Nuestro futuro comunicacional


conceptos-foroPor: Rafael Ángel Salazar Martínez

Entre las no pocas cosas por las que quiero no solo formar parte, sino participar activamente en la construcción de esa Cuba proyectada en la “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubanos de Desarrollo Socialista” y el “Plan de desarrollo económico y social hasta 2030”, sobresale el papel que se le concede en ambos documentos a la comunicación social.

Ya desde el primer capítulo, dedicado a los principios que sustentan el modelo y sus principales transformaciones, se reconoce en el punto 48, el papel decisivo de la comunicación en tanto dimensión clave del desarrollo. Junto a otras de mayor o similar importancia como son la salud, la educación, la ciencia, la tecnología e innovación, la cultura, así como la protección de los recursos y el medio ambiente.

Tal reconocimiento resulta sin dudas un gran paso de avance, el necesario primer paso en un contexto como el nuestro, donde la comunicación ha desempeñado por años un rol instrumental, de acompañamiento no siempre afortunado del desarrollo, pero casi nunca como objeto mismo de transformación y cambio social.

Casi al cierre de la conceptualización, en el punto 317, se plantea que: “Son importantes los debates, intercambios de ideas, estrategias comunicacionales y otras acciones que contribuyan a la modificación de concepciones y prácticas obsoletas, las cuales constituyen el principal obstáculo para la actualización del Modelo”.

Lo anterior no hace más que legitimar algo que la propia dirección del país, paulatinamente, ha venido propiciando; y que a pesar de no pocos obstáculos, incomprensiones, lentitudes, eventuales retrocesos y oportunismos de diversa índole, constituye un aspecto que muestra inequívocas señales de avance. Aunque confieso que todavía son insuficientes los espacios de debate para esa mayoría de la sociedad cubana que no tiene acceso a Internet.

Son los puntos 110 y 111, sin embargo, los que a todas luces resultan ser más decisivos para el futuro comunicacional del país.

  • El 110 plantea: La comunicación social es un recurso estratégico de dirección del Estado, las instituciones, las empresas y los medios de comunicación, al servicio de la participación —incluido el debate público—y el desarrollo del país, por lo que se regula y controla teniendo en cuenta la política trazada por el Partido Comunista de Cuba, que se refrenda en las normas jurídicas correspondientes.
  • El 111 dice: La información, la comunicación y el conocimiento constituyen bienes públicos y derechos ciudadanos que se ejercen responsablemente; preservando la soberanía tecnológica, con observancia de la legislación establecida en materia de defensa y seguridad nacionales.

A cada punto corresponde una concepción diferente de la comunicación. En el primero esta es concebida como un proceso a gestionar y en el segundo como un derecho a garantizar.

Me parece significativo que, en el punto 110, el Estado reconozca que esa política comunicacional cuya aparición esperamos ansiosos, se sustente en un marco jurídico que de una vez por todas establezca normas lo más precisas posibles, válidas para todos. Es un terreno donde hasta ahora la nota predominante ha sido la discrecionalidad, no pocas veces llevada hasta los extremos más inverosímiles y contraproducentes por actores con poder de decisión (ahí tenemos el caso de lo analizado por Harold en su post El debate equivocado).

Para que cosas así no sucedan, además de esa política comunicacional del Estado cuya correcta aplicación se garantiza en el punto 64 del Plan, también hace falta una ley de comunicación, sobre la cual el Estado no se ha pronunciado aún.

Necesaria sin dudas es esta ley, máxime si en el punto 111 la comunicación es reconocida como un derecho, además de un bien público cuyo acceso, junto a la información y el conocimiento, también es imprescindible garantizar. Y es que no se puede hacer un ejercicio responsable de la comunicación en tanto derecho, si no es posible acceder libremente a ella en tanto bien público. Tan necesaria es esa ley como que en nuestro país no existe una cultura de lo público, particularmente visible en el ámbito info-comunicacional. Enseguida les pongo dos ejemplos.

Cuando me correspondió discutir el modelo y el plan en mi núcleo del PCC, propuse agregar en el punto 111 un acápite que establezca la posibilidad de demandar legalmente a quienes limiten el acceso a información, comunicación y conocimientos no sensibles para la defensa y la seguridad del país, quedando obligados tales individuos o instituciones a facilitar el acceso a tales bienes públicos.

Todo se entendía a las mil maravillas mientras hablaba en abstracto. Fue entonces que se me ocurrió ilustrar mis argumentos planteando que, de acuerdo con el punto 111, si un ciudadano cualquiera le solicitara al departamento ideológico del Comité Municipal del PCC los estados de opinión del pueblo habitualmente recopilados por este, dichos estados deberían ser facilitados sin mayores objeciones.

