La lealtad constitucional no es elección, es deber

Por: René Fidel González García

«Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven». José Saramago, en Ensayo sobre la ceguera 

Un joven recién graduado de Derecho, es un misterio saber qué razón en particular lo lleva a hacerlo, escribe como lema de su perfil de Facebook la siguiente frase: ¨Jurista revolucionario… más revolucionario que jurista¨, sus antiguos profesores sospechan con dolor ante esa afirmación absurda y antitética, que no ha de ser ya, a esa edad, o a otra cualquiera, ni lo uno ni lo otro, que puede sea cosa de tiempo verle cabalgar el más pedestre oportunismo.

Por su parte, un funcionario ideológico, ya cercano a su retiro, alega haber estudiado Derecho y de inmediato, imposibilitado de rebatir racionalmente la exposición de un caso que le es comunicado y donde se acumulan asombrosamente violaciones de las leyes de la República y la conculcación de derechos constitucionales por individuos e instituciones, las justifica –con puñetazos en la mesa que piensa es un ¨glorioso¨ preámbulo a su intervención– apelando a una interpretación torcida y falaz del articulado de la Constitución cubana: ¨la defensa de la Revolución por cualquier medio posible¨, dice. Cuando serenamente le argumentan que ningún artículo constitucional faculta a ninguna institución, a ninguna organización, a ningún ciudadano a violar las leyes, menos su propia letra, calla, entonces se queda a solas, se regodea con el poder que cree tener, eso le basta.

Ambas historias son, en apariencia, parte de los hechos, pero puede que en realidad sean parte de las consecuencias.

¿Qué nos pasa? Durante años los constitucionalistas cubanos han estado advirtiendo desde sus diminutos cotos de acción en claustros universitarios y eventos académicos, casi siempre gremiales y cerrados a la opinión pública, de la existencia de un enorme déficit en la cultura jurídica nacional. Ese déficit habla sobre todo de lo marginada que está la Constitución en nuestra cultura política, de su empobrecimiento y desconexión como vector y agencia capaz de producir una orientación social de valores y prácticas cívicas.

No ha sido en verdad un esfuerzo en vano, nunca lo es, pero esa denuncia y ese incansable profesar de la centralidad y jerarquía de la Carta Magna como un conjunto normativo superior e imperativo, rector y controlador de los actos de la administración pública y las leyes realizado por los constitucionalistas cubanos a partir de la comprensión de su trascendencia civilizatoria para la sociedad política que somos y queremos ser, no ha logrado vertebrar y oponer una acumulación cultural contraria a ese enorme vacío fundamentalmente ético, de principios y valores que se hace con su ausencia como eje real de nuestra vida cotidiana e institucional.

De ese vacío se exuda siempre, lo ha hecho antes y lo puede hacer ahora, como anticipación de todos nuestros miedos, una muy peligrosa mezcla de soberbia, oportunismo e impunidad, de intolerancia y vanidad, de orgullo, de codicia, de irrespeto al otro, de arbitrariedad, de hipocresía, todo aquello de lo que intenta ser valladar y prevenir la forma de gobierno republicana y la Constitución que refrendaron nuestros padres y abuelos.

Desconocida por la mayoría de la población, inutilizada por el hasta ahora caquéctico desarrollo de mecanismos que permitirían la defensa particular de derechos reconocidos y garantizados por ella ante violaciones de individuos e instituciones; carente de una jurisdicción propia que procure a todos y a todas la tutela y la justicia constitucional, e ignorada como norma superior por tribunales y órganos de control de la legalidad; vista como un obstáculo menor y despreciada por funcionarios que le asocian – a ella y a su invocación – confusamente a otras ideologías, e incluso a macabros planes del enemigo, es ésta cenicienta del Estado precisamente, y sobre todo, la Ley suprema que se otorgó a sí misma la Revolución para hacer posible el socialismo en Cuba.

¿Es posible ignorarla entonces sin consecuencias? ¿Es posible defraudarla entonces sin menoscabo de lo que ella contiene como ideal de justicia, dignidad e igualdad, de bien común? ¿Qué se erosiona, qué se deforma, que se pervierte en nuestra sociedad cada vez que ello ocurre?

En el último periodo de sesiones de la Asamblea General una diputada llamaba la atención sobre el hecho de que no todos los diputados tenían teléfonos celulares y acceso a internet. Me consta personalmente que hasta hace unos pocos años esa misma diputada –mi primera Constitución, me dijo, al regalársela yo casi como premonición de lo que después vendría– ni siquiera tenía, por lo menos, un ejemplar propio de la Constitución, pero cabría hacer la indagación en otro sentido, quizás más cardinal, quizás más coherente con nuestras urgencias y desafíos: ¿cuántos diputados y funcionarios conocen la Constitución, más allá de los seminarios y conferencias que se les puedan haber impartido?, ¿cuántos fueron educados en su amor y respeto? ¿cuántos la tienen en su cabecera, en su portafolios, cuántos la consultan y velan por su cumplimiento como ciudadanos y representantes electos por el pueblo que en definitiva son? ¿cuántos creen en ella? ¿cuántos conocen y practican sus valores superiores? ¿cuántos están dispuestos a correr todos los riesgos por la defensa de todo lo que ella establece como cánones y dogmas de nuestra sociedad?

No se trata de posar, ni de responder, ofendidos y virulentos, a tales preguntas, eso sería fácil. A inicios de la década de los cincuenta del siglo XX cubano esas mismas preguntas podían haber sido hechas a la mayoría de los integrantes de una generación de ciudadanos que no dudaron en usar el derecho de resistencia a la opresión que les concedía su propio texto constitucional cuando la vieron usurpada y reducida al capricho de un grupo.

