Una demanda para Danay Suárez

Foto: Danay Suárez/Facebook

Por: Gretchen Sanchez Higuera

Así como George Floyd fue el catalizador de las protestas contra el racismo en Estados Unidos, los comentarios homófobos de la cantante Danay Suárez en Cuba fueron la chispa que re-encendió el debate sobre los derechos de la comunidad LGBT+. Este descontento no comenzó con el debate constitucional de finales de 2018, sino mucho antes. Algunos consideran que el fenómeno Danay Suárez es el inicio de acciones de iglesias evangélicas para sabotear el derecho al matrimonio igualitario, a un año de comenzar el debate del nuevo Código de Familias.

En Cuba, es positivo que el propio presidente haya expresado su apoyo al matrimonio igualitario. Pero esto no es suficiente cuando la decisión recae en una sociedad que demuestra ser más conservadora de lo que se cree, y con un gobierno que dedica más mensajes de bien público a erradicar el caracol africano, que a concientizar sobre los derechos de la comunidad LGBT+. 

De casi 30 países que reconocen el matrimonio igualitario en el mundo, solo Irlanda llevó este derecho a plebiscito, por una razón. Hay un consenso, casi generalizado, de que este derecho debe ser legislado y no votado. Es extraño que en una isla donde los decretos leyes son la norma, el gobierno decida mantenerse al margen de este debate.

Es paradójico que hasta un estado religioso como Israel reconozca matrimonios del mismo sexo y un estado socialista laico en el Caribe se niegue. No hay bodas civiles en Israel y a nivel religioso no se acepta el matrimonio homosexual. Pero si te casas en el extranjero, al volver, el matrimonio y la adopción son reconocidos. En Cuba no se aplica el mismo precepto, aunque días atrás el blog Q de Cuir dio a conocer una alentadora noticia. Después de un año de espera por una decisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia acordaron redactar una partida de nacimiento que incluyera a dos progenitoras, en lugar de una pareja de diferente sexo. El bebé nacido e inscrito en Estados Unidos con una madre cubana, fue reconocido con 2 madres ante la ley de Cuba. Pero, el matrimonio legal de las 2 mujeres no es reconocido en la isla. Sin dudas una decisión que se queda a medias.

Sectores de la sociedad civil cubana intentan avanzar una legalidad progresista.

El 15 de junio de 2020 la Corte Suprema de los Estados Unidos interpretó que la discriminación por motivos de sexo, también deberá ser entendida por orientación sexual o identidad de género. El Código de los Derechos Civiles de 1964 ahora protegerá a trabajadores de despidos arbitrarios por discriminación.

Un día después, el 16 de junio, el Movimiento 11M Cuba comenzó una recogida de firmas en la plataforma online change.org con el objetivo de sensibilizar, reflexionar y multiplicar la solidaridad con la comunidad LGBTQ+ en Cuba. La petición está dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano que, en ausencia de un Tribunal Constitucional, deberá interpretar, a la vez que confeccionar, las leyes en el país. Hasta el momento han firmado aproximadamente 2000 personas, cifra nada despreciable si tenemos en cuenta que la plataforma online está bloqueada para Cuba y que los cubanos deben usar un VPN para suscribir la petición.

Al no existir un Tribunal Constitucional en Cuba, las decisiones que incluyen derechos básicos deben esperar por un cronograma legislativo donde existen otras prioridades, por lo que una idea que el Movimiento 11M Cuba destaca en su petición es que los derechos no van a referéndum y el matrimonio igualitario o unión civil debe ser una decisión en manos de la Asamblea Nacional.

El texto que Danay compartió un su perfil de Facebook, no solo lleva implícito una homofobia, sino además un desdeño al movimiento feminista y las personas en favor del derecho al aborto. Quizás por lo que está en juego en aproximadamente un año, es que la reacción popular ha centrado su repudio a la manifestación de homofobia, no de igual manera a su intento de unificar la pedofilia con el feminismo y el derecho al aborto.

No estoy segura que la publicación que compartió Danay Suárez sea un intento de algunas iglesias en Cuba por manipular la opinión pública y en última instancia los resultados del plebiscito de 2021 en relación con el Código de Familias. En caso de que esta teoría se verifique y el objetivo sea influir en un proceso legal como el plebiscito, debería indagarse en la legalidad de esta acción. El Estado cubano también debería expresarse al respecto.  

El 19 de junio, el médico y activista por los derechos LGBTIQ+, Alberto Roque Guerra publicó en su perfil de Facebook la demanda o querella criminal que inició contra la rapera Danay Suárez por motivos de difamación.

Existen muchas opiniones divergentes. Algunos argumentan que el demandante peca de extremista, lo mismo que Danay al relacionar la pedofilia o movimiento MAP (Minor Attracted Persons) con la comunidad LGBT+. Incluso podría considerarse que la demanda viola la libertad de expresión de la cantante. Tampoco se tiene en cuenta que Danay compartió un post que no creó ella, y si seguimos la política que asumen muchos usuarios de Twitter, compartir no es lo mismo que suscribir (RT ≄ endorsement), no existe forma legal de vincular a Danay con las posturas argumentadas en el post.

