Más legisladores y menos personalidades

Foto: Marcelino Vázquez

Por: Mario Valdés Navia

El modelo actual del Poder Popular fue establecido en 1976, en pleno apogeo del sistema socialista mundial y siguiendo el esquema soviético con una gran diferencia: en Cuba el Partido Comunista no propondría los candidatos, sino que estos saldrían de las asambleas de vecinos y propuestas de organizaciones de masas. Mas, en este largo período ni un solo delegado o diputado ha sido contrario a los principios de la Revolución y la inmensa mayoría han sido militantes, lo cual pone de manifiesto, tanto la simpatía mayoritaria de los electores por los candidatos revolucionarios, como el sólido blindaje que brindan las Comisiones de Candidatura para filtrar políticamente a todos los candidatos que les llegan.

Por supuesto que en un país bloqueado, en conflicto permanente con el Imperio, no se ha escatimado ninguna prevención para fortalecer el poder socialista institucionalizado, como hacen todos los estados del planeta para preservarse el mayor tiempo posible, pero ya es demasiado evidente que varias cosas no andan bien en el funcionamiento del Poder Popular. Veamos tres de ellas:

  • Lo primero que salta a la vista es la cuestión de la cantidad excesiva de delegados y diputados para el tamaño de nuestra población y la media mundial. Por razones de espacio solo analizaré el caso de la Asamblea Nacional (ANPP). La actual tiene 605 diputados por 168 municipios, de una población de 11,24 millones de habitantes (MH). Las hermanas Haití y República Dominicana con 11,28 y 10,12 MH respectivamente, tienen 149 y 222 en cada caso. USA tiene solo 535 representantes y senadores para 325 MH y La India 852, 250 más que Cuba, pero suma 112 veces nuestra población: 1236 MH. Lo anterior podría atribuirse a la efectividad de la democracia burguesa pero el caso de la República Popular China -país socialista más viejo que este- es sintomático. Su legislatura actual tiene 2987 diputados para 1381 MH. Si mantuviera la proporción de Cuba (1 diputado cada 18,366 habitantes) necesitaría un estadio de futbol del tamaño del Camp Nou para reunir al pleno de 75193 diputados de sus dos cámaras.
  • Lo segundo es más importante aún, la pobre eficacia y eficiencia laboral de los diputados cubanos. La función de cualquier parlamento del mundo y de cada uno de sus miembros es legislar. Los electores cubanos nos guiamos por dos principios para elegir a los candidatos: su ejemplo personal como ciudadanos y que sean “los que mejor puedan servir al pueblo”. Lo primero es mayoritario, pero en lo segundo es donde no me juega la lista con el billete, pues si eres legislador debes dedicarte a legislar y no a hacer cualquier otra cosa, destacarte en ella y .por lo bueno que eres en esa actividad. Ser electo al parlamento deviene así en una especie de conglomerado de trabajadores ejemplares y cuadros del partido y el estado donde se va a figurar más que a legislar.

La cuestión no está en convertirlos en políticos de oficio –representantes vitalicios del pueblo-, sino en darles el tiempo necesario para hacer su trabajo como diputados en el período legislativo que les toque: no menos de 8 horas diarias, como cualquier otro trabajador y como ha sido siempre, desde Grecia y Roma, donde, por cierto, los cargos también eran elegibles periódicamente y después la gente retornaba a sus labores habituales y rendía cuentas a los tribunales de su gestión pública. No ha sido eficaz que los diputados se reúnan dos veces al año para recibir información y aprobar una serie de documentos que se leen en poco tiempo y que casi nunca han salido de la iniciativa de alguno de ellos, sino de los que saben. Si así fuera quizás tendríamos leyes más actualizadas y aprobarían varias que fueron anunciadas hace años sin que llegaran a aprobarse (Comunicación, Prensa, Cultura, etc). Seríamos gobernados más por leyes que por decretos.

  • Lo tercero es la cuestión de la sempiterna unanimidad. Creo que, si el voto es honesto, la unanimidad permanente –y sin abstenciones- en un asunto público tan importante como el análisis y aprobación de una ley, un decreto-ley o un decreto, es falsa y perniciosa. En 9 legislaturas, desde 1976 hasta el 2018, ha existido un voto en contra en las votaciones de la ANPP; solo para confirmar la regla. Incluso en temas tan discutidos y rechazados por muchos, como el incremento de la edad de jubilación en un país donde sobran las plazas laborales, el establecimiento de la doble moneda, o la creación del TCP sin mercado mayorista ni respaldo crediticio, no hubo ningún diputado que se abstuviera siquiera. Tampoco ha sido nunca derogado un decreto, o un decreto ley, aunque varios han suplantado, o entrado en conflicto, con leyes anteriores.

Por encima de todo esto gravita otro asunto primordial: nuestra ANPP tiene también funciones constitucionales y nuestra Ley Fundamental clama a gritos por su reemplazo ante su obsolescencia, pero ningún diputado parece interesarse por eso con urgencia y la comisión ad hoc que trabaja en ello promete terminar para las calendas griegas.