Fue ese el momento en el que el funcionario del PCC que visitó nuestra reunión me dijo, con estas palabras, “pues no, si usted va ahora mismo a pedir el estado de opinión no se lo van a dar”. “Por supuesto”, le dije, “lo que se plantea en el punto 111 y todos los demás es el futuro deseado, donde la información, cualquier información no sensible en materia de defensa y seguridad nacional, constituya un bien público, y por lo tanto de libre acceso para todos. Y hasta donde alcanzo a ver el estado de opinión del pueblo no clasifica dentro de la información sensible en materia de defensa y seguridad nacional, más allá de que algunos continúen viéndolo así”. El hombre me miró, hizo dos o tres muecas extrañas y en eso otro militante pidió la palabra.

Mientras mi compañero hablaba, me quedé reflexionando en lo buenos que somos citando tal o más cual sondeo de opinión, tal o más cual encuesta, siempre de tal o más cual país. Pero jamás he visto por la televisión citar un sondeo de opinión, uno solo, que mediante cifras precisas le tome el pulso a lo que opina o piensa la gente en Cuba sobre tal o más cual tema, sobre tal o más cual dirigente.

El otro ejemplo lo tomo prestado del profesor José Luis Acanda, específicamente de una intervención suya en un panel convocado en 2012 por el Centro Teórico Cultural Criterios, para debatir sobre el sentido de la esfera pública. En el texto de la intervención, Acanda se refiere a una noticia del 27 de febrero del 2012, publicada en la página 2 del periódico Granma. El texto, firmado por Eduardo Palomares Calderón, hace referencia a los primeros tecnólogos y mecánicos del petróleo que, después de “más de tres años de estudio”, se graduaron en el Politécnico Julius Fucik de la ciudad de Santiago de Cuba. Según Acanda, “el periodista recibió por parte de la Dirección Provincial del Trabajo y del politécnico, que de los 84 graduados sólo 38 recibieron ubicación. Y a renglón seguido escribe: ´Granma (nota: las negritas son del periódico, no mías – Acanda) no pudo corroborar la información ante la negativa de la Presidencia de CUPET´”.

El de Acanda es un claro ejemplo de cómo ni siquiera el órgano oficial del PCC y por extensión del Gobierno, escapa a las implicaciones de la ausencia de un sentido de lo público en materia de información. ¿Qué creen ustedes que le habrá sucedido a la presidencia de CUPET por su negativa de entonces? Me atrevo a asegurar que absolutamente nada.

Si, como se sostiene en la conceptualización del modelo, entre las principales fortalezas con que Cuba cuenta para un desarrollo socialista próspero y sostenible destaca, según el punto 41, la “existencia de una activa y diversa sociedad civil socialista, preparada y organizada en defensa de la Revolución”, ya va siendo hora de que esa sociedad civil socialista, para que resulte no solo viable sino también autónoma y un poco más creíble, cuente con una esfera pública revolucionaria, hoy inexistente. Esta es la permitirá la concreción de lo planteado en el punto 53 del Plan: “son necesarios cambios en el accionar de la ciudadanía y el incremento del nivel de corresponsabilidad en que se sustentan las relaciones Estado-Sociedad, a fin de propiciar una mayor participación y autonomía, a partir de una clara definición de los niveles de responsabilidad”.

En tal sentido, es necesario señalar que si bien las relaciones entre Estado-Sociedad Civil en un sistema como el nuestro no son antagónicas, sí han de ser, por momentos, dialécticamente contradictorias, e incluso conflictivas. Esto no significa que desde esas mismas contradicciones y conflictos, por más que ambos sean continuamente invisibilizados, no se continúe apoyando a la Revolución. Concepto que, dicho sea de paso, va más allá del Estado, donde el orden político debería constituir, en términos comunicacionales, “la expresión oficial de la sociedad civil”, como advertía Marx en carta a Annenkov, y no a la inversa como hasta hoy, en gran medida, ha venido sucediendo en Cuba.

Son todas estas, por supuesto, cuestiones no exentas de complejidad. Pero son cuestiones de fondo y hay que hacer un esfuerzo por comprenderlas y debatir sobre ellas, pues su concreción en la praxis de nuestro socialismo constituye una de las principales rutas por las cuales transitar hacia esa democracia que queremos para él.

Para contactar al autor: rafaelangelsalazarmartinez@gmail.com