Vergüenza contra Impunidad

Profesor René Fidel con sus estudiantes de derecho en la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba

Desde hace tres años al profesor René Fidel González, docente en la Universidad de Oriente, se le ha despojado de tal condición en un proceso marcado por irregularidades legales y argumentos políticos desfasados.

Que funcionarios del Estado utilicen sus cargos para zanjar rencillas personales y anotarse méritos políticos, es inaceptable. Que se encubran unos a otros, que las instituciones encargadas de velar por la justicia, la legalidad y la salud política del país, hagan oídos sordos o violen la ley, es una complicidad con la injusticia que nos vemos en el deber de denunciar.

Que se intimide a estudiantes y profesores para que corroboren la decisión administrativa que ellos han protestado, es propio de otros regímenes políticos superados también en Cuba. Que además, regrese de manera general la purga política a los centros de altos estudios, no basada en el compromiso social sino en la capacidad de obediencia al discurso oficial, es otro retroceso significativo.

Que esto ocurra con impunidad es incompatible con el estado de derecho vigente en la nueva Constitución y los principios más generales de un país socialista. La Fiscalía General de la República está en la obligación de respetar la ley y no encubrir instituciones o funcionarios. El Presidente de la República podría escuchar los constantes llamados que le ha hecho el profesor en redes sociales para que atienda personalmente esta situación. 

En realidad, que se respete el derecho a queja de un ciudadano amparado por la legalidad socialista, no es mucho pedir. No es este el primer profesor cubano que ve violentado sus derechos arbitrariamente por razones aparentemente políticas pero realmente mundanas. Esto tampoco se trata de un caso particular, sino del respeto que merece la Constitución.

La responsabilidad obliga a La Joven Cuba a ser cautos en denuncias que pueden utilizarse fácilmente con otros fines pero se nos acaba la paciencia cuando sus estudiantes y amigos han sido testigos de violaciones legales, piñazos sobre la mesa y presiones de algún funcionario en la intimidad de su oficina. Dejamos de ser rehenes de nuestra cautela cuando vemos al profesor sin empleo desde hace tres años, con una esposa e hija pequeña que nació en esta situación.

Es demasiada soberbia, sostendremos la vergüenza contra la impunidad a partir de hoy. Seguiremos publicando una y otra vez, recordando esta injusticia cada día más. A continuación reproducimos la queja legal que el profesor envió a la Fiscalía General en Mayo de 2017 detallando el caso.

Por: René Fidel González García

A:  Fiscal General de la República de Cuba

El que suscribe, René Fidel González García, con CI. 73042809922, vecino Edificio 77 Apto. 6 Esc. B Micro 3, Reparto Abel Santamaría Cuadrado, Santiago de Cuba, teléfono ….,, al amparo del Art.63 de la Constitución de la República de Cuba, así como de los Art. 8, 17, 18 y 24 de la Ley 83 de la Fiscalía General de la República vengo a establecer QUEJA ante el Fiscal General de República de Cuba, declarando, además, mi inconformidad sobre actuaciones, basándome en los siguientes:

HECHOS

Que en fecha 18 de diciembre de 2016 presenté escrito de queja por quebrantamiento de mis derechos ciudadanos y laborales a la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba como resultado de la violación del procedimiento administrativo establecido por el Reglamento para la Aplicación de las Categorías Docentes de la Educación Superior vigente por Resolución No.128/2006 del Ministro de Educación, y en virtud de la revocación de la Categoría Docente Principal de Profesor Titular y la condición de profesor universitario por Resolución 106/2016, de fecha 2 de diciembre de 2016, del Ministro de Educación Superior, fundado en la presunta violación del proceso establecido para solicitar la misma por el mencionado reglamento y del derecho de apelación que el mismo prevé.

Que en esa misma oportunidad y fecha formulé denuncia ante la autoridad actuante DENUNCIA por el Delito de DIFAMACIÓN, contra el ciudadano Fidel Alberto La O García, de profesión profesor de la Universidad de Oriente y vecino de Calle 6 Edificio Minint II Esc. 3, Apart. 2 entre 25 y 27. Reparto Pastorita, Municipio Santiago de Cuba, Provincia Santiago de Cuba, teniendo en cuenta que los hechos, documentos y acciones descritos en ella sirvieron de base para la Resolución 106/2016, de fecha 2 de diciembre de 2016, del Ministro de Educación Superior.

Que en fecha 20 de enero 2017 se me fue entregado por Fiscalía Provincial escrito de respuesta a la reclamación 167/2016. Que en dicho documento se me informó que habiendo apreciado ¨algunas incongruencias en lo dispuesto en el artículo 78 en relación al 85, 88, 89¨ se decidía remitir informe a la Dirección de Atención al Ciudadano de la Fiscalía General de la República para valorar su aclaración con el Ministerio de Educación Superior. Igualmente se me informó en dicho documento haber sido dispuesta y hecha efectiva la radicación de la denuncia por Difamación formulada, con el número 423 de 12 de enero de 2017, en la Primera Estación de la PNR de Santiago de Cuba.

Que con posterioridad a esa fecha establecí en la propia institución DENUNCIA por presuntos delitos CONTRA LA LIBRE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO, ABUSO DE AUTORIDAD y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS, contra la ciudadana Martha Mesa Valenciano, Rectora de la Universidad de Oriente, de profesión profesora; formulando además, con fecha 28 de febrero de 2017, reclamación por quebrantamiento de mis derechos constitucionales como resultado de la violación de Derecho de dirigir Quejas y Peticiones a las autoridades, consagrado en el Art. 63, del Capítulo VII DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES de la Constitución de la República por parte del ciudadano José Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior.

