignidades humanas laceradas es más efectivo que cualquier campaña mediática para desvirtuar un proyecto que pretenda ser humanista. No bastan las buenas intenciones declaradas desde el discurso si no se acompañan además de prácticas que dignifiquen al ciudadano como soberano y razón de ser de un Estado. Es difícil mantener la fe cuando el medio es tan hostil. Una nación fracturada carece de las fuerzas para enfrentar los peligros que la acechan desde fuera y se recompone con lentitud y trabajo esmerado. No parece ser halagüeño el horizonte, pero como diría Heredia en su desgarrador Himno, «elevemos los ojos al cielo, y a los años que están por venir».

***

[1] Artículo 94. Toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y, en consecuencia, goza de los derechos siguientes: e) no ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad competente o sentencia firme de tribunal.

[2] Comparto los links a los análisis realizados por Julio César Guanche, Harold Bertot y Eloy Viera.

25 marzo 2021 43 comentarios 7,6K vistas
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Chile 1

Chile, a la izquierda de las izquierdas

por Diosnara Ortega 20 mayo 2021
escrito por Diosnara Ortega

La noticia más importante de la semana en la región estuvo protagonizada por Chile con su histórica votación del fin de semana pasado, donde se celebraron, en dos jornadas, tres importantes elecciones: las municipales de alcaldes/alcaldesas y concejalas/es, las de Gobernadores/as Regionales, y las elecciones de constituyentes a la Convención que redactará la nueva Carta Magna. Estas dos últimas, nuevas en la historia electoral y constitucional chilenas. Conversemos sobre una de ellas.

¿Por qué es tan importante la elección de Constituyentes en Chile?

La elección de la Convención Constituyente marca un hito en la historia del constitucionalismo nacional y mundial y en la tradición política de Chile. En primer lugar, mediante ella se redactará una nueva Carta Magna que pondrá fin a la Constitución de 1980 y sus más de cincuenta reformas.

El hecho de que el mecanismo sea mediante una Convención Constituyente, con plebiscito de entrada y salida, le otorga la mayor legitimidad democrática en la historia de las constituciones chilenas. Por otro lado, la promulgación de la Ley 21200, el 23 diciembre 2019, permitió modificar ampliamente las condiciones para la reforma constitucional, especialmente en lo referido al procedimiento en tal sentido y a la conformación de la Convención Constitucional o Mixta. 

Los tres principales logros fueron: (1) la paridad de género dentro de la Convención, que la convierte en el primer órgano constituyente que logra este requisito dentro del constitucionalismo a nivel mundial. (2) Se lograron 17 escaños reservados para los pueblos originarios, que es un conflicto central dentro del Estado chileno y su sistema de representación política. (3) Se aprobó la existencia de listas de candidatos independientes, dentro y fuera de listas/pactos y partidos.

Para mantenernos entretenidos

Todo ello ha sido consecuencia de un conflicto social entre ciudadanía, gobierno y fuerzas políticas partidistas —tanto oficialistas como de oposición—, que puso al país, en octubre de 2019, en una situación de crisis política e inseguridad inéditas desde el fin de la dictadura. El estallido social del 2019 tuvo como incentivo inmediato el alza en treinta pesos al pasaje del metro en horario punta, pero su origen fue la acumulación de treinta años donde la desigualdad social creció, el Estado se mantuvo y fortaleció como un Estado subsidiario.

Cabe mencionar que veintitrés años de estas tres décadas estuvieron bajo los gobiernos de la Concertación (1990-2010) y la Nueva Mayoría (2014-2018), las izquierdas oficialistas chilenas.

La elección de Constituyentes fue el resultado de una salida institucional y democrática a una situación de conflicto social y político bajo un estado de excepcionalidad constitucional, decretado por el presidente de la República el 19 de octubre de 2019. El Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre del propio año por partidos políticos, tanto de derecha como izquierda, así como por diputados a nombre individual, posibilitó no solo la desescalada del conflicto, sino abrir en modo histórico la opción de refundación política del país.

Estas son dos de las enseñanzas que Chile deja a la democracia: (1) cómo ante la agudización del conflicto, llegados a un nivel de militarización y de suspensión de los derechos constitucionales, la política y la institucionalidad siguieron siendo una vía de resolución. (2) Se trata sí, de una política en que las partes están dispuestas al diálogo y la negociación, donde no se excluyan y donde los partidos siguen teniendo un rol central en el curso de la sociedad. «La calle» marcó una ruta, el gobierno dispuso la suya, pero los partidos salvaron al país de ambos extremos.

Protesta-Chile

Durante las protestas de 2019 uno de los reclamos fue el de dotar al país de una nueva constitución (Foto: Portico)

Si se tienen 155 constituyentes elegidos democráticamente, 48 de los cuáles obtuvieron sus escaños organizados en listas de independientes, esto es, sin afiliación partidista; se debe fundamentalmente al rol que tuvieron los partidos, que se la jugaron la larga noche del 15 de noviembre de 2019.

Es un dato que no podemos menospreciar y que permite: 1- no sobredimensionar el liderazgo de los/as independientes; 2- no minimizar el peso que continúan teniendo los partidos en la política dentro del país, aun cuando se trate de partidos en crisis, con problemas serios de liderazgos, de recambio generacional y corrupción, entre otros. Pero son partidos dispuestos a negociar entre extremos.

Un resultado no menor, fue que el Partido Demócrata Cristiano —partido bisagra en la transición a la democracia y que gobernó durante toda la década del noventa—, logró solo 2 escaños dentro de la Convención, uno de ellos el correspondiente a Fuad Chaín, su presidente, quien acaba de renunciar a la jefatura del Partido la noche del pasado 18 de mayo.

