Un decreto, 349 matices

Por: Yassel A. Padrón Kunakbaeva

Desde hace algún tiempo se está haciendo mucho ruido en las redes sociales y en algunos medios internacionales alrededor de cierto decreto vinculado a la política cultural cubana. El Decreto 349 se titula: “Contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos”. Se he querido ver, en esta disposición legal, el comienzo de un nuevo quinquenio gris. Sin embargo, el decreto en sí mismo es solo la punta del iceberg: mientras los cruzados de todos los bandos se concentran en él, queda fuera del análisis la compleja realidad de la que ha nacido.

Lo primero que habría que dejar claro es que el decreto no ataca la libertad de expresión, tal y cómo han querido hacer ver algunos de nuestros bien pagados adalides de la autonomía artística. En el documento queda claro que lo que se regula es, por un lado, lo que se puede hacer en el espacio público y, por el otro, lo que puede hacer el artista como ser económico. En todas partes del mundo, la protección del espacio público es una prerrogativa del estado. Y en lo que se refiere al artista como ser económico, el estado cubano no hace más que aplicarle a este la misma lógica que le aplica a los ingenieros, los científicos, los médicos, etc.

Cuando se analiza con calma, se hace evidente que con el decreto se intenta ponerle un freno a la grave crisis cultural por la que está pasando la sociedad cubana. Para nadie es un secreto la degradación del espacio público, sobre todo por el reguetón obsceno, la música alta, las bocinas abusivas en el transporte público, entre otras manifestaciones. Sin embargo, habría que preguntarse si utilizar la ley, o lo que es lo mismo, el aparato represivo del estado, es el mejor camino para sacar adelante la política cultural cubana.

Una cosa debe quedar completamente clara: si hemos llegado a este punto, en el que se hace necesario aplicar un decreto, es porque el estado, el partido y las instituciones en general, han sido negligentes en apoyar la política cultural que ellos mismos impulsaron en un principio. ¿Cuántas veces no se ha puesto reguetón obsceno en un establecimiento estatal, e incluso en escuelas? ¿Cuándo se ha reconocido ante la sociedad el problema cultural en el que nos encontramos? ¿Qué se ha hecho en los últimos años para crear una conciencia crítica frente a estos fenómenos?

Hemos llegado a este punto porque las instituciones han sido negligentes en apoyar la política cultural que ellas mismos impulsaron

Ahora se le quiere poner un freno, pero es un poco tarde. La cuestión del reguetón hasta cierto punto está siendo subestimada, y eso se nota en el texto mismo del decreto. El problema no es la vulgaridad o la violencia, a las que, si se es riguroso, se las puede encontrar en toda la historia del arte. El problema son los valores que se transmiten a través de los nuevos productos culturales asociados al reguetón. Y en el tema de los valores es difícil legislar. Un decreto, a estas alturas, es solo un paliativo, porque si se difunden valores de marginalidad, egoísmo, objetualización de la mujer y consumismo, es porque existe una parte de la población que vive y es exitosa con esos valores.

Las expresiones culturales que hoy se quieren atacar son las formas naturales de expresarse de todas aquellas personas que hoy viven en la economía del CUC, compuesta por los ingresos mal habidos, las remesas, el robo al estado, el invento, el trabajo directo con los turistas extranjeros, e incluso parte del cuentapropismo. Ese mundo ha crecido a la sombra de la economía oficial, vive en una Segunda Cuba, consume el paquete, y se comunica todos los días con Miami. No es de extrañar que dicho mundo haya creado su propia cultura, y que esta devore cada día los restos de la cultura socialista cubana.

El decreto en sí mismo puede ser una herramienta útil. Pero ¿basta con una medida represiva para atacar un fenómeno tan complejo? ¿Con qué garantías contamos de que no se prestará a otras arbitrariedades? ¿Acaso no es peligroso querer introducir el orden a la fuerza en el mundo del arte, un mundo que debe ser ante todo reino de la espontaneidad? En Cuba tenemos un problema con los inspectores corruptos. Si los nuevos supervisores-inspectores se corrompen, ¿no harán aún más daño a la cultura nacional?

Por supuesto, para valorar mejor todo el asunto será necesario revisar los reglamentos que establecerá el Ministerio de Cultura para aplicar el decreto.

Existe una Segunda Cuba con su propia cultura que devora los restos de la cultura socialista

Un punto delicado es el que tiene que ver con la contratación de los servicios artísticos. Según parece desprenderse del texto legal, la puesta en vigor del mismo significará la penalización de cualquier clase de arte freelance. ¿Es esto coherente con el camino que está tomando nuestra sociedad, en el que se van liberando actividades económicas? ¿Realmente se debe hacer pasar a todos los artistas, para cualquier cosa que vayan a hacer en público, por el aparato burocrático de las empresas culturales?

En un final, el Decreto ni es la panacea ni es el infierno. Es una respuesta tardía y de dudosa efectividad a un problema mucho mayor que él. El camino para la regeneración de nuestra cultura pasa en realidad por que sean llevadas a cabo las transformaciones económicas, sociales y políticas que destruyan el mundo de la economía del CUC. Mientras tanto, es cierto, necesitamos una política cultural, pero es mejor que esta sea más propositiva que represiva. Se necesitan artistas que con su obra den vida a los valores de la Revolución Cubana. Pero para eso también hacen falta dos cosas: claridad conceptual y financiamiento a las instituciones culturales revolucionarias. Sobre todo, financiamiento.

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