El trabajo: ¿deber, derecho u obligación?

Por: Daniel Vega Fernández

El debate constitucional es orden del día en la sociedad cubana. Cada uno de sus tópicos ha levantado numerosas polémicas en nuestro polémico pueblo. La divulgación mediante el análisis por especialistas cualificados, muchos de ellos involucrados en la redacción constituyente, de los diferentes artículos del texto constitucional, a través de la televisión nacional, es una estrategia acertada, que sitúa la discusión en el centro del hogar cubano.

Recientemente en uno de estos espacios la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana Dra.  Marta Moreno Cruz, tocaba uno de los temas a mi juicio más polémicos y comentados: El trabajo como deber, derecho u obligación en la sociedad cubana (artículo 31 capítulo II).

La doctora Moreno Cruz, argumentaba en ese espacio que no se puede conceptualizar el trabajo como una obligación sino como un deber porque “el Estado no tiene actualmente la capacidad de garantizar el empleo de cada uno de los ciudadanos aptos para trabajar”. Con todo respeto que los conocimientos jurídicos de la doctora Moreno Cruz se merecen, a este autor, ese argumento le parece sumamente torcido.

En su ensayo “El socialismo y el hombre en Cuba”, Che, nos dejó dicho “Hacemos todo lo posible por darle al trabajo esta nueva categoría de deber social (…) basados en la apreciación marxista de que el hombre realmente alcanza su plena condición humana cuando produce sin la compulsión de la necesidad física de venderse como mercancía”. Sin embargo el propio Che, aseguraba que la socialización de los medios de producción sobre la propiedad privada no basta para provocar un cambio en los individuos, cambios que necesariamente serán largos y que no se puede aspirar a que sean completos en un corto período en los cuales el trabajo ha de ser lo que todavía es hoy, obligatoriedad compulsiva social, para transformarse en una necesidad social. Lamentablemente ese largo periodo de tiempo no ha concluido después de 60 años de historia revolucionaria.

En una sociedad socialista, donde se subsidian la Canasta Básica, la Salud Pública, la Educación, el consumo eléctrico, el consumo hidráulico, el acceso al deporte y a la cultura entre otros, el trabajo no puede ser de ninguna manera deber moral sino compulsión legal. Es un lujo que esta sociedad no puede darse si quiere sobrevivir a su propia ineficiencia y validar la viabilidad del socialismo con la práctica del día a día.

La otra cara del planteamiento de la doctora Moreno Cruz siguiendo el razonamiento lógico, sería que, entonces, para ser justos con los que se si aportan a la sociedad con su trabajo aquellos que no lo hacen, estando en plena capacidad de hacerlo, deberían pagar todos las prestaciones sociales antes mencionadas, en moneda dura y a precios del mercado mundial. Algo que sería bien difícil de asimilar por esta sociedad después de 60 años de socialismo “con todos y para el bien de todos” .

Otra distorsión en el argumento, es que el nivel de ocupación del empleo estatal, está bien lejos del pleno empleo, con notables déficits en áreas como: construcción, agricultura, servicios comunales, servicios de limpiezas en hospitales, docentes, etc. Áreas todas que no se caracterizan por la “búsqueda” que tanto menciona el personaje de Ruperto, genialmente caracterizado por el actor Omar Franco. Incluso en centros estatales con salarios por encima del promedio como el grupo Biocubafarma, donde se desempeña el autor, el pleno empleo está lejos de alcanzarse. Luego el condicionante ético de no tener empleos que repartir para poder exigir no se sostiene.

Otro enfoque a esta problemática, parte del concepto de deshacernos de actitudes paternalistas absurdas y dejar de ver al Estado como padre protector que debe garantizar el empleo a todos y no como el regulador con el deber de exigirnos que aportemos todos a lo que todos construimos.

Algunos argumentarán que experiencias anteriores como la conocida “Ley de la vagancia”, han generado malas experiencias que tienden al extremismo. El parecer del autor es que la exigencia sobre la obligación de trabajar no debe ser coercitiva o punitiva sino tributaria. Un impuesto progresivo anual por estar más de 6 meses sin empleo, ya sea en el sector privado o estatal. Una forma de que todos incluso el que vive de remesas contribuyan a los gastos sociales comunes y a cambio ganen acceso a la seguridad social. Esta idea tendría un feliz corolario, proveyendo el acceso a la seguridad social, a las amas de casa, que muchas veces por circunstancias de la vida se encuentran, repentinamente, sin pareja y sin experiencia laboral y se ven obligadas a formar parte del mercado informal.

La polémica está servida, que cada quien saque sus propias conclusiones.