Por otro lado, el Partido Socialista consiguió 15 constituyentes de los 25 escaños alcanzados dentro de la Lista del Apruebo, que nucleó a los partidos de izquierda, menos al Partico Comunista (PCCH), al Frente Amplio (FA) y a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) (Lista Apruebo Dignidad), esta última con 28 escaños.

Listas, pactos y partidos: una fórmula más democrática

Uno de los aprendizajes que Chile nos deja en estas elecciones y su proceso constituyente, es la posibilidad de reinventar fuerzas y fórmulas que salven a la democracia, incluso cuando ello implique poner en crisis a ciertas instituciones o actores. La historia demuestra cómo la democracia y los derechos colectivos deben estar al centro de la vida política y la institucionalidad, y no viceversa. Se puede y se debe sacrificar al Partido pero no a la Democracia. Se puede y se debe sacrificar el Programa pero no el Proyecto.

Las réplicas que estamos observando tanto dentro de los partidos de la derecha, como de la izquierda y la centro- izquierda, evidencian la efectividad de estas nuevas fórmulas para incluir nuevos actores y lograr que las instancias decisoras se parezcan más al país real. La Convención ha instalado con fuerza constituyentes jóvenes, acorde con quienes lideran el recambio político en Chile (15 escaños lo ocupan jóvenes entre veintiuno y treinta años, y 62 escaños están en el rango etario de treinta y seis a cuarenta y cinco) y con una presencia de casi el 50% de mujeres.

Las luchas por las reivindicaciones

La opción de producir listas y pactos que permitieron la inscripción de candidatos/as constituyentes tanto desde los Partidos como independientes de estos, dio cabida a una ciudadanía que no se reconoce dentro del esquema duopólico de la política ni tampoco dentro de terceras fuerzas, por el principal hecho de que el «partidismo» acumula un descrédito social importante.

Se suma a ello el hecho sociológico de que, en contextos de grandes movilizaciones políticas, los movimientos sociales y demás actores emergentes que suelen identificarse simbólicamente como «la calle», se constituyen como ese actor de resistencia expresión pura del pueblo. Pero ojo, es solo un momento, como dice la canción.

Optar por la vía de la institucionalidad política representativa o de «la calle», es siempre una actitud excluyente, en la que uno de los polos es negado a priori por el otro. Chile cuenta con una larga trayectoria de polarización y de sus costos. La vía chilena al socialismo, aun cuando radical para los sectores que promovieron su desaparición, fue precisamente un ejemplo de esa izquierda que buscó —por la fórmula democrática, pacífica y del diálogo/negociación con sectores ideológicamente diversos —, la refundación del pacto social.

Los resultados de las Listas, Pactos, Partidos y Constituyentes independientes dentro y fuera de ellos en las pasadas elecciones, muestran un pluralismo político que evidencia la crisis de los partidos políticos, no así de la pluralidad de pensamiento y proyectos políticos y sociales.

Chile

Elaboración propia. Fuente: Datos SERVEL

Chile se coloca nuevamente en la historia dando cuenta de cómo la salida democrática es posible ante el antagonismo y la polarización extremos. Vuelve a decirle a esa izquierda dura, que abrirse a las demandas sociales y políticas de la ciudadanía, de movimientos y organizaciones de base, puede poner en riesgo la institucionalidad política, y de hecho lo hace, pero no al campo político. No todos los pobres son democráticos y no todos los ricos son autoritarios, no todos los independientes son de izquierda y no todos los constituyentes asociados a Listas y pactos con base en los partidos traicionarán «la calle».

La política hace mucho desbordó a los partidos. Solo insisten en la fórmula de crear más partidos aquellos países donde tienen una deuda con ello, pero la verdad es que la política se juega ya hace mucho desde otras canchas.

Las izquierdas que insisten en la fórmula del partidismo como única vía, o peor, del Partido único, deberían escuchar si, como Chile, quieren sobrevivir al terremoto que tarde o temprano se impone. Lo peor/mejor en todo caso no es el terremoto, son las réplicas que siguen.

20 mayo 2021 40 comentarios 3,3K vistas
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financiamiento

Estados Unidos y el financiamiento a grupos políticos en Cuba

por Samuel Farber 17 febrero 2021
escrito por Samuel Farber

El ataque al Capitolio de Washington el pasado 6 de enero puso en relieve la existencia de fuerzas importantes de la extrema derecha en los Estados Unidos, dispuestas a violar el orden constitucional norteamericano en aras de su racismo y su resentimiento antiinmigrante. Esta fue la razón fundamental por la que una amplia gama de instituciones e individuos normalmente adversos a la protesta política, se unieron en un rechazo tajante y público contra ese ataque.

Conforman una lista que incluye a la influyente representante conservadora Liz Cheney, quien ocupa el tercer lugar en el poder de la jerarquía republicana en la Cámara de Representantes, y que comparte la dura agenda imperialista y conservadora de su padre, el «gran halcón» Dick Cheney, el vicepresidente bajo George W. Bush que jugó un papel fundamental en la invasión y destrucción de Irak.

También incluye a la muy poderosa y conservadora Asociación Nacional de Fabricantes (por sus siglas NAM, de National Association of Manufacturers), representante de las más importantes corporaciones industriales estadounidenses, que de manera pública y en términos claros y contundentes, responsabilizó a Donald Trump y lo repudió por incitar el ataque.

Tanto la NAM, como la Cheney y sus aliados son parte del coro que anteriormente había aplaudido a Trump, entre otras cosas, por haber reducido de forma significativa la carga de sus impuestos y eliminado, de un plumazo, reglamentos para proteger el medio ambiente, la seguridad laboral y el bienestar de los trabajadores y las minorías raciales.  Se unieron —repito— para defender el orden constitucional norteamericano. Pero no para defender la democracia.

