Constitución y educación

Por: Miguel Alejandro Hayes

Contar con un sistema de educación gratuito es uno de los pilares de la Revolución. La constitución vigente, lo respalda en todos los niveles de enseñanza. Sin embargo, el nuevo proyecto abre paso a la reducción de tales conquistas.

El proyecto revolucionario apostaba por educación y la instrucción de los ciudadanos, como una de las principales vías para sacar al país de su condición de atraso. El futuro -afirmaba el máximo líder- debe debía ser de hombres de ciencia. Una muy bella y noble aspiración, ciertamente.

Por eso no faltó -en orden lógico-, el proceso para lograrlo. Luego de la campaña de alfabetización, que creaba la base de saber leer y escribir, se continuó el camino de elevar los niveles de escolaridad. Junto a esto, se trabajó por ampliar y diversificar el número de profesionales en la isla, con el perfeccionamiento del sistema de educación superior, que incluía la enseñanza de posgrado.

De esa manera, se convirtió en un derecho de todo el pueblo el acceso gratuito a toda la enseñanza y en todos sus niveles, cuestión que quedó plasmada en la constitución del 76 -aún vigente- de la siguiente manera: “La enseñanza es función del Estado y es gratuita (…) El estado mantiene un amplio sistema de becas para los estudiantes y proporciona múltiples facilidades de estudio a los trabajadores a fin de que puedan alcanzar los más altos niveles posibles de conocimientos y habilidades.”

El proyecto actual lo define de la siguiente forma: “El Estado garantiza a sus ciudada­nos servicios de educación gratuitos y asequibles para su formación inte­gral, desde el preescolar hasta la en­señanza universitaria de pregrado, conforme a las exigencias sociales y a las necesidades del desarrollo econó­mico-social del país”. A lo que, más adelante se agrega: “Se garantiza la formación posgra­duada y la educación de las perso­nas adultas, de conformidad con las regulaciones establecidas.”

De lo que resalta –a mi entender- un cambio sustancial. De la teoría de conjuntos se aprende que no se crean conjuntos diferentes para estar formados por elementos que no se pueden diferenciar por el criterio que define tales conjuntos. De esa manera se comprende, que separar por un lado la enseñanza hasta el pregrado, y por otro la posterior a esta, es porque esta tendrá otro contenido referido a su acceso: será de conformidad con las regulaciones establecidas.

De ser tratados todos los niveles de la misma forma, no tendría sentido entonces en el texto constitucional la acotación que se le hace al posgrado. Los estudios de este tipo, ya no tendrán un rango constitucional que respalde su gratuidad. Así, estos niveles de enseñanza dependerán de la ley, que sin hacer uso de especulaciones, deja el espacio legal para incluir  formas de pago para su acceso.

Si bien, la intención de esto es mejorar la economía del país, puede generar un efecto bumerán. El ingreso de las universidades crecerá, pero su efecto sobre el objetivo nacional de conservar jóvenes profesionales, puede ser negativo.

Creo que este último debe ser el problema central, y crear el marco legal que permite cobrar los estudios de posgrado no apunta hacia la solución. De seguro muchos profesionales -me comenta una joven amiga y profesora universitaria-, preferirán cursar sus maestrías y doctorados en universidades y centros fuera del país, donde obtendrán buenos ingresos y la posibilidad de un empleo tras graduarse.

Sabiendo que el salario de un recién graduado no alcanza para que este se sostenga, el pluriempleo (o algún crédito bancario que se podrá estipular) será la respuesta que permita sostener los estudios de un posgrado en Cuba. Se terminará dando otra razón para que el joven profesional, prefiera salir del país a seguirse superando.

Aunque tales cambios parezcan normales en un mundo globalizado, de confirmarse la modificación en la próxima constitución, esto acercará más la realidad del joven profesional cubano a la de sus homólogos en cualquier país capitalista. Realidad esa, que seguro dista del país que queremos ser.