Castigar y proteger

Por Alina B. López Hernández

…Quien verdaderamente vive,

no puede dejar de ser ciudadano y partisano.

La indiferencia y la abulia son parasitismo, son cobardía, no vida.

 Por eso odio a los indiferentes

Antonio Gramsci

En el segundo mes de 2019 los cubanos que vivimos en la Isla nos dimos nueva Ley de Leyes. Una mayoría significativa votó en el plebiscito a favor de la Constitución. Si fue por lealtad o inercia, por convicción o indiferencia, por idealismo o tedio —que de todo hubo—, ello no es lo determinante.

La consecuencia verdaderamente importante fue la aprobación de un tratado legal que obliga a todos a cumplirlo; pero que también protege los derechos declarados de todos. Aun de los que no votaron; o de los que votaron en contra.

Aquí no valen excepciones, el respeto a la ley y la protección legal incluyen igualmente al sector denominado oposición. Nuestro gobierno intenta una actualización de la economía desde hace varios años. He dicho siempre que en Cuba se impone del mismo modo una actualización de la política. A ello agrego que tales cambios deberán incluir las relaciones y el tratamiento que se da a la oposición.

El 20 de diciembre de 2010, el periodista Fernando Ravsberg, por entonces corresponsal de BBC Mundo en La Habana, daba a conocer un cable revelado por WikiLeaks. El Jefe de la Oficina de Intereses en aquella fecha, Jonathan Ferrar, calificaba a miembros de la disidencia isleña como: “personalistas, sin arraigo social y excesivamente preocupados por el dinero”.[1] Esta crítica evidencia los canales de financiamiento desde el gobierno norteamericano al menos a una parte de los opositores en Cuba.

¿Es legal que Cuba intente protegerse de una oposición financiada desde otro país?

Para responder esta pregunta tomemos una hipótesis de partida. Imaginemos que la embajada cubana en Estados Unidos comience a recibir ciudadanos norteamericanos descontentos con el sistema de ese país —por ejemplo, a algunos de los simpatizantes socialistas que han proliferado allá en los últimos tiempos—; les entregue sumas de dinero y apoye una campaña para promoverlos en acciones contra su gobierno. ¿Cuál sería la actitud de la administración norteamericana?

Algunos fundamentarán que en el Norte la oposición es admitida como parte consustancial de la cultura política; cierto, sin embargo, no es así cuando se trata de una oposición financiada por otro país. El juicio político que se le sigue hoy al presidente Donald Trump, parte del supuesto delito de utilizar una potencia extranjera, Ucrania, para inclinar a su favor la rivalidad partidista con el Partido Demócrata de cara a las elecciones 2020. Y todavía se intenta comprobar si Rusia intervino indirectamente apoyando a Trump en las elecciones del 2016.

Cuando ocurrieron el estallido anti-neoliberal en Ecuador y los enfrentamientos internos en Bolivia, se pretendió vincular a Cuba como instigadora de acciones en esas naciones. Esto quiere decir que cualquier país se protege siempre de ser rehén de las decisiones emanadas en otros.

En el caso de la Isla, con mayor razón, la hostilidad tradicional de las administraciones norteamericanas, potenciadas por el actual presidente, le confiere absoluta validez a una legislación que penalice a quienes se presten a recibir financiamiento de EE.UU. para oponerse al gobierno.

Ha quedado respondida la interrogante: sí, es legal que Cuba intente protegerse de una oposición financiada desde el exterior. Resulta inexplicable entonces la actitud vergonzante del aparato de inteligencia cubano, que prefiere recabar pruebas de delitos comunes y no denunciar —y presentar las pruebas correspondientes, por supuesto—, el verdadero delito: aceptar dinero de una nación extranjera para subvertir el orden político. El proceso que se sigue contra José Daniel Ferrer se ha perdido en inexplicables vericuetos para intentar encausarlo como preso común. ¿Por qué se actúa de esa forma?

Mas, ya sea en un proceso por delitos comunes o de otra índole, todos los ciudadanos cubanos deberán estar protegidos por la ley. Debe existir una orden judicial para el arresto, se debe permitir acceso a un abogado y contactos con la familia e incluso, si no es un terrorista o un asesino peligroso, toda persona puede responder al proceso en libertad.

El inadecuado tratamiento de este caso resulta preocupante. No solo porque con ello se incumple la legislación, sino también porque se ignoran razones de naturaleza estratégica. ¿No se percata nuestro gobierno de la necesidad de procurar una correcta imagen al interior y al exterior?