Desde luego que el orden constitucional incluye elecciones y derechos democráticos importantes. Pero estas fuerzas conservadoras, ahora unidas en la defensa del orden constitucional, han usado y siguen usando a la Constitución para promover sus intereses políticos y económicos, no para defender y mucho menos para expandir los derechos democráticos a todos. De hecho, han sido parte de las fuerzas que han tratado de limitar esos derechos.

En las últimas décadas, y aún más durante estos últimos años, en los Estados Unidos se ha dado una lucha democrática para proteger el derecho al sufragio a medida que la composición racial y étnica del país se ha diversificado y, por lo tanto, tornado menos blanca. Como las elecciones en este país son generalmente administradas por los estados, los blancos conservadores que gobiernan en la mayoría de estos han recurrido a todo tipo de artimañas para obstaculizar el sufragio minoritario.

Estas medidas incluyen la reducción de lugares para votar, del número de urnas en los barrios pobres minoritarios y de los días y horas durante los cuales se puede ejercer el derecho al voto, así como las purgas de las listas electorales de ciudadanos que por algún motivo no ejercieron el voto en una o más elecciones, la negación del derecho al voto a ex presos, y muy especialmente lo que en los Estados Unidos llaman «gerrymandering».

Este término se refiere a la práctica común de los políticos que controlan las legislaturas estatales de trazar las líneas limítrofes de los distritos electorales (tarea que solo en unos pocos estados se le asigna a una comisión independiente) con el fin de minimizar las posibilidades de la oposición –mayormente del Partido Demócrata–, en especial para disminuir el poder político de las minorías étnicas y raciales y de los liberales.

Es una práctica muy antigua que consiste en concentrar dentro del menor número posible de distritos electorales, a cierto tipo de grupos, como los afroamericanos y ciudadanos de origen latinoamericano, que tienden a votar por el Partido Demócrata.

Esto resulta en un menor número de representantes electos por esos grupos, comparado con la mayor cantidad escogida por los blancos republicanos distribuidos en más distritos electorales. Por lo tanto, en un estado como Wisconsin, por ejemplo, los Demócratas tienen que obtener mucho más que la mayoría de los votos para también tener mayoría en la legislatura estatal.

La NAM jamás ha dicho ni hecho nada para defender los derechos democráticos de esas minorías. Y los Cheneys –padre e hija– han apoyado, junto con sus congéneres conservadores, todas esas prácticas antidemocráticas. Si a esta alianza para defender el orden constitucional no le interesa la defensa de la democracia dentro de los Estados Unidos, mucho menos le importa oponerse a los propósitos sistemáticamente injerencistas de la política exterior estadounidense, sea en Iraq, Afganistán, Yemen o en Latinoamérica.

El imperialismo norteamericano ha contado con el apoyo no sólo de la extrema derecha, sino también de una amplia gama de conservadores y de liberales. El caso de la guerra de Vietnam es muy ilustrativo. Muy pocos de los individuos del llamado «Establishment», tanto Republicanos como Demócratas –Lyndon Johnson, el presidente que más impulsó la guerra, era Demócrata–, se opusieron a la contienda hasta que ocurrieron dos cosas: 1) se hizo cada vez más evidente que era muy poco probable que los Estados Unidos venciera la resistencia vietnamita y ganara la guerra; y 2) el movimiento antibelicista, y contra el servicio militar obligatorio, de donde provenía el grueso de las tropas, creció rápidamente.

 Este movimiento, junto con el de los afroamericanos en pos de la igualdad racial, contribuyó a crear una situación interna insostenible. Fue solo entonces que los periódicos y estaciones de TV, principales medios de comunicación, junto con otras fuerzas del «Establishment», comenzaron a demandar el fin de la intervención armada norteamericana en Vietnam, que durante una época llegó a contar con más de medio millón de tropas.

Lo que le interesa a las corporaciones capitalistas representadas por la NAM y a las otras fuerzas del status quo norteamericano es la estabilidad que el orden constitucional le ha brindado al país por más de dos siglos, con algunas excepciones importantes como la Guerra Civil de los 1860s. La previsibilidad y la certidumbre son factores clave para la inversión capitalista, así como lo es la existencia de un sistema legal confiable e independiente de los gobernantes de turno para asegurar el cumplimiento de los contratos. Estas características del sistema son sagrados para el capital y sus partidarios.

Es por eso que si por un lado, los capitalistas y norteamericanos ricos aprobaron y se beneficiaron de las políticas tributarias y reguladoras de Trump, por el otro lado le fueron retirando su confianza por su imprevisibilidad, sus amenazas al sistema electoral, la arbitrariedad de muchas de sus decisiones y su cercanía a los grupos de extrema derecha, que en su conjunto promovieron una creciente inseguridad e inestabilidad política en el país.

No en balde, 60% de las contribuciones monetarias del gran capital en las elecciones del 2020 fueron destinadas al apoyo a Biden y no a Trump. Es cierto que ha habido situaciones históricas de crisis, donde una buena parte del gran capital se ha desesperado y decidido apoyar a la extrema derecha, como fue el caso de la república alemana de Weimar a fines de los años veinte y principios de los treinta.

Pero pese a los graves problemas económicos actuales, la situación existente en los Estados Unidos dista mucho de ser tan extrema como en el caso de Alemania durante la Gran Depresión y, por lo tanto, el gran capital al menos por ahora ni necesita ni quiere ese tipo de «solución» a sus problemas.

