Tribuno de la plebe

Por: Mario Valdés Navia

La tradición democrática greco-latina siempre ha estado presente en el imaginario del movimiento revolucionario y comunista internacional. La apelación a Espartaco, los hermanos Graco y las luchas de la plebe romana forman parte indisoluble de la acumulación cultural de la izquierda mundial. En sus luchas contra el soberbio patriciado, una de las mayores conquistas plebeyas fue la instauración de la figura de los tribunos de la plebe –primero tres, uno por cada tribu, pero llegaron hasta diez–, funcionarios investidos de amplios poderes para defender a los comunes de los excesos del Senado y los cónsules, autoridades patricias que hubieron de entregarles una gran cuota de poder ante la amenaza de la plebe de abandonar Roma e irse a fundar otra ciudad.

Más de dos milenios después esa autoridad se ha modernizado y trastocado en la figura constitucional del Defensor del Pueblo (DDP) que se ha extendido a la mayoría de los países, a veces con otros nombres pero con funciones similares: garantizar los derechos de los habitantes ante abusos por parte de los poderes políticos.

El DDP suele ser un cargo elegido por el parlamento de una lista de candidatos que presentan diferentes fuerzas políticas y de la sociedad civil, y que es sometida a un previo debate público. Tras ser elegido, es independiente del legislativo, aunque tampoco puede vetar sus resoluciones como los antiguos tribunos. En América Latina el único país que no lo tiene es Cuba.

En los debates de la propuesta constitucional no se ha planteado la instauración de esta figura, o de alguna similar. ¿Pensarán que no hace falta una figura como esta en nuestra constitución socialista porque se considera que todo el aparato judicial y político cubano es defensor del pueblo y nunca hará alguna trastada a ningún ciudadano/ciudadana? Por ese camino también se podrían eliminar los abogados, y hasta los jueces, pues el propio fiscal bastaría para interpretar y aplicar la ley. A fin de cuentas, hoy es la Fiscalía la institución encargada de suplir las funciones del DDP en nuestro sistema judicial.

Por suerte, hay instituciones estatales, como el MININT, que posee un Departamento de Atención a la Ciudadanía que actúa como un defensor de los derechos humanos violentados por la acción de algún funcionario público al menos en los predios de ese ministerio.

Yo prefiero que haya muchas instituciones poderosas que protejan los derechos del ciudadano/ciudadana, y si se solapan en algún momento pues mucho mejor. El DDP podría ser una de las que ayude a blindar nuestro estado de derecho ante los desmanes de los burócratas empoderados, ya que muchas veces los comunes llegan a sentirse impotentes en la defensa de sus derechos individuales frente a los poderes públicos desbocados. Por eso incluiría esta figura y aún les añadiría otras que la complementen, como la de un Tribunal Constitucional –o como se le quiera llamar–, y la introducción sin cortapisas de derechos mundialmente reconocidos como el habeas corpus y el habeas data que son inmanentes a la condición de terrícolas vivos del año 2018.