Los subsidios en el contrato social cubano

por Mario Valdés Navia

Parece que la eliminación de gran parte de los subsidios en la economía y la sociedad se hará realidad con la reunificación de la moneda cubana.[1] La práctica de los subsidios generalizados por parte del Estado propietario/empleador/comerciante no fue un invento del socialismo cubano, sino un pilar del modelo de socialismo estatizado burocrático que imperó desde 1917 hasta 1991 en el socialismo real y que, en lo fundamental, aún se mantiene en Cuba.

¿Por qué el Estado cubano tiene que subsidiar a la mayoría de la población si en el resto del mundo es al revés? ¿Es que el trabajo de los cubanos no produce valor y sí lo hace el Estado de manera inexplicada? ¿De dónde saca el Estado los fondos para subsidiar a tantas empresas y ciudadanos? Para aclarar esto analicemos brevemente el papel de los subsidios en las economías mercantiles y cómo llegamos a la situación actual de la economía cubana.

Si un individuo, o país, necesita costear producciones y/o servicios sin esperanzas de cobrar el equivalente, lo hace mediante un subsidio. Para eso el subsidiador tiene que disponer de fondos creados en la esfera productiva, o apelar a diferentes modalidades del crédito. Ningún individuo, organización o Estado puede subsidiar si no tiene con qué. El mecanismo principal para la obtención de fondos por un Estado son los impuestos que le pagan los ciudadanos, empresas y otras entidades a partir de sus ingresos.

Cuando no se presenta así en la superficie social, solo basta con escarbar un poco para que la oreja peluda del cobrador de impuestos salga a relucir. Aún si se trata de un Estado propietario solo puede formar su presupuesto con los impuestos. Al menos, así debe ser. Creo que a nadie se le ocurriría usar los fondos de amortización, salariales, o de acumulación de las empresas para pagar subsidios… ¿O sí?

Tras consolidarse el poder revolucionario (1959-1960) se inició la etapa del llamado socialismo cubano (1961-1971)[2]  en que la forma capitalista tradicional de distribución del nuevo valor creado (renta, ganancia, salario) desapareció como tal. Pronto se inició un experimento social a gran escala donde se abandonaron paulatinamente las lógicas del mercado en pos de una centralización casi absoluta de los ingresos en manos del Gobierno Revolucionario (GR). Estos fondos servirían para cubrir las crecientes necesidades de la defensa, solucionar los graves problemas sociales históricamente preteridos y nivelar las grandes diferencias sociales en un país que contaba con una de las economías más productivas de la región.

Igualitarismo en la distribución y el consumo, reparto directo de bienes y servicios, realce cotidiano del ascetismo y la uniformidad −en contraste con el consumismo de la sociedad anterior−, sirvieron de base al nuevo pacto social entre las clases populares y su GR, de forma tal que el Estado acrecentó su imagen de benefactor de la sociedad. En este nuevo contrato social, impregnado de una estoica resiliencia, los impuestos individuales perdieron su papel de instrumento principal de formación del presupuesto porque el Estado se apropiaba de la parte mayor de los nuevos ingresos de manera directa.

Tal situación era aceptada por la mayoría ya que una porción significativa de los valores le era devuelta a través de cuantiosos y eficaces fondos sociales de consumo (educación, salud, seguridad social, recreación, etc.) —las famosas gratuidades de hoy—. Y también porque los bajos precios de los artículos de primera necesidad, vendidos en el mercado normado de alimentos y productos industriales, hacían posible la satisfacción de las necesidades básicas de las familias a través de los ingresos salariales, garantizando una homogeneidad social del consumo que servía de base a la unanimidad política.

Cuando el idealismo que acompañaba al proyecto en esa etapa inicial entró en crisis con el fracaso de la Zafra de los Diez Millones, el país hubo de someterse a los dictados provenientes de la URSS y su campo socialista. A seguidas, en la etapa del socialismo real cubano (1971-1991), el nuevo pacto social que se impondría —especie de copia cubanizada del modelo soviético— aceptó la estimulación material de los trabajadores, tanto por la vía salarial como por premios y otros fondos colectivos empresariales y generalizó el arbitrario impuesto de circulación aplicado en la URSS.

Asimismo, el fomento de un amplio mercado complementario (paralelo) permitía la realización sistemática de los ingresos adicionales de los trabajadores de forma más o menos amplia. La realización de los proyectos de vida de la mayoría de los ciudadanos partía de su superación personal en los ámbitos del estudio y el trabajo y el consiguiente aumento de su salario.

No obstante, el generoso subsidio otorgado a la economía cubana por la URSS −estimado en un promedio de 6000 millones de $ anuales− convertía toda esta bonanza en un ensueño que pronto se convertiría en pesadilla con el advenimiento del Período Especial (1991−actualidad). La súbita debacle económica cayó sobre las espaldas de los sectores populares en forma de escasez generalizada e inflación reprimida.

El viejo consenso social establecido en los años setenta y ochenta (amplios fondos sociales de consumo, bajos precios y salarios, simbiosis entre el mercado básico normado y otro libre complementario) se fue para no volver. Apareció  así la llamada crisis de valores, reflejo en la conciencia social de la descomposición del retrógrado modelo centralizado de gestión burocrática con sus innumerables factores de freno a las fuerzas productivas.

Para elevar sus ingresos el Estado comerciante subió repetidamente los precios de los bienes y servicios que ofertaba en su mercado cautivo. Al unísono, como Estado patrono, demoró  durante años el incremento equivalente del salario de sus trabajadores, traspasándole los efectos negativos de la crisis a sus bolsillos. ¡El prodigio de la supervivencia de las familias que no han tenido ingresos extra-salariales sobrepasa cualquier otro milagro económico ocurrido en el mundo!

Durante tres décadas, se ha tratado de prorrogar la agonía del sistema empresarial estatal y la magra subsistencia de los sectores populares mediante subsidios estatales a las empresas irrentables y los precios del mercado normado. Las fuentes para hacerlo no fueron los tradicionales impuestos a la actividad económica,  sino los abusivos precios minoristas en las TRD y servicios prestados a la población tenedora de MLC y su representante cubano, el CUC.  Esas lluvias trajeron estos lodos.

Solo la aplicación de las reformas debatidas y consensuadas durante años creará las premisas para que impuestos y subsidios ocupen el lugar que les corresponde en el nuevo contrato social cubano. Entre otras: adopción del peso como verdadera divisa cubana; mayor libertad para los colectivos empresariales, sector no estatal y territorios; creación de condiciones similares para el acceso de los diferentes sectores económicos al crédito, ofertas mayoristas y mercados exteriores; pago de salarios según el valor de la fuerza de trabajo; sistema único de impuestos para todos los individuos y sujetos económicos.

Subsidiar a las personas, no a los productos; solo a las empresas necesarias socialmente, sean estatales, o no. Que el Estado/Partido/Gobierno se perciba como un servidor público, digno de ser mantenido por los trabajadores mediante impuestos racionales; no un ente por encima del pueblo, supuesto benefactor y proveedor de lo que nunca ha sido suyo.

Para contactar al autor: mariojuanvaldes@gmail.com

[1] Me niego a llamar unificación monetaria a la prevista eliminación del CUC, porque la nueva dolarización parcial del mercado augura que se mantendrá la circulación del $, junto al peso cubano, por un tiempo ignoto.

[2] Fernando Martínez, en su libro Desafíos del socialismo cubano, periodizó el proceso revolucionario en tres etapas que asumo: 1959-1970; 1971-1991; 1992…