El 6 de enero y la sociedad civil

Como era de esperar, un gran número de organizaciones de la sociedad civil norteamericana condenaron categóricamente el ataque al Capitolio del 6 de enero, incluyendo la Unión Americana por las Libertades Civiles (por sus siglas ACLU, de American Civil Liberties Union), muchos sindicatos obreros y hasta la conservadora Legión Americana (American Legion), la organización más conocida de veteranos en los Estados Unidos.

A ellas se unieron otro tipo de organizaciones, como Freedom House y la NED (National Endowment for Democracy) que dependen principalmente del gobierno norteamericano para sus finanzas. Estas organizaciones no son parte de la sociedad civil, un término que sólo incluye a quienes no están asociados con y son independientes del Estado.

Freedom House y la NED –que de hecho fue fundada en 1983 por una ley aprobada por el congreso–, son parte de una estrategia «suave» –«soft power»– que el gobierno norteamericano usa para proyectar su influencia en otros países, incluyendo su concepción de lo que es y debe ser la democracia, de la cual por lo menos implícitamente excluye cualquier noción socialista, antiimperialista y radical. La estrategia «suave» es por naturaleza de índole persuasiva y se concentra especialmente en los campos de la cultura y de la ideología.

Esa es su esfera de acción, a diferencia de la estrategia de «mano dura» de la CIA y de las fuerzas armadas norteamericanas, como en el caso de sus intervenciones en América Latina –el derrocamiento de los gobiernos democráticamente electos de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, y de Salvador Allende en Chile en 1973–. También fue el caso de Playa Girón en 1961, así como de los numerosos atentados terroristas llevados a cabo en suelo cubano durante varias décadas.

En el caso de Cuba, muchos de los apoyos de Washington para implementar estrategias de «mano dura» en la Isla han sido y siguen siendo transmitidos a una variedad de grupos e individuos a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana (Cuban American National Foundation). A lo largo de su historia, la Fundación ha seguido una política de apoyo a una gran diversidad de grupos que incluyen a muchos de índole terrorista.

Por supuesto, esta distinción entre la estrategia «suave» y la de «mano dura» se aplica también, mutatis mutandis, a las operaciones del gobierno cubano. Las estrategias de, por ejemplo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) son diferentes de las de la Seguridad del Estado, aunque ambas organizaciones estatales comparten el propósito de perpetuar el régimen antidemocrático imperante en la Isla.

La sociedad civil norteamericana y Cuba

Es de suma importancia distinguir las organizaciones como la NED y Freedom House, que son financiadas por el estado norteamericano, de las que no lo son y que, por lo tanto, pueden ser consideradas como legítimas de la sociedad civil norteamericana. Este es el caso de, por ejemplo, la Open Society Foundations dirigida y mayormente financiada por el multimillonario liberal George Soros, y del Human Rights Watch, la organización principal de derechos humanos en los Estados Unidos. Estas son independientes del estado norteamericano en cuanto a su financiamiento, su organización, y generalmente, su orientación política.

Esto no quiere decir que nunca coincidan con la política del estado norteamericano.  Pero el hecho de que hayan coincidido en varias ocasiones se debe mayormente, como se verá más adelante, a la ideología y política liberal –en el sentido norteamericano de la palabra– de ambas organizaciones, que por su naturaleza no son antiimperialistas, aunque en muchísimas ocasiones han criticado fuertemente la política exterior de los Estados Unidos.

Esto quiere decir que para los cubanos que son tanto demócratas como antiimperialistas, su posible colaboración con este tipo de organizaciones independientes norteamericanas, sean estas dos u otras, no involucra en sí una merma de su compromiso con la soberanía y autodeterminación de la nación cubana. Sin embargo, es muy probable que surjan diferencias políticas que afecten negativamente la posiblecolaboración.

Por ejemplo, en mi libro Cuba Since the Revolution of 1959. A Critical Assessment, critico a la organización Human Rights Watch por la propuesta en su reporte anual de 2009, de aflojar o eliminar el bloqueo económico a Cuba a condición de que el gobierno Cubano adopte medidas liberalizadoras y de democratización en la Isla.

Como una medida concreta para promover ese acuerdo, el Human Rights Watchpropuso al gobierno norteamericano que, antes de suavizar el bloqueo a Cuba, obtuviera el compromiso de la Unión Europea, Canadá y sus aliados latinoamericanos para que colectivamente presionaran al gobierno cubano para que liberara inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos.

El problema en este caso no es que uno esté opuesto a la liberación de los presos políticos en Cuba ni a la democratización del país. Todo lo contrario. El problema es que la «política de trueque» del Human Rights Watch presupone que los Estados Unidos tiene el derecho legal y moral de imponer condiciones para flexibilizar y eliminar un bloqueo que es ilegal e inmoral en sí mismo.

La lógica de ese «trueque» también implica que el bloqueo estadounidense existe porque el sistema político cubano es antidemocrático, lo que es una mala broma cuando consideramos la larga historia de apoyo político, militar y económico que los Estados Unidos le ha brindado a las más sangrientas dictaduras pro-capitalistas.

Por otra parte, esa lógica de «trueque» perversamente justifica la posición de los que apoyan al gobierno cubano cuando reclaman que la abolición de la represión interna en Cuba depende de la eliminación del bloqueo estadounidense. Esta posición asume que el unipartidismo cubano al estilo de la URSS existe como resultado del bloqueo norteamericano.

O sea, que los líderes revolucionarios cubanos eran una especie de tabula rasa ideológica y política que adoptaron su punto de vista simplemente como reacción a la postura agresiva de los Estados Unidos, y que no tenían preferencias e ideologías, incluyendo convicciones respecto a los sistemas políticos y económicos que consideraban deseables.

