Los cambios y los cómo


cambios_futurosPor: José Raúl Gallego Ramos

Hace unas semanas el Dr. Juan Triana comentaba en su columna de OnCuba la necesidad de eliminar trabas burocráticas para la aprobación de proyectos de inversión extranjera y las posibilidades de simplificar los mecanismos acompañando estas acciones con procesos abiertos y públicos de transparencia total.

Por esa fecha varios medios –ninguno de la prensa oficial cubana- publicaron que la Unión Eléctrica (UNE) de Cuba firmó un memorándum de entendimiento con la transnacional alemana Siemens para proyectos de generación, transmisión, y distribución de energía.

Al igual que muchos cubanos mis referencias sobre Siemens no pasaban de conocer algunos de sus productos y la imagen de su logo en las camisetas del Real Madrid durante varias temporadas de la era galáctica. Sin embargo bastó una pequeña búsqueda en internet para constatar que además de su amplia experiencia en el sector energético, cuenta también con un amplio historial de delitos de corrupción y sobornos para la obtención de contratos en países como Bangladesh, Venezuela, México, Rusia, Vietnam, Nigeria, China, España, Argentina e Israel. Y mi pensamiento volvió rápidamente sobre la advertencia de Triana.

En estas líneas no pretendo discutir las características del acuerdo entre Siemens y Cuba ni la integridad del mismo, puesto que no tengo la información para hacerlo. Lo que me interesa discutir realmente es por qué no tenemos la información para hacer estos análisis, por qué alguien en un buró determina que los cubanos no tienen que preocuparse por los acuerdos que firma su país y cuáles son las consecuencias de esta política para los ciudadanos y para el propio gobierno.

Constantemente desde el discurso oficial se insta, a los jóvenes principalmente, a tener los ojos abiertos, a estar atentos a las intenciones “del enemigo”, de “quienes pretenden dañar a la Revolución”… ¿y acaso las amenazas al proyecto sociopolítico cubano son solo externas? Por supuesto que no, lo reconoció hasta Fidel en la Universidad de la Habana el 17 de noviembre de 2005. Y si alguien tiene dudas que haga memoria de la cantidad de ministros que han sido destituidos por casos de corrupción y ojalá pudiéramos tener acceso a la aún más larga lista de funcionarios que han abandonado el país con los bolsillos repletos o que han sido sobornados en el extranjero con comisiones por las compras de productos de pésima calidad que luego se pudren en las tiendas recaudadoras de divisas. Es difícil estar alerta cuando te tapan los ojos.

Un gobierno honesto es una primera garantía para evitar estas corruptelas, pero no es suficiente y la vida lo ha demostrado. No bastan con cien ojos, ni mil, sobre todo cuando esos ojos son los mismos que firman los contratos. Se necesitan contrapartes.

Tradicionalmente este papel le ha correspondido a la prensa, en su rol de “perro guardián” cumpliendo con la función de vigilancia del entorno. Sin embargo en Cuba, los medios de comunicación no juegan este papel, y no porque los periodistas no quieran, sino porque además de la excusa –hasta cierto punto real- de la persecución extraterritorial de las actividades económicas del país; la prensa, como señaló el decano Julio García Luis en su tesis doctoral, es un subsistema del sistema político, que es el que traza su política informativa y dentro de la cual no se encuentra la preocupación por estos temas. Una vez más, estamos ante el dilema de ser juez y parte.

Las pocas veces que los medios cubanos han informado sobre casos de corrupción (Los Shogunes del Cemento, el alcantarillado de Santiago de Cuba,) Es decir, que la prensa es disfuncional como sistema de alerta ante estos peligros para los ciudadanos y el propio gobierno.

Entonces, ¿de qué control social podemos hablar? El reciente Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 recoge dentro sus objetivos específicos: “Fortalecer el sistema de control interno y externo, así como el control social, la prevención y el enfrentamiento a la corrupción, el delito, las indisciplinas sociales y administrativas, el acceso a la información de la administración pública, con el propósito de garantizar la rendición de cuentas y la calidad y eficacia de las políticas públicas.” (p. 19).

Pero cómo hacer que esto pase de la retórica a la práctica, si ni siquiera los periodistas de los medios de comunicación oficiales tienen la posibilidad de un acceso abierto a las fuentes, a la información pública que no está protegida por el Decreto Ley 199 Sobre la Seguridad y Protección de la Información Oficial. Los funcionarios se dan el lujo de rechazar una y otra vez a los periodistas porque saben que no serán expuestos públicamente por tal conducta; e incluso, hay más de una historia de colegas que han sido declarados “personas no gratas” en determinados ministerios debido a la realización de algún trabajo incómodo. Los problemas de la prensa cubana son estructurales y no se van a resolver ni con discursos, ni con congresos, ni con resoluciones que no se controlan.

Desde hace más de una década “se” dice que “se” (y remarco el impersonal) trabaja en una Ley de Prensa, Información y Comunicación. Hasta el momento se viene haciendo con muy poca información, muy poca comunicación y muy poca prensa, así que tengo serias dudas de cuáles van a ser sus resultados. No obstante, esperaría que dicha ley no solo reconozca el derecho de cualquier ciudadano –periodista o no- de acceder a la información que indique cómo se manejan los recursos que genera con su trabajo –porque todos los cubanos pagamos impuestos, que vienen incluidos en nuestro salario-, sino que también implemente las vías para hacerlo de manera efectiva. Y no se trata solo de conocer los resultados, se trata de transparencia en todo el proceso, para poder actuar antes de que el daño esté hecho.

Los cambios a los que tiene que hacer frente Cuba para intentar reformar una economía seriamente deformada en medio de contextos internacionales complejos, no son para nada fáciles y no creo que nadie tenga la receta infalible del éxito. Es un proceso donde necesariamente se cometerán errores, a los cuales no hay que temerles siempre y cuando se tenga la disposición, la agilidad y la honestidad para rectificar a tiempo. Pero eso no puede ser una responsabilidad que se delegue en unos pocos.

El país cuenta con una cantidad enorme de profesionales altamente calificados en las más disímiles materias que pueden contribuir con sus conocimientos y su honestidad al ejercicio del pretendido control social. Tal vez hoy esto pueda parecer utópico cuando muchas personas están más preocupadas por la injusticia con El Chacal en los premios Juventud que por las condiciones en que se renegocia la deuda externa de Cuba, pero todo es cuestión de práctica y de que existan realmente las condiciones –que hoy no están- para que las personas tomen partido y se preocupen por los destinos de su país, más allá de lo que pueden hacer en una rendición de cuentas local o en la discusión de un documento en un núcleo del Partido.

Más que los cambios que se están haciendo y deben hacerse en la política cubana, me preocupan sobre todo los cómo. Cualquier transformación realizada desde oficinas aisladas al escrutinio público o sin la participación ciudadana real, corre el riesgo de caer en desviaciones; y sin un control social efectivo es muy fácil que perdamos, incluso sin darnos cuenta, las cosas buenas que hemos logrado.

Para contactar al autor: josralgallego@gmail.com