La ley dispersa

Por Gabriela Mejías Gispert

En el IV período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) celebrados los días 20 y 21 de diciembre de 2019, se aprobó un cronograma legislativo ambicioso. Las expectativas generales ante los resultados de este debate eran altas. El deseo de diagramar una labor legislativa acorde a la nueva constitución y las crecientes transformaciones de la sociedad cubana, se convirtieron en una realidad.

En este marco, el 21 de noviembre del mismo año, 40 mujeres cubanas entregaron una Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género a la ANPP. El objetivo era que dicho reclamo fuera tenido en cuenta en las sesiones ordinarias. Una propuesta con una fundamentación rigurosa: Detalla antecedentes legislativos en materia de políticas públicas y acuerdos internacionales, así como datos estadísticos de la reproducción de la violencia de género en nuestra sociedad; brindados por la Encuesta Nacional de Igualdad de Género (ENIG) realizada en 2016.

A día de hoy 900 personas han colocado su firma junto a las 40 iniciales, en apoyo a la solicitud. Sin embargo, no existe una respuesta formal a la iniciativa ciudadana; si una de facto: La ley no se encuentra dentro de las 107 previstas a aprobar en los próximos 8 años.

En el discurso de clausura de la Asamblea, el presidente de la república habló sobre la importancia de legislar sobre este tema, lo cual implica un reconocimiento de la dirigencia ante la problemática. Lleva entonces a preguntarnos qué criterios son los manejados para no tener en cuenta la solicitud presentada.

Una actualización del código de familia y del código penal vigente se encuentran dentro de las programadas en los próximos períodos asamblearios. Con esto podríamos suponer que dentro de ellas se encontrarán reformas para tratar el tema a nivel legislativo y jurídico.

Supongamos que se incluyan los términos correspondientes en el código penal y la tipificación del delito tantas veces solicitado, el cual debe ser abordado en toda su amplitud: la violencia de género y el crimen de odio afecta tanto a las mujeres, niñas, adolescentes, gays, trans y personas con identidades no binarias. Supongamos también, que se contempla la violencia familiar dentro del nuevo código: es preciso diferenciarla de la violencia de género en tanto constituye solo uno de los ámbitos vulnerables en el entramado. Siendo más optimistas; supongamos que, dentro del conjunto de leyes propuestas, la mayoría abordarán el tema en algunos artículos medulares. Sin embargo:

¿Serán analizados los proyectos con una perspectiva de género?

El organismo designado como encargado de velar por los adelantos de la mujer en Cuba es la FMC. No ahondaré en el tema en esta ocasión, pero su carácter de ONG forma parte de las razones por las cuales seguimos sin tener una política transversal de género en Cuba.

Desde 1977, año en que se adoptó el Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, se ha reconocido la necesidad de leyes específicas para tratar este tipo de violencia. En disímiles encuentros –de los cuales Cuba ha sido partícipe— se ha destacado la necesidad de enfocar las políticas desde un lugar que permita la capacitación, el seguimiento de las políticas y resultados concretos. Entonces desconcierta cuando en un marco de reestructuración tan importante estos aspectos no son tenidos en cuenta.

Encarar políticas públicas que incidan de forma efectiva ante los mecanismos de reproducción de la violencia, comienza por comprender y abordar todas sus aristas. El código penal, constituye un conjunto de regulaciones que contienen las normas unificadas y sistematizadas de una nación. Uno de sus principios fundamentales es ser utilizado como último recurso al que una sociedad debería apelar. Debe intervenir cuando sea estrictamente necesario en términos de preservar una integridad social general, pues su función reside en juzgar hechos acaecidos. Dado su carácter punitivo, el alcance del derecho penal queda en lo último de la cadena de violencia: su respuesta tiene límites. Sin instrumentos institucionales que lo apoyen, se convierte en un dispenser de penas que no tiene otro camino que esperar, con las manos atadas a que la situación llegue a su jurisdicción. Por ende, esta modificación no sería suficiente por sí misma.