El problema arriba descrito con el Human Rights Watch solo indica que una colaboración con cualquier organización independiente de la sociedad civil estadounidense dependerá de la naturaleza política de proyectos concretos relacionados con Cuba. Será cuestión de averiguar con cuales de esas organizaciones esa colaboración será o no, sin mermar el programa e integridad política de las organizaciones cubanas involucradas en dicho proyecto. Por ejemplo, hace unos años la organización Open Society le prestó ayudaa los socialdemócratas católicos cubanos asociados con la publicación Cuba Posible.

Esta publicación trató de mantener una política crítica, pero no abiertamente contraria y así jugar un papel de «oposición leal» al régimen cubano. No sabemos si la Open Society –o cualquier otra organización independiente de la sociedad civil norteamericana– estaría dispuesta a apoyar también a una organización abiertamente opositora, con una política decididamente democrática, a favor de los derechos humanos, y, al mismo tiempo izquierdista, antiimperialista y opuesta al restablecimiento del capitalismo en Cuba.

En todo caso, sin embargo, hay que tener presente que el apoyo material de la sociedad civil de los Estados Unidos y de otros países es una solución a corto plazo. A largo plazo es necesario organizar a los cubanos progresistas en el exterior para que provean ayuda a los que dentro de la Isla luchan por una democracia auténticamente emancipadora, de la misma manera que José Martí lo hizo con los tabaqueros de la Florida en la década de los 1890s.

La orientación política de este escrito de ninguna manera implica intento alguno de apaciguar al Estado cubano ni lo que dice a través de la prensa oficial. Por supuesto, esa prensa va a atacar despiadadamente a cualquier oposición, con independencia de sus posiciones políticas específicas y, como bien sabemos, utilizará la mentira cuantas veces le parezca necesario.

Pero no es lo que piensa y dice el gobierno, sino lo que piensa el pueblo cubano lo que debe ser el centro de nuestra atención. Por eso es imprescindible presentarse ante ese pueblo como una voz independiente, sin compromisos o contubernios con potencias extranjeras, y comprometida con la independencia y soberanía nacional.

***

Súmese a la iniciativa del Consejo Editorial de La Joven Cuba y firme la Carta Abierta al presidente de Estados Unidos solicitando el fin de las sanciones contra Cuba.

Carta Abierta al presidente Joseph R. Biden, Jr.

17 febrero 2021 16 comentarios 4,3K vistas
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La democracia social y la Constitución del 40

por Rafael Rojas 21 junio 2021
escrito por Rafael Rojas

La Constitución cubana de 1940 forma parte de un momento de la historia constitucional latinoamericana caracterizado por una visión de la democracia diferente a la que se volvería predominante a fines del siglo XX. En ese momento constitucional —que coincide con la llamada «segunda ola de democratización» a nivel global—, pueden incluirse otras cartas magnas, como la mexicana de 1917, reformada durante el cardenismo; la peronista de 1946, la varguista de 1949 y la de Costa Rica en este mismo año.[1]

Todas ellas fueron promulgadas en contextos de consolidación de proyectos populistas y nacionalistas revolucionarios en varios países latinoamericanos y caribeños, tras el colapso de las repúblicas oligárquicas de las primeras décadas del siglo XX. En Brasil, Argentina y México fueron emblemáticos aquellos procesos. En Cuba, la Revolución de 1933 fue un fenómeno con elementos similares al peronismo, el varguismo y el cardenismo, aunque sin una corporativización ni un liderazgo personal equivalentes, fuera de los intentos de Fulgencio Batista de hegemonizar la vida pública.

La ausencia de un bloque hegemónico nuevo en Cuba, condicionó que tanto la Constitución de 1940 como los gobiernos que le siguieron, estuvieran ligados a la dinámica de la alternancia en el poder. El propio sistema de partidos, como ha observado Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta, tuvo una evolución cambiante, pues se movió de la alianza entre Batista y los comunistas, a los dos gobiernos del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), desde 1944 a 1952 y, finalmente, a la emergencia del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo) a fines de los cuarenta.[2]

Democracia social (3)

Aquella alternancia del régimen cubano durante los cuarenta, determinó que la tensión entre democracia social y democracia liberal se resolviera por medio de la coexistencia y no de la ruptura, como sucedió en Brasil, Argentina y, en menor medida, en México. Una coexistencia doctrinal que en el texto de la Constitución refleja, sin embargo, el predominio de los derechos sociales sobre los derechos individuales.

La idea de democracia social en América Latina avanzó en las primeras décadas del siglo XX de la mano de pensadores positivistas, liberales y socialistas. Como ha estudiado Clara Bressano, los argentinos José Ingenieros y Saúl Taborda cuestionaron el paradigma de la democracia liberal, basada en los derechos individuales, y propusieron un tipo de representación política «funcional» u «orgánica», que privilegiara los derechos sociales.[3] En Brasil, los teóricos de la revista Cultura Política, encabezada por Almir de Andrade, en los años treinta y cuarenta, defendieron algo parecido.

En México, publicaciones como El Trimestre Económico, fundada por Daniel Cosío Villegas, y Cuadernos Americanos, dirigida por Jesús Silva Herzog, armaron una plataforma doctrinal que en un estudio reciente hemos llamado «cardenismo fabiano».[4] A partir de las ideas de Harold Laski y otros filósofos y economistas de la London School of Economics en Gran Bretaña, pero también de pensadores como John Dewey en Estados Unidos, esas revistas y la editorial Fondo de Cultura Económica apostaron claramente por una democracia que privilegiara los derechos sociales en México y América Latina.