En una relación sumamente hostil con EE.UU.; en un entorno regional que ha variado en los últimos tiempos, pues América Latina ya no es zona de paz y algunos gobiernos de nuevo signo político han deshecho importantes convenios económicos y alianzas estratégicas; en una crisis financiera y un evidente retroceso económico que no tiene nada de coyuntural; es crucial para Cuba un acercamiento con la Unión Europea.

Empezaban a apaciguarse ciertas controversias con el bloque del Viejo Continente por el tema de los Derechos Humanos. La decisión de definirnos en la Constitución como un Estado Socialista de Derecho fue bien acogida. Europa es hoy, geopolíticamente hablando, un aliado nada desdeñable. No solo ha condenado al bloqueo contra Cuba, sino que ha mostrado indicios claros de acercamiento e incita a sus países miembros a invertir en la Isla en tiempos en que es impostergable encontrar socios comerciales y financieros fieles, que se arriesguen a sortear las oscilaciones de nuestra economía.

Desconociendo estas razones de peso, se dieron a conocer imágenes que son contraproducentes por la carga de mediocridad y de burla que contienen. ¡Qué contundencia si se hubiera logrado grabar los momentos en que Ferrer recibió dinero norteamericano, o en que al menos se refiriera a este asunto! Qué mesa ni qué mesa…

Porque no es solo la economía lo que ha retrocedido. ¿Qué ocurre con nuestros órganos de inteligencia? Tenidos por muchos entre los mejores del mundo, parecen jovencitos inexpertos en un juego peligroso por lo que supone esta época, en que las redes sociales visibilizan, a través de fotos y videos, su actuación.

Apostados a las puertas de determinadas viviendas para impedir el libre movimiento de personas que no están sujetas a proceso legal alguno —lo que se ha hecho no solo para intimidar a opositores, sino para evitar que se asista a lugares donde se pueden generar tensiones, como ocurrió con SNET— o saliendo de hogares donde han ido a “conversar”; son retratados, las chapas de sus motos o autos reveladas y, a veces, incluso los nombres, apellidos, seudónimos y cargos en el aparato de inteligencia. Si los fundadores del antiguo G-2 resucitan, creo que se suicidan de la vergüenza.

En un artículo anterior me refería a la existencia entre la ciudadanía de “una masa crítica que no está de acuerdo con el socialismo de modelo burocrático que tenemos, pero tampoco con la política hegemónica y agresiva del gobierno de Donald Trump. Que rechaza por igual al tipo de oposición pro-norteamericana y a las reacciones de abuso, anticonstitucionales del Minint y la Policía contra dicha oposición”.

Sería bueno reflexionar con prudencia si las tácticas gubernamentales en el tratamiento a la oposición no están generando una simpatía hacia ella que hasta ahora le costaba ganar con sus propuestas políticas.

Si la ley no se aplica por igual a todas las personas, en mi opinión, la Constitución del 2019 va en camino a ser lo que se dice que fue la del 40: “de letra muerta”. Para que seamos un Estado Socialista de Derecho deben cesar los atropellos para-judiciales: detenciones arbitrarias por pocas horas y sin orden de un juez, impedimento para viajar fuera del país a personas que no están sujetas a proceso legal, golpizas desmedidas a opositores que se manifiestan pacíficamente, incluso cuando ese es un derecho que otorga nuestra Constitución.

En lugar de que los agentes estén posando para la cámara, deberían trabajar encubiertos, con profesionalidad. Su fin sería descubrir la conspiración opositora y su financiamiento para subvertir el orden político. E insisto en la obtención de pruebas, pues aquí se ha arraigado la tendencia a acusar de mercenarismo y oposición a cualquiera que explicite críticas abiertamente, y este no es el cuento de “Viene el lobo”.

El ministro de relaciones exteriores de Cuba denunció el 26 de noviembre, según Prensa Latina, “que la embajada norteamericana en Cuba, y particularmente [Mara] Tekach se concentró en los últimos meses en el fallido propósito de reclutar mercenarios, promover la división y la confusión entre la población de la isla”.

Si el propósito de reclutar mercenarios fue fallido, eso demuestra que no todos los cubanos están dispuestos a conspirar contra el gobierno bajo el ala de los EE.UU. No obstante, el tratamiento inadecuado y violatorio de la legislación que internamente se da a la oposición en Cuba, también crea “división” y “confusión”. Es hora de meditar, esto no es una cuestión de fuerza sino de legalidad. La Ley para castigar y la ley para proteger. A todos. También a la oposición.

Para contactar con la autora: alinabarbara65@gmail.com

[1] http://wwwbbc.com/mundo/noticias/2010/12/101219_wikileaks_cuba_disidentes_estados_unidos_pea.shtml