Cuando el año pasado una rama de nuestra administración pública privó intemperita y silenciosamente del Derecho a la Educación a una joven estudiante, arrollando a su paso el Artículo 1 de nuestra Constitución, sentí mucha vergüenza. Extrañé a aquellos ministros revolucionarios que escribían a sus colegas, ¨opinión que tengamos que caerles a palos nos lleva ganada ya media pelea¨. Ningún constitucionalista en Cuba se habría atrevido –ni se atrevió– públicamente a convalidar ese acto brutal e incivil, ese despropósito, ese expediente de incapacidad y debilidad, de impotencia política, sin huir para siempre de la marca de la afrenta y la infamia.

No olvido haber terciado una discusión ocurrida en relación a ese caso en las redes sociales en la que se argumentaba por una parte, con encono y mediocridad, que para los contrarrevolucionarios no había ningún derecho; recordé a los foristas en ese entonces, parte del legado del que se nutre nuestra Constitución y la conducta de los revolucionarios cubanos de todos los tiempos; ¨ …cuando después de un combate se capturaban soldados de la dictadura de Fulgencio Batista siempre se le respetó su derecho a la vida, su integridad y dignidad personal, a pesar de haber ultimado a compañeros muy valiosos en el fragor del combate, como también se les procuraba asistencia médica si estaban heridos, la mayoría de las veces privándose la guerrilla de los medicamentos más necesarios; que a los miles de integrantes del ejército de la dictadura derrotado no se les negó tampoco el derecho a ser alfabetizados, o estudiar, e incluso a convertirse en profesionales universitarios, o a trabajar, o a ser beneficiarios de la reforma agraria, o cualquier otra medida de justicia social desarrollada por la Revolución; que cuando después por un error murieron asfixiados al ser trasladados algunos prisioneros de la invasión de Playa Girón, los responsables fueron sancionados; que los hijos y cooperantes de los alzados contra la Revolución, y no pocos de ellos, después de extinguir sanción, nunca fueron privados de ningún derecho …¨

Hay algo de tenebroso, algo que asusta, algo que se desata sin frenos ya, cuando se olvidan los valores y los principios, el respeto a los derechos, la decencia, y se le sustituye –y devalúa– por la cobardía disfrazada de una pretendida intransigencia y firmeza. Llama siempre la atención que comportamientos ampulosos y ruines, vulgares, sean cotizados cuando llega ese momento, la forma en que la razón y el sentido común son dejadas a un lado. En política, y me temo que los tiempos venideros dejarán constancia de ello cada vez más, todo eso es un remedo de la torpeza y de incapacidad y trae graves consecuencias.

Y es que cuando alguien se siente superior a nuestras leyes, a ti, a mí, a nosotros, cuando logra doblegarlas, flanquearlas o usarlas taimadamente por intereses espurios, no hará otra cosa que buscar y seleccionar a sus iguales para seguir haciéndolo posible. Ese es un aprendizaje que no se olvida. De tales miasmas salieron todos los monstruos de nuestro pasado, saldrán de seguro los monstruos del futuro, si no lo evitamos.

Hay una Cuba oscura entre nosotros hambrienta de poder, dogmática y autoritaria, irascible, sectaria, que no dudará aliarse con la otra Cuba oscura que hemos adversado con el socialismo. Tenemos que aprender a identificarla en la genética de siameses que se comparte entre los privilegios de función que se defienden e intentan perpetuar, en la ambición, la vanidad y el ego desmedido y la riqueza nacional o foránea que se hace a costa de la explotación del otro.

Ambas esperan su oportunidad para ser una misma y descarrilar la democratización de nuestra sociedad y el Estado de Derecho de las mayorías que nos urge seguir desarrollando, por eso le temen a la Constitución, a su condición de arca de las metas tangibles, o por alcanzar, de la civilización en nuestro país, a su culto por los ciudadanos, porque no puede ser la Constitución monopolio de nadie cuando es de todos.

Seremos sin dudas responsables si un día acaban por imponerse por nuestros miedos y flaquezas. Esa es una agonía pospuesta que nos lastra como nación y a la que solo cabe oponerle la Cuba nueva que hayamos podido ser hasta hoy, la Cuba nueva que queremos ser.

Pienso en todo eso ahora que la era de los campeones de la autoridad ética en la política cubana culmina, ahora que nos disponemos a dar nuestro voto por quienes nos deben representar en el gobierno nacional, ahora que necesitaremos de la humildad, la sensibilidad, el altruismo, la inteligencia, de la honestidad, del valor colectivo para enfrentar los retos que nos esperan como sociedad, ahora que deberá llegar el tiempo de los ciudadanos para evitar que por la brecha dejada por los grandes se cuelen e impongan finalmente sobre cada uno de nosotros los enanos –la multitud de tiranuelos–, que tan prolijamente han alimentado la indiferencia de los buenos, la cortedad de miras, la desconfianza y el miedo supersticioso al pensamiento y al ejercicio del criterio diferente.

La defensa de la Constitución, de sus valores, derechos y garantías como la más auténtica herencia política del Socialismo en Cuba, su despliegue protector para impedir y cesar violaciones, para conceder y reintegrar, para salvaguardar la integridad y el pleno ejercicio de los derechos y la lealtad constitucional que exijamos a nuestros servidores públicos y en esa consecuencia a las instituciones y al Estado, será quizás la primera frontera política que pongamos entre nosotros y todos esos peligros, también nuestro escudo y nuestra espada, la política nueva que tenemos que hacer y lograr valer como ciudadanos. Por eso al título de ésta columna, para ser leída por ustedes, habría que agregarle: faltar a ella es un delito –también traición–.

Tomado de: Rebelión

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