Hay evidentes coincidencias entre la democracia social latinoamericana y la socialdemocracia europea. Pero hay también diferencias que no siempre se destacan, especialmente en el campo referencial de una y otra. Mientras la socialdemocracia provenía originalmente del marxismo, la democracia social cobró impulso, sobre todo, con el keynesianismo. A partir de los años treinta, el giro keynesiano del liberalismo y la línea frentista de los partidos comunistas favorecieron el entendimiento entre diversas izquierdas.

John Alba Silot ha mostrado que el campo intelectual republicano produjo una convergencia en torno a la centralidad de justicia social desde diversas corrientes, como el liberalismo de Fernando Ortiz y Jorge Mañach, el catolicismo de Ignacio Biaín Moyúa y Andrés Valdespino o el marxismo de Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez.[5] Esas corrientes intelectuales estuvieron representadas por partidos políticos concretos en la Asamblea Constituyente de 1939.

La Asamblea estuvo integrada por setenta y seis delegados. Dieciocho pertenecían al Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) que encabezaba Ramón Grau San Martín, uno de los principales líderes de la Revolución del 33; dieciséis al Partido Liberal, liderado por el abogado y diplomático José Manuel Cortina; y quince al Partido Demócrata-Republicano, que dirigía el ex presidente Mario García Menocal. La minoría restante se hallaba distribuida, con menos de diez representantes por partido, entre la Unión Nacionalista de Fulgencio Batista, la Unión Revolucionaria Comunista y el ABC.

Democracia Social (2)

Si bien los liberales y los menocalistas abarcaban unos treinta escaños en la Asamblea, una mayoría resultante de alianzas eventuales entre nacionalistas revolucionarios y comunistas inclinó la balanza a favor del constitucionalismo social. De modo tal, los líderes y partidos proclives a preservar la estructura liberal de la Constitución de 1901 fueron desplazados por una nueva generación, más identificada con las demandas de la Revolución del 33, que decidió la notable ampliación de derechos sociales que se verificó en la Carta Magna.

Un contraste que salta a la vista al comparar la Constitución de 1901 con la de 1940, es que la primera consagraba unos treinta y dos derechos individuales, civiles y políticos, y no incluía derechos sociales; mientras, la segunda compactaba los derechos individuales en unas dieciocho garantías y dedicaba cerca de cincuenta artículos a los derechos sociales. A partir del artículo 43, del título V, sobre Familia y Cultura, hasta los dedicados a la propiedad, del 87 al 96, la Constitución giró en torno a derechos sociales.[6]

El evidente predominio jurídico de la perspectiva social, parte de una determinada concepción de la propiedad. Generalmente se destacan, en esos artículos constitucionales, la proscripción del latifundio y la potestad del Estado para expropiar bienes por causa de utilidad pública. Pero toda la sección sobre la propiedad en la Constitución de 1940, está regida por la idea de la «función social» de las posesiones privadas o públicas, establecida en el artículo 87.[7]

Dicha premisa se plasma en la pertenencia atribuida al Estado sobre el subsuelo y las tierras, bosques y aguas comunes, «que habrán de ser explotados de manera que propendan al bienestar social»; en la protección de las marcas mercantiles nacionales, en la exención de gravámenes para los censos económicos, en la obligación del Estado a actualizar sus estadísticas o en el carácter imprescriptible de los bienes de las instituciones de beneficencia.[8]

En las secciones dedicadas a la familia y la cultura, habría que destacar que la Constitución de 1940 introdujo un sistema equitativo para la disolución del matrimonio, para determinar pensiones de maternidad, seguros domésticos y asistencia social; así como de afirmación de la cultura y la educación como «intereses primordiales del Estado».[9] Las enseñanzas prescolar, primaria, elemental y superior fueron declaradas gratuitas y bajo ejecución del Estado y los municipios.

El texto constitucional ofreció una avanzada legislación laboral. El trabajo fue definido como un «derecho inalienable del individuo» y se estableció el salario mínimo y los contratos colectivos de trabajo. Se generó un sistema de «seguro social» que ofreció cobertura a los trabajadores, la jornada máxima de ocho horas, el descanso retribuido y la maternidad obrera. La Constitución de 1940 reconoció la libertad de sindicación, el mutualismo y propuso un programa de viviendas populares para obreros del sector privado y público.

La centralidad de los derechos sociales en aquella legislación tuvo efectos en la distribución de derechos civiles y en el diseño del régimen político. Algunos elementos republicanos del sistema, como la prohibición de formar «agrupaciones políticas de raza, sexo o clase», respondieron al arraigo del concepto de pueblo en la Constitución. Otras características del régimen político, como el referéndum o mecanismos de democracia directa, como la iniciativa de ley por parte de 10 000 electores, también reforzaron la dimensión plebiscitaria del nuevo sistema político.

Los historiadores Julio César Guanche y Caridad Massón Sena han destacado la importancia de la labor legislativa de los líderes y partidos nacionalistas revolucionarios y comunistas para el constitucionalismo social cubano de los años cuarenta y cincuenta.[10] Pero tan importante como eso fue la preservación de una clara estructura democrática, con elementos semiparlamentarios, y un sistema de partidos que se expandía hacia el flanco izquierdo sin caer en una deriva de fragmentación.

Democracia social (4)

«La fractura del funcionamiento orgánico de la Constitución del 40, tras el golpe de Estado de 1952, decidió la interrupción del constitucionalismo social republicano en Cuba».

El abandono de aquella plataforma fue un daño colateral del golpe de Estado de marzo de 1952 y de la dictadura militar de Fulgencio Batista. Al quebrarse los mecanismos semiparlamentarios del régimen, y algunos partidos protagónicos —como el Auténtico, el Ortodoxo y el Socialista Popular—, enfrentar el dilema de optar por la abstención o la resistencia, por la oposición pacífica o la violenta, se interrumpieron los resortes políticos que aseguraban la centralidad de la democracia social bajo el orden constituido.

