La Guerra del Transporte

Camion-habilitado-transporte-pasajeros_CYMIMA20150724_0011_13Por: Guillermo L. Andrés Alpízar y Luis Carlos Battista

(Esta es una serie de dos artículos basados en el actual problema del transporte en Cuba. El primer artículo desglosa la problemática en general y una visión sistémica. El segundo artículo se enfocará sobre la situación de los transportistas privados en las principales urbes del país.)

La noticia reflejada hace unas semanas en los medios cubanos sobre el aumento del precio del transporte privado, y su posterior regulación por parte del gobierno ha causado cierta conmoción entre la población de las principales ciudades de la Isla. El protagonismo de la situación ha descansado en tres actores: Los boteros (dueños de los taxis o choferes contratados), la población y el gobierno.

Los boteros, no desean ver sus ganancias mermadas, y presionan para incrementar el precio del pasaje ante la disminución en la importación de petróleo con una consiguiente mayor regulación en las empresas estatales que son principalmente las que alimentan el mercado negro de combustible. Tratan de trasladar el incremento de los costos a la población, y de paso, buscan compensar la pérdida de capacidad adquisitiva del peso generada por la inflación, moderada, pero real.

Los transportistas privados tienen una fuente de poder extraordinaria. La amplia mayoría de la población carece de un medio de transporte propio. Bajo las actuales circunstancias se torna extremadamente difícil adquirir uno, al punto que es considerado en la sociedad como un bien de lujo, independientemente del estado técnico en que se encuentre.

La población, que en alguna medida ha visto incrementar sus ingresos en los últimos meses (por incrementos del trabajo por cuenta propia, el salario medio, las remesas, etc.) está hasta cierto punto en mejores condiciones para pagar un mayor precio por el pasaje. Sin embargo, no quiere perder la capacidad adquisitiva ganada, y los sectores menos favorecidos con el auge experimentado en los últimos tiempos, sencillamente no pueden. De tal manera que ofrecen resistencia al aumento y ejercen su derecho a exigir que se regule el mercado.

En este caso, el gobierno, ha actuado escuchando las necesidades de la población, estableciendo una medida acertada bajo el actual contexto, determinando que sean los transportistas quienes paguen el incremento de los costos. Para entender la justeza de la decisión, valga recordar la enorme diferencia entre el ingreso mensual de un dueño de un taxi y un trabajador promedio. Sin embargo, un mecanismo como este no puede sostenerse en el largo plazo, por lo que se requiere que ocurran cambios estructurales profundos en el funcionamiento del sector.

Analizar la situación requiere una perspectiva más amplia, que tome en consideración las necesidades actuales y futuras de toda la sociedad. Desde un punto de vista macroeconómico, considerando que el transporte es un servicio vital, el crecimiento de la economía nacional no puede concebirse sin la debida atención al sector, que tiene que crecer con el suficiente dinamismo como para que no se convierta en un “cuello de botella” del desarrollo.

Los tan necesarios incrementos en la productividad del trabajo no pueden darse si no se reducen tanto el tiempo dedicado a la transportación como el esfuerzo que su realización requiere. Analizar la situación solo pensando de que tener más tráfico vehicular circulando en las calles implica un incremento en las importaciones de combustible, es limitarse a solo una parte del problema, y por lo tanto deriva en cursos de acción sesgados por las urgencias cortoplacistas del balance energético.

Ello ha derivado en que varios de los cambios en el sistema de transportación en Cuba, hayan carecido de la debida integralidad. Por ejemplo, los precios de venta de autos, una de las principales vías para el incremento del parque de vehículos, han desincentivado su adquisición por algunos segmentos de la población, con lo cual se impide el incremento de las opciones disponibles y en consecuencia la descongestión del sistema de transporte público.

Mantener las empresas que tienen sus propios medios de traslado colectivos tampoco ha mostrado ser una solución eficiente. Se mueven guaguas enteras vacías -muchas veces desde la casa del chofer- para llegar a los puntos de recogida. Los trabajadores que sienten necesidad de estar más tiempo en su puesto de trabajo se ven impelidos a salir tras la guagua de la empresa, conscientes de que entre las 4:30 pm y las 6:00 pm llegar a sus casas de otra forma es toda una odisea.

Por otra parte, la estructura actual, privilegia a una élite que puede darse el lujo de adquirir un auto y mantenerlo. Le otorga a sus poseedores, una fuente de poder que en el largo plazo el Estado Socialista no puede darse el lujo de legitimar. Esto no quiere decir que se arremeta contra los dueños de autos (en especial quienes los utilizan como medios de producción), nada más lejos de eso. Se requiere ampliar el acceso, como vía de eliminación de privilegios. Por ejemplo, en aquellos sectores que hoy brindan servicios profesionales (científicos, médicos, auditores, profesores, etc.) el efecto beneficioso es inmediato y necesario. No obstante, en lugar de establecerse una estrategia integral y sistémica, se ha recurrido a tácticas de extremada contingencia como la estimulación a determinados cuadros y profesionales con el regalo de un auto. En primer lugar, aunque legítimas, este tipo de tácticas son insostenibles pues ¿acaso se le regalará un auto a todo el profesional que lo merezca? Se fomenta además el personalismo y la falsa estimulación, dado que en ocasiones al estimulado le es más necesario el valor del bien en el mercado, además que que relega la función del salario como estímulo al trabajo.

Para un país como Cuba, orientado hacia los servicios, este es un tema no menor dado que una parte importante de estas actividades descansa en el desempeño de las personas que los proveen. Disponer de un sistema efectivo es indispensable para lograr un mínimo de competitividad y desarrollo integral de la economía, y en este punto no es solo mirar como foco el transporte urbano o el privado, sino también la transportación de mercancías y pasaje interprovincial además de un adecuado y moderno sistema de correos y paquetería.

Frente a la problemática del transporte debemos considerar que no existe una solución única y las opciones son muchas. En un país como el nuestro desde el lado de la demanda puede esperarse que la población cubana mantenga la dinámica de envejecimiento y enfrentemos su posible decrecimiento, exacerbado por los actuales patrones migratorios.

Personas de más edad requerirán más apoyo de medios de acarreo para mantenerse en la población económicamente activa durante más tiempo. Es posible esperar cambios por el incremento del turismo en la Isla, pero dicho incremento en los usuarios de transporte puede perfectamente ser asumido con los ingresos que genera a industria.

Se necesita entonces cambiar el patrón de la oferta, poniendo la calidad de vida de la población en el centro del asunto.

Para incrementar la disponibilidad de medios, sería conveniente el inicio en el corto plazo de un programa estable para la venta de bicicletas que permitiera la adquisición de este medio de transporte al llamado “precio de costo”, es decir, en el punto donde la comercialización sea sostenible en el tiempo, y q no genere ni ganancias ni pérdidas. Esta opción es amigable ecológicamente, aunque para su implementación se necesita crear ciertas condiciones en las vías públicas, con la finalidad de brindar mayor seguridad a los usuarios.

No obstante, las distancias a recorrer también aconsejan la venta de motos, en las cuales había de priorizarse los modelos más ahorradores y las tecnologías más limpias, por ejemplo, ofertando motos eléctricas. Este tipo de transporte, pudiera venderse obteniendo un margen de ganancia comercial razonable, y para su difusión estaría la opción de emplear mecanismos de crédito de mediano plazo que ofrecieran la posibilidad de su adquisición por amplios sectores de la población, en especial por los trabajadores cubanos.

En tercer lugar, también pudiera estar disponible para la venta vehículos pesados, camiones o guaguas capaces de transportar grandes grupos de personas. Estos medios pudieran ser comprados por cooperativas o por los nuevos actores privados con la finalidad de complementar los servicios que recibe la población, siempre que se respete el principio de los precios regulados en el servicio. La adquisición también pudiera ser a través del crédito. Este “medio de producción” sería una nueva fuente de empleo que perfectamente cumpliría con las normativas que ya viene implementando el país en medio de la actualización del modelo económico, compitiendo con los “almendrones” en la función pública de asegurar el transporte del pueblo.

Por ahora, parece que la guerra del transporte no tendrá mayores repercusiones que las momentáneas contradicciones generadas por un ajuste del mercado. Sin embargo, valdría la pena comenzar a ir creando las condiciones para que en el futuro deseado, ganemos todos.

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