Dicho esto, tenemos que volver a analizar las consecuencias de asumir posiciones homófobas en una sociedad como la socialista, donde, sobre todo, se busca la equidad de los seres humanos. Danay utiliza su posición pública para avanzar agendas que limitan los derechos de minorías sociales y justifica su postura con una fe cristiana que no puede ser predominante ni definitoria en una sociedad laica. 

Creo que las celebridades tienen derecho a defender valores y políticas determinadas, pero esto no puede traducirse en limitar derechos a otros. No es correcto permitir, por respeto a la libertad de expresión de otros, comentarios que laceran la integridad y reputación de movimientos que llevan décadas luchando por alcanzar derechos que otros damos por sentado.

La actitud de Danay Suárez fue, cuando menos, MUY irresponsable.

Y aunque ofreció disculpas públicas e intentó aclarar su punto contra la pedofilia, cometer difamación es un delito penado por la ley. En este caso, se podrían aplicar algunos instrumentos legales, aunque en última instancia todos dependerían de la interpretación de un juez. El artículo 295 del Código Penal vigente desde 1987, impone sanciones de seis meses a dos años a quien discrimine o incite a la discriminación, pero este no especifica si esto se aplica a discriminación por orientación sexual o género.

La postura de Danay también viola el artículo 42 de la Constitución de la República de Cuba referente a la igualdad de todas las personas ante la ley. Este artículo sí reconoce la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Si seguimos por el hilo de la Constitución, el Estado cubano debería asumir la responsabilidad de garantizar la igualdad a sus ciudadanos, en este caso legislando a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. El artículo 44 de la Carta Magna dicta que: “El Estado hace efectivo el derecho a la igualdad con la implementación de políticas públicas y leyes para potenciar la inclusión social y la salvaguarda de los derechos de las personas cuya condición requieran”. Este artículo debería ser utilizado por la comunidad LGBT+ en Cuba para exigir una legislación sin tener que esperar por un Código de Familias y posterior plebiscito.

Para Roque Guerra, Danay Suárez también viola el artículo 45, que se refiere a la limitación de los derechos (en este caso de expresión y credo) al infringir en la violación de los derechos de otras personas con orientación sexual diferente de la heterosexual. Roque utiliza el marco legal contemplado en el artículo 99 de la Constitución vigente, que establece el derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y la consecuente reparación moral.

Por su parte, el Decreto 370 de 2018, en su artículo 68, inciso i, establece como penalización: “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Sin embargo, no enuncia contravenciones asociadas a la discriminación o la incitación al odio, como suelen especificar las leyes que regulan la libertad de expresión.

Dicho esto, tampoco es prudente entregarse a la tentación de aplicar el Decreto 370. Danay se equivocó y luego intentó rectificar y ofrecer disculpas. Eso también tiene que ser tomado en cuenta. Esta demanda puede alejar a las personas de fe evangélica, en lugar de sensibilizarlas con la lucha de la comunidad LGBT+. Se podría crear una guerra interna entre evangélicos y el resto de la sociedad, lo que no favorece el clima para un venidero Código de Familias. Siempre que no enajenemos o radicalicemos más aún a grupos sociales dentro de una sociedad, el bien común estará más cerca de alcanzarse. 

Este es un fenómeno complejo y es necesario mencionar todas sus aristas. La chica, que además es una personalidad pública, se equivocó y ofreció disculpas. Estamos a las puertas de un debate que no será sencillo ni unánime, sobre el Código de Familias. La ambigüedad y utilización discrecional del Decreto Ley 370 amenaza derechos fundamentales como la libertad de expresión. ¿Vamos a justificar su aplicación ahora porque lacera la reputación de un movimiento legítimo como el de los derechos de la comunidad LGBT+ en Cuba? ¿Y luego, también justificaríamos su aplicación a posiciones críticas del gobierno cubano?

Regular las redes sociales es un debate que se está desarrollando en muchos países. Facebook y otras redes sociales deben ser reguladas para evitar la propagación de mensajes de odio y otras formas de violencia y discriminación. Ya conocemos cómo las redes sociales sirven para construir enemigos que luego se traducen en violencia real. Creo que Cuba debe estar al pendiente de lo que se regule en esta materia. Lo más importante es controlar a tiempo un problema que crece con rapidez en todo el mundo.

El caso Danay tiene que servir de alerta para el gobierno cubano. Cuando el fundamentalismo religioso se apodera y domina el debate en una sociedad que se identifica como laica, el estado debe entrar en juego y poner un freno. El Estado cubano, tan sensible a la propaganda negativa que hace el gobierno de Estados Unidos sobre las libertades religiosas en Cuba, debería pronunciarse sobre este tema candente en la agenda pública nacional y que concierne a las libertades de sus ciudadanos. Más aún, en vísperas de un debate legislativo al respecto. En esta ocasión y por complicado que sea, debe tomar cartas en el asunto y mostrar su naturaleza revolucionaria.

* Fe de errata: la demanda a Danay Suárez no es por difamación, sino por injuria.

Para contactar a la autora: gretchensh93@gmail.com