Una conclusión posible de este recorrido sería que la fractura del funcionamiento orgánico de la Constitución del 40, tras el golpe de Estado de 1952, decidió la interrupción del constitucionalismo social republicano en Cuba. Aquella normatividad volcada a favor de los derechos sociales sería retomada después de la Revolución de 1959, pero sobre las bases doctrinales de un socialismo de Estado, que descontinuaba la efímera tradición democrática de la isla.

***

Notas

[1] Samuel P. Huntington: La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Barcelona, Paidós, 1994, pp. 10-17.

[2] Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta: La democracia republicana en Cuba, 1940-1952. Actores, reglas y estrategias electorales, Ciudad de México, FCE, 2017, pp. 152-190.

[3] Clrara Bressano: “Los ideales democráticos de José Ingenieros y Saúl Taborda”, Cuadernos de Historia, no. 12, Córdoba, 2011, pp. 71-93.

[4] Rafael Rojas: La epopeya del sentido. El concepto de Revolución en México (1910-1940), Ciudad de México, El Colegio de México, 2021, pp. 260-269.

[5] John Alba Silot, «Iglesia y Revolución: la deconstrucción de un mito. Una relectura historiográfica de la relación política social entre Catolicismo y Estado en Cuba, de 1959 a 1969». Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 2013, pp. 25-28.

[6] Leonel-Antonio de la Cuesta: Constituciones cubanas. Desde 1812 hasta nuestros días, New York, Ediciones Exilio, 1974, pp. 246-250 y 258-260.

[7] Ibid, p. 260.

[8] Ibid, pp. 260-261.

[9] Ibid, p. 252.

[10] Julio César Guanche: «La Constitución de 1940: una reinterpretación», Cuban Studies, no. 45, 2017, University of Pittsburgh, pp. 66-88; Caridad Massón Sena: «Los comunistas y la Constituyente de 1940», Calibán, octubre-diciembre, 2009, La Habana, pp. 1-9.

21 junio 2021 23 comentarios 3,5K vistas
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Democracia

Interpelación sobre la democracia

por Ivette García González 30 marzo 2021
escrito por Ivette García González

Para la izquierda no hay mejor política que el apego a la democracia como principio.

Arturo López-Levy

***

En el artículo El poder de las ideas hoy en Cuba, publicado por este medio, insistí en la necesidad de un ambiente democrático que reconozca y facilite el debate sobre la actualidad y el futuro de la Isla desde las diversas corrientes de pensamiento político que existen. Dicho texto motivó que, a través del correo electrónico, se suscitara una polémica enfocada en dos cuestiones esenciales: la democracia y mi postura política. La socializo ahora y amplío mis criterios, lo que permitirá mostrar dos de esas corrientes: continuismo vs izquierda crítica.

La opinión crítica inicial sobre el texto de marras fue enviada, con copia, a diversas instancias: medios oficiales de comunicación, embajadas, ICRT, Cámara de Comercio, Ministerio de Comercio Exterior, UNEAC y Despacho del Presidente. También a mí, lo que agradezco. Luego de los primeros intercambios decidí no continuar por esa vía, sino escribir sobre el tema y enviar copia por email a todos los destinatarios. En aras de la síntesis, me centraré en tres de los cuestionamientos principales.  

El poder de las ideas hoy en Cuba

Hablemos de democracia

Se me preguntó cuál es la noción de democracia que «venero» y considero «adecuada» pues, supuestamente, no respeto la «participativa» de Cuba, «capaz de convocar a millones para discutir la Constitución» y que logró fuera refrendada por más del ochenta por ciento de los votantes.

Sobre la democracia se puede encontrar abundante literatura e historia. No es perfecta en ninguna parte y es bandera de lucha de la sociedad civil en países muy diversos. Me extendería demasiado, así que voy al punto.

Concibo la democracia como una cualidad fundamental que debe presidir la institucionalidad y la sociedad. Defiendo la modalidad «participativa» −también llamada deliberativa o activista−, que se basa en la participación política como principal valor democrático. Requiere que el gobierno permita a los ciudadanos organizarse libremente para influir en las decisiones públicas, por tanto, implica descentralización de la toma de decisiones y amplia participación popular.

El socialismo presupone superar la democracia liberal representativa otorgándole esa amplitud que expreso antes. La «participativa» implica equidad, respeto y promoción de derechos humanos, justicia social, participación del pueblo en el poder, control ciudadano de lo público y énfasis en autogestión y autogobierno en el ordenamiento económico. Suscribo además la interesante idea del Dr. Fidel Vascós González: ir más allá y avanzar hacia la «democracia directa» en sus múltiples modalidades, que permite a los ciudadanos ir tomando en sus manos la decisión de los asuntos públicos.

En Cuba la democracia tiene restricciones y limitaciones que contradicen incluso su autodefinición de «país socialista». Hasta las restricciones que por fuerza impone el escenario de conflicto con los EE.UU., no pasan por el filtro del consenso popular. Es preciso reconocer el problema para identificar soluciones, lo que requiere también fomentar una cultura democrática, prácticamente inexistente hoy.

La libertad de expresión

La debilidad e ineficiencia de las instituciones, la distorsión de lo socialista como lo estatal, sin control ciudadano, y la sistemática violación de derechos constitucionales son muestra de tales falencias. La práctica de elaborar documentos rectores desde arriba, a veces con apoyo de «especialistas» seleccionados por el poder, para luego, en el mejor de los casos, «consultar» a la base, es un mal síntoma devenido tradición.