Que en fecha 4 de abril del 2017, ante la inexplicable para mí, como profesional del Derecho, demora del proceso, solicité información al Departamento de Atención al Ciudadano de la Fiscalía Municipal de Santiago de Cuba sobre el estado procesal de la denuncia 423 de 12 de enero de 2017 formulada y radicada por presunto delito de DIFAMACIÓN, ocasión en la que me fue explicado por la fiscal actuante que no se había abierto expediente aún y que la denuncia había sido remitida el día anterior a mi visita de la Fiscalía Provincial con escrito contentivo de indicaciones de la Fiscal Jefa Provincial dirigido a la Fiscal Jefa Municipal y que no había sido recibida aún  por la fiscal actuante.

Que en fecha 10 de abril se me informó oralmente por instructor actuante que la denuncia había sido archivada por el fiscal actuante mediante un escueto y no argumentado auto del día 5 de ese propio mes, por entender que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.

Que con fecha 4 de mayo de 2017 dirigí escrito de QUEJA al Fiscal General de la República, igualmente trasmitida por las líneas telefónicas y vías electrónicas habilitadas al efecto, sin recibir respuesta, quedando en estado de indefensión ante la violación de la legalidad socialista.

ARGUMENTACIÓN

Que al día de hoy no he recibido comunicación alguna sobre los resultados de la consulta realizada a la Dirección de Atención al Ciudadano de la Fiscalía General de la República quedando por ello en estado de indefensión jurídica ante la aplicación de Resolución No.128/2006 del Ministro de Educación, primero, por haberse violado el propio reglamento invocado por la autoridad facultada para dictar resolución en relación al derecho de apelación que me asiste, y segundo porque el propio escrito de respuesta de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba indicaba esperar al promovente por los resultados de la misma.

Que en la tramitación de la denuncia 423 de 12 de enero de 2017 radicada por presunto delito de DIFAMACIÓN se violaron los términos procesales establecidos por Ley, no existiendo, ni habiéndose comunicado, ninguna circunstancia extraordinaria que justificase el aplazamiento de las decisiones procesales pertinentes.

Que no se tomó declaración a todos los testigos propuestos, o a las personas vinculadas a los hechos descritos en la denuncia, y que de hecho informaron al promovente de la existencia de los planteamientos, documentos y acciones típicamente difamatorias que dieron origen a la denuncia.

Que las declaraciones realizadas por los testigos propuestos en la denuncia a los que se le tomó declaración se pudieron corroborar los elementos del tipo penal, que además de tener lógica repercusión social y laboral sobre mi persona, son hechos  públicos y notorios.

Que no se me tomó en ningún momento declaración sobre los hechos.

Que la decisión del instructor policial actuante es irrecurrible por ser indicada por el Fiscal actuante y éste seguir las instrucciones dadas por las direcciones municipales y provinciales de la Fiscalía en Santiago de Cuba.

Que tal curso de acción en relación a dicha denuncia me deja en estado de indefensión jurídica en relación a la aplicación de la Resolución No.128/2006 del Ministro de Educación, sobre todo teniendo en cuenta que los hechos descritos en la propia denuncia sirvieron de base a la misma, siendo, además, violatorios en un amplio espectro y con notable y dañina repercusión social y personal, del bien jurídico protegido en la Ley en relación a dicho delito.

Que en relación a la denuncia formulada por presuntos delitos CONTRA LA LIBRE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO, ABUSO DE AUTORIDAD y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS, contra la ciudadana Martha Mesa Valenciano, no se me ha comunicado por parte de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba ninguna acción procesal, derivadas de las que prevé la Ley en relación a  miembros de Consejo de Estado de la República de Cuba, o cualquiera de las relativas a la investigación, archivo, o apertura de expediente de fase, de acuerdo al procedimiento que establece la Ley. Que en consonancia con el silencio institucional de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, los hechos y actuaciones descritos en dicha denuncia, y en los presuntos delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS, me colocan en un estado de indefensión reforzado, que imposibilita la defensa de mis derechos laborales, al haberse violado por la denunciada el procedimiento establecido para solicitar la revocación de la Categoría Docente Principal de Profesor Titular y la de docente universitario establecido por el Art. 78 en relación al Art. 76 d), y porno habérseme posibilitado por ella dolosamente acceder a la documentación real del Expediente Administrativo que debió aportar los elementos por el que se formó convicción la autoridad facultada y servir de base a la defensa de mis derechos.

Que en relación a la reclamación por quebrantamiento de mis derechos constitucionales realizada a la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba como resultado de la fragante violación de Derecho de dirigir Quejas y Peticiones a las autoridades, consagrado en el Art. 63, del Capítulo VII DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES de la Constitución de la República de Cuba por parte del ciudadano José Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior, persiste hasta el momento de la redacción de éste escrito la misma circunstancia de silencio institucional por parte de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, cuestionando el principio de celeridad que caracteriza la actuación de la institución.

La Fiscalía General de la República no responda tal como es su obligación hasta la fecha.

PETICIÓN

Por todo lo cual, solicito formal y respetuosamente, y de acuerdo a los fundamentos de derecho invocados y ateniéndome solamente a cuestiones de índole legal y procesal que no se introducen en la ponderación del fondo de la cuestión, se tenga por presentado éste escrito a todos sus efectos legales, se reexaminen los asuntos planteados, y se restablezca a plenitud el debido proceso, mis derechos y la legalidad socialista.