Una política cultural racional y justa

Por: Yassel A. Padrón Kunakbaeva

Es difícil tomar posición frente a una medida como el Decreto 349, detrás de la cual hay muchas buenas intenciones pero que implica serios riesgos para la producción cultural. En un artículo anterior dejé caer algunas observaciones al respecto; ahora, cuando las autoridades de la cultura nacional se han manifestado e incluso ha comenzado un serio debate sobre el decreto en las instituciones culturales, es posible llegar a algunas conclusiones más sólidas. No pretendo decir la última palabra, pero sí poner sobre la mesa una postura, que puede ser tan válida como cualquier otra.

En las diferentes explicaciones sobre la naturaleza y el objetivo del Decreto 349, no ha quedado del todo claro cuál es el centro de la cuestión. Sobre todo, en lo que se refiere a la contravención que más claramente afecta al contenido de las obras artísticas, es decir, aquella que consiste en la difusión de productos que contengan violencia injustificada, pornografía, uso indebido de los símbolos patrios, etc. No queda claro cuál es el objetivo que se pretende lograr, por lo que prefiero analizar los posibles objetivos por separado.

  1. a) Si de lo que se trata es de proteger el espacio público y defender el derecho de las personas a no consumir un producto cultural agresivo, entonces el decreto tiene una razón de ser. Sin embargo, se debe delimitar muy bien en qué condiciones se aplica ese decreto.

El arte es algo muy subjetivo y se debe tener mucho cuidado a la hora de decidir sobre cuáles son sus límites, sobre todo cuando la carrera y la libertad efectiva de un artista pueden depender de esa decisión. ¿Quién puede decidir, a ciencia cierta, cuándo la violencia en un producto cultural es injustificada? ¿Quién decide los límites entre erotismo y pornografía? Una norma que implique bloquear la difusión de ciertos productos culturales, debe dar el menor margen posible para interpretaciones arbitrarias que terminen en una legitimación de la censura.

Por ese motivo, el decreto solo debería aplicarse a aquellas situaciones en las que un espacio público es utilizado para la difusión de ciertos productos culturales, de tal modo que personas que no lo desean son obligadas a consumir dicho producto. Un espacio perteneciente a una entidad estatal o privada, en el que solo son expuestos a la difusión del producto cultural personas que han aceptado consumirlo, no debería ser objeto de aplicación del decreto. Se trata de reducir al mínimo indispensable las situaciones en las que se aplique la coerción contra una manifestación cultural.

  1. b) Si de lo que se trata es de defender las jerarquías culturales, tal y como se ha manifestado en algunos casos, entonces creo que se ha cometido un error al promulgar ese decreto. No es que no sea necesario crear y desarrollar jerarquías culturales ante la crisis por la que pasa la cultura cubana. El problema es que no tiene sentido que una política cultural socialista defienda sus contenidos a base de decretos, multas y medidas contra otros contenidos.

De existir una mayoría entre los cubanos que defendieran los valores culturales del socialismo, o por lo menos el simple buen gusto, entonces los contenidos culturales asociados a esos valores deberían prevalecer por la sola fuerza de su difusión hegemónica. Si, por otro lado, la realidad fuera que la mayoría de los cubanos prefieren los contenidos asociados al consumismo, el machismo y la vulgaridad, entonces querer hacerlos consumir otros contenidos a fuerza de multas y decretos solo puede ser una expresión de esa injustificada lógica de la vanguardia que, desgraciadamente, sigue siendo el peso muerto de nuestro socialismo.

En lugar de un decreto, lo que la cultura cubana necesita es un debate a nivel de toda la sociedad sobre qué tipo de cultura queremos

Y si la vanguardia política pretende que los valores culturales del socialismo sean hegemónicos, entonces debe llevar a cabo una gran campaña de concientización con toda la población. Por supuesto, no podría ser una campaña de esas donde se emite un mensaje de arriba hacia abajo, sin retroalimentación, a las cuales los cubanos somos inmunes por sobre-exposición. Se necesitarían métodos novedosos, creativos, horizontales, así como la participación de los principales dirigentes del país.

***

Por lo que se refiere a la otra parte del decreto, la que tiene que ver con la prestación de servicios artísticos, se trata de un asunto muy complejo. La norma consolida el papel de las instituciones culturales oficiales como representantes universales de los artistas. Sin embargo, lo más interesante es que lo que allí se regula es casi una repetición de lo que aparece en normas anteriores, todavía hoy vigentes. Lo único que se añade nuevo es lo relacionado con el trabajo por cuenta propia.

Varios elementos se juntan para justificar la preponderancia que se le da a las instituciones culturales en el ámbito cubano. Por un lado, es evidente que una sociedad en transición socialista debe evitar que la libertad de sus artistas se mueva en el ámbito de las relaciones mercantiles. Se supone que las instituciones culturales les den a estos un apoyo material, brindándoles así una alternativa frente al mercado. Por otra parte, existe también una concepción profesional y gremial del arte, según la cual solo aquellos que han sido reconocidos oficialmente por la institución deben poder ganarse la vida como artistas.

El problema es que existe un principio que no siempre es tenido en cuenta: que en el socialismo la libertad del artista debe ser mayor a la que este posee en el capitalismo. Por lo menos en el capitalismo el artista tiene la opción, falsa en esencia pero real, de no recurrir a las empresas que dominan el mercado. Si nosotros obligamos por ley a los nuestros a pertenecer a una empresa para ganar dinero con su arte les estamos dando un rango de libertad menor. El objetivo debe ser que los artistas quieran ser parte de una empresa, que vayan a ella en busca de soporte y apoyo.

Para que una decisión sea libre siempre debe haber varias opciones. Tal vez sea una buena idea, tal y como existe la figura del trabajador por cuenta propia, darles un estatus jurídico a aquellos artistas que realicen su trabajo de manera independiente. De esa forma pueden realizar su trabajo y pagar sus impuestos, sin necesidad de pertenecer a una empresa. Un principio fundamental es que se debe eliminar lo más posible los riesgos de que un artista sea limitado de difundir su obra sobre la base de criterios discriminatorios.

No discriminar a los artistas por su nivel educacional, reconocimiento alcanzado o ideología política

Más allá de las soluciones concretas a corto plazo, se impone también un fuerte análisis filosófico sobre el papel del arte y el artista en la sociedad socialista, y sobre qué clase de socialismo queremos. Tal vez eso nos ayude a cuestionar viejos paradigmas dentro del socialismo, como aquellos dentro de los cuales el artista es visto meramente como un productor, en el sentido más chato de la palabra.

Existen muchos problemas difíciles de resolver, pero si todos aportamos nuestro grano de arena tal vez podamos construir una política cultural que sea justa y racional.

Para contactar con el autor: yasselpadron1@riseup.net