El Estado y el Partido Comunista son los únicos que disponen de los recursos: materiales, de divulgación y propaganda en espacios físicos y de todos los medios de comunicación. También cuentan con sólidos mecanismos de control social. Tal situación indica, cuando menos, que los resultados −siempre favorables al poder− no deben sorprendernos.   

La Constitución amerita un análisis aparte, pero adelanto tres elementos. Es ley fundamental para todos, arriba y abajo; es el poder quien no está acatando la voluntad popular al violar derechos humanos universales y pisotear el Estado de Derecho y, aun sin ser la ideal, debiera ser bandera de lucha desde la sociedad civil.

Ejemplos de violaciones son los execrables actos de repudio, las detenciones arbitrarias, las reclusiones domiciliarias, el silencio institucional como respuesta a reclamos ciudadanos, las violaciones al debido proceso y, recientemente, la negativa de entrada al país a una ciudadana cubana. Mientras, la Ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, prevista en el calendario legislativo para octubre del año pasado, se aplazó para diciembre de este y no los contemplará todos.

Para evitar que la invocación a la «democracia participativa» resulte abstracta, ambigua o demagógica, debemos definir cómo entendemos la «participación», cómo la evaluamos y qué recursos se ponen a su disposición. Juan Valdés Paz, Premio Nacional de Ciencias Sociales, sugiere atinadamente medir el «desarrollo democrático» en cada etapa según los momentos de esa participación. Porque la democracia implica, ante todo, participar en el poder, concretarse en todos los ámbitos y evaluarse según el grado de la «participación». No basta con tener capacidad de emitir demandas, es preciso poder juntarlas, hacer propuestas, ser parte de la toma de decisiones, ejecutar lo consensuado y supervisar/controlar la institucionalidad y la propia participación.

El ojo del canario es el poder revolucionario

Reacción a otras dos críticas

En el referido debate electrónico, se alega asimismo que mi artículo hace abstracción de «que Cuba (…) es una plaza sitiada por los imperios»; se afirma que «si no existiera el intento permanente del Imperio (…) por aplastar nuestra revolución quizás otro gallo cantaría (…)». Se insiste en que «estamos en una Guerra, a veces silenciosa, donde nos tiran a matar como dijo el presidente Díaz-Canel».

También se asevera que «tenemos la democracia que podemos en nuestras condiciones», «perfectible» pero «mucho más democrática» que la de «Cuba antes del 59» y que «el modelo de la democracia capitalista, en particular la de los EE.UU., que se toma como ejemplo la mayoría de las veces».

Nuestra relación con los EE.UU. ha sido históricamente difícil y/o de conflicto. Condicionar la democracia en Cuba a un cambio de política en ese país es un sinsentido. Es un factor externo sobre el cual no decidimos.  

Los efectos del bloqueo y la hostilidad de los gobiernos estadounidenses no solo son económicos. Atañen también a la conciencia social y al ejercicio del poder. Enlentecen y complican nuestros proyectos y estimulan las posiciones más conservadoras en Cuba. ¡Pero ese factor externo no puede servir para explicarlo todo ni para usarlo como pretexto de los vacíos democráticos! Esa práctica, la victimización del proceso y sus dirigentes como muchas veces se hace, es errática y cada vez menos convincente. 

La noción de «plaza sitiada» y del «enemigo externo» también es parte de la mentalidad establecida. Se usaba del mismo modo −con efectos muy nocivos para la democracia− en los países del llamado «socialismo real» en Europa. Y sucumbieron. Los asiáticos −de igual matriz pero diferente cultura−, vencieron al enemigo o lograron una dinámica de relación más favorable, reformaron la economía y crecieron; no obstante, mantienen similar conflicto con la democracia.

Vietnam: la democratización pendiente

Esas experiencias y la cubana muestran dos regularidades. Una es que el socialismo hasta ahora conocido ha estado reñido con la democracia. Otra, que el respeto y la promoción de la democracia están más allá de la variable externa, que influye, pero no decide en tiempos de paz. Los esenciales son los factores internos, en particular las relaciones de poder.  Por tanto, eso de que «otro gallo cantaría», no pasa de la especulación y no aporta a un debate sensato. 

Es exactamente al revés. Como expresara el ex diplomático y escritor Germán Sánchez Otero, para preservar «con éxito» la independencia y la soberanía de la nación cubana, el poder «está obligado a garantizar una auténtica democracia». Eso incluye el apego a la Constitución y el respeto a las corrientes políticas diversas, que deberían poder desenvolverse públicamente a través de los medios de comunicación masiva.

No estamos en guerra, por más que el discurso político se cargue de ese lenguaje. Otros países han tenido durante años al mismo enemigo, similar o peor bloqueo, han vivido sangrientas guerras y también desastres naturales; sin embargo, hoy nos superan con creces. Entonces hablemos del bloqueo interno, sobre el cual sí podemos y debemos incidir. Ocultar las falencias propias con la crítica a otros no funciona. Fue aquí donde hubo una revolución que antes de comprometerse con el socialismo lo hizo con la democracia.

Ninguna de las tres opciones que me plantearon quienes cuestionaron aquel texto: Cuba hasta 1958, EE.UU. o la situación que hoy existe; debería ser nuestro horizonte. Como decía al inicio, tenemos visiones divergentes que responden a dos corrientes políticas. Una continuista, que se conforma, defiende el estado de cosas y sustituye argumentos por consignas y discursos oficiales. La otra, crítica de izquierda y socialista, que lucha por una democracia participativa real de ciudadanos libres, que transforme el presente y lleve al país por mejor cauce, porque como dijera Octavio Paz: «Sin libertad, la democracia es despotismo, sin democracia la libertad es una quimera».

30 marzo 2021 64 comentarios 8,7K vistas
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