El dilema de los empresarios

Yamil Lage | AFP | Getty Images

Por: Mario Valdés Navia

La solución racional al tema de la empresa privada cubana parece estar en la misma carpeta de asuntos pendientes que la nueva constitución y otras propuestas de leyes postergadas en la ANPP, la supresión del perjudicial impuesto al dólar en la CADECA, o la eliminación de la dualidad monetaria, pero: ¿quién le pone el cascabel al gato? Si bien el tema es poco abordado en los medios, los académicos lo reiteran en entrevistas, artículos y libros,[1] mientras que los aspirantes a empresarios lo reclaman a la menor oportunidad.

Aunque desde el 2009 comenzaron a ser emitidas licencias a vendedores de alimentos y se empezaron estudios para transferir pequeños servicios y producciones a cooperativas, fue la publicación de aquella lista de autorizaciones del 2011, que parecía un censo de ocupaciones de una aldea feudal lo que abrió las puertas decisivamente a la formalización de actividades económicas que se venían haciendo ilegalmente.

Con este paso el estado obtuvo una fuente adicional de ingresos fiscales a personas naturales que no serían reconocidas como empresarias y, por tanto, no tendrían los deberes y derechos de las personas jurídicas. En aquel momento pocos advirtieron los pros y los contras de esa decisión, tanto para los TCP y los consumidores como para el propio estado.

Pronto la reproducción ampliada capitalista y la competencia entre los productores hicieron lo suyo: los más débiles  quebraron y los prósperos crecieron. Hoy, los sectores del turismo, la gastronomía y la producción agropecuaria están sostenidos sobre la base de miles de fincas, hostales y paladares que explotan fuerza de trabajo asalariada y de las cuales depende toda una red de proveedores y agentes que actúan en la economía formal y la sumergida con probada eficacia.

Con más de medio millón de ocupados oficiales y sabe Dios cuantos por la izquierda, este sector privado de pymes cubanas parece haber llegado para quedarse. Aunque se discute mucho sobre sus ventajas y desventajas respecto al sector estatal, hay al menos una que salta a la vista y el gobierno parece obviar en sus análisis. Si la mayoría de los estudiosos estiman que la mitad del ingreso por remesas se convierte en capital de trabajo para este sector, entonces debe haber recibido casi mil millones de dólares en 2017. Más del doble que el monto total de las  inversiones estatales declaradas por la ONEI en ese año.

Y problema más grave con eso para los cálculos de la hacienda pública es que esos préstamos productivos hay que devolverlos con su interés correspondiente, o pagarles sus dividendos a los familiares y socios que pusieron el capital. Si es así es posible que hoy estén saliendo para el exterior cientos de millones de dólares y euros que el estado cubano no ve pasar.

Si pudieran estimarse los millones que se llevan los ahora nombrados oficialmente turistas comerciales cubanos para traer de afuera lo que las TRD no venden dentro, más los pagos puntuales de la renegociada deuda externa, es posible incluso que Cuba sea una exportadora neta de capital. A esto se añade que los inversionistas extranjeros no acaban de alumbrarnos con su maná de dinero fresco, a pesar de leyes, ferias y apelaciones a la agilización de los contratos trabados por la burocracia.

Quizás la formalización jurídica de las pymes, con su correspondiente mercado mayorista y de créditos, cree mejores condiciones para fiscalizar las fuentes de sus inversiones, ingresos y gastos. Así se situarían en el lugar que les corresponde en una economía mixta donde el sector estatal socialista se focalice en lo que siempre se declara y nunca se cumple: impulsar las áreas claves, de alto nivel de socialización de la producción, donde se concentran los indefinidos medios de producción fundamentales.

Para contactar al autor: mariojuanvaldes@gmail.com

[1]Un buen ejemplo es el compendio “Miradas a la economía cubana”, de Omar Everleny y Ricardo Torres, Edit. Caminos, 2016.