Que no nos cueste la vida

Foto: EPA

Por: Laura Marcela Devia López (historiadora colombiana graduada en la Universidad de La Habana)

Recuerdo el taller sobre economía solidaria para líderes y lideresas del Catatumbo, una tierra de resistencia campesina colombiana. Yo, llegando, con conocimiento cero de trabajo agrícola y muchas ganas de aprender de toda esa gente que con tanta sencillez hablaba de su trabajo organizativo en las veredas, el paramilitarismo, la necesidad de construir alternativas políticas y económicas al capitalismo agroindustrial. Uno de ellos, José Antonio Navas, fue asesinado días después, el 29 de noviembre de 2018, su esposa lo acompañaba y terminó gravemente herida.

Conoces a alguien, compartes con él, terminas admirándolo como héroe cotidiano que es y ¡CHASS!, como un golpe fugaz, se suma a una lista larga y dolorosa de gente asesinada por pensar distinto y trabajar para que sus sueños se hagan realidad. No es la primera vez que la muerte está tan cerca y eso ya, de por sí, es preocupante.

Entre 2016 (año de la firma del Acuerdo de Paz) y 2018 hubo más de 420 líderes asesinados en Colombia. Escribo esto antes de completar la primera semana del 2019 y ya van dos más. “Hechos aislados”, dicen varias personas, haciendo eco del discurso de antaño de los grandes monopolios de desinformación (que se ha ido modificando, hoy hasta los medios más conservadores alertan sobre esta situación de emergencia nacional). “Aislados” … más de 422 vidas… “aislados” … gente que lucha por la defensa de sus territorios y derechos usurpados… “aislados” … y el mapa de estas muertes abarca todo el territorio nacional.

Desde múltiples organizaciones hemos denunciado cada caso y exigido alguna respuesta del Estado. La paz no puede traer más muerte que la guerra y la implementación de los Acuerdos de La Habana incluye más que la dejación de armas de las FARC-EP.

El Estado debe cumplir su responsabilidad como garante de derechos y preservador de la integridad de su ciudadanía. Los gobiernos de Santos y Duque han insistido que las muertes de líderes sociales no las han provocado las altas cúpulas del poder hegemónico; pero ¿qué credibilidad puede tener un Estado terrorista que, a lo largo de su historia, ha participado (directa o indirectamente) en el aniquilamiento de la oposición política?

En la década de los ochenta el Estado perpetró el asesinato de más de 3 000 líderes y lideresas del movimiento sindical nacional y más de 3 600 dirigentes del partido de izquierda Unión Patriótica, que había surgido como parte del proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Belisario Betancur. El número de personas desaparecidas en esa época varía según las fuentes, pero siempre es alarmante.

La violencia sistemática permitida y potenciada por el Estado Colombiano llevó a que, en 1991, las fuerzas progresistas lograran la inclusión del siguiente artículo en la nueva Constitución de la República: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”(Artículo 12).

¿“Hechos aislados?”

En la década de los noventa se desarrolló el fenómeno del paramilitarismo. Según reconocieron varios generales que participaron en el proceso de paz de La Habana, el paramilitarismo fue impulsado por el propio ejército, para poder utilizar formas de violencia no permitidas por la fuerza pública (condicionada por acuerdos internacionales). Los paramilitares realizaban “el trabajo sucio”. Con motosierras en mano llevaron a cabo masacres de poblaciones rurales enteras y causaron el desplazamiento forzado de miles de personas, para la usurpación de sus tierras (que hoy están en manos de trasnacionales y grandes monopolios privados).

Una de las demandas de las FARC-EP en la Mesa de Conversaciones fue el desmantelamiento del paramilitarismo y aquellos mismos generales aceptaron que era un monstruo que ellos contribuyeron a crear y se les salió de las manos. Sin embargo, en mayor o menor medida, el paramilitarismo sigue beneficiando al poder político.

Si hoy no son los grandes poderosos los que dan la orden de disparar (y eso no está comprobado), son cómplices por omisión, por estigmatizar a los líderes sociales, por no contribuir al desescalamiento real del conflicto armado, por someter al abandono absoluto a las regiones más vulnerables, por criminalizar la protesta social…

La muerte política no solo alcanza a los líderes y lideresas sociales. El 19 de diciembre de 2018 fue asesinado Ignacio Gómez Ávila, dirigente social de San Vicente del Caguán. Junto a él, Viviana Muñoz, funcionaria de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), la entidad gubernamental encargada de garantizar el regreso efectivo de exguerrilleros y exguerrilleras de las FARC-EP a la vida civil.

Seguimos esperando alguna respuesta efectiva del Estado.

Este cuadro nefasto no solo se hace notar en Colombia. Las voces de miles de personas de todo el continente reclaman justicia para Berta Cáceres, Santiago Maldonado y tantos hombres y mujeres que luchan por cambiar las cosas. El asesinato político se ha convertido en una práctica constante. Se genera terror con el objetivo de frenar a los movimientos sociales.

La violencia no está allá lejos y nosotros acá. En Colombia es difícil que alguien del común no tenga algún familiar, amigo, vecino, conocido víctima de alguna forma de violencia política.

Pero la realidad y nosotros somos más tercos; porque la terquedad es la única garantía de que cambien las cosas y que las luchas de los que ya no están sigan vigentes. Queremos que la paz y la protesta social no nos cueste la vida, hacia eso volcamos nuestros esfuerzos.

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