Promover leyes que prevengan y sancionen la escalada es lo que pretende una ley integral. En esta díada radica la efectividad de una perspectiva más amplia para abordar la violencia de género, que de otro modo queda dispersa en muchas normas con agujeros legales difíciles de tapar.

Las organizaciones no gubernamentales y los esfuerzos de la ciudadanía no son suficientes. El Estado debe disponer de una institucionalidad que acompañe estos esfuerzos. Se necesita mayor número de consejerías y un funcionamiento adecuado de las casas de orientación: estas solo sirven de escucha pasiva sin un asesoramiento jurídico que acompañe el proceso. Además, se necesita un contacto directo que solucione el desamparo en los momentos de urgencia: una línea de apoyo las 24hs, casas de acogida a las víctimas de violencias, estadísticas reales y confiables, así como una transversalización de dichas políticas en todos los sectores.

En mi criterio, sin una ley específica hacia la violencia de género el tratamiento resulta reduccionista. Un paliativo a una problemática por largo tiempo invisibilizada y subestimada en la Isla. Una ley integral y transversal es lo exigido por razones evidentemente más exhaustivas, que no resolverán parches jurídicos.

¿Cuáles son los caminos para lograr incluir una perspectiva de género dentro de las leyes venideras?

El tipo de ley propuesta, se sustenta en cuatro pilares fundamentales: prevenir, sancionar, prestar asistencia a las víctimas y erradicar de violencia de género. Cada uno de ellos contiene un abanico extenso que abarca la economía, la salud, el mercado laboral, la esfera familiar, las formas de relacionarse, los medios, la integridad física y psicológica, entre otras cuestiones. Cuba tiene un amplio recorrido en instrumentos encaminados a prevenir este tipo de violencia; pero al estar ausentes el resto de los elementos, los esfuerzos han sido insuficientes para un logro efectivo de su objetivo. Si no se tienen en cuenta, corremos el riesgo de que los mecanismos de reproducción de la violencia continúen transcribiéndose cotidianamente en la educación, la distribución del trabajo y en las relaciones interpersonales.

Las leyes regentes, deben poner en funcionamiento políticas con un mirada interseccional, con instrumentos transversales que permitan legislar hacia una sociedad más equitativa. La interseccionalidad dentro de una política pública; parte del reconocimiento de la coexistencia de distintos sistemas de dominación, que configuran estructuras históricamente situadas. Pensar una ley con esta mirada, involucra reconocer la necesidad de intervenciones diferenciadas a través de acciones positivas. Para ello es necesario desterrar la visión homogeneizadora de la sociedad que por tanto tiempo ha regido la política de nuestro país. La preparación y la responsabilidad de cada uno de los organismos resultará fundamental para mirar una sociedad que ha cambiado y necesita legislaciones acordes.

La respuesta formal podría llegar en las próximas 72 horas, según una citación recibida esta semana por varias de las firmantes de la Solicitud de la Ley Integral contra la violencia de género. La reunión tendría lugar el 10 de enero de 2020, en la Oficina de Atención a la Población de la ANPP.

Hoy solo podemos afirmar que conocemos parte de ella, como diría una colega: “la ley se lleva el premio flaco” en este ejercicio sin precedentes. Si la respuesta fuera una mirada transversal en las leyes venideras, cabría cuestionarse de igual modo la necesidad de una ley que reglamentara, acompañara y controlara el proceso. Aún quedan muchas interrogantes por responder y varias transformaciones durante los próximos nueve años; en los cuales la participación activa de la sociedad tendrá un peso fundamental. Será nuestra tarea ubicar y hacer valer nuestro lugar en el «cronograma» de la Revolución.

Para contactar con la autora: gamgispert@gmail.com

Si quieres apoyar la Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, envía un mensaje a cubaleyviolenciadegenero@gmail.com con tu